Piden a Segob cumplir sentencias de la CoIDH en casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 16 de julio de 2012

Carta Pública
OSC de DH

  • Carta Pública. Cumplimiento Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Reciba un cordial saludo de parte de las agencias y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos la presente. En esta ocasión nos dirigimos a usted para reiterar la importancia del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las señoras Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, con quienes usted personalmente se comprometió en el marco de los Actos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional derivados de esos fallos.

Han transcurrido casi dos años desde que fueron emitidas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo a la fecha, de acuerdo con la información con la que contamos, el cumplimiento de los resolutivos en materia de Salud, Educación, Reparaciones Comunitarias e Indemnizaciones, prevalecen graves rezagos que están vinculados a cuestiones administrativas. Respecto a los avances en el eje de Justicia, si bien celebramos y reconocemos la importancia de la remisión de las investigaciones del fuero militar al fuero civil, hasta la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. A más de diez años de los hechos, los expedientes ni siquiera han sido presentados ante una autoridad judicial.

Tenemos conocimiento que se han realizado diversas mesas de trabajo en la Ciudad de Chilpancingo en el marco de la sentencia de la Sra. Inés Fernández Ortega, y que el día de mañana martes 17 de julio, se tiene programada una nueva reunión con autoridades federales y estatales, en la cual esperamos que se presenten acciones concretas que se traducirán en un cumplimiento de dichos resolutivos y no en mayor incertidumbre y espera para la señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Sr. Secretario, queremos tener confianza en que usted sabrá reconocer la relevancia que tiene para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo el que las autoridades que se comprometieron con ellas cumplan con las obligaciones del Estado mexicano. Siendo inminente la conclusión de esta administración, la Secretaría que usted encabeza tiene una última oportunidad de dejar un legado respetable en materia de derechos humanos mediante el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana.

Por nuestra parte, continuaremos atentas al proceso de cumplimiento de las sentencias y acompañaremos cercanamente a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú hasta que su proceso concluya con verdad, justicia y reparación.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva, la cual agradeceríamos envíe a la Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. Agnieszka Raczynska al correo electrónico: aga@redtdt.org.mx.

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación

PRESENTE

A t e n t a m e n t e,

Internacionales: Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture/ Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (Francia); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Alemania); Servicio Internacional para la Paz/International Service for Peace; Misereor (Alemania); Organización Mundial contra la Tortura; Washington Office on Latin America (Estados Unidos). Nacionales: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la república mexicana.

Urge fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 7 de junio de 2012

Boletín de prensa
OSC de DH

La FIDH expresa preocupación frente a la reciente aprobación en la 42 Asamblea General de la OEA de la resolución por la cual se acoge el informe sobre las reformas del SIDH preparado por el Grupo de Trabajo de la OEA sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano. Estas reformas buscan reducir las competencias de la CIDH debilitando el Sistema general de protección de los derechos humanos en las Américas.

La FIDH expresa su preocupación frente a la reciente aprobación en la 42 Asamblea General de la OEA de la resolución por la cual se acoge el informe sobre las reformas del SIDH preparado por el Grupo de Trabajo de la OEA sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano [1] , y se encarga al Consejo Permanente de la OEA que formule propuestas para su aplicación, en diálogo con todas las partes involucradas. Estas reformas, tendentes a modificar el estatuto y reglamento de la CIDH al proponer cambios en sus procedimientos de toma de decisión – en particular en lo concerniente a las medidas cautelares, las soluciones amistosas y la redacción del Capítulo IV del Informe Anual – buscan reducir las competencias de la CIDH debilitando el Sistema general de protección de los derechos humanos en las Américas.

Esperamos que en los próximos seis meses, plazo por el que se ha propuesto la toma de una decisión definitiva en el seno de la OEA, el debate permita alcanzar una solución que fortalezca la autonomía e independencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en particular de la CIDH. En ese sentido, desde la FIDH queremos reiterar la solicitud hecha a los Representantes de los Estados Miembros de la OEA por parte de ONGs de derechos humanos a través de la siguiente carta, cuyo contenido suscribimos.

Señoras y señores:

Ministros de Relaciones Exteriores y/o
Jefes de delegación de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)

Las organizaciones que suscribimos esta comunicación nos dirigimos a ustedes en la oportunidad del inicio de las sesiones de trabajo de XLII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar que en las resoluciones abiertas referidas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se reafirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de su autonomía e independencia, como el órgano que debe reaccionar ante las recomendaciones que le fueron presentadas por el grupo de trabajo para así fortalecer genuinamente el sistema de protección de derechos humanos.

El SIDH proporciona a la OEA renombre y relevancia. En los tiempos de las dictaduras y guerras civiles y en los tiempos modernos de democracias endeudadas con la solución de problemas estructurales de derechos humanos, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos fueron y son la conciencia del hemisferio, apoyando a los Estados y a sus habitantes en la efectiva protección de los derechos humanos.

El SIDH, mediante la resolución de casos individuales, visitas in loco, relatorías temáticas, opiniones consultivas, medidas cautelares y provisionales así como informes especiales temáticos y sobre países, cumple un rol fundamental de denuncia y de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo de proteger los derechos de los habitantes cuando éstos no son debidamente garantizados a nivel nacional.

La Comisión y la Corte han salvado y continúan salvando vidas, contribuyeron en la apertura de espacios democráticos en el pasado y son factores centrales que contribuyen en la actualidad a consolidar las democracias, han combatido y combaten la impunidad y ayudan a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas.

El desarrollo y progresividad de los derechos humanos en el hemisferio requiere para su fortalecimiento el desarrollo de una política hemisférica que contribuya a la universalidad del SIDH; la resolución de las graves deficiencias presupuestarias: y un auténtico compromiso con la implementación de las decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana en los ámbitos nacional. Estamos convencidos que los Estados deben resolver los desafíos asociados a la universalidad del sistema, financiamiento adecuado del mismo y aplicación nacional de las resoluciones que emiten los órganos de Derechos Humanos de la OEA.  De igual modo, los Estados deben respetar la independencia y autonomía de la Comisión y la Corte Interamericana para que estas tomen sus propias decisiones referidas a sus procedimientos y metodologías de trabajo.

Señoras y señores ministros, esperamos que las democracias de la región puedan reafirmar concretamente el compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos. Y que los países de la OEA entiendan que no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los Derechos Humanos para todos los habitantes de las Américas. Los Estados en esta Asamblea  deben reafirmar los principios de independencia y autonomía para los órganos de Derechos Humanos. En esta ocasión, lo anterior, pasa por entender que no se puede atropellar los principios en función de coyunturas de corto plazo.

Suscriben esta carta pública:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México)
Acción Solidaria en VIH Sida (Venezuela)
Acción Solidaria para el Desarrollo (Perú)
AGORA Espacio Civil (Paraguay)
Aids-Free World
Alianza Ciudadana Pro Justicia (Panamá)
Alianza Regional Por La Libre Expresión e Información (Organización regional)
Amazon Watch (internacional)
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (sección peruana)
Área de Justicia y Paz del Centro Pastoral Diocesano la Sagrada Familia (Perú)
Asociación Alianza por tus Derechos (Costa Rica)
Asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas /CAFCA (Guatemala)
Asociación Civil Citaq (Perú)
Asociación Civil Espacio Público (Venezuela)
Asociación de Defensa Legal y Promoción Social(Perú)
Asociación de Derechos Humanos del Sur (Perú)
Asociación de Familias Desplazadas en Lima (Perú)
Asociación de Jueces Por la Democracia AJD (Brasil)
Asociación de Jueces por la Democracia- AJD (Honduras)
Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú)
Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. (Organización regional)
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – Ayacucho (Perú)
Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas Por el VIH-Sida en Honduras /APUVIMEH (Honduras)
Asociación Paz y Esperanza Ministerio Diaconal (Perú)
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Perú)
Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)
Asociación pluriculturalidad jurídica de Guatemala –PLURIJUR- (Guatemala)
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH- (Perú)
Asociación Seguridad en Democracia -SEDEM- (Guatemala)
Asociación Pro Derechos Humanos (Perú)
Asociación Servicios Educativos Rurales
Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua (Nicaragua)
Cattrachas/ Diversidad y exclusión (Honduras)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo (Perú)
CENIDH (Nicaragua)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Perú)
Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses (Perú)
Centro de Asesoría Laboral del Perú (Perú)
Centro de Atención Psicosocial (Perú)
Centro de Derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”(México)
Centro de Desarrollo Étnico (Perú)
Centro de Desarrollo Humano (Perú)
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
Centro de Estudios y Acción para la Paz (Perú)
Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos (Perú)
Centro de Iniciativas Democráticas -CIDEM- (Panamá)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH-, (Guatemala)
Colectiva por el Derecho a Decidir, (Costa Rica)
CONFLUENCIA FEMINISTA MESOAMERICANA PETATERAS
CASA ALIANZA NICARAGUA
CALPI
CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE  ASESORÍA EN SALUD (CISAS)
Centro de Iniciativas para el Desarrollo Humano (Perú)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – (Perú)
Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos – Arequipa (Perú)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Nicaragua)
Centro para el Desarrollo Humano (Perú)
Centro para la defensa del Consumidor -CDS- (El Salvador)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Derechos Reproductivos
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes
CIDEHUM-, Costa Rica
CIESA
CEPRESI – Centro Para la Educación y Prevención Del SIDA (Nicaragua)
Civilis Derechos Humanos (Venezuela)
Coalición LGBTTI con trabajo en la OEA (29 organizaciones)
Coalition Advocating for the Inclusion of Sexual Orientation-CAISO (Trinidad and Tobago) (6 organizaciones)
COFAVIC (Venezuela)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) de Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Ecuador
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comisión de Derechos Humanos (Perú)
Comisión de Derechos Humanos de Celendín (Perú)
Comisión de Derechos Humanos de Ica (Perú)
Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa (Perú)
Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga (Perú)
Comisión de Derechos Humanos del El Agustino (Perú)
Comisión de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas (Perú)
Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú)
Comisión de Justicia y Paz Derechos Humanos Vicariato de Iquitos (Perú)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., (México)
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia (Perú)
Comisión de Justicia y Paz, (Colombia)
Comisión Diocesana de Pastoral Social – Cajamarca (Perú)
Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (Perú)
Comisión Episcopal de Acción Social (Perú)
Comisión Prelatural de Pastoral Social de Huamachuco (Perú)
Comité de Defensa de Derechos Humanos de Taurija (Perú)
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Diócesis de Huacho (Perú)
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la provincia de Sánchez Carrión (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Canas (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Espinar (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Ilo(Perú)
Comité de Derechos Humanos de Moyobamba (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Pachitea (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Pasco (Perú)
Comité de Derechos Humanos de Tayabamba (Perú)
Comité de Derechos Humanos del Distrito del Putumayo (Perú)
Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados (Perú)
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH; Honduras)
Concilio Nacional Evangélico del Perú (Perú)
Conectas Direitos Humanos (Brasil)
Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (Perú)
CONFLUENCIA FEMINISTA MESOAMERICANA PETATERAS
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y sus 79 instituciones afiliadas (Perú)
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Guatemala
Corporación Humanas (Chile)
Corporación Transparencia por Colombia (Colombia)
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI (Costa Rica)
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Perú)
Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura (Perú)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala – ECAP
Equipo Peruano de Antropología Forense (Perú)
Federación Internacional de los Derechos Humanos /FIDH
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Foro por la Vida: Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela
Fórum Solidaridad Perú (Perú)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- (El Salvador)
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Perú)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación Pro Acceso (Chile)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Perú)
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (Perú)
Grupo Guatemalteco de Mujeres (Guatemala)
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
Heartland Alliance (internacional)
Instituto de Defensa Legal
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” /IDHUCA (El Salvador)
Instituto de Desarrollo Urbano (Perú)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala/ICCPG
Instituto de Estudos da Religião (ISER) (Brasil)
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
Instituto Regional para la Paz (Perú)
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú)
Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (Perú)
IPAS CENTROAMERICA
Jamaica Forum for Lesbians, All-Sexuals and Gays (J-Flag)
Justicia y Paz Nacional de la Conferencia Episcopal
Las Hijas de la Negrita, Costa Rica
Laboratorio de Paz
Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (Litiga OLE; México)
Movimiento Autónomo de Mujeres (Nicaragua)
Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba (Perú)
Movimiento Homosexual de Lima (Perú)
Movimiento Jatarishun (Perú)
Movimiento Manuela Ramos (Perú)
Observatorio Venezolano de Prisiones (Venezuela)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (Venezuela)
Oficina de Protección de los Derechos Humanos del Periodista (Perú)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Oficina Jurídica de la Mujer (Bolivia)
Organización de Acción Social de Ucayali (Perú)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Pastoral de Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (Perú)
PROGRAMA FEMINISTA LA CORRIENTE
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA Venezuela)
Proyecto Amigo – Oficina de Derechos Humanos-(Perú)
Red de la No violencia contra las Mujeres (Guatemala)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 grupos de 22 estados de la República mexicana)
Agenda LGBT, (México)
Asilegal, (México)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C., (México)
Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C., (México)
Casa del Migrante Saltillo, (México)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., (México)
Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., (México)
Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), (México)
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las  Casas”, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (PRODH), (México)
Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, (México)
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C.,(México)
Centro de Derechos Humanos “Juan Geradi”, A.C.,(México)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (México)
Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (CEDHSPAC), (México)
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., (México)
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, (México)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., (México)
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C., (México)
Centro de Derechos Indígenas A. C., (México)
Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., (México)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) , (México)
Centro de los Derechos del Migrante, INC., (México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF), (México)
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara), (México)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C., (México)
Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos, A. C., (México)
Centro Juvenil Generando Dignidad A. C., (México)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (México)
Centro Mujeres, A. C., (México)
Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C., (México)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C., (México)
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC), (México)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), (México)
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A. C., (México)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH), (México)
Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz”, (México)
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C., (México)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., (México)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR), (México)
Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida”, (México)
Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C.,(México)
Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C., (México)
Comité Cerezo, (México)
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), (México)
Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C., (México)
Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C., (México)
Comité de Derechos Humanos Ajusco, (México)
Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C., (México)
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO), (México)
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB), (México)
Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C., (México)
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C., (México)
Desarrollo Comunitario, (México)
Fundación Pachamama, (Ecuador)
Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos, (México)
Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (México)
Iniciativa por la Identidad y la Inclusión, A.C., (México)
Institucional de Derechos Humanos y Paz, (México)
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C., (México)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, (México)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (México)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)-Programa, (México)
KOOKAY – Ciencia Social Alternativa, A.C., (México)
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., (México)
PRODESC Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., (México)
Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León, (México)
Promoción y Defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C., (México)
Proyecto Participación Ciudadana, (México)
Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y
Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C., (México)
Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México), (México)
Servicios de Inclusión Integral, A.C. (México)
Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. – TUDH, (México)
Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla) – Programa de Derechos Humanos, Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría, (México)
Red para la Infancia y la Familia (Perú)
Red por los Derechos de la Infancia en México REDM (México)
Society Against Sexual Orientation Discrimination –SASOD (Guyana)
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (Perú)
Servicios Integrales para la Mujer – SI Mujer – (Nicaragua)
Sinergia Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil (Venezuela)
University of Miami Human Rights Clinic (EEUU)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos/UDEFEGUA (Guatemala)
United Belize Advocacy Movement – UNIBAM (Belize)
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas (Venezuela)
Vicaría de la Solidaridad de Jaén (Perú)
Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani (Perú)
Women´s Way Foundation (Suriname)

1“Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del SIDH” (Grupo de Trabajo), aprobado por el Consejo Permanente el 25 de enero de 2012 (CP/doc.4675/12)

Mise à jour le 7 de junio de 2012

Segundo informe sobre defensores de la CIDH, nueva herramienta para seguir luchando por los derechos humanos: Abel Barrera

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6Dilo Tú

México D.F., 22 de mayo de 2012 (Cencos).- El día de hoy, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se llevó a cabo la presentación del Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos con José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator para defensoras y defensores, durante el Seminario  sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.

El Informe se dio a conocer en Washington D.C. a finales de 2011, pero es ahora, al presentarse formalmente en México, que puede haber una retroalimentación directa con los y las defensoras.

“Gracias por este instrumento más que nos permite seguir luchando por los derechos humanos”, dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Sin embargo, a pesar de su optimismo final no dejó de recordar, al igual que Luz Estela (Lucha) Castro, que debido a la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos, ya hay casos de exilio temporal por las amenazas como lo vive en estos días Alejandro Solalinde, defensor de migrantes.

“Ante la difícil situación en que nos encontramos los y las defensores, la pregunta obligada es: ¿Quién sigue?” dijo Lucha Castro, quién dirige el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; y reivindicó el papel de los y las defensoras de derechos humanos frente al panorama nacional: “¿Cómo no indignarnos si no cierra la herida de masacres como la de San Fernando cuando ya se abre otra nueva en Cadereyta?”.

José de Jesús Orozco dijo que desde que se publicó el primer informe, la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos ha empeorado en el continente, y refirió que los mecanismos de protección deben ser complementarios de la disminución de la impunidad y de un efectivo acceso a la justicia.

En México, refirió Abel ejemplificando la falta de complementariedad, “se aprueba una Ley de Protección [a personas defensoras de derechos humanos y periodistas] que los legisladores presumirán, pero no han modificado el fuero militar” para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por civiles, como lo ordenan varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México.

Incluso agregó que “hoy es más fácil atentar contra un defensor pues su caso pasa a engrosar las cifras de la emergencia nacional”, y recordó que las agresiones a defensores y defensoras en el estado de Guerrero siguen siendo cotidianas, “Eva, Marcial, Maximino, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el equipo de trabajo de Tlachinollan…”.

A diferencia de otros informes regionales en materia de derechos humanos, el de la Comisión no hace un diagnóstico separado por país, sino que ofrece una evaluación identificando el papel que los defensores juegan en una sociedad democrática, cuales son las agresiones de las que son objeto por su trabajo, identifica a grupos de defensores en mayor vulnerabilidad, aborda la problemática de la impunidad y el acceso al sistema de justicia y las vías o mecanismos que existen en la región para protegerles.

Orozco Henríquez, refirió que este segundo informe contiene recomendaciones a los Estados, varias de las cuales se repiten desde el primer informe y siguen sin cumplirse.

Entre las recomendaciones destacan:

  • Que los Estados reconoscan jurídicamente el derecho a defender los derechos humanos
  • Implementar políticas de protección, para lo cual:
  • se haga promoción al trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y reconocimiento de su rol en las sociedades democráticas
  • proteger la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos
  • y remover obstáculos y adoptar medidas para garantizar el ejercicio libre de defensa y promoción de los derechos humanos

Recomendaciones que son desarrolladas a lo largo de 28 peticiones concretas.

Esta jornada sirvió como espacio de encuentro entre académicos, funcionarios públicos y defensores y defensoras luego de que el pasado 30 de abril se aprobara la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se prevee pueda ser publicada hacia la segunda semana de junio.

El informe fue considerado como una buena herramienta por los y la defensora ya que “hay una buena lectura de los estándares de jurisprudencia (softlaw) en materia de derechos humanos y esto lo convierte en una herramienta muy útil para el litigio estratégico”, dijo Silvano Cantú, defensor de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es, agregó Lucha “una excelente aproximación de la cotidianidad de obstáculos que encontramos los defensores”.

 

Programa transmisión en vivo del seminario

Descarga u hojea el Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de DH

Venezuela: Todo lo que usted quería saber de la Comisión Interamericana de la OEA, y no se atrevía a preguntar.

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Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.

 

La Asamblea Nacional respaldó la salida de Venezuela de la CIDH

Luis Britto García / La Pupila Insomne


-¿Qué son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, ente con sede en Washington dedicado fundamentalmente a validar las políticas de Estados Unidos, el cual paga la más de la mitad de su presupuesto.

¿La Comisión y la Corte Interamericana de la OEA defienden los Derechos Humanos?
-Sólo si los viola un Estado. Si los violan un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.

¿La Comisión Interamericana es imparcial?
-Ni remotamente. Durante las décadas horribles de la Cuarta República (en Venezuela), cuando había masacres, campos de concentración, torturas, miles de desaparecidos y suspensiones de garantías que duraban años, la Comisión procesó sólo seis denuncias, una de ellas interpuesta por el terrorista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada Carriles. Durante la década del gobierno bolivariano, cuando todas esas prácticas desaparecieron, la Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.

¿La Comisión y la Corte son eficaces?
-Sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara.

¿La Comisión Interamericana acoge denuncias válidas?
-En su Informe de 2011 para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio Estatuto le prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos, que su Estatuto exige para admitir denuncias. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Incluso objeta proyectos de leyes, cuya sanción depende de la Asamblea Nacional, y no de una oficina en Washington.

¿La Comisión está prejuiciada contra Venezuela?
-En el citado Informe nos colocan junto a Colombia, Honduras y Haití, como países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. Asimilarnos a países ocupados por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en guerra civil es una torpe injuria.

¿Quién paga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana?
-La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Estados Unidos aporta anualmente unos $44,2 millones, más de la mitad del presupuesto de aquella. El National Endowment for Democracy (NED) sufraga con cantidades todavía no precisadas pero que deben ser sustanciales una miríada de ONGs que fraguan incontables acusaciones contra Venezuela. Esos jugosos estipendios podrían verse reducidos a iniciativa del congresista Connie Mack, de Florida, para quien “La OEA es una organización en América Latina que ha fracasado” (AFP, 3-5-2012). Por la plata baila el perro, y por el dólar acosa a Venezuela la Comisión Interamericana.

¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada por organismos que no reconocen su soberanía?
-Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución establece que “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República (…) 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Así como puede celebrarlos, puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha norma pauta que “Corresponde a la Asamblea Nacional: (…) 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. Así como aprueba su celebración, puede aprobar su denuncia.

¿Sólo Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana?
– En el Informe del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana”, de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es desdeñable que tantos y tan importantes países ordenen a un organismo que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe.

-¿Si nos salimos de la Comisión y de la Corte quedaremos aislados?

-Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.

CIDH presenta Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas

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Difusión Cencos México D.F., 11 de mayo de 2012

Boletín de prensa
CIDH

Desde su creación hace más de medio siglo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dedicado particular atención a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas, y ha constatado que el respeto a sus derechos humanos es uno de los principales desafíos que enfrenta la región. En este contexto, la CIDH publica hoy el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el cual se identifican los problemas fundamentales observados en las cárceles de la región.

El informe identifica que los problemas más graves y extendidos en las cárceles y otros centros de privación de la libertad en la región son: el hacinamiento y la superpoblación; las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; la corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria; y el uso excesivo de la detención preventiva.

La falta de control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la región produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de los reclusos, como por ejemplo altos índices de violencia carcelaria, organización y dirección de hechos delictivos desde las cárceles, y sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido”, lo cual también es producto de la corrupción endémica en muchos sistemas.

La Comisión Interamericana considera que esta realidad es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la región, y de la apatía de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema. De esta manera, los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción. La naturaleza de esta situación revela la existencia de serias deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos. Asimismo, esta realidad impide que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de las personas condenadas.

En relación con el derecho a la vida, el informe analiza las muertes provocadas por agentes estatales, las resultantes de la violencia en las cárceles, así como las derivadas de la falta de prevención y reacción eficaz de las autoridades. En este sentido, la CIDH destaca que en el caso de los incendios, independientemente de la causa inicial que haya causado el fuego, la mayoría se han producido en cárceles superpobladas, con instalaciones físicas deterioradas, en las que no había mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones, y/o en circunstancias en las que las autoridades fueron manifiestamente negligentes en controlar la situación de emergencia.

En relación con el derecho a la integridad, el informe destaca que la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas de investigación criminal. Entre las principales causas que contribuyen a la persistencia de esta práctica se identifica la existencia de prácticas institucionales heredades y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotación de recursos, equipos adecuados y capacitación técnica en los cuerpos de seguridad; las respuestas represivas del Estado como “políticas de mano dura” y “tolerancia cero”; y el conceder valor probatorio a las confesiones o a información obtenida mediante el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El informe subraya que es imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos índices de violencia carcelaria; en los que existen cárceles en las que el control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios presos, y no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica. Uno los problemas más graves y extendidos en la región es, precisamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En este sentido, el hecho de que la población carcelaria de un Estado sea significativamente joven, hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo; toda vez que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante, y que de no ser así dicha población corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal.

En este sentido, el informe se sustenta en la idea fundamental de que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario, el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de rehabilitación contribuiría a la prevención del delito y la violencia, y por lo tanto a alcanzar la seguridad ciudadana.

Este informe ha sido publicado gracias al apoyo del Fondo de España para la OEA.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a título personal.

Descarga el informe

Nuevo mandato de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 6 de abril de 2012

Boletín de prensa
CIDH

El 30 de marzo de 2012, en el marco de su 144 Periodo de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, a cargo del Comisionado Felipe González. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, el nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

La movilidad humana, como fenómeno complejo, comprende numerosas facetas que incluyen, inter alia, la situación de los migrantes y sus familias, los solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria, apátridas, exiliados y víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes y desplazados internos[1]. Durante décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido todos estos temas a través de sus informes de casos, medidas cautelares, visitas a países e informes temáticos y de países. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, a partir de 1996, con la creación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, la CIDH ha dedicado especial atención a la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como de otros grupos vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

Los flujos migratorios mixtos presentes en la región se caracterizan por incluir migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y víctimas de trata de personas. Las categorías de los migrantes son diversas y se diferencian, entre otras razones, dependiendo de si su situación migratoria es regular o irregular; así como por las razones que conllevaron a su migración, como es el caso  de aquellos que migran por razones económicas, políticas o ambientales.

Desde sus primeros años la Comisión ha prestado especial atención a la situación de los refugiados en el hemisferio, tal como sucedió con el éxodo masivo de refugiados procedentes del Caribe en la década de los sesenta, sobretodo de los ciudadanos cubanos tras la Revolución Cubana de 1959. Posteriormente, los desafíos que plantearon las dictaduras militares en la década de 1970 en el Cono Sur probó la capacidad de respuesta de la Comisión Interamericana en lo que respecta a la protección de los refugiados. Durante la década de los ochenta, las guerras civiles en Centroamérica plantearían retos similares para la Comisión.

A lo largo de los años, la Comisión ha seguido haciendo seguimiento a los principales desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo, los refugiados y solicitantes de protección complementaria en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados, tal como lo hiciera, entre otros, en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado, el Informe Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, los Informes de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias y en el reciente Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante “el ACNUR”), se estima que en la actualidad en las Américas hay más de 500 mil refugiados, cerca de 300 mil personas en una situación similar a la de los refugiados y cerca de 130 mil solicitudes de asilo pendientes.  Si bien estás personas están prácticamente en todos los países del continente, principalmente, se encuentran en Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Ecuador.

A pesar de que la mayor parte de la atención en términos de migración se centra en la migración internacional, la movilidad humana también plantea grandes desafíos en términos de migración interna. En la actualidad la mayor parte de la migración se da a nivel interno de los Estados. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que los migrantes internos representan aproximadamente 740 millones de personas a nivel mundial, lo que significa que la migración interna representa casi cuatro veces la cantidad de migrantes internacionales. Más allá de los desafíos propios que conlleva la migración interna, el desplazamiento interno forzado presenta los mayores desafíos para la vigencia de los derechos humanos. De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para finales de 2010 se estimaba que había cerca de 5.4 millones de desplazados internos en el continente americano como consecuencia de conflictos armados, violencia generalizada y violaciones de derechos humanos.

Algunos de los desafíos más apremiantes que genera la movilidad humana en materia de violaciones a los derechos humanos son, entre otros: la criminalización de los migrantes en situación irregular; las situaciones que plantean en términos de protección los flujos migratorios mixtos; la denegación de protección judicial y de garantías procesales en procedimientos migratorios; la violencia y las violaciones masivas de derechos humanos generada por parte de actores no estatales, tales como organizaciones de la delincuencia organizada, cárteles del narcotráfico, maras o grupos paramilitares. Por otra parte, en algunos países se han introducido reformas o proyectos legislativos relativos a sus sistemas de determinación de la condición de refugiados, destinados a restringir el acceso a la protección internacional para los solicitantes de asilo, los refugiados y los solicitantes de protección complementaria. Otros de los desafíos que se dan alrededor de la movilidad humana  en el hemisferio tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo, fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno son otros de los desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos.

En vista de lo anterior, la ampliación del mandato de la Relatoría sirve para institucionalizar la práctica tácita que durante los últimos años ha venido a ocupar la Relatoría al trabajar en peticiones individuales, casos, medidas cautelares y provisionales e informes temáticos y de países que involucran a solicitantes de asilo, refugiados, solicitantes de protección complementaria y apátridas. Asimismo, sirve para reforzar el trabajo que históricamente ha desarrollado la Comisión en la protección de los derechos humanos de otros grupos vulnerables de personas en el contexto de la movilidad humana, tanto a nivel internacional como interno, tal como es el caso de los grupos de personas antes señaladas y de los desplazados internos. En este sentido, el nuevo mandato de la Relatoría está enfocado en

El respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados,  solicitantes y beneficiarios de protección complementaria, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

Ecuador califica a CIDH de ente inquisidor y exige cambiar sede

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viernes 30 de marzo de 2012

Pedro Rioseco (PL)

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, calificó en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ente inquisidor y exigió cambiar la sede a un país que reconozca la Convención firmada en Costa Rica en 1969.

Al intervenir ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Patiño criticó duramente el papel de la CIDH en el juicio por injurias calumniosas contra el diario El Universo y las numerosas violaciones cometidas a las normas internacionales.
Un caso que afectó los intereses de un emporio mediático, pesó más y ha tenido más atención en esta Comisión que otras situaciones en las que se encuentran en peligro el derecho a la vida, a la alimentación y otros derechos fundamentales.
Han intentado, afirmó, vender una imagen totalmente tergiversada de Ecuador, que ha servido para dimensionar la envergadura de ese terrible poder fáctico, los medios de comunicación, y para cuestionar la vigencia de los órganos del Sistema Interamericano.
Precisamente, fustigó, apelamos a estos principios para condenar, -y oponernos- a la manipulación de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas con fines económicos y geopolíticos, y a su utilización como mecanismos para legitimar intervenciones militares.
Ya el mundo no es el mismo de 1948 cuando se decidió la creación del Sistema Interamericano, recalcó en transmisión directa recibida por Internet en Ecuador.
Los foros políticos para el diálogo, la integración y la toma de decisiones, dijo, han tomado un rostro latinoamericanista tal como lo soñaron nuestros próceres y nos obligan a repensar la OEA, que por la fuerte influencia estadounidense transita por una crisis de legitimidad
Lo prueba el poder de veto para excluir a un país (Cuba) de un foro que, si bien no es parte formal de esta Organización, ha sido institucionalizado como un mecanismo paralelo, bajo el nombre de Cumbre de las Américas, reiteró Patiño.
La agenda priorizada de la OEA se ha centrado en los asuntos de seguridad y gobernabilidad, por la visión y los intereses de Estados Unidos.
Creemos, subrayó, que el manejo de la CIDH debe recaer, exclusivamente, en aquellos Estados que se han comprometido con las obligaciones que emanan de la Convención, y los nacionales cuyos países no son adherentes no deberían poder ser elegidos, ni como jueces ni como comisionados.

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