México: #YoSoy132 y la organización posible

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sábado, 4 de agosto de 2012

Ustedes nos han convocado, y nos han testimoniado que cuando llegamos estaba el mundo y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión, por eso, ¡queridos estudiantes de #YoSoy132, manténganse unidos y abiertos a los otros movimientos sociales, y organícense, la patria se los encomienda!
Enrique Dussel / LA JORNADA
“Convocados por una vergüenza que nos afrenta”, comienza el texto que ha conmovido a muchas conciencias en la impresionante declaración del movimiento #YoSoy132 del 27 de julio de 2012 ante las puertas de Televisa (medio monopólico antidemocrático de comunicación denunciado en esa convocaria y mostrada en toda su indigna inmoralidad). Es un texto que pasará a la historia de México, no sólo literariamente espléndido (como siguiendo los pasos del Sub, que sabe que la retórica política puede ser bellamente expresada), sino también por su precisión política. El movimiento merece todo el respeto de los maestros que, como dice un texto semita, debemos despertar cada mañana con el oído de discípulos. Sí, discípulos de nuestros discípulos, maestros generosos de una senda de la que tantos políticos viejos sería bueno que aprendieran a caminar.
Con el oído de discípulo me permito opinar para agregar un leño al fuego chispeante de la discusión en torno a ¿cómo se organiza el movimiento?
Hace años intervine igualmente sobre este asunto. Ahí explicaba que casi hace un siglo, en 1918, hubo en la Universidad de Córdoba un movimiento famoso que luchó por la autonomía universitaria y por la representación estudiantil en los órganos directivos de las universidades, y se denominó la Reforma Universitaria.
Quizá el mejor fruto de ese movimiento fue la organización que surgió de ese evento central en la vida política del Cono Sur latinoamericano. Víctor Haya de la Torre fundó el APRA en Perú siguiendo sus lineamientos. ¿En qué consistió dicha organización?
En primer lugar, la organización de un movimiento estudiantil político no partidista debe ser flexible, evitando el error de toda fetichización de la institucionalidad: la burocratización, la falta de creatividad, la inmovilidad. Por tanto, debe ser muy fluida, con capacidad de redefinirse sobre la marcha.
Pero, en segundo lugar, debe ser una organización que evite el caos, la no gobernabilidad, y al final la ineficacia estratégica que desmoviliza a la larga a los mejores militantes, que son aquellos que deben llevar de frente una doble responsabilidad: ser buenos estudiantes y buenos militantes políticos apartidistas.
De la Reforma Universitaria del 1918 salió un tipo de organización que deseo explicar, y que es muy simple, y que tuvo y sigue teniendo casi un siglo después gran eficacia y presencia en sus países de origen, porque además es escuela de ciudadanía y de líderes políticos honestos. En cada facultad o departamento (según el tipo de institucionalidad universitaria) se organiza un Centro de Estudiantes de… (p.e. CED: Centro de Estudiantes de Derecho; Cefyl: Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras; Cecip: Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas; etcétera). El Centro es el órgano de base. Tiene estatutos muy flexibles: una asamblea con plenos poderes según se la reglamente, una comisión directiva y participativa (con presidencia rotativa) de al menos 10 miembros para permitir la presencia proporcional de diferentes corrientes. Comisiones de los más diversos tipos, desde la formación política hasta las fiestas universitarias.
Estos centros eligen participantes a la Federación Universitaria correspondiente (p. e. la FUNAM: Federación Universitaria de la UNAM; FUAM: Federación Universitaria de la UAM; Fuibe: Federación Universitaria de la Universidad Iberoamericana; etcétera), la cual tiene igualmente una asamblea universitaria, y una comisión directiva y participativa (con una presidencia rotativa) que representa a toda la universidad.
De la misma manera se puede organizar la federación universitaria de todo un estado (p. e. del Distrito Federal; Federación Universitaria del DF [Fudef], o del estado de Chihuahua [FUCH]), con su comisión directiva y participativa (con una presidencia rotativa), etcétera.
Estos Centros y Federaciones deben considerarse hacia dentro de las universidades como organización estudiantil, pero al mismo tiempo deben considerarse hacia fuera como movimiento articulado con otros movimientos, y de esta manera cumplir con la responsabilidad de permanecer en una función de coordinación con otros movimientos sociales apartidistas pero políticos, en cuanto responsables, con tantos otros, del destino de México en la grave situación actual.
Cuando hace poco visitó México la dirigente universitaria chilena no lo hizo sólo de manera personal ni como líder de movimientos sociales, sino como presidenta de la Federación Universitaria de Chile, con plena legitimidad representativa y participativa, pero igualmente como militante de un organismo que puede ser catalizador de otros movimientos sociales y lo está siendo ahí como aquí #YoSoy132. Los estudiantes tienen la capacidad intelectual, teórica y ética, de poder enfrentar al Estado representativo, y tienen la generosidad reconocida por los adultos que les consagra en el liderazgo, pero, además, los mismos adultos ven en ellos a sus hijas e hijos y por ello los respetan y hasta le dan la autoridad que se han ganado en las calles, con la complicidad amable de sus progenitores que sufren quizá más que los propios jóvenes las injusticias del sistema. Por eso tienen un protagonismo incuestionable que deben saber usar.
Ustedes nos han convocado, y nos han testimoniado que cuando llegamos estaba el mundo y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión, por eso, ¡queridos estudiantes de #YoSoy132, manténganse unidos y abiertos a los otros movimientos sociales, y organícense, la patria se los encomienda!

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Partidos políticos y dinero

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sábado, 4 de agosto de 2012

En países como los latinoamericanos, privilegiar el financiamiento  privado ahonda más lo que ya estamos observando: campañas multimillonarias de fuentes oscuras y hasta ilícitas, poderes ocultos que resultan determinantes, corrupción incontrolable, anulación de lo público ante lo privado, grandes medios de comunicación enriquecidos por una política televisiva y radiofónica que privilegia las guerras de lodo.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
En un contexto  en el cual  el sector  más desprestigiado desde hace muchos años en América latina son los partidos políticos y la clase política, el tema del financiamiento de los primeros  ha cobrado importancia. El argumento que escucho frecuentemente en los medios de comunicación electrónicos y escritos, es que los partidos políticos no deben recibir  subsidios estatales para  realizar sus funciones porque los contribuyentes no debemos  estarles pagando a una bola de zánganos. Y hay que reconocer que el argumento tiene consistencia: los partidos en mi experiencia se han convertido en grupos de interés cada vez más alejados de los intereses de los ciudadanos. Sus dirigencias tienen su principal interés en conservar cotos de poder, influencias y dinero. Los partidos han dejado de ser lo que eran antaño: agrupaciones  articuladas ciertamente en torno a intereses económicos y sociales  y por ello mismo articulados en torno a intereses políticos e ideológicos. Comparemos a los grandes partidos de la Guatemala de hace 50-60 años con los actuales y veremos claramente la diferencia. La ultraderecha anticomunista contaba con el Movimiento de Liberación Nacional, el pensamiento social cristiano tenía a la Democracia Cristiana, la socialdemocracia tenía una vertiente de derecha en el Partido Revolucionario y una de centro izquierda en la Unidad Revolucionaria Democrática y sus siglas sucesoras. Finalmente en la clandestinidad y fuertemente reprimido, el comunismo se agrupaba en el partido Guatemalteco del Trabajo.
¿Cuál es la ideología de los partidos políticos  en la Guatemala de la primera década del siglo XXI? Más allá  de los lugares comunes del neoliberalismo, los partidos políticos son grupos de interés que tienen por fin llegar a gozar cuatro años de las arcas nacionales, los grandes negocios y después disolverse. Es el caso guatemalteco uno paradigmático de la debilidad del sistema de partidos políticos con casos extremos de volatilidad partidaria y transfuguismo parlamentario: en el mejor de los casos los partidos crecen, se desarrollan, gobiernan, son derrotados y después se disuelven. He allí el ejemplo de  la Unión Nacional de la Esperanza  quien  en las elecciones de 2012 obtuvo 48 escaños y ahora tiene solamente siete. El oportunismo que nace de las identidades partidarias débiles se muestra en Guatemala de una manera patética: de 158 diputados electos, 64 se han cambiado de bancada en los últimos 6 meses. Estos diputados son verdaderos impostores que traicionan el voto que los eligió.
La pregunta entonces es ¿vale la pena que el Estado financie a este grupo de oportunistas y a menudo corruptos políticos? ¿No sería mejor que el dinero de los contribuyentes se fuera para otro lado y que los partidos se rascaran con sus propias uñas? Pese a mi pobre opinión sobre la clase política y sus partidos, creo que el financiamiento privado vuelve más calamitosa esta situación. Un ejemplo prístino de esto se puede ver en lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos de América con dos grandes partidos enormemente consolidados. Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 10 de enero de 2010 de declarar inconstitucional la prohibición de que grandes corporaciones privadas financiaran campañas políticas, han surgido los “super PAC’S” (Super Political Action Comittes) que son organizaciones privadas que financian campañas electorales principalmente presidenciales. Estos Súper Comités de Acción Política que ya existían antes de que se los declararan constitucionales, ahora prácticamente dominan  la vida de los partidos Demócrata y Republicano porque en un contexto en el que la política es cada vez más cara, quien pone el dinero es el que manda. En 2000 los “super PAC’S” metieron en las campaña presidencial casi 115 millones de dólares; en 2004 más de 192 millones de dólares; en 2008, poco más de 1,208 millones de dólares. Ahora con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en marcha, en los siete meses transcurridos de 2012, la cifra asciende a casi mil millones de dólares y se calcula que en noviembre de 2012 cuando se celebren las elecciones presidenciales, la inversión habrá llegado a 2 mil millones de dólares (Salvador Capote, “La democracia en USA se fue a bolina”, Alai-Amlatina, 20/7/2012).
Aún partidos tan sólidos como los dos grandes partidos estadounidenses están perdiendo su autonomía ante la enorme cantidad de dinero que  les está llegando. Las grandes corporaciones hacen multimillonarias inversiones que cobrarán después con políticas públicas, concesiones, licitaciones a modo, etc. En países como los latinoamericanos, privilegiar el financiamiento  privado ahonda más lo que ya estamos observando: campañas multimillonarias de fuentes oscuras y hasta ilícitas, poderes ocultos que resultan determinantes, corrupción incontrolable, anulación de lo público ante lo privado, grandes medios de comunicación enriquecidos por una política televisiva y radiofónica que privilegia las guerras de lodo.
Y sobre todo que las elecciones son ganadas no por las mejores propuestas y los mejores candidatos, sino por aquellos que tienen más dinero. En conclusión, privilegiar el financiamiento privado de los partidos políticos es prostituir a la democracia.

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La integración estratégica de nuestra América

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sábado, 4 de agosto de 2012

Los cambios que hoy tienen lugar en el Mercosur, y los temas de debate que allí se han instalado en los últimos meses, confirman que hay una transformación en curso: el paso del paradigma economicista dominante en los años noventa del pasado siglo, al nuevo paradigma de la integración independiente y multidimensional de nuestra América.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
La Cumbre del Mercosur en Brasilia formalizó el
ingreso de Venezuela a ese organismo regional.
El ingreso de Venezuela al Mercosur, formalizado el pasado 31 de julio en la Cumbre de Brasilia, es más que la simple apertura de una plaza para el comercio en América del Sur: constituye una acción estratégica de la mayor importancia, enmarcada en las grandes líneas de la política exterior suramericana –en sus expresiones progresistas y nacional-populares- y en lo que el exrepresentante de este organismo, Samuel Pinheiro Guimaraes, definió hace unos días como “la disputa por [la] influencia económica y política en América del Sur y de su futuro como región soberana y desarrollada”, frente al proyecto de libre comercio panamericanista de los Estados Unidos.
Desde el Congreso Internacional de Washington de 1889, esta pretensión de los Estados Unidos de imponer y afirmar su hegemonía a través del comercio ha sido uno de los ejes fundamentales de las relaciones interamericanas. “Nunca hubo en América Latina, desde la independencia, un asunto que exigiese más conocimiento, que obligase a más vigilancia, que demandase un examen más claro y minucioso, que la invitación cursada por los Estados Unidos, poderosos, desbordantes de productos invendibles y determinados a extender su dominación en América”, escribió José Martí, en una de sus crónicas para el periódico argentino La Nación, relatando su experiencia de aquel cónclave[1].
El sentido de vigilancia al que apelaba Martí, con toda seguridad, estuvo presente en las discusiones y deliberaciones que llevaron a la decisión de incorporar a Venezuela como miembro pleno del Mercosur, adoptada por los gobiernos de Brasil Argentina y Uruguay en la Cumbre de Mendoza a finales de junio.  Una decisión que tomó por sorpresa al gobierno de los Estados Unidos, que confiaba ciegamente en la derecha paraguaya –antes y después de golpe- para bloquear la solicitud venezolana; sin embargo, no previeron la audacia de la respuesta del bloque ante los movimientos imperiales en Paraguay, e indirectamente, para configurar un nuevo equilibrio de fuerzas frente a la Alianza del Pacífico, de corte neoliberal y conformada por gobiernos “aliados” de Washington (México, Colombia, Perú y Chile).
Ahora, el Mercosur se perfila como una región económica, energética y políticamente estratégica, cuyas economías aportan el 83,2% del PIB regional. En la Cumbre de Brasilia, la presidenta anfitriona, Dilma Roussef, explicó durante la Cumbre que con la inclusión de Venezuela, el “bloque comercial sudamericano se convierte en la quinta economía del mundo detrás de los países más ricos como Estados Unidos, China, Alemania y Japón”, al tiempo que este espacio de integración adquiere dimensiones inéditas. “De ahora en adelante nos extenderemos de la Patagonia al Caribe. Ahora hay un espacio todavía mayor para el crecimiento del comercio, las inversiones y la integración de cadenas productivas entre nuestros países”, explicó la mandataria (La Jornada, 01/08/2012).
El sociólogo brasileño Emir Sader, por su parte, en entrevista para TeleSur, aseguró que la novedad del ingreso de Venezuela al bloque es que abre la posibilidad de romper con “ese círculo vicioso de competencia privada entre empresas brasileñas y argentinas, y hacer que la integración sea mucho más amplia, en términos educativos, informativos, tecnológicos, deportivos, culturales, que no existen hasta ahora. Puede ser un nuevo momento de refundación del Mercosur, que lo ponga a la altura del proceso de integración regional que ya ha dado importantes pasos adelante”.
Visto en esa perspectiva mayor, por encima de consideraciones exclusivamente económicas –que siempre son importantes-, los cambios que hoy tienen lugar en el Mercosur, y los temas de debate que allí se han instalado en los últimos meses, confirman que hay una transformación en curso: el paso del paradigma economicista dominante en los años noventa del pasado siglo, al nuevo paradigma de lo que, con acierto, el politólogo cubano Luis Suárez define como la integración independiente y multidimensional de nuestra América.
Un momento fundacional de este giro fue la Cumbre de Mar del Plata en 2005, que, por un lado, significó la derrota de la iniciativa panamericana del Área de Libre Comercio de las Américas y el hegemonismo del presidente estadounidense G.W. Bush; y por el otro, permitió la convergencia de Argentina, Brasil y Venezuela, expresada en los proyectos kirchnerista, petista y bolivariano, en un aspecto clave: la comprensión de la importancia de la unidad, la complementariedad, la cooperación y, de manera especial, la creatividad en los procesos de integración. Algo que queda claro al repasar la línea cronólogica y política de creación del ALBA  en 2004, Petrocaribe en el 2005, el Banco del Sur en 2007, la UNASUR en 2008, el Consejo de Defensa Suramericano en 2009, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2011 (organismo del que no participan Estados Unidos ni Canadá);  y ahora, la ampliación del Mercosur hasta Venezuela y el Caribe.
En 1993, cuando se vivía el climax ideológico y cultural del neoliberalismo,  Fidel Castro pronunció un discurso en el cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo en La Habana, en el que advirtió: “Cuando hablamos de la integración económica y política de América Latina, hablamos, sobre todo, de una cuestión de conciencia, de una conciencia que hay que formar, de un pensamiento que hay que crear. Si no se crea un pensamiento, si no se crea una conciencia, nada será posible”[2].
En el siglo XXI, esa conciencia y ese pensamiento han echado raíces en una generación de líderes latinoamericanos. Sin duda, se están dado pasos hacia el horizonte de lo posible.

NOTAS:
[1] Martí, José (1889). “Congreso Internacional de Washington. Su historia, sus elementos y sus tendencias”. En: Achúgar, H. (comp.) (2005). Nuestra América. Caracas: Biblioteca Ayacucho. Pág. 57
[2] Castro, Fidel (2009). Latinoamericanismo versus imperialismo. México D.F.: Ocean Sur. Pp. 235-236.

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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales

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sábado, 4 de agosto de 2012

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía. 
Marcelo Saguier / ALAI
La oposición a la minería:  uno de los escenarios
de conflictividad socio-ambiental.
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).
No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.
Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.
La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.
La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.
El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.
El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad
La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).
La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.
Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.
Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.
La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera  524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.
El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.
Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.
El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.
En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).
En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.
 
Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.
 
– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

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Ecuador: ¿Revolución “popular” o “ciudadana”?

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sábado, 4 de agosto de 2012

En Venezuela el carácter “popular” del proceso ha provocado que los estratos populares se involucren directamente en la acción política, estén organizados y movilizados con auténtico fervor. En Ecuador, el carácter “ciudadano” no ha implicado la gran movilización ni la organización masiva de los sectores populares, pero sí un respaldo amplio y fuerte, “pluriclasista” al proceso que vive el país.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo (Ecuador)
En Caracas acaba de realizarse el II Encuentro de Historiadores de los países de la ALBA. Uno de los actos que coincidieron con este evento de los historiadores latinoamericanos fue la presentación de la imagen de Simón Bolívar, conseguida a partir de técnicas de antropología forense y la investigación realizada por un grupo de especialistas en la vida del Libertador.
Además, lo interesante del encuentro ha sido la participación de gente común. La historia convoca y a los venezolanos les gusta intervenir opinando sobre las exposiciones. Como toda visita, también es una oportunidad para conversar con diversas personas, observar directamente lo que ocurre y verificar los alcances y los límites de la Revolución Bolivariana.
Ante todo llama la atención el fervor que tienen los sectores populares cuando se refieren al presidente Hugo Chávez y a los logros y beneficios de los que ahora gozan, nunca antes alcanzados. Los sectores populares se identifican con el proceso bolivariano y lo defienden con pasión. Las “Misiones” les han sido inmensamente favorables y así lo reconocen. El pueblo está organizado y movilizado.
Sobre la base de esta experiencia, bien podría intentarse una aproximación teórica sobre los procesos que se viven, tanto en Venezuela como en Ecuador. Es posible afirmar que en Venezuela la revolución bolivariana tiene un carácter firmemente “popular”. En cambio, en Ecuador, la revolución ciudadana es, precisamente, mucho más “ciudadana”.
La propuesta es, por el momento, meramente conceptual. En Venezuela el carácter “popular” del proceso ha provocado que los estratos populares se involucren directamente en la acción política, estén organizados y movilizados con auténtico fervor. En Ecuador, el carácter “ciudadano” no ha implicado la gran movilización ni la organización masiva de los sectores populares, pero sí un respaldo amplio y fuerte, “pluriclasista” al proceso que vive el país.
Una revolución más “popular” tiene mejores garantías de supervivencia en el tiempo. Una revolución más “ciudadana” quizás no garantice el proceso con igual intensidad, aunque, obviamente, las condiciones son distintas en ambos países.
Pero esa distinción también permite observar que en Ecuador falta un trabajo político más extenso para consolidar la organización y la movilización de los sectores populares. Esta no es una tarea del Gobierno, pero sí la de Alianza PAIS, estructura política que ha descuidado ese papel.

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México: Soriana cierra filas con EPN

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viernes, 3 de agosto de 2012

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Como es del dominio público en política nada es casual. Por ello, no faltan razones a Jesús Zambrano para ironizar: “¡Qué casualidad que entre el domingo (29) y el lunes (30) lanzan bombas molotov en (Guadalupe) Nuevo León y un día después sale Soriana a responsabilizarnos!.

Acusar mediáticamente a tres dirigentes del Movimiento Progresista por la monumental incompetencia del gobernador Rodrigo Medina para brindar mínimos de seguridad a sus gobernados, en alianza con Felipe Calderón, es un despropósito político que el consorcio lagunero pagará con facturas aún más caras en términos de imagen entre la ciudadanía y sus clientes.
Baste un ejemplo. Las instalaciones de una sucursal de El Norte, la edición Sierra Madre, ubicadas en San Pedro, fueron atacadas el mismo 29 de julio por dos desconocidos. Es el tercer atentado en menos de tres semanas que sufre el periódico de los Junco de la Vega. El primero en “condenar enérgicamente” los hechos fue el gobernador de origen priísta, mismo que resultó elegido porque disponía de una “amplia experiencia” en seguridad pública. Es inolvidable que en sus primeras semanas de gobierno convocó a una marcha para condenar la entonces imparable ola de violencia, la que ahora es insoportable. Dicen los enterados que el gobernador Medina de la Cruz pernocta en McAllen, Texas.
Conocedores como pocos del drama que padecen su clientes en la zona metropolitana de Monterrey, los directivos de Soriana, en la voz de Humberto Fayad, exigieron a Andrés Manuel López y a sus colaboradores llamar a sus simpatizantes a “conducirse con legalidad, si no desean ser ligados a los ataques a las tiendas” de esa cadena. Y como juez sentencia a toda velocidad: “se sienten señalados, pues la única forma que no se sientan (…) es que dejen de estar manifestándose como lo hacen públicamente para este tipo de eventos” (sic). El noveno constitucional subordinado a los intereses mercantiles del consorcio y sus acuerdos con el Revolucionario Institucional.
El miércoles 25 Soriana publicó en la prensa un desplegado como inserción pagada en que responsabilizó a López Obrador, Ricardo Monreal y Zambrano “de todos los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones puedan sufrir en ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan (sic)”. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales fue mucho más lejos, solicitó a Calderón la intervención de la Policía Federal “con el fin de frenar la ola de violencia” contra Soriana.
El presidente del Partido de la Revolución Democrática con justificada razón estimó la desmesura de los dueños de Soriana –defendida a tambor batiente por el coro mediático– como una ruindad, pues crispan los ánimos sociales y el ambiente político. ¿Qué dirán ahora con la explosión de un coche bomba en una gasolinera de Mazatlán, Sinaloa, cercana a la tienda? Todo apunta a un montaje.
El cierre de filas de los dueños de la cadena con Enrique Peña y su partido, pone en relieve la desesperación de los actores involucrados en esta candidatura, llamada triunfante.
Desesperación que no disminuye con el fallo de la sala regional Toluca (¡otra casualidad!) del Tribunal Electoral que otorgó una diputación más al PRI, con lo que obtiene mayoría simple –251 de 500– en la Cámara de Diputados junto con su costoso aliado Verde.
Y menos aún cuando crece la pugna –Templo Mayor del diario Reforma– entre Jesús Murillo y Miguel Osorio, porque éste último fue el presunto autor de la idea de triangular recursos vía Monex.

“El dinero ilícito los desnuda”, revira AMLO. Y bien les recomienda: ¡Serénense¡.

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La locura del capitalismo en su forma neoliberal

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viernes, 3 de agosto de 2012

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)
La riqueza adquiere la forma de un espejo que
refleja lo peor que hay en la naturaleza humana.
Marie Corelli, “Las Penas de Satanás”, 1896

Hace poco, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández comentando sobre la actual crisis española, se preguntó: “¿entra en la cabeza de alguien que se les niegue a una actividad como la minería de 200 millones de euros y se ponga uno arriba del otro 23 mil millones de euros a un banco? ¿Es racional? ¿Es capitalismo o es locura?”.

Pensándolo bien, esta pregunta trasciende las fronteras de España abarcando nuestro planeta entero. En realidad, el capitalismo desde su nacimiento nunca ha sido un modelo racional. La base de su modo de producción consiste exclusivamente en la explotación del hombre por el hombre, en la separación de los medios de producción de la mano de obra, en la supremacía de la plusvalía sobre los valores humanos y en el individualismo separando al hombre de la sociedad. “La sociedad”, como dijo Margaret Thatcher, “no existe, existen los individuos”.
Por eso no es de extrañar que después de más de 300 años de experimentos del capitalismo, el mundo haya llegado a un punto de existencia humana completamente absurdo y extremadamente injusto. Resulta que actualmente en los países de desarrollo viven 1.300 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, otros 100 millones sobreviven en las mismas condiciones en los países industrializados y 120 millones más en Europa Oriental y Asia Central. Pero eso es nada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), unas 3.500 millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial que es de 7.000 millones, están condenados a la pobreza. Y todo esto está sucediendo cuando los recursos existentes tienen la capacidad de sostener a una población mundial diez veces mayor a la actual, de acuerdo a los estimados de la FAO.
¿Entonces, cómo se puede calificar al capitalismo en su presente forma globalizada neoliberal que condena a la pobreza la mitad de la población mundial? No hay otra definición lógica para este sistema que llamarlo criminal, pues mientras arroja a la mayoría de los habitantes del planeta al sufrimiento, permite al 0.2 por ciento de la población (11 millones de millonarios) controlar el 37 por ciento (50 millones de millones de dólares) de la riqueza mundial estimada en l50 millones de millones de dólares. Y si tomamos en cuenta que en los últimos cuatro años, a pesar de una severa crisis económica, el número de ricos crece al ritmo de uno a dos millonarios al año, llegaremos a la conclusión que para el año 2030 o antes, ellos controlarán el 50 por ciento de toda la riqueza mundial. Tampoco hay que olvidar el poder de 1.226 multimillonarios cuyo capital combinado asciende a 4.6 millones de millones de dólares. Son de 58 países, de los cuales 425 son de EEUU, 96 son de Rusia y 95 de China.
El modus vivendi de los millonarios consiste en una permanente lucha por aumentar su riqueza y para eso todo se vale, inclusive la fuga de capitales. El reciente Informe de Tax Justice Network 2012 (TJN) reveló que entre 1970 y 2010 los ricos escondieron en los paraísos financieros entre 21 a 32 millones de millones de dólares. Como dijo el autor de este informe, el economista James Henry, “hay algo allí y este algo está creciendo”. “Este algo” aumentó entre 2008 y 2010 en 18 por ciento e implica también una pérdida anual en impuestos (taxes) para el Estado en unos 240 mil millones de dólares. El mismo Barack Obama declaró hace poco que solamente en las Islas Caimán en un edificio llamado Ugland House, que es más conocido que el Wall Street y el London Stock Exchange, están operando 12.000 corporaciones norteamericanas.
De acuerdo al informe, la red del paraíso financiero constituida por unas 3,5 millones de compañías de cobertura, de seguros y de bancos que esconden el capital fugado en unos 80 países. Los más famosos refugios financieros se encuentran además de las Islas Caimán en Bermudas, la República de Nauru, La Isla de San Cristóbal y Nieves, La Isla Antigua, Suiza, Las Islas del Canal, Mónaco, la República de Chipre, Gibraltar, el Principado de Liechtenstein y muchos otros. El informe especifica que en estos refugios los ricos chinos escondieron 1,19 millones de millones de dólares, los rusos 799 mil millones, sudcoreanos 779 mil millones, árabes sauditas 308 mil millones. Los millonarios latinoamericanos tampoco rechazaron esta tentativa, los brasileños trasladaron 519 mil millones de dólares, los mexicanos 417,5 mil millones, los venezolanos 403 mil millones y los argentinos 399,1 mil millones de dólares. Como vemos el dinero no tiene frontera ni nacionalidad.
Lo curioso de este informe es que no indica a los millonarios norteamericanos a pesar de que sus bancos como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo and Goldman Sachs han sido tradicionalmente más activos entre el total de 50 bancos que participan en la huida del capital a los paraísos financieros. Hasta a Pinochet le ayudaron a esconder su dinero. Tampoco el informe trata de aclarar el complejo sistema financiero montado en los últimos diez años de globalización acelerada. Actualmente en el mundo financiero nadie sabe qué hacer con los derivativos cuyo valor es de 480 millones de millones de dólares que en realidad no existen. Esto significa que el valor de este dinero ficticio supera 10 veces el PBI de la economía mundial (48 millones de millones de dólares) y 3.2 veces toda la riqueza mundial (150 millones de millones de dólares). En realidad es una burbuja financiera artificialmente creada por los especuladores que en algún momento puede quebrar toda la economía mundial.
Sin embargo, los ricos no tienen cuidado de esto pues sus depósitos en los paraísos financieros están bajo la protección de los mejores y bien pagados especialistas encargados de cuidar y hacer crecer más sus capitales. Lo que más les interesa, además del dinero, es el poder que podría facilitar sus recursos financieros. Prácticamente todos los multimillonarios están en las juntas directivas de las grandes transnacionales que constituyen un camino seguro al poder que no es siempre visible. En su reciente libro “Private Empire ExxonMobil and American Power”, su autor Steve Coll anotó que el presidente de la ExxonMovil, Lee Raymond (1993 – 2005) que convirtió su empresa en la segunda más grande en el mundo con el capital de 450 mil millones de dólares, “no gestionaba su empresa como un ente subordinado a la política exterior norteamericana sino como un imperio privado”.
Solía decir Raymond que “no soy una compañía de los Estados Unidos y no tomo decisiones en lo que es bueno para EE.UU. La búsqueda de compromisos no es el estilo de la Exxon”. Lo que pasa en los Estados Unidos y también en Europa es que las corporaciones por medio de su equipo de cabilderos han logrado moderar las leyes obteniendo la posibilidad de definir ellos mismos las normas de las leyes a su favor. Es un camino seguro hacia el poder político encima de un Estado nacional. Precisamente por eso surgió la situación, según un estudio de un grupo de científicos de la Swiss Federal Institute of Technology bajo la dirección de James Glattfelder, unas 147 corporaciones transnacionales controlan más de la mitad de los recursos del mundo obteniendo un inmenso poder político.

Aumentar sus ganancias y su poder es una ambición sublime de los adinerados. La situación de la mayoría de la población no les interesa mientras esta mayoría esté silenciosa y abnegada. Los acaudalados empiezan a preocuparse solamente cuando surge un descontento. Lo reprimen o dan a los descontentos una pequeña dádiva. En este mismo juego ya tienen casi tres siglos. Igual, no cambia la definición de un rico que hizo el personaje central de la novela de Marie Corelli en “Las Penas de Satanás”, cuando Lucifer, disfrazado del multimillonario príncipe Lucio Rimáñez: “puedes hablar como un estúpido, reírte como una hiena, tener apariencia de un mandril pero si el sonido de tu oro es fuerte y atrayente, cenarás pronto con la misma reina del Reino Unido”.

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