A dos años de impunidad en el caso de los defensores de DH Margarita Martínez y Adolfo Guzmán

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Difusión Cencos México D.F., 9 de noviembre de 2011

Carta Abierta
Margarita Gpe. Martínez Martínez / Adolfo Guzmán Ordaz

A las Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:
A las Organizaciones Sociales y Civiles:
A los Medios de Comunicación Convencionales y Alternativos:
A las Juntas de Buen Gobierno:
A la Otra Campaña:
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Al Movimiento por la Paz:

 

  • A dos años de impunidad en el caso de los defensores de derechos humanos Margarita  Guadalupe Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz

Han pasado dos años de que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), en concreto de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS), allanaron nuestra casa en la Cd. de Comitán, Chiapas, ejerciendo abuso de autoridad y tortura sobre los cuatro miembros de nuestra familia.

Esta situación fue denunciada formalmente ante la Fiscalía Especializada para la Protección y Atención a Organismos No Gubernamentales para la Defensa de Derechos Humanos, FEPAONGDDH, pero, a pesar del tiempo transcurrido, tanto la Fiscalía como el Gobierno del Estado de Chiapas no han hecho nada para esclarecer los hechos y continúan dando largas al asunto para encubrir a sus funcionarios y que la verdad no salga a la luz.

Desde el inicio del proceso jurídico hemos recibido seis amenazas de muerte, además de la privación ilegal de la libertad con elementos de tortura a Margarita Martínez en dos ocasiones, la primera el 25 de febrero de 2010 (36 horas antes del peritaje de reconstrucción de hechos), y la segunda el 24 de noviembre del mismo año. Estos hechos han sido todos denunciados públicamente.

A raíz de la privación ilegal de la libertad de Margarita el 25 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de nuestra familia y nos otorgó medidas cautelares (MC) de guardia custodia a implementar por el gobierno del Estado de Chiapas a cargo de un “cuerpo especial” de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana (SSyPC). Tuvimos que aceptar estas medidas ante el inminente riesgo y vulnerabilidad en que nos encontrábamos.

Sin embargo, las MC no han facilitado el proceso de seguimiento al caso ni han ayudado a propiciar un ambiente menos tenso, ya que la privación ilegal de la libertad de Margarita de noviembre del 2010 se produjo con acompañamiento de MC y en octubre del presente año recibimos en nuestro domicilio, custodiado por miembros de la SSyPC, un anónimo con amenazas de muerte.

Consideramos que la ineficiencia del órgano de procuración de justicia del Estado de Chiapas, y su complicidad con los demandados, es evidente por las siguientes circunstancias:

Primero: por la demora en la resolución del proceso. La FEPAONGDDH dividió el caso en tres eventos con el pretexto de hacer una mejor investigación: 1o: el allanamiento: con delitos de abuso de autoridad, tortura (la cual no quieren integrar) y lo que resulte; 2o: amenazas con agravante de muerte; y 3o: Privación ilegal de la libertad, tortura y violación. Estos tres eventos fueron denunciados ante la FEPAONGDDH y sólo ha integrado y ejercido acción penal del primero omitiendo la tortura.

Segundo: por la reclasificación de los delitos que consideramos improcedente: La FEPAONGDDH argumenta que por falta de elementos no procede el delito de tortura, siendo que una psicóloga certificada por la ONU para la atención en casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul, realizó dicho peritaje certificando tortura hacia cada miembro de la familia.

Tercero: porque las MC establecidas por la CIDH y ejecutadas por el gobierno de Chiapas no suponen una garantía de seguridad dado que, como se indicó, se dieron dos eventos muy graves contando la familia con guardia custodia.

El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y el Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, no están contribuyendo a la resolución del caso y a la aclaración de los hechos a pesar de la intervención de la CIDH, lo cual demuestra la falta de justicia y transparencia para resolver de manera eficaz y objetiva los atropellos que cometen los servidores públicos de su administración.

Ante lo expuesto, denunciamos el incumplimiento de los acuerdos asumidos por parte del Estado para hacer una investigación imparcial y expedita.

A dos años, no se han esclarecido los hechos y no se ha fincado la responsabilidad de los acusados correspondiente. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad del Estado Mexicano, y en particular del Estado de Chiapas, así como la falta de garantías que destina a los defensores de Derechos Humanos.

Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas y al Estado Mexicano:

  • Que le dé cabal cumplimiento a la implementación de las MC 52-10 establecidas por la CIDH, de manera eficiente y profesional.
  • Que se garantice la vida e integridad física y emocional de todos los miembros de nuestra familia.
  • Que se destituya de sus cargos a todos los servidores públicos implicados en los eventos de hostigamiento a nuestras personas (allanamiento, abuso de autoridad, amenazas de muerte, tortura, privación ilegal de la libertad y violación) en tanto no se resuelva su situación jurídica legal, ya que utilizan sus cargos públicos para resguardarse y mantenerse en la impunidad.
  • Que se ejercite la acción penal contra los responsables de estos actos y los autores materiales e intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos sean debidamente sancionados.

Basta de hostigamiento a las y los defensores de Derechos Humanos
Basta de torturas por defender nuestros derechos
Nunca más un México sin los Derechos Humanos

Atentamente

Margarita Gpe. Martínez Martínez

Adolfo Guzmán Ordaz.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de noviembre del 2011

Consulta información anterior sobre los defensores Margarita Martínez y Adolfo Guzmán

Exigen al Estado investigue amenazas contra defensores de DH del CDH Usumacinta y La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes

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Difusión Cencos México D.F., 28 de septiembre de 2011

Pronunciamiento
OSC de DH

A las organizaciones no gubernamentales
A la comunidad internacional
A los medios de comunicación
Al pueblo de México

Somos un grupo de organizaciones y de ciudadan@s indignados ante los hechos sucedidos el día 17 de septiembre, donde agentes de la policía municipal, estatal y elementos del Ejército mexicano, retuvieron, amenazaron y hostigaron por más de 3 horas a los compañeros defensores de derechos humanos que colaboran en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes.

El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, Fray Tomas González, Rubén Figueroa y otr@s compañer@s que apoyan la Casa del Migrante “La 72”, estaban en su camioneta estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique, Tabasco, cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos.

A este hecho se unieron la policía estatal y municipal, así como agentes de tránsito intimidando, hostigando y reteniendo por aproximadamente 4 horas a Fray Tomas y su equipo, llegando incluso a encañonarlos y dar una bofetada a uno de los compañeros. Y aunque estos hechos son indignantes, existen tres actos más que nos parece trascendental vincularlos a lo sucedido el sábado para entender lo preocupante de la situación:

1. Fray Tomas ha venido sufriendo hostigamiento y fuertes amenazas contra su persona, apenas una semana antes le acababan de hacer una amenaza.

2. Un día antes de los hechos, el viernes 16, Fray Tomas y su gente estuvieron en Palenque acompañando la Caravana por la Paz e hicieron pública la denuncia de esas amenazas.

3. Al poco tiempo de iniciados el hostigamiento el 17 de septiembre apareció una persona más en una camioneta lobo blanca con placas de Nuevo León, por su manera en que iba vestido parecía civil, pero lo cierto es que llegó dando órdenes a la gente del ejército, “les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente”. 1 Tal persona fue identificada posteriormente como el “Capitán Rodríguez”.

En noviembre del año pasado el presidente Calderón habló de que toda política migratoria debe estar apegada a los derechos humanos, garantías que, dijo, están por encima de cualquier soberanía y aseguró que México tiene compromiso con la legalidad. Según sus palabras,“….El Estado mexicano, la sociedad mexicana, deben apoyar de manera categórica e indubitable la defensa de los derechos de los migrantes. Somos partidarios de una migración legal, segura, ordenada y, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana…”

Mientras el Presidente en su discurso habla de solidaridad con los migrantes, la CNDH documenta que de abril a septiembre de 2010 hubo 214 secuestros masivos de migrantes, en los que hubo 11 mil 333 víctimas; de los cuales el 67% de los casos ocurrió en el sureste de México.

Ante esta realidad organizaciones no gubernamentales y grupos eclesiales han estado apoyando el caminar de los migrantes enfrentándose no sólo contra los traficantes de personas y los delincuentes que se enriquecen valiéndose de los sufrimientos de nuestros hermanos centroamericanos, con gran dolor podemos afirmar que también han tenido que enfrentarse a diversas instituciones gubernamentales que representan al Estado, contradiciendo las palabras del Presidente.

Considerando que la situación de hostigamiento que ha venido sufriendo Fray Tomas y su equipo de trabajo es preocupante, nos solidarizamos con ellos y condenamos enérgicamente las acciones de las que han sido presas los colaboradores y compañeros del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, por lo que exigimos a las autoridades federales y estatales correspondientes del Estado mexicano:

1. Que se investiguen las amenazas que ha venido sufriendo Fray Tomas y sus colaboradores.

2. Que se investiguen a fondo los hechos sucedidos el 17 de septiembre, en especial el papel del supuesto “Capitán Rodríguez” que llegó en su camioneta lobo blanca y las razones por las cuales tanto los soldados como policías aceptaron la intervención de este señor.

3. Que se garantice la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco.

AT E NT A M E NT E

ORGANIZACIONES

Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A.C., (Palenque, Chiapas), Salud y Desarrollo Comunitario, A.C., (Palenque), Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Santo Domingo, (Palenque), Coalición Ciudadana, (Palenque, Chiapas), Pastoral Juvenil de la Parroquia de Santo Domingo (Palenque), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba , San Cristóbal de las Casas), Crecimiento Humano y Educación para la Paz, A.C. (Ciudad Juárez, Chihuahua), Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes (Tenosique, Tab.), Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Comunicación y Capacitación A.C., Colectivo Isitame A.C., SERAPAZ Chiapas, CORECO A.C., GIAADEC, A.C., Programa Interdisciplinario de Desarrollo Humano en Chiapas de la UAM-Xochimilco. (México), Ixiktak (Tabasco), Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, Melel Xojobal, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Ocosingo), Brigada Feminista por la Autonomía y la Dignidad, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA), Parroquia de Santo Domingo

(Palenque).

PERSONAS

Pedro Álvarez Aguilar, Cristina González Serna, Mónica Vázquez Arcos, Luz Ma. Soto Pizano, Miriam Hernández Tovar, Cornelia Thate, Guadalupe Díaz Torres, Luz Ma. Soto Pizano, Silvia Torres Contreras, Delia Álvaro Sánchez, Luis Menéndez Medina, (Ocosingo), Montserrat Balcorta Sobrino, Doctorante en Ciencias Sociales, CESMECA. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas), Teresa de Jesús López Hidalgo, Claudio Figueroa Domínguez (Comitán), Mtro. Hugo Almada Mireles, Cd. Juárez, Fr. Tomás González Castillo, Rosario Adriana del Rocío González Serna, (Zacatecas), Aguilar Pizaña (Aguascalientes), Martha Hilda Márquez Rocha (Aguascalientes), María Esther de la Cruz López (Tabasco), Antonio Cortés Tejada (Aguascalientes), Guillermo Villaseñor, Maestro, mexicano, Lourdes Gutiérrez Zuñiga (San Cristóbal de las Casas).

1 Comunicado del equipo que trabaja con migrantes y que fue agredido.

Palenque, Chiapas, 27 de septiembre del 2011

A 4 años de exigir la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Defensor de DH y Luchador Social

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Difusión Cencos México D.F., 27 de septiembre de 2011

Boletín de prensa
Hasta Encontrarlos

A los medios de comunicación
A los organismos de Derechos Humanos nacionales e Internacionales
A las organizaciones populares
Al pueblo en general

El comité de familiares de detenidos desaparecidos “Hasta Encontrarlos” en conjunto con organizaciones populares y organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, este 26 de septiembre realizaron diversas actividades para exigir la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Defensor de los Derechos Humanos y Luchador Social, Integrante de la Fundación Diego Lucero quien fue Detenido Desaparecido por el Ejército Mexicano y la Policía Federal el 26 de septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia, Michoacán, sin que hasta la fecha el estado mexicano de información sobre su paradero.

En nuestro país la práctica de la desaparición forzada es una política de estado, a 5 años del mandato de Felipe calderón se ha intensificado la represión hacia cualquier descontento popular, con un saldo de más de 9000 detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, entre ellos defensores de los derechos humanos, ecologistas, luchadores sociales y periodistas.

Más de 40 000 ejecuciones extra judiciales; cateos, detenciones ilegales, masacres, hostigamiento e intimidación a familiares de desaparecidos, militantes de organizaciones populares y de derechos humanos, dejando un fuerte impacto psicosocial que ha provocado esta Guerra de Baja Intensidad usando como pretexto el discurso de la llamada “Guerra Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado”, reprimiendo a la población, obedeciendo esto a la instauración de un estado policiaco-militar con máscara de gobierno civil que instrumenta acciones fascistas como estados de sitio, toques de queda; creando y utilizando grupos paramilitares para cometer graves violaciones contra la sociedad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH maneja una cifra de 503 personas detenidas desaparecidas en el Estado de Michoacán, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos CEDH maneja una lista de 209 casos de personas desaparecidas, El procurador del estado menciona en su último Informe 248 personas desaparecidas y El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” contamos con un registro de 111 personas detenidas desaparecidas por policías Municipales, Estatales, Federales, La Secretaria de la Defensa Nacional y Grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia del Estado Mexicano.

Este mes constituye para la sociedad Michoacana un año más de impunidad y muestra clara de la práctica sistemática de desaparición forzada de personas en México, catalogada como crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) Como sociedad nos encontramos en un estado de vulnerabilidad ante estas violaciones a nuestros derechos, consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, a pesar de que el estado mexicano a firmado y ratificado ante instancias internacionales pactos, acuerdos y tratados contra la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, es alarmante que se sigan cometiendo estos crímenes de lesa humanidad en nuestro país.

Es lamentable que por parte del poder legislativo no exista la mínima voluntad política para avanzar en Materia de Derechos Humanos, mostrando una negativa constante para no aprobar la iniciativa de ley que prevenga, sancione y erradique las desapariciones forzadas en el estado de Michoacán, propuesta que la Fundación Diego Lucero a la cual pertenece el defensor de los Derechos Humanos Francisco Paredes Ruiz hoy Detenido Desaparecido ha venido impulsando desde la gobernatura de tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.

Por la presentación con vida del Defensor de los Derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, Los Periodistas José Antonio García Apac, José Ramón Ángeles Salpa, Mauricio Estrada Zamora, María Ester Aguilar Casimbe, los Luchadores sociales, Francisco de Asís Manuel, Gerardo Vera, Javier Martínez Robles, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Lauro Juárez, Virginia y Daniela Ortiz.

Exigimos justica y verdad para la Familia Guzmán Cruz Por la Presentación con vida de cuatro jóvenes Detenidos Desaparecidos el 23 de septiembre de 2009 en el Municipio de Turicato, Michoacán. Adán Flores Arreola Detenido Desaparecido el 9 de septiembre de 2010 Ernesto Pérez Acosta Detenido desaparecido el 9 de septiembre de 2010 Francisco Farfán Calderón Detenido Desaparecido el 9 de septiembre de 2010 Prisca Jaimez Hernández Detenida Desaparecida el 14 de septiembre de 2010 Alejandro Manríquez López Detenido Desaparecido el 14 de septiembre de 2010 Julio Alberto Zambrano Sánchez Detenido desaparecido el 14 de septiembre de 2010 Heriberto Celestino Bernal Detenido Desaparecido el 14 de septiembre de 2010 Alberto Utrera Gamboa Detenido Desaparecido el 14 de septiembre de 2010 David Magaallon Magallon, Detenidos Desaparecidos el 30 de septiembre de 2009 Carlos Magallon Magallon, Detenidos Desaparecidos el 30 de septiembre de 2009 Eduardo Cortez Cortez Detenidos desaparecidos el 30 de septiembre de 2009 José María Cortez Cortez Detenido desaparecido el 30 de septiembre de 2009 Jaime López Carlos, Detenidos Desaparecidos el 22 de septiembre de 2010 Gustavo Trujillo, Detenidos Desaparecidos el 22 de septiembre de 2010 Luis Trujillo, Detenidos Desaparecidos el 22 de septiembre de 2010 Gabriel Melo Ulloa, Detenidos Desaparecidos el 21 de Septiembre de 2010

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país! ¡Verdad y justicia! ¡Exigimos una Ley que Prevenga, Sanciones y Erradique la desaparición forzada de personas!

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” Vivoslosqueremos@hotmail.com http://espora.org/desaparecidos Tel. Cel. 44 34 11 00 40

Morelia, Michoacán 23 de Septiembre de 2011

Actividades 26 de septiembre a las 16 hrs Acto político cultural en la plaza Benito Juárez 16 hrs carnaval por las plazas de Morelia

Fabricación de delito a José León Rivera, defensor de derechos humanos

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Difusión México D.F., 7 de septiembre de 2011

Acción Urgente
Centro ProdH

José León Rivera es miembro de la Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” A.C., agrupación integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por más 72 organizaciones de la sociedad civil, cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. En este sentido, resulta preocupante que el juicio seguido contra José León parte del clima de persecución y hostigamiento que las y los defensores de derechos humanos de la región han padecido.

A José León Rivera se le fabricó el delito de Abuso de Confianza. Quien se ostenta como ofendido, Marcos Zúñiga, fue tesorero hasta 2005 de un Comité de Obra del Barrio Rancho Nuevo, comunidad los Duraznos, conformado con la finalidad de construir un muro vecinal. Como asesor jurídico del señor Zúñiga protestó Caleb Guadarrama Martínez, conocido por el poder que detenta en la región y quien actualmente funge como funcionario federal. El Comité de Obra recibió de parte de las autoridades de Bienes Comunales de Pinalito la cantidad de  $ 25,000 (veinticinco mil pesos). Ante la insatisfacción de los comuneros de Rancho Nuevo que se verían beneficiados por la obra, derivada de la sospecha de malversación de fondos, se pidió que el entonces tesorero y ahora ofendido delegara sus funciones al señor José León Rivera García, quien recibió la cantidad de $ 6,852 pesos, aunque se asentó en un documento que le debieron entregar $7,552 pesos. Esta cantidad fue utilizada por José León de forma completamente transparente y justificada.

En este sentido, resulta preocupante que el Agente del Ministerio Público haya decido consignar una averiguación previa sin cumplir con los requisitos de procedibilidad, basándose únicamente en documentales privadas y testimonios contradictorios. Por otra parte, es peor que el juez de la causa haya aprobado tales irregularidades, dado una orden de aprehensión, y en su momento, dictando la formal prisión.

En el proceso penal seguido en contra de José León Rivera se encuentran las siguientes irregularidades:

  • El delito de Abuso de Confianza se puede perseguir únicamente por querella. Quien se presentó como agraviado no era propietario del dinero. El hoy supuesto ofendido no tiene calidad legal para ser denunciante, pues el dinero tampoco era suyo.
  • Los supuestos testigos de cargo desconocen el lugar preciso donde se encuentra el Barrio de Rancho Nuevo. Otros han negado de plano tener conocimiento de la imputación dirigida contra José León.
  • Quien tiene la calidad de ofendido, Marcos Zúñiga, aceptó ante la autoridad judicial que no entregó la totalidad del dinero a José León y que nunca justificó gastos hasta por $3,000 pesos.
  • En relación al punto anterior, resulta totalmente irregular que se haya omitido la intervención las propias autoridades de Bienes Comunales del Pinalito para solucionar el conflicto, y que no hayan tenido intervención durante el proceso en tanto representantes de la Asamblea.

José León Rivera García ha confirmado su inocencia a partir de distintas pruebas que confirman la existencia de materiales de construcción adquiridos por él desde el 2005 para completar las obras.

Firmen la carta dirigida al Lic. Valentín Echavarría Almanza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en la cual, se enfoca en los siguientes puntos:

  • Se tiene conocimiento que se ha desahogado la audiencia de vista y que la sentencia definitiva está próxima a dictarse.
  • En razón de las irregularidades procesales y la insuficiencia probatoria, solicitamos que sea dictada, de manera inmediata, la SENTENCIA ABSOLUTORIA a su favor.

Con acciones como la solicitada, se abonará el camino hacia una justicia verdadera y se darán pasos firmes para erradicar el clima de hostigamiento existente en contra de quienes defendemos derechos humanos.

Firma la acción urgente a través del Centro Prodh

Lunes, 05 de Septiembre de 2011 15:46

Ordena Juez de Ayutla libertad para defensor indígena de Derechos Humanos

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  • Difusión  Cencos México D.F., 6 de julio de 2011

    Boletín de Prensa
    Tlachinollan

  • Libertad de Rafael Rodríguez Dircio, evidencia de un proceso fabricado contra defensores indígenas.
  • Exigimos el desistimiento de otras órdenes de aprensión contra defensores indígenas derivadas del mismo expediente.

El Juez de primera instancia del distrito judicial de Allende, C. Inocente Orduño Magallón, dictó auto de libertad para el defensor indígena de derechos humanos Rafael Rodríguez Dircio, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), por considerar que no había pruebas suficientes para procesarlo.

Rafael Rodríguez Dircio, junto con los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan ofrecieron nueve testimonios como prueba para demostrar que Rafael no tuvo ninguna participación en la muerte de Alejandro Feliciano Gracia, hecho ocurrido la madrugada del 1ro de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y cuya autoría material se imputó a Rafael Rodríguez Dircio, Raúl Hernández Abundio y a otros miembros de la OPIM.

Los testigos que declararon durante el proceso contra Rafael Rodríguez Dircio, refirieron que el día de los hechos Rafael se encontraba en su domicilio velando la llegada del año nuevo y que para nada salió de su domicilio, hasta el día siguiente en que acudió a una reunión a otra comunidad. Dos de estos nueve testigos viven a dos metros de distancia de donde sucedieron los hechos, y ellos expresaron ante el juez que ese día no pasó nada en ese lugar.

Así también se presentó como prueba durante este proceso, el interrogatorio realizado a dos personas, quienes supuestamente habían sido testigos del asesinato de Alejandro Feliciano García, y quienes acusaban a Raúl Hernández Abundio y a Rafael Rodrígez Dircio entro otros, de ser los autores materiales de dicho homicidio. Este interrogatorio se realizó durante el proceso en contra de Raúl Hernández Abundio, durante el cual quedó probado que estos dos testigos cayeron en contradicciones. La contradicción en que cayeron los supuestos testigos, desprendió una inspección en el lugar de los hechos, la cual fue realizada por el juez Alfredo Sánchez Sánchez, quien corroboró que, desde donde los supuestos testigos observaron los hechos, hay una distancia de 200 metros aproximadamente y que no existe visibilidad alguna porque es un camino de terracería con lomitas, además de que hay árboles de la región, lo cual obstruye la visibilidad.

Sin embargo la prueba más contundente que se ofreció durante este proceso fabricado contra Rafael, fue la sentencia de Raúl Hernández Abundio, así como la confirmación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, donde confirmó la libertad de Raúl. Esta sentencia dejó probado que los testigos que declararon en contra de Raúl y de Rafael, mintieron, y que esta era solo una acusación  fabricada en contra de lo Defensores de Derechos Humanos integrantes de la OPIM.

Es preciso mencionar que existen otras órdenes de aprensión contra más miembros de la OPIM por este mismo delito, es por ello que desde el CDHM Tlachinollan solicitamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, el desistimiento de dichas órdenes de aprensión, ya que con la libertad de Rafael Rodríguez Dircio, ha quedado demostrado nuevamente que las acusaciones y el proceso en contra de los defensores indígenas, se deriva de un expediente fabricado, en contra quienes reclaman la vigencia de sus derechos humanos y se organizan para hacerlos valer.

Más información del caso

Juez de Ayutla dicta libertad para el defensor Me´phaa Rafael Rodríguez Dircio
Fue detendido en Ayutla el defensor indígena Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la OPIM

Para mayor información:
Román Hernández
Área de Comunicación CDHM Tlachinollan
Teléfono: (+52) 757 476 12 20 / (+52) 757 476 37 04
Celular: (045) 757 106 60 95
cdhm@tlachinollan.org/· tlachinollan.difusion@gmail.com
www.tlachinollan.org

Fue detendido en Ayutla el defensor indígena Rafael Rodríguez Dircio, Integrante de la OPIM

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Difusión Cencos México D.F., 4 de julio de 2011

Boletin de Prensa
Tlachinollan

  • Acusado por un delito que no cometió.
  • Será determinado el martes 5 de julio si se le dicta auto de formal prisión o libertad.
  • La acusación surge del mismo expediente viciado que generó el encarcelamiento injusto de 5 prisioneros de conciencia, entre ellos Raúl Hernández Abundio.
  • Caso Rafael: prueba de fuego para el nuevo gobierno de Guerrero

El pasado 29 de junio de 2011, el defensor indígena de los derechos humanos Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y beneficiario de Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue detenido en un retén ilegal por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y llevado a una prisión de Ayutla de los Libres, Guerrero, acusado falsamente de un delito que no cometió. El defensor de derechos humanos Me’phaa se encuentra actualmente a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Licenciado Inocente Garduño Magallón,  quien deberá resolver su situación jurídica a más tardar el martes 5 de julio.

Rafael Rodríguez Dircio enfrenta la misma acusación infundada por la que fueron detenidos el 17 de abril de 2008 cinco integrantes de la OPIM, entre los cuales se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional que permaneció privado de su libertad hasta agosto de 2010; frente a la cual otros cinco integrantes de la OPIM obtuvieron el amparo de la justicia federal respecto de las órdenes de aprehensión libradas en su contra en 2009. Es decir, la acusación que hoy enfrenta Rafael Rodríguez Dircio se basa en pruebas que han sido consideradas ilegales e inconsistentes al menos diez casos más. Los principales testigos que sostienen la causa penal fueron destruidos en el proceso anterior que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, evidenciando que sus declaraciones son totalmente falsas. Por ello a la fecha las acusaciones contra Rafael Rodrìguez Dircio resultan insostenibles y el Juez debe dejarlo en absoluta libertad.

La detención de Rafael Rodríguez Dircio muestra claramente que la persecución contra los defensores indígenas no ha cesado pues ocurre a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero.

El caso de Rafael Rodríguez Dircio pone a prueba el compromiso del nuevo gobierno de Guerrero con el respeto del trabajo que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos. Si bien la acusación fue gestada dolosamente durante la anterior administración, serán las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero y del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia las que en el presente decidan si excarcelan o mantienen en prisión al defensor Me’phaa. En ese sentido, la resolución de su situación jurídica constituye un examen para medir si durante el sexenio que apenas inicia continuará o no la criminalización de defensoras, defensores y luchadores sociales que caracterizó a la anterior administración.

Es por lo anterior que el Centro de Derechos Humanos de la Monaña Tlachinollan  exige:

1.  La excarcelación inmediata de Rafael Rodríguez Dircio durante el plazo constitucional, dado que las pruebas que sustentan el expediente que se le instruye son falsas e inconsistentes.

2. Que el ejecutivo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero reconozcan la labor fundamental de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática y en consecuencia busquen mecanismos jurídicos que conlleven a poner en libertad al defensor indígena Rafael Rodrìguez Dircio.

3.- Que el poder judicial se apegue a los principios de imparcialidad e independencia y sobre todo tome en consideración que los testimonios y demás probanzas que sirvieron de base para sustentar la acusación han quedado totalmente desvanecidas en el proceso que se le instruyó al preso de conciencia Raúl Hernández Abundio.

4.- A que no se siga criminalizando a las defensoras, defensores y luchadores sociales en el Estado de Guerrero.

01 de julio de 2011, Tlapa de Comonfort, Guerrero

OSC se pronuncian sobre discusión de Ley de Seguridad Nacional

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Difusión Cencos México D.F., 30 de junio de 2011

Boletín de prensa
OSC de DH

La  Ley  de  Seguridad  Nacional  que  hoy  se  discute  en  la  Cámara de  Diputados ha generado polémica entre la sociedad civil principalmente debido a que establecería  un  régimen  cívico‐militar  con  poderes  de  excepción  inusitados  para  las  Fuerzas Armadas,  que  estarían  facultadas  para  intervenir  sin  controles  democráticos  en asuntos  de  seguridad  pública  y  justicia  penal,  así  como  otras  que  han  llegado  a preverse  en  las  discusiones  tales  como  lo  político  –  electoral, laboral o social e incluso la aprobación expresa de la aplicación de la jurisdicción militar a casos en los que  estuvieran  involucrados  civiles,  en  contravención  con  numerosas  disposiciones constitucionales, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y seguridad,  así  como  cuatro  Sentencias  recientes  de  la  Corte  Interamericana  de Derechos  Humanos  (casos  Rosendo  Radilla  Pacheco,  Inés  Fernández  Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera).

Por ello, diversas organizaciones exigimos desde abril que se abriera un período de consulta  para  que  una  materia  tan  delicada  no  fuese  legislada  a  espaldas  de  la sociedad. Este objetivo se tradujo en un período de consultas que tuvieron lugar el mes de junio y que fueron organizadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara baja.  El  período  de  consultas  incluyó  una  serie  de  audiencias  con  especialistas entre el 7 y el 9 de junio pasados (se incluyen ponencias), así como la realización del  Foro  Nacional  “Democracia,  Seguridad  Nacional  y  Derechos  Humanos”,  que tuvo lugar el 21 de junio. Una vez concluido este período de consultas, conforme a las fechas establecidas en el calendario oficial de la Comisión de Gobernación, que precisa  que  el  dictamen  será  turnado  a  la  Comisión  Permanente  el  23  de  julio, corresponde  iniciar  el  análisis  y  la  valoración  de  las  observaciones  y recomendaciones  por  los  Grupos  Parlamentarios  de  los  elementos  de  que  se  hizo acopio durante esta fase.

Entre  las  recomendaciones  comunes  más  reiteradas,  y  que  los  suscritos demandamos  de  las  y  los  legisladores  que  tomen  en  cuenta  de  manera irreductible, se encuentran las siguientes cuatro:

1) El concepto de “seguridad interior” se refiere a asuntos de competencia de los cuerpos  civiles  de  seguridad  pública  y  ninguna  de  las  disposiciones  referidas  a ese concepto tienen cabida en una ley destinada a regular la seguridad nacional ni pueden concederse facultades a los cuerpos de inteligencia civil o militar ni a las Fuerzas Armadas para atender asuntos de la llamada “seguridad interior”, por lo que deberá dictaminarse en sentido negativo todo lo relativo al concepto de “seguridad  interior”,  lo  cual  incluye  el  desechamiento  del  mecanismo  de atención  a  las  afectaciones  de  la  seguridad  interior  y  las  facultades  previstas para  las  Fuerzas  Armadas  o  el  CISEN  que  se  encuentren  relacionadas  al concepto de “seguridad interior”;

2) El  concepto  de  paz  graduada  que  se  sostiene  en  la  exposición  de  motivos  del proyecto  de  trabajo  emanado  del  Grupo  creado  por  la  Junta  de  Coordinación Política es insostenible, ya que sólo existe situación de paz o situación de guerra, sin  que  pueda  afirmarse  la  existencia  de  alguna  condición  intermedia,  lo  cual contraviene  lo  dispuesto  por  el  artículo  129  constitucional  y  los  derechos contemplados  en  los  tratados  del  derecho  internacional  humanitario  así  como del  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos,  consagrados  como  norma suprema de la República por el artículo 1º constitucional, por lo que la gradación de la paz en contingencia, riesgo, desafío o amenaza debe ser desechada;

3) Por  ningún  motivo  debe  contemplarse  procedimiento  alguno  en  el  que  estén involucradas  las  Fuerzas  Armadas  con  ausencia  de  mecanismos  de  control democráticos que incluyan la supervisión del Congreso, el control y el monitoreo jurisdiccional  de  las  actuaciones,  así  como  la  supervisión  permanente  de  la sociedad  civil,  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  del  Instituto Federal de Acceso a la Información, para garantizar el apego a derecho de estas actividades; por lo anterior, en los procedimientos de estricta seguridad nacional que  contemple  la  Ley  de  mérito,  deberán  incluirse  los  antedichos  controles  y prohibirse  de  manera  expresa,  como  un  mecanismo  para  evitar  la  impunidad en  las  violaciones  de  derechos  humanos,  la  aplicación  extensiva  de  la jurisdicción militar a casos en los que estuvieran involucrados civiles;

4) Debe iniciarse a la brevedad una propuesta de reformas a diversas legislaciones en  las  que  se  promueva  el  establecimiento  y  consolidación  de  un  marco normativo conducente a la adopción de una política de seguridad centrada en el  concepto  de  “seguridad  ciudadana”,  como  expresión  de  la  más  amplia “seguridad  humana”,  a  fin  de  que  la  seguridad  que  provea  el  Estado  mexicano represente la ocasión para ensanchar el ejercicio y goce de los derechos, y no su menoscabo,  así  como  permita  un  abordaje  efectivo  a  la  grave  problemática  de inseguridad  que  hoy  atraviesa  nuestro  país,  para  lo  cual  tendrá  que contemplarse, entre las más urgentes y en el marco de las nuevas disposiciones constitucionales a partir de la reforma en materia de derechos humanos, una normatividad  de  reparación  integral  del  daño  a  víctimas  de  violaciones  de derechos humanos, una destinada a la regulación de los estados de excepción, otra  al  uso  legítimo  de  la  fuerza  y  mayores  controles  al  tráfico  de  armas  y  el lavado de dinero.

Finalmente,  exhortamos  a  las  Comisiones  de  Gobernación,  Derechos  Humanos  y Defensa  Nacional  a  que  honren  su  compromiso  con  la  sociedad  mexicana  y  se ajusten a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, conforme al cual cuentan aún con todo el mes de julio para emitir el dictamen, sin apresurar su envío al 5 de julio como han manifestado los miembros de la Junta Directiva de la Comisión  de  Gobernación.  Antes  deben  esclarecerse  los  criterios  de  incorporación de las recomendaciones vertidas en el proceso de consulta.

Atentamente,

Participantes en las consultas y el Foro
John Ackerman ‐ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Luis Miguel Cano ‐ Litiga OLE
Mariclaire Acosta Urquidi – Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Miguel Concha Malo ‐ Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Miguel Pulido ‐ FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.
Silvano Cantú Martínez ‐ Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Organizaciones

Academia, Litigio e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.

Asamblea Nacional Ciudadana Alarbo, A.C.

Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, A.C. (ADHEM)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los

Derechos Humanos en México (AFADEM‐FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. (CJDH)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM, México

Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)

Diversidad en Marcha

Fundación Diego Lucero

FUNDAR ‐ Centro de Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Litiga OLE

Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, A.C.

Red de Alerta Temprana

Sin Fronteras, I.A.P.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ”Todos los Derechos para

Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones de 22 estados:

Agenda LGBT (Distrito Federal)

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal)

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.)

Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos ”Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.)

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal)

Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)

Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.)

Centro de Derechos Humanos ”Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)

Centro de Derechos Humanos ”Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos ”Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal)

Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)

Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)

Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.)

Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez)

Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.)

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax.)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz)

Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)

Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas)

Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐DF) (Distrito Federal)

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL‐Guadalajara) (Guadalajara, Jal.)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.)

Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco)

Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.)

Centro Mujeres (La Paz, BC.)

Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.)

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.)

Ciencia Social Alternativa, A.C. ‐ KOOKAY (Mérida, Yuc.)

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL)

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal

Comité Cerezo (Distrito Federal)

Comisión de Derechos Humanos ”La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.)

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan,Pue.)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua,Chih.)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.)

Comisión Intercongregacional ”Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal)

Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.)

Comisión Regional de Derechos Humanos ”Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)

Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal)

Comité de Derechos Humanos ”Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.)

Comité de Derechos Humanos ”Sembrador de la Esperanza”. A.C. (Acapulco, Gro.)

Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.)

Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A.C. (Colima, Col.)

Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab)

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab)

Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.)

Frente Cívico Sinaloense (Culiacán, Sin.)

FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.

Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal)

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ‐ Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.)

Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana‐Puebla (Puebla, Pue)

Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal)

Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México)

Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.)

Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.)

Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ‐México) (Comalcalco, Tab.)

Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo)

Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal)

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