Centroamérica reporta las tasas más altas de asesinatos en el mundo

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CERIGUA

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, advirtió que Centroamérica cuenta con la más alta tasa de asesinatos en el mundo, superando 10 veces el promedio mundial.

Durante un Debate Temático sobre la “Crisis de violencia en esa región y los retos que esto supone”, Ki-moon sostuvo que uno de cada 50 jóvenes de 20 años será asesinado antes cumplir los 32 años de vida, una cifra alarmante.
Según el funcionario internacional, los datos muestran una tasa 400 veces más alta que la existente en países con bajos porcentajes de homicidios y dijo que esta situación constituye algo más que una racha, pues se ha convertido en una crisis que trae consigo miedo e inestabilidad de las sociedades.
De acuerdo con el máximo representante de la ONU, a las estadísticas de homicidios en Centroamérica se unen los secuestros, la trata de personas y el tráfico de armas.
Ki-moon calificó como grave la situación que se vive en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se requiere una armonización de las leyes y procedimientos judiciales, además de concentrar la atención en regulaciones para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
El titular de la ONU señaló que Centroamérica ha avanzado un largo camino en búsqueda de la paz y la reconciliación, por lo que renovó su compromiso de ofrecer la mayor ayuda posible para alcanzar un futuro mejor.
En Guatemala, datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revelan que sólo en 2011 se reportaron tres mil 309 muertes violentas, lo que constituye un 3.29 por ciento más que lo reportado en el 2010, mientras que de enero a abril de 2012 se han registrado un mil ochocientos noventa y seis.
En el debate convocado por la ONU participan representantes de los gobiernos centroamericanos, altos funcionarios de organismos regionales y de las Naciones Unidas.

México: “Los queremos vivos”, dicen esposas de migrantes plagiados

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Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Esposas de migrantes desaparecidos en su tránsito por México exigieron al Estado presentar a sus familiares con vida, y acusaron al Ejecutivo federal de hablar de “unión familiar” mientras destruye a las familias al no buscar a las personas desaparecidas.

Al presentar el “Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonios de la experiencia de la migración en transito por México”, Verónica Coronilla Martínez, esposa del migrante desaparecido Héctor Castillo Salazar, acusó que los gobiernos municipal, estatal y federal no han hecho nada por encontrar a “nuestros esposos, hijos y hermanos”.
En la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organización editora –junto con la Casa del Migrante de Saltillo– de la publicación, la mujer originaria del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, narró que en marzo de 2011 su esposo iba para Houston y que un “pollero” se comprometió a llevarlo junto con otros 20 habitantes del mismo municipio. Sin embargo “ya nunca más supimos de ellos”, lamentó.
Verónica Coronilla dijo que vino a esta capital en representación de las 21 familias de los migrantes desaparecidos. Acusó que ninguna autoridad les ha dado respuesta, y que por el contrario han sufrido maltrato y discriminación.
Coronilla se encuentra en esta capital para unirse a la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia”, la cual este 10 de mayo, Día de las Madres, partirá del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia.
La mujer exigió al gobierno federal la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas del país. Advirtió: “Los queremos vivos. No queremos que vengan y nos digan ‘encontramos tantos cadáveres y les vamos hacer pruebas de ADN’”.
Abundó que hay desconfianza en esas pruebas genéticas y en el gobierno. “No queremos muertos; nos han querido tomar el pelo diciendo: ‘este es el cuerpo de tu esposo’, sin presentar ninguna prueba ni papel de por medio”, denunció Verónica.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia de México, recordó que en esta marcha participan familiares de personas desaparecidas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Destacó que muchas de ellas son madres, esposas y hermanas de migrantes, y ahora “buscadoras de justicia”.
El sacerdote Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, afirmó que las madres vienen a echarle en cara al Estado mexicano su inacción para resolver el secuestro de migrantes, quienes están en manos del crimen organizado y son sometidos a “las peores torturas, incluida la muerte”.
Agregó que se estima que cada año se cometen 20 mil secuestros de migrantes en tránsito por México, y que muchos de ellos son mujeres que son sometidas al igual que los otros migrantes a un sin fin de torturas.
Pantoja leyó el testimonio de Nancy, salvadoreña de 24 años y con una hija, quien fue secuestrada en Coatzacoalcos, Veracruz, junto con un grupo de migrantes que fueron llevados hasta Reynosa, Tamaulipas. En el camino pasaron varios retenes del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual no hizo nada para detenerlos, advirtió.
Nancy fue víctima de violación sexual tumultuaria en varias ocasiones, testigo de asesinatos y violaciones similares a otras mujeres migrantes. Junto con más migrantes “fue vendida” por agentes del INM a integrantes del cártel de los “zetas” en dos ocasiones, según el testimonio de la joven.
El padre Pantoja señaló que los secuestros van acompañados de delitos como la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, la tortura, la trata de personas, abuso sexual, extorsión y homicidio.
Dijo que en Coahuila los policías saben dónde están las casas de seguridad de los secuestradores, y sin embargo no hacen nada. Indicó que en 2008 la Casa del Migrante de Saltillo compartió su registro de plagios con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual después de hacer una investigación dio a conocer que de septiembre de 2008 a febrero de 2009, más de 9 mil 700 inmigrantes centroamericanos fueron secuestrados en México.
“No hay nada por parte del Estado mexicano para frenar el delito del secuestro de migrantes, y que garantice el respeto, la vida y los Derechos Humanos de esta población”, subrayó.

México, el espejo en que debe mirarse Centroamérica

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México es el espejo en el que Centroamérica debería mirarse con sentido crítico, porque hacia ese estado de cosas que hoy compromete su futuro y su existencia como nación, vamos también los centroamericanos sin que, por ahora, se vislumbre una ruta alternativa posible.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

 

Para quienes acostumbramos seguir, con genuino interés y solidaridad los acontecimientos que afectan al pueblo mexicano, las noticias que llegan en las últimas semanas –aquellas que no son filtradas por los censores de los medios hegemónicos- provocan una doble preocupación: primero, por el futuro de un país que por su historia y cultura está llamado a ser un faro en nuestra América; y segundo, porque las consecuencias de los procesos que allí se desarrollan, bajo la égida de los Estados Unidos, necesariamente tendrán una incidencia directa sobre Centroamérica.
Esta semana, por ejemplo, apenas unos días después del fracaso al que la diplomacia estadounidense condujo la Cumbre de Antigua, Guatemala, en un incidente que dio al traste con los esfuerzos de articulación de una política centroamericana de combate a las drogas, los mandatarios de Estados Unidos y México y el primer ministro de Canadá celebraron en Washington su propia cumbre para definir estrategias comunes, de alcance regional, en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En la reunión, con el visto bueno del presidente mexicano Felipe Calderón, no solo se definió una posición común del bloque norteamericano en este tema de cara a la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias (algo a lo que también aspiraba la cita centroamericana en Antigua), sino que se acordó crear un nuevo mecanismo de diálogo y acción con los países de Centroamérica. El presidente Barack Obama declaró a la prensa que “estos cárteles y los narcotraficantes significan una excepcional amenaza para nuestros vecinos centroamericanos, así que estamos uniendo fuerzas”

[1].

Más allá del gesto de falsa benevolencia, porque Estados Unidos renunció desde 2004 a la prohibición del tráfico de armas de asalto, que son las que estos grupos delictivos adquieren en el mercado estadounidense, el mensaje hegemónico para la clase política centroamericana es contundente: será únicamente en Washington, y no en algún otro punto de la geografía política mesoamericana, como intentó hacerlo el presidente de Guatemala, donde se definirá el curso de la guerra contra el narco. Así de sencillo y tajante es el dictum imperial.
Pero esta subordinación casi total de México a la geopolítica estadounidense, que los analistas especializados definen como “servidumbre estratégica”, o los fenéomenos de violencia y criminalidad que se extienden a Centroamérica, no son los únicos focos de preocupación: también en el orden socioeconómico, a partir de los condicionamientos y nuevas realidades creadas por los tratados de libre comercio, hay tendencias perniciosas que se proyectan con fuerza hacia nuestros países.
En el contexto de su experiencia de 18 años en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México exhibe hoy el rostro deforme del capitalismo neoliberal avanzado, el de la desigualdad brutal y la pobreza extrema: según datos del Banco Mundial, el 20% de la población mexicana de más bajos ingresos, unos 22,6 millones de personas, “participan sólo con 3.8% del consumo nacional de bienes”, en tanto que el 20% de la población de mayores ingresos “realiza un gasto en bienes que equivale a 56.7% del consumo total en la economía”[2].
Además, como consecuencia del tratado de libre comercio, “México importa el 33% de lo que consume [en alimentos], pasando de 250.000 toneladas antes del TLCAN a los 13 millones actuales”; más de 2 millones de campesinos perdieron y abandonaron sus tierras, y ante la ausencia de alternativas de empleo, engrosan el éxodo de migrantes a los Estados Unidos; la pobreza extrema alcanzó a 20 millones de personas en 2010; el 25% de la población no tiene acceso a los alimentos básicos y, de acuerdo con el l Instituto Nacional de Nutrición, en 2011 se estimaba en “728.909 el número de niños menores de cinco años desnutridos”[3].
A lo anterior debe sumarse el ataque sistemático a los derechos de los trabajadores, el despojo de los pueblos indígenas, la degradación del sistema político y la aculturación que avanza poderosamente a través de los espejismos y trampas de la sociedad del consumo. Este drama es el que lleva a intelectuales mexicanos, como el ensayista Gustavo Ogarrio, a describir el presente de México con una alegoría escatológica: “después de devorarnos política y culturalmente, el estómago del imperio nos devuelve bañados en los jugos gástricos de la ensoñación, la marginación y la persecución”[4].
Los países centroamericanos apenas inician su recorrido en el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero la sombra de los resultados del TLCAN gravita como un fantasma. Los beneficios prometidos por gobiernos y negociadores a la población, no aparecen por ninguna parte: en cambio, los ganadores y los perdedores siguen siendo los mismos.
Por eso, la dolorosa lección mexicana no puede ser pasada por alto: es la lección de la servidumbre estratégica como destino, de la asimilación neocolonial, de la concentración de la riqueza a niveles escalofriantes, del aumento de la pobreza, de las violaciones de derechos humanos esenciales y de la asfixia de la democracia a manos de los cárteles del narcotráfico, de la política y de los negocios.
México es el espejo en el que Centroamérica debería mirarse con sentido crítico, porque hacia ese estado de cosas que hoy compromete su futuro y su existencia como nación, vamos también los centroamericanos sin que, por ahora, se vislumbre una ruta alternativa posible.

 


NOTAS
[1] La Jornada (2012, 3 de abril). “México, Canadá y EU planean crear frente común anticrimen organizado”. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/03/politica/013n2pol
[2] González Amador, Roberto (2012, 1 de marzo). Mexicanos ricos consumen 56.7% de bienes; los pobres, apenas 3.8%. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2012/03/01/economia/029n1eco
[3] Carlsen, Laura (2012, 1 de febrero). “México se muere de hambre”. CEPRID. Recuperado de: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1340

[4] Ogarrio, Gustavo (2010). La orilla latinoamericana. Imperialismo, migración y la nueva condición latinoamericana. Ensayos Pedagógicos, Nº 5. Pp. 217-224. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional.

Centroamérica hacia un callejón sin salida

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Aunque la violencia y la criminalidad ponen en jaque a los Estados, no son los únicos ni más graves desafíos que enfrenta Centroamérica. La democracia y el bienestar real de los pueblos siguen esperando, como decía el poeta Roque Dalton, a que por fin llegue el día, el definitivo turno de los ofendidos por tantos años, por tantos siglos.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

(Fotografía: un soldado hondureño vigila un autobús en Tegucigalpa, como parte de la “Operación Relámpago”. Tomada de Estrategia y Negocios)

Dos despachos noticiosos de la agencia AFP, divulgados en vísperas de la cumbre de presidentes centroamericanos en Antigua, Guatemala (24 de marzo), retratan algunas de las dimensiones más conflictivas y dolorosas de la Centroamérica del siglo XXI: las de la violencia, el crimen organizado y la creciente militarización de las estrategias de seguridad regional.

Uno de estos informes destaca que en Centroamérica, con “una tasa de homicidios de casi 40 por cada 100.000 habitantes”, se registran unos 20.000 muertos al año, más de los que le dejaban las cruentas guerras civiles de las últimas décadas del siglo pasado(El Heraldo, Honduras. 22-03-2012). El otro despacho, llama la atención sobre la decisión de los gobiernos del llamado Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras- de emplear las Fuerzas Armadas para combatir a delincuentes y cárteles de la droga, sin reparar en el rechazo de grupos civiles que no olvidan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y caseríos arrasados por el Ejército, en las décadas de 1970 y 1980 (Estrategia y Negocios, 21-03-2012).

Los datos que respaldan estas publicaciones no admiten dudas: en Honduras, “más de 2.000 de los 11.000 soldados patrullan las calles en la “Operación Relámpago“, y pueden hacer allanamientos y capturas”; en Guatemala, más de 3.500 soldados guatemaltecos están en la calle y en regiones penetradas por el cartel mexicano de Los Zetas. Desde hace tres semanas, jóvenes convocados por el gobierno se entrenan con miras a aumentar la fuerza militar”; mientras que El Salvador sacó en 2010 a 7.100 soldados de sus tareas específicas para reforzar a la policía en zonas bajo control de las temidas maras M-S y M-18 y en pasos fronterizos, con la facultad de hacer registros y detenciones”. Todas estas operaciones, que replican las estrategias de seguridad aplicadas en México, son apoyadas por el Comando Sur y las agencias antidrogas de los Estados Unidos, quienes “coordinan desde enero la “Operación Martillo” contra el narcotráfico en las costas de Centroamérica, y asesores de ese país entrenan a la Policía” (Estrategia y Negocios, 21-03-2012).

Esta inocultable realidad también requiere una contextualización para comprender su complejidad. En este sentido, es necesario recordar que la vorágine de la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Centroamérica, sin ser un fenómeno nuevo, sí registró un notable crecimiento en la última década, precisamente, un período histórico caracterizado por: a) el fracaso de las expectativas de bienestar social y desarrollo humano que despertaron los Acuerdos de Paz de los años 1990, más allá de los avances en algunas áreas puntuales; b) el ascenso de nuevas élites políticas y grupos económicos regionales que, respaldados por los poderes fácticos, alinearon a Centroamérica con los más duros postulados del neoliberalismo, el falso libre comercio y la geopolítica estadounidense; c) una mayor presencia militar de los Estados Unidos (bases y centros de adiestramiento policial y militar, convenios de patrullaje aéreo y marítimo, operaciones conjuntas con los ejércitos centroamericanos, donación de equipo y venta de armas) enmarcadas en el Plan Mérida y otras iniciativas similares; d) y finalmente, en el plano ideológico, una derechización de la vida política en la región (ya de por sí marcada por la cultura del autoritarismo), lo que es visible en casos dramáticos como los del golpe de Estado en Honduras en 2009, el reciente triunfo del general Otto Pérez Molina en Guatemala (acusado de participar en el genocidio de la década de 1980), en las difíciles condiciones en que transcurre el gobierno del FMLN en El Salvador, y en la agitación de viejos fantasmas del anticomunismo contra el FSLN en Nicaragua.

Como se puede apreciar, aunque la violencia y la criminalidad ponen en jaque a los Estados, no son los únicos ni más graves desafíos que enfrenta Centroamérica en su ya largo e incierto proceso de democratización. Por el contrario, esos problemas se entremezclan peligrosamente, por un lado, con la apuesta –casi irracional- por un modelo de desarrollo que concentra la riqueza y multiplica a los pobres (que luego son reclutados por el crimen organizado), basado en la explotación intensiva de la mano de obra y el extractivismo minero, con impactos irreversibles sobre el medio ambiente; y por el otro, con el debilitamiento de los poderes e instituciones republicanas (incluso en un país como Costa Rica, de larga tradición democrática): cooptados por facciones políticas y empresariales, partidos, tribunales de justicia, ministerios, secretarías y oficinas de gobierno son puestas al servicio de los grandes negocios que se articulan al modelo de desarrollo (por ejemplo, concesiones mineras, de obra pública, privatización de empresas públicas o “apertura comercial” de sectores estratégicos de la economía, o la aprobación de regímenes preferenciales de impuestos para las inversiones de capital extranjero, entre otros).

Estos elementos, con sus matices e interrelaciones, explican los condicionamientos y límites para la construcción de democracias sólidas y auténticas en la región. Se trata de procesos y tendencias muy fuertes que, sin embargo, no encuentran el mismo eco que la violencia o el narcotráfico en la agenda oficial de los gobiernos, las cumbres presidenciales y los medios de comunicación: para los grupos dominantes centroamericanos, las soluciones de fuerza –mano dura- y la militarización de la seguridad resultan funcionales, y casi indispensables, para preservar el orden neoliberal en que señorean.

Mientras tanto, la democracia y el bienestar real de los pueblos siguen esperando, como decía el poeta Roque Dalton, a que por fin llegue el día, el definitivo turno de los ofendidos por tantos años, por tantos siglos. Quizás entonces Centroamérica pueda revertir este raro destino de injusticias, tragedias y muertes que hoy la lleva hacia un callejón sin salida.

Centroamérica en Cifras: la subnutrición alcanza el 14 por ciento

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jueves 23 de febrero de 2012

 

CERIGUA

El informe Centroamérica en Cifras, elaborado por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reveló que el 14.2 por ciento de la población presenta cuadros de subnutrición; la más afectada es la niñez menor de 5 años.

El documento contiene una actualización de los principales indicadores relacionados con la seguridad alimentaria, la agricultura familiar y los pequeños productores de granos básicos en Centroamérica; son aproximadamente 6 millones de personas en estado de subnutrición.
En cuatro de los seis países de América Central, el porcentaje de personas que sufre desnutrición crónica moderada y grave, es decir, un retardo de altura o peso para su edad, es del 10 por ciento; Costa Rica es el único país que reporta menos del 5 por ciento.
El informe señala que las causas de las altas tasas de desnutrición en la región están estrechamente relacionadas con la situación de pobreza y extrema pobreza que enfrentan las mayorías, casi un 50 por ciento de la población en América Latina y el Caribe.
La desigualdad es otro de los factores que alienta los índices de subnutrición; los seis países centroamericanos se sitúan entre los primeros con los índices de desigualdad más elevados, reflejados en parte, en la situación de indigencia en la que viven el 26.8 por ciento de las personas.
Uno desafío importante en la lucha contra el hambre es el alza de los precios de los alimentos; el informe señala que en los últimos años el valor de la canasta básica ha aumentado en todos los países de Centroamérica; en el 2007 el costo era de unos 250 dólares y en la actualidad redondea los 300.

En ese lapso, también se duplicó el preció de la tortilla de maíz, uno de los principales productos alimenticios de la población centroamericana; una trayectoria parecida mostró el precio del frijol, que entre el 2006 y el 2011, se duplicó, incluso en Nicaragua se triplicó, concluye el documento de la FAO.

Notas sobre la violencia delictiva en Centroamérica

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sábado 4 de febrero de 2012

Decir que Centroamérica es un canal de tránsito de drogas que fluyen hacia el norte, y de armas y dineros que bajan al sur es una verdad a medias, que esconde otra parte del asunto. Lo mismo ocurre al afirmar que el aumento de la persecución al delito en México y Colombia motivó que los narcotraficantes mudaran sus operaciones a Centroamérica. Esas verdades incompletas sirven de excusa a algunos funcionarios que no cumplieron oportunamente sus tareas.

Nils Castro H. / Especial para Con Nuestra América

Este no es un ensayo académico, sino apenas un conjunto de observaciones suscitadas por la lectura de despachos noticiosos y periódicos centroamericanos, entre finales del 2011 e inicios del 2012.

Aunque los países centroamericanos, salvo una reciente excepción, no son productores de drogas ilícitas sino territorios de tránsito, esto no es prueba de inocencia y tiene diversas implicaciones. Una, ser partes de una cadena cuyos motores están fuera del área; otra, darles zonas y medios de trasiego (de recepción, custodia, reembarque, reclutamiento de personal, castigo de desleales, facilidades para operaciones marinas, aéreas y terrestres, lavado y movimiento de ganancias, etc.). Eso conlleva tanto actividades de agentes foráneos y colaboradores nativos, como de corrupción y complicidad de funcionarios locales.

La ilegalidad de esas actividades, junto con las rivalidades entre las bandas e individuos que las llevan a cabo, dinamiza una violencia criminal que llega más allá de los personajes directamente implicados. Eso incrementa la delincuencia organizada y la violencia criminal en Centroamérica, pero no las explica en su totalidad; porque esos problemas ya ocurrían antes del auge del tráfico de drogas, que ahora los involucra y agiganta. En otras palabras, resolver la cuestión implica combatir al narcotráfico pero incluye más que esta necesidad inmediata.

Por otra parte, el asunto no radica apenas en las pandillas. En el pasado V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, destacó que el crimen organizado transnacional está diversificado, alcanza proporciones macroeconómicas y sus mercados, rutas de tráfico y dinámicas no tienen fronteras.

Agregó que su incidencia invade a múltiples instancias y sectores: comerciales, financieros, políticos, sociales, culturales, entre otros, señalando que el crimen organizado y la corrupción generan flujos de dinero de unos 2,1 billones de dólares por año. Al respecto, Mazzitelli observó que en 12 meses el sistema financiero internacional puede lavar sumas equivalentes al 2,7% del Producto Interno Bruto mundial.

El Estudio Global sobre el Homicidio 2011 –de la misma ONUDD– atribuye al narcotráfico el aumento de la violencia en Centroamérica. Destaca por ejemplo que en 2010 en Honduras se registraron 6 mil 200 asesinatos en un población de 7,7 millones de habitantes, y en El Salvador hubo 4 mil asesinatos entre 6,1 millones de habitantes.

Es decir, en Honduras la tasa llega a 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en El Salvador a 66. A escala mundial, siguen Costa de Marfil, Jamaica, la vecina Belice (con 41), Venezuela y enseguida Guatemala (con 41,4). Por consiguiente, el “Triángulo del Norte” centroamericano es una de las zonas más mortales del mundo. En contraste, los países centroamericanos menos inseguros son Costa Rica (con 11,3 y tendencia en aumento) Nicaragua (con 13,2 y tendencia a la baja). Su vecina Panamá está bastante peor, con 21,6 y subiendo. La OMS considera “epidemia” a cualquier tasa superior a 10.

Las implicaciones de tales cifras se agravan con los altos índices de impunidad que las acompañan. Según Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, “muy pocos de esos asesinatos son castigados”.

Esa situación contrasta con que en los últimos 15 años la tasa de homicidios disminuyó en Asia, Europa y América del Norte. Como dato de referencia, la tasa de Estados Unidos es de 5.

El estudio de la ONUDD atribuye el aumento de la violencia en Centroamérica y el Caribe a las crecientes disparidades de los ingresos y a la disponibilidad de armas de fuego. Una explicación que no es falsa pero dista de ser suficiente. No está de más recordar que, según la CEPAL, Honduras, El Salvador y Guatemala –en este orden, que es el mismo de sus respectivas tasas de homicidio– aparecen entre los países latinoamericanos con peores índices de pobreza, a lo que deben añadirse los de desigualdad.

El triángulo fatídico: un ejemplo básico

Decir que Centroamérica es un canal de tránsito de drogas que fluyen hacia el norte, y de armas y dineros que bajan al sur es una verdad a medias, que esconde otra parte del asunto. Lo mismo ocurre al afirmar que el aumento de la persecución al delito en México y Colombia motivó que los narcotraficantes mudaran sus operaciones a Centroamérica. Esas verdades incompletas sirven de excusa a algunos funcionarios que no cumplieron oportunamente sus tareas.

Panamá y Costa Rica están más contiguas a Colombia. Pero, aunque en estos países situación sociopolítica ha venido deteriorándose, eso obedece a causas internas. En ambos, la criminalidad vinculada al narcotráfico ha crecido pero está lejos de alcanzar los dramáticos extremos del triángulo del norte. A su vez Nicaragua está en medio del istmo centroamericano pero tiene menores tasas de violencia. La mayor gravedad del problema se concentra en Honduras, el Salvador y Guatemala donde, sin embargo, el asunto difiere de una a otra nación.

En otras palabras, ese género de explicaciones ayuda a resignar al público (aunque no a tranquilizarlo), sin aportar mucho a la solución del asunto.

En Honduras, con la peor tasa mundial de homicidios, es claro que la situación social ‑‑especialmente la pobreza y la ignorancia masivas, el empleo precario y la desigualdad‑‑ está en la base del problema, sin que ello signifique que es su causa inmediata. Una subcultura de machismo y violencia, alimentada por muchos decenios de exclusión, despojo, represión y resentimientos, contribuye a traducirlos en violencia y criminalidad. Las conductas violentas de los correspondientes lastimados sociales son anteriores a la proliferación de armas de fuego y el narcotráfico, que luego han potenciado esas formas de actuación social y personal.

Y un factor que después contribuye a incrementar este efecto es la utilización de dichos individuos y grupos, contratados como matones y sicarios por miembros de las élites del poder, para propósitos de imposición, despojo o represión. Ese vínculo con la élite le otorga a esos individuos y grupos cierto estatus y mayor impunidad. No es lo mismo ser un criminal de mala muerte que hacerlo al servicio de ciertos potentados; en la subcultura de los marginales, esto dispensa una peculiar “legitimación”.

El extremo se da al emplear asimismo a agentes de órganos del Estado para cumplir funciones similares, lo que desvanece la diferencia entre las entidades represivas públicas y privadas. Esa degeneración ya estaba muy extendida en Honduras cuando dos cosas la aceleraron: la penetración del narcotráfico como un actor adicional, y la crisis institucional precipitada por el golpe de Estado del 2009. Uno de sus efectos ha sido la incapacitación del Estado para controlar varios estratos sociales y áreas territoriales, e incluso a algunas de sus propias instituciones.

Eso amenaza la sostenibilidad del país y hace imperativo introducir correctivos. Sin embargo, la capacidad de emprenderlos está en entredicho por la degeneración de los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo, como la policía, el ejército y el sistema judicial, así como el sistema político tradicional, como lo dejan ver las dificultades del gobierno hondureño para cumplir su papel, aun bajo la presión de organizaciones, personalidades y medios de prensa, que pagan un altísimo costo por sostenerla. Lo que ha convertido a Honduras en un inquietante problema regional.

El triángulo fatídico: diferencias

Es sobre ese piso de precariedades, exclusiones y resentimientos sociales, de élites codiciosas y degradación institucional –con sus respectivas derivaciones culturales y morales– que el narcotráfico y otras modalidades de delincuencia internacional hallan dónde insertarse. En consecuencia, para desarraigarlos no bastará chapear la mata, sino remover sus raíces, lo que no pocas veces incluye depurar instituciones públicas y allegados a la élite, así como satisfacer urgencias sociales y reincorporar sectores marginados al quehacer económico formal.

Los tres países del triángulo del Norte son la parte más integrada de la región centroamericana. Sin embargo, al observar la violencia criminal en Honduras se ve que el fenómeno ocurre de otras formas en Guatemala y en El Salvador. Aunque el sustrato de élites oligárquicas e indignados sociales tenga semejanzas, sus manifestaciones difieren.

En el Salvador y Guatemala hubo cruentos procesos insurreccionales que culminaron en unos acuerdos de paz que buscaban sanear y reformar la institucionalidad gubernamental. En el primer caso buena parte de ese propósito se cumplió; en el segundo ello quedó lejos de conseguirse, agregando un saldo de decepción. Por su parte, Honduras no pasó por allí, sino que fue plaza de armas de la contra nicaragüense. En consecuencia, allí la opción de arreglárselas a tiros proliferó sin las aspiraciones ni la disciplina de las organizaciones revolucionarias.

En adición, Guatemala y Honduras tienen territorios mayores y complicados, más poblados –en el primero con una composición étnica muy compleja–, así como costas en ambos océanos, mientras que El Salvador, “el pulgarcito de América”, carece de ribera en el Caribe. Esto no es poca cosa cuando en la mayor parte de Centroamérica hay más atraso, aislamiento y descuido estatal en la vertiente atlántica y el subdesarrollo capitalista se concentra en las zonas ribereñas al Pacífico, salvo en Honduras donde la costa caribeña se divide entre la intrincada y abandonada Misquitia y el polo mercantil de San Pedro Sula.

Como tampoco es poca cosa cuando el cártel mexicano de los Zetas trabaja las rutas costeras e isleñas del Caribe, mientras que su rival de Sinaloa predomina en las del Pacífico.

Esas circunstancias definen roles: las costas y haciendas de la Misquitia son el asiento más activo del contrabando marítimo y aéreo de la cocaína que transita de Sudamérica hacia Estados Unidos a través de Belice, Guatemala y México. Mientras, en Guatemala ese papel lo cumplen la boscosas zonas de Alta Verapaz y el Petén, contiguas a Belice y México. A la vez en Guatemala últimamente ha empezado a detectarse otra actividad: la producción de drogas sintéticas, que algunos relacionan con el cártel de Sinaloa.

En cambio, en virtud de su ubicación geográfica, en El Salvador el narcotráfico es menos significativo, con lo cual la violencia criminal es cuantiosa por otros motivos. Lo que hace ver que el pandillerismo y dicha violencia también pueden darse –en cada uno de esos tres países– incluso donde hay menor presencia del narcotráfico.

Las “maras”, sí o no

Los corresponsales de prensa suelen atribuir la feroz tasa de homicidios de los países del triángulo del Norte a las pandillas juveniles o “maras” (por su inicial calificativo de marabuntas). Este es uno modo esquemático de abordar el tema, que igualmente encubre la ineficiencia de los funcionarios que no se ocuparon a tiempo del problema.

El origen y propagación de estas pandillas es anterior al arribo del narcotráfico. El fenómeno surgió en El Salvador, con la repatriación de miles de jóvenes expulsados de California –donde hace mucho hay numerosos trabajadores salvadoreños–, que llevaron a su país los hábitos organizativos de las gangas de Los Ángeles. El fenómeno pronto se extendió a Guatemala y Honduras, pero suele omitirse que no arraigó en Nicaragua ni Costa Rica.

Las maras no son apenas pandillas de maleantes. Son cofradías que acogen y dan identidad y formas de vida y de expresión a numerosos jóvenes que carecen de otros espacios, incentivos y oportunidades donde encajar. Agrupaciones con sus propios liderazgos, lealtades, subcultura y formas de diferenciarse –como la abundancia de tatuajes–, celosas guardianas de los territorios que se toman, por cuyo control rivalizan también con violencia. Son comunidades cuya explicación antropológica falta estudiar.

Sus actividades delictivas más comunes son la extorsión, los robos y asaltos, y en menor escala el sicariato, esto es, las lesiones o asesinatos por encargo. Le cobran “protección” a los tenderos, le exigen cuotas a los transportistas y, desde el arribo del narcotráfico, venden drogas al por menor. A su vez, son blanco de abusos policiales y medios para eludirlos o enfrentarlos.

Por el otro lado, los narcotraficantes tienen sus propias estructuras, bandas y matones, que igualmente actúan sin el concurso de las maras. En Honduras y Guatemala, donde la incidencia del narcotráfico es alta, las maras son un campo donde cooptar mulas, custodios y sicarios. Pero en El Salvador, aunque esa incidencia es menor, ellas mantienen activa presencia. Es decir, son dos cosas distintas que existen por sí mismas y que eventualmente se pueden asociar, sin que perseguir una baste para eliminar a la otra.

Según las tasas de homicidios reportadas por la ONUDD, al comparar los casos de estos tres países se evidencia que la criminalidad puede ser alta donde el narcotráfico tiene una presencia menor, como en El Salvador. Ello obedece a que en cada país la violencia es más común donde los niveles crónicos de pobreza, abuso, desigualdad y conflictividad social son más fuertes. Y donde esos males son menos agudos, dicha tasa es más baja, como en Costa Rica. Además, cuando los servicios de policía y el sistema judicial son más expeditos, la tasa es más baja, como en Nicaragua.

Un alto representante del nuevo gobierno guatemalteco afirmó que se combatirá la criminalidad acabando con las maras. Pero ellas solo son la parte más visible del asunto. Esa tesis igualmente menudea en el discurso político hondureño y en la derecha salvadoreña. Ciertamente, cuando el problema se comienza a atender después de haberlo dejado degenerar hasta los actuales extremos, se requiere determinado rigor para frenarlo. Sin embargo, a corto, mediano y largo plazos la situación solo podrá revertirse erradicando la corrupción institucional, así como las causas y efectos de la injusticia y la crispación sociales.

No obstante, reducir el asunto a “acabar con las maras” es simplista y omite la parte del reto que en Guatemala y Honduras ha sido más difícil de conseguir: la de erradicar las estructuras y bandas del narcotráfico, introducidas y dinamizadas por factores externos ‑‑los de la producción y el consumo– que no tienen origen en la región pero que agravan el tema al involucrar a personajes y pandillas locales. Por sus articulaciones externas, la eliminación de los gestores de esta actividad está fuera del alcance de los programas sociales, y en cada caso requiere la necesaria inteligencia y acción policial, así como de eficaz cooperación intrarregional e internacional.

Confianza pública y criminalidad

Julieta Castelanos, fundadora del Observatorio de la Violencia y hoy rectora de la Universidad Nacional de Honduras, denuncia que en su país el Estado se encuentra “en estado de calamidad”, pues ya no puede controlar todo el territorio ni a sus propias instituciones. La corrupción policial, junto al descrédito de las autoridades judiciales, lo inhabilita para cumplir su misión básica de dar seguridad a los ciudadanos. Como alguna vez el jurista puertorriqueño Fernando Martín indicó, refiriéndose a Haití, esto marca la diferencia entre una nación o un mero territorio poblado.

La vigencia del respectivo sistema político y la confiabilidad que el pueblo aún le reconoce tiene mucho que ver con la calidad del orden público. El sistema político hondureño ya se encontraba desfasado cuando –para evitar todo cambio– se perpetró el golpe de Estado de 2009, que acabó de degradar la situación. La curva que describe este atraso y colapso es paralela al crecimiento de la delincuencia y la criminalidad. La situación en Guatemala pareciera evolucionar en sentido similar, como lo demuestra la frecuente incidencia de los linchamientos con que los aldeanos se toman la justicia por sus manos, puesto que no hay agencias del Estado o ya no queda motivo para confiar en las autoridades judiciales.

A contravía, en Nicaragua la violencia delictiva se ha mitigado. Y a su vez, donde el sistema político tradicional, otrora exitoso, da signos de agotamiento, el problema tiende a crecer, como lo sugiere Costa Rica. Sin embargo, no cabe sacar conclusiones precipitadas: ese ingrediente pesa pero no es el único. Así lo prueba El Salvador, donde el sistema político y la eficiencia institucional mejoraron al implementarse los Acuerdos de Paz y donde últimamente se robusteció la eficacia institucional, sin que esto haya bastado para revertir dicha violencia.

Eso reitera que también hay de por medio un importante factor cultural, en el que la confianza en el sistema político y sus instituciones es una pieza capital pero dista de ser suficiente. La violencia propia del carácter del régimen social –de explotación, despojo, desigualdad, marginación, empleo precario, desatención, ignorancia y atraso, de arrogancia de los poderosos y humillación de los desposeídos– surte efectos de acumulación histórica donde la percepción de que no se pertenece a la sociedad que “sí cuenta”, y la correspondiente crispación social, contribuyen a alimentar y reproducir una subcultura de la cual esa violencia forma parte.

No hay por qué extrañarse: quienes se perciben excluidos de la sociedad debidamente reconocida tienden asimismo a considerarse excluidos de sus normas y valores.

Ese aspecto de dicha subcultura no solo se manifiesta en la creciente brutalidad del asalto o del ajuste de cuentas pandillero, sino también en la de la violencia doméstica, el femicidio, el abuso contra menores o ancianos, la reyerta callejera, el linchamiento aldeano y otros excesos, que igualmente inciden en la tasa de homicidios. La elevada proporción de asesinatos que se cometen por estrangulación, arma blanca u objetos contundentes así lo demuestra. En 2011, en Honduras fueron muertas cerca de 300 mujeres, mayormente en manos de sus parejas, no del crimen organizado. En Guatemala, según cálculo oficial el 60 por ciento de los asesinatos son perpetrados por las maras y los narcotraficantes, lo que significa que un cuantioso 40 por ciento –sobre un total de 6 mil homicidios al año– es cometido por ciudadanos corrientes.

Eso la “mano dura” no lo puede corregir. Antes bien requiere un poderoso trabajo educativo. Por supuesto que es indispensable tener muy buena policía, mejores jueces y eficiente reeducación, así como también es perentorio recuperar los territorios conquistados por las bandas –incluso por medios militarizados, como en Rio de Janeiro–, tanto para desarticularlas y asegurar tranquilidad a sus habitantes, como para deparar mejores oportunidades a los jóvenes. Como es obvio, se requiere una cobertura de vigilancia, disuasión y prevención. Pero la violencia del Estado, por si sola, no remedia la violencia social –ni la cultura de la violencia– sino que a la postre la llega a exacerbar.

Ninguna batalla cultural se gana rápidamente, ni mucho menos con meras prédicas, sean laicas o místicas. Solo podrán vencerla las prácticas incluyentes de un régimen no apenas legítimo por su elección, sino legitimado por el sostenido éxito de sus capacidades para acabar con la injusticia y la exclusión y, especialmente, para reincorporar a toda la gente ‑‑a todos los grupos sociales– al río principal de las esperanzas fructíferas.

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