Oaxaca. México: Médicos niegan anticonceptivos a jóvenes indígenas

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martes, 7 de agosto de 2012

Citlalli López (CIMAC)

Las y los jóvenes en las comunidades indígenas de Oaxaca conocen, pero no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos plenamente debido a los mitos y temores en torno a los métodos anticonceptivos.

De manera errónea, los médicos de las comunidades buscan retardar el inicio de la vida sexual activa entre este sector de la población argumentando que el condón ocasiona infecciones de transmisión sexual (ITS), y que las pastillas anticonceptivas “causan esterilidad”.
Así lo revela un estudio de campo realizado en los municipios de San Juan Cotzocón y Teotitlán del Valle, realizado por organizaciones civiles como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser). Los resultados fueron presentados el pasado mes de abril.
Mayra Morales Aldaz, representante en Oaxaca de Ddeser, precisó que también prevalece la negativa de los médicos a proporcionar un método anticonceptivo a madres solteras, jóvenes menores de 18 años y mujeres viudas.
Lo anterior a pesar de que, de acuerdo con los médicos de las comunidades, las y los jóvenes comienzan su vida sexual activa desde los 14 años y la maternidad a los 16 años.
Mediante una actividad denominada “usuario simulado”, encontraron que el personal de salud cuestiona y pide muchos requisitos a quienes solicitan métodos anticonceptivos, como por ejemplo que vayan acompañados de un adulto y asistan a pláticas informativas antes de proporcionarles un condón o una pastilla.
El resultado, dijo, es el aumento de embarazos tempranos, ITS y abortos en condiciones inseguras, “porque no se están utilizando los métodos anticonceptivos, pero sí están teniendo relaciones sexuales”.
A falta de una política pública con enfoque científico y de servicios amigables, las principales fuentes de información para las y los jóvenes son el internet -en comunidades donde hay acceso- y las amistades.
La línea base del estudio indica que en San Juan Cotzocón y Teotitlán hablar de derechos sexuales y reproductivos es mal visto, en contraparte con el embarazo en adolescentes, que es algo que la comunidad considera “normal” y son aceptados a pesar de que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
De acuerdo con la investigación, en ambas comunidades la etapa de la juventud es percibida como problemática. En esas localidades el inicio de la vida sexual activa ocurre antes de cumplir la mayoría de edad.
Morales Aldaz señaló las y los jóvenes con información sobre el uso de métodos anticonceptivos retarda más el inicio de su vida sexual porque tienen mayor claridad en torno a sus metas.

Publicado por ARGENPRESS

La maternidad poco cuidada: La responsabilidad del Ministerio de Salud

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miércoles, 23 de mayo de 2012

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

En el 56% de las maternidades públicas no está asegurada la atención de los bebés y sus madres. Este porcentaje es el resultado de un relevamiento de un equipo del Ministerio de Salud de la Nación. (1)

Las falencias detectadas no son nuevas en la organización sanitaria: carentes de quirófano, anestesista, bancos de sangre y dificultades para atender las complicaciones en el parto. A éstas hay que agregar la no aplicación de la ley de educación sexual, la cual permitiría abordar preventivamente los embarazos no deseados, agravando la situación conocida de muertes de mujeres por aborto clandestino.
El impulso de la maternidad a través del Plan Nacer, acompañando a las mujeres embarazadas en el proceso de gestación, las arroja en el momento del parto a servicios inseguros.
En una nueva conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, recordamos su significado y afirmamos la necesidad de transformar la situación vigente.
El 28 de mayo de 1987 en una reunión en Costa Rica se vio la necesidad de denunciar las insoportables tasas de mortalidad maternas y enfocar los problemas de la atención primaria y los aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. La propuesta la realizó la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR).
Reiteramos preguntas ¿por qué siguen produciéndose tantas muertes, casi todas evitables?. ¿Qué papel le cabe al Estado?
Podemos observar que la deficiencia del sistema de atención de la maternidad coexisten con embarazos no planificados, embarazos de niñas y adolescentes, abortos inseguros. Este cuadro también coexiste con la carencia de viviendas, desnutrición e inestabilidad laboral y/o desocupación.
Desde el movimiento de mujeres se sostiene que el Estado debe garantizar la decisión de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo las políticas públicas no responden a estas necesidades.
¿Qué papel le cabe al Estado en un sistema tan desigual, el sistema capitalista?
Una pregunta abierta para encontrar colectivamente respuestas superadoras.
Nota:
1) Clarín, 12 de mayo de 2012.

Publicado por ARGENPRESS

CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos en México

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Dilo Tú
Difusión Cencos México D.F., 20 de marzo de 2012
Boletín de prensa

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Agnes Torres Sulca, persona trans y defensora de los derechos humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en México.
Según la información recibida por la CIDH, Agnes Torres Sulca contribuía con diversos colectivos y entre otras acciones de reivindicación de los derechos de personas LGTBI, participó en la promoción de iniciativas de ley ante el Congreso de Puebla, México. La información recibida indica que su cuerpo fue encontrado el 10 de marzo de 2012 en Puebla con signos de presuntas quemaduras.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Las defensoras y defensores de las organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas LGTBI desempeñan un rol fundamental en la región, tanto en el control social del cumplimiento de las obligaciones estatales como, en general, en el proceso de promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI.
En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destacó la gran cantidad de información recibida sobre asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensores y defensoras de las personas LGTBI, así como sobre la ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de las violaciones de sus derechos humanos. En este sentido, el informe señala que un obstáculo frecuente en la región para la debida investigación y sanción de los responsables de crímenes cometidos en contra de personas LGTBI es que suelen clasificarse como crímenes pasionales, y no se abren líneas lógicas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
Adicionalmente, la CIDH reitera que los ataques a la vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuando son cometidos en represalia a su actividad, producen un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
En este sentido, la Comisión Interamericana insta al Estado de México a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Torres fue cometido en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Asimismo, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los derechos humanos de las personas LGTBI y de quienes defienden sus derechos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
20 de marzo de 2012
Datos de contacto
María Isabel Rivero
Directora de Prensa de la CIDH
Tel. (1) 202 458 3867
Washington, D.C.

La discriminaciÓn empieza por la boca En memoria a “AGNES TORRES” – Activista poblana en pro de la equidad social y LGBTTT

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México violenta Plataforma de Beijing, acusan feministas

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jueves 17 de noviembre de 2011

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A 16 años de que México se comprometió a proteger los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, al signar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, su desempeño ha sido “regresivo” pues lejos de respetarlos, en más de la mitad del país se considera un crimen el derecho de las mexicanas a decidir sobre sus cuerpos.

Durante la inauguración del foro “La agenda de las mujeres Beijing 1995: 16 años después”, organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), funcionarias, legisladoras e integrantes de la sociedad civil denunciaron las violaciones a los derechos reproductivos de la población femenina y coincidieron en que aún “falta mucho por hacer”.
María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, indicó que el acuerdo firmado por México y 188 países en 1995, conocido como Plataforma de Beijing, ha permitido consolidar avances como la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF, que contrasta con la penalización del aborto en 17 estados de la República.
Rosa Márquez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del DF, puso como ejemplo de “la regresión” en los derechos reproductivos el caso de Puebla, donde además de que se modificó la Constitución local para criminalizar el aborto, el gobernador Rafael Moreno Valle presentó una iniciativa para que en lugar de ser encarceladas las mujeres que aborten reciban atención a su salud mental.
La funcionaria calificó como “grave” y violatorio a los Derechos Humanos (DH) de las poblanas que el Ejecutivo estatal considere “enfermas mentales” a las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, o sufren un aborto de forma espontánea.
Martha Lucía Mícher, directora del Inmujeres-DF, lamentó que la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siga siendo una constante en la mayoría de las entidades, debido a la aprobación de leyes que encarcelan a las mexicanas que deciden sobre sus cuerpos.
En contraste, destacó que políticas públicas como la ILE en la Ciudad de México, además de salvar la vida de miles de capitalinas y de mujeres del interior del país, cumplen con la Plataforma de Beijing.
María Eugenia Romero añadió que desde la sociedad civil es importante promover las leyes y mecanismos a favor de los DH de las mujeres aplicados en el DF, para que se implementen en otros estados.
Beatriz Rojas, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (ALDF), mencionó que pese a la creación de leyes significativas para abatir la discriminación y violencia contra las capitalinas “sigue pendiente la paridad de género”.

La diputada local destacó entre los principales avances legislativos, la ley contra la trata de personas. Y derivado de esa legislación, añadió, en 2010 la ALDF destinó 10 millones de pesos (mdp) para adquirir un inmueble que funcionará como refugio para víctimas de este delito, y para 2012 se proponen 20 mdp para su operación.

México: Acusan que Felipe Calderón transgredió el Estado laico

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jueves 29 de septiembre de 2011

 

Guadalupe Cruz Jaimes – Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

Integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mujeres acusaron que Felipe Calderón violentó el Estado laico al incidir en la votación final de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se desechó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que “protege la vida desde la concepción” en Baja California (BC).

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), lamentó que las decisiones sobre los derechos de las mujeres sean tomadas con base en criterios religiosos, y advirtió que hubo una “influencia presidencial” en la votación de la Corte con el fin de colocar “una agenda moral conservadora para dañar la vida y la salud de las mujeres, sobre todo de las más pobres”.
El pasado lunes Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención prevé que la ley protegerá, en general, “el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”.
En el mismo tenor, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, publicó ayer en diarios de circulación nacional un desplegado en el que llamó a las y los ministros a desechar el proyecto de sentencia de Fernando Franco González para declarar inconstitucional la reforma en BC.
La SCJN determinó hoy por siete votos contra cuatro desechar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2008 al artículo 7 de la Constitución de BC, presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado.
Eran necesarios ocho votos para que el recurso de inconstitucionalidad procediera y se invalidara la modificación legal en BC.
La votación final se determinó por las posturas “a favor de la vida desde la concepción” de la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue propuesto en dos ocasiones por Calderón para llegar a la Corte en 2009 y 2010.
Consultada por Cimacnoticias, María Consuelo Mejía criticó que los ministros de la SCJN permitan que sus creencias religiosas y el cabildeo de la ultraderecha influyan en su manera de impartir justicia. “Es un hecho preocupante en un Estado laico”, apuntó.
Sin embargo, la activista consideró que el voto de siete ministros significa que la mayoría de quienes integran la SCJN está a favor de los derechos de las mujeres.
Verónica Cruz, integrante de Las Libres, de Guanajuato, denunció que Felipe Calderón haya “polarizado” la discusión porque él es el más obligado a respetar la Constitución, “pero ganó su ideología e intención de imponer sus creencias”.
Al igual que María Consuelo Mejía, la activista –quien ha luchado por la libertad de mujeres presas por abortar en su estado– dijo que es favorable que una mayoría numérica de ministros se pronunciara por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que sólo una minoría avaló que se conserve la reforma en BC, donde también mujeres han sido encarceladas por interrumpir su embarazo.
María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia, consideró “muy desafortunada” la intervención de Calderón en la discusión de la Corte, y recalcó que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las decisiones del Poder Judicial.
Explicó que a pesar de que no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma en BC, el debate que se dio en la SCJN fue “positivo”, porque se colocaron en la discusión los derechos reproductivos de las mujeres.
Romero destacó que la mayoría numérica de los ministros planteó argumentos progresistas para no dejar lagunas jurídicas, pero desafortunadamente no pudieron convencer al resto del pleno.
Señaló también como favorable que en ningún momento se planteó laprohibición del aborto, y que además las causales no punibles siguen vigentes en BC y desde las organizaciones seguirán exigiendo que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud.
También destacó que en la discusión se determinó que la protección al derecho a la vida no quedó por encima de los derechos de las mujeres, ya que se dijo que no puede haber derechos absolutos y por tanto “no peligra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.
Incertidumbre
Oriana López, directora del Fondo María, se mostró menos optimista al señalar que la determinación de la Corte deja a la libre interpretación la aplicación de los derechos de las mujeres, lo que significa el riesgo de que “los hombres conservadores en el poder” atenten contra esas conquistas. Añadió que para las habitantes de BC la votación implicará que sigan interrumpiendo sus embarazos de forma insegura.
La ex diputada federal Martha Tagle dijo que con la resolución de la SCJN lo que se queda es la “incertidumbre legal”, ya que hay una contradicción entre lo que dice el Código Penal de BC y la Constitución estatal al “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
Explicó que el personal medico no sabe si atender a una mujer que aborta por cualquier motivo o solamente en las causales permitidas por el Código Penal.
Tagle aseguró que “sin duda alguna” el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo inclinó la balanza a favor de la reforma en BC “visiblemente impulsado” por la postura de Felipe Calderón.
Protestas
Como parte del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, cientos de mujeres de esta ciudad y del interior de la República marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino para exigir que se respete el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo.
A su paso las activistas gritaban “¡Siete ministros son mayoría, cuatro ministros son porquería!”; “¡aborto legal derecho fundamental para salvar la vida y la salud de las mujeres!”, y “¡ni cárcel, ni muerte a mujeres por abortar!
Al llegar a la Plaza de la Constitución, Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, leyó un pronunciamiento a nombre del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en México.
Destacó que hoy siete ministros reconocieron la inconstitucionalidad de la reforma en BC y votaron a favor de los derechos de las mujeres. Además, añadió, los ministros advirtieron que criminalizar a las mujeres por abortar “es inmoral e inconstitucional”.
La activista llamó a Felipe Calderón para que deje de actuar como integrante de la ultraderecha y gobierne para que las mujeres decidan sobre el ejercicio de la maternidad libre y voluntaria.

Cuevas adelantó que a partir de hoy inicia una campaña de juicio político contra funcionarios públicos que atenten contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Temen retroceso por llegada de conservadores al poder: En riesgo derechos sexuales y reproductivos de guatemaltecas

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lunes 8 de agosto de 2011

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A pesar de que en Guatemala el aborto es legal cuando el embarazo pone en riesgo la vida de las mujeres, en los hechos la mayoría de las guatemaltecas que interrumpe la gestación lo hace en condiciones inseguras, pues desconocen la ley y temen la “sanción moral” por parte del personal de salud.

Ixmucané Solórzano, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, con sede en Guatemala, informó que en esa nación cada año se practican 65 mil abortos, de los cuales 22 mil requieren atención médica de urgencia, ya que muchos de ellos se practican de forma insegura.
En el país centroamericano “no se habla del aborto, es un tema tabú, muy penalizado moralmente, aunque en las leyes el aborto no sea punible”, cuando se trate de salvaguardar la vida de las guatemaltecas.
Cuando las mujeres llegan a los centros de salud con un diagnóstico médico que indica que el embarazo pone en riesgo su vida, el personal está obligado a brindar la atención. Sin embargo, la mayoría desconoce la ley y teme la sanción moral, “no hay detenidas por aborto, pero hay discriminación en los centros de salud, que también representa una violación a sus derechos humanos”, enfatizó Solórzano.
Las guatemaltecas que no llegan a los centros de salud públicos y tienen recursos suficientes para costear una clínica particular interrumpen un embarazo de forma segura, pero quienes son pobres recurren a servicios inseguros.
A decir de Ixmucané Solórzano, el aborto es un problema que refleja la “injusticia social”, pues “las que mueren son las mujeres pobres, indígenas, campesinas”, se trata entonces de una violación a sus derechos reproductivos.
Dicha transgresión comienza con la falta de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos, que afecta casi dos veces más a las mujeres indígenas que a las mestizas, mientras para las primeras la necesidad insatisfecha de anticonceptivos es de 45 por ciento, para las segundas es de 25 por ciento.
La disparidad en el acceso a métodos anticonceptivos se traduce en la desigual tasa de fecundidad. El promedio de hijas e hijos que tienen las mestizas es de 4 y el de las indígenas de 7.
Esta disparidad tiene que ver con la barrera del lenguaje, ya que no hay una educación sexual en la lengua de las indígenas que les permita conocer los métodos anticonceptivos.
Otra causa de esta brecha es la visión de algunos hombres que toman actitudes violentas al ver que sus cónyuges no se embarazan. Entonces, “ellas tienen que sopesar entre la violencia o embarazarse”, ejemplificó la integrante de Tierra Viva.
Añadió que en la prevención de embarazos no deseados y en consecuencia de abortos eventuales, es preciso que el acceso a anticonceptivos sea universal, pero también se requiere que los hombres “asuman su responsabilidad en el proceso” y también utilicen algún método.
“Más allá del aborto, se trata del derecho de las mujeres a decidir si queremos ser madres o no. Lo que está en tela de juicio alrededor del aborto es la maternidad obligatoria y naturalizada impuesta socialmente para las mujeres, la cual representa una violación a nuestros derechos pues nos remite a ser para otros y no para nosotras mismas”, explicó.
Por ello, dijo, “abogamos por una maternidad libre y voluntaria”, que en el contexto actual de Guatemala está amenazada por las “tendencias derechistas que pretenden echar atrás el aborto terapéutico (cuando la vida de la mujer peligra)”.
El año pasado, ejemplificó, “tuvimos una amenaza por parte de ‘grupos antiderechos’ que salieron a decir que la pastilla de anticoncepción de emergencia (contenida en el protocolo de atención a mujeres que sufrieron violencia sexual) era abortiva”, en respuesta al embate las organizaciones se unieron y argumentaron científicamente que la función de la pastilla es anticonceptiva y no abortiva.
Además de los grupos de derecha, Solórzano alertó sobre el adverso panorama que se prevé en las siguientes elecciones presidenciables, que se llevarán a cabo el próximo 11 de septiembre, pues el partido de las mayorías (Partido Patriota) “amenaza con tener mano dura”, por lo que vislumbran que los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, estarán en riesgo.
La integrante de Tierra Viva consideró que su prioridad es evitar que haya un retroceso, por lo que defenderán los derechos conquistados como el aborto terapéutico y el programa de atención post- aborto, que brinda servicio médico a las mujeres que acuden por aborto incompleto, entre otras leyes y programas a favor de la salud sexual y reproductiva de las guatemaltecas.

Publicado por ARGENPRESS

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