Sin investigar en consulados, México deporta a mujeres migrantes

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lunes, 6 de agosto de 2012

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

México viola el derecho al debido proceso de las migrantes centroamericanas al momento de su detención y cuando son repatriadas, pues no notifica a sus consulados y tampoco investiga a fondo si deportarlas las coloca en riesgo o no, ya que muchas de ellas salen de sus países por violencia en sus casas o comunidades.

Lo anterior, lo señaló a Cimacnoticias Berenice Valdez, consultora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien denunció que las autoridades no obedecen las disposiciones relativas a la detención y repatriación planteadas en la nueva Ley de Migración.
Valdez indicó que México incumple con su obligación de notificar al consulado del país de donde provienen las migrantes, las mantiene tiempo indefinido en las estaciones migratorias, y no investiga si las condiciones en las comunidades de origen son apropiadas para que las mujeres regresen.
Lo anterior representa una violación al derecho al debido proceso de las migrantes que ingresan al país, mayoritariamente con la intención de llegar a Estados Unidos.
Ejemplificó que “cuando (las autoridades) retornan sin seguridad a las mujeres, sin ahondar más en las condiciones de su regreso, no sólo en casos de asilo o persecución política, sino en cuestión de violencia en sus casas o comunidades, las expone a un mayor peligro”.
La experta indicó que las autoridades suelen repatriar a las migrantes sin considerar “si podrían ser solicitantes de refugio por violencia de género”, debido a que el personal carece de capacitación.
Algo similar ocurre cuando se trata de identificar a víctimas de trata de personas, delito que “confunden con prostitución”, y por lo tanto no les brindan la protección que necesitan.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 66 mil 764 detenciones en 2011, en ese año deportó hacia Centroamérica a 61 mil migrantes.
En 2007 el 22.9 por ciento de las personas deportadas eran mujeres, para 2010 la proporción se redujo a 13.8 por ciento.
La disminución se debe al subregistro de las migrantes, quienes viajan por una ruta alterna a la utilizada por el grueso de los centroamericanos. Ellas pagan “coyotes” y utilizan documentación falsa para cruzar el país.
Migrantes en detención
Una vez en las estaciones migratorias, sin indagar su situación, “las hacen firmar acuerdos de repatriación voluntaria y son retornadas, no siempre a sus lugares de origen, a veces sólo a Guatemala”.
Tan solo entre enero y junio de 2011, el INM reportó 33 mil 536 personas extranjeras repatriadas voluntariamente a su país.
Las mujeres deportadas deberían gozar de protección por parte de sus consulados, pero las autoridades mexicanas “no siempre les notifican sobre la detención de las migrantes, por eso hay que insistir en que se respete el derecho a la protección consular y a que haya una investigación más profunda acerca de si pueden ser víctimas o no de trata o de violencia”, mencionó la activista.
También sostuvo que hace falta seguir el debido proceso que marca la ley de migración para esta población en detención y capacitar a las autoridades para que investiguen las condiciones en las que se encuentran las migrantes antes de deportarlas.
La situación varía en cada estación migratoria, hay avances en algunas como las ubicadas en el Distrito Federal “hay más capacitación y el espacio está mejor que en otras entidades”, pero al igual que en las demás su personal no investiga a fondo el riesgo que podrían enfrentar las mujeres al volver a sus países, dijo.
Berenice Valdez añadió que en el país hay por lo menos una estación migratoria en cada estado, aunque hay entidades ubicadas en la ruta de tránsito que cuentan con más estaciones como Chiapas, donde en 2011 se realizó el 43 por ciento de las detenciones.

Publicado por ARGENPRESS

México: “Absurda”, la propuesta de “castración química”

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miércoles, 1 de agosto de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

La “castración química” a violadores es “inoperante y absurda”, por lo que las diputadas del Estado de México tendrían que impulsar la legislación existente a nivel federal y estatal sobre violencia contra las mujeres, la cual contempla mecanismos para combatirla y no hacer este tipo de propuestas, advirtió la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde.

Entrevistada sobre la propuesta de las diputadas mexiquenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval, para modificar el Código Penal de la entidad y aplicar la “castración química” a violadores, la catedrática en la UNAM recordó que hay una norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo carece de presupuesto y de una cabal comprensión.
Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”; en el país ocurren cerca de 15 mil denuncias de violación sexual al año.
Tan sólo en 2009 en el Estado de México se recibieron 2 mil 990 denuncias, de acuerdo con el documento realizado por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados en la 61 Legislatura.
La doctora en Antropología dijo que seguramente las diputadas fueron asesoradas por personas que desconocen que en México desde 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual están especificadas las modalidades y tipos de violencia y se plantean las políticas de intervención para eliminar las causas de estas violencias.
En esa ley se estipula que es preciso eliminar poderes que tienen los hombres para dominar social y económicamente a las mujeres, así como una política de gobierno para lograr el empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la igualdad.
En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y para abril de 2011 el Congreso local avaló que para los casos de violación (en caso de que se provoque la muerte de la víctima), las condenas serán hasta de 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo como multa.
Lagarde conminó a las legisladoras del tricolor para que “profundicen en el conocimiento de lo que se ha avanzado en la materia”, en lugar de hacer “propuestas inconexas”.
“Que revisen la legislación actual y la impulsen para que todas las instancias de gobierno la apliquen y tenga una verdadera transversalidad de género en la gobernabilidad de cualquier entidad federativa del país”, llamó.
La también directora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres señaló que pleno siglo XXI no se debe aplicar la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, y la “castración química” se inscribe en esa mentalidad.
“Es absurda; también quienes delinquen deben tener un marco legal para ser enjuiciados, contar con el respeto de sus garantías y eso no ocurre con esta propuesta”, criticó.
Quien fuera diputada ciudadana postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2003 a 2006, agregó que la violencia contra las mujeres es resultado de condiciones de desigualdad, y para enfrentarla es necesario eliminar aquello que la ocasiona, lo que contribuye a que se reproduzca.
Añadió que eliminar la impunidad enviaría el mensaje a quienes delinquen de que se aplicará la ley, mientras que la “castración química” no sirve para nada, toda vez que no permite se transforme la mentalidad de los violadores, quienes aún con esa castración pueden violar a las mujeres en distintas formas: utilizando objetos u otras partes del cuerpo que no son los genitales.
Marcela Lagarde explicó que esa propuesta corresponde a un enfoque “biologicista” sobre la sexualidad, que no tiene perspectiva de género, ya que desde esta visión concluimos que la violación no es un hecho determinado biológicamente, sino que es producto de una construcción de la sexualidad, y que como lo han demostrado la ONU y las Conferencias Mundiales de la Mujer, la violencia de género es resultado de la desigualdad.
El planteamiento de las legisladoras priistas surge tras la agresión de un grupo armado que asaltó y violó a campistas en el parque El Colibrí, municipio de Chalco, y por el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien en menos de un mes sufrió dos violaciones y luego fue asesinada en el municipio de Ecatepec.
Actualmente el delito es castigado en la entidad mexiquense con una pena que va de entre los 5 y los 15 años de prisión. La iniciativa de reforma del artículo 274 del Código Penal estatal busca duplicar la pena, llevarla de 10 a 30 años de prisión, aunque el acusado podrá solicitar la primera pena (de 5 a 15 años) y someterse a “castración química” por el tiempo restante de la condena.
La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas que disminuyen el deseo sexual, evitan la erección y la eyaculación.

Publicado por ARGENPRESS

Aumentan en cinco años agresiones contra las mexicanas

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miércoles, 18 de julio de 2012

Anayeli García Martínez (CIMAC)

El gobierno mexicano ha fallado en sus estrategias para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pues el 46.1 por ciento de las mexicanas de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) revela que lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años, al pasar de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento hasta el año pasado.
La cultura de violencia en la pareja –así como en la familia, el hogar, la comunidad, el trabajo y en el ámbito escolar– persiste pese a las instituciones y leyes creadas para favorecer la igualdad, la no discriminación y contra de la violencia de género.
Los resultados de la encuesta que se presentó ayer fue realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Contempló –al igual que en 2006– una muestra de 128 mil viviendas en las 32 entidades federativas.
Leyes insuficientes
En México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cada estado cuenta con una legislación sobre no discriminación y violencia familiar.
Pese a este marco jurídico, la Endireh 2006 reveló que cuatro de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de maltrato físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por parte de su pareja; condición que según los datos persiste y en algunos casos se agravó.
En 2006 el 37.5 por ciento de las mujeres entrevistadas dijo haber sufrido violencia emocional; cinco años después, el 42.4 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación.
Otro indicador muestra que en 2006 el 23.4 por ciento de las mujeres padeció algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de sus recursos monetarios, o bien fue cuestionada por cómo gastaba sus ingresos. Para 2011 la cifra aumentó a 24.5 por ciento.
Los datos revelan que actualmente el 13.5 por ciento de las mujeres confesó haber vivido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales, es decir el porcentaje de mujeres agredidas físicamente se redujo, pues en 2006 el indicador era de 19.2 por ciento.
Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan el 7.3 por ciento, indicador que también fue a la baja, ya que en 2006 el 9 por ciento de ellas declaró haber sufrido alguna forma de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
EDOMEX: Foco rojo
Es de resaltar que el Estado de México tiene los porcentajes más altos de violencia contra las mujeres desde hace cinco años. Actualmente el 56.9 por ciento de las mexiquenses de 15 años o más sufrió violencia de pareja cuando en 2006 era el 54.1.
La Endireh 2011 muestra que en el caso de violencia física, el 15.5 por ciento de las mexiquenses fueron violentadas, lo que les ocasionó daños permanentes o temporales. En contraste, Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento de mujeres maltratadas físicamente.
En un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, la encuesta indagó sobre el acuerdo o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”: Se encontró que entre las mexicanas aún hay quienes ven normal la violencia.
El 29 por ciento de las encuestadas dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”, mientras que el 16.8 por ciento estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”.
Además el 14.7 por ciento expresó estar de acuerdo con que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”, lo que alerta sobre la normalización de la violencia de género pese a las esfuerzos institucionales por erradicarla.

Publicado por ARGENPRES

México. Peña no llegará a Los Pinos: YoSoy132

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martes, 3 de julio de 2012

Anayeli García Martínez (CIMAC)

El movimiento estudiantil que se gestó para confrontar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto se resiste a aceptar el triunfo del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), proclamado el domingo por la noche por el Instituto Federal Electoral (IFE).

En una concentración masiva realizada ayer en la Estela de Luz, el Movimiento YoSoy132, conformado principalmente por universidades públicas, refrendó su rechazo al candidato priista.
Las y los jóvenes volvieron a tomar las calles, luego de que según los datos más recientes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del IFE, Peña Nieto es el virtual ganador de la elección presidencial al obtener el 38.08 por ciento de los votos ante el 31.68 por ciento del abanderado del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador.
Con frases como “votamos como nunca, perdimos como siempre”, las y los manifestantes se dijeron “hartos” del fraude electoral y anunciaron que mantendrán su protesta para impedir el regreso del PRI a Los Pinos. Llamaron a la movilización pacífica y entre las frases más coreadas estaba: “Si hay imposición, habrá revolución”.
Hasta el momento el Movimiento YoSoy132 no ha definido acciones estratégicas claras, pero con gritos ensordecedores lanzaron insultos contra el virtual presidente electo de México.
Cerca de las 3 de la tarde, las y los jóvenes salieron con rumbo al Zócalo capitalino gritando la consigna “Enrique entiende, no eres Presidente”.
De acuerdo con una joven entrevistada, las instituciones “volvieron a fallar” al avalar la imposición de un candidato que no tiene interés por cambiar la situación de miseria y violencia en que está sumergido el país, lamentó.

Según la lista nominal del Instituto Federal Electoral 3 millones 687 mil 204 electoras y electores de 18 y 19 años votaron por primera vez.??Las estadísticas oficiales indican que este 2012 estará marcado por el voto de 10 millones 304 mil 172 personas de 20 a 24 años de edad; 10 millones 189 mil 101 de 25 a 29, y le siguen las personas de 30 a 34 años con 9 millones 716 mil 141 personas.

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México: Ante CEDAW, casos de violencia contra informadoras

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miércoles, 13 de junio de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Frente al desinterés del Estado mexicano ante los casos de violencia contra mujeres periodistas, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) llevarán por primera vez el tema ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En el informe “sombra” o alterno “El gobierno de México miente”, que se presentará el próximo 17 de julio ante el Comité de la CEDAW, se indica que 71 mujeres periodistas fueron violentadas de diferentes formas, tan sólo de enero de 2010 a diciembre de 2011. Una de ellas está desaparecida y otras seis fueron víctimas de feminicidio.
Según el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en lo que va de 2012 se han registrado 16 casos de violencia contra trabajadoras de los medios informativos. Entre ellos figura el asesinato el pasado 28 de abril de la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
A la lista se suma la desaparición apenas el pasado 8 de junio de Stephania Rodríguez Cardoso, reportera policiaca de los periódicos Zócalo Saltillo y Calibre 57 en el estado de Coahuila. Ella desapareció junto con su hijo de dos años.
El informe “sombra” elaborado por más de 200 organizaciones civiles del país en respuesta a dos reportes entregados por el Estado mexicano a la CEDAW en 2006 y 2010, describe por primera vez en un documento de este tipo la violencia cometida contra mujeres en el ejercicio de su labor periodística.
Se detalla que la violencia psicológica y física contra las informadoras incluye amenazas de daño a sus hijas e hijos, difamación, hostigamiento, acoso sexual y laboral, incluso por parte de sus pares varones, así como de sus fuentes de información, hasta la desaparición y el feminicidio.
Las activistas señalan que en 2010 fueron asesinadas tres periodistas: Selene Hernández, del Estado de México; María Isabel Cordero Martínez, de Chihuahua, y María Elvira Hernández Galeana, de Guerrero.
Se destacan los casos de feminicidio de Rocío González Trápaga y Ana María Marcela Yarce, de la revista Contralínea, ocurridos el 31 de agosto de 2011 en el DF, y el de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, perpetrado en Veracruz el 26 de julio del mismo año.
El documento apunta que la violencia psicológica, física y sexual manifestada en la desaparición forzada, la tortura y exposición de los cuerpos de las periodistas en la vía pública, y en fotografías difundidas por algunos medios; así como la difamación y/o cuestionamiento de su vida tanto personal como profesional, demuestran que las agresiones contra estas tres mujeres se agravaron por la labor que desempeñaban.
“El proceso de violencia enfrentado por las tres periodistas da muestra clara de las múltiples violaciones a los DH de las mujeres y de la falta de garantía del Estado mexicano de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género firmada en numerosos tratados internacionales, así como para garantizar el libre y seguro ejercicio periodístico en el país”.
En el documento que será analizado por 23 expertas que integran el Comité de la CEDAW -sistema de vigilancia de la aplicación de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado-, se asienta que es necesario que las periodistas sean tomadas en cuenta de manera especifica en todos los instrumentos nacionales e internacionales contra la violencia de género.
Igualmente deben incluirse en las recomendaciones que hagan las agencias de Naciones Unidas referentes a los DH, para mejorar su condición social y profesional como sujetas de cambio y aporte social a través de su labor periodística.
En el informe “sombra”, las activistas agregan que los instrumentos y legislaciones deberán considerar que la labor social de informar es un derecho humano que debe ser ejercido de un modo seguro.
México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y ese mismo año entró en vigor. Nuestro país es el más violento de América Latina para ejercer el periodismo, y el segundo del mundo después de Irak, según los relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Pobreza expulsa de México a más mujeres y niñas

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martes, 5 de junio de 2012

Citlalli López – Brisa Gómez – Patricia Chandomí – Guadalupe Cruz (CIMAC)

Miseria, marginación y violencia son las causas por las que mujeres y ahora también niñas, migran a otras entidades e incluso a Estados Unidos.

En años recientes, al fenómeno migratorio en México se han añadido dos nuevas aristas: la migración infantil y el crimen organizado, que ve a las personas en tránsito como caldo de cultivo para reclutarlas a la delincuencia o explotarlas sexualmente.
De acuerdo con especialistas en migración, este fenómeno va adquiriendo cada vez más un rostro femenino. A pesar de la insuficiencia de datos oficiales, se percibe un aumento en el número de mujeres y niñas que por razones económicas y sociales abandonan sus lugares de origen, para mejorar sus condiciones de vida.
Hay mujeres que incluso tienen estudios universitarios. También se advierte que el DF es ya una de las principales entidades expulsoras de migrantes de sexo femenino hacia Estados Unidos.
En Oaxaca, por ejemplo, cuatro de cada 10 personas que migran son mujeres, mientras que en 2010 el DF expulsó a 50 mil 281 personas al extranjero, de las cuales 17 mil 725 (más de la tercera parte) son mujeres, según el Inegi.
Explotación infantil
El estado de Oaxaca es emblemático por sus altos índices de pobreza y sus bajos indicadores en la garantía de los Derechos Humanos para su población. Es en esta entidad donde es frecuente la expulsión de niñas y niños indígenas a los campos agrícolas de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Baja California.
Fernando Viveros, integrante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), explica que las y los niños que dejan el estado se enfrentan al riesgo de ser interceptados en su trayecto por grupos criminales para su explotación sexual y comercial.
Abunda que los riesgos para la niñez migrante han variado, toda vez que ya no sólo pueden enfermar por la exposición a plaguicidas y pesticidas en los campos agrícolas, sino que ahora también son secuestrados por delincuentes.
Viveros aclara que aunque los números sobre la migración infantil son prácticamente inexistentes, se observa que la cifra de niñas y niños en esa condición es alto, y cada vez es mayor por la pobreza que prevalece en sus comunidades de origen.
En Chiapas se da el fenómeno de la migración infantil que llega a la entidad en busca de empleo. El estado fronterizo es destino y tránsito de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica.
Entre 2006 y 2008 la estación migratoria de Tapachula, municipio colindante con Guatemala, reportó que fueron deportados 18 mil niñas, niños y adolescentes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Carolina Rivera, investigadora del CIESAS, advierte que en Chiapas no hay registros ni encuestas de la migración laboral de la niñez y adolescencia centroamericana, tampoco datos del Instituto Nacional de Migración.
Huyen de la violencia
Amanda González, coordinadora del programa Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional de la organización Iniciativa Ciudadana, observa que “las oaxaqueñas huyen (de su estado) ante la pobreza, marginación y violencia. Las mujeres que han migrado se van para tener mayor libertad, ya que en sus comunidades son coartadas”.
La viudez, ser madres solteras, el abandono de su pareja, la poligamia o el alcoholismo del cónyuge, son algunas de las razones para que ellas abandonen el estado. También influyen la falta de opciones para una vida mejor y las escasas posibilidades de estudiar, precisa González.
En Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) reporta que hay dos rasgos en la migración femenina: las mujeres con poca o nula escolaridad que van en busca de sus parejas y migran con sus hijas e hijos, y aquellas que con educación secundaria o bachillerato se van al norte para trabajar en la maquila en espera de pasar a Estados Unidos.
Edda Arrez, titular del IVM, detalla que hay mujeres migrantes con estudios universitarios que se van porque buscan mejores oportunidades laborales. No obstante, indica, al llegar a Estados Unidos la mayoría de ellas trabaja como niñeras, anfitrionas en restaurantes o en el sector de comercio y servicios.
¿Ciudad de la esperanza?
El DF es destino para las mujeres migrantes de otros países, pero también expulsa a miles de capitalinas a entidades vecinas, Estados Unidos u otras naciones en aras de lograr un mejor nivel de vida.
Inegi señala que la capital está entre las tres entidades federativas que expulsan a más personas al interior del país. En 2010 expulsó a 50 mil 281 personas al extranjero, de las cuales 17 mil 725 fueron mujeres. De este total, 53.7 por ciento (cerca de 9 mil 400 mujeres) se fue al vecino país del norte.
La mayoría de mujeres y hombres que salen del DF están en edad reproductiva (entre 15 y 49 años). A Estados Unidos se dirige el 65.6 por ciento de la población migrante del DF.

Publicado por ARGENPRESS

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