A 4 años de la tragedia en la discoteca New´s Divine

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Difusión Cencos México D.F., 20 de junio de 2012

Boletín de prensa
CDH Vitoria

  • Mensaje del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. a 4 años de la tragedia en la discoteca New´s Divine

Hoy se cumplen 4 años de exigir justicia por parte de los familiares de las 12 personas fallecidas en la discoteca New´s Divine, de las cuales 9 eran jóvenes. La demanda es concreta: justicia y que se proceda conforme a derecho contra  las autoridades que resulten responsables de tan lamentable tragedia.

En días recientes,  autoridades encargadas de garantizar el derecho de acceso a la justicia para las y los familiares, han declarado su respeto tanto por el derecho de defendensa de los procesados, como el de las víctimas. Las declaraciones del Presidente del Tribunal de Justicia (TSJDF), Edgar Elías Azar, a un día de la conmemoración de la tragedia, encomian al juez encargado del caso a que sea más proactivo para la pronta resolución del caso y se garantice el derecho a la justicia de las víctimas. Estas declaraciones se manifiestan en un escenario en donde ha existido ausencia de debidas diligencias de investigación de los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008,  en la discoteca New´s Divine.

Las y los familiares son víctimas de toda una serie de violaciones a derechos humanos debido a que las autoridades no han realizado acciones concretas para la reparación del daño y el acceso a la justicia de las  12 personas fallecidas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sugerido que uno de los factores que posibilitan  se sigan violando Derechos Humanos es la impunidad, por medio de está la no impartición de justicia y que Estados que violentan derechos humanos se sustraigan de las consecuencias jurídicas de su actuación son temas que se reproducen de manera constante. En el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Principios), se establecen los mecanismos sugeridos a los Estados parte para acabar con todo acto de impunidad que invalide el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Con la implementación de estos Principios se da cumplimiento a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con base en lo anterior, podemos decir que las víctimas del caso New´s Divine tienen el derecho a saber lo que pasó entorno a las violaciones a los derechos humanos cometidos contra ellas y en consecuencia de sus familiares, es decir, a conocer la verdad por parte de las respectivas autoridades judiciales (Principio 4). Asimismo, tienen el derecho a que el GDF emprenda investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos (Principio 19); por último, también tienen el derecho a que se les repare el daño ocasionado a ellas o bien a sus familiares a consecuencia de las violaciones a sus derechos (Principio 31 y 32).

En atención de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, para que la impunidad no prevalezca y se garantice los derechos de las víctimas, el Gobierno del Distrito Federal está obligado a mirar todos los instrumentos internacionales que protejan a las personas, y con ello garantizar la protección a los derechos humanos de las víctimas del caso New´s Divine.

Por ello, es menester mencionar, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo primero, se establece que, frente a violaciones de derechos humanos, el Estado Mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación a los derechos humanos. Para el caso del New´s Divine, las autoridades competentes en el DF faltan a las obligaciones, primeramente de investigar y sancionar a las autoridades responsables, ya que a 4 años de la tragedia sólo una persona ha sido sentenciada, de las 35 personas procesadas.

En este mismo sentido, en el Distrito Federal se ha implementado un Programa de Derechos Humanos (PDHDF) el cual tiene como finalidad eliminar todo obstáculo que impida que las y los habitantes de esta entidad federativa gocen de los derechos humanos  que les pertenecen. Para el caso de los derechos humanos de las y los jóvenes, específicamente en el capítulo destinado a este tema se establece que los impedimentos institucionales han sido reconocidos por los entes públicos, y que en consecuencia se han fijado estrategias y líneas de acción para superarlos. En su punto 28.3 el PDHDF establece que las instituciones de gobierno deben erradicar prácticas y conductas en dependencias públicas que violan el derecho a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal de las personas jóvenes, sobre todo de las y los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Desde este Centro de Derechos Humanos, vemos de manera lamentable que en lo que se refiere a acceso a la justicia y protección de las víctimas jóvenes, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) falta a este compromiso con la población joven, ya que al no sancionar e investigar de manera asertiva a las personas responsables de la muerte de las y los jóvenes, incumple con sus obligaciones ante la población y permite que se repitan violaciones a los derechos humanos de juventudes del DF.
El GDF ha aletargado considerablemente los procesos de impartición de justicia para este caso. Debemos señalar, en nuestra calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, que la omisión por parte de autoridades para agilizar los procesos es un claro hecho de violación a los derechos de las víctimas.

Por todo lo anterior, es importante que las autoridades hagan su trabajo en torno a las exigencias de las víctimas, y lo antes posible se obtenga la reparación de los daños causados a las y los familiares de las víctimas del 20 de junio de 2008.

Consideramos que toda la sociedad, en sentido amplio, estamos invitadas e invitados a generar una cultura basada en los derechos humanos. En el DF, a construir una cultura alejada de toda discriminación contra las y los jóvenes y de contar con un sistema judicial que privilegie a la víctimas, sin dejar de lado los derechos de las personas acusadas, un sistema de justicia ágil y eficiente que garantice el derecho a la justicia de todas y todos los capitalinos.
Nuestra hermandad y apoyo para quienes luchan en el día a día por lo que les es legítimo luchar: el reconocimiento de la dignidad y el acceso a la justicia, principios legítimos y necesarios para vivir en una sociedad democrática respetuosa de los derechos de todas las personas que habitan y transitan en el D.F. Reconozcamos a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos.

Porque la justicia para las y los familiares de las víctimas del News Divine, significará justicia para los derechos de las juventudes en el Distrito Federal.

Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C

Contacto: Carlos Ventura Callejas
edupromo1@derechoshumanos.org.mx
www.derechoshumanos.org.mx

México D.F. a 20 de junio de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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Gobierno mexicano en deuda con los DESCA. Balance 2011

Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2012

Boletín de prensa
CDH Vitoria

  • En México los tratados comerciales y acuerdos de inversión determinan las políticas y programas económicos y sociales, lo que abre una brecha entre el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y su cumplimiento.

Las políticas sociales se diseñan e implementan sin perspectiva de derechos humanos. El resultado son programas y acciones gubernamentales insuficientes para hacer valer o que incluso violentan los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, medio ambiente y derechos laborales. Al respecto, se pueden mencionar los Megaproyectos entre las acciones que afectan a comunidades, tanto urbanas como rurales, porque favorecen las acciones de las trasnacionales en perjuicio de la población.

Desde el año 2002 el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” da cuenta en sus informes anuales de los avances, retrocesos y violaciones a los seis derechos mencionados. En su Informe Sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2011. Exigibilidad de la Sociedad Civil, además de brindar un diagnóstico, el Centro Vitoria destaca cómo frente a las violaciones a los DESCA las víctimas y las y los afectados se organizan en torno a movimientos para exigir la garantía y protección de sus derechos así como mecanismos de participación e intervención en las decisiones que les afectan.

La labor de las organizaciones de derechos humanos consiste en visibilizar, denunciar, acompañar, y sobre todo, promover el enfoque de derechos humanos entre diversos actores y la reparación de las violaciones a éstos; de esa forma contribuye a la construcción de una sociedad consciente de la titularidad de sus derechos.

Con acciones que van desde la movilización pública por medio de marchas, pasando por mecanismos de difusión de la problemática hasta el diálogo con las autoridades, la exigibilidad se desarrolla como un proceso social y político con acciones de presión y persuasión encaminadas a transformar las condiciones en las que se ejercen tales derechos y, al mismo tiempo, promueven la participación activa de la sociedad.

El informe señala como ejemplo de ello la Campaña “Sin Maíz No Hay País” que, aunado al trabajo de muchos años, es un esfuerzo para visibilizar la crisis que sufre el campo mexicano, las condiciones desiguales que enfrentan los productores mexicanos en el contexto de los acuerdos comerciales, la pérdida de soberanía alimentaria del país y aspectos igualmente importantes como el uso de semillas transgénicas.

En el caso del la Salud, la pobreza en la que viven miles de familias refleja los altos índices de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles y curables que se complican debido a la carencia de atención oportuna; por consiguiente, las comunidades exigen la construcción y buen funcionamientos de las clínicas rurales.

Con respecto al derecho a un Medio Ambiente se ha desatado una preocupante conflictividad social. Las principales violaciones a este derecho derivan de la construcción de Megaproyectos como presas hidroeléctricas y mineras. La lucha se centra en la defensa del territorio, la tierra y los recursos naturales. Se observa con preocupación cómo las comunidades y campesinos sufren del acoso y persecución de otros actores.

En el caso de la vivienda hemos visto cómo las autoridades en apoyo a los grandes empresarios, principalmente trasnacionales, intentan despojar de su patrimonio a quienes con esfuerzo lo han construido, como en el caso de la Alianza Única del Valle y su defensa del Predio Guadalupe en el municipio de Naucalpan.

En cuestión de Educación se indica que en nuestro país a pesar de que el promedio nacional de escolaridad es de 7.9 años falta la visión de Estado sobre la importancia de este derecho como motor del país. La interlocución de las organizaciones civiles con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación es parte de una herramienta que permite denunciar las problemáticas.

El mercado laboral que ha dejado como saldo la Política Laboral del actual sexenio se caracteriza por el aumento del desempleo, por una concentración del empleo en el sector servicios, por el aumento del sector informal y por un mayor impacto de la pobreza y de los efectos negativos del incumplimiento de los derechos laborales en los sectores de jóvenes, mujeres, niñez y tercera edad. Prevalece una idea individual del cumplimiento del derecho al trabajo. La dimensión colectiva de los derechos se violenta. Poco a poco son menos los contratos colectivos de trabajo y más la subcontratación. Y frente a este panorama, la necesidad se prioriza y se normalizan las violaciones a los derechos laborales poniendo en peligro la paz laboral con justicia y sobre todo, la estabilidad social.

 

Descarga el informe u hojealo a continuación
Amplia brecha entre reconocimiento y ejercicio de los DESCA: informe del Centro Vitoria

Presentan.

Dr. Miguel Concha Malo, Director del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C.(CDHFFV)
Mtra. Ana Luisa Nerio, Coordinadora General del CDHFFV
Campaña por la Ratificación del Protocolo Facultativo al PIDESC
Salomé Almaraz, coordinadora del área de Investigación y Análisis del CDHFFV.
Presentación del Informe DESCA Nacional 2011.
Angélica Gay
Derechos Laborales y Derecho a un Medio Ambiente Sano
Victoria Beltrán, Coordinadora del área Jurídica del CDHFFV
Incidencia del Centro Vitoria en el Caso de la Súper Vía
José Antonio Lara Duque, Alianza Única del Valle
Caso Predio Guadalupe

Contacto:

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C
Odontología No. 35. Desp. 23. Col. Copilco Universidad. C.P. 04360. México D.F.
Tel. 01 (55) 5659 6797 ext. 227
Fax. 01 (55) 5659 3823
C.E. coordinacion@derechoshumanos.org.mx
http://www.derechoshumanos.org.mx
Facebook: Centro Vitoria
Twitter: @CDHVitoria
Presidente: Miguel Concha
Coordinadora: Ana Luisa Nerio

México D.F., a 16 de enero de 2012.

Amplia brecha entre reconocimiento y ejercicio de los DESCA: informe del Centro Vitoria

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 4 de enero de 2012

Boletín de prensa
CDH Vitoria

El Informe sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (DESCA nacional) presenta, anualmente los avances y retrocesos en el cumplimiento de seis derechos: alimentación, salud, medio ambiente, trabajo, educación y vivienda, así como el efecto que estos tienen en distintos grupos de población excluidos y discriminados en el ejercicio de sus DESCA. En cada actualización hemos analizado estos seis derechos desde el marco internacional que establece los contenidos mínimos para cada uno, así como las obligaciones a las que México se ha comprometido como Estado Parte de los diferentes Pactos y Convenciones que los reconocen y protegen. Aunado a lo anterior, cada año el Informe incorpora nuevos ejes de análisis como la perspectiva de género y el derecho a la No Discriminación.

Además de proporcionar información actual, sistematizada y analizada desde un enfoque de derechos humanos que permita dar seguimiento a los avances, retrocesos y violaciones a los DESCA, específicamente sobre los seis derechos estudiados, en esta ocasión decidimos vincular, en el análisis, el diagnóstico del derecho con los procesos de exigibilidad que se desencadenan a partir de la situación negativa que presenta su ejercicio y con especial énfasis en el papel que juegan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s). En este caso, tomaremos como primer referente el trabajo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C (CDHFFV).

Optamos por enfocarnos en el papel de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de exigibilidad sobre DESCA porque, pese a que sabemos que el reconocimiento de los derechos sociales en la normatividad representa el primer paso de su cumplimiento, observamos que entre el reconocimiento y el ejercicio existe una amplia brecha. En ese espacio delineado por el contexto sociopolítico se desarrollan diversos procesos de exigibilidad, acciones sociales y políticas que buscan resolver los vacíos y la falta de cumplimiento por parte del Estado, demandándole que cumpla con sus obligaciones. Las estrategias de exigibilidad se adecúan a los contextos y perfiles de las personas y grupos que las desencadenan. Éstas pueden impulsarse desde las organizaciones de la sociedad civil organizada, movimientos sociales, grupos o personas.

Igualmente el trabajo que realizan estas organizaciones, incluido el Centro Vitoria, contribuye a visibilizar y documentar violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; permite el acompañamiento a procesos sociales, y en algunos casos, realizan actividades de orientación y defensa jurídica. Asimismo, contribuyen a que movimientos y luchas sociales incorporen la perspectiva de derechos humanos en su trabajo de defensa, en la elaboración, diseño de políticas públicas y marcos jurídicos e incentiva la participación ciudadana.

En muchos casos las organizaciones civiles de derechos humanos cuentan con una amplia experiencia en procesos de interlocución entre movimientos y autoridades pero no la tienen documentada y sistematizada. Este informe aporta, además del diagnóstico sobre la situación de cada derecho, un documento con información sistematizada sobre las experiencias de movilización y participación de la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos humanos, a partir de la amplia experiencia del CDHFFV, particularmente en casos de violación a los DESCA o de acompañamiento a movimientos de defensa y lucha de algún o alguno de los derechos mencionados.

La investigación cuenta con un marco conceptual del que partimos para establecer los casos a analizar, principalmente aquellos donde el Centro Vitoria ha tenido participación directa o contacto con los involucrados; buscamos que fueran representativos de los movimientos de defensa por los DESCA a lo largo y ancho de todo el país; de las zonas rurales y urbanas, tanto como de movimientos locales y/o a nivel nacional. La investigación contó con trabajo de gabinete y de campo. La segunda implicó la realización de visitas y entrevistas a integrantes de organizaciones civiles y movimientos donde se ubican los conflictos.

Este trabajo de investigación no pretende agotar todas las experiencias o casos de incidencia de las organizaciones civiles en materia de derechos humanos, es apenas una aproximación a la enorme labor que desarrolla la sociedad civil organizada, sumando a los movimientos sociales e inclusive al sector académico (que también es parte de la sociedad civil), en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos. Con ello, pretendimos explorar y sobre todo visibilizar el trabajo que algunas organizaciones realizan para incidir en cambios a nivel legislativo, en el diseño de políticas públicas y en la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA. Aquí el lector encontrará en cada capítulo información sobre experiencias tanto propias como de otras organizaciones. En varios de los procesos narrados, el CDHFFV ha jugado un papel importante pero sin duda, no podríamos decir que ha sido de manera aislada, ya que en la mayor parte de las ocasiones trabajamos de manera solidaria, articulada, coordinada con otras organizaciones, movimientos sociales, campesinos, ecologistas, con el sector académico y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan que en este país todas las personas vivan con dignidad.

Dr. Miguel Concha Malo
Director del CHFFV
México DF diciembre de 2011

Descarga el informe u hojealo a continuación
http://issuu.com/Cencos/docs/informe_vitoria_desca11/1

Balance de los DESCA en 2011

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Balance de los DESCA en 2011
Miguel Concha
La Jornada
Desde 2002 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC (Centro Vitoria) ha publicado cada año una investigación sobre el estado que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México. Estos informes han dado cuenta de los avances, retrocesos y violaciones de los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, los derechos laborales y el derecho humano al medio ambiente; y sobre cómo dicha situación impacta en grupos que por su condición son discriminados. Estos informes han incorporado igualmente como ejes de estudio las perspectivas de género y no discriminación, y su desagregación por algunos grupos socialmente más vulnerables.

Además de brindar un diagnóstico, el informe 2011 sistematiza este año algunas experiencias de las distintas luchas y movilizaciones de exigibilidad de esos seis derechos –de las que en algunas ocasiones el Centro Vitoria ha formado parte, acompañando y asesorando–, ya que ante un escenario en el que los tratados comerciales y acuerdos de inversión determinan las políticas y programas económicos y sociales, se abre una brecha entre el reconocimiento de los DESCA y su cumplimiento. En este panorama, la exigibilidad entonces se desarrolla como un proceso social y político con acciones de presión y persuasión encaminadas a transformar las condiciones en las que se ejercen tales derechos, y promueve al mismo tiempo la participación activa de toda la sociedad.

Por ello el informe señala entre sus principales resultados que en el derecho a la alimentación persiste el poco y eficaz apoyo a los productores nacionales, por lo que organizaciones campesinas, civiles y académicos integraron desde 2007 la campaña Sin maíz no hay país, para denunciar la crisis estructural que sufre el campo mexicano. Todo ello aunado al trabajo de muchos años para visibilizar las condiciones desiguales que enfrentan los productores nacionales en el contexto de los acuerdos comerciales, así como la pérdida de soberanía alimentaria del país y aspectos tan importantes como el uso de semillas transgénicas.

En cuestión de educación, se indica que en nuestro país, a pesar de que el promedio nacional de escolaridad es de 7.9 años, falta una visión de Estado sobre la importancia de este derecho como motor de nuestro desarrollo, por lo que las organizaciones civiles contribuyeron durante la visita del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en 2010 con un informe alternativo, con el fin de visibilizar estas problemáticas. En cuanto a los derechos laborales, el informe señala que mientras existen 2 millones 481 mil 167 personas desempleadas –la tasa más alta de los pasados 15 años–, y un aumento de 28.9 por ciento del empleo informal durante 2011, PRI y PAN insisten en reformar la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio de los trabajadores. Al no verse cumplido este derecho fundamental, apremia la necesidad de exigirlo. Por ello resulta ejemplar la labor que las organizaciones sociales realizan para promoverlo y defenderlo.

Respecto del derecho a un medio ambiente sano, se ha desatado una preocupante conflictividad social. Sus principales violaciones derivan de la construcción de megaproyectos, como presas hidroeléctricas y mineras, por lo que la lucha se centra en la salvaguardia del territorio, la integridad de la tierra y los recursos naturales. Por lo que se refiere al derecho a la salud, la pobreza en la que viven millones de familias refleja los altos índices de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles y curables, que se complican debido a la carencia de atención oportuna. Por tal motivo hemos visto en los últimos años cómo las comunidades rurales, principalmente indígenas, han implementado distintas estrategias para exigir que el gobierno mexicano les garantice este derecho, como es el caso de la comunidad de Mininuma, y más recientemente de la comunidad de Xochiojca, Veracruz, que se organizaron para pedir a las autoridades centros de salud.

Por último, en materia del derecho a la vivienda, encontramos que la población cuyos ingresos económicos son escasos, ve limitadas o prácticamente anuladas sus posibilidades de adquirirla. Y que la construcción de vivienda popular o social es insuficiente para satisfacer la demanda de la gente. Ello no obstante, en apoyo a los grandes empresarios o a las inmobiliarias, las autoridades intentan despojar de su patrimonio a quienes con esfuerzo lo han construido, como en el caso de la Alianza Única del Valle y su defensa del Predio Guadalupe en el municipio de Naucalpan.

Encontramos, pues, un panorama en el que no se han adoptado las medidas necesarias para que toda la población pueda ver realizados sus DESCA. Las políticas sociales en su mayoría carecen además de perspectiva de derechos humanos desde su diseño. En consecuencia, los programas y acciones gubernamentales resultan insuficientes para hacerlos valer o los violentan. Los megaproyectos, que afectan tanto a comunidades urbanas como rurales, favorecen a las trasnacionales en perjuicio de la población. Por ello ésta se moviliza para defenderlos y exigir mecanismos de participación y de intervención en las decisiones que la afectan. Al tiempo que la ayuda de las organizaciones de derechos humanos visibiliza, denuncia, acompaña y sobre todo promueve entre diversos actores el enfoque de derechos humanos y la reparación de sus violaciones, contribuyendo así a construir una sociedad consciente de la titularidad de sus derechos.

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