Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 21 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Centro Vitoria / Greenpeace / Frornteras Comunes / Litiga Ole / Asociación Ecológica Santo Tomas / Apetac / Fasol

Para que las comunidades y/o consumidores afectados en su salud y medio ambiente puedan acudir ante Tribunales Federales a demandar la reparación de daños ambientales, causados por particulares y empresas públicas; organizaciones no gubernamentales presentaron el “Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental”.

Las organizaciones Fronteras Comunes; Greenpeace; Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE); Asociación Ecológica Santo Tomás; Asociación de Productores Ecologistas de Tatexco; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco De Vitoria y Comité de Derechos Humanos de Tabasco, elaboraron este documento con el que se pretende proporcionar un entendimiento más sencillo de  los procedimientos que se siguen al ejercitar las figuras de las  acciones colectivas[1]  o amparo colectivo[2] .

México actualmente se encuentra viviendo una serie de situaciones adversas tanto económicas, políticas, sociales y de violencia, muchos de los problemas que aquejan a las personas y comunidades en el país son la desigualdad, la pobreza, la falta de vivienda, de alimentación, de agua y de afectaciones al medio ambiente, muchos de estos tienen que ver directamente con violaciones de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).  Es por ello que frente a las injusticias, la lucha de los pueblos, colectivos, movimientos y organizaciones sociales y defensores de derechos humanos ha sido fundamental para la resistencia y defensa de los derechos humanos y para lograr un reconocimiento de la dignidad de todas y todos.

“La instauración de las acciones colectivas en México permitirán el acceso a mecanismos más efectivos  para la reparación del daño en materia ambiental, los cuales no existían  en la realidad. Esperamos que con estos nuevos instrumentos jurídicos las empresas y los gobiernos se comprometan verdaderamente con el cumplimiento y realización del derecho humano  a un medio ambiente sano y el principio de quien contamina paga; aunque en la práctica esperamos que prime la prevención de los daños antes que la reparación, aunado a la aplicación del principio precautorio”, señaló Maria Colín,  asesora legal de Greenpeace.

“Es un avance muy importante el que existan acciones colectivas en México, ya que las hemos venido buscando desde hace mucho tiempo para lograr la justicia ambiental en este país y por supuesto que la vamos a utilizar”, señaló Marisa Jacott, Directora de Fronteras Comunes.

Ximena Ramos, de Litiga OLE destacó la importancia de “contar con disposiciones que  permitan acudir al juicio  de amparo en forma colectiva, ya que las comunidades afectadas por leyes, actos u omisiones de las autoridades podrían acudir a este medio jurisdiccional en calidad de quejosas de forma sencilla,  sin dilaciones y evitando procedimientos individuales con resultados contradictorios,  haciendo al amparo una instancia efectiva de protección judicial de derechos e intereses difusos y colectivos.”

Clara G. Meyra Segura  del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria declaró que “La existencia de los amparos colectivos tiene como objetivo cambiar de manera integral el juicio de amparo como instrumento jurídico que debiera servir para proteger los derechos fundamentales de las personas, en donde se integraría el interés legítimo para que de esta forma no sólo las personas que tengan afectación en un derecho subjetivo puedan interponer este juicio de amparo, incluyendo tanto los derechos de naturaleza colectiva o intereses difusos, sino además, se extienda la interposición de acciones o amparo colectivo a organizaciones civiles que tienen como objeto de trabajo la protección del medio ambiente”.

Este material se basó en elementos jurídicos, teóricos, metodológicos y fundamentalmente en elementos recabados a partir del acompañamiento directo a las personas en comunidades y organizaciones sociales que defienden sus derechos en lo cotidiano, especialmente a las comunidades de Tabasco en Villa Guadalupe. Por ello las organizaciones que aportamos en el desarrollo de este material esperamos sea una herramienta de referencia y disponible para complementarse, así como mejorarse a partir de las experiencias personales y colectivas.

Se mencionó también el interés de la Asociación Ecológica Santo Tomás, dirigida por José Manuel Arias, de apoyar a comunidades de Tabasco para que realicen una denuncia a través del mecanismo de Acciones Colectivas en Tabasco, por comunidades afectadas por la actividad petrolera.

Isaúl Rodríguez Merales, coordinador de APETAC, señaló que su organización “hace un llamado a las organizaciones para que conozcan y utilicen este nuevo instrumento jurídico que permitirá la defensa, protección y representación grupal de derechos e intereses de los miembros de una colectividad, con el fin de hacer llegar la justicia colectiva para México y en su caso particular, para Veracruz”.

Fronteras Comunes agradeció el apoyo económico para la elaboración y publicación del “Manual de acciones colectivas y amparo para lograr la justicia ambiental” al FONDO DE ACCION SOLIDARIA A.C. (FASOL).

 

Manual de acciones colectivas y amparo para lograr lajusticia ambiental

 

 

Vídeo de la Conferencia de Prensa de la Presentación del Manual de ‘Acciones Colectivas y Amparo para Lograr la Justicia Ambiental’

 

Para mayor información:

Greenpeace: prensa@greenpeace.org

Fronteras Comunes:  info@fronterascomunes.org.mx

[1] “Decreto por el que se reforman y adiciones el Código Federal de Procedimientso Civil, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Compentencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de  Protección y Defensa al Usuario de Servicios  Financieros”.

[2] “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”