sábado, 21 de julio de 2012

La necesidad de conservar las formalidades democráticas en América Latina, ha generado nuevas formas de golpe de estado como lo revelan Honduras y Paraguay. Hoy en México asistimos a la novedad de un masivo fraude orquestado antes de que los votantes lleguen a las urnas.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
He insistido en otras ocasiones  en esta columna que pese a lo que dicen los epígonos del neoliberalismo, éste ha estado mostrando sus limitaciones profundas y puede decirse que se encuentra en crisis  en todo el mundo. Basta ver con lo que  ha estado sucediendo con Europa mediterránea para ver una muestra del fracaso neoliberal. En América latina dicho fracaso se empezó a hacer evidente tan pronto como a fines del siglo XX. En esta primera década del siglo XXI lo que se ha observado es  en términos generales mediocres tasas de crecimiento del PIB, un creciente malestar social, una notable inestabilidad política en algunos países y sobre todo la emergencia de gobiernos de centro izquierda (Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, El Salvador) o de izquierda (Venezuela, Ecuador y Bolivia). Buena parte de dicha emergencia de los llamados gobiernos progresistas en América latina se ha visto precedida de efervescencias sociales significativas y allí están para ilustrarlo los casos de Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
América Latina es la única región en el mundo en la cual la crisis neoliberal  ha generado movimientos sociales que se convierten en políticos y electorales y eventualmente se traducen en gobiernos que  con mayor o menor profundidad, congruencia, radicalismo o moderación, buscan distanciarse del dogmatismo neoliberal.
Esta situación ha provocado grandes preocupaciones en Washington quien ha visto modificarse el panorama político de lo que consideraba su patio trasero. Al panamericanismo obsecuente que se ha traducido en la OEA, le ha venido sucediendo un integracionismo latinoamericano que más sigue los pasos de Bolívar que los de la doctrina Monroe. El fracaso  estadounidense en impulsar el  Acuerdo de Libre comercio de las Americas (ALCA) en 2005, le han sucedió mecanismos de integración como UNASUR, MERCOSUR Y ALBA que son espacios a través de os cuales se  pone una distancia y autonomía con respecto a la Casa Blanca. Hay que agregar ahora la aparición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La respuesta de los Estados Unidos de América ha sido el reforzar su presencia militar en la región. Existen ya 47 bases militares en toda América latina, 12 de las cuales se encuentran en Panamá (Véase este dato en http://www.mopassol.com.ar). La derecha neoliberal, como antes lo hizo el anticomunismo, se ha aliado a estos esfuerzos propiciando golpes de estado o al menos intentándolos. Estos golpes se diferencian de los que hemos conocido en que actúan como golpes parlamentarios o “constitucionales”. Y como  ha sucedido en México en estos días, articulando nuevas formas de fraude electoral que frenen de esa manera proyectos antineoliberales.
Al igual que en Honduras en 2009, en Paraguay el presidente Fernando Lugo no fue derrocado por el ejército actuando de manera autónoma. En Honduras el ejército derrocó al Presidente José Manuel Zelaya, pero  la fuerza que estaba detrás era la propia oligarquía hondureña y los intereses estadounidenses. En Paraguay ni siquiera actuó el ejército,  fue la clase política, particularmente el Partido Colorado, quien depuso a Lugo  a través de lo que este último calificó como un “golpe parlamentario”. Y nuevamente detrás del Partido Colorado estuvo la  cúspide empresarial e intereses como los de la empresa transnacional Monsanto. En la medida en que las dictaduras militares  resultan anacrónicas pues el nuevo modelo de dominación es la democracia liberal y representativa, los golpes de estado tienen que hacerse sin los militares como nuevos conductores del gobierno. Por ello a Zelaya lo sucedió el civil Roberto Micheletti y a Lugo lo sucede su vicepresidente, el civil Federico Franco.
En el caso de México, el fraude para frenar a Andrés Manuel López Obrador ya no operó  a través de la tradicional forma de relleno de urnas a favor del partido oficial o en este caso el partido elegido por la cúspide empresarial. Tampoco se adulteraron las cifras de votos realmente existentes en las urnas. El PRI y Enrique Peña Nieto realmente obtuvieron el  38.14% contra el  31.65% de López Obrador. Para lograrlo el PRI probablemente invirtió 357 millones de dólares en compra y coacción del voto. Una organización no gubernamental que monitorea  la calidad de la democracia en México, Alianza Cívica, realizó una encuesta que arroja  datos verdaderamente inquietantes. Dicha encuesta realizada en 21 estados de la republica mexicana, indica que a 28.4% de los votantes  les habrían comprado o coaccionado el voto. De ese total de votos comprados o coaccionados, el PRI  resulta el principal implicado con un 71%,  el PAN lo  habría estado con el 17%, el PRD con un 9% y el partido Nueva Alianza (PANAL)  con un 3%. La encuesta determinó que en  14% de las 143 mil casillas se observó acarreo de ciudadanos para que votaran.
La necesidad de conservar las formalidades democráticas en América Latina, ha generado nuevas formas de golpe de estado como lo revelan Honduras y Paraguay. Hoy en México asistimos a la novedad de un masivo fraude orquestado antes de que los votantes lleguen a las urnas.

Publicado por Con Nuestra América

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