Niños: La mercadería más cruel

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Herminio Otero (CCS)

El informe de UNICEF sobre la infancia en España nos acaba de despertar a una realidad que no esperábamos: por primera vez los niños son el colectivo más pobre en España. Hay 205.000 niños más que hace dos años que viven en hogares con unos ingresos inferiores al 60% de la media nacional. Y en total, la cuarta parte de los niños españoles -más de 2.200.000 niños – vive por debajo del umbral de la pobreza. Eso no significa que pasan hambre, pero sí que arrastran una alimentación deficiente y que tienen problemas de convivencia y dificultades en las relaciones con sus padres.

Desde los años 80, la pobreza infantil no ha dejado de aumentar también en los países enriquecidos: así sucede en 11 de los 15 países de la OCDE.
Si esto sucede en un país considerado rico, ¿qué no pasará en el conjunto de la población mundial? El verdadero significado del bienestar y de los riesgos de la infancia en España no se puede entender sin incardinarlo en la situación de la infancia en el mundo. Fernando Vidal resume algunos datos generales de esa situación: más de un tercio de los niños carece de vivienda adecuada; un quinto de ellos no accede a agua potable; uno de cada siete menores no tiene servicios básicos de salud. El 16% de la infancia mundial no se alimenta suficientemente, el 13% nunca ha ido a una escuela, un tercio no vive en lugares con saneamiento básico. En total carecen de alguno de estos derechos básicos mil millones de niños.
De los 3,6 millones de víctimas que desde 1990 han causado los conflictos, el 45% eran niños. En la década de los 90 del pasado siglo, 20 millones de niños tuvieron que exiliarse de sus hogares como refugiados por causa de conflictos o genocidios.
Uno de cada seis niños que nacen en países empobrecidos muere antes de los cinco años (en los países enriquecidos es, de media, uno cada 167). Dos millones fallecen anualmente por carecer de vacunas contra las enfermedades más básicas. El hambre ocasiona la mitad de esas muertes.
Casi dos tercios de las muertes infantiles en países empobrecidos se deben a infecciones respiratorias, diarrea, sarampión o paludismo. Más de 300 millones de niños y niñas en los países en desarrollo carecen de información y no tienen acceso a la televisión, la radio, el teléfono o los periódicos. La explotación sexual afecta anualmente a 2 millones de menores y 1,2 millones son víctimas de tráfico comercial.El informe de UNICEF sobre el Estado mundial de la infancia 2012 se centra en los niños y niñas en un mundo urbano, donde vive la mitad de la población mundial, incluidos más de mil millones de niños. Y resume la situación así:
“Muchos niños disfrutan de las ventajas que ofrece la vida urbana, como la educación, los servicios médicos y las instalaciones recreativas. Sin embargo, son innumerables los que carecen de servicios esenciales como electricidad, agua salubre y atención de la salud, a pesar de tenerlos cerca. En lugar de asistir a la escuela, un inmenso número de niños y niñas se ven obligados a trabajar en condiciones de peligro y explotación”.
A pesar de que hace 200 años los abolicionistas del siglo XIX lograron que se promulgara una legislación que permitió poner fin a la trata transatlántica de esclavos, la esclavitud afecta a millones de niños: venta, prostitución, pornografía, trabajo, turismo sexual, utilización de niños en fuerzas armadas, explotación de trabajadores migratorios, adopción ilegal, trata de personas, tráfico de órganos humanos. Los transplantes de órganos constituyen una nueva esperanza de vida para cientos de miles de personas enfermas… y un lucrativo negocio para unos pocos, como lo recuerda el director de la ONG Página de la vida (proyectopv.org).
UNICEF denunciaba a finales de siglo pasado la existencia de al menos 250 millones de niños entre los cinco y catorce años que se veían obligados a trabajar en condiciones extremas, de infrahumanidad, de explotación, de miseria y de esclavitud: 152,5 millones en Asia; 80 en África; 17,5 en Iberoamérica y 0,5 en Oceanía. Esta realidad de explotación infantil no es exclusiva de los países en desarrollo.
Los propios niños acceden a estas atrocidades debido a su mala situación social, a la carestía de alimentos y a su paupérrima economía. Como en siglos pasados, esta esclavitud satisface la mercadería más cruel.
Herminio Otero es periodista y escritor.

Persiste la utilización de mano de obra infantil

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Dilo Tú

 

Difusión Cencos México D.F., 2 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Tlachinollan

  • 3 mil 298 menores de la Montaña de Guerrero viajaron al norte del país para desempeñarse como jornaleros agrícolas en la reciente periodo migratorio

Luego de la reciente conmemoración del Día del Niño el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan manifiesta su preocupación por la persistente utilización de mano de obra infantil en los campos agrícolas de México para desempeñarse como jornaleros agrícolas.
Según el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, de septiembre de 2011 a enero de 2012, se documentó la salida de más de siete mil jornaleros y jornaleras agrícolas, de los cuales 3 mil 298 eran menores de quince años, de ellos 497 se encontraban entre el rango de edad de cero a un año.

Cada año estos menores acompañan a sus padres, en la búsqueda de la oportunidad laboral que les es negada en sus comunidades de origen, y muchos de ellos se desempeñan también como jornaleras y jornaleros agrícolas en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, y en Ciudad Altamirano y Atoyac en el estado de Guerrero.

A pesar de que México aprobó y ratificó el 19 de junio de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y el 14 de diciembre de 1999 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en nuestro país la explotación infantil sigue siendo una realidad derivada de la contratación ilegal de menores de catorce años que trabajan como jornaleras y jornaleros agrícolas, realizando labores que los someten a condiciones inhumanas, degradantes y riesgosas que les generan jornadas de trabajo mayores de seis horas o situaciones en donde incluso han perdido la vida.

Ante ello es fundamental que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) aplique inspecciones de trabajo en cumplimiento pleno de la Ley Federal del Trabajo para instrumentar un sistema de monitoreo a las empresas contratistas de niñas y niños jornaleros con el fin de garantizar  la no contratación de menores; condiciones y salarios dignos para sus padres, quienes muchas veces permiten la contratación de sus hijos ante salarios precarios; así como la vigencia de sus derechos a la educación, salud, vivienda y alimentación en los campos agrícolas.

Imposible es olvidar que cientos de niños y niñas indígenas Me’ phaa, Na’ savi y Nauas de Guerrero son contratados ilegalmente por empresarios agrícolas a pesar de que el artículo 123 de Constitución Política Mexicana, en el apartado A, fracción III, prohíbe la utilización del trabajo de menores de catorce años, exponiéndoles a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, negándoles el acceso a derechos básicos.

Como Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Guerrero y al Gobierno Federal para que brinden atención integral a los jornaleros y jornaleras indígenas en México, particularmente, atendiendo las causas estructurales que originan la migración masiva de la población indígena y campesina de nuestro país y que se garantice el cumplimiento cabal de sus derechos laborales, incluyendo la prohibición de la explotación infantil laboral.

Enviamos:

Link del Informe Migrantes Somos y en el camino andamos realizado por Tlachinollan y presentado por Javier Hernández Valencia, Representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Victoria Cruz, Coordinadora del Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Abel Barrera, Director de Tlachinollan en febrero de este año: http://www.tlachinollan.org/Descargas/Migrantes_somos_web.pdf

Informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos

 

Hojéalo y compartelo, o descárgalo 

Palabras de Abel Barrera, director de Tlachinollan

 

Estarán disponibles entrevistas con Margarita Nemecio, Coordinadora del Área de Migrantes de Tlachinollan.

Para mayor información y entrevistas:

Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
Celular: (045) 757 106 6095
Skype: tlachinollan
Correo: tlachinollan.difusion@gmail.comcdhm@tlachinollan.org
Facebook: Tlachinollan-Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Twitter:@tlachinollan www.tlachinollan.org

México: La niña más valiente del mundo

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miércoles 18 de mayo de 2011

Lydia Cacho (CIMAC)

La niña de ocho años se propuso salir de su pueblo en El Salvador e ir en busca de su abuela en California, Estados Unidos.

Los traficantes de personas, ya con las rutas marcadas, pasaron a la menor de edad hasta el norte de México. Luego de un viaje largo plagado de penurias, tres traficantes se apropiaron de ella, la violaron durante días y hace un mes la niña terminó en el DIF de Chihuahua.
Ella narró en detalle todas las formas de violencia sexual y psicológica a las que fue sometida; los peritajes corroboran su historia. Dos días después, la Procuraduría dio aviso a la embajada salvadoreña y de inmediato Silvia Ruth Peña, encargada de la oficina consular, solicitó el apoyo de México para la repatriación de la menor de edad vía aérea a su pueblo de origen. Para deshacerse del problema.
Por fortuna la abuela de la niña viajó de California a Chihuahua y pidió ayuda a la organización CEDEHM, encabezada por la abogada Luz Estela Castro (quien fuera defensora de Marisela Escobedo y su hija Rubí).
De inmediato, Castro y su equipo impidieron legalmente que se repatriara a la niña. Los traficantes estaban de vuelta en el pueblo de El Salvador y podrían acabar con ella.
La abuela demostró que tenía la custodia legal.. A pesar de ello el personal del DIF se dedicó a maltratar a la abuela y apenas le permitió ver a su nieta durante 15 minutos dos veces. La niña, desgarrada, quería estar con su familia; por ello había arriesgado su vida.
La abuela y la tía dijeron que no volverían a California sin ella. Decidieron, con su abogada, plantarse frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua (donde está la cruz de clavos por el feminicidio) y allí confrontaron al gobernador César Duarte, quien con desdén aseguró que ése era un problema de incumbencia federal.
La prensa cubrió la historia, las organizaciones de México y California presionaron hasta que el embajador de El Salvador exigió a Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cumpliera con la petición de las abogadas y la abuela, invocando los artículos 8.1, 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño. Lograron que se diera visa humanitaria a la niña y que fuese entregada a su abuela.
La abuela y la menor de edad fueron a comer con la abogada. La niña sonriente, con la mirada colgada de las pupilas de su abue, se comió un helado de chocolate y comenzó a hacer planes para ir a la escuela. Por fin.
Después de haber perdido trágicamente a su madre, la única familia viva son su tía y su abuela con quienes vivirá en Estados Unidos. Falta ahora que el gobierno norteamericano acepte darle la visa humanitaria, para la cual califica perfectamente, ya que su abuela y tutora legal es ciudadana en ese país.
De los tres violadores sólo se abrió proceso contra un joven de 17 años plenamente identificado. Lo otros dos siguen operando desde El Salvador enganchando niñas, niños y adolescentes que buscan a sus familias en el país de Barack Obama.
Esta historia no es singular por ser la única niña víctima, sino por ser la primera que logra este tipo de visa humanitaria rápida gracias al trabajo colectivo de una organización civil chihuahuense que defiende gratuitamente a mujeres y niñas, por la acertada participación de la prensa local y por la labor conjunta con las organizaciones de Derechos Humanos de California que, de la mano del CEDEHM, lograron forzar al embajador de El Salvador y al comisionado del INM a hacer su trabajo como es debido.
Cientos de miles de niñas y niños y adolescentes cruzan fronteras, sufren malos tratos y a veces mueren por ir en busca de un futuro digno. Hoy en día hay más personas que nunca con necesidad de asistencia y protección humanitaria en el mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2000 había 14 millones de personas con estatus de refugiados, desplazados por guerras y pobreza. Para 2012 pronostican que la cifra se triplicará. México encabeza las estadísticas de países peligrosos para transmigrantes.

Si algo puede y debe hacer Beltrán del Río es sin duda fortalecer estas sinergias, alejarse de la criminalización de las y los migrantes y respetar y reconocer las redes de la sociedad civil que desde hace años hacen este trabajo, a contracorriente de servidores públicos ineficientes y agresivos, entrenados para expulsar números y no para atender y proteger a seres humanos.

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Más de 400 niños violados en campamentos haitianos

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miércoles 18 de mayo de 2011

PL

Unos 400 niños haitianos refugiados en campamentos tras el terremoto de 2010 sufrieron abusos sexuales, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esa agencia perteneciente a la ONU aseguró en un documento publicado este martes que la mayoría de ellos viven en condiciones de extrema pobreza y las niñas fueron las principales víctimas, casi 97 por ciento del total.
La investigación, realizada desde marzo pasado hasta inicios de mayo, indicó que existen signos de impunidad, pues pese a estar tipificada la violencia sexual como delito desde 2005, hay falencias en la condena a violadores y, en otros casos, las víctimas desconocen a quién recurrir o qué mecanismos seguir.
Los menores y mujeres violados residen principalmente en las tiendas para damnificados donde actualmente viven cerca de 680 mil personas.
El pasado 31 de marzo, la ONU denunció un aumento en los casos de trata de menores haitianos hacia países vecinos, en especial a la República Dominicana, para su explotación sexual o como mano de obra.
Señaló que de 11 mil 774 niños sometidos a controles en puestos fronterizos, más dos mil 500 viajaban sin un documento legal y otros 459 fueron identificados como víctimas de tráfico de personas.

Fuente: Marcello Casal – ABR

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UNICEF rechaza norma “chatarra”

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El abogado de la Oficina de la Unicef, Alejandro Rojas, dijo que los estándares de 700 productos que han sido autorizados para su venta en escuelas son contrarios a las recomendaciones del gobierno federal, y contravienen el derecho a la salud, por lo que presentarán dicho amparo

MEDIDA. Los alimentos que serán comercializados entre menores contradicen los lineamientos, afirman (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia de la UNICEF informó que impugnará judicialmente 700 alimentos autorizados por la Secretaría de Salud del gobierno de México, para consumo de niños en escuelas públicas.
En reunión con diputados federales, el abogado de la Oficina de la Unicef, Alejandro Rojas, dijo que los estándares de 700 productos que han sido autorizados para su venta en los planteles escolares son contrarios a las recomendaciones del gobierno federal, y contravienen el derecho a la salud, por lo que presentarán dicho amparo, ya que los padres de familia están muy preocupados por la salud alimentaria de sus hijos.

Según datos de la organización, no se combatirá eficientemente la obesidad infantil, mientras se permita el consumo de alimentos con cargas calóricas superiores al ejercicio diario que realizan.

La presidenta del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento a la Problemática sobre Obesidad y Desnutrición en la Cámara de Diputados, la priísta María Elena López Loyo, informó que recibió de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) el amparo que dicha organización presentará en contra de los 700 productos autorizados para la venta en los planteles escolares.

La legisladora confirmó que para la ODI los alimentos que serán comercializados en las escuelas contradicen los propios objetivos de los Lineamientos y del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.

Los legisladores coincidieron en que los sectores de salud y educativo deben trabajar de manera conjunta y así terminar con la obesidad; toda vez que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad de adultos, además de que hay registro de 490 recién nacidos con diabetes.

López Loyo detalló que, según cifras de intercambio con la ODI, 40% de los niños mexicanos sufren de obesidad y son candidatos a ser diabéticos.

“La obesidad, el sobrepeso y la desnutrición que son extremos, están vinculados para que sean factores predisponentes para enfermedades crónico degenerativas: diabetes, hipertensión y problemas renales”, explicó María Elena López.

En entrevista, la diputada del Partido Acción Nacional Ruth Esperanza Lugo Martínez coincidió en que para terminar con la obesidad en el país, el Congreso de la Unión debe analizar el tema de manera transversal con el fin de que muchas estancias analicen el tema.

“Para mí, la irresponsabilidad más que de la parte del ejecutivo federal, radica en el tema de los estados; yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Guanajuato en donde hicimos una modificación a la Ley de Salud y Educación, la cual nos permite identificar con nombre y apellido cada uno de los niños que presenta obesidad o sobrepeso, y a mí me gustaría que el Congreso de la Unión.

 

Argentina, Desnutrición y muerte de niños indígenas en Salta

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miércoles 9 de febrero de 2011

Marco Díaz Muñoz (COPENOA, especial para ARGENPRESS.info)

Las condiciones paupérrimas en que deben vivir miles de salteños, con necesidades básicas insatisfechas, inmersos en la indigencia, acentúan las muertes de niños por desnutrición en esta provincia. Muertes, que deberían ser evitables constituyendo como responsables de estos fallecimientos al estado provincial y nacional, como a los actores sociales que intervienen en el sistema público y gratuito de Salud.

El fin primordial de la conformación del Estado, es la distribución equitativa de las riquezas de este, en nuestra provincia, como nación es una mera insinuación, dada como tal, ante los crecientes números de muertes por enfermedades evitables, enfermedades de la pobreza, como la desnutrición.
Los gobiernos entrantes y salientes, explican ante la opinión pública con distintas maniobras, inmorales por cierto, sobre las muertes por desnutrición en poblaciones desprotegidas, como las originarias, liberándose de la responsabilidad de esos fallecimientos evitables.
Durante las gobernaciones del peronista Juan Carlos Romero, fueron innumerables las muertes denunciadas por desnutrición, con certificados de defunción, que no detallaban la muerte por desnutrición de los menores, por falta de comida, abreviando sobre los fallecimientos, como deshidratación, o fallas cardiacas. Ante esta inmoralidad, el Servicio publico de Salud, y sus actores sociales, inmersos en la problemática, se llamaron al silencio, resguardando sus fuentes de trabajo, estableciendo como prioridad estas y no esclarecer la verdad, justificando la decisión de estos, de callar ante la persecución estatal, quedando convalidado el fraude de los certificados de defunción, que tenían como objetivo disminuir las cifras reales de las muertes por desnutrición en la provincia de Salta.
Un sistema de salud invasor
La desigualdad prosigue, como las muertes por desnutrición. Hoy, el gobernador también peronista Juan Manuel Urtubey difunde a la población que los fallecimientos obedecen a la no incorporación por parte de las comunidades originarias a las pautas culturales occidentales de control de salud, argumento, surgido y convalidado desde los actores sociales de base del sistema de salud. Mientras los originarios se revelan denunciando, abusos, malos tratos y discriminación, en los hospitales y centros de salud del norte de la provincia, y que dan a conocer a la opinión publica, mediante actas firmadas por sus representantes, que no son difundidas por los medios convencionales.
Las internas de poder, sobre nombramientos en el servicio de salud, directores de hospitales, jefes de centros de salud, han contribuido al decaimiento de las prestaciones del servicio de salud, también denunciado por los pueblos originarios.
Los gremios que agrupan a los profesionales que prestan servicio en el sistema público de salud estatal, denuncian la falta de medicamentos, de infraestructura edilicia, de ambulancias, de malos sueldos, de las condiciones de pobreza de la gente, pero estos como el gobierno, no plantean el cambio de concepto sobre las pautas culturales de salud en respeto a los pueblos originarios, sometiendo a esta población a un sistema invasor, que los aborígenes rechazan.
En los planteos realizados por distintas comunidades aborígenes, sobre la problemática en cuestión, estos insisten en la dificultad sobre la comunicación entre medico, agente sanitario y paciente, ante el desconocimiento de los facultativos de las lenguas ancestrales, como del idioma español por parte de los originarios.
La falta de medicamentos, de agentes sanitarios, de ambulancias, de agua potable, de contaminación, de controles efectivos sobre la población con dificultades de salud, es un reclamo constante por parte de las comunidades aborígenes y que COPENOA difunde cotidianamente. Como el aumento de casos de pobladores intoxicados por la utilización en los campos de sojas de plaguicidas en muchos casos de uso prohibido.
Para el Cacique Wichi Lucio Juan, el nombramiento en el servicio de Salud de agentes sanitarios bilingües es un paso primordial, como también el reconocimiento de pautas ancestrales, por parte del estado en el servicio de Salud. “Durante el año 2009, sufrí la perdida de mi hijo menor, que falleció por estar desnutrido, el agente sanitario no controló a mi hijo, y en el hospital de Mosconi, nos sentimos discriminados por los criollos, el agente sanitario adultero el certificado de vacunación para no hacerse responsable”, dijo Lucio Juan.
A fines del 2009, comunidades aborígenes que viven en el Departamento San Martin, realizaron una protesta en el hospital de la ciudad de Gral. Mosconi, solicitando al Director del hospital, Dardo Albarracin la inclusión de 10 agentes sanitarios bilingües. Albarracin nombro a dos aborígenes, comprometiéndose a proseguir con los llamamientos, los que quedaron frustrados por una interna en el hospital que dejo fuera del cargo a Dardo Albarracin y a los sucesivos nombramientos bilingües.
Para el dirigente originario y líder de la Union de Trabajadores Desocupados de Campamento Vespucio, Eduardo Paliza, las muertes por desnutrición están en aumento en la zona y la responsabilidad es del estado provincial. “Las internas entre médicos por espacio de poder, contribuye a un mal servicio de salud” Afirma Paliza, agregando “Los hermanos indígenas no entienden sobre los problemas de salud, y los médicos no se toman el tiempo para explicarles sobre lo que les sucede con su salud, por desconocimiento del idioma, esto aleja a los hermanos, son pautas culturales distintas. A esto debe sumarse, el desplazamiento de las hermanos aborígenes a vivir hacinados en la periferia de las ciudades de la zona, sin comida. Ahora fumigan a los que están en cercanías de las plantaciones de soja, con las graves consecuencias y enfermedades que originan la utilización de productos tóxicos prohibidos, lanzados desde aviones fumigadores. En el aeropuerto de Mosconi hay cinco aviones que realizan esta tarea, sin control alguno”.

El discurso oficial del gobierno de la provincia de Salta, que responsabiliza a los originarios de no ir a los servicios de salud, por pautas culturales, encuentra aliados en medios de comunicación que propagan este mensaje en la zona. “En Mosconi Sergio Torres, dueño de una radio, responsabiliza a los indígenas por las muertes por desnutrición, en clara defensa del discurso oficial, realizando propaganda a cambio de pautas publicitarias del gobierno de Urtubey y del Intendente Ruarte, ambos aliados políticos, en desmedros de la comunidad y sus problemas. También Torres realizo este trabajo sucio e inmoral durante los gobiernos de Romero, acusando a los compañeros desocupados como delincuentes por bloquear la ruta 34 para solicitar fuentes genuinas de trabajo, como la reestatización de lo que fuera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F), inculcando a la comunidad sobre su mensaje único, donde los desocupados eran los malos y el gobierno los buenos, como sucede ahora con las muertes por desnutrición de los niños indígenas, donde sus padres son los malos y responsables de la muerte de sus hijos indígenas, desligando de la responsabilidad de estas muertes al gobierno de Urtubey, y al servicio de salud publica”. Afirmo, entre bronca y tristeza Eduardo Paliza.

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