Difusión Cencos México D.F., 29 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Amnistía Internacional

Los días tres y cuatro de mayo del año 2006, se registró un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina del poblado de San Salvador Atenco. Como resultado de este operativo, se cometieron violaciones graves de derechos humanos, entre las cuales destacan abusos sexuales incluyendo la violación de al menos 26 mujeres por parte de elementos policiales.

Es preciso indicar que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, las agresiones sexuales cometidas por agentes del Estado constituyen actos de tortura y que, por lo tanto, como tales deben ser considerados.

Estos hechos quedaron consignados en el “dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006” acordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual reconoce la existencia de violaciones graves de derechos humanos:

“En resumen, con base en los elementos que se reunieron en la investigación, es de concluirse que no se corrobora la hipótesis de que en los operativos de cuenta se hubiese girado alguna instrucción en el sentido de agredir (física, psicológica o sexualmente) a los manifestantes, mas sí de permitir los excesos de violencia en respuesta a la conducta de los manifestantes.

“No obstante, lo cierto es que eso sí sucedió, que no se tomaron previsiones para que se inhibiera, que no se hizo cesar cuando se dio (como se verá en el subsiguiente considerando), y a esta fecha no obran constancias de que se hayan reprimido.

“Omisiones todas éstas que conducen a considerar que el uso excesivo de fuerza y violencia por parte de los policías fue aceptado, permitido y tolerado por los superiores, lo que trajo como consecuencia la falta de respeto de los derechos humanos de esas personas.[1]”

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó las siguientes consideraciones relativas al necesario acceso a la justicia por parte de las mujeres sobrevivientes de estos abusos:

“Los actos violatorios de derechos humanos que acontecieron en Atenco, especialmente, los que aquí han sido considerados como violaciones graves, son actos intolerables en nuestro Estado que deben ser reprimidos.

“Por supuesto, para que ello sea cumplido, de ninguna manera basta iniciar averiguaciones previas o procedimientos disciplinarios. Es necesario que esas averiguaciones y procedimientos sean llevados con una diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, que puedan constituir lo que la doctrina y jurisprudencia internacional humanitaria antes referida ha venido a llamar “investigaciones efectivas”, investigaciones que efectivamente lleven a identificar a los responsables, seguirles procedimiento y que reúnan las suficientes probanzas para que puedan ser justificadamente sancionados sus autores.”

Amnistía Internacional considera que los esfuerzos emprendidos por las autoridades federales y del estado de México para investigar y sancionar debidamente a los funcionarios públicos responsables por  acción u omisión de la comisión de estos graves abusos han sido inadecuados e insuficientes, ya que en solo dos casos, policías fueron consignados por delitos menores y estos fueron absueltos por el poder judicial, por falta de pruebas. Estos no representan ni la totalidad de los casos ni la gravedad de los abusos cometidos por agentes policiales en el estado de México.

Es de destacar que, debido a la impunidad en la que se ha mantenido el caso, éste ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está bajo consideración.

Amnistía Internacional ha manifestado desde el año 2006 de manera reiterada su honda preocupación por las deficientes actuaciones gubernamentales que han hecho que este caso se mantenga en la impunidad. Al día de hoy, después de que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Crímenes Violentos Contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) decidiera declinar competencia en el año 2009, las investigaciones se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la cual desde hace ya prácticamente seis años se ha negado a realizar una sola consignación por el delito de tortura, tal y como los estándares internacionales de derechos humanos lo requieren.
Amnistía Internacional continuará dando puntual seguimiento a este caso hasta en tanto se garantice justicia, verdad y reparación para las mujeres sobrevivientes de estos graves abusos.

[1] Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de enero de 2009.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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