LUNES, 30 DE JULIO DE 2012

Javier Rodríguez (PL)

Muy poco valor real parece tener el proclamado optimismo del gobierno paraguayo de Federico Franco, surgido del juicio político y destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, sobre el pronto cese del aislamiento internacional al cual se ve sometido.

El irregular proceso utilizado para provocar una fractura en la institucionalidad democrática del país, utilizado para sacar del poder al mandatario electo por la población en el 2008, sigue pesando como una enorme loza sobre la multiplicidad de gestiones destinas a conseguir un cambio en su débil situación en el seno de la comunidad exterior.
A la firme sanción aplicada a Paraguay por los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que lo suspendieron de su membresía en esos bloques integracionistas, fueron apareciendo, especialmente en las últimas semanas, otros fracasos en el esfuerzo por conseguir reconocimiento en otras instancias importantes.
La retirada de Asunción de los embajadores de las naciones de Mercosur y Unasur no sólo se mantiene, sino que fue seguida por la de otros Estados no signatarios de dichos acuerdos y acompañada de condenas al golpe contra Lugo por países sin representación diplomática física en la capital paraguaya.
Resultado alguno tuvo la apelación, con la ayuda de Estados Unidos, en busca de que un informe piadoso e interesado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, intentara lograr un apoyo explícito, todavía sin llegar, de ese órgano regional, por cierto bastante ausente de un sólido prestigio.
Las esperanzas se cifraron entonces, en forma bastante desesperada, en la visita de una misión del Parlamento Europeo, de la cual sólo obtuvieron el tácito desagrado por las características del juicio político utilizado para destituir a Lugo, el cual calificaron de expedito, y el anuncio de tal vez volver a analizar la situación paraguaya en su reunión plenaria del próximo septiembre.
Otro fracaso fue la demanda presentada por Franco ante el Tribunal de Revisión del Mercosur, pidiendo se anulara la sanción dictaminada por ese bloque e incluso reaccionando ásperamente por la inclusión de Venezuela ya dispuesta en la última cumbre presidencial y durante varios años obstaculizada por el Parlamento de Paraguay.
La respuesta del Tribunal, adoptada por unanimidad por los jueces, incluyendo el que representa en su seno a Paraguay, fue negativa y desató nuevamente la ira de los noveles gobernantes de la nación guaraní.
Casi si terminar el episodio del Tribunal del Mercosur, saltó a la actualidad el debate en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que inició el análisis de propuestas para suspender también a Paraguay en protesta por la destitución de Lugo y la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso.
El propio representante del gobierno acusado ante la Aladi debió reconocer, a la hora de escribir estas líneas, que resulta prácticamente imposible evitar algún tipo de sanción por ese grupo de países integrantes de la Aladi.
No terminaron las desventuras de los neogobernantes paraguayos que continuaron palpando el tremendo aislamiento provocado por el derrocamiento de un presidente legítimo, apenas a nueve meses de celebrarse elecciones generales en el país.
Fue entonces cuando una delegación de parlamentarios suramericanos, todos miembros de sus Parlamentos nacionales, visitó Paraguay para informarse sobre la situación actual.
El grupo estuvo integrado por las argentinas Araceli Ferreyra y Julia Perié, los uruguayos Jorge Mazzarovich y los brasileños Rubens Diniz y Paulo Schueler, quienes se entrevistaron con organizaciones políticas y sindicales, legisladores, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los campesinos y pobladores de la zona de Curuguaty, escenario en junio pasado de un choque de labriegos y policías durante un intento de desalojo de los sin tierras.
El parlasuriano Ricardo Canese, quien acompañó a la delegación en su recorrido, reveló que esta comprobó en Curuguaty numerosas violaciones de los derechos humanos contra los campesinos y en el resto del país despidos masivos injustificados contra trabajadores y funcionarios del gobierno de Lugo.
En conferencia de prensa, los visitantes dejaron claro que la salida de Lugo del poder constituyó un golpe de Estado y por ello se habían negado a entrevistarse con Federico Franco, por considerarlo un presidente de facto y encabezar un gobierno no reconocido por numerosos países, incluyendo los integrantes del Mercosur y de Unasur.
Aunque las conclusiones de los parlamentarios de Brasil, Uruguay y Argentina provocaron gran malestar en el aparato estatal y una serie de protestas de sus funcionarios, las vicisitudes de orden internacional no terminaron ahí para Franco y su gobierno.
Pocas horas después se conocieron en Asunción las declaraciones del ministro del Exterior de España, José Manuel García-Margallo, quien dijo a la prensa que su nación, como organizadora de la próxima Cumbre Iberoamericana, prefería la no asistencia de Paraguay a dicha cita.
Según el ministro, la abstención paraguaya a ese evento era mejor para España como organizadora, para el propio Paraguay y, por supuesto, para todos los demás Estados asistentes.
Se trataba de la seguridad española de que el intento del gobierno no reconocido de Paraguay en ese entorno iberoamericano provocaría serios conflictos incluso para su propia celebración dado el rechazo internacional a lo ocurrido allí.
Todo indica que el gobierno de Federico Franco poco tiene que buscar en el escenario internacional, donde el criterio generalizado es el de la necesidad urgente de la vuelta de Paraguay a su anterior proceso democrático.
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