miércoles, 16 de mayo de 2012

CERIGUA

La desnutrición crónica infantil en Guatemala, país que ocupa el primer lugar en este flagelo en Centro América y tiene la más alta prevalencia de niños con desnutrición crónica en Latinoamérica y el Caribe, imposibilita la erradicación de la extrema pobreza y la reducción de la pobreza y le produce pérdidas al Estado en áreas como salud, educación y productividad, según un reciente informe del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

El V informe de la PDH sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: de la asistencia humanitaria a la erradicación de la pobreza que fue entregado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN) aborda el costo social y económico de la desnutrición y la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el país de 2008 a 2012.
El informe señala que la desnutrición continúa siendo un grave problema que afecta a más de la mitad de la población y a la niñez guatemalteca; este flagelo imposibilita la erradicación de la extrema pobreza y la reducción de la pobreza por sus efectos negativos en la salud y educación y consecuentemente en los potenciales ingresos de quiénes la sufren.
Aunque el país es capaz de producir todos los alimentos que su población necesita no existe disponibilidad de alimentos; gran parte de la población, paradójicamente la campesina no puede acceder física y económicamente a estos.
El modelo de producción agrícola, propiedad y uso de la tierra permanece sin transformaciones ni reformas, manteniéndose el desarrollo hacia afuera, consolidando la gran propiedad y la producción de monocultivos para la agroexportación, según la PDH.
Por su parte, el Estado y su aparato burocrático no se han apropiado de la política, las estrategias, el plan estratégico y los planes operativos para combatir la desnutrición, impidiendo que se reconozca la dimensión del problema y se actúe con decisión para enfrentar y reducir el hambre y las muertes que produce en el país.
En el ámbito legislativo aún no se han aprobado las iniciativas de ley de Desarrollo Rural y la de Granos Básicos, relacionadas a la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).
Asimismo la institucionalidad creada para combatir la desnutrición y garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha mostrado débil y no ha sido capaz de consolidarse y coordinarse adecuadamente para cumplir con los fines que se trazaron en la ley y en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que constituye un obstáculo para el cumplimiento del Plan Hambre Cero, recién lanzado por el gobierno actual.
Entre las recomendaciones que la PDH hace al Estado está dar cumplimiento a las recomendaciones de los cuatro informes anteriores; impulsar el fortalecimiento jurídico, institucional y financiero del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y generar una coordinación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la ejecución del Plan Hambre Cero.
Publicado porARGENPRESS
Anuncios