Piden a Segob cumplir sentencias de la CoIDH en casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 16 de julio de 2012

Carta Pública
OSC de DH

  • Carta Pública. Cumplimiento Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Reciba un cordial saludo de parte de las agencias y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente. En esta ocasión nos dirigimos a usted para reiterar la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, con quienes usted personalmente se comprometió en el marco de los Actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional derivados de esos fallos.

Han transcurrido casi dos años desde que fueron emitidas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo a la fecha, de acuerdo con la información con la que contamos, el cumplimiento de los resolutivos en materia de Salud, Educación, Reparaciones Comunitarias e Indemnizaciones, prevalecen graves rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas. Respecto a los avances en el eje de Justicia, si bien celebramos y reconocemos la importancia de la remisión de las investigaciones del fuero militar al fuero civil, hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de diez años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial.

Tenemos conocimiento que se han realizado diversas mesas de trabajo en la Ciudad de Chilpancingo en el marco de la sentencia de la Sra. Inés Fernández Ortega, y que el día de mañana martes 17 de julio, se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, en la cual esperamos que se presenten acciones concretas que se traducirán en un cumplimiento de dichos resolutivos y no en mayor incertidumbre y espera para la señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Sr. Secretario, queremos tener confianza en que usted sabrá reconocer la relevancia que tiene para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo el que las autoridades que se comprometieron con ellas cumplan con las obligaciones del Estado mexicano. Siendo inminente la conclusión de esta administración, la Secretaría que usted encabeza tiene una última oportunidad de dejar un legado respetable en materia de derechos humanos mediante el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana.

Por nuestra parte, continuaremos atentas al proceso de cumplimiento de las sentencias y acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que su proceso concluya con verdad, justicia y reparación.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva, la cual agradeceríamos envíe a la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. Agnieszka Raczynska al correo electrónico: aga@redtdt.org.mx.

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación

PRESENTE

A t e n t a m e n t e,

Internacionales: Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture/ Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Alemania); Servicio Internacional para la Paz/International Service for Peace; Misereor (Alemania); Organización Mundial contra la Tortura; Washington Office on Latin America (Estados Unidos). Nacionales: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la república mexicana.

Exige justicia para Mar, agredida y explotada sexualmente

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 8 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Indignación

  • Actúa de nuevo y exige justicia para Mar

El de Mar es un caso de grave violencia física, sicológica y sexual. Su vida y la de su familia estará en riesgo si el agresor sale libre. El caso se refiere a dos mujeres, madre e hija, que durante años fueron agredidas y explotadas sexualmente por el padrastro de Mar, que la embarazó cuando ella tenía 11 años y comenzó a explotarla sexualmente desde que ella tenía 15. Incomprensiblemente, el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán lo liberó del delito de violación y sólo es juzgado por lenocinio, que no es un delito considerado grave.

Desde octubre de 2010 Mar presentó nueva denuncia, ahora por violación equiparada. Más de 350 personas, entre ellas seguramente tú, acompañamos la exigencia al fiscal, hecha también a la gobernadora y al Instituto para la Equidad de Género de Yucatán: realizar las pruebas de ADN y consignar el expediente a la brevedad.

La fiscalía no realizó la prueba de ADN —no cuenta con los instrumentos para realizarla ni se hizo cargo del costo— pero Mar la solventó con la solidaridad nacional e internacional y aportó la prueba desde desde el 1 de septiembre de 2011.

15 meses después de presentada la denuncia y 6 meses después de contar con los resultados de la prueba, el fiscal no ha consignado el expediente, que se encuentra ya cerrado y, desde noviembre de 2011, en el área de Consignaciones de la fiscalía.

¿Por qué no actúa la Fiscalía? ¿Por qué no ha consignado el expediente? ¿Querrá proteger o salvar a los magistrados que determinaron que no fue violada?

Exígele al Fiscal que consigne el expediente de inmediato

Rellena el formulario de la página siguiente con tu nombre, correo electrónico y lugar de residencia. Al presionar “enviar”, dirigiras un correo electrónico.

Da click y firma ahora

Justicia plena, exige Indignación, en grave caso de violencia de género

Contacto: derechoshumanos@indignacion.org · Equipo Indignación, A.C.· Teléfono y fax: +52 (999) 913 70 21

Justicia para las mujeres de Atenco, una obligación ineludible del Estado mexicano

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Difusión Cencos México D.F., 24 de noviembre de 2011

Boletín de prensa
Centro Prodh /  CEJIL / OMCT / PUEG

  • La investigación sobre las graves violaciones cometidas en Atenco ha estado “inactiva” y ningún proceso ha sido iniciado por tortura, establece la CIDH al admitir el caso.
  • En el Foro Atenco: Mujeres en resistencia convocado hoy para analizar la tortura sexual perpetrada por agentes del Estado, tanto mujeres víctimas de Atenco, como también expertas en violencia de género compartieron experiencias y estrategias para avanzar hacia la erradicación de este flagelo.

El día de hoy, durante el foro académico/vivencial contra la tortura sexual, Atenco. Mujeres en resistencia. Alto a la tortura sexual como estrategia de estado para desmovilizar y generar miedo, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG), las mujeres denunciantes de los actos de tortura sexual y privación ilegal y arbitraria de la libertad, cometidos por policías en mayo de 2006 en San Salvador Atenco compartieron con los asistentes lo que para ellas han significado los últimos cinco años de luchar por la justicia.

En compañía de prestigiosas expertas en temas de violencia de género, otras mujeres sobrevivientes o que acompañan casos de tortura sexual, representantes de organizaciones internacionales y personas interesadas en el tema, las mujeres demandaron la oportuna y adecuada sanción a los responsables.

Cabe destacar que recientemente se logró un avance importante cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso interpuesto por once mujeres con la representación del Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  En el informe 158/11 de admisibilidad, la CIDH concluye que el examen internacional del mismo es pertinente, dada la demora injustificada de las investigaciones internas. En este sentido, el órgano interamericano “observa que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron [sin que] el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones.”  Establece que la averiguación ha permanecido “inactiva” por prolongados periodos y que de la información más reciente presentada por el Estado no se desprende que la investigación “esté tramitada oportunamente.”  Resulta particularmente grave para la CIDH que “sólo en 2 de las 11 denuncias presentadas en este caso, las autoridades han ejercido acción penal”, “ninguno de los procesos que se iniciaron fueron por el delito de ‘tortura’”, y que además ninguno terminó en sentencia condenatoria, dejando el caso en impunidad total.

Los hechos del caso también han sido expuestos en informes alternativos presentados por el Centro Prodh y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ante el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.   Ambos órganos exigieron hace cinco años que se hiciera justicia en el caso y en el transcurso del año 2012 los dos volverán a evaluar las acciones emprendidas por el Estado para ese fin.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse este 25 de noviembre, recordamos que la tortura sexual constituye uno de los más graves actos de violencia y discriminación hacia las mujeres, considerándose aun más grave cuando es cometido por agentes del propio Estado, máxime cuando luego queda impune. Tal y como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la violencia contra la mujer es en cualquier circunstancia “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y se impone a todo Estado el deber de abstenerse de cualquier práctica de violencia contra la mujer, así como actuar con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestro repudio por la tortura sexual cometida por agentes estatales en Atenco y exigimos que el Estado tome de forma inmediata acciones efectivas para poner fin a la impunidad prevaleciente en el caso, con el fin de avanzar hacia la eliminación de este y todo tipo de violencia contra la mujer.

Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG)

[1] Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6/2/07), Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19-20; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25/8/06), Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14-15. Ver también www.omct.org/files/2010/12/20981/women_atenco__follow_up_report__dec_201….

23 de noviembre de 2011

Conoce el sitio: porellas.org

El Estado cuestiona el testimonio y la participación de militares en violación y tortura de dos mujeres indígenas a pesar de las sentencias emitidas en su contra

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Difusión Cencos México D.F., 14 de febrero de 2011

Boletín de prensa
OPIM / Tlachinollan / Cejil

La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presentamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestros argumentos sobre las solicitudes de interpretación de sentencias que el Estado mexicano presentó al Tribunal.

El pasado 29 de diciembre, México presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias emitidas los días 30 y 31 de agosto de 2010 a favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. De acuerdo con el Estado, tales solicitudes se basaron en lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.”

En este sentido, el 7 de enero del 2011, en comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación informó que: “el Gobierno de México es enfático al señalar que, las solicitudes de interpretación formuladas no constituyen en modo alguno un desconocimiento o cuestionamiento de los puntos resolutivos de las sentencias, ni se trata de recursos que pretendan modificar los términos de los fallos dictados por la Corte Interamericana.”

Sin embargo, el escrito presentado por el Estado cuestiona la participación de militares en los hechos del caso. El requerimiento pretende entonces ser utilizado como un mecanismo de impugnación de las sentencias respectivas. Éstas, en agosto del año pasado, declararon la responsabilidad de México por las violaciones sexuales y torturas que Valentina Rosendo e Inés Fernández padecieron a manos de miembros del ejército mexicano, así como por las deficiencias en la investigación de los hechos y la intervención del fuero militar, entre otras transgresiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales.

En su solicitud, el Estado mexicano cuestiona el fallo de la Corte Interamericana, sosteniendo como ya lo hizo durante el proceso contencioso que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas. Del mismo modo, los escritos presentados por el Estado señalan que compete a autoridades ministeriales y judiciales internas establecer esos hechos, e incluso anticipa que los mismos podrían quedar impunes. Lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

Las solicitudes presentadas por el Estado, además, entrañan un nuevo cuestionamiento a la palabra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y a las propias sentencias emitidas por parte de la Corte en la que señalan que existen todos los elementos y prueba para declarar que los hechos ocurrieron y que fueron elementos del ejército los involucrados.

Frente a esto, en nuestros argumentos presentados como organizaciones representantes de Valentina Rosendo e Inés Fernández solicitamos a la Corte Interamericana que deseche tales solicitudes, declarándolas inadmisibles, puesto que el pedido de interpretación del Estado es un desafío al Tribunal, y no una consulta. En consecuencia, se ha solicitado al Tribunal que reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir cabalmente el fallo.

Cabe recordar que las sentencias -que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana- ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos del caso, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales sufridas en el año 2002 por las indígenas me’phaas en el estado de Guerrero. Hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, en lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos, en aras de preservar la impunidad de que gozan los elementos de las Fuerzas Armadas responsables.

Por otro lado, es importante destacar que la presentación de las solicitudes de información se suma a la ausencia –en los cuatro meses transcurridos- de acciones efectivas tendentes al cumplimiento de las sentencias. En esa medida, evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las organizaciones representantes de Inés y Valentina instan a las autoridades mexicanas a dar pronto cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En particular, advierten la necesidad de que en forma inmediata avancen, en el ámbito de la justicia civil, los procesos respectivos tendientes a ejercer el poder punitivo contra todas las personas responsables de los ataques, perpetrados por militares, contra la integridad sexual de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Como lo señaló la Corte en sus sentencias, esas investigaciones deberán ser conducidas con perspectiva de género y adecuación a la identidad cultural de las víctimas, garantizando el pleno acceso de sus representantes a las actuaciones y sin exponer a nuevos riesgos a las señoras Rosendo Cantú y Fernández Ortega El desacato de esta orden del tribunal internacional implica la negación del acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Para mayor información comunicarse con:

Milli Legrain. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Tel.: + (1) 202 319 3000
Román Hernández. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. Tel.: + (52) 757 476 1220. Celular: 045 757 106 6095

México DF, 11 de febrero de 2011.

Más noticias censuradas 2009-2010: Militares de Estados Unidos violan a mujeres soldados

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martes 26 de octubre de 2010

 

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Los aparentemente varoniles militares de Estados Unidos matizan sus tropelías por el mundo ajeno violando a menudo a sus propias camaradas de armas del sexo opuesto, mientras plagan de guerras imperiales el planeta para “llevar la paz” o simplemente imponer “la democracia y la libertad” (de mercado).

Según algunos casos investigados para un documental periodístico, una mujer militar se suicidó después de ser violada por sus camaradas de armas en Iraq; otra que también abrazó la carrera de las armas fue violada dos veces mientras prestó servicios al ejército de Estados Unidos y ahora es activista de las veteranas de guerra que fueron forzadas sexualmente mientras servían a la gran patria estadounidense; una tercera fue violada varias veces por su jefe de escuadrón cuando se encontraban en Iraq; y una cuarta mujer uniformada fue violada en una base militar en Estados Unidos. Ninguno de los violadores fue castigado, mientras 1 de cada 3 mujeres que se enrolan resultan “pasadas por las armas” por sus superiores, asegura el movimiento Veterans for Peace (Veteranos por la Paz).
Foto: Suzanne Swift
Estas crónicas rojas y amarillas nunca aparecen en los principales medios de información y propaganda de Estados Unidos, ni de las naciones desarrolladas europeas aliadas de Washington, pese a que a menudo escarban la situación de la mujer en países islámicos y sus gobiernos dictan cátedra sobre derechos humanos en la ONU y el Tribunal Penal Internacional.
Foto: Mercedes Gallego
La mayoría de las potencias occidentales, como Estados Unidos y Alemania, fabrican y venden armas para provocar guerras en países pobres donde después intervienen sus tropas invasoras para llevar a cabo “misiones de paz”, como ocurre en el empobrecido Afganistán, donde hoy existe la mayor concentración militar en una sola nación nunca conocida por la historia, con tropas de 45 países OTAN, que pronto aumentarán a 50. Estas noticias censuradas tampoco aparecen en la prensa y TV chatarra de países chicos y dependientes, pero con gobiernos serviles, que se lucen en el gran circo romano de la pantalla chica aportando también sus cuotas de carne de cañón de gente pobre destinada a morir por la grandeza del imperio de la libertad y la democracia.
Foto: Ann Wright
Noticias censuradas “on line”
El Proyecto Censurado (PC) de la Universidad Sonoma State de California comenzó a publicar on line historias periodísticas como estas violaciones militares, a lo largo de todo el año, para comentarios y discusión pública, como parte de la selección para el ranking anual “Censurado 2011”. Las historias periodísticas fueron verificadas por académicos y estudiantes que comprobaron los hechos y validaron la información censurada por los grandes medios, en un esfuerzo común con numerosas otras casas de estudio superiores afiliadas al Proyecto en diferentes países.
El seguimiento del PC a centenares de noticias ocultadas también investiga su eventual cobertura parcial en los medios corporativos en alguna etapa del desarrollo de los hechos. Ingresando a una base de datos Lexis Nexis, puede hallarse y comentarse lo que el Proyecto llama “noticias independientes validadas”, a través del sitio web http://www.mediafreedominternational.org/ (Libertad Internacional de los Medios). La página web ofrece información sobre estas historias y nuevas noticias ocultas desenterradas por una red mundial de investigadores independientes, colegas académicos y universidades afiliadas al Proyecto.
Violaciones de mujeres militares
Algunas de las propias víctimas de violación militar contaron su historia a las periodistas Pacale Bourgaux, de Bélgica, y Mercedes Gallego, de España, quienes estuvieron en Iraq como corresponsales de guerra “incrustadas” en las tropas estadounidenses, pero también investigaron en 2007 numerosas violaciones perpetradas por militares de Estados Unidos para el documental de 29 minutos “Rape in the Ranks: The Enemy Within” (“Violación en las filas: el enemigo adentro”), exhibido el 26 de octubre 2009 en el Festival de Cine Independiente de Nueva York. El film fue elogiado por la escritora Ann Wright y algunas imágenes se mostraron en el canal progresista Democracy Now!, de NY durante una entrevista a la directora Pascal Bourgaux. También salió una versión DVD que se obtiene por Internet.
La cuestión que más alarma a las autoras del film y a activistas como Wright, que de alguna manera hoy enfrentan al poder imperial tras haberlo servido, es que muchas mujeres comienzan a sufrir violación desde que son adiestradas en bases en Estados Unidos, pero éste es un tema tabú que nunca se debate ni publica en los medios. Tampoco motiva a los directores de cine que saturan la TV-Basura con películas de propaganda de guerra perpetua, según los cánones de sus financistas, el poder real de Estados Unidos, es decir, el llamado complejo militar-industrial-mediático, cuyo portero-maestro de ceremonias de turno, Barack Obama, ilusionó a muchos con el lema “Güi kan chein!” (¡Podemos cambiar!), pero en 20 meses demostró que el color de la piel, el discurso engañoso y la juventud por sí mismos no son suficientes para cambiar nada. Además, Obama “no corta ni pincha” el verdadero poder estadounidense y da lo mismo que sea demócrata o republicano, negro o blanco, joven o viejo.
Las periodistas Bourgaux y Gallego estuvieron en Iraq como corresponsales de guerra “empotradas” en las fuerzas de Estados Unidos y allí emplearon su tiempo conociendo y conversando con mujeres de las tropas estadounidenses que fueron víctimas de ataques sexuales y violaciones de sus compañeros de arma masculinos. Gallego, que también es autora del libro “Más allá de la batalla” (Temas de Hoy), permaneció 5 semanas “incrustada” en la 1ª División de Marines en Iraq. En diciembre de 2003, relató a la revista española Fusión: “Curiosamente, los problemas que tuve no fueron con la tropa sino con los oficiales. Nada más llegar al campamento las [mujeres] marines me recomendaron que vistiese de forma masculina y no aceptase favores de ningún soldado. Viví situaciones duras. Sobreponerse a esto, yo lo llamo el esfuerzo por mantener la cordura”. (1)
La periodista aludió cierta “fragilidad” en las tropas del país más poderoso de la tierra. “Supongo que la reflexión la voy y la estoy haciendo poco a poco”, le dijo a Fusión en 2003. “Una muestra de esa fragilidad es el carácter de la tropa, un poco infantil, pero tal vez eso sea necesario dentro del ejército americano porque es el tipo de gente moldeable que puedes adoctrinar. Posiblemente lo que nosotros vemos como fragilidad es para ellos un molde perfecto que les permite adoctrinar a aquella gente”.
Casos concretos de violaciones
Tina Priest fue violada en Taji, Iraq, y después fue encontrada muerta de un tiro en su dormitorio, el 1 de marzo de 2006, dos semanas después de denunciar que otro soldado la había violado. “Di a mi hija al ejército de este país, y nos han decepcionado”, dijo su madre, Joy Priest. (2)
El ejército anunció oficialmente que Tina se suicidó, pero su muerte ocurrió 11 días después de haber sido violada. Ni la madre ni su hermana, Joy hija, creen que realmente se dio muerte por sí misma. Según los pocos comentarios publicados, el documental registra intervenciones notables de madre e hija y de algunos oficiales del ejército entrevistados en Fort Hood, quienes conocieron a la víctima. Nunca procesaron al violador de Tina Priest.
Una supuesta investigación conducida en Iraq por la 4ta División de Infantería con base en Fort Hood, en la que sirvió Tina, concluyó que “no hay pruebas suficientes para continuar la investigación de violación”, pero a la escéptica familia de la víctima le negaron el informe final, que en cambio fue obtenido por el periódico The Hartford Courant, de Connecticut, aumentando la cólera de las Priest. “Necesito algún cierre”, dijo la madre de Tina. “Quiero saber ¿por qué un periódico puede conseguir una copia de ese informe y nosotras no podemos?”
Jessica Kenyon fue violada dos veces durante su carrera de apenas un año en el ejército de Estados Unidos, donde recibió formación básica y sirvió una vez en Corea. Para la periodista y documentalista española Barbara Celis, residente en Nueva York, es “muy perturbador escuchar a alguien como Jessica Kenyon, violada dos veces, una vez en Estados Unidos y otra en Corea. Ella abandonó al ejército porque en sus propias palabras ‘era la única manera de escaparse’. Sus violadores están libres y seguro que nunca serán castigados. Ahora Jessica aconseja a otros veteranos que han sido violados [mujeres y hombres del ejército] a través de una línea de ayuda (1888 483 8725) y recibe cerca de 30 llamadas a la semana”. Nunca procesaron a los violadores de Jessica Kenyon (http://www.militarysexualtrauma.org).
Jessica Kenyon trabajó como mecánica de escuadrilla de helicópteros. Perteneció a una unidad donde antes hubo pocas mujeres e imperaba una cultura de tiranizar y perseguir, según relató en una entrevista de TV transmitida en Australia. (4) El acoso sexual en todos los niveles era corriente, y las mujeres eran una fuente de mofa. Al exhibir un vídeo filmado en su base, Jessica mostró como su comandante se burló y humilló durante más de 4 horas a un soldado joven después que descubrieran su virginidad.
“Es importante para nosotros que [las víctimas] puedan hablar por quienes no pueden hacerlo, mentalmente, emocionalmente o por lo que sea”, declaró Jessica Kenyon. Exhibió un video grabado en su antigua base de la 2da División de Infantería de la aviación de Estados Unidos en Corea para mostrar la cultura castrense en la celebración de un cumpleaños. “Precisamente, debió ser un bonito ritual de cumpleaños para la novatada”, explicó Kenyon, pero la celebración consistió en atar al joven festejado a una silla, voltearlo con los pies hacia arriba y enseguida, arrojarlo al fango.
Suzanne Swift fue repetidamente violada por su jefe de pelotón mientras prestó servicio en Iraq en 2004 y 2005. Fue detenida el 11 de junio de 2006 y sometida a un consejo de guerra el 14 de diciembre por negarse a volver a Iraq en enero del mismo año, cuando fue reasignada a la misma unidad en que su violador todavía desempeñaba la jefatura. El violador nunca fue procesado, retornó a Iraq al servicio de contratistas privados de seguridad y más adelante consiguió un cargo en una agencia policial del área de Seattle, en Estados Unidos.
La soldado Swift fue sentenciada a 30 días de confinamiento y a permanecer con los militares hasta 2009 por abandono de las filas sin permiso. “Susana hizo frente a su consejo de guerra con fuerza y entereza. Estoy más que orgullosa de ella”, dijo su madre, Sara Rich. Suzanne abandonó a los militares y ahora estudia en la universidad.
Stephanie (su apellido se mantuvo en reserva), fue una mujer casada violada en Fort Lewis, Washington. Como la mayoría de las mujeres violadas por sus jefes militares, nunca denunció el crimen porque pensó que nadie le creería debido a que su violador era un antiguo oficial. Stephanie y su marido se desempeñaron prestando ambos servicios en Iraq, pero su cónyuge se suicidó después de regresar a Estados Unidos. Stephanie denuncia con frecuencia la alta tasa de suicidios militares.
Estos casos documentados representan apenas la punta del témpano. Veteranos por la Paz ofrece calcomanías que rezan: Peligro: 1 de cada 3 mujeres son violadas en el ejército”. Según el informe 2008 de Victimización Criminal del ministerio de Justicia de Estados Unidos, 1 de cada 6 mujeres militares denunció intentos de violación o fue violada.
En otro acontecimiento, la organización Veteranos por la Paz puso en marcha a principios de octubre 2009 la campaña Conciencia sobre la Violación Militar, inaugurándola con una rueda de prensa en la Estación de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas en Times Square, Nueva York. Hablaron de la violencia contra la mujer la activista Eve Ensler, también dramaturga conocida por su obra “Monólogos de la vagina”, y la ex sargento Sandra Lee, otra víctima sobreviviente de abusos sexuales militares, quien relató sus traumas post-violación.
Veteranos por la Paz pidió advertir a las mujeres sobre el riesgo de violación militar colocando carteles en las puertas de la estación de reclutamiento. Por el momento, reparten pegatinas que anuncian: “¡Peligro!: 1 de cada 3 mujeres son violadas por los militares”.
Estadísticas oficiales de asaltos sexuales militares
• 23% de las mujeres reclutadas padecieron agresión sexual militar
• 11% sufrió violación
• 1,2% de hombres también experimentó violación
• Ramas con el porcentaje más alto de mujeres que denuncian trauma sexual: Ejército (cambiado recientemente a Cuerpo del Marines)
• 20% de las mujeres que buscaron asistencia en dependencias del VA (sigla en inglés del Dpt. de Asuntos Veteranos de Estados Unidos) reportaron trauma sexual
• 1% de hombres que buscaban cuidado en las instalaciones del VA han experimentado trauma sexual
• 8,3% de mujeres informaron que en el curso de su vida padecieron desórdenes de stress post-traumático (PTSD) relacionado con trauma sexual militar (MST)
• Más de la mitad de los incidentes ocurrieron en un sitio de trabajo militar y en horas de trabajo
• La mayoría de los agresores de estos casos fue personal militar
• Los factores que aumentan el riesgo de agresión sexual para las mujeres en servicio activo incluyen la presencia de oficiales que permiten el acoso sexual indeseado y no le prestan atención
Estos datos fueron publicados por MilitarySexualTrauma.org, ahora integrante Benefiting Veterans, con datos obtenidos en las siguientes fuentes gubernamentales:
– Departamento de Defensa: Informe Anual 2006 sobre Asaltos Sexuales en los Servicios Militares
– Departamento de Asuntos de Veteranos, “Trauma Sexual Militar entre los Miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas”
– Diario Americano de Medicina Industrial, 2003. “Factores Asociados al Riesgo de Violación de Mujeres en el Ámbito Militar”, Anne Sadler y otros.
Alarmantes cifras de trauma sexual en las fuerzas armadas
• 2006: 2.947 agresiones sexuales denunciadas
• 2006: 1.167 agresiones sexuales de miembros del servicio reportadas
• 2007: 2.714 agresiones sexuales divulgadas
• 2007: 2.085 agresiones sexuales de miembros del servicio reportadas
A Jessica Kenyon le llama la atención que estas cifras están a disposición de los grandes medios, sin ninguna restricción, pero ninguno se interesa en divulgarlas. Dijo que en el mundo civil solamente el 40% de las mujeres está dispuesto a denunciar estos incidentes a la policía, según datos de RAINN (5) y añadió que “mi experiencia es que el conocimiento público de la información reduce significativamente los porcentajes de asalto o violación entre los militares. (6)
Notas:
5) RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network (Red Nacional de Violación Abuso e Incesto)
6) Más información en RAINN, Rape, Abuse and Incest National Network (Red Nacional de Violación Abuso e Incesto)
Fuentes:
Rape in the Ranks: The Enemy Within, Noticia de Validación Independiente.
Wright, Ann. “Rape in the Ranks: The Enemy Within.” OpEd News, 27/10/2009: “Violación en el escalafón: El enemigo interior”. http://www.opednews.com/articles/Rape-in-the-Ranks- The-Ene-by-Ann-Wright-091027-923.html, 3/12/2009, http://www.opednews.com/articles/Rape-in-the-Ranks–Ene-por-Ann-Wright-091027-923.html
Estudiantes investigadores: Anna Kung, Shannon Cree y Delana Colvin
Instructor académico: Kevin Howley, Profesor Asociado de Ciencias de la Información, Universidad de DePauw

Evaluador: Christopher Bondy, profesor adjunto de Sociología de la Universidad de DePauw

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Publicado por ARGENPRESS

EE.UU.: Inmigrantes en detención en riesgo de sufrir abuso sexual

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Difusión Cencos México D.F., 26 de agosto de 2010

Boletín de prensa

HRW

* El Gobierno debería actuar con diligencia para incrementar la protección y mejorar los procedimientos

El Gobierno de Estados Unidos necesita reforzar la protección de las personas bajo su custodia en los centros de detención de inmigrantes para prevenir los abusos sexuales y garantizar justicia para las víctimas, Human Rights Watch señaló en un nuevo informe publicado hoy.

El informe de 24 páginas, “Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos”, describe incidentes y acusaciones de abusos documentados. También evalúa las recientes propuestas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para resolver este problema. Human Rights Watch resaltó que la agencia debería tomar medidas con diligencia para mejorar la supervisión de todo el sistema de detención inmigratoria y garantizar la rendición de cuentas.

“El ICE finalmente ha reconocido la necesidad de una mayor protección contra los abusos sexuales para las personas en centros de detención, pero necesita ponerse al día rápidamente”, dijo Meghan Rhoad, investigadora de la división de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “El ICE necesita implementar nuevas normas y asegurarse de que tengan el peso suficiente para garantizar que los cientos de centros de detención en todo el sistema las cumplan”.

Human Rights Watch también expresó su preocupación de que los cambios que propone el ICE tengan un impacto limitado si sólo introduce modificaciones a sus normativas. La agencia se ha negado a implementar regulaciones legalmente vinculantes para lidiar con los problemas de las condiciones en los centros de detención.

El ICE ha sugerido muchos de los cambios a los estándares desde que se hicieran públicas en mayo las acusaciones de que un guardia empleado por una empresa privada contratada, la Corrections Corporation of America (CCA), en el centro de detención de inmigrantes T. Don Hutto, en Texas, había agredido sexualmente a varias detenidas. El guardia, que fue arrestado el 19 de agosto de 2010 bajo sospechas de opresión oficial y retención ilegal, supuestamente manoseó a varias mujeres mientras las trasladaba a un aeropuerto y a una estación de autobuses donde iban a ser puestas en libertad.

Los cambios propuestos a las normativas incluyen medidas de prevención como la prohibición de que los guardias puedan registrar a personas detenidas del sexo opuesto, y la imposición de restricciones sobre cuándo pueden trasladar a personas detenidas del otro sexo. El ICE también planea publicar un protocolo de detenciones revisado sobre abusos sexuales que incluirá mejoras en los procedimientos médicos requeridos en casos de violación y mejores trámites de recopilación de información sobre incidentes de abusos.

Human Rights Watch insistió en que son necesarias mejoras más amplias a las políticas para limitar los registros innecesarios de las personas detenidas y asegurarse de que las víctimas de abuso sean informadas sobre la disponibilidad de visados que les permitirían permanecer en EE.UU. para poder cooperar con las autoridades de aplicación de la ley en los procesos penales relacionados a estos abusos.

“Otorgar a los estándares de detención la fuerza vinculante de una ley es primordial para remediar una serie de abusos”, señaló Rhoad. “La reticencia del ICE en este punto comunica un mensaje equivocado a los centros de detención y a las personas detenidas que se encuentran bajo su custodia”.

Se desconoce en gran medida la frecuencia con que se producen estas agresiones sexuales, abusos y acosos en los centros de detención. La Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), recopila algunos datos sobre el problema, incluyendo incidentes en centros dirigidos por, o exclusivamente para, el ICE. Sin embargo, no tabula el número de agresiones contra personas inmigrantes detenidas en prisiones estatales y municipales donde el ICE alquila una porción de las camas disponibles.

En su informe de junio de 2009, la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, creada por el Congreso, especifica que las personas inmigrantes detenidas enfrentan condiciones especialmente difíciles a la hora de denunciar abusos, incluyendo la falta de información sobre las normas de conducta del personal penitenciario y el miedo a quejarse en contra de la misma autoridad que está tramitando su deportación.

“Es muy posible que los incidentes que conocemos no sean más que la punta del iceberg, porque las personas que pueden haber sido víctimas de abusos suelen ser deportadas en la mayoría de los casos”, afirma Rhoad. “Necesitamos con urgencia que el ICE mejore el sistema de trámite de las denuncias de abusos que presentan las personas detenidas y que publique información que clarifique el alcance del problema”.

Partiendo principalmente de una revisión de estudios gubernamentales e independientes, la cobertura de distintos medios de comunicación y las demandas interpuestas, el informe de Human Rights Watch recopila incidentes y denuncias documentados de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención de inmigrantes desde que el ICE fue fundado en 2003.

En uno de estos incidentes, cinco mujeres detenidas en el Centro de Detención del Servicio de Port Isabel, en Texas, fueron agredidas en 2008 cuando un guardia, Robert Luis Loya, entró en sus habitaciones en la enfermería del centro de detención donde estaban ingresadas. Loya les dijo que estaba operando bajo instrucciones médicas, les pidió que se quitaran la ropa y tocó partes íntimas de sus cuerpos.

En 2007, una víctima de tráfico humano fue atacada sexualmente en una cárcel de Florida con la que el ICE tenía un contrato de alquiler de espacio para inmigrantes detenidos. Mujeres detenidas bajo cargos penales que compartían el mismo dormitorio agredieron a la víctima de tráfico humano cuando estaba parcialmente incapacitada por efecto de los sedantes que le fueron administrados.

Entre las recomendaciones clave del informe destacan las siguientes:

Al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

* Aprobar normas de detención legalmente vinculantes que sean aplicables en todos los centros de detención.
* Nombrar a un coordinador de la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA, por sus siglas en inglés).
* Publicar información sobre los incidentes de agresión sexual denunciados.

Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

* Asegurar que las denuncias de abusos sexuales sean investigadas exhaustivamente.
* Mejorar la supervisión del cumplimiento de las normativas de detención por parte de los centros de detención.
* Acelerar la implementación de la normas de detención sobre la prevención y la respuesta a las agresiones sexuales y abusos en todas las instalaciones que alberguen a detenidos del ICE.
* Exigir a los centros de detención que faciliten el acceso in situ a los proveedores comunitarios de servicios de apoyo para las víctimas de abusos sexuales.
* Estandarizar los procedimientos para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos de socorro, incluyendo la liberación y la disponibilidad de visados para permanecer en EE.UU. y colaborar con las autoridades de aplicación de la ley.
* Exigir que los centros de detención tengan sospechas razonables de infracción antes de tocar a los detenidos para registrarlos (pat-down searches).
* Garantizar que se informe a los detenidos de cuáles son sus derechos en relación a agresiones sexuales, abusos y acosos.

Al Departamento de Justicia de EE.UU.

* Aprobar sin demora regulaciones basadas en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en EE.UU.
* Revisar la experiencia del departamento en la persecución de los casos de agresión sexual y los abusos en centros de detención de inmigrantes con la intención de mejorar los procedimientos y tasas de procesamientos judiciales.

Al Congreso de EE.UU.

* Exigir la publicación de los archivos del ICE relacionados a casos de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención.
* Aprobar una legislación que fije estándares para las condiciones en los centros de detención.

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