Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)

A nivel nacional, la discriminación laboral femenina creció 58.3 por ciento de 2006 a 2011; el número de mujeres que experimentó este tipo de violencia pasó de 2.4 a 3.8 millones.

Esta situación que guarda una estrecha relación con la ausencia del Estado regulador en materia laboral, confirma la precarización de las mujeres trabajadoras y su desigualdad ilegal.
Para colmo, al analizar las cifras regionales se aprecia que en algunas entidades este crecimiento alcanza hasta 99.2 por ciento; es el caso de Veracruz.
Los estados que reportan los incrementos más significativos oscilan entre 99.2 y 81.7 por ciento; son siete: Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala.
En contraparte, y como se aprecia en la gráfica, en el Distrito Federal este fenómeno solamente creció 1.7 por ciento; de 33 entidades, Jalisco es la única con reducción en discriminación (datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006-2011 -Endireh-, elaborada por el Inegi).
El grupo más afectado son las mujeres casadas o unidas. En general la proporción es de 20.6 mujeres por cada 100, pero de nuevo este número crece hasta 26.2 en estados como Chihuahua, Querétaro, 25.7; Coahuila, 25.0, o Aguascalientes y Nuevo León, con 23.6 por cada 100 mujeres. Predominan las entidades con industria maquiladora.
Un elemento clave para dimensionar el problema de la violencia laboral es el acoso, pero por desgracia esta información se eliminó en la Endireh 2011.
Con información de 2006, por cada 100 mujeres 12.4 sufrieron acoso laboral, en especial las casadas o unidas y las solteras; en total fueron 1.3 millones de mujeres.
Los niveles más bajos de acoso correspondieron a San Luis Potosí y Tamaulipas; los altos a Jalisco, Puebla, Querétaro y Estado de México.
Bajo el supuesto de que en 2011 se mantuviera esta cifra de acoso (algo poco probable dado el crecimiento que mostró la discriminación), el número de mujeres con violencia laboral ascendería a 9.6 millones, ya que se sumarían acoso, discriminación, y 4.5 millones de mujeres que sufrieron incidentes de violencia laboral por embarazo, los cuales incluyen despido, disminución de salario y solicitud de prueba de embarazo.
Significa que en 2011 más de la mitad de las trabajadoras -52 de cada 100- fue objeto de violencia laboral (III trimestre 2011, ENOE-Inegi). Seguramente esta cifra se dispara con el incremento del acoso laboral que no registró la Endireh.
Son muy graves las deficiencias que muestra esta encuesta de 2011. Las fuentes de datos deben ofrecer nuevos conocimientos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a erradicar la violencia.
Es indispensable producir, sistematizar, analizar y difundir información sobre violencia de género; en este caso específico sobre violencia laboral contra las mujeres.
Debe considerarse que esta violencia tiene un costo económico para la sociedad, directamente para las trabajadoras y sus familias. Les impide el acceso a oportunidades y limita el disfrute de sus derechos.
Obstaculiza el bienestar y desarrollo de sus posibilidades en el mercado laboral y en la vida pública; constituye un mecanismo de control sustentado en relaciones de poder, creando graves problemas de salud ocupacional, como stress y “burn out” (fatiga crónica o ineficacia en el trabajo como consecuencia de extrema presión laboral).
Para el caso de la violencia patrimonial -despojo de sus bienes, recursos materiales o propiedades, incluso obligarlas a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona-, son 1.6 millones de mujeres, el grupo más afectado son “casadas o unidas”.
A nivel estatal, los niveles más altos corresponden a: Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, estas entidades fluctúan entre 5.0 y 4.4.
En lo concerniente al acoso laboral o “mobbing”, éste crea aislamiento, es un proceso intencionado, unilateral; son actos lesivos y tendenciosos a fin de que la víctima, o grupo de víctimas, abandone el puesto de trabajo o acepte condiciones precarias, ya sea en salario o prestaciones. Es discriminatorio, ya que da un trato diferencial a la trabajadora o grupo de trabajadoras.
Esta violencia está vinculada con el empleo precario y la flexibilización laboral, como la que se vive actualmente en México.

Heinz Leymann, psiquiatra alemán, lo definió como “un fenómeno en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas, respecto de las que mantiene una relación asimétrica de poder en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar del trabajo”.

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