Detención arbitraria y hostigamiento contra defensores de DH en Campeche

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Difusión Cencos México D.F., 18 de noviembre de 2011

Boletín de prensa
Red de Alerta Temprana

  • Detención arbitraria de Héctor Alejo y hostigamiento contra miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, Candelaria, Campeche.

El pasado miércoles 09 de noviembre de 2011 HÉCTOR ALEJO miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, fue detenido alrededor de las 13:00 hrs. en la ciudad de Candelaria, Campeche por agentes de la Procuraduría General de la República y trasladado a la capital del Estado, al Juzgado II de Distrito, de orden Federal donde rindió su declaración bajo el cargo de “obstrucción de una obra o servicio público”.

Se señala que durante la declaración en el Juzgado II de Distrito, fue cuestionado sobre su relación con la Sra. Sara LOPEZ GONZALEZ activista de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y posteriormente fue liberado bajo caución para enfrentar el proceso jurídico en libertad, tras el pago de una fianza de 4 mil pesos por considerar no grave el delito por el que se le acusa. En tanto que, Sara LOPEZ GONZALEZ activista de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, quien enfrenta un proceso penal bajo caución, fue notificada por las autoridades que su expediente fue trasladado a la ciudad de Guanajuato.

Miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica en Candelaria Campeche, informan que en 2008 pobladores de la comunidad que sufrieron cortes masivos de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizaron una protesta pacífica para exigir la restitución del servicio a la mencionada empresa; que derivó en aproximadamente 50 órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la Republica a petición de las autoridades de CFE, bajo falsas acusaciones y el encarcelamiento de varios miembros del movimiento, Héctor ALEJO no vivía en Candelaria y se encontraba ejerciendo su oficio de bolero en el municipio del Carmen, de lo cual existen testimonios.

Sara LOPEZ GONZALEZ permaneció presa por once meses en el penal estatal de San Francisco Kobén en la ciudad de Campeche, acusada del delito de “privación ilegal de la libertad en la modalidad de retención de funcionario como rehén y de obstrucción de obra o servicio público” y liberada posteriormente en junio de 2010, mediante Amparo otorgado por el Tribunal Colegiado de Circuito de Mérida y notificado al Tribunal Unitario de Campeche, el cual en cumplimiento del mismo reclasificó el delito de privación ilegal de la libertad a una modalidad simple y decretó el auto de libertad. En el mismo sentido, el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche acatando la resolución de reclasificación dictó un nuevo auto de formal prisión por el mismo delito; pero en una modalidad simple, no considerado grave, lo que garantizó que continuara enfrentando el proceso bajo caución en la ciudad de Campeche, por lo que no existen razones jurídicas que justifiquen el traslado del expediente a la ciudad de Guanajuato.

Por otra parte, la autoridad judicial ha recurrido también a la intimidación al afirmar algunos funcionarios de la Procuraduría General de la República, que serían ejecutadas aproximadamente 50 órdenes de aprehensión pendientes -15 de manera inmediata-, en contra de miembros de la Red, relacionadas con los hechos de 2008 y por los cuales varios miembros de la Red permanecieron presos y posteriormente liberados, tal es el caso de Sara LOPEZ GONZALEZ. Cabe mencionar que 2 personas más miembros de la Red permanecen aún presos en el penal estatal de Kobé por delitos graves, relacionados con los mismos eventos.

En virtud de los hechos descritos las organizaciones que conformamos la RED DE ALERTA TEMPRANA llamamos la atención de las autoridades y de los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales sobre las graves violaciones a los derecho humanos fundamentales de HÉCTOR ALEJO y Sara LOPEZ GONZALEZ miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, en Candelaria Campeche. DERECHOS VIOLADOS.

iLa libertad y la seguridad personales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 3 y 9; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 9; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 5 y 7); en virtud que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y a la protección de los mismos; por lo que toda detención ilegal o arbitraria por parte de las autoridades vulnera todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y crea en los individuos y los miembros de su comunidad un ambiente de incertidumbre y altera las bases de un orden social justo.

  • El derecho a la libertad solo puede ser afectada por las autoridades con fundamento en indicios sólidos, nunca con base en meras sospechas.
  • Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta
  • Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación
  • La privación ilegal de la libertad se convierte en un medio para atentar contra los demás derechos fundamentales de la persona.

ii Derecho al debido proceso legal (Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Principio III, Principio V)

  • En el marco de un proceso penal, deberán existir elementos de prueba suficientes que vinculen al imputado con el hecho investigado a fin de justificar una orden de privación de libertad.
  • Al aplicarse medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, los Estados deberán promover los recursos necesarios y apropiados para garantizar su disponibilidad y eficacia.

Por lo anterior:

1) el traslado del expediente de Sara LOPEZ GONZALEZ a la ciudad de Guanajuato, obstaculiza el cumplimiento del requisito de presentación ante la autoridad correspondiente al que está obligada, debido a las condiciones de precariedad económica y el excesivo gasto que implica el transportarse periódicamente a una entidad distinta a la de residencia, existiendo la posibilidad real que se agrave su situación jurídica;

2) la violación a la garantía de: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; consideramos que los actos ejecutados por las autoridades en contravención a los derechos humanos fundamentales de Héctor ALEJO y Sara LOPEZ GONZALEZ, constituyen una condición de abuso de poder por parte de las autoridades y una acción contraria a la ley, que pretende castigar la protesta social y solicitamos a las autoridades en sus tres niveles de gobierno:

I Fin al hostigamiento e intimidación en contra de los miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

II Se garantice la seguridad jurídica y la integridad física y psicológica de los miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y

III No hacer uso arbitrario de la ley como forma de inhibir la protesta social

IV Se garantice el derecho efectivo a la reparación del daño a Héctor ALEJO con la finalidad de restituir la legalidad.

V Se retorne el expediente de Sara LOPEZ GONZALEZ a la ciudad de Campeche, a fin de no obstaculizar el cumplimiento del proceso en los términos señalados por ley.

VI Ajustar sus acciones a lo establecido en los Tratados y Convenciones Internacionales, ratificados por el Estado Mexicano.

VII A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, en el ámbito de sus atribuciones hacer los llamados pertinentes a las autoridades mexicanas para que den cumplimiento a las demandas aquí expresadas.

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de la República
Lic. Omeheira López Reyna, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB.
Marisela Morales Ibáñez Procuradora General de Justicia de la República
Juan de Dios Castro Lozano Subprocurador de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR
Lic. Fernando Ortega Bernés Gobernador del Estado de Campeche
Lic. Renato Sales Heredia Procurador General de Justicia del Estado de Campeche
Ana Patricia Lara Guerrero Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Lic. Juan Marcos Gutiérrez González Encargado de Despacho de la Secretaria de Gobernación.
Genaro García Luna Secretario de Seguridad Pública
Dr. Raúl Plascencia Villanueva Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Sen. Rosario Ibarra de la Garza Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores
Javier Esteban Hernández Valencia Representante en México de la OACNUDH
Santiago Cantón Secretario Ejecutivo de la CIDH
Margaret Sekaggya Representante Especial del Secretario-General de la ONU, sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos
Navanethem Pillay Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Atentamente Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana

Dr. Adrián Ramírez López Presidente de la Limeddh, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM) con domicilio para recibir comunicaciones en Retorno 207, No. 56, Col. Unidad Modelo. Del. Iztapalapa, CP 09089 México Distrito Federal, Tel y Fax: (55) 5610 8790, denuncias.limeddh@gmail.com

17 de noviembre de 2011

Invitacion al Foro: Exposición Mujeres Campesinas, Mujeres Indígenas, Defensoras Ignoradas donde participará la defensora Sara López González

México: El desalojo de Ebulá, dos años de impunidad

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sábado 20 de agosto de 2011

Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrificados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia.


Cristóbal León Campos / Especial para Con Nuestra América

Desde Yucatán, México


 

El 13 de agosto se cumplieron dos años del violento desalojo que sufrieron los pobladores de San Antonio Ebulá, fueron desterrados por parapolicías pagados por el empresario Eduardo Escalante, quien dice ser el propietario de las tierras donde se asienta el poblado desde hace más de 40 años, los golpeadores fueron resguardados por más de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. En dos ocasiones anteriores ya habían sufrido ataques que permanecen impunes.

Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrificados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia. Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria gubernamental.

Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche durante mes y medio. Recibieron apoyo nacional e internacional, gracias al cual, logró el Pueblo de Ebulá, recuperar 33 hectáreas de sus tierras. El gobierno campechano se comprometió a que el nuevo poblado ebuleño tendría todos los servicios básicos, además de que recibirían apoyo para su restablecimiento. Hasta hoy no sean cumplido tales compromisos, el gobierno pretende dejar de lado a los pobladores de este digno pueblo.

El acuerdo establecía que el juicio agrario que los pobladores de Ebulá mantienen sobre las tierras despojadas no se suspendía por ningún motivo, continuando en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por lo tanto, no la ha consignado. Tienen los oídos sordos y la vista ciega ante las pruebas, a pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, y de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público en total complicidad con la impunidad, pretendió concluir el caso, garantizando el establecimiento de la injusticia, si no hubieran actuado con rapidez y consistencia lo ebuleños, se abría consumado tal violación a los derechos más elementales.

La negación del Ministerio Público a impartir justicia es tan grande, que no le importa que en el expediente se encuentre, desde meses atrás, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, señala que no le mostraron orden de desalojo. Esta declaración incrimina al empresario Escalante y a la policía del estado de Campeche (que observó la destrucción sin intervenir), pero la Procuraduría no actúa para poner fin a este grave caso. Demostrando que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de Eduardo Escalante que se ha utilizado métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche debe terminar de integrar adecuadamente y a la brevedad las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, para garantizar que los hechos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, es necesario expresar la solidaridad y el apoyo, para que se imponga el castigo que merecen los autores intelectuales y materiales de dichas injusticias y, se establezca la justicia en Campeche regresando al pueblo lo que es suyo.

Ebulá, 2 años después Escalante es intocable

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Difusión Cencos México D.F., 18 de agosto de 2011

Boletín de prensa
Indignación

  • Ciberacción: justicia para Ebulá

Dos años después del violento ataque contra el pueblo de San Antonio Ebulá, en Campeche, por órdenes del Empresario Eduardo Escalante, persiste la impunidad en este grave caso que, el 13 agosto de 2009 golpeó, destruyó las propiedades y desplazó a más de 70 familias.

Ante la impunidad que encubre y protege al empresario responsable, Indignación convoca a sumarse y acompañar la exigencia de justicia para Ebulá a través de una ciberacción.

A partir de las primeras horas de este 13 de agosto, al cumplirse precisamente dos años del violento desalojo cometido ilegalmente por órdenes del empresario Eduardo Escalante, se podrá sumar quien lo desee a esta exigencia de justicia en la dirección http://indignacion.org.mx/ebula/ donde se encuentra el texto de una carta dirigida al Gobierno de Campeche, al Procurador de Justicia de Campeche y al Secretario de la Reforma Agraria.

Al final del texto basta con poner el nombre y dirección electrónica de quien suscribe y apretar el botón “enviar” para que la carta llegue a sus destinatarios. Una copia llegará a Indignación para conservar registro de los envíos.

También se podrá encontrar y acceder a la acción en:

http://www.facebook.com/pages/Indignacion/339814451000

y en http://twitter.com/indignacion_dh

En www.indignacion.org.mx está disponible más información sobre el caso.

A continuación el texto de la carta:

Secretario de la Reforma Agraria
Agr. Abelardo Escobar Prieto

Gobernador del estado de Campeche
Fernando Ortega Bernés

Procurador General de Justicia del estado de Campeche
Lic. Renato Sales Heredia

Me dirijo a ustedes con preocupación por la impunidad que prevalece en el caso de San Antonio Ebulá, Campeche y agravia a sus pobladores, quienes fueron violentamente desalojados por un particular hace ya dos años.

El 13 de agosto de 2009 cerca de cien personas protegidas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado y contratadas por el empresario Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras, a pesar de que estas se encuentran aun en litigo ante las autoridades agrarias, llegaron violentamente al pueblo de San Antonio Ebulá agrediendo a la gente y destruyendo todo a su paso: viviendas, árboles, animales y todas las propiedades de las y los habitantes. Dos ataques anteriores contra Ebulá, pueblo que se fundó hace más de cuarenta años, permanecían impunes.

Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria alguna.

Después de mes y medio de vivir en la terraza del Palacio de Gobierno en condiciones críticas, representantes de las y los pobladores y el Gobierno de Campeche firmaron un convenio con el ejecutivo campechano que les garantizaba a los desplazados la inmediata ocupación de 33 hectáreas cercanas al antiguo poblado, comprometía al gobierno a otorgarles certeza jurídica sobre esas tierras y a asegurarles todos los servicios que requiere un pueblo para la vida digna de sus habitantes.

El convenio establecía expresamente que de ningún modo dicho acuerdo implicaba la suspensión del juicio agrario que las y los pobladores mantienen sobre las tierras que les fueron despojadas, el cual continuaba en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal.

A pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, a pesar de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público intentó -fallidamente gracias a la impugnación de las y los pobladores- concluir el caso. Hasta la fecha, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por supuesto, no la ha  consignado.

Esta dilación implica denegación de justicia y lleva a la Procuraduría de Campeche a incumplir con el principio de debida diligencia con la que tiene que actuar para garantizar a las y los pobladores agraviados el acceso a la justicia.

El expediente contiene, desde hace algunos meses, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como “El Potoco”, quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, a pregunta expresa, señala que si bien no le mostraron orden de desalojo el señor Escalante le mostró un papel que acreditaba la propiedad de la tierra.

Esta declaración de culpabilidad propia que además incrimina al señor Escalante y a la policía del estado de Campeche -que observó pasivamente la destrucción- no ha bastado para que la Procuraduría actúe en este grave caso, lo cual hace sospechar que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de un empresario que se ha valido de métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.

Por lo anteriormente señalado les expreso mi más alta exigencia de justicia y solicito:

A) A la Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche:

Que termine de integrar adecuadamente y a la brevedad posible las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, de tal manera que hechos comos los descritos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.

B) A la Secretaría de la Reforma Agraria del Gobierno Federal. Que en la reposición del procedimiento agrario ordenado por la Justicia Federal y radicado originalmente con el número de expediente 527/1992 en el Tribunal Superior Agrario, se haga de manera independiente e imparcial, garantizando el derecho a la tierra y el territorio del pueblo de San Antonio Ebulá, de tal manera que se les brinde certeza jurídica sobre su territorio histórico y se evite la consumación de un hecho a todas luces ilegal.

Equipo Indignación A.C.

12 de agosto de 2011

Impune el ataque contra Ebulá

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Difusión Cencos México D.F., 17 de noviembre de 2010

Boletín de prensa
Indignación

El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

10 de noviembre de 2010

Impune el ataque contra Ebulá

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Difusión Cencos México D.F., 17 de noviembre de 2010

Boletín de prensa
Indignación

El Ministerio Público de Campeche consideró que no hay delito qué perseguir en la denuncia interpuesta por el ataque a San Antonio Ebulá, la agresión a los pobladores y la destrucción de las viviendas de más de 70 familias en agosto de 2009, a pesar de que fue un hecho público que lo obligaba a actuar inmediatamente.

El ataque y la destrucción de San Antonio Ebulá fue cometido por civiles contratados por el empresario Eduardo Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, bajo la mirada de la policía estatal que omitió intervenir para salvaguardar la integridad física y la propiedad de los pobladores.

Ya antes la Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que el caso de Ebulá no es un asunto de derechos humanos y hace unas semanas la Comisión Nacional avaló su resolución. En aberrante complicidad, la CNDH omitió considerar extenso informe que se le hizo llegar en tiempo y forma y dio la razón a su homóloga estatal por considerar resuelto el asunto y por supuesto desinterés de los afectados en el seguimiento.

El gobierno de Campeche omitió prevenir el desalojo a pesar de ataques anteriores contra el poblado que permanecieron impunes; omitió proteger la integridad física y la propiedad de las familias y omitió brindarles asistencia humanitaria a las familias desplazadas, a pesar de que vivieron en la terraza del “palacio” de gobierno de Campeche más de un mes.

En el recurso de revisión presentado hoy 10 de noviembre ante la Procuraduría, las y los pobladores acusan al Ministerio Público de omitir investigar y limitarse a desacreditar los ilícitos denunciados en franca protección a la familia Escalante.

Más de cuarenta personas de San Antonio Ebulá acudieron en distintas fechas a declarar, pero el Ministerio Público no investigó ni se allegó de pruebas para integrar debidamente la averiguación previa.

El gobierno de Campeche, en un convenio firmado con los pobladores el 24 de septiembre de 2009, condicionó la reparación de los daños al procedimiento penal, pero ahora determina el no ejercicio de la Acción Penal.

El caso de San Antonio Ebulá fue seguido por decenas de organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaron al pueblo de Ebulá en sus demandas de reparación, justicia y paz y en un intento de retorno impedido por personas al servicio del empresario Escalante.

El caso también fue seguido por Amnistía Internacional y por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También fue mencionado en el informe de la relatora de vivienda de Naciones Unidas.

Indignación deplora la impunidad que prevalece en este caso y la determinación del gobierno de Campeche de proteger al empresario Eduardo Escalante. Uno de sus hijos tiene un puesto de alto nivel en el actual gobierno de Campeche.

El recurso de revisión presentado obliga al procurador a ordenar la reapertura del expediente, la debida integración del expediente de acuerdo a los más altos estándares y, en su momento, a ejercitar la acción penal y solicitar las órdenes de aprehensión contra quienes resulten responsables en un hecho que fue público y documentado por diversos medios de comunicación de la entidad cuyos representantes también fueron amenazos por los parapolicías sin que los elementos de seguridad pública interviniesen para protegerlos y garantizarles el ejercicio su labor.

10 de noviembre de 2010

Informaciòn difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Comunicado del Movimiento de resistencia de Candelaria- Liberación de nuestros presos

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Candelaria, Campeche 10 de junio de 2010

Compañeros y compañeras, como algunos de ustedes ya saben, el pasado domingo 6 de junio fueron liberados bajo fianza nuestros compañeros Sara, Joaquín y Guadalupe. Su liberación condicionada, al igual que su injusta detención, nos llena de indignación puesto que el delito que se les fabricó para su prisión únicamente fue reclasificado por el Tribunal colegiado a cargo de resolver sobre el amparo ganado en enero de este año, siendo ahora acusados de privación ilegal de la libertad en su modalidad simple con derecho a fianza. Lo que significa que nuestros compañeros continúan bajo proceso judicial y sobre ellos la amenaza de poder hallarlos culpables en su sentencia. Como dijeron nuestros compañeros al dejar el penal, el mal gobierno no quiso liberarlos incondicionalmente por orgullo, ya que el haberlo hecho suponía aceptar tácitamente su inocencia y reconocer que efectivamente está criminalizando la protesta social. Por lo que aún con la alegría que nos causa tenerlos entre nosotros de vuelta, no queremos dejar de denunciar esta injusticia que se suma a la lista de agravios cometidos en contra de nuestra lucha.

Compañeros y compañeras, no tenemos palabras para expresar la alegría que sentimos al ver a nuestros compañeros fuera de la cárcel que los secuestró durante estos once meses de injusta prisión, así como tampoco tenemos palabras para agradecerles la solidaridad y el apoyo que tan generosamente nos han brindado. Sin el apoyo de todos ustedes no hubiera sido posible mantener la fuerza para enfrentar este tiempo de intensa represión. Gracias hermanos, muchas gracias.

Ahora, más que nunca no nos agachamos, no nos vendemos, no nos rendimos. Ahora más que nunca estamos firmes y fortalecidos para seguir luchando por la libertad, la justicia y la democracia del otro mundo que queremos.

¡Viva el movimiento nacional de resistencia civil al no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica!
¡Vivan los movimientos de abajo y a la izquierda de México y del mundo!
¡Viva la Otra Campaña!
¡Viva la resistencia!

Movimiento de resistencia civil al no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria.

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