La nación asesina

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LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Un ensayo de este título publicado en la revista Counterpunch califica de sorprendente el reconocimiento oficial y la novedosa transparencia con que se ha hecho público que Estados Unidos dispone, desde hace más de medio siglo, de un programa de asesinatos selectivos que ahora coincide con una visibilización sin precedente del uso de aviones de guerra guiados por control remoto en diversos puntos del planeta.

La noción de que exista una lista de gente a matar en el más alto nivel del poder ejecutivo de Estados Unidos ha hecho que el tema haya tenido una fuerte cobertura mediática, lo que denota preocupación por el hecho incluso en algunos sectores del llamado “poder invisible”.
El Washington Post señaló editorialmente que “ningún gobierno ha dependido tan extensivamente del asesinato de individuos para hacer avanzar los objetivos de seguridad de la nación como el actual”. Por su parte, el New York Times describe como “algo sin precedentes en la historia presidencial el papel de Obama como supervisor directo de esta guerra en las sombras…”
El ex Presidente James Carter, en un artículo que publicó en el New York Times, insistió en que “no se sabe cuántos cientos de civiles inocentes han muerto en estos ataques (con drones), cada uno de ellos aprobado por las máximas autoridades en Washington. Es algo antes impensable”.
Pero el hecho cierto es que estos homicidios a distancia y los asesinatos selectivos con aprobación presidencial, han tenido lugar secretamente desde hace al menos medio siglo. Lo único novedoso es que las recientes revelaciones sobre las listas de gente a matar y los asesinatos con uso de drones se estén haciendo de forma tan abierta. “Quienes se alarman por las recientes revelaciones acerca de los listados de gente a matar de Obama, tendrían que conocer, desde una perspectiva histórica, cuántas personas nuestro país ha asesinado en el mundo”, apunta Noble.
El autor reseña los cincuenta años de masacres y asesinatos selectivos de Estados Unidos en tres partes. La primera describe la historia letal del programa de Fénix (Phoenix, en inglés) contra Vietnam, que define como la fuente original de las estrategias y tácticas terroristas posteriores de Estados Unidos. La segunda trata acerca de las conocidas listas de gente a matar en Latinoamérica, y las menos divulgadas de países de otros continentes. La tercera aborda la resurrección del programa Fénix en Irak, Afganistán y un creciente número de países con los cuales “no estamos en guerra”.
Fénix fue un programa altamente secreto desarrollado en 1967 por la CIA en Vietnam con el fin de “neutralizar” la infraestructura del Vietcong asesinando civiles sud vietnamitas sospechosos de apoyar a los combatientes vietnamitas del Norte y del Vietcong.
Aunque el entonces Director de la CIA, William Colby, declaró ante el Congreso en 1971 que ” Fénix no es un programa de asesinatos”, admitió posteriormente que las operaciones de Fénix mataron a más de 20.000 personas entre 1967 y 1972. La matanza de My Lai fue apenas una operación más del programa Fénix.
Con abundantes datos y argumentos, Doug Noble describe la repercusión que este programa ha tenido para Latinoamérica.
La comunidad de inteligencia estadounidense adaptó Fénix a Suramérica mediante un ultra secreto Proyecto X.
Los métodos y técnicas de Fénix fueron utilizados en la Operación Cóndor, responsable del asesinato de varios cientos de miles de patriotas latinoamericanos. Las organizaciones criminales de casi todos los países de la región sirvieron a Fénix para la obtención e intercambio de información y colaboraron en la represión de las luchas e ideales contrarios al hegemonismo de Estados Unidos en el subcontinente.
Durante la administración de Carter, Estados Unidos suspendió la aplicación del Proyecto X por presuntas violaciones de los derechos humanos, pero bien pronto la administración de Reagan reimplantó su vigencia.
“El programa de asesinatos con drones de Estados Unidos ha salido del closet. Quienes durante años hemos protestado y combatido el ilegal, inmoral y estratégicamente contraproducente uso de drones, la aptitud esquizofrénica de matar por control remoto, el terror que genera un ataque de drones y el inevitable (o intencional) asesinato de cuantiosos civiles ‘sospechosos de terrorismo’ advertimos ahora contra la proliferación de los drones en el mundo y su utilización por fuerzas de policía y patrullas de frontera para labores de vigilancia y objetivos supuestamente no letales”, señala Doug Noble, un activista contra las guerras con residencia en la ciudad neoyorquina de Rochester.

El programa Fénix se ha hecho global, contribuyendo a proclamar a los Estados Unidos de América como una verdadera nación asesina.

Paraguay: Puerta abierta a inversión extranjera sin control

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LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

Natalia Ruiz Díaz (IPS)

La apertura a firmas transnacionales en la mira por temas ambientales pauta el primer mes de gobierno de Federico Franco en Paraguay, que sigue sin romper el aislamiento internacional. Entre las medidas cuestionadas se cuentan la habilitación exprés de algodón transgénico y de una planta de aluminio.

“Preocupa que un gobierno no elegido por el voto popular brinde la venia a estas inversiones (de capitales foráneos), sin ningún control”, dijo a IPS el economista Luis Rojas, de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales.
Rojas señaló, a modo de ejemplo, el permiso otorgado para utilizar semillas de la variedad de algodón genéticamente modificado Bollgard, de la multinacional Monsanto, dejando sin efecto los estudios preliminares requeridos para el otorgamiento de ese tipo de licencias.
Franco designó al frente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) al empresario de agroquímicos Jaime Ayala, quien no tardó en inscribir en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) la semilla Bollgard, rechazada por la misma entidad semanas antes debido a que la empresa no reunía los requisitos.
Según Rojas, la aprobación se dio de manera ilegal dado que aún no se contaba con el dictamen técnico de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Salud, como lo exige la ley.
Con Tinto no es mejor
También se cuestiona desde la sociedad civil la posible instalación de la empresa transnacional canadiense Río Tinto Alcan (RTA) para la construcción de una planta de aluminio con una inversión de 3.500 millones de dólares.
“La negociación comenzó prácticamente al día siguiente del cambio de gobierno, el cual muestra total apertura para que se instale en Paraguay”, dijo a IPS el analista José Carlos Rodríguez.
El presidente Fernando Lugo, destituido por un juicio político sumarísimo el 22 de junio y sustituido horas después por Franco, había conformado un equipo técnico para el estudio del proyecto.
Sin embargo, Franco autorizó el comienzo de las negociaciones de inmediato sin esperar los resultados de ese estudio.
Rodríguez cuestionó que las nuevas autoridades no estén haciendo ningún cálculo costo-beneficio de las consecuencias económicas y ambientales del enclave en este país de una empresa con la potencialidad contaminante que tiene la fabricación de aluminio.
El actual gobierno se defiende con el argumento de que la fábrica generaría unos 4.000 puestos de trabajo en forma directa, pero en diciembre pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Cecilio Pérez Bordón, aseguró que solo harían falta 1.250 trabajadores para llevar adelante esa producción.
Pérez Bordón explicó, en su informe presentado a una audiencia pública, que todas las materias primas e insumos serían importados, excepto la energía eléctrica. También indicó que RTA utilizaría en forma constante 1.100 megavatios (MW), equivalentes a 9.000 gigavatios/hora (GWh) por año, y pretende un contrato de consumo de 2016 a 2045 y renovable.
Paraguay demanda en la actualidad 11.000 GWh anuales de energía y produce unos 56.000, con una potencia cercana a 7.500 megavatios, sumando la central de Acaray y el 50 por ciento que le corresponde de los complejos binacionales de Itaipú, compartido con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.
La instalación de RTA exigiría más del doble de la energía que hoy consume el país.
El entonces ministro hizo hincapié en no subsidiar el costo de la energía, sino que recomendaba que la empresa pagara el costo real del servicio eléctrico que era de 59,7 dólares por megavatio/hora en 200 kilovatios.
“Si se le vende energía a RTA a 38 dólares el megavatio/hora por 30 años o más, Paraguay perderá entre 195 millones y 1.008 millones de dólares anuales, con lo cual deberá subir la tarifa para los demás usuarios, incluido el uso doméstico, aumentar los impuestos o reducir la inversión pública”, explicó Pérez Bordón.
Golpes por dentro y por fuera
Frente a este escenario, las organizaciones sociales aumentan su rechazo al gobierno de Franco y sostienen que la destitución de Lugo tuvo como objetivo facilitar el ingreso de las firmas transnacionales.
“El gobierno no es un interlocutor válido porque no le interesa conversar con la sociedad civil, solo lo hace con el empresariado”, indicó Rojas.
Por su parte, el analista y político Bernardino Cano Radil señaló que su partido no ha discutido a profundidad este caso como para tomar una postura.
La inversión extranjera en general es positiva, pero se tienen que estudiar al detalle los beneficios para las empresas locales y los trabajadores, apuntó Cano Radil, dirigente del derechista Partido Colorado, principal promotor del juicio político a Lugo a poco de comenzar su mandato en 2008, cuando el exobispo católico acabó con 60 años de gobierno hegemónico de este color.
Pero el escaso reconocimiento hacia Franco no se detiene en las fronteras, ya que el mandatario sigue contando apenas con el visto bueno oficial de Taiwán y del Vaticano.
Tampoco pudo hacer prosperar el recurso presentado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Mercado Común del Sur) para que levantara su suspensión como miembro del bloque, decidida por sus tres socios, Argentina, Brasil y Uruguay, en la cumbre de fines de junio en Mendoza, Argentina.
Ahora las expectativas están solo puestas en la Organización de los Estados Americanos, cuya misión de observación recomendó al cuerpo no suspender a Paraguay. Pero esa decisión también se hace esperar.
La casa en orden
A ojos de los analistas, Franco encontró la casa ordenada en términos económicos y ahora se destrabaron proyectos de inversión, donaciones y otros fondos por al menos 500 millones de dólares, no permitidos mientras Lugo estuvo en el gobierno.
A esto se añade la entrada en vigencia, tras años de postergación, del Impuesto a la Renta Personal (IRP), con una tasa fija de 10 por ciento para quienes perciben más de 120 salarios mínimos al año, que equivalen a unos 45.000 dólares.
Un proyecto para imponer este tributo había sido trabado en el parlamento en la última etapa del gobierno de Lugo, con el agravante de que no sería tratado hasta 2015. Sin embargo, el 5 de este mes fue aprobado y Franco lo promulgó esta semana.
El IRP se imputará al ejercicio profesional o prestación de servicios personales, desempeño de cargos públicos, e ingresos por la venta ocasional de inmuebles, entre otras actividades. También deben aportar los socios o accionistas que obtengan dividendos de las empresas, pero solo sobre 50 por ciento de esos ingresos.
“Se trata solo del 10 por ciento de excedente para gente que gana mucho dinero”, un universo muy pequeño en este país, expresó Rodríguez. En una primera etapa, este impuesto alcanzaría a 12.000 contribuyentes en una población de 6,4 millones de habitantes.

Unas 200.000 personas huyen de Alepo como resultado de ofensiva del Ejército sirio

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LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Cerca de 200.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas en Alepo a consecuencia de la ofensiva del Ejército sirio contra posiciones de los rebeldes, informó la jefa de asuntos humanitarios de la ONU, Valerie Amos.

Amos hizo esta declaración en la sede de las naciones Unidas en Nueva York.
La funcionaria expresó su preocupación por las informaciones que apuntan a que el régimen utiliza armamento pesado contra la oposición armada.
Amos también denunció la escasez de alimentos, agua, colchones, mantas y artículos para cuidados básicos en las zonas de enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales sirias y los rebeldes.
Según testigos de la situación en Alepo, la capital económica del país árabe, el Ejército no ha logrado doblegar la resistencia de los rebeldes.
Mientras, el régimen considera la batalla decisiva para poner fin a la guerra civil en el país, la oposición dice que no se rendirá y convertirá Alepo en un cementerio para efectivos de tropas gubernamentales.
De momento, se desconoce el número de las víctimas mortales a raíz de la ofensiva lanzada por el Ejército sirio en Alepo desde la semana pasada.
Mientras los muertos en el conflicto que estalló en el país en febrero de 2011 se sitúan en 16.000 personas, de acuerdo a las últimas estimaciones de la ONU.

Paraguay: El círculo se cierra

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LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

Javier Rodríguez (PL)

Muy poco valor real parece tener el proclamado optimismo del gobierno paraguayo de Federico Franco, surgido del juicio político y destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, sobre el pronto cese del aislamiento internacional al cual se ve sometido.

El irregular proceso utilizado para provocar una fractura en la institucionalidad democrática del país, utilizado para sacar del poder al mandatario electo por la población en el 2008, sigue pesando como una enorme loza sobre la multiplicidad de gestiones destinas a conseguir un cambio en su débil situación en el seno de la comunidad exterior.
A la firme sanción aplicada a Paraguay por los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que lo suspendieron de su membresía en esos bloques integracionistas, fueron apareciendo, especialmente en las últimas semanas, otros fracasos en el esfuerzo por conseguir reconocimiento en otras instancias importantes.
La retirada de Asunción de los embajadores de las naciones de Mercosur y Unasur no sólo se mantiene, sino que fue seguida por la de otros Estados no signatarios de dichos acuerdos y acompañada de condenas al golpe contra Lugo por países sin representación diplomática física en la capital paraguaya.
Resultado alguno tuvo la apelación, con la ayuda de Estados Unidos, en busca de que un informe piadoso e interesado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, intentara lograr un apoyo explícito, todavía sin llegar, de ese órgano regional, por cierto bastante ausente de un sólido prestigio.
Las esperanzas se cifraron entonces, en forma bastante desesperada, en la visita de una misión del Parlamento Europeo, de la cual sólo obtuvieron el tácito desagrado por las características del juicio político utilizado para destituir a Lugo, el cual calificaron de expedito, y el anuncio de tal vez volver a analizar la situación paraguaya en su reunión plenaria del próximo septiembre.
Otro fracaso fue la demanda presentada por Franco ante el Tribunal de Revisión del Mercosur, pidiendo se anulara la sanción dictaminada por ese bloque e incluso reaccionando ásperamente por la inclusión de Venezuela ya dispuesta en la última cumbre presidencial y durante varios años obstaculizada por el Parlamento de Paraguay.
La respuesta del Tribunal, adoptada por unanimidad por los jueces, incluyendo el que representa en su seno a Paraguay, fue negativa y desató nuevamente la ira de los noveles gobernantes de la nación guaraní.
Casi si terminar el episodio del Tribunal del Mercosur, saltó a la actualidad el debate en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que inició el análisis de propuestas para suspender también a Paraguay en protesta por la destitución de Lugo y la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso.
El propio representante del gobierno acusado ante la Aladi debió reconocer, a la hora de escribir estas líneas, que resulta prácticamente imposible evitar algún tipo de sanción por ese grupo de países integrantes de la Aladi.
No terminaron las desventuras de los neogobernantes paraguayos que continuaron palpando el tremendo aislamiento provocado por el derrocamiento de un presidente legítimo, apenas a nueve meses de celebrarse elecciones generales en el país.
Fue entonces cuando una delegación de parlamentarios suramericanos, todos miembros de sus Parlamentos nacionales, visitó Paraguay para informarse sobre la situación actual.
El grupo estuvo integrado por las argentinas Araceli Ferreyra y Julia Perié, los uruguayos Jorge Mazzarovich y los brasileños Rubens Diniz y Paulo Schueler, quienes se entrevistaron con organizaciones políticas y sindicales, legisladores, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los campesinos y pobladores de la zona de Curuguaty, escenario en junio pasado de un choque de labriegos y policías durante un intento de desalojo de los sin tierras.
El parlasuriano Ricardo Canese, quien acompañó a la delegación en su recorrido, reveló que esta comprobó en Curuguaty numerosas violaciones de los derechos humanos contra los campesinos y en el resto del país despidos masivos injustificados contra trabajadores y funcionarios del gobierno de Lugo.
En conferencia de prensa, los visitantes dejaron claro que la salida de Lugo del poder constituyó un golpe de Estado y por ello se habían negado a entrevistarse con Federico Franco, por considerarlo un presidente de facto y encabezar un gobierno no reconocido por numerosos países, incluyendo los integrantes del Mercosur y de Unasur.
Aunque las conclusiones de los parlamentarios de Brasil, Uruguay y Argentina provocaron gran malestar en el aparato estatal y una serie de protestas de sus funcionarios, las vicisitudes de orden internacional no terminaron ahí para Franco y su gobierno.
Pocas horas después se conocieron en Asunción las declaraciones del ministro del Exterior de España, José Manuel García-Margallo, quien dijo a la prensa que su nación, como organizadora de la próxima Cumbre Iberoamericana, prefería la no asistencia de Paraguay a dicha cita.
Según el ministro, la abstención paraguaya a ese evento era mejor para España como organizadora, para el propio Paraguay y, por supuesto, para todos los demás Estados asistentes.
Se trataba de la seguridad española de que el intento del gobierno no reconocido de Paraguay en ese entorno iberoamericano provocaría serios conflictos incluso para su propia celebración dado el rechazo internacional a lo ocurrido allí.
Todo indica que el gobierno de Federico Franco poco tiene que buscar en el escenario internacional, donde el criterio generalizado es el de la necesidad urgente de la vuelta de Paraguay a su anterior proceso democrático.

Argentina. Democratizar la comunicación: Freno y nueva convocatoria a los concursos públicos de TV Digital

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LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

APN – ACTA

El 25 de julio se hizo pública la decisión de las autoridades de la AFSCA de dejar sin efecto el concurso público llamado en 2011 para la televisión abierta digital, y de impulsar una nueva convocatoria. Distintos sectores de la comunicación popular celebraron la medida.

Hace un año la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) establecía el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre. Ayer tuvo que dar marcha atrás por lo restrictivos de sus términos para los medios llamados “alternativos”.
Los pliegos de condiciones para las organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecían, entre otras cuestiones, un valor de 70 mil a 140 mil pesos y, en el caso de los medios con fines de lucro, de entre 100 mil y 200 mil para acceder a las licitaciones. Los medios alternativos, comunitarios y populares, que no persiguen un interés comercial sino social y no buscan ganancias, afirmaron en su momento que no se ajustaba “en lo absoluto a las posibilidades de los medios alternativos que sostienen producción constante mayormente con trabajo voluntario”.
A través de las resoluciones 929/12 y 930/12 se suspendió el llamado a concurso para la adjudicación de licencias y se estableció un plazo “no mayor a 30 días”, según se informó desde el AFSCA. Dentro de los próximos 120 días se aprobará el cronograma, con los días y los horarios para la apertura de los actos públicos.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) celebró la modificación de las condiciones de llamados a concurso para licencias de Televisión Abierta, tal como había sido reclamado en su momento por varias organizaciones que participaron activamente en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, señalando que una de las principales cuestiones por las cuales se revisó la medida es la posibilidad de incluir a más licenciatarios del sector no comercial, acorde al proceso de adecuación y desconcentración comunicacional en curso.
En su momento, la Coalición por una Radiodifusión Democrática -de la cual FARCO y la CTA forman parte activa- ya había sostenido que: “Los pliegos para los concursos de servicios regulados por la Ley, vigentes y futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que signifiquen umbrales que excluyan a organizaciones populares o a pequeñas y micro empresas locales”. Por esta razón, FARCO festejó la simplificación de condiciones para que las entidades no comerciales puedan acceder más fácilmente a gestionar sus propios canales de TV, permitiendo mayor pluralidad y diversidad comunicacional: “comprometemos nuestro esfuerzo para que se avance en la total aplicación de la Ley por la que tanto trabajamos y esperamos se encuentren las formas de facilitar la sostenibilidad de los medios surgidos de los sectores populares que expresan las voces de los hasta ahora silenciados por los medios concentrados”, señalaron desde la entidad.
En tanto Martín Becerra, licenciado y docente de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes, analizó: “que tardaron un año en darse cuenta de algo tan sencillo como que los pliegos tenían un precio prohibitivo a mi me parece que es llamativo. Revela por parte del Gobierno una improvisación en esta cuestión muy grande que hasta ahora no ha estado a la altura de los desafíos, de las exigencias, de las expectativas que había desatado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es una oportunidad para que verdaderamente cambie esa orientación y comience a cumplir la ley que el propio Gobierno promovió”.
Becerra hizo hincapié en que al momento de lanzar la convocatoria el año pasado no existía un plan técnico y aclaró que el mismo “es un mapa de licencias con un mapa de la Argentina. Es decir que en cada provincia y en cada localidad de nuestro país tenemos que saber cuántas licencias de radio y cuántas de televisión analógica y digital van a haber”. Remarcó que lo importante de la existencia del plan técnico es que “eso presenta un nivel de certeza, de planificación, que es fundamental conocer para evaluar si el llamado a concurso es un llamado interesante, pertinente, fundamentado o no lo es”.
A su vez, también mencionó la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad de los medios populares para poder pensar una política efectiva y potenciadora de nuevas formas de comunicación, por ejemplo entre aquellos que se encuentran en la cordillera y que surgen de las luchas contra la minería contaminante y los que se encuentran en las grandes ciudades, en términos de la distribución del espacio radioeléctrico.
En el mismo sentido, y luego la reunión que se realizó entre televisoras comunitarias y funcionarios del AFSCA, Natalia Vinelli, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante del colectivo Barricada TV, analizó que “se sigue midiendo la comunicación con el mismo paradigma neoliberal donde todo tiene que tener rédito ya, en el corto plazo” y agregó que “metafóricamente hay una total incomprensión de lo que es un medio comunitario”.

“En realidad”, concluyó, “tienen absolutamente claro que el modelo de la comunicación que nosotros estamos haciendo y proponiendo tiene que ver con la organización popular, los movimientos sociales y con visibilizar las voces que no están circulando por los medios comerciales y estatales”.