Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Al Estado mexicano le urge dar carpetazo a las investigaciones por el feminicidio en Campo Algodonero, Ciudad Juárez -donde fueron encontrados los restos de ocho mujeres asesinadas en 2001-, toda vez que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) “dé por cumplida” casi en su totalidad la sentencia emitida contra México por este caso en 2009.

Lo anterior se desprende del segundo informe presentado por el Estado mexicano ante la CoIDH, sobre los avances en el cumplimiento del fallo por el caso Campo Algodonero.
En tal informe -cuya copia tiene Cimacnoticias- las autoridades de nuestro país aseguran que se acató la mayoría de los puntos de la condena emitida por la CoIDH. Entre ellos, la publicación de la sentencia, el acto de reconocimiento público, el memorial a las víctimas, y la reparación a los familiares, así como su tratamiento psicológico.
El Estado mexicano afirma que ya se sancionó a los funcionarios responsables por omisión o negligencia, y que la Fiscalía General del estado de Chihuahua publicó la página web con información de mujeres desaparecidas en el estado.
Asimismo informa que se ha creado y actualizado una base de datos con los lineamientos establecidos por la CoIDH, por lo que le pide dé por “cumplidos” todos estos puntos de la sentencia.
No obstante, en la reunión de hoy entre la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados y funcionarios federales, para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia, defensores de Derechos Humanos advirtieron que el gobierno de México sigue sin cumplir a cabalidad con el fallo de la Corte.
Los propios funcionarios reconocieron que aún restan varios pendientes que cumplir sobre la sentencia de la CoIDH. La comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Dylcia García Espinosa de los Monteros, dijo ante Teresa Incháustegui, quien preside la Comisión Especial, que el proceso para estandarizar los protocolos de investigación de desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres “sigue en curso”.
Lo anterior contrastó con lo señalado por el director de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la PGR, Jorge Cruz Becerra, quien apuntó que hay estados de la República que ya adoptaron los lineamientos específicos para la investigación de esos delitos.
El abogado David Peña, quien defendió a las víctimas del Campo Algodonero ante la CoIDH, criticó las contradicciones entre ambos funcionarios. Aclaró que lo que establece la sentencia de la Corte no es sólo la creación de un protocolo, sino su efecto para evitar que haya más asesinatos de mujeres.
Advirtió que en Ciudad Juárez y otras urbes del país las mujeres continúan desapareciendo y siendo asesinadas, lo que evidencia que la implementación del llamado Protocolo Alba -para localizar a mujeres desaparecidas- “no está funcionando”.
Sobre el feminicidio de Esmeralda Herrera Monreal, los funcionarios ensalzaron la captura por cuarta ocasión de Eduardo Chávez Marín tras una investigación realizada en 2009, y la cual fue cuestionada por la CoIDH durante el juicio sobre el caso Campo Algodonero. David Peña cuestionó que la captura de Chávez se base en una investigación señalada como “viciada”.
Respecto a las investigaciones para sancionar a los responsables de tres de los ocho asesinatos en ese predio, Dylcia García informó que la Fiscalía de Chihuahua “ya aceptó la apertura de los expedientes para que expertos internacionales recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU los revisen a fin de encontrar dónde se dieron las negligencias, los extravíos de fojas y otras acciones que impidieron el acceso a la justicia a las víctimas”.
La titular de la Conavim -dependiente de la Secretaría de Gobernación- señaló que lo anterior “permitirá abrir otras líneas de investigación”.
La comisionada precisó que falta que el Alto Comisionado proporcione la lista de expertas y expertos internacionales, para luego reunirse con las familias y representantes legales de las víctimas, y que éstas señalen qué personas quieren que vengan al país para la revisión de sus casos.
Sobre la investigación de funcionarios acusados de irregularidades y la aplicación de sanciones administrativas, García abundó que se abrirán nuevas líneas de investigación “a pesar de que existen delitos ya preescritos”, y de que hay funcionarios que ya no trabajan en las dependencias. Hay casos en los que algunos “ya murieron”, lo que complica que exista la posibilidad de sancionarlos, acotó.
En torno al memorial de víctimas, la comisionada adelantó que se le agregarán los nombres de mujeres asesinadas en Chihuahua a solicitud de sus familiares, y que se realizará un nuevo acto de inauguración, además de que se añadirá un texto en el que se explique qué es el feminicidio y los párrafos de la sentencia.
Dijo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Juárez se instalarán cámaras de vigilancia.
No obstante, los funcionarios no establecieron fechas ni plazos para tales acciones, lo cual fue criticado severamente por la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa Incháustegui, y Norma Andrade, fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
La activista afirmó que es preocupante que ante el próximo cambio de gobierno federal “nos quedamos con las mismas promesas de siempre y sin compromisos claros”.
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