Piden a Segob cumplir sentencias de la CoIDH en casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 16 de julio de 2012

Carta Pública
OSC de DH

  • Carta Pública. Cumplimiento Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Reciba un cordial saludo de parte de las agencias y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente. En esta ocasión nos dirigimos a usted para reiterar la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, con quienes usted personalmente se comprometió en el marco de los Actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional derivados de esos fallos.

Han transcurrido casi dos años desde que fueron emitidas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo a la fecha, de acuerdo con la información con la que contamos, el cumplimiento de los resolutivos en materia de Salud, Educación, Reparaciones Comunitarias e Indemnizaciones, prevalecen graves rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas. Respecto a los avances en el eje de Justicia, si bien celebramos y reconocemos la importancia de la remisión de las investigaciones del fuero militar al fuero civil, hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de diez años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial.

Tenemos conocimiento que se han realizado diversas mesas de trabajo en la Ciudad de Chilpancingo en el marco de la sentencia de la Sra. Inés Fernández Ortega, y que el día de mañana martes 17 de julio, se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, en la cual esperamos que se presenten acciones concretas que se traducirán en un cumplimiento de dichos resolutivos y no en mayor incertidumbre y espera para la señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Sr. Secretario, queremos tener confianza en que usted sabrá reconocer la relevancia que tiene para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo el que las autoridades que se comprometieron con ellas cumplan con las obligaciones del Estado mexicano. Siendo inminente la conclusión de esta administración, la Secretaría que usted encabeza tiene una última oportunidad de dejar un legado respetable en materia de derechos humanos mediante el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana.

Por nuestra parte, continuaremos atentas al proceso de cumplimiento de las sentencias y acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que su proceso concluya con verdad, justicia y reparación.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva, la cual agradeceríamos envíe a la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. Agnieszka Raczynska al correo electrónico: aga@redtdt.org.mx.

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación

PRESENTE

A t e n t a m e n t e,

Internacionales: Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture/ Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Alemania); Servicio Internacional para la Paz/International Service for Peace; Misereor (Alemania); Organización Mundial contra la Tortura; Washington Office on Latin America (Estados Unidos). Nacionales: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la república mexicana.

Exige justicia para Mar, agredida y explotada sexualmente

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 8 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Indignación

  • Actúa de nuevo y exige justicia para Mar

El de Mar es un caso de grave violencia física, sicológica y sexual. Su vida y la de su familia estará en riesgo si el agresor sale libre. El caso se refiere a dos mujeres, madre e hija, que durante años fueron agredidas y explotadas sexualmente por el padrastro de Mar, que la embarazó cuando ella tenía 11 años y comenzó a explotarla sexualmente desde que ella tenía 15. Incomprensiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán lo liberó del delito de violación y sólo es juzgado por lenocinio, que no es un delito considerado grave.

Desde octubre de 2010 Mar presentó nueva denuncia, ahora por violación equiparada. Más de 350 personas, entre ellas seguramente tú, acompañamos la exigencia al fiscal, hecha también a la gobernadora y al Instituto para la Equidad de Género de Yucatán: realizar las pruebas de ADN y consignar el expediente a la brevedad.

La fiscalía no realizó la prueba de ADN —no cuenta con los instrumentos para realizarla ni se hizo cargo del costo— pero Mar la solventó con la solidaridad nacional e internacional y aportó la prueba desde desde el 1 de septiembre de 2011.

15 meses después de presentada la denuncia y 6 meses después de contar con los resultados de la prueba, el fiscal no ha consignado el expediente, que se encuentra ya cerrado y, desde noviembre de 2011, en el área de Consignaciones de la fiscalía.

¿Por qué no actúa la Fiscalía? ¿Por qué no ha consignado el expediente? ¿Querrá proteger o salvar a los magistrados que determinaron que no fue violada?

Exígele al Fiscal que consigne el expediente de inmediato

Rellena el formulario de la página siguiente con tu nombre, correo electrónico y lugar de residencia. Al presionar “enviar”, dirigiras un correo electrónico.

Da click y firma ahora

Justicia plena, exige Indignación, en grave caso de violencia de género

Contacto: derechoshumanos@indignacion.org · Equipo Indignación, A.C.· Teléfono y fax: +52 (999) 913 70 21

Justicia para las mujeres de Atenco, una obligación ineludible del Estado mexicano

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Difusión Cencos México D.F., 24 de noviembre de 2011

Boletín de prensa
Centro Prodh /  CEJIL / OMCT / PUEG

  • La investigación sobre las graves violaciones cometidas en Atenco ha estado “inactiva” y ningún proceso ha sido iniciado por tortura, establece la CIDH al admitir el caso.
  • En el Foro Atenco: Mujeres en resistencia convocado hoy para analizar la tortura sexual perpetrada por agentes del Estado, tanto mujeres víctimas de Atenco, como también expertas en violencia de género compartieron experiencias y estrategias para avanzar hacia la erradicación de este flagelo.

El día de hoy, durante el foro académico/vivencial contra la tortura sexual, Atenco. Mujeres en resistencia. Alto a la tortura sexual como estrategia de estado para desmovilizar y generar miedo, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG), las mujeres denunciantes de los actos de tortura sexual y privación ilegal y arbitraria de la libertad, cometidos por policías en mayo de 2006 en San Salvador Atenco compartieron con los asistentes lo que para ellas han significado los últimos cinco años de luchar por la justicia.

En compañía de prestigiosas expertas en temas de violencia de género, otras mujeres sobrevivientes o que acompañan casos de tortura sexual, representantes de organizaciones internacionales y personas interesadas en el tema, las mujeres demandaron la oportuna y adecuada sanción a los responsables.

Cabe destacar que recientemente se logró un avance importante cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso interpuesto por once mujeres con la representación del Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  En el informe 158/11 de admisibilidad, la CIDH concluye que el examen internacional del mismo es pertinente, dada la demora injustificada de las investigaciones internas. En este sentido, el órgano interamericano “observa que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron [sin que] el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones.”  Establece que la averiguación ha permanecido “inactiva” por prolongados periodos y que de la información más reciente presentada por el Estado no se desprende que la investigación “esté tramitada oportunamente.”  Resulta particularmente grave para la CIDH que “sólo en 2 de las 11 denuncias presentadas en este caso, las autoridades han ejercido acción penal”, “ninguno de los procesos que se iniciaron fueron por el delito de ‘tortura’”, y que además ninguno terminó en sentencia condenatoria, dejando el caso en impunidad total.

Los hechos del caso también han sido expuestos en informes alternativos presentados por el Centro Prodh y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ante el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.   Ambos órganos exigieron hace cinco años que se hiciera justicia en el caso y en el transcurso del año 2012 los dos volverán a evaluar las acciones emprendidas por el Estado para ese fin.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse este 25 de noviembre, recordamos que la tortura sexual constituye uno de los más graves actos de violencia y discriminación hacia las mujeres, considerándose aun más grave cuando es cometido por agentes del propio Estado, máxime cuando luego queda impune. Tal y como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la violencia contra la mujer es en cualquier circunstancia “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y se impone a todo Estado el deber de abstenerse de cualquier práctica de violencia contra la mujer, así como actuar con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestro repudio por la tortura sexual cometida por agentes estatales en Atenco y exigimos que el Estado tome de forma inmediata acciones efectivas para poner fin a la impunidad prevaleciente en el caso, con el fin de avanzar hacia la eliminación de este y todo tipo de violencia contra la mujer.

Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG)

[1] Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6/2/07), Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19-20; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25/8/06), Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14-15. Ver también www.omct.org/files/2010/12/20981/women_atenco__follow_up_report__dec_201….

23 de noviembre de 2011

Conoce el sitio: porellas.org

El Estado cuestiona el testimonio y la participación de militares en violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las sentencias emitidas en su contra

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Difusión Cencos México D.F., 14 de febrero de 2011

Boletín de prensa
OPIM / Tlachinollan / Cejil

La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”

En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.

En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.

Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.

Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.

Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Para mayor información comunicarse con:

Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tel.: + (1) 202 319 3000
Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220. Celular: 045 757 106 6095

México DF, 11 de febrero de 2011.

Más noticias censuradas 2009-2010: Militares de Estados Unidos violan a mujeres soldados

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martes 26 de octubre de 2010

 

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Los aparentemente varoniles militares de Estados Unidos matizan sus tropelías por el mundo ajeno violando a menudo a sus propias camaradas de armas del sexo opuesto, mientras plagan de guerras imperiales el planeta para “llevar la paz” o simplemente imponer “la democracia y la libertad” (de mercado).

Según algunos casos investigados para un documental periodístico, una mujer militar se suicidó después de ser violada por sus camaradas de armas en Iraq; otra que también abrazó la carrera de las armas fue violada dos veces mientras prestó servicios al ejército de Estados Unidos y ahora es activista de las veteranas de guerra que fueron forzadas sexualmente mientras servían a la gran patria estadounidense; una tercera fue violada varias veces por su jefe de escuadrón cuando se encontraban en Iraq; y una cuarta mujer uniformada fue violada en una base militar en Estados Unidos. Ninguno de los violadores fue castigado, mientras 1 de cada 3 mujeres que se enrolan resultan “pasadas por las armas” por sus superiores, asegura el movimiento Veterans for Peace (Veteranos por la Paz).
Foto: Suzanne Swift
Estas crónicas rojas y amarillas nunca aparecen en los principales medios de información y propaganda de Estados Unidos, ni de las naciones desarrolladas europeas aliadas de Washington, pese a que a menudo escarban la situación de la mujer en países islámicos y sus gobiernos dictan cátedra sobre derechos humanos en la ONU y el Tribunal Penal Internacional.
Foto: Mercedes Gallego
La mayoría de las potencias occidentales, como Estados Unidos y Alemania, fabrican y venden armas para provocar guerras en países pobres donde después intervienen sus tropas invasoras para llevar a cabo “misiones de paz”, como ocurre en el empobrecido Afganistán, donde hoy existe la mayor concentración militar en una sola nación nunca conocida por la historia, con tropas de 45 países OTAN, que pronto aumentarán a 50. Estas noticias censuradas tampoco aparecen en la prensa y TV chatarra de países chicos y dependientes, pero con gobiernos serviles, que se lucen en el gran circo romano de la pantalla chica aportando también sus cuotas de carne de cañón de gente pobre destinada a morir por la grandeza del imperio de la libertad y la democracia.
Foto: Ann Wright
Noticias censuradas “on line”
El Proyecto Censurado (PC) de la Universidad Sonoma State de California comenzó a publicar on line historias periodísticas como estas violaciones militares, a lo largo de todo el año, para comentarios y discusión pública, como parte de la selección para el ranking anual “Censurado 2011”. Las historias periodísticas fueron verificadas por académicos y estudiantes que comprobaron los hechos y validaron la información censurada por los grandes medios, en un esfuerzo común con numerosas otras casas de estudio superiores afiliadas al Proyecto en diferentes países.
El seguimiento del PC a centenares de noticias ocultadas también investiga su eventual cobertura parcial en los medios corporativos en alguna etapa del desarrollo de los hechos. Ingresando a una base de datos Lexis Nexis, puede hallarse y comentarse lo que el Proyecto llama “noticias independientes validadas”, a través del sitio web http://www.mediafreedominternational.org/ (Libertad Internacional de los Medios). La página web ofrece información sobre estas historias y nuevas noticias ocultas desenterradas por una red mundial de investigadores independientes, colegas académicos y universidades afiliadas al Proyecto.
Violaciones de mujeres militares
Algunas de las propias víctimas de violación militar contaron su historia a las periodistas Pacale Bourgaux, de Bélgica, y Mercedes Gallego, de España, quienes estuvieron en Iraq como corresponsales de guerra “incrustadas” en las tropas estadounidenses, pero también investigaron en 2007 numerosas violaciones perpetradas por militares de Estados Unidos para el documental de 29 minutos “Rape in the Ranks: The Enemy Within” (“Violación en las filas: el enemigo adentro”), exhibido el 26 de octubre 2009 en el Festival de Cine Independiente de Nueva York. El film fue elogiado por la escritora Ann Wright y algunas imágenes se mostraron en el canal progresista Democracy Now!, de NY durante una entrevista a la directora Pascal Bourgaux. También salió una versión DVD que se obtiene por Internet.
La cuestión que más alarma a las autoras del film y a activistas como Wright, que de alguna manera hoy enfrentan al poder imperial tras haberlo servido, es que muchas mujeres comienzan a sufrir violación desde que son adiestradas en bases en Estados Unidos, pero éste es un tema tabú que nunca se debate ni publica en los medios. Tampoco motiva a los directores de cine que saturan la TV-Basura con películas de propaganda de guerra perpetua, según los cánones de sus financistas, el poder real de Estados Unidos, es decir, el llamado complejo militar-industrial-mediático, cuyo portero-maestro de ceremonias de turno, Barack Obama, ilusionó a muchos con el lema “Güi kan chein!” (¡Podemos cambiar!), pero en 20 meses demostró que el color de la piel, el discurso engañoso y la juventud por sí mismos no son suficientes para cambiar nada. Además, Obama “no corta ni pincha” el verdadero poder estadounidense y da lo mismo que sea demócrata o republicano, negro o blanco, joven o viejo.
Las periodistas Bourgaux y Gallego estuvieron en Iraq como corresponsales de guerra “empotradas” en las fuerzas de Estados Unidos y allí emplearon su tiempo conociendo y conversando con mujeres de las tropas estadounidenses que fueron víctimas de ataques sexuales y violaciones de sus compañeros de arma masculinos. Gallego, que también es autora del libro “Más allá de la batalla” (Temas de Hoy), permaneció 5 semanas “incrustada” en la 1ª División de Marines en Iraq. En diciembre de 2003, relató a la revista española Fusión: “Curiosamente, los problemas que tuve no fueron con la tropa sino con los oficiales. Nada más llegar al campamento las [mujeres] marines me recomendaron que vistiese de forma masculina y no aceptase favores de ningún soldado. Viví situaciones duras. Sobreponerse a esto, yo lo llamo el esfuerzo por mantener la cordura”. (1)
La periodista aludió cierta “fragilidad” en las tropas del país más poderoso de la tierra. “Supongo que la reflexión la voy y la estoy haciendo poco a poco”, le dijo a Fusión en 2003. “Una muestra de esa fragilidad es el carácter de la tropa, un poco infantil, pero tal vez eso sea necesario dentro del ejército americano porque es el tipo de gente moldeable que puedes adoctrinar. Posiblemente lo que nosotros vemos como fragilidad es para ellos un molde perfecto que les permite adoctrinar a aquella gente”.
Casos concretos de violaciones
Tina Priest fue violada en Taji, Iraq, y después fue encontrada muerta de un tiro en su dormitorio, el 1 de marzo de 2006, dos semanas después de denunciar que otro soldado la había violado. “Di a mi hija al ejército de este país, y nos han decepcionado”, dijo su madre, Joy Priest. (2)
El ejército anunció oficialmente que Tina se suicidó, pero su muerte ocurrió 11 días después de haber sido violada. Ni la madre ni su hermana, Joy hija, creen que realmente se dio muerte por sí misma. Según los pocos comentarios publicados, el documental registra intervenciones notables de madre e hija y de algunos oficiales del ejército entrevistados en Fort Hood, quienes conocieron a la víctima. Nunca procesaron al violador de Tina Priest.
Una supuesta investigación conducida en Iraq por la 4ta División de Infantería con base en Fort Hood, en la que sirvió Tina, concluyó que “no hay pruebas suficientes para continuar la investigación de violación”, pero a la escéptica familia de la víctima le negaron el informe final, que en cambio fue obtenido por el periódico The Hartford Courant, de Connecticut, aumentando la cólera de las Priest. “Necesito algún cierre”, dijo la madre de Tina. “Quiero saber ¿por qué un periódico puede conseguir una copia de ese informe y nosotras no podemos?”
Jessica Kenyon fue violada dos veces durante su carrera de apenas un año en el ejército de Estados Unidos, donde recibió formación básica y sirvió una vez en Corea. Para la periodista y documentalista española Barbara Celis, residente en Nueva York, es “muy perturbador escuchar a alguien como Jessica Kenyon, violada dos veces, una vez en Estados Unidos y otra en Corea. Ella abandonó al ejército porque en sus propias palabras ‘era la única manera de escaparse’. Sus violadores están libres y seguro que nunca serán castigados. Ahora Jessica aconseja a otros veteranos que han sido violados [mujeres y hombres del ejército] a través de una línea de ayuda (1888 483 8725) y recibe cerca de 30 llamadas a la semana”. Nunca procesaron a los violadores de Jessica Kenyon (http://www.militarysexualtrauma.org).
Jessica Kenyon trabajó como mecánica de escuadrilla de helicópteros. Perteneció a una unidad donde antes hubo pocas mujeres e imperaba una cultura de tiranizar y perseguir, según relató en una entrevista de TV transmitida en Australia. (4) El acoso sexual en todos los niveles era corriente, y las mujeres eran una fuente de mofa. Al exhibir un vídeo filmado en su base, Jessica mostró como su comandante se burló y humilló durante más de 4 horas a un soldado joven después que descubrieran su virginidad.
“Es importante para nosotros que [las víctimas] puedan hablar por quienes no pueden hacerlo, mentalmente, emocionalmente o por lo que sea”, declaró Jessica Kenyon. Exhibió un video grabado en su antigua base de la 2da División de Infantería de la aviación de Estados Unidos en Corea para mostrar la cultura castrense en la celebración de un cumpleaños. “Precisamente, debió ser un bonito ritual de cumpleaños para la novatada”, explicó Kenyon, pero la celebración consistió en atar al joven festejado a una silla, voltearlo con los pies hacia arriba y enseguida, arrojarlo al fango.
Suzanne Swift fue repetidamente violada por su jefe de pelotón mientras prestó servicio en Iraq en 2004 y 2005. Fue detenida el 11 de junio de 2006 y sometida a un consejo de guerra el 14 de diciembre por negarse a volver a Iraq en enero del mismo año, cuando fue reasignada a la misma unidad en que su violador todavía desempeñaba la jefatura. El violador nunca fue procesado, retornó a Iraq al servicio de contratistas privados de seguridad y más adelante consiguió un cargo en una agencia policial del área de Seattle, en Estados Unidos.
La soldado Swift fue sentenciada a 30 días de confinamiento y a permanecer con los militares hasta 2009 por abandono de las filas sin permiso. “Susana hizo frente a su consejo de guerra con fuerza y entereza. Estoy más que orgullosa de ella”, dijo su madre, Sara Rich. Suzanne abandonó a los militares y ahora estudia en la universidad.
Stephanie (su apellido se mantuvo en reserva), fue una mujer casada violada en Fort Lewis, Washington. Como la mayoría de las mujeres violadas por sus jefes militares, nunca denunció el crimen porque pensó que nadie le creería debido a que su violador era un antiguo oficial. Stephanie y su marido se desempeñaron prestando ambos servicios en Iraq, pero su cónyuge se suicidó después de regresar a Estados Unidos. Stephanie denuncia con frecuencia la alta tasa de suicidios militares.
Estos casos documentados representan apenas la punta del témpano. Veteranos por la Paz ofrece calcomanías que rezan: Peligro: 1 de cada 3 mujeres son violadas en el ejército”. Según el informe 2008 de Victimización Criminal del ministerio de Justicia de Estados Unidos, 1 de cada 6 mujeres militares denunció intentos de violación o fue violada.
En otro acontecimiento, la organización Veteranos por la Paz puso en marcha a principios de octubre 2009 la campaña Conciencia sobre la Violación Militar, inaugurándola con una rueda de prensa en la Estación de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas en Times Square, Nueva York. Hablaron de la violencia contra la mujer la activista Eve Ensler, también dramaturga conocida por su obra “Monólogos de la vagina”, y la ex sargento Sandra Lee, otra víctima sobreviviente de abusos sexuales militares, quien relató sus traumas post-violación.
Veteranos por la Paz pidió advertir a las mujeres sobre el riesgo de violación militar colocando carteles en las puertas de la estación de reclutamiento. Por el momento, reparten pegatinas que anuncian: “¡Peligro!: 1 de cada 3 mujeres son violadas por los militares”.
Estadísticas oficiales de asaltos sexuales militares
• 23% de las mujeres reclutadas padecieron agresión sexual militar
• 11% sufrió violación
• 1,2% de hombres también experimentó violación
• Ramas con el porcentaje más alto de mujeres que denuncian trauma sexual: Ejército (cambiado recientemente a Cuerpo del Marines)
• 20% de las mujeres que buscaron asistencia en dependencias del VA (sigla en inglés del Dpt. de Asuntos Veteranos de Estados Unidos) reportaron trauma sexual
• 1% de hombres que buscaban cuidado en las instalaciones del VA han experimentado trauma sexual
• 8,3% de mujeres informaron que en el curso de su vida padecieron desórdenes de stress post-traumático (PTSD) relacionado con trauma sexual militar (MST)
• Más de la mitad de los incidentes ocurrieron en un sitio de trabajo militar y en horas de trabajo
• La mayoría de los agresores de estos casos fue personal militar
• Los factores que aumentan el riesgo de agresión sexual para las mujeres en servicio activo incluyen la presencia de oficiales que permiten el acoso sexual indeseado y no le prestan atención
Estos datos fueron publicados por MilitarySexualTrauma.org, ahora integrante Benefiting Veterans, con datos obtenidos en las siguientes fuentes gubernamentales:
– Departamento de Defensa: Informe Anual 2006 sobre Asaltos Sexuales en los Servicios Militares
– Departamento de Asuntos de Veteranos, “Trauma Sexual Militar entre los Miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas”
– Diario Americano de Medicina Industrial, 2003. “Factores Asociados al Riesgo de Violación de Mujeres en el Ámbito Militar”, Anne Sadler y otros.
Alarmantes cifras de trauma sexual en las fuerzas armadas
• 2006: 2.947 agresiones sexuales denunciadas
• 2006: 1.167 agresiones sexuales de miembros del servicio reportadas
• 2007: 2.714 agresiones sexuales divulgadas
• 2007: 2.085 agresiones sexuales de miembros del servicio reportadas
A Jessica Kenyon le llama la atención que estas cifras están a disposición de los grandes medios, sin ninguna restricción, pero ninguno se interesa en divulgarlas. Dijo que en el mundo civil solamente el 40% de las mujeres está dispuesto a denunciar estos incidentes a la policía, según datos de RAINN (5) y añadió que “mi experiencia es que el conocimiento público de la información reduce significativamente los porcentajes de asalto o violación entre los militares. (6)
Notas:
5) RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network (Red Nacional de Violación Abuso e Incesto)
6) Más información en RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network (Red Nacional de Violación Abuso e Incesto)
Fuentes:
Rape in the Ranks: The Enemy Within, Noticia de Validación Independiente.
Wright, Ann. “Rape in the Ranks: The Enemy Within.” OpEd News, 27/10/2009: “Violación en el escalafón: El enemigo interior”. http://www.opednews.com/articles/Rape-in-the-Ranks- The-Ene-by-Ann-Wright-091027-923.html, 3/12/2009, http://www.opednews.com/articles/Rape-in-the-Ranks–Ene-por-Ann-Wright-091027-923.html
Estudiantes investigadores: Anna Kung, Shannon Cree y Delana Colvin
Instructor académico: Kevin Howley, Profesor Asociado de Ciencias de la Información, Universidad de DePauw

Evaluador: Christopher Bondy, profesor adjunto de Sociología de la Universidad de DePauw

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Publicado por ARGENPRESS

EE.UU.: Inmigrantes en detención en riesgo de sufrir abuso sexual

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Difusión Cencos México D.F., 26 de agosto de 2010

Boletín de prensa

HRW

* El Gobierno debería actuar con diligencia para incrementar la protección y mejorar los procedimientos

El Gobierno de Estados Unidos necesita reforzar la protección de las personas bajo su custodia en los centros de detención de inmigrantes para prevenir los abusos sexuales y garantizar justicia para las víctimas, Human Rights Watch señaló en un nuevo informe publicado hoy.

El informe de 24 páginas, “Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos”, describe incidentes y acusaciones de abusos documentados. También evalúa las recientes propuestas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para resolver este problema. Human Rights Watch resaltó que la agencia debería tomar medidas con diligencia para mejorar la supervisión de todo el sistema de detención inmigratoria y garantizar la rendición de cuentas.

“El ICE finalmente ha reconocido la necesidad de una mayor protección contra los abusos sexuales para las personas en centros de detención, pero necesita ponerse al día rápidamente”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “El ICE necesita implementar nuevas normas y asegurarse de que tengan el peso suficiente para garantizar que los cientos de centros de detención en todo el sistema las cumplan”.

Human Rights Watch también expresó su preocupación de que los cambios que propone el ICE tengan un impacto limitado si sólo introduce modificaciones a sus normativas. La agencia se ha negado a implementar regulaciones legalmente vinculantes para lidiar con los problemas de las condiciones en los centros de detención.

El ICE ha sugerido muchos de los cambios a los estándares desde que se hicieran públicas en mayo las acusaciones de que un guardia empleado por una empresa privada contratada, la Corrections Corporation of America (CCA), en el centro de detención de inmigrantes T. Don Hutto, en Texas, había agredido sexualmente a varias detenidas. El guardia, que fue arrestado el 19 de agosto de 2010 bajo sospechas de opresión oficial y retención ilegal, supuestamente manoseó a varias mujeres mientras las trasladaba a un aeropuerto y a una estación de autobuses donde iban a ser puestas en libertad.

Los cambios propuestos a las normativas incluyen medidas de prevención como la prohibición de que los guardias puedan registrar a personas detenidas del sexo opuesto, y la imposición de restricciones sobre cuándo pueden trasladar a personas detenidas del otro sexo. El ICE también planea publicar un protocolo de detenciones revisado sobre abusos sexuales que incluirá mejoras en los procedimientos médicos requeridos en casos de violación y mejores trámites de recopilación de información sobre incidentes de abusos.

Human Rights Watch insistió en que son necesarias mejoras más amplias a las políticas para limitar los registros innecesarios de las personas detenidas y asegurarse de que las víctimas de abuso sean informadas sobre la disponibilidad de visados que les permitirían permanecer en EE.UU. para poder cooperar con las autoridades de aplicación de la ley en los procesos penales relacionados a estos abusos.

“Otorgar a los estándares de detención la fuerza vinculante de una ley es primordial para remediar una serie de abusos”, señaló Rhoad. “La reticencia del ICE en este punto comunica un mensaje equivocado a los centros de detención y a las personas detenidas que se encuentran bajo su custodia”.

Se desconoce en gran medida la frecuencia con que se producen estas agresiones sexuales, abusos y acosos en los centros de detención. La Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), recopila algunos datos sobre el problema, incluyendo incidentes en centros dirigidos por, o exclusivamente para, el ICE. Sin embargo, no tabula el número de agresiones contra personas inmigrantes detenidas en prisiones estatales y municipales donde el ICE alquila una porción de las camas disponibles.

En su informe de junio de 2009, la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, creada por el Congreso, especifica que las personas inmigrantes detenidas enfrentan condiciones especialmente difíciles a la hora de denunciar abusos, incluyendo la falta de información sobre las normas de conducta del personal penitenciario y el miedo a quejarse en contra de la misma autoridad que está tramitando su deportación.

“Es muy posible que los incidentes que conocemos no sean más que la punta del iceberg, porque las personas que pueden haber sido víctimas de abusos suelen ser deportadas en la mayoría de los casos”, afirma Rhoad. “Necesitamos con urgencia que el ICE mejore el sistema de trámite de las denuncias de abusos que presentan las personas detenidas y que publique información que clarifique el alcance del problema”.

Partiendo principalmente de una revisión de estudios gubernamentales e independientes, la cobertura de distintos medios de comunicación y las demandas interpuestas, el informe de Human Rights Watch recopila incidentes y denuncias documentados de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención de inmigrantes desde que el ICE fue fundado en 2003.

En uno de estos incidentes, cinco mujeres detenidas en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel, en Texas, fueron agredidas en 2008 cuando un guardia, Robert Luis Loya, entró en sus habitaciones en la enfermería del centro de detención donde estaban ingresadas. Loya les dijo que estaba operando bajo instrucciones médicas, les pidió que se quitaran la ropa y tocó partes íntimas de sus cuerpos.

En 2007, una víctima de tráfico humano fue atacada sexualmente en una cárcel de Florida con la que el ICE tenía un contrato de alquiler de espacio para inmigrantes detenidos. Mujeres detenidas bajo cargos penales que compartían el mismo dormitorio agredieron a la víctima de tráfico humano cuando estaba parcialmente incapacitada por efecto de los sedantes que le fueron administrados.

Entre las recomendaciones clave del informe destacan las siguientes:

Al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

* Aprobar normas de detención legalmente vinculantes que sean aplicables en todos los centros de detención.
* Nombrar a un coordinador de la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA, por sus siglas en inglés).
* Publicar información sobre los incidentes de agresión sexual denunciados.

Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

* Asegurar que las denuncias de abusos sexuales sean investigadas exhaustivamente.
* Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normativas de detención por parte de los centros de detención.
* Acelerar la implementación de la normas de detención sobre la prevención y la respuesta a las agresiones sexuales y abusos en todas las instalaciones que alberguen a detenidos del ICE.
* Exigir a los centros de detención que faciliten el acceso in situ a los proveedores comunitarios de servicios de apoyo para las víctimas de abusos sexuales.
* Estandarizar los procedimientos para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos de socorro, incluyendo la liberación y la disponibilidad de visados para permanecer en EE.UU. y colaborar con las autoridades de aplicación de la ley.
* Exigir que los centros de detención tengan sospechas razonables de infracción antes de tocar a los detenidos para registrarlos (pat-down searches).
* Garantizar que se informe a los detenidos de cuáles son sus derechos en relación a agresiones sexuales, abusos y acosos.

Al Departamento de Justicia de EE.UU.

* Aprobar sin demora regulaciones basadas en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en EE.UU.
* Revisar la experiencia del departamento en la persecución de los casos de agresión sexual y los abusos en centros de detención de inmigrantes con la intención de mejorar los procedimientos y tasas de procesamientos judiciales.

Al Congreso de EE.UU.

* Exigir la publicación de los archivos del ICE relacionados a casos de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención.
* Aprobar una legislación que fije estándares para las condiciones en los centros de detención.

Abusos sexuales en la Iglesia y su sistema de protección Carlos Lombardi (MDZOL)

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sábado 24 de abril de 2010

Un reconocido experto mendocino en derecho constitucional, especializado en asuntos religiosos, da su extensa opinión sobre los abusos de menores cometidos por miembros de la Iglesia. Y se pregunta: ¿En Mendoza no hay registros de abusos de este tipo, como los que surgen a diario en el mundo?. Los abusos sexuales de parte de miembros del clero católico nuevamente tomaron estado público ante otra oleada de casos, que en esta oportunidad comprende a países como Irlanda, Alemania, Holanda, Italia y Suiza. El escándalo que tomara estado público en EE.UU. en el año 2000, devenido ahora en bochorno, ha merecido de la jerarquía eclesiástica no sólo explicaciones sino justificaciones diversas. Agrupemos algunas por su principal característica: a) Ensañamiento contra la Iglesia Católica: manía persecutoria reflejada en declaraciones que ponen énfasis en supuestas campañas de descrédito de la Iglesia, que intentan minar su credibilidad, eventuales complots laicistas, ataques a la institución y al Papa. Ejemplo, las declaraciones del arzobispo de La Plata Héctor Aguer: “En estos últimos días los ataques a la figura del papa Benedicto XVI, a su persona y a su acción, han sido tan feroces y tan conectados globalmente que merecen una reflexión y una respuesta” (Cf. “Claves para un Mundo Mejor”, América TV). En la misma línea, las palabras de Giuseppe Versaldi, obispo de Alessandria, Italia (Cf. “El escándalo de los abusos sexuales de menores”). b) Minimizar el problema: son sólo algunos sacerdotes los abusadores y un porcentaje mínimo de delitos. Como si uno, cien o mil abusos sexuales cambiaran la situación. Un solo caso de abuso sexual contra un niño, no denunciado, ni sancionado, convierte al autor, y los cobardes que omitieron la denuncia, en criminales. Sólo en Irlanda fueron miles los menores abusados: “Tras nueve años de pesquisas y más de 2.000 testimonios, una investigación ha concluido que la cúpula de la Iglesia católica irlandesa conocía el abuso “endémico” al que eran sometidos los 35.000 niños que entre los años cincuenta y los ochenta se acogieron a sus instituciones” (Cf. “La Iglesia católica irlandesa conocía el abuso “endémico” de 35.000 niños”, en http://www.elpais.com, 14/04/2010). La investigación a la que alude la nota es el informe Murphy, que fuera precedido por el informe Ryan. c) La generalización: no sólo en la iglesia se producen casos de abusos sexuales, sino en otras instituciones como en escuelas y religiones no católicas. Por lo tanto es injusto hacer hincapié sólo en la Iglesia Católica. Ejemplos: las declaraciones del portavoz de la Santa Sede: “Ciertamente, los errores cometidos en las instituciones y por responsables eclesiales son particularmente reprobables, dada la responsabilidad educativa y moral de la Iglesia”. “Pero todas las personas objetivas e informadas saben que la cuestión es mucho más amplia, y concentrar las acusaciones sólo en la Iglesia lleva a falsear la perspectiva” (en http://www.zenit.org/article-34573?l=spanish). d) Pedidos de perdón: contenidos en discursos vacíos, por parte de aquellos obispos que han tenido responsabilidad por no haber denunciado oportunamente a las autoridades civiles los abusos, incluido Benedicto XVI con su carta a los católicos de Irlanda. e) Gestos y discursos infames y grotescos: como el del primado irlandés, Séan Brady, quien entregara en mano a un niño la carta del Papa a los católicos de ese país (ver foto que acompaña la nota titulada “El Papa indigna a las víctimas de abusos en Irlanda”, en http://www.publico.es); o el discurso del predicador papal Raniero Cantalamessa quien el pasado viernes santo comparó los “ataques” al Papa con el antisemitismo; o las declaraciones del cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos quien envió en 2001 a un obispo francés una carta donde lo felicitaba por no haber denunciado ante las autoridades civiles a uno de los curas de su diócesis, que había abusado sexualmente de nueve menores (Cf. http://www.elpais.com/…/cardenal/felicito/prelado/encubrir/abusos/menores/). f) Hipocresía y cinismo: como las declaraciones de Ratzinger: “Comparto la desazón y el sentimiento de traición”… “He decidido escribir esta carta pastoral para expresaros mi cercanía, y proponeros un camino de curación, renovación y reparación” (Carta pastoral de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda). Cabe recordar que este señor fue quien firmó en 2001 las “Normas para los Delitos más graves”, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, donde se ordenaba a los obispos a someter las causas de abusos sexuales al secreto pontificio. g) Nueva defensa del celibato: como las declaraciones del presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de los Cristianos, el cardenal alemán Walter Kasper, quien afirmó que “el celibato no tiene relación con los abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes” (fuente AFP). Sin embargo, se pregunta el teólogo disidente Hans Küng “¿Pero por qué de manera masiva en la Iglesia católica, dirigida por célibes? Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos” (¡Abolid la ley del celibato!, en http://www.redescristianas.net). h) Responsabilizar a los propios niños y jóvenes de “tentar” a los sacerdotes: como fue la vergonzosa expresión del obispo de Tenerife: “Puede haber menores que sí lo consientan -refiriéndose a los abusos- y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan” (en http://www.elmundo.es, 27/12/2007). i) Faltas de ética: según el vocero papal, “ni Crimen sollicitationis ni el Código de Derecho Canónico han prohibido nunca informar sobre los casos de abuso sexual de niños a las autoridades judiciales competentes”. Sin embargo, los hechos que tomaron estado público reconocen una constante: la imposición del silencio a las víctimas y la falta de colaboración de la Iglesia para con las autoridades civiles. j) Obstaculizar la actividad de los órganos del Estado: como fue la negativa de Giuseppe Leanza – Nuncio de la Santa Sede en Irlanda -, quien fue convocado a testificar ante una “comisión parlamentaria que investigaba la cooperación de la iglesia con las investigaciones del encubrimiento. Leanza, les dijo a los legisladores en una carta publicada por la prensa, que no respondería a las preguntas de la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento irlandés: “Quiero informarles que no es práctica de la Santa Sede que los nuncios apostólicos comparezcan ante comisiones parlamentarias” (Fuente AP). k) El ya clásico “somos todos pecadores”: “Siempre hubo problemas porque somos todos pecadores, pero en este tiempo han sido señalados hechos realmente muy graves” (Claudio Hummes, prefecto de la Congregación para el Clero, en http://www.lanacion.com.ar/nota, 07/01/2008). l) Respuestas corporativas: las diversas declaraciones de las conferencias episcopales respaldando la figura del papa; la invitación efectuada por el cardenal Claudio Hummes a los sacerdotes de todo el mundo a expresarle su apoyo. Es lógico que ante el fenomenal bochorno se hayan brindado las explicaciones y justificaciones que en muy breve síntesis se han agrupado. Los obispos han razonado conforme a la impresión que el suceso causó en sus mentes; no sobre el hecho y las causas del mismo. Las opiniones pueden ser correctas respecto a la impresión, pero no respecto al fenómeno o hecho generador de esa impresión. En ninguno de los argumentos mencionados surge un real abordaje de las causas de un fenómeno histórico, de antigua data, como es el de los abusos sexuales. El catolicismo oficial actual (de corte integrista y neoconservador), mira para otro lado al momento de analizar públicamente las causas de los abusos sexuales. Las raíces del problema no son externas, sino institucionales. Se extienden desde la malsana y patológica visión que de la sexualidad tienen los obispos (de donde surgen, no sólo la epidemia de abusos sexuales, sino una serie de fenómenos que conforman la “cuestión sexual” dentro de la Iglesia); la forma de ejercer el poder dentro de la institución; y una estructura y organización excluyentes que no ofrecen ámbitos ni instancias de contención a las víctimas. A esas causas se le suma la garantía de protección para los curas pedófilos: un orden jurídico diseñado de tal forma que en vez de asegurar la tutela de los derechos y garantías de las víctimas, ha contribuido en la práctica a encubrir a los sacerdotes delincuentes y dejar impunes miles de casos de abuso sexual. Estas son las claves del asunto que las autoridades eclesiásticas omiten analizar y que convierten en vacías e hipócritas sus declaraciones. Veamos algunos detalles y proyecciones: a) La visión de la sexualidad de los obispos católicos: de características malsana y patológica está plasmada en la doctrina que ellos mismos elaboran. Visión de “expertos” que es causa no sólo de la pedofilia y los abusos sexuales, sino de otros fenómenos casualmente relacionados con el ejercicio de la sexualidad, a saber: 1. El problema del celibato y continencia sexual, los efectos psicológicos en el clero con el consiguiente daño psíquico al propio clero, y patrimonial a terceros involucrados (ejemplo, mujeres e hijos que se mantienen en la clandestinidad). Doble vida de los sacerdotes; 2. Represión de la homosexualidad, tanto de seminaristas, curas y obispos para poder ejercer el ministerio sacerdotal; 3. Purga en los seminarios y discriminación por razones sexuales. Daño moral, por cuanto la institución se entromete ilegalmente en una manifestación del derecho a la intimidad de los sacerdotes, como es su sexualidad; 4. La educación sexual que los jóvenes reciben en el seminario. Posibilidad de los padres de poder controlar los planes y currícula sobre la materia; 5. Los ascensos dentro de la institución debidos a favores sexuales, sobre todo en el Vaticano (Cf. David Yallop, El Poder y La Gloria, Planeta, 2007); 6 La discriminación a las mujeres católicas, violación de la igualdad de oportunidades para acceder a cargos directivos; 7. Discriminación de los sacerdotes casados con hijos, a quienes se los somete a un proceso judicial vejatorio y humillante, considerándose el matrimonio que contraen como un “delito”; 8. El problema de los curas misioneros violadores de monjas en diversos países, mayoritariamente en África, que fuera informado por la revista National Catholic Reporter en el año 2001 y planteado en el Congreso de abades, priores y abadesas de la orden benedictina celebrado en Roma en septiembre de 2000; 9. La injerencia de la institución en las políticas públicas de los Estados, obstrucción de la legislación relativa a los planes relacionados con la salud reproductiva y comienzo y fin de la vida; 10. La obstrucción de la Santa Sede a las políticas emanadas de organismos internacionales como la O.N.U. en materia de derechos de género, salud sexual y reproductiva. Su oposición a la despenalización de la homosexualidad. Asimismo, el incumplimiento de resoluciones emanadas del Parlamento europeo, por ejemplo, la referida a la violencia sexual contra las mujeres y en particular contra religiosas católicas, aprobada en Estrasburgo el 5 de abril de 2001. Esta fenomenología puede encuadrarse bajo el rótulo de “cuestión sexual” dentro de la institución. b) La forma de gobierno monárquica: donde el ejercicio abusivo y arbitrario del poder por parte de los obispos ha permitido la no reparación del daño ocasionado a las víctimas de abusos sexuales. Forma de gobierno anacrónica en una época donde la consolidación de derechos humanos como la participación de los individuos, la igualdad, la publicidad de actos de gobierno, la democracia, la responsabilidad de los funcionarios y el pluralismo ético caracteriza las relaciones entre el poder y las personas. Forma de gobierno que tampoco tiene sustento evangélico sino político. c) Una estructura excluyente: donde la organización y el funcionamiento grupal no brindan espacios ni instancias de inclusión sino al revés, de exclusión. Lo sufren no sólo las víctimas de los abusos sexuales, sino también otros colectivos que integran la institución: por ejemplo, los divorciados vueltos a casar; comunidades homosexuales, mujeres, curas casados con hijos, teólogos que investigan libremente, políticos que no adhieren al pensamiento del magisterio ordinario, auditorías en congregaciones de religiosas. Es claro que la estructura de la institución resulta no sólo excluyente y discriminatoria sino, en muchos aspectos, obsoleta. Las planificaciones pastorales resultan ineficaces. El laicado constituye un subgrupo social, “el rebaño”, la clase discente que es gobernada por la clase docente (el clero), y se la mantiene en la ignorancia. En esta estructura arcaica el catolicismo oficial ha fomentado entre el laicado la “obediencia de cadáver” y “el ejercicio del mal banal, concepto arendtiano que describe el mal producido por la completa incapacidad de pensar”… “la genuina idiotez de quienes no cuestionan las órdenes, y consideran que “se encuentran protegidos moralmente por ese blindaje que permite la obediencia” (Cf. Gonzalo Gamio Gehri, Autonomía moral, mal banal y catolicismo retro: comentarios a un texto de R. Carvallo, en http://www.gonzalogamio.blogspot.com). Comenta el autor citado: “Ellos cumplen y se sienten buenos y se declaran católicos porque la moral no se funda en la autonomía sino en la sujeción jerárquica a la autoridad. En este sentido, obedecer significa renunciar a la libertad, una paradoja macabra para el ser humano”. El concepto de mal banal puede aplicarse al desempeño institucional y personal de todos aquellos que callaron por obediencia durante decenas de años los abusos sexuales contra niños y niñas. d) El ordenamiento jurídico: convertido en herramienta para proteger a los sacerdotes abusadores al contener numerosas normas violatorias de principios, derechos y garantías reconocidas en ordenamientos jurídicos nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. El propio sistema jurídico ha contribuido a la impunidad de miles de casos y es la garantía de impunidad. Conforme sostuvo Sandra Buxaderas (“El Papa indigna a las víctimas de abusos en Irlanda” (20/03/2010 http://www.publico.es), “El sumo pontífice no aclara si los obispos deberán tomar la iniciativa y denunciar en los tribunales a presuntos pederastas. Se limita a decir: “Seguid cooperando con las autoridades civiles”. Tampoco especifica si se debe expulsar a los pederastas. Sólo habla de “aplicar plenamente el derecho canónico”. “Aplicar plenamente el derecho canónico” ¿significa que en el mismo existen derechos y garantías suficientes para reparar los daños a los niños y niñas que fueron abusados sexualmente? 2. Planteo del problema El común denominador que surge de las declaraciones de las víctimas y las denuncias ante la justicia civil, está compuesto por hechos que de ningún modo traslucen justicia ni reparación del daño, a saber: el transcurso del tiempo que permitió la prescripción de miles de abusos sexuales (disfrazado de “tiempo prudencial”, para que el cura delincuente repare el escándalo); el silencio de obispos y cardenales (disfrazado de discreción y cautela); la omisión de denunciar a las autoridades públicas los delitos (disfrazada con el argumento que el sistema canónico no prohíbe a las víctimas hacer denuncias ante las autoridades públicas); todos hechos que permitieron que en la práctica surgiera la figura del encubrimiento y protección de los sacerdotes delincuentes. Aquellos hechos fueron reconocidos por la jerarquía tanto expresamente, como de manera implícita no sólo en los vacíos pedidos de perdón sino en la carta pastoral que Benedicto XVI envió a los católicos de Irlanda. Ahora bien. Si la institución contaba con documentos que abordaban el fenómeno de los abusos sexuales, instrucciones sobre cómo proceder cuando se detectaban dichos casos, cánones relativos al proceso judicial, al delito propiamente dicho y sus sanciones, era de esperar que todos esos elementos y herramientas conformaran un sistema jurídico aceitado donde los derechos y garantías de las víctimas fuesen tutelados. Sin embargo, del análisis del plexo de documentos, normas y procesos, nos encontramos con un ordenamiento jurídico que ha servido (y sirve), para proteger a los sacerdotes delincuentes y que, además, es violatorio de principios y garantías constitucionales, reconocidas también en tratados internacionales sobre derechos humanos (recordemos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es de 1948). El análisis que proponemos importa una aproximación a las siguientes cuestiones: a) facultad de la Iglesia de juzgar al clero; b) grave error en dar preeminencia al pecado sobre el delito; c) el tratamiento de los casos de abuso sexual dentro del marco de los documentos y cánones aplicables al tema; d) una relación del documento no oficial denominado “guía sobre el procedimiento en casos de abusos sexuales”, con los instrumentos y normas referidos; d) principios generales del derecho y garantías procesales que se violan; e) derechos humanos de los niños abusados y su ausencia en el ordenamiento canónico; f) medidas tardías tomadas por conferencias episcopales; g) posibles casos en la Arquidiócesis de Mendoza. 3. La facultad de la Iglesia de juzgar ¿Tiene la institución facultad para juzgar a sus miembros, en nuestro caso, al clero? Sí la tiene. El canon 1401 establece que “La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1. las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas; 2. La violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de penas eclesiásticas” (Cf. Código de Derecho Canónico, Dir. A. Benlloch Poveda, 8ª edición, Madrid, Edicep, 1994). Juzgar con “derecho propio y exclusivo”, quiere decir que la Iglesia tiene fuero judicial propio, es lo que en derecho constitucional se denomina “fuero real o de causa”. Los fueron reales “son concedidos por la naturaleza de los actos o de las cosas y no de las personas. Se establecen en beneficio y consideración de una institución o de un interés institucional, con efectos limitados a la causa de su implantación” … “y a raíz de actos que, por su naturaleza, están relacionados con el normal funcionamiento de tales instituciones” (Cf. Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, 1º edición, Bs. As., La Ley, 2004). Es el poder disciplinario que tiene un organismo o persona jurídica para juzgar a sus miembros por los hechos antijurídicos cometidos, que en el caso de la iglesia reconoce como fuente el medieval “privilegium fori”, el derecho que los clérigos gozaban de estar exentos de la jurisdicción laica o civil. ¿Cómo hace la Iglesia Católica para aplicar normas propias y poner en funcionamiento sus tribunales en diversos Estados? Lo hace por medio de la política concordataria o de acuerdos internacionales. Tiene como objetivo que los Estados le reconozcan su propia “jurisdicción”. Es el caso de la Argentina donde el acuerdo firmado entre nuestro país y la Santa Sede en 1966 establece en su art. 1: “El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como la de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”. La expresión “jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”, es clave para entender los abusos y violación de derechos fundamentales que se cometen en la institución. En su comentario al fallo “Rybar Antonio c/ García Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata”, el jurista Germán Bidart Campos decía: “No hay que vislumbrar en esta exención total de jurisdicción estatal una especie de curioso islote enquistado dentro de la comunidad política, como si los clérigos, los religiosos, los superiores eclesiásticos, o los ordinarios del lugar pudieran vivir al margen del orden jurídico estatal. No son extraterrestres con inmunidad privilegiada en materias y cuestiones del orden temporal” (El Derecho, Tomo 135). Nunca mejor descripta la situación que impera en la realidad, aunque esa no fuera la intención del ilustre jurista. Y nunca mejor explotada esa situación jurídica por la Iglesia, ya que bajo ese paraguas pueden esconderse (y de hecho, se esconden), actos violatorios de derechos humanos que muy pocos investigan, entre ellos, los abusos sexuales del clero. La citada frase (“para la realización de sus fines específicos”), es en muchas materias la garantía máxima para que las autoridades de la Iglesia lleven a cabo actos jurídicos como administrativos reñidos con elementales principios generales del derecho, y los mismos queden impunes, ya que con la excusa de que se persiguen “fines específicos”, “fines espirituales” se corre el riesgo de cometer actos ilegales. Debe quedar claro que: 1) la existencia del fuero real no ofrece objeciones, en tanto y en cuanto “no suscite cuestiones que interesen al orden público nacional o que lesionen principios consagrados en la Constitución Nacional…” (Fallo Rybar, E.D. 15/09/92). Es decir, el fuero real no debe ser violatorio de las garantías del debido proceso y defensa en juicio; 2) su regulación es siempre de interpretación restrictiva y “nunca extensiva a situaciones no previstas” por las Constituciones de los Estados; 3) es concedido por las Constituciones nacionales a la Iglesia, de acuerdo al principio de supremacía constitucional y normas de tratados internacionales. Lo contrario indicaría que en un Estado existirían dos ordenamientos jurídicos: el del Estado propiamente dicho, y el de la Iglesia Católica, paralelo al estatal o de naturaleza parasitaria. 4. Grave error en dar preeminencia al pecado sobre el delito Una de las respuestas a la falta de justicia para con las víctimas pasa por la doble consideración que el abuso sexual tiene para la normativa eclesiástica: es a la vez, pecado y delito. E aquí un problema ya que, en la práctica, la institución le da preeminencia al primero, dejando impune al segundo en la mayoría de los casos, salvo cuando haya tomado estado público. Un problema y un error a la vez. Citamos nuevamente el canon 1401: “La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1. las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas; 2. La violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de penas eclesiásticas”. Los abusos sexuales forman parte de “aquello que contenga razón de pecado”, y las autoridades proceden en consecuencia. Es decir, detectado el abuso, si el cura pecador se arrepiente, pide perdón y promete no pecar más, se le perdona la falta. Punto. Esto explica – aunque no en su totalidad – el por qué se los traslada de una parroquia a otra, secretamente, sin iniciar proceso judicial canónico alguno, dejando impune el delito. “En la Iglesia el delito no es sólo una perturbación del orden jurídico vigente, sino también una ruina espiritual del delincuente, ya que todo delito canónico comporta un pecado. Por eso, al superior eclesiástico pertenece no sólo mantener el orden público de la Iglesia por el medio social que es la ley penal, sino también procurar el bien espiritual del súbdito por medios individuales, conteniendo su propensión al mal a través del precepto particular, el cual, cuando va acompañado de conminación de pena, se llama precepto penal” (www.canalsocial.net). Se comete un grueso error al mezclar lo religioso y moral con el derecho, justificado en el tradicional argumento que “la naturaleza y la misión de la Iglesia” no es similar a la del Estado. Se da preeminencia a la “salvación” de quien ha delinquido por sobre la justicia y reparación del daño producido por el abuso sexual. Corrobora lo expuesto las manifestaciones de Charles J. Scicluna, promotor de justicia del ex Santo Oficio, quien “se pone a la defensiva y explica que la prudencia extrema preside los procesos canónicos. “El sistema canónico es muy garantista, protege al máximo los derechos y la intimidad de los acusados. Cuando un culpable se arrepiente de sus actos, se le absuelve de forma automática; si no conoce la pena que le espera, no puede incurrir en esa pena…. Pero eso no significa que hayamos evitado que en los casos más graves actuara la justicia civil, no sería justo decir eso” (“Ratzinger calló ante las denuncias contra el abusador de 200 niños”, 26/03/2010, en http://www.elpais.com/…/abusador/200/ninos/). En la misma línea, el papa Juan Pablo II en su discurso pronunciado en un encuentro con los cardenales norteamericanos el 23 de abril de 2002: “Al mismo tiempo… no podemos olvidar el poder de la conversión cristiana, la decisión radical de apartarse del pecado y de acercarse a Dios, que llega a las profundidades del alma humana y que puede obrar un cambio extraordinario”. Se debe tener en cuenta que el abuso sexual está dentro de la categoría de los pecados contra el sexto mandamiento del Decálogo que se refieren a las ofensas contra la castidad. Por eso en el Código de Derecho Canónico no se habla de “abuso sexual”, sino de “pecados contra el sexto mandamiento del Decálogo”. De manera que el sistema jurídico canónico pone su acento en la redención de la persona, su conversión, su salvación. Está bien desde el punto de vista moral y religioso, pero es improcedente y erróneo desde el punto de vista jurídico por cuanto un sacerdote abusador debe reparar siempre el daño físico y psicológico que infringe a un niño. Si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, debe reparar el daño. Asimismo, si se prueba su culpabilidad penal, debe ser expulsado del estado clerical y denunciado a las autoridades civiles para que también se lo juzgue. Los miles de abusos que integran la nueva oleada de casos se dieron dentro de este marco de impunidad. El punto de partida al analizar las sanciones no debe ser el pecado, o la “naturaleza” de la Iglesia, sino el delito y su reparación por cuanto el fenómeno involucra a terceros a quienes se ha dañado física y psicológicamente: niños y niñas abusados. Lo manifestado por el prelado confirma nuestro argumento: se da prioridad a la visión de pecado, no a su carácter de delito. Si el sacerdote se arrepintió y pidió perdón, ya está. La única sanción será una amonestación. La víctima, el daño físico y moral que padeció y su reparación pasan a un segundo plano. 5. El tratamiento de los casos El tratamiento de los casos de abusos sexuales se enmarca en una serie de documentos, instrucciones y cánones contenidos en el Código de Derecho Canónico de 1983. Asimismo se deben relacionar con una “guía” – dada a conocer súbitamente -, sobre el procedimiento en casos de abusos sexuales redactada en 2003 e informada a la opinión pública el pasado 12 de abril. Esta “guía” no deroga cláusula alguna de los instrumentos ya analizados. Nuestra aproximación se hará partiendo de un documento – Crimen sollicitacionis –, que sirvió de fundamento a la política de encubrimientos, para luego pasar al abordaje jurídico y procesal en dos partes: primero, los cánones contenidos en el Código de Derecho Canónico y las Normas de los Delitos más graves; segundo, la referida guía para entender los procedimientos llevados a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). “Crimen sollicitacionis” (Delito de solicitación), es un documento referido a los abusos sexuales que los sacerdotes podían cometer en el sacramento de la confesión. “Emitido en 1962 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, dispuso que no se diera aviso a las autoridades civiles de las denuncias por abusos sexuales y que los acusados fueran traslados a otra diócesis. Escrito en latín, impone la obligación de guardar secreto al sacerdote señalado, a cualquier testigo y a la propia víctima, bajo pena de excomunión. Su objetivo manifiesto era proteger la reputación del sacerdote mientras se investigaba, pero en la práctica se utilizó para silenciar todos los casos” (Cf. Verbitsky, Horacio, “Las babas del diablo”, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais). “La norma bajo comentario prescribía textualmente el cumplimiento del absoluto silencio por parte de la víctima, del sacerdote que cometía el acto y de cualquier otro testigo; por lo que quebrantar el secreto de confesión traería consigo la Excomunión” (Cf. “El delito de solicitación encubrimiento institucional”, en http://www.dlr.com.ar, 27/08/2008). Para destacar del referido documento no sólo la obligación de guardar secreto, sino que hubo otro documento anterior a este emitido en el año 1962. Surge de las manifestaciones del promotor de justicia Charles J. Scicluna. En sus declaraciones sostuvo que “la famosa instrucción “Crimen Sollicitationes” tuvo una primera edición en 1922: “… la primera edición se remonta al pontificado de Pío XI. Más tarde con el beato Juan XXIII el Santo Oficio se ocupó de una nueva edición para los padres conciliares, pero la tirada fue solo de dos mil copias que no bastaron para la distribución, aplazada sine die. De todas formas, se trataba de normas de procedimiento en los casos de solicitudes durante la confesión y de otros delitos más graves de tipo sexual como el abuso sexual de menores”. En el mismo reportaje y para justificar el ocultamiento, este señor confundió el secreto sumarial (de naturaleza temporal), con el secreto pontificio que era lo que ordenaba la instrucción. Este documento secreto estuvo en vigencia hasta el año 2001 cuando Ratzinger emitió las “Normas para los delitos más graves”: “Casi al mismo tiempo la Congregación para la Doctrina de la Fe daba obra, mediante una Comisión constituida a este efecto a un diligente estudio de los cánones de los delitos, tanto en el Código de derecho canónico, como en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, para determinar «los delitos más graves tanto contra las costumbres como contra la celebración de los sacramentos» para adecuar también normas procesales especiales «para declarar o irrogar sanciones canónicas», porque la Instrucción Crimen sollicitationis hasta ahora en vigor…”. Vayamos a lo procedimental. Pueden distinguirse dos fases: una administrativa, otra judicial. Siempre se inician cada vez que existe “noticia verosímil” de que ocurrió un abuso sexual. Veamos cómo se procede. a) Anoticiado de manera verosímil de la comisión de un delito de abuso sexual, el obispo tiene obligación de iniciar una investigación. El canon 1717 dice: “Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua”. No sólo la comisión de delito obliga a la investigación. El canon 1339 § 1 dispone: “Puede el Ordinario, personalmente o por medio de otro, amonestar a aquel que se encuentra en ocasión próxima de delinquir, o sobre el cual, después de realizar una investigación, recae grave sospecha de que ha cometido un delito”. Es decir, las circunstancias a investigar son: comisión del delito, ocasión próxima de delinquir, grave sospecha de que ha cometido un delito. Cabe aclarar que en el caso de los abusos sexuales no sólo implica acceso carnal sino que se proyecta hacia otras manifestaciones de índole sexual. b) Debe comunicar el hecho a la Congregación de la Doctrina de la Fe (ex Inquisición). En la Carta de los Delitos más graves, sancionada en el año 2001 y firmada por Ratzinger, se exige: “Cada vez que un Ordinario o Superior tenga noticia al menos verosímil de un delito reservado, una vez realizada una investigación previa, comuníquelo a la Congregación para la Doctrina de la Fe…”. c) Producido el abuso sexual, el obispo sólo puede “amonestar” (retar al cura delincuente). El canon 1347 dispone: “1. No puede imponerse válidamente una censura [una sanción] si antes no se ha amonestado al menos una vez al reo para que cese en su contumacia, dándole un tiempo prudencial para la enmienda. 2. Se considera que ha cesado en su contumacia el reo que se haya arrepentido verdaderamente del delito, y además haya reparado conveniente los daños y el escándalo o, al menos, haya prometido seriamente hacerlo”. Asimismo el canon 1341 establece: “Cuide el Ordinario de promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas, sólo cuando haya visto que la corrección fraterna, la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo”. Del juego armónico de las disposiciones comentadas brevemente, surge que: Luego de la noticia del delito, su investigación, la corrección fraterna, reprensión u otros medios de la solicitud pastoral que debe efectuar el obispo, al abusador se le da un tiempo prudencial para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir su enmienda. Si se dan las circunstancias mencionadas, no hay proceso judicial, y el abusador sólo recibió un reto de parte del obispo (c. 1347 “No puede imponerse válidamente una censura [una sanción] si antes no se ha amonestado al menos una vez al reo para que cese en su contumacia…”). En cuanto a la corrección fraterna y la reprensión, son similares y se toman de los evangelios (Mateo 18, 15-17, Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, 1998): “Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano”. La realidad indica que los obispos han priorizado la reprensión “a solas” de los abusadores, que en la práctica no ha servido para reparar el daño a las víctimas sino para profundizar el encubrimiento y secreto del delito. Respecto al “tiempo prudencial para reparar el escándalo” exigido por el canon, ha sido la causa para que miles de abusos sexuales prescribieran, dado que ese tiempo ha sido arbitrario y abusivo. El tiempo prudencial y el silencio han dado forma al encubrimiento. “Tiempo prudencial” fue lo pidió Ratzinger, cuando era Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, para apartar del sacerdocio a un cura abusador: “La petición llegó hasta Ratzinger, que en los años 80 era el cardenal prefecto de Congregación para la Doctrina de la Fe, quien después de calificar los hechos como “de gran significancia” estimó que había que tener también en consideración “el bien de la Iglesia Universal”. “(Esta Corte) es incapaz de tomar a la ligera el perjuicio que puede provocar garantizar la dispensa (a Kiesle) en la comunidad de fieles de Cristo”, declaró Ratzinger en una carta con su firma que ha sido autentificada por el Vaticano, según la prensa de EE.UU. Después, el entonces cardenal requirió “más tiempo” para tomar estos incidentes a una “muy cuidadosa consideración” y pidió al obispo Cummins que proveyera a Kiesle con el “mayor cuidado paternal como fuera posible” y le explicara el razonamiento del tribunal de la fe (caso del religioso Stephen Kiesle, en “La polémica por los curas abusadores de niños no encuentra un freno: más datos”, http://www.mdzol.com). Todo queda bajo el secreto pontificio. El c. 1339 § 3 dispone: “Debe quedar siempre constancia de la amonestación y de la reprensión, al menos por algún documento que se conserve en el archivo secreto de la curia”. El secreto pontificio fue abordado por el filósofo Paolo Flores D’Arcais en un artículo publicado el 14/04/2010 en un medio español. Permítasenos la transcripción de una sus partes por lo esclarecedora. Se pregunta el autor citado “¿En qué consiste éste? Hallamos la explicación en un documento vaticano de marzo de 1974, una “Instrucción” emanada por el entonces secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, siguiendo la voluntad de Pablo VI. “En determinados asuntos de mayor importancia se requiere un particular secreto, que viene a ser llamado secreto pontificio y que ha de ser guardado con obligación grave… Quedan cubiertos por el secreto pontificio…”. Y se enumeran a continuación numerosísimos casos, entre ellos la pedofilia eclesiástica. Más interesante aún resulta la minuciosa lista de personas que “tienen obligación de guardar el secreto pontificio”: “Los cardenales, los obispos, los prelados superiores, los oficiales mayores y menores, los consultores, los expertos y el personal de rango inferior, los legados de la Santa Sede y sus subalternos”, etcétera. En definitiva, de forma exhaustiva, todo el mundo. La “suciedad” debe quedar en los “sótanos del Vaticano”, inaccesible a la curiosidad excesivamente seglar de policías y jueces. La impunidad penal de los sacerdotes pedófilos queda garantizada. Es más, para alcanzar tal objetivo se exige un juramento de una solemnidad sobrecogedora. Reza la instrucción: “Aquellos que entren en posesión del secreto pontificio deberán prestar juramento con la siguiente fórmula: ‘Yo… en presencia de…, tocando con mi propia mano los sacrosantos evangelios de Dios, prometo guardar fielmente el secreto pontificio… de manera que en modo alguno, bajo ningún pretexto, sea por un bien mayor, sea por motivo urgentísimo y gravísimo, me sea lícito violar el mencionado secreto… Que Dios me ayude y me ayuden estos santos evangelios suyos que toco con mi propia mano”. Fórmula solemne y terrible, que nos exime de todo comentario” (Cf. “El Vaticano y la pedofilia”, en http://www.elpais.com/articulo/opinion/Vaticano/pedofilia/). Por su parte, el c. 1719 dispone: “Si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, así como todo aquello que precede a la investigación”. Y la Carta sobre los Delitos más graves, firmada por Ratzinger cuando era Prefecto de la C.D.F.: “Todas estas causas están sometidas al secreto pontificio”. Se prohíbe denunciar a las autoridades públicas la comisión del delito. Cabe aclarar que una cosa es el secreto del sumario (elemento típico del derecho penal, de naturaleza temporal), y otra el referido secreto pontificio que en la práctica ha contribuido al encubrimiento de los delitos por parte de los obispos respectivos. Asimismo, es imposible saber si la institución ha cumplido con la obligación de dejar constancia en los archivos secretos. Como se habrá observado, en esta fase de naturaleza administrativa, no hay garantías para las víctimas, ya que todo depende de la discrecionalidad del obispo (para nosotros, facultades abusivas), de la celeridad que imprima a su investigación, de su imparcialidad, de su pericia. Los miles de casos de abusos sexuales perpetrados décadas pasadas y prescriptos (hay denuncias que datan de 1950), son prueba irrefutable del encubrimiento, silencio y ocultamiento llevado a cabo por los obispos y garantizado por un sistema diseñado a tal fin. Nótese que la sanción ante las circunstancias mencionadas (ocasión próxima, sospecha grave, comisión del delito), es una amonestación, reprimenda o advertencia. Nada más. Siempre en secreto. Lo exige el canon 1340 § 2: “Nunca se imponga una penitencia pública por una transgresión oculta”. Hasta acá se observa: la ausencia de justicia para con las víctimas; la protección y complicidad de las autoridades para con los abusadores, y paradójicamente el amparo de los delitos por un procedimiento arbitrario, violatorio de principios jurídicos elementales. 6. Violación de principios generales del derecho en esta etapa administrativa. En esta etapa se violan el principio de razonabilidad de las normas jurídicas y la garantía del juicio previo: a) Principio de razonabilidad de las normas jurídicas: jurídicamente surge una manifiesta arbitrariedad de los cánones aplicables a los abusos sexuales en la etapa de naturaleza administrativa. Un delito gravísimo como es el abuso sexual de un menor (por ejemplo, manosearlo, u obligarlo a practicar sexo oral al sacerdote, o el propio acceso carnal), sólo tiene una retribución hacia el delincuente: una “amonestación”, un reto. Palabras huecas, vacías. Nada más. Y avalado por las propias normas. No sólo se configura negligencia, dejadez e impericia, sino que surge claramente la violación de principios generales del derecho elementales, permitida por el ordenamiento jurídico canónico. Se viola un principio básico que debe contener toda norma jurídica: el principio de razonabilidad de las leyes. En todo ordenamiento jurídico – incluido el canónico – las normas jurídicas deben respetar dos principios: el de legalidad y el de razonabilidad. El primero, implica formalidad, ya que exige que la norma tenga “forma” de ley para mandar o prohibir. Pero con eso no alcanza. El jurista Bidart Campos lo planteó con un interrogante “¿basta que la ley mande o prohíba, para que sin más lo mandado o lo impedido sea constitucional?” (Manual de la Constitución Reformada, Tomo I, Ediar, Bs. As., 2005). Su respuesta es contundente: “de ninguna manera”. Surge, entonces, el principio de razonabilidad de la ley. Dice el autor citado: “no basta la formalidad de la ley: es menester que el contenido de esa ley responda a ciertas pautas de valor suficientes. Por eso es menester dar contenido material de justicia al principio formal de legalidad. Para ello, acudimos al valor justicia, que constitucionalmente se traduce en la regla o el principio de razonabilidad”. “El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder e, incluso, de los particulares”. “Fundamentalmente, la razonabilidad exige que el “medio” escogido para alcanzar un “fin” válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin: o que haya “razón” valedera para fundar tal o cual acto de poder” (Bidart Campos, Germán, obra citada, p. 517). Surge de lo examinado que los cánones tienen un “fin”: dar garantías sólo al sacerdote abusador, no a las víctimas. Se ha alterado el mencionado principio. Los “medios” legislados son arbitrarios. Miles de abusos sexuales prescriptos, sin justicia ni reparación del daño lo demuestran. b) Juicio previo: al no haber obligación para el obispo de iniciar un proceso judicial, ya que luego de la investigación sólo debe amonestarse al abusador, se priva a la víctima de esta garantía. “La garantía del juicio previo se traduce en el derecho a la jurisdicción o el derecho a la tutela judicial efectiva. Consiste en la potestad inviolable que tiene toda persona para acudir ante un tribunal judicial para que, mediante la aplicación de la ley, resuelva el conflicto que afecta sus derechos” (Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, 1ª edición, Bs. As., La Ley, 2004). Como se habrá observado, no hay plena vigencia de esta garantía en el ordenamiento canónico. La no obligación del juicio previo en caso de abuso sexual, explica los miles de casos que quedaron sin sanción ni reparación del daño. 7. El proceso judicial canónico contra el sacerdote abusador sexual ¿Cuándo procede iniciar el proceso judicial contra un sacerdote abusador? a) Lo establece el canon 1718: “§ 1. Cuando se estime que ya se han reunido elementos suficientes, determine el Ordinario: 1. si puede ponerse en marcha el proceso para infligir o declarar una pena; 2. si conviene hacerlo así, teniendo presente el c. 1341; 3. si debe utilizarse el proceso judicial o, cuando la ley no lo prohíbe, se ha de proceder por decreto extrajudicial. § 2. El Ordinario ha de revocar o modificar el decreto a que se refiere el § 1, siempre que, por surgir elementos nuevos, le parezca que debe decidir otra cosa. § 3. Al dar los decretos a que se refieren los §§ 1 y 2, conviene que el Ordinario, según su prudencia, oiga a dos jueces o a otros jurisperitos. § 4. Antes de tomar una determinación de acuerdo con el § 1, debe considerar el Ordinario si, para evitar juicios inútiles, es conveniente que, con el consentimiento de las partes, él mismo o el investigador dirima lo referente a los daños de acuerdo con la equidad”. Adviértase las exageradas y abusivas facultades otorgadas al obispo (fundadas en al discrecionalidad). Si decide iniciar el proceso judicial, debe actuar con su propio Tribunal. Es lo que dispone la Carta sobre los Delitos más graves: “Cada vez que un Ordinario o Superior tenga noticia al menos verosímil de un delito reservado, una vez realizada una investigación previa, comuníquelo a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, a no ser que por las peculiares circunstancias de la causa avoque a sí, ordena al Ordinario o Superior a proceder mediante el propio Tribunal…”. En similares términos los cánones 1721 y 1722: “§ 1. Si el Ordinario decretara que ha de iniciarse un proceso judicial penal, entregará al promotor de justicia las actas de la investigación, para que éste presente al juez el escrito acusatorio, de acuerdo con los cc. 1502 y 1504. § 2. Ante el tribunal superior desempeña la función de actor el promotor de justicia de ese mismo tribunal”. “Para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario, después de oír al promotor de justicia y habiendo citado al acusado, apartar a éste, en cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima Eucaristía, pero todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan ipso iure de tener vigor al terminar el proceso penal”. Este último canon establece una medida precautoria: apartar al acusado “del ejercicio del ministerio sagrado o de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima Eucaristía”. Nótese que es facultativo (“puede”), no es obligatorio. Asimismo, “… todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan ipso iure de tener vigor al terminar el proceso penal”. Al ser discrecional, no hay garantías para las víctimas ni para el resto de los laicos que realizan sus tareas en el mismo lugar donde está el delincuente, de que este sea separado de sus funciones. El obispo debe proceder con su propio Tribunal, el que estará integrado sólo por sacerdotes. La Carta sobre los Delitos más graves dispone: “En los Tribunales constituidos ante los Ordinarios o Superiores, solamente sacerdotes pueden cumplir válidamente para estas causas el oficio de Juez, de Promotor de justicia, de Notario y de Patrono”. b) Se inicia la instrucción de la causa, es decir, recepción de testimonios, recolección de pruebas, confección del expediente (actas). Está regulada en los cánones 1723 a 1728, remitimos a los mismos. c) Terminada la instrucción de la causa, deben remitirse las actas a la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuyo Tribunal sustanciará la misma y dictará sentencia. “Terminada la instancia de cualquier modo en el Tribunal, todas las actas de la causa se deben transmitir de oficio cuanto antes a la Congregación para la Doctrina de la Fe” (Cf. Carta sobre los Delitos más graves). d) En el caso que se aplique una sanción al sacerdote culpable, tampoco hay plenas garantías. El canon 1395 § 2 dispone: “El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. En el supuesto caso que se pruebe la culpabilidad del sacerdote abusador, la pena de exclusión del estado clerical es discrecional. 8. Violación de principios generales del derecho y garantías del debido proceso legal en la etapa judicial En el proceso judicial, también se observan violaciones a garantías del debido proceso legal: a) Indeterminación de las penas: es un principio general del derecho la determinación de la pena para cada delito. Viola este principio el canon 1395 § 2 en cuanto dispone que “El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo… con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. ¿Cuáles podrían ser las “penas justas” para un sacerdote que violó a un niño? Ya se dijo que ante la primera violación o acceso carnal, el obispo sólo “amonesta”. Mientras que si se dicta sentencia determinando la culpabilidad del sacerdote lo esperan “penas justas” y, si el caso lo requiere, la exclusión. Doble ultraje a las víctimas. Doble vejación. Mientras, la reparación del grave daño físico y psicológico sufridos por los menores, brillan por su ausencia. b) La independencia de los jueces: eliminada de un plumazo, por cuanto la propia Carta sobre los Delitos más graves establece que “En los Tribunales constituidos ante los Ordinarios o Superiores, solamente sacerdotes pueden cumplir válidamente para estas causas el oficio de Juez, de Promotor de justicia, de Notario y de Patrono”. No sólo se viola el principio de independencia de los magistrados, sino que también se puede cuestionar su imparcialidad ¿Qué garantías tienen las víctimas? c) Publicidad del proceso judicial: no existe esta garantía en el proceso que comentamos. No obstante que se reconoce como excepción los actos útiles que se cumplen durante la etapa instructoria – que también está regulada en el ordenamiento canónico -, “las sentencias finales de cualquier instancia, todas ellas deben ser públicas, aunque no medie un interés institucional”. (Badeni, obra citada). Podría alegarse que, tratándose de menores (la mayoría de víctimas de abusos sexuales son niños), no se puede violar su intimidad. Esto se puede salvar no dando a conocer sus nombres. d) Libre acceso a la justicia: dado que el proceso judicial tiene, en materia de abusos sexuales, la intervención de dos tribunales (el que inicia la instrucción y el de la C.D.F.), no se especifica si las víctimas pueden verse exentas de pagar las tasas judiciales. No se aclara ni el Código de Derecho Canónico ni el la Carta sobre los Delitos más graves si el proceso es gratuito u oneroso, y en este último caso, a cuánto ascienden las tasas y en qué moneda se pagan. e) Elección del abogado patrocinante: la libre elección del abogado por parte de la víctima es libre conforme el canon 1481 § 1. “La parte puede designar libremente su abogado y procurador; pero, salvo en los casos indicados en los § 2-3, puede también demandar y contestar personalmente, a no ser que el juez considere necesaria la ayuda del procurador o del abogado. § 2. En el juicio penal, el acusado debe tener siempre un abogado, elegido por él mismo o nombrado por el juez”. Sin embargo, surge una contradicción con el canon 1483 que prescribe: “El procurador y el abogado han de ser mayores de edad y de buena fama; además, el abogado debe ser católico, a no ser que el Obispo diocesano permita otra cosa, y doctor, o, al menos, verdaderamente perito en derecho canónico, y contar con la aprobación del mismo Obispo”. En el canon precedente, se establecen los requisitos para poder litigar en los tribunales eclesiásticos. Conforme el canon es el obispo quien tiene la última palabra respecto al ejercicio profesional en su tribunal (“contar con la aprobación del mismo Obispo”). A ese arbitraria atribución se le suman los requisitos: ser mayor de edad, de buena fama, ser católico (“a no ser que el Obispo diocesano permita otra cosa”, nótese la discrecionalidad), doctor, o, al menos, verdaderamente perito en derecho canónico”. Se consagra el principio del “numerus clausus” (número limitado) para ejercer la profesión de abogado en un tribunal eclesiástico. Se viola de esa manera el libre ejercicio profesional y la independencia de criterio de los abogados. Se elimina también la libertad de elección por parte de las víctimas. La práctica de los tribunales eclesiásticos hace que se confeccione una lista con los abogados autorizados por el obispo para litigar y que las personas deben elegir uno de ellos. Una auténtica aberración jurídica. El canon 1490 contempla otra posibilidad similar. Que existan “patronos estables”. Es decir, abogados a sueldo del tribunal. Dispone: “En la medida de lo posible, en todo tribunal ha de haber patronos estables, que reciban sus honorarios del mismo tribunal, y que ejerzan la función de abogado o de procurador, sobre todo en las causas matrimoniales, en favor de las partes que libremente prefieran designarlos”. Este muy breve análisis de la normativa que aplica la Iglesia ha dejado ver la violación a principios, derechos y garantías contenidos en los ordenamientos constitucionales y tratados de derechos humanos. El Código de Derecho Canónico y las disposiciones e instrumentos concordantes atentan contra la seguridad jurídica que deben disponer las víctimas de los abusos sexuales. “La seguridad jurídica implica la supremacía de la ley frente a la conducta de los individuos y a la actuación de los gobernantes, descartando su sometimiento a la voluntad discrecional de los individuos y gobernantes” (Badeni, obra citada). Esto es, justamente, lo que pasa en todo el procedimiento canónico, que comenzó con la investigación previa: hay un sometimiento a la voluntad discrecional de los obispos. La seguridad jurídica queda reducida a nada. Se han violado y subvertido los principios y garantías del debido proceso legal. La protección de los abusadores es obvia. 9. El documento redactado en 2003: “Guía sobre procedimiento en casos de Abusos Sexuales”. Como mencionáramos, el pasado 12 de abril la Santa Sede publicó una “guía” para entender los procedimientos llevados a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en los “supuestos” casos de abusos sexuales de menores. Es una guía introductoria para “laicos y no canonistas”. Primer problema: no es un documento oficial; no se les explica a los laicos, sobre todo a los padres de familia que siguen enviando a sus hijos a la Iglesia, el procedimiento en detalle. Continúan las burlas al laicado de parte del clero. Segundo problema: el documento es del año 2003, lo que representa una prueba irrefutable de la responsabilidad por encubrimiento de los abusos en que incurrieron tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI, como los obispos involucrados en el tema. “¿Cómo explicar el silencio que han mantenido el Papa, los obispos responsables de las diócesis, los vicarios y los párrocos en todos los casos de abusos sexuales que han sido denunciados desde esa fecha? ¿Cómo explicar las actuaciones de encubrimiento, de ocultación de casos que han sido juzgados y que han merecido condena por parte de los Tribunales ordinarios de justicia de muchos países?” (Comunicado del colectivo “Iglesia sin abusos”, en http://www.redescristianas.com). Vayamos a la “guía” a fin de determinar si guarda concordancia con las disposiciones analizadas precedentemente. “A) Procedimiento Previo La diócesis local investiga todas las denuncias de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo. Si la acusación es plausible, el caso se remite a la CDF. El obispo local transmite toda la información necesaria a la CDF y expresa su opinión sobre los procedimientos que hay que seguir y las medidas que se adoptarán a corto y a largo plazo”. El párrafo guarda concordancia con la “investigación previa” ordenada tanto en el Código de Derecho Canónico, como en las Normas sobre los delitos más graves”, ya analizados. También se insiste el las desmesuradas y abusivas facultades de los obispos. No hay garantías para las víctimas. “Debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes”. Esta es la novedad; también la prueba de la responsabilidad por omisión de la jerarquía en no haber efectuado las denuncias respectivas ante las autoridades civiles. “Si la guía manda denunciar los casos a la justicia ordinaria, ¿por qué casi nunca se hace tal cosa? ¿Y por qué el Papa, en el poder desde 2005 y hasta ese momento al frente del ex Santo Oficio, no controló el cumplimiento de esa recomendación, ni la convirtió en ley ni sancionó a ningún obispo por encubrir abusos?” (Cf. “El Vaticano promete cumplir la ley y llevar a los pederastas a la justicia”, Miguel Mora, El País, en http://www.redescristianas.com). El portavoz del papa ha respondido aquel planteo: “hay países donde la justicia obliga a denunciar los delitos a la justicia civil y otros en los que no”. Y admite: “La denuncia a la justicia civil es una práctica recomendada en este instrumento de trabajo, pero no es una ley de la Iglesia”. “Práctica recomendada”, no obligatoria… curiosa pauta ética de señores que se jactan de ser “autoridades” morales. “Durante la etapa preliminar y hasta que el caso se concluya, el obispo puede imponer medidas cautelares para salvaguardar a la comunidad, incluyendo a las víctimas. De hecho, el obispo local siempre tiene el poder de proteger a los niños mediante la restricción de las actividades de cualquier sacerdote de su diócesis. Esto forma parte de su autoridad ordinaria, que le lleva a ejercer cualquier medida necesaria para asegurar que no se haga daño a los niños y este poder puede ser ejercido a discreción del obispo antes, durante y después de cualquier procedimiento canónico”. Se reitera en el párrafo lo advertido por nosotros arriba: las medidas cautelares son facultativas, discrecionales, dependen del obispo. Así como puede restringir las actividades del cura delincuente, también puede trasladarlo a otra parroquia o institución con el riesgo de que siga cometiendo abusos. No hay garantías para las víctimas. “B) Procedimientos autorizados por la CDF. La CDF estudia el caso presentado por el obispo local y también pide información complementaria cuando sea necesario. La CDF tiene una serie de opciones: B1) Procesos Penales: La CDF puede autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal judicial ante un tribunal local de la Iglesia. Todo recurso en estos casos ese sometería a un tribunal de la CDF. La CDF puede autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal administrativo ante un delegado del obispo local con la asistencia de dos asesores. El sacerdote acusado está llamado a responder a las acusaciones y a revisar las pruebas. El acusado tiene derecho a presentar recurso a la CDF contra el decreto que lo condene a una pena canónica. La decisión de los cardenales miembros de la CDF es definitiva. En caso de que el clérigo sea juzgado culpable, tanto los procesos penales judiciales como administrativos pueden condenarlo a una serie de penas canónicas, la más grave de las cuales es la expulsión del estado clerical. La cuestión de los daños también se puede tratar directamente durante estos procedimientos. B2) Casos referidos directamente al Santo Padre: En casos muy graves en que el juicio penal civil haya declarado culpable al clérigo de abuso sexual de menores de edad o cuando las pruebas son abrumadoras, la CDF puede optar por llevar el caso directamente al Santo Padre con la petición de que el Papa promulgue con un decreto “ex officio” la expulsión del estado clerical. No hay remedio canónico en contra de tal decisión pontificia. La CDF también presenta al Santo Padre solicitudes por los sacerdotes acusados que, habiendo reconocido sus delitos, piden la dispensa de la obligación del sacerdocio y desean volver al estado laical. El Santo Padre concede estas peticiones por el bien de la Iglesia (“pro bono Ecclesiae”). B3) Medidas disciplinarias: En los casos en que el sacerdote acusado haya admitido sus delitos y aceptado vivir una vida de oración y penitencia, la CDF autoriza al obispo local a emitir un decreto que prohíba o restrinja el ministerio público de dicho sacerdote. Dichos decretos se imponen a través de un precepto penal que implica una pena canónica en caso de violación de las condiciones del decreto, sin excluir la expulsión del estado clerical. El recurso administrativo ante la CDF es posible con tales decretos. La decisión de la CDF es definitiva”. Cuestiones a puntualizar en los párrafos transcriptos: 1. Facultad de la CDF: quien puede autorizar al obispo local para llevar a cabo un proceso penal judicial ante un tribunal local de la Iglesia. Es facultativo; no obligatorio (“puede autorizar”). 2. Las opciones de la CDF: puede optar por procesos penales (judicial o administrativo), casos referidos directamente al Papa o medidas disciplinarias. Sin embargo, no se precisa el criterio que se sigue para elegir tal o cual procedimiento. Sólo en los casos referidos directamente al Papa se hace la justificación: son los casos “muy graves” en que el juicio penal civil haya declarado culpable al clérigo de abuso sexual de menores de edad o cuando las pruebas son abrumadoras. 3. La indeterminación de las penas: concuerda con nuestra crítica; no se sabe qué penas corresponden a las diversas manifestaciones de un abuso sexual. Ya se aclaró que el mismo no implica sólo acceso carnal. En este aspecto, no hay garantías para las víctimas. Se viola el principio penal de determinación de la pena. 4. Los casos referidos directamente al Papa: justificados por la gravedad, declaración de culpabilidad en sede penal del Estado, o cuando las pruebas sean “abrumadoras”. No hay proceso judicial. Implica una excepción a la presunción de inocencia del imputado. La guía se enmarca en las normas establecidas en el motu proprio promulgado por Juan Pablo II denominado Sacramentorum sanctitatis tutela (Defensa de la Santidad del Sacramento), que contiene las Normas de los Delitos más graves y en el Código Canónico de 1983, ya comentados. La “novedad” es que se incorporan algunas facultades especiales concedidas a la CDF y que “debe seguirse siempre el derecho civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes”. No obstante las “novedades”, lo cierto es que la guía publicada nunca fue operativa. Tampoco se ha derogado ninguna de las disposiciones comentadas y que conforman el sistema de protección de los abusadores sexuales. Finaliza Paolo Flores D’Arcais el artículo citado con un Post scriptum: “Tras la redacción de este artículo, la oficina de prensa vaticana ha dado a conocer que desde el año 2003 existen nuevos procedimientos operativos, nunca hechos públicos y atribuibles al entonces cardenal Ratzinger, que se resumen en un texto de “líneas maestras” colgado en la página web de la Santa Sede, según el cual “siempre debe seguirse la ley civil en lo que atañe a la denuncia de los delitos ante las autoridades apropiadas”. Estas “líneas maestras” son el texto más extravagante que ha producido nunca la Santa Sede. Texto anónimo y carente de fecha. Y sobre todo: no se ha presentado nunca denuncia alguna. Si ese documento hubiera estado realmente operativo, la verdadera noticia sería que desde hace siete años todos los obispos del mundo desobedecen al Papa y a su Prefecto para la Congregación de la Defensa de la Fe. Una revelación digna del Premio Pulitzer” (artículo citado). 10. Derechos humanos de los niños abusados. Ausencia de regulación en el ordenamiento jurídico de la Iglesia. A un sistema jurídico arbitrario, con graves falencias, que viola no sólo derechos sino garantías procesales reconocidas internacionalmente, se le suma un serio agravante: la Santa Sede no ha firmado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, como tampoco ha incorporado plenamente a su sistema jurídico los lineamientos de la Declaración sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Dice el teólogo José María Castillo que de los “103 convenios internacionales sobre derechos humanos, la Santa Sede ha suscrito solamente 10. Esto quiere decir que la Santa Sede, en cuanto se refiere a compromisos públicos de carácter internacional por la defensa y promoción de los derechos humanos, está en los últimos lugares de la lista de Estados a nivel mundial, más abajo que Cuba, China, Irán o Ruanda, por citar algunos ejemplos. Esto no significa que en Cuba o China se respeten los derechos humanos mejor que en el Vaticano. Se trata de que la Santa Sede es uno de los Estados que menos se han comprometido, a nivel internacional y mediante la firma de documentos públicos, en la defensa de los derechos humanos. Más en concreto, la Santa Sede no ha ratificado ninguna de las convenciones sobre la supresión de las discriminaciones basadas en la sexualidad, la enseñanza, el empleo y la profesión. Tampoco las relativas a la protección de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, la defensa de la familia y el matrimonio. Como tampoco las convenciones que se han firmado contra los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad o contra el apartheid. Ni las que se refieren a la supresión de la esclavitud o los trabajos forzados. Ni las que prohíben la tortura y la pena de muerte” (Iglesia y Derechos Humanos en http://www.sintapujos.org/iglesia). Y esa política o práctica diplomática del Vaticano, de no reconocimiento de derechos humanos, repercute en el tratamiento de los abusos sexuales hacia niños y niñas y su impunidad. En esta materia, muchos son los problemas que se hubiera ahorrado la Iglesia de haber implementado los derechos contenidos en la citada Declaración en su ordenamiento jurídico, sobre todo la cláusula referida al “interés superior del niño”. Pueden destacarse: Artículo 3: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Artículo 16: “1.Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”. Artículo 19: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. Ante esta realidad suenan ridículas y repugnantes las declaraciones de monseñor Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas, quien el pasado 10 de marzo durante la XIII Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos del Hombre, que se celebra en Ginebra, sostuvo: “La prevención es la mejor medicina, y esta comienza con la educación y la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana de cada niño, y especialmente a través de la aplicación de métodos eficaces para la contratación de personal escolar” (“La persecución de la pederastia, prioridad en la agenda de la Iglesia”. Intervención de monseñor Tomasi ante la ONU GINEBRA, martes 16 de marzo de 2010 en http://www.zenit.org). La no suscripción por parte de la Santa Sede de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la no incorporación plena a su orden jurídico de los derechos de la niñez deja ver: su desprecio por derechos inalienables que hacen a la dignidad humana; las carencias y antijuricidad de su sistema normativo, cuyas disposiciones comentadas violan derechos y garantías de las víctimas; y la hipocresía de todas las declaraciones, tanto del papa como del representante de la Santa Sede en la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.), relativas a la defensa de derechos humanos. 11. Reparación del daño: medidas tardías. Reconocimiento de la negligencia y encubrimiento. Tardíamente, tras años de no hacer nada, y sólo por la magnitud de la presión social, de los medios de comunicación y los tribunales ordinarios – producto de miles de denuncias -, a partir de 2002 en EE.UU. se sancionaron disposiciones para combatir la plaga de los abusos sexuales del clero. Es el caso del “Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes”, elaborado por un Comité Ad Hoc sobre Abuso Sexual de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos (United States Conferencia of Catholic Bishosps – USCCH), y aprobado en junio de 2005. Y las “Normas básicas para las reglas diocesanas/eparquiales que traten de alegaciones de abuso sexual de menores por sacerdotes y diáconos” del año 2002. La efectividad de las medidas reparatorias está sujeta a evaluación. Los datos oficiales son relativos respecto a: la reparación del daño físico y psicológico sufridos por las víctimas, número de denuncias falsas, cifras de las indemnizaciones pagadas, número de curas y diáconos abusadores, número de víctimas, períodos en que se cometieron los delitos, organismos de control, libre acceso a los archivos secretos, miembros del clero procesados y condenados, número de expulsados, atribuciones de los laicos que integran las comisiones de investigación, denuncias efectuadas en la justicia civil, nivel de colaboración de las autoridades eclesiásticas con los tribunales ordinarios, supervisión y control por parte de los familiares de las víctimas, número de clínicas dedicadas al tratamiento de los abusadores, entre otras pautas de evaluación. Cabe aclarar que la Santa Sede reconoció las Normas Esenciales solamente por un período de dos años a partir de su promulgación (12 de diciembre de 2002). Algunos de los resultados de las medidas pueden consultarse en http://bishopaccountability.org/, página de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Ante el bochorno reciente, diversas conferencias episcopales en Europa, también tomaron medidas tardías. Ejemplo: los obispos alemanes habilitaron una línea telefónica donde en pocos días se recibieron más de 13 mil denuncias. Mientras, Benedicto XVI ha propuesto a los católicos irlandeses las siguientes “medidas” para reparar el daño a las víctimas: “Os invito a todos a ofrecer durante un año, desde ahora hasta la Pascua de 2011, la penitencia de los viernes para este fin. Os pido que ofrezcáis el ayuno, las oraciones, la lectura de la Sagrada Escritura y las obras de misericordia por la gracia de la curación y la renovación de la Iglesia en Irlanda”. “Os animo a redescubrir el sacramento de la Reconciliación y a utilizar con más frecuencia el poder transformador de su gracia”. “Hay que prestar también especial atención a la adoración eucarística, y en cada diócesis debe haber iglesias o capillas específicamente dedicadas a ello”. “Tengo la intención de convocar una Visita Apostólica en algunas diócesis de Irlanda, así como en los seminarios y congregaciones religiosas”. “Propongo que se convoque una misión a nivel nacional para todos los obispos, sacerdotes y religiosos” para llegar “a una valoración más profunda de vuestras vocaciones respectivas, a fin de redescubrir las raíces de vuestra fe en Jesucristo”. Sigue prevaleciendo la visión del pecado por sobre el delito. El contenido transcripto mereció el repudio por parte de las agrupaciones de víctimas en Irlanda. En cuanto a la reparación del daño desde el punto de vista económico se ha manifestado en el pago de miles de millones de dólares (sólo en diócesis de EE.UU.), y movidas por la intención de “comprar” el silencio de las víctimas, y no sentar en el banquillo de los acusados a los sacerdotes delincuentes, que por un honesta voluntad de resarcimiento. 12. ¿Casos en la Arquidiócesis de Mendoza? Ante el silencio de las autoridades eclesiásticas locales, podría pensarse que no han existido casos de abusos sexuales en Mendoza. Permítasenos la duda. Nuestro escepticismo se funda en un hecho de censura acaecido en el blog del obispo auxiliar de Mendoza. El post titulado “Abusos” publicado el 13 de marzo de 2010, registra siete comentarios de los cuales dos están eliminados. En efecto, a fin que las autoridades informaran sobre la existencia de casos en Mendoza se formularon preguntas al respecto. Lamentablemente, las dos últimas respuestas que se dieron a las preguntas fueron eliminadas, censuradas. La censura figura así: “Anónimo dijo… Un administrador del blog ha eliminado esta entrada, 17 de marzo de 2010 13:34. Anónimo dijo… Un administrador del blog ha eliminado esta entrada, 17 de marzo de 2010 13:38”. Asimismo, un “administrador” cambió la configuración del blog para limitar la libertad de expresión de los bloggers. Sólo los miembros de ese sitio pueden publicar comentarios. Por lo tanto, sería importante que el titular del blog esclareciera no sólo la irregularidad sino que informe si alguna vez existieron casos de abusos sexuales en Mendoza, y en caso afirmativo, qué procedimientos se siguieron. Otra referencia tiene que ver con un hecho que involucró a la iglesia local con un sacerdote abusador sexual. Nos referimos a las gestiones que el obispado de Mendoza realizó ante la Santa Sede para que se le otorgara un título honorífico (“Prelado de honor de su Santidad”), a un sacerdote que había sido expulsado del ejército español por abusador sexual y con antecedentes de pedofilia en Puerto Rico (Cf. “Un cura expulsado del Ejército por acoso logra el título de prelado de honor del Papa” en http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2008/…/469422.html). Las explicaciones que dio el obispo local fue que había sido engañado en su buena fe. Las respuestas que nunca brindó fueron si se había pedido la nulidad del acto ante el Vaticano (se supone que si hubo engaño, el acto estaba viciado), si se solicitó una sanción al sacerdote por el acto doloso cometido, y si en el informe presentado a Benedicto XVI – por la visita ad limina Apostolorum que se efectuó en 2009 junto con el obispo auxiliar -, constaba el “engaño” sufrido. Tampoco se supo si el sacerdote en cuestión había incurrido en el delito de simonía – con la coautoría de los funcionaros eclesiásticos locales -, quiénes intervinieron en las gestiones, qué investigación se llevó a cabo, si se aplicaron sanciones al clero local y si el abusador continúa siendo “Prelado de Honor” de Benedicto XVI. 13. Epílogo El jurista Joaquín Navarro Esteban sostuvo que “El Derecho sigue siendo tres preceptos: vivir dignamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Así de sencillo y difícil” (Cf. Rodríguez P., La vida sexual del clero, ediciones B, Bs. As., 2002). Se ha demostrado que el orden jurídico de la Iglesia – en materia de abusos sexuales – no contiene garantías ni derechos que permitan cumplir con aquellos tres preceptos respecto a las víctimas. El sistema diseñado ha contribuido a la protección de los delincuentes mediante la violación de los referidos principios y garantías reconocidas tanto por ordenamientos jurídicos nacionales como por tratados internacionales sobre derechos humanos. Un sistema garante de la impunidad. Ha quedado claro el ejercicio abusivo del poder por parte de los obispos, su incompetencia e ineptitud para tratar temas de carácter jurídico y procesal, el error en dar preeminencia a la visión de pecado sobre el delito, la complicidad de la jerarquía en el encubrimiento, silencio y ocultamiento de los abusos; el silencio impuesto a las víctimas. Asimismo, se demostró que la seguridad jurídica dentro de la institución está reducida a su mínima expresión, y en muchos aspectos, tergiversada y manipulada. Justificar la existencia de un sistema como el católico, antijurídico y lleno de carencias, bajo el pretexto que la Iglesia tiene un fin sobrenatural no sólo implica subvertir principios, derechos y garantías reconocidos universalmente sino que deja bastante mal parado el supuesto “reino” sobrenatural. “En la Iglesia cuando ocurrían estos casos de abusos sexuales por parte de un sacerdote, la prioridad era el “bien de la Iglesia” para lo cual se buscaba evitar el escándalo” (Cf. “Pedofilia en la Iglesia: nuevos datos comprometen al Papa”, en http://www.clarin.com/diario/2010/04/18/). Se leyó bien: El “bien de la Iglesia” sobre el bien de los niños y niñas abusados; el silencio y encubrimiento de los abusadores sobre la contención, reparación del daño y la justicia. Lo perverso sobre lo humano. Dice Eugen Drewermann “… la Iglesia no sólo no puede ayudar al hombre, sino que, por su constitución clerical, no muestra el más mínimo interés por los verdaderos problemas humanos; sólo está interesada en ella misma. El egocentrismo clerical es el canto del cisne de la religión” (Clérigos, psicograma de un ideal, Madrid, Ed. Trotta, 2005). Miles de abusos sexuales impunes, prescriptos y sin reparación del daño, cometidos por sacerdotes durante decenas de años contra niños y niñas que les fueran confiados ratifican aquella aseveración. Carlos Lombardi es constitucionalista UNCuyo.