miércoles, 9 de mayo de 2012

PL

Sin tener en cuenta las protestas generadas y exigencias de derogación, el Congreso ratificó el estado de sitio decretado por el Gobierno en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Barillas.

El órgano legislativo lleva dos meses paralizado por una interpelación sin fin, sin embargo mediante una moción privilegiada la bancada gubernamental logró interrumpir esa acción y viabilizar la medida.
Esta fue aprobada con carácter de urgencia nacional con un decreto que confirma la limitación por 30 días de la libertad de acción y locomoción, el derecho de reunión y manifestación, porte de armas, detención legal e interrogatorio a detenidos o presos.
Mientras los bloques se ponían de acuerdo y llegaron a la definición, frente a la sede del Congreso se reunieron decenas de integrantes de unas 40 organizaciones indígenas, campesinas y de otro corte social para expresar su rechazo.
Los manifestantes, como prolongación de otro plantón en la Plaza de la Constitución, presionaron para derogar el estado de sitio en aquel territorio del noroccidental departamento de Huehuetenango al considerarlo ilegal y violatorio de los derechos humanos.
La protesta fue acompañada por una carta abierta al presidente Otto Pérez Molina, con cientos de firmas, cuyo contenido desmiente la necesidad de esa medida como forma de recuperar la gobernabilidad rota por disturbios en la tarde del 1 de mayo.
Igualmente, reclama la inmediata liberación de al menos 17 líderes comunitarios aprehendidos durante operaciones de efectivos militares y policiales, a quienes las autoridades achacan autoría en los desmanes cometidos durante la revuelta.
Organizadores dijeron que la presencia del Ejército en la zona hace temer a los pobladores indígenas, quienes muestran intenciones de pasar los límites fronterizos del departamento con México.
El recelo de esos campesinos tiene su origen en los atropellos, incluidas masacres perpetradas, de las fuerzas castrenses y otras afines durante los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, de 1960 a 1996.
Según la carta magna, el estado de sitio hace cesar la plena vigencia de los derechos constitucionales en casos como invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.
La Ley del Orden Público indica que podrá decretarse esa condición por acciones terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos la institucionalidad o hechos graves que pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad.
Publicado porARGENPRESS
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