Amnistía Internacional llama al Senado mexicano a no ratificar el ACTA

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 16 de julio de 2012

Boletín de prensa
AI México

Amnistía Internacional México ha hecho un llamado el día de hoy al Senado de la República a no ratificar el  Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) recientemente firmado por el Presidente Calderón.

El ACTA es un tratado internacional que busca incrementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas; sin embargo, este instrumento no garantiza un adecuado equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión y al debido proceso que deben garantizar los Estados.

“Es legítimo el esfuerzo de los Estados por preservar los derechos de propiedad intelectual, pero nunca a costa de una restricción tan significativa a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso” ha dicho hoy Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

El pasado 11 de julio, el Presidente Felipe Calderón firmó el ACTA, a pesar de los polémicos antecedentes en la redacción y discusión de este tratado por las consecuencias que podría traer para la libertad de expresión, en particular en lo relativo al uso del internet como medio de intercambio de información.

“El libre flujo de información a través del internet ha significado una importante herramienta para la participación de la población en asuntos públicos y ha permitido una amplia movilización social  para exigir una gran variedad de derechos; por ello, ningún instrumento legal debe poner en riesgo la libertad de expresión vinculada al uso de redes virtuales” dijo Herrera.

Para que el ACTA entre en vigor se requiere la ratificación de este tratado por al menos seis Estados. La firma de este instrumento por parte del Presidente Calderón es un primer paso dirigido hacia su ratificación, cuya facultad última recae en el Senado de la República.

“Debido a las implicaciones que en materia de derechos humanos podría tener la entrada en vigor de un tratado internacional comercial con estas características, hacemos un llamado al Senado de la República a no ratificarlo mientras no existan modificaciones sustantivas que aseguren que la libertad de expresión y el debido proceso serán garantizados”, concluyó Herrera.

Activistas de AI exigen libertad y justicia para José Ramón y Pascual

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Difusión Cencos México D.F., 13 de junio de 2012

Boletín de prensa
AI México

Durante la noche del 12 de junio, activistas de Amnistía Internacional (AI) participaron en una intervención pública en la Plaza Luis Cabrera, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en solidaridad con José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, líderes indígenas injustamente presos. Durante la actividad se realizaron diversas actividades y proyecciones dentro y alrededor de una fuente de agua por medio de las cuales se informaba al público sobre el caso de los defensores de derechos humanos detenidos en represalia por su activismo.

“A veces nos sentimos desesperados, nos sentimos tristes y pensamos en cuando tendremos nuestra libertad.”  Expresaron  desde el penal de Huachinango en Puebla los dos defensores a investigadores de Amnistía Internacional.

La investigación sobre las acusaciones hechas en contra de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz  se basaron en pruebas fabricadas y su juicio fue injusto.  Ambos fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo.

El proceso, incluyendo las declaraciones escritas que forman parte del expediente, fue llevado a cabo en español y en ningún momento se les proporcionó un intérprete, lo que dificultó la defensa de los dos activistas nahuas. Tampoco fue respetado su derecho a una defensa adecuada,  ya que el Ministerio Público los procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las evidentes contradicciones entre estas declaraciones.

“José Ramón y Pascual han sido víctimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos” dijo hoy Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de  Amnistía Internacional en México.

“Han pasado más de dos años y José Ramón y Pascual continúan en la cárcel.  Estamos aquí para exigir su libertad inmediata e incondicional” agregó Zapico.

En el evento se mostraron una serie de mensajes de solidaridad provenientes de todo el mundo mediante los cuales activistas y simpatizantes de la organización les transmiten a los dos activistas recluidos  sentimientos de solidaridad y esperanza.

AI espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Suprema Corte) atienda el caso de forma pronta y que lo aproveche para reforzar el respeto al debido proceso y juicio justo para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas según lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos.

La organización está convencida de la inocencia de José Ramón y Pascual  y  llama a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación completa e imparcial sobre su injusta detención y  juicio.

Información adicional:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está estudiando un amparo presentado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El día de hoy Amnistía Internacional envío una carta a la Suprema Corte expresando la preocupación de la organización por las irregularidades que han caracterizado el caso de los dos activistas  y exhortando a los ministros de la Suprema Corte a tomar una decisión que respete plenamente el marco de derechos humanos.

En los últimos años la organización ha documentado el uso del sistema de justicia penal contra quienes defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas para impedir su trabajo.

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Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

Celular:  (55) 5180.9918 | Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106
http://www.amnistia.org.mx
“Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo”

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

AU: Comunidad indígena bajo amenaza en México

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Difusión Cencos México D.F., 5 de junio de 2012

Acción Urgente
AI México

La comunidad de Valle del Río San Pedro, en el suroeste de México, recibió el 19 de mayo una amenaza de muerte en la que le ordenaban que abandonara sus hogares. Algunos miembros de la comunidad ya han sido víctima de homicidio anteriormente, y la comunidad corre grave peligro de sufrir nuevos ataques.

El 19 de mayo, un miembro de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, en el municipio de Putla de Guerrero, estado de Oaxaca, encontró en la calle principal del poblado una nota que decía: “Malditos indios, lárguense con sus muertos, sáquense a la chingada, con todo y sus derechos humanos. Apenas comenzamos la fiesta, pronto habrá comida para los zopilotes”.

Setenta y seis personas viven en la comunidad de Valle del Río San Pedro, compuesta por familias indígenas triquis que ocuparon la tierra tras verse obligadas a abandonar sus casas en 2008 a causa de la violencia en San Juan Copala, una localidad cercana. Según los habitantes, estas familias han sufrido numerosos ataques y amenazas para obligarlas a abandonar la zona. Entre otras cosas, varios miembros de la comunidad y personas que les ayudan han muerto tanto a manos de hombres armados no identificados como en las operaciones fallidas emprendidas por la policía estatal de Oaxaca en febrero de 2010 y en enero de 2012 para desalojar forzosamente a las familias. Varios miembros de la comunidad han sido detenidos durante ese periodo, acusados de posesión de armas. El 8 de mayo de 2012, unos hombres armados no identificados irrumpieron en la comunidad y mataron a tiros a tres hombres.

El 29 de mayo, ante la gravedad de la situación en la que viven los miembros de la comunidad de Valle del Río San Pedro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades mexicanas que acordaran con la comunidad medidas que garanticen su seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los habitantes indígenas triquis de San Juan Copala y las comunidades circundantes llevan muchas décadas sufriendo violencia y desatención, y durante ese tiempo se ha acusado repetidamente a las autoridades locales de tolerar los grupos armados o actuar en connivencia con ellos para mantener el control político. La región es una de las más pobres y subdesarrolladas de México. La inacción de las autoridades, que no previenen la violencia entre facciones enfrentadas ni hacen rendir cuentas a los responsables, ha dado lugar a un clima de impunidad y desatención. Ninguna autoridad pública ha comparecido ante la justicia por apoyar de manera directa o indirecta a los grupos armados, pese a las numerosas denuncias al respecto.

El 27 de abril de 2010, unos hombres armados organizaron una emboscada a un convoy humanitario cerca de San Juan Copala y mataron a los defensores de los derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, conocida también como Bety, y Jyri Antero Jaakkola. Los responsables de estas muertes no han rendido cuentas; entre ellos se encuentran miembros del antiguo gobierno estatal acusados de patrocinar al grupo armado que las causó. Tampoco se han resuelto otros homicidios cometidos desde entonces. Véase AU 110/10 http://amnesty.org/es/library/info/AMR41/039/2010/es.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que: “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de […] violencia.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

  • pidiendo a los gobiernos federal y estatal que emprendan acciones inmediatas para proteger a los residentes del Valle del Río San Pedro, en Putla de Guerrero, en la región triqui del estado de Oaxaca, de acuerdo con los deseos de los propios afectados, conforme ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
  • pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la amenaza dirigida contra la comunidad el 19 de mayo, y también sobre las amenazas y homicidios previos sin resolver, y que los responsables rindan cuentas;
  • pidiendo a las autoridades que garanticen todos los derechos humanos de todos los residentes de San Juan Copala y la región triqui, que han sufrido ataques y amenazas de grupos armados, aparentemente vinculados con algunas autoridades locales, dentro de la región triqui.

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600
México
Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca
Palacio de Gobierno (Planta Alta), Plaza de la Constitución, Centro Histórico
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
México
Fax: +52 951 501 5000 Ext 40068
Correo-e.: spagoboaxaca@gmail.com
Tratamiento: Sr. Gobernador
Y copia a:

Centro de Derechos Humanos y Asesoría da Pueblos Indígenas (CEDHAPI – ONG local)
cedhapi@yahoo.com.mx

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Entrevista:Salim Lamrani: `Informes AI país de América que menos viola DDHH es Cuba´

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Aclaraciones respecto de las graves violaciones a los DH en contra de mujeres los días 3 y 4 de mayo del año 2006 en San Salvador Atenco

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Difusión Cencos México D.F., 29 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Amnistía Internacional

Los días tres y cuatro de mayo del año 2006, se registró un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina del poblado de San Salvador Atenco. Como resultado de este operativo, se cometieron violaciones graves de derechos humanos, entre las cuales destacan abusos sexuales incluyendo la violación de al menos 26 mujeres por parte de elementos policiales.

Es preciso indicar que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, las agresiones sexuales cometidas por agentes del Estado constituyen actos de tortura y que, por lo tanto, como tales deben ser considerados.

Estos hechos quedaron consignados en el “dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006” acordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual reconoce la existencia de violaciones graves de derechos humanos:

“En resumen, con base en los elementos que se reunieron en la investigación, es de concluirse que no se corrobora la hipótesis de que en los operativos de cuenta se hubiese girado alguna instrucción en el sentido de agredir (física, psicológica o sexualmente) a los manifestantes, mas sí de permitir los excesos de violencia en respuesta a la conducta de los manifestantes.

“No obstante, lo cierto es que eso sí sucedió, que no se tomaron previsiones para que se inhibiera, que no se hizo cesar cuando se dio (como se verá en el subsiguiente considerando), y a esta fecha no obran constancias de que se hayan reprimido.

“Omisiones todas éstas que conducen a considerar que el uso excesivo de fuerza y violencia por parte de los policías fue aceptado, permitido y tolerado por los superiores, lo que trajo como consecuencia la falta de respeto de los derechos humanos de esas personas.[1]”

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó las siguientes consideraciones relativas al necesario acceso a la justicia por parte de las mujeres sobrevivientes de estos abusos:

“Los actos violatorios de derechos humanos que acontecieron en Atenco, especialmente, los que aquí han sido considerados como violaciones graves, son actos intolerables en nuestro Estado que deben ser reprimidos.

“Por supuesto, para que ello sea cumplido, de ninguna manera basta iniciar averiguaciones previas o procedimientos disciplinarios. Es necesario que esas averiguaciones y procedimientos sean llevados con una diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, que puedan constituir lo que la doctrina y jurisprudencia internacional humanitaria antes referida ha venido a llamar “investigaciones efectivas”, investigaciones que efectivamente lleven a identificar a los responsables, seguirles procedimiento y que reúnan las suficientes probanzas para que puedan ser justificadamente sancionados sus autores.”

Amnistía Internacional considera que los esfuerzos emprendidos por las autoridades federales y del estado de México para investigar y sancionar debidamente a los funcionarios públicos responsables por  acción u omisión de la comisión de estos graves abusos han sido inadecuados e insuficientes, ya que en solo dos casos, policías fueron consignados por delitos menores y estos fueron absueltos por el poder judicial, por falta de pruebas. Estos no representan ni la totalidad de los casos ni la gravedad de los abusos cometidos por agentes policiales en el estado de México.

Es de destacar que, debido a la impunidad en la que se ha mantenido el caso, éste ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está bajo consideración.

Amnistía Internacional ha manifestado desde el año 2006 de manera reiterada su honda preocupación por las deficientes actuaciones gubernamentales que han hecho que este caso se mantenga en la impunidad. Al día de hoy, después de que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para Crímenes Violentos Contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) decidiera declinar competencia en el año 2009, las investigaciones se encuentran en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la cual desde hace ya prácticamente seis años se ha negado a realizar una sola consignación por el delito de tortura, tal y como los estándares internacionales de derechos humanos lo requieren.
Amnistía Internacional continuará dando puntual seguimiento a este caso hasta en tanto se garantice justicia, verdad y reparación para las mujeres sobrevivientes de estos graves abusos.

[1] Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de enero de 2009.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Informe 2012: para la tiranía y la injusticia, las cosas han cambiado

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 24 de mayo de 2012

Boletín de prensa
AI

  • Es necesario un tratado sobre el comercio de armas sólido, dado que el consejo de seguridad de la ONU parecee cada vez menos adecuado para su función

El valor mostrado por quienes han protestado en los últimos 12 meses ha corrido parejas con el fracaso del liderazgo que hace que el Consejo de Seguridad de la ONU parezca cansado, desfasado y cada vez menos adecuado para su función, ha dicho Amnistía Internacional en el lanzamiento de su informe sobre los derechos humanos en el mundo. En este Informe 2012, el número 50 de los publicados, la organización hace un llamamiento en favor de la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas sólido este año.

“El fracaso del liderazgo se ha convertido en una cuestión global durante el último año, en el que los políticos han respondido a las protestas con brutalidad o indiferencia. Los gobiernos deben demostrar un liderazgo legítimo y rechazar la injusticia protegiendo a quienes no tienen poder y poniendo límites a los poderosos. Ya es hora de anteponer las personas a las empresas y los derechos a los beneficios”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

El apoyo explícito y entusiasta a los movimientos de protesta mostrado por muchas potencias globales y regionales en los primeros meses de 2011 no se ha traducido en actos. Coincidiendo con la convocatoria a las urnas de los ciudadanos egipcios para elegir un nuevo presidente, cada vez parece más evidente que se están desperdiciando las oportunidades para el cambio que crearon los manifestantes.

“En el último año han sido muchas las ocasiones en que las alianzas oportunistas y los intereses económicos han ganado a los derechos humanos en la lucha de las potencias mundiales por lograr la influencia en Oriente Medio y el Norte de África”, ha dicho Salil Shetty. “El lenguaje de los derechos humanos se habla cuando sirve a intereses políticos o empresariales, pero se deja de lado cuando resulta incómodo o estorba para lograr beneficios”.

Su no intervención en Sri Lanka y su pasividad ante los crímenes contra la humanidad en Siria –uno de los principales compradores de armas a Rusia– hicieron que el Consejo de Seguridad de la ONU pareciera incapaz de llevar a cabo su función de guardián de la paz mundial. Las superpotencias emergentes de Brasil, India y Sudáfrica han sido en demasiadas ocasiones cómplices con su silencio.

“Existen claras razones de peso para que la situación de Siria se remita a la Corte Penal Internacional a fin de que se investiguen los crímenes contra la humanidad. La determinación de algunos miembros del Consejo de Seguridad de proteger a Siria a toda costa hace difícil de conseguir la rendición de cuentas por estos crímenes y es una traición al pueblo sirio” ha dicho Salil Shetty.

El Informe 2012 de Amnistía Internacional documenta casos concretos de restricción de la libertad de expresión en al menos 91 países, así como casos de torturas o malos tratos en al menos 101 países, en muchas ocasiones por participar en manifestaciones.  Para lograr mejoras a largo plazo no basta con cambiar a los líderes, por muy tiránicos que sean. Los gobiernos deben hacer valer la libertad de expresión en sus países y en el extranjero, tomarse en serio sus responsabilidades internacionales e invertir en sistemas y estructuras que garanticen justicia, libertad e igualdad ante la ley.”

La conferencia de la ONU que se celebrará en julio para acordar un Tratado sobre Comercio de Armas será una prueba de fuego para ver si los políticos son capaces de poner los derechos por encima de los propios intereses y los beneficios. Sin un tratado sólido, la función del Consejo de Seguridad de la ONU como guardián de la paz y la seguridad mundiales parece abocada al fracaso, con sus miembros permanentes ejerciendo un veto absoluto sobre cualquier resolución a pesar de ser los mayores proveedores de armas del mundo.

“Los manifestantes han demostrado que es posible el cambio. Han lanzado un desafío pidiendo que los gobiernos defiendan la justicia, la igualdad y la dignidad. Han mostrado que el mundo no va a aceptar ya a los líderes que no estén a la altura de estas expectativas.  Tras un comienzo desafortunado, 2012 debe convertirse en el año de la acción”, ha dicho Salil Shetty.

Otras novedades mundiales destacadas en el Informe 2012 de Amnistía Internacional:
Estados muy represivos como China emplearon todo el peso de su aparato de seguridad en reprimir las protestas. No hubo ninguna mejora en la terrible situación de los derechos humanos en Corea del Norte.

En el África Subsahariana, los levantamientos de Oriente Medio y el Norte de África encontraron gran eco entre la población, pero en países como Angola, Senegal o Uganda se hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.

Las protestas sociales cobraron fuerza en América, y a menudo provocaron abiertos enfrentamientos entre los ciudadanos y poderosos intereses económicos y políticos. En países como Brasil, Colombia y México los activistas fueron víctimas de amenazas y homicidios.

En Rusia, el activismo civil creció y el país fue escenario de las mayores manifestaciones desde el hundimiento de la Unión Soviética, pero las voces de oposición fueron víctimas de abusos y silenciadas sistemáticamente.

No hubo señales de cambio significativo en países como Turkmenistán y Uzbekistán. Azerbaiyán, país anfitrión del Festival de la Canción de Eurovisión de este año, donde aún hay 16 presos de conciencia encarcelados por hacer oír sus voces en 2011, reprimió la libertad de expresión.

A pesar de la violencia tras el referéndum en el que Sudán del Sur votó a favor de su independencia, el Consejo de Seguridad de la ONU, junto con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, volvieron a no condenar abusos como los bombardeos indiscriminados de las Fuerzas Armadas de Sudán o el cierre de los estados afectados a las organizaciones humanitarias por parte del gobierno sudanés.

En Oriente Medio y el Norte de África, mientras los levantamientos ocupaban la atención mundial, se enconaban otros problemas arraigados. El gobierno de Irán, cada vez más aislado e intolerante con la disidencia, utilizó la pena de muerte con un entusiasmo sólo superado por China, mientras que Arabia Saudí reprimió con fuerza a los manifestantes. Israel mantuvo el bloqueo de Gaza, prolongando la crisis humanitaria, y continuó con la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Las organizaciones políticas palestinas Fatah y Hamás hicieron blanco de sus ataques a sus respectivos simpatizantes; las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos llevaron a cabo ataques en represalia en Gaza.

El gobierno de Myanmar tomó la importante decisión de poner en libertad a más de 300 presos políticos y permitir a Aung San Suu Kyi presentarse a las elecciones. Sin embargo, la escalada de violaciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto en las zonas de minorías étnicas, así como el constante hostigamiento y detención de activistas indicaron que la reforma tenía límites.

Entre las tendencias observadas figuran los abusos contra las comunidades indígenas en América a medida que se intensificaban las iniciativas para explotar los recursos; el empeoramiento de la discriminación en África por la orientación sexual o la identidad de género; el endurecimiento del discurso xenófobo de algunos políticos europeos y el incremento de la vulnerabilidad a los actos terroristas perpetrados en África por grupos islamistas armados.

Entre los avances figuran la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, las fisuras a la impunidad por abusos cometidos en el pasado en América; y los pasos históricos hacia la justicia que supusieron las detenciones del general serbobosnio Ratko Mladić y el serbocroata Goran Hadžić para ser juzgados por los crímenes perpetrados en las guerras de la década de 1990 en Yugoslavia.

Descarga el informe anual

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Nota para periodistas
1. El Informe 2012 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011.
2. Hay disponibles documentos de datos y cifras, material audiovisual, detalles sobre actos con los medios de comunicación y demás información. Si desean más detalles, diríjanse por correo electrónico a press@amnesty.org.
3. Si desean más información o concertar una entrevista con un portavoz de AI y con personas que lucharon en primera línea por los derechos humanos, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa en el número + 44 (0) 20 7413 5566 o la dirección press@amnesty.org. Sígannos en Twitter
@amnestypress

Informar no debe costar la vida

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Difusión Cencos México D.F.,                25 de abril de 2012

Boletín              de Prensa
AI México

El día de              hoy, 25 de abril, Amnistía Internacional (AI) ha              presentado una campaña para exigir que quienes se dedican              a  la labor de informar dispongan de adecuados mecanismos              de protección que les permitan llevar a cabo su labor sin              temor a represalias.

La              campaña “No más agresiones a periodistas” incluye el              lanzamiento de un spot en medios sociales y un sitio web [              http://alzatuvoz.org/periodistas/              ] en donde AI estará recolectando firmas pidiendo a las              autoridades la aprobación de un mecanismo efectivo de              protección.

El              objetivo de esta nueva campaña es transmitir un enérgico              llamado a la Cámara de Diputados para que se apruebe              cuanto antes la iniciativa de Ley para la Protección de              Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.              Esta iniciativa se presentó ante el Pleno del Senado el              pasado 15 de marzo y fue aprobada por unanimidad ayer 24              de abril. Su aprobación en la Cámara de Diputados es              esencial para asegurar que quienes ejercen el periodismo              puedan recibir medidas adecuadas de protección ante las              amenazas y agresiones que se suceden en diferentes partes              del país.

El spot,              si bien es un caso ficticio, muestra una situación              preocupantemente plausible en México, donde un periodista              se encuentra retenido en un vehículo rumbo a su inminente              ejecución.

A menudo              en México,  las y los periodistas pagan con un muy alto              precio, en ocasiones  con su vida, llevar a cabo su labor              de informar. De acuerdo a información presentada por la              relatoría para la libertad de expresión de las Naciones              Unidas en los últimos 10 años al menos 66 periodistas han              sido asesinados. Muchos más han sido amenazados, atacados,              heridos o han debido exiliarse.

“Durante              sus 50 años de historia AI ha sido testigo de cómo el              periodismo libre es fundamental en toda sociedad  que              busque el  respeto a los derechos humanos. El trabajo de              las y los periodistas permite a la sociedad informarse y              sirve de barrera protectora frente a los abusos del poder,              que normalmente se intenta mantener ocultos” Afirmó  hoy              Alberto Herrera, Director Ejecutivo de  Amnistía              Internacional México.

La              organización considera que esta nueva ley, deber ser              urgentemente aprobada y e ir acompañada de medidas              concretas para garantizar la investigación adecuada de los              ataques a periodistas, poniendo fin al clima de impunidad              existente en estos casos.

“Ahora              que la ley para proteger a personas defensoras de los              derechos humanos y periodistas ha sido aprobada en el              Senado, es el turno de las y los diputados, quienes pueden              demostrar que no se tolerarán las amenazas y la violencia              dirigida hacia las y los periodistas. Informar nunca debe              costar la vida”. Agregó Herrera.

Información adicional.

En los              últimos años México se ha convertido en el país de América              más peligroso para ejercer el periodismo. De acuerdo con              las cifras publicadas en septiembre por la Comisión              Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 74 periodistas han              sido asesinados en México desde el año 2000, cifra a la              que hay que sumar las desapariciones, amenazas, agresiones              y ataques a medios. Los responsables e instigadores de              estos ataques y asesinatos casi nunca son identificados ni              llevados ante la justicia.

Dado el              alto riesgo para quienes ejercen el periodismo,              particularmente a nivel local, los medios de comunicación              en México se ven obligados a tomar precauciones,              incluyendo atenuar su cobertura o ignorar completamente              cuestiones relacionadas con la delincuencia y la              inseguridad.

El 14 de              marzo AI recibió con agrado la reforma al artículo 73 la              Constitución aprobada por el Senado, la cual, una vez              aprobada por los estados de la federación, permitirá a las              autoridades federales investigar ataques contra              periodistas.

Esta              reforma debe poner fin a la excusa frecuentemente              utilizada por las autoridades federales, acerca de su              falta de competencia para realizar investigaciones que              permitan poner fin a la impunidad que caracteriza a las              agresiones contra periodistas.

El día de              ayer 24 de abril, después de haber guardado un minuto de              silencio por las y los periodistas que han fallecido en el              ejercicio de su labor, fue aprobada en el pleno del Senado              la Ley para la Protección de Personas Defensoras de              Derechos Humanos y Periodistas, por lo que ahora esta ley              pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y              aprobación.

El spot              puede ser descargado en alta definición en la dirección: http://amnistia.org.mx/publico/periodistasHD.zip               o mediante youtube en: http://www.youtube.com/watch?v=5PYzC-pgOfA

El sitio              web  para recolectar firmas está disponible en la              siguiente dirección: http://alzatuvoz.org/periodistas

Spot ¡No más                ataques a periodistas!

Información difundida por el                Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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