Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac pide la interveción de las autoridades por el despojo de tierras desde 1996

Deja un comentario


Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 20 de agosto de 2012

Boletín de prensa
Núcleo de San Pedro Tláhuac

Exige el núcleo de San Pedro Tláhuac intervencion de la PF o del Ejercito por despojo de tierras

  • Hemos sido víctimas desde 1996 a la fecha por parte de los Comisariados Ejidales, que lejos de ayudarnos, estos, han permitido que grupos de invasores ejerzan contra nosotros diversos actos de violencia

Integrantes del Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac manifestamos nuestra inconformidad y preocupación por el conflicto y despojo del que hemos sido víctimas desde 1996 a la fecha por parte de los Comisariados Ejidales Juan Pérez Lozano, Fausto Pérez Cadena, Fidencio Martínez Martínez (1994-1997), Catarino Guadalupe Ramos Piña (2003-2006), Domingo Roberto Bermejo Galicia, Benjamín Rioja Medina, Jesús M. Contijoche Hernandez, Manuel Ramírez Galicia (2007-2010), y Juan de la Rosa, actual Comisariado (1994- como integrante del Consejo de Vigilancia y 2010-2013 como comisariado), que lejos de ayudarnos, estos, han permitido que grupos de invasores ejerzan contra nosotros diversos actos de violencia que van desde golpizas hasta la privación de la libertad.

Es importante mencionar que el conflicto se originó cuando en la asamblea efectuada el 4 de agosto de 1996, los ejidatarios del Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac, acordamos el desarrollo urbano y la lotificación de los terrenos que actualmente se conoce como la colonia San Miguel las Tablas, ubicada en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Es importante mencionar que cuando inicio el reparto de lotificación en 1995 fuimos desalojados dos ocasiones de manera violenta por la Policía Municipal del Estado de México, argumentando éstos, que nos faltaban documentos de cambio de uso de suelo.

Ante estos hechos, dichos Comisariados Ejidales han abusado de su “mandato” emitiendo constancias de propiedad inválidas, además de adjudicarse cuatro lotes por integrante; han vendido lotes; se han enriquecido de forma ilícita y lo más grave es que han permitido que grupos de “invasores” nos despojen de nuestras tierras, generando un clima de violencia e inseguridad en la comunidad.

Por lo anterior expuesto los integrantes del Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac solicitamos al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

1.- Procedan jurídicamente contra los responsables directos e indirectos de los fraudes de los que hemos sido víctimas por parte de los Comisariados Ejidales Juan Pérez Lozano, Fausto Pérez Cadena, Fidencio Martínez Martínez, Catarino Guadalupe Ramos Piña, Domingo Roberto Bermejo Galicia, Benjamín Rioja Medina, Jesús M. Contijoche Hernández, Manuel Ramírez Galicia y Juan de la Rosa, actual Comisariado, a quienes acusamos de enriquecimiento ilícito.

2.- Se castigue a quienes, abusando de la confianza conferida en el mandato para tramitar la concesión de los lotes correspondientes a cada uno de nosotros, realizaron trámites espurios sobre el uso de suelo, para cuyo fin se contrató a un abogado, se dispuso de recursos económicos ( dos millones de pesos) así como de lotes que se adjudicaron entre ellos a manera de pago por realizar el trámite de cambio de uso de suelo, mismo que nunca fue realizado.

3.- Se investigue la naturaleza de las “Constancias de Posesión” fraudulentas que nos fueron expedidas, mismas que carecen de validez oficial al no encontrarse en el Registro Agrario Nacional, además de que exhiben una deliberada ausencia de datos y firmas de los ejidatario.

4.- Se efectúe un cateo en la colonia San Miguel las Tablas a fin de desmantelar a los grupos de delincuencia organizada que hacen acopio de armas de grueso calibre y tienen perros de ataque entrenados, para llevar a cabo acciones que van desde golpizas, hasta la privación ilegal de la libertad contra los legítimos dueño de los lotes, con el objetivo de aterrorizarlos, y obligarlos a abandonar su patrimonio y finalmente despojarlos del mismo.

5.- Frenar el despojo sistemático al que hemos sido sometidos con métodos de delincuencia organizada y que se nos otorguen los medios para ser restituido nuestro patrimonio.

6.- Se ejerzan acciones penales contra los Comisariados Juan Pérez Lozano, Fausto Pérez Cadena, Fidencio Martínez Martínez, Catarino Guadalupe Ramos Piña, Domingo Roberto Bermejo Galicia, Benjamín Rioja Medina, Jesús M. Contijoche Hernández, Manuel Ramírez Galicia y Juan de la Rosa, actual Comisariado, que desde 1996 a la fecha han permitido o propiciado las invasiones y han violentado a la comunidad, atentando contra su patrimonio, su integridad física y moral.

7.- La intervención de la PFP o del Ejército para resguardar tanto los lotes de San Miguel las Tablas como la integridad física de sus legítimos dueños y sus familiares, ya sea que se encuentren en dicha localidad o en Tláhuac.

8.- Exigimos al Octavo Tribunal Agrario retome la demanda interpuesta por el Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac, con número de expediente 588/10 del 16 de noviembre de 2010, donde solicitamos un informe detallado de quién, cómo, cuándo, y cuánto de los ingresos que recibió el ejido y los montos que recibieron cada uno de los ejidatarios. Además del registro de fondos por tiro de escombro en la colonia San Miguel las Tablas, perteneciente al municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

9.- Demandamos a las autoridades agrarias que nos reconozcan como ejidatarios, la restitución de la tierra y sobre todo se le de vista a la Ministerio Público Federal para investigar el fraude del que somos víctimas y en agravio de nuestros derechos en razón a las constancias

Vídeo Conferencia de Prensa: Exige Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac la Intervención de Autoridades Judiciales por despojo de tierras

 

Vídeo Conferencia de Prensa: Exige Núcleo Ejidal de San Pedro Tláhuac la Intervención de Autoridades Judiciales por despojo de tierras (Segunda Parte)

México DF a 20 de agosto de 2012

Panamá: Hay esperanza entre el despojo y los conflictos

Deja un comentario


La película que estamos presenciando en nuestras pantallas gigantes a escala mundial reproduce un viejo guión ya conocido por los amantes del cine del siglo XX. Los directores y las estrellas – los actores sociales – cambian pero las historias son las mismas.

 

Marco A. Gandásegui, hijo. / ALAI
1. Con relación a los indígenas y campesinos, en la actualidad, los conflictos entre los gobiernos y estas comunidades son el resultado del despojo de sus tierras codiciadas para la explotación minera, hidroeléctrica, turística o de otro tipo. La política de los gobiernos de la región, en esta etapa que yo llamaría “pos-neo-liberal”, es de despojo territorial. Para los inversionistas, la fuerza de trabajo indígena-campesina perdió su valor para producir excedentes (plus-valor). Como consecuencia, ahora privilegian el despojo mediante la especulación y explotación de sus tierras.
2. Los conflictos de alto perfil que caracterizan las luchas campesino-indígenas a principios del siglo XXI (en toda la región) ya no se deben a una política de deprimir el costo de su mano de obra ya de hecho muy barata. Esta última política caracterizó la segunda mitad del siglo XX en que la fuerza de trabajo “marginalizada” indígena y campesina “semi-proletarizada” era súper-explotada (es decir, pagada incluso por debajo de su costo de reproducción, como lo demostró Ruy Mauro Marini).
3. Con relación a los trabajadores, en general, hay que aclarar que el “despojo” aplicado durante el período neoliberal (1980-2005) significó arrancarle a los trabajadores asalariados – mediante la desregulación, flexibilización y privatización – sus ahorros depositados en las instituciones de seguridad social. Igualmente, poniendo fin a la estabilidad laboral, disminuyendo los servicios de salud y la educación. En Panamá esta política se oficializó después de la invasión militar norteamericana en 1989. El gobierno de Pérez Balladares (1994-1999) desarticuló las organizaciones laborales y acabó con las capas medias. Los gobiernos promovieron el “empleo informal” (en la actualidad, el 40 por ciento de los empleados trabajan sin contratos ni seguridad social) y deprimieron los salarios por debajo del costo de la canasta básica, con horarios flexibles ajustables a las necesidades del empleador quienes ignoran las leyes y el derecho laboral.
4. El despojo pos-neo-liberal tiene carácter territorial y se alinea con la llamada “reprimarización” de las economías de la región. Es decir, la re-conversión de las economías en exportadoras agro-mineras para satisfacer las crecientes demandas del cambiante mercado mundial, especialmente del apetito industrial de China. Las demandas de las materias primas han favorecido a muchos países de América latina y sus balanzas comerciales. En el caso de Panamá, como ejemplos de estos despojos territoriales tenemos a Petaquilla y, en una espera nerviosa, a Cerro Colorado. También se destacan Cerro Quema (Los Santos) y Santa Rosa (Veraguas).
5. El oro que se extrae de Petaquilla tiene un precio en el mercado mundial que supera holgadamente los US$1500 la onza. La empresa canadiense dueña de la concesión calcula sus ventas anuales en mil millones de dólares. En el caso del cobre, que tiene un precio que oscila cerca de los US$800 la tonelada, los inversionistas canadienses y coreanos (en combinación con sus agentes gubernamentales nacionales) anuncian la próxima explotación de esa veta en Petaquilla. A su vez, estos mismos grupos están a la espera que se venda CODEMIN, empresa estatal dueña de los derechos de explotación de los ricos yacimientos cupríferos de Cerro Colorado.
6. Las políticas neoliberales colapsaron a escala global en 2008 al estallar la crisis financiera. Aún los países llamados “centrales” no se recuperan. EEUU inyecta los dineros de los demás países que capta mediante su política de endeudamiento (le debe a China cerca de US$ 900 mil millones) en sus bancos en bancarrota. Europa entró en una fase de recesión que obliga a sus 27 países miembros a montar una opereta de falsetes y engaños que pronto se desplomará en una debacle financiera.
7. Panamá ha sobrevivido los estragos económicos que golpean las economías del “centro” sobre la base de un crecimiento financiero artificial generado por la inyección de 5 mil millones de dólares en la ampliación del Canal, la expansión portuaria en ambos extremos de la vía acuática y las operaciones especulativas de su centro bancario. La prosperidad futura no está en manos del país. Depende del crecimiento de la demanda de materias primas de los países asiáticos, especialmente de China y de las exportaciones de este país a EEUU, que éste paga con deuda.

8. La parte final del guión está redactándose. Hay dos alternativas: Primero, en la medida en que se apliquen políticas de desarrollo nacional – mediante un plan cuidadosamente concebido – se puede aprovechar el crecimiento pasajero del sector no productivo de la economía y asegurar que los restos del modelo neoliberal (ya parte de la historia) tengan un aterrizaje suave, que le permita al país invertir en el sector productivo. Segundo, si no hay un plan, el modelo neoliberal se estrellará y entraremos en una fase recesiva de la economía (es decir, crecimiento negativo). No tendremos producción agropecuaria ni industrial. Además, el Canal no generará lo suficiente para arrastrar el resto de la economía, los puertos reducirán drásticamente sus actividades y la especulación bancaria perderá su capacidad de alimentar el espiral consumista de los sectores acomodados del país.

La Unión de Campesinos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Ejido de Coahuila denuncian despojo de tierras y aguas.

Deja un comentario


 

FCO. I. MADERO, COAHUILA. A 20 DE ENERO DE 2012.

A LOS PUEBLOS Y A LOS CAMPESINOS DE MÉXICO

La Unión de Campesinos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Ejido, adherente a La Otra Campaña, nos pronunciamos en contra de todas las formas de despojo de la tierra y el agua Rodadas (de la presa) y del subsuelo que en el campo están llevando a cabo en el sector social.

Estos despojos se están haciendo con el aval de las dependencias del gobierno tales como la Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, Comisión Nacional del Agua, en alianzas con autoridades agrarias (Comisariados Ejidales) dichas dependencias fueron fundadas para el equilibrio del sector social, luego más tarde se empezaron a hacer nuevas reformas a la Reforma Agraria, como por ejemplo el artículo 27 constitucional entre otras que perjudicaron a los campesinos poniendo a las tierras ejidales en un estado de compraventa y las dependencias mencionadas pasaron a hacer el papel de agencias de compraventa de tierra y agua.

La voracidad y codicia de empresas y terratenientes es tan grande que vienen por todo lo de los campesinos, ya empezaron a comprar las tierras de uso común que son los eriazos (tierras áridas).

Es por esto que hacemos una atenta invitación a las organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y organismos civiles a que defendamos la verdadera soberanía que es la alimentación ya que esta proviene del campo social no de la propiedad privada.

Esta invitación que les estamos haciendo es porque creemos que quizá pudiera ser la última oportunidad de unirnos todas las organizaciones para defender nuestra soberanía y poder detener la muerte que nos han declarado los poderosos por medio del gobierno haciendo una guerra en contra del pueblo disfrazado contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
ATENTAMENTE
UNION DE CAMPESINOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y EL EJIDO.
Adherente a La Otra Campaña

Carta Abierta al Gob Rafael Moreno Valle y Diputados: “URGIMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO NORTE”‏

Deja un comentario


Se invita a acompañarnos en la entrega de ésta carta, mañana martes 10 de enero a las 11am en el Congreso y Gobierno del Estado. Sus firmas de apoyo también se pueden enviar a:

  gobernador@puebla.gob.mxguillermo.arechiga@congresopuebla.gob.mx, reddh.mex@gmail.com

H. Puebla de Zaragoza a 10 de enero de 2012

URGIMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO NORTE

Al Dr. Rafael Moreno Valle, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla

A los 41 Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla

Gobernador, Diputadas, Diputados:

 Reciban por este medio un cordial saludo de parte de las familias afectadas por el proyecto carretero “Libramiento Norte”, al mismo tiempo exponemos nuestras demandas a partir del siguiente contexto:

En el 2008 el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, que en la sección de CONSIDERNADO dice textualmente: “La expropiación es un acto administrativo que encuentra su justificación, en la exigencia imperiosa de adquirir determinado bien que, a pesar de formar parte de un patrimonio particular, por sus características, es indispensable para la satisfacción de un interés social. Constituyéndose en una acción por la cual el Estado, unilateralmente y en ejercicio de su Soberanía, afecta determinados bienes, por causa de utilidad pública, para satisfacer necesidades que están por encima del interés privado, mediando una indemnización justa.”

Más adelante en la misma sección refiere: “Los actos privativos de la propiedad se deben realizar, por regla general, mediante un procedimiento encaminado a oír previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como son: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se sustente la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) La emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas…”

Para tratar de entender que significa “Utilidad Pública” para legisladores y Gobierno del estado, en el Artículo 2 de la Ley de Expropiación dice: “Se entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las necesidades sociales y económicas que comprenden: la pública propiamente dicha, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; la social que satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediatamente a toda la colectividad; y la estatal que satisface la necesidad que tiene el Estado de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política.” Y dice “Son causas de utilidad pública [refiriéndose a proyectos carreteros], para efectos de esta Ley, las siguientes: I.- El establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de un servicio público; II.- La apertura, prolongación, ampliación, alineamiento o mejoramiento de avenidas, calles, calzadas, andadores, puentes, boulevares, túneles, caminos y carreteras, así como toda vía que tienda a facilitar el tránsito en general, urbano, suburbano y rural, entre dos o más poblaciones; XIX.- La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables…”

            De las exposiciones arriba mencionadas nos preguntamos: Sí la expropiación encuentra su justificación en la necesidad de satisfacer un interés social que está por encima del interés privado y que además debe cumplir la formalidad legal de procedimiento ¿Por qué se pretende expropiarnos nuestras propiedades sí con ello lo que estarán llevando a la práctica es un desplazamiento involuntario o forzado, así como la ruptura del tejido social, económico, cultural, indígena, ambiental que afectaría a miles de familia directa e indirectamente que durante décadas hemos vivido en las comunidades afectadas por el proyecto Libramiento Norte? ¿Acaso sabrán el gobierno del estado y legisladores que el desplazamiento involuntario o forzado es un delito de lesa humanidad?

También nos surge otra duda respecto a las Causas de Utilidad Pública expuestas en el Artículo 2 de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla cuando menciona que la “Utilidad Pública” satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediatamente a toda la colectividad, A qué clase social determinada se refiere: ¿A la oligarquía, cuyos banqueros y empresarios saldrán beneficiados con las cuotas de peaje, y optimización de tiempos para la transportación de mercancías y materias primas en esta red carretera desde el Golfo de México hasta el centro del País y que en consecuencia obtendrán mayores ganancias? O ¿Se refiere al pueblo trabajador: indígenas, campesinos, pequeños comerciantes que el ahorro de tiempo no se verá reflejado en ostentosas ganancias económicas? Si se refiriera a estos últimos, ¿Por qué no mejor dar atención médica, becar a estudiantes indígenas, construir espacios culturales y deportivos que contribuyan a alejar a la población de los vicios y la violencia? ¿O mejor aún, concesionar la construcción de caminos para las comunidades marginadas del estado como Eloxochitlan, comunidad catalogada como la más marginada del País?

Nosotros tenemos una hipótesis: El “Libramiento Norte” fue hecho para que se beneficiaran solamente empresarios de las constructoras y gobierno, ya que en ese mismo año 2008, el gobierno de Mario Marín Torres concesiono de manera directa a la empresa Obrascón-Huarte y Lain (OHL), cuyo presidente es el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de Grupo Villar Mir e Inmobiliaria Espacio, y que en nuestro País opera con OHL México, cuyo presidente es José Andrés de Oteyza.

Villar Mir es recordado en España por haber comprado por una peseta la empresa Obrascón, así como otras empresas a precios de ganga, además a pesar de la actual crisis económica española y mundial los reportes de la empresa OHL son a la alza. Oteyza fungió como titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial con José López Portillo, posteriormente en el sexenio de Miguel de la Madrid fue embajador en Canada, se le asocia como responsable de la crisis económica en nuestro país de fínales de los 70, negándose en aquella ocasión a bajar el precio del petróleo mexicano, cuando había una baja generalizada de precios del crudo en el ámbito internacional, además se le asocia junto con López Portillo en 1978 para que PEMEX asumiera el rescate financiero de la refinería Petróleos del Norte (PETRONOR) de España, dominada por el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, la Caja de Ahorro provincial y la Caja Municipal de Bilbao, PETRONOR entro en crisis por la salida de sus principales accionistas y después fue vendida a la Repsol, causando con esto crisis en México por el aumento de la deuda externa.

            Otro dato importante es que de acuerdo a Ángela Forsyth, de la Revista Digital Building & Construction México, “a través de sus concesiones, a OHL México le han sido adjudicado seis importantes proyectos de infraestructura de carreteras al nivel nacional, para un total de 359 kilómetros de autopistas de peaje, en los estados de México, Puebla y el Distrito Federal. Además, en asociación con el gobierno federal, maneja una inversión cercana a los $65,000 millones MXN.”[1]

Además,  la concesión del “Libramiento Norte” es a 35 años, y como pasa con las concesiones, sí a los 35 años OHL no logra la ganancia proyectada, la concesión se amplía y si no se cumplen las expectativas de OHL existe la figura de cancelación de concesión, posibilitando su acceso al llamado rescate carretero, y aunque el gobierno poblano ya les dio el derecho de vía, para poder construir el “Libramiento Norte” primero OHL se tienen que capitalizar por medio del financiamiento de bancos, como los ha obtenido OHL de El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Banobras y Banorte, financiamiento que se paga con los beneficios obtenidos por el peaje. Es decir, solo ganan empresas y bancos, mientras el pueblo mexicano es el que se endeuda para dichos proyectos.

A partir de ese año, en coordinación con Alter Consultores de México S.C., por medio de la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V., unión del grupo CONMEX-GRUPO OHL comenzaron con la proyección para la construcción de los proyectos carreteros antes mencionados bajo los siguientes ejes: “Desincorporación de la Propiedad Social del Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario Fases I, II y II y Liberación y Desincorporación de Tierras de Propiedad Social y Privada para el “Libramiento Norte””[2]. Lo importante a destacar con Alter es el hecho de que desde el Director General Lic. Julio Antonio Virgen Cameño, hasta el Jefe de Proyectos, Ing. Raymundo Trujillo Pérez, pasando por otros 6 puestos directivos, todos han sido empleados de gobierno de dependencias como Tenencia de la Tierra, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Agraria, Cartografía Catastral de INEGI, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE). Lo indignante: Alter con la finalidad de comprar los terrenos por donde pretenden pasar el Libramiento, ha amenazado a los propietarios con la entrada del ejército y con la expropiación de propiedades sin remuneración a cambio.

Estas fueron las circunstancias que dieron paso a un proceso organizativo de las comunidades que se verían afectadas por este proyecto carretero, al mismo tiempo que comenzamos a recabar la información para la defensa de nuestro patrimonio.

En estos 3 años hemos reiterado de manera pública nuestra negativa a vender y hemos solicitado la CANCELACIÓN del “Libramiento Norte”. Debemos destacar que como habitantes de esta nación no nos oponemos de ninguna manera al desarrollo económico, políticos, social, educativo, cultural, en infraestructura de nuestra patria. Sin embargo, las empresas constructoras antes mencionadas nos quisieron obligar a vender con precios irrisorios, con la amenaza de que entraría el ejército a desalojarnos, también nos dijeron que dado que el gobierno ya había expropiado las tierras nos la quitarían sin remuneración alguna.

A lo anterior se suma que las personas que decidieron vender, sólo les entregaron una tarjeta con el costo total de los metros a comprar y el abono, el cual por cierto era menor al 10%, haciendo firmar a los propietarios documentos de los cuales no dejaron copia alguna, pero eso sí, recogieron escrituras originales.

En conclusión: Existen una serie de irregularidades que van desde una reforma a la Ley de Expropiación a modo de inversionistas privados, la falta de transparencia en la entrega de la concesión a OHL, cuyos directivos tienen una dudosa calidad moral, amenazas de represión, irregularidades en los precios, así como firmas de documentos de los cuales los propietarios no tuvieron conocimiento del contenido.

A pesar de que en la actual administración hemos solicitado de manera formal y públicamente una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle, lo que vemos es una actitud dilatoria y de indiferencia ante nuestras demandas. Como afectados vemos con preocupación que no se privilegie el diálogo político, por qué entonces ¿Qué sigue? ¿La represión? A lo cual respondemos ¡No permitiremos y no queremos otro Atenco!.

Cabe destacar que obligarnos a vender para la construcción de estas carreteras implicaría un DESPLAZAMIENTO FORZADO O INVOLUNTARIO de miles de familias, lo cual, de acuerdo a la legislación de la Corte Penal Internacional se tipifica como DELITO DE LESA HUMANIDAD. Con ello, el gobierno en turno lejos de crear proyectos de desarrollo, por el contrario, rompe con el tejido social, cultural, económico, político, educativo, ambiental, producto de generaciones que se han venido construyendo.

Si bien la responsabilidad inmediata recae en la diputada por el distrito 2, Denisse Ortíz Pérez, también es responsabilidad de la LVIII legislación una solución política y legal que satisfaga nuestras demanda, insistimos: NO VENDER Y CANCELACIÓN DEL PROYECTO CARRETERO “LIBRAMIENTO NORTE” y cerrarle así el paso a un posible Atenco.

Gobernador, diputadas, diputados: Hoy cientos de familias que se verán afectadas por estos proyectos carreteros URGIMOS LA CANCELACIÓN DEL “LIBRAMIENTO NORTE”, así como las garantías para la integridad física, psicológica y moral de las familias afectadas organizadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como de las personas y organizaciones solidarias con nuestras demandas.

Se despiden de usted,

COMBATIVAMENTE

¡¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE!!

¡¡CANCELACIÓN INMEDITA DEL LIBRAMIENTO NORTE!!

Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Región Malinche

Comuneros de Chiapas exigen a la Procuraduría Agraria cese su estrategia de despojo de tierras

Deja un comentario


 

Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 5 de enero de 2012
Pronunciamiento
Comuneros de Jolsibaquil / Comité de DH de Base de Chiapas Digna Ochoa

Comuneros de los Bienes Comunales de Jolsibaquil, integrantes de la organización Laklumal Ixim-Nuestro Pueblo de Maíz-, junto al Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa hacemos el siguiente Pronunciamiento Público:

En Chiapas, más allá de los discursos y la propaganda gubernamental continúa una estrategia de despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y la violación cotidiana y permanente de los derechos humanos del pueblo chiapaneco.

La Procuraduría Agraria es la instancia gubernamental mediante la cual se opera de manera ilegal y con diversos engaños el despojo de tierras ejidales y comunales en Chiapas, así como es la responsable de generar la división y el rompimiento del tejido comunitario.

Ante la situación violatoria de los derechos agrarios de los comuneros de Jolsibaquil, este Comité junto con los comuneros Jolsibaquil hemos desarrollado una estrategia para la defensa de sus tierras comunales, la cual ha comprendido una campaña de información sobre la ley agraria y el programa FANAR en las comunidades de la zona norte de Chiapas, se ha integrado un espacio de mujeres comuneras, se han realizado distintas reuniones con comuneros y comuneras para analizar la actuación ilegal y los engaños de la Procuraduría Agraria (PA), y fundamentalmente hemos diseñado la ruta legal para detener el despojo de las tierras comunales por parte de la PA.

Como parte de estas acciones que se están impulsando, damos a conocer que el día de ayer 3 de enero, se realizó una asamblea comunal estando presentes comuneros básicos de los Bienes Comunales de Jolsibaquil y sus anexos Jolpoquitioc, Yocpoquitioc, Monterrey 1ª Sección, Monterrey 2ª Sección, Los Héroes y Los Ángeles, así como otras personas entre hijos de comuneros y avecindados procedentes de las mismas localidades, con el fin de analizar toda la situación relacionada con la aplicación del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) antes PROCEDE-PROCECOM y acordar su rechazo definitivo.

En esta asamblea los comuneros analizaron que las autoridades internas de los Bienes Comunales de Jolsibaquil no convocaron a ninguna Asamblea, para que los comuneros tomaran la decisión de aceptar o rechazar el programa FANAR. Por lo tanto la decisión de aceptar el dicho programa no fue tomada en una Asamblea de Comuneros, como lo marca la ley en sus artículos 22, 23 de la fracción VII al XIV, 24, todos en relación al 107 de la ley agraria vigente.

La información que han dado sobre el FANAR el Visitador Agrario Julio César Cruz Alfaro de la Procuraduría Agraria y el Lic. David Torres Zetina, Residente Agrario con sede en la ciudad de Palenque, ha sido totalmente errónea, llena de mentiras, dolo, amenazas y condicionamientos ilegales para obligar forzadamente a los comuneros en la aceptación del dicho programa. Entre las mentiras están las afirmaciones de que nuestros documentos agrarios que poseemos desde hace años, ya no serán legalmente válidos, que sólo valdrá el certificado del programa FANAR; que solamente con el certificado del programa FANAR podremos heredarle la tierra a nuestros hijos; que en estos momentos es gratuito para entrar al programa FANAR, pero que después será muy costoso y será obligatorio aceptarlo; que si no aceptamos el programa FANAR, ya no podremos recibir apoyos como el PROCAMPO u OPORTUNIDADES, ni se podrán hacer obras de infraestructura en nuestras comunidades; que quienes no acepten el programa FANAR, perderán sus derechos como comuneros.

Por tanto, la Asamblea de Comuneros tomaron los siguientes acuerdos:

1) Se rechazan todos los trámites y trabajos realizados para la aplicación del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) en nuestros Bienes Comunales de Jolsibaquil y sus anexos, por contravenir lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley Agraria y los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento de la ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares aplicable sobre la materia de acuerdo al artículo 107 de la Ley Agraria;

2) Se decide no permitir la entrada dentro de nuestros Bienes Comunales de Jolsibaquil y en sus anexos al personal de la Procuraduría Agraria y de otras empresas privadas e instituciones de gobierno que tengan como objeto de seguir el trabajo sobre el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR),

3) Se decide iniciar el correspondiente proceso jurídico penal en contra del Visitador Agrario de la ciudad de Yajalón, así como en contra del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales C. Nicolás Álvarez Jiménez, del Presidente de Consejo de Vigilancia C. Pablo López Jiménez, y los Representantes del Comisariado de Bienes Comunales de algunos anexos que están involucrados para obligar a los comuneros para la aceptación del FANAR, por haber violado las leyes agrarias vigentes y del Código Penal por falsificación de documentos y firmas, al abusar de sus cargos y tomar decisiones que afecta nuestras comunidades.

Señalamos que una comisión de comuneros entregará el acta de asamblea correspondiente en las delegaciones del Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, así como a distintas instancias del gobierno estatal. Asimismo se entregará esta documentación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en alcance de la queja presentada el 29 de noviembre de 2011 en contra de autoridades de la Procuraduría Agraria.

Manifestamos que este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha trabajado junto con Comuneros Choles de Jolsibaquil para integrar a las mujeres y tomar en cuenta su palabra en esta lucha por la defensa de su tierra, así como para que se respeten sus derechos, integrando para ello una mesa directiva integrada por las compañeras Victoria Gómez Sanchez (Presidenta), Concepción Parcero Álvarez (Secretaria), Josefa Parcero Encino (Tesorera), Hilda Álvarez Pérez (Vocal),Amelia Gutiérrez Gómez (Vocal).

Las mujeres comuneras de Jolsibaquil denuncian que existen amenazas de integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de darles de baja del programa Oportunidades por apoyar la defensa de su tierra y territorio y rechazar la imposición del FANAR por medio de la Procuraduría Agraria.

Por todo lo anterior, nuevamente exigimos a la Procuraduría Agraria se conducta dentro del marco de la ley agraria vigente y cese su estrategia de despojo en las tierras comunales de Jolsibaquil, municipio de Tila. Así también los responsabilizamos del clima de confrontación que han generado dentro de las comunidades de la zona norte de Chiapas, particularmente en los Bienes Comunales de Jolsibaquil.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 4 de enero de 2011.
AL PUEBLO DE CHIAPAS
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA

¡POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO!
Comuneros de Jolsibaquil, municipio de Tila
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa

Autoridades comunitarias rechazan proyectos mineros en el estado de Oxaca; denuncian no haber sido consultadas

Deja un comentario


 

Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 8 de diciembre de 2011

Boletín de prensa
Autoridades / Ciudadanos / OSC de DH

  • Posición de autoridades sobre proyectos mineros en el estado de Oaxaca

Reunidos/as en el  Segundo Foro Regional Informativo sobre Minería y sus Impactos en Comunidades Indígenas y Rurales, realizado el 26 de Noviembre de 2011 en la agencia municipal de Maguey Largo, San José del Progreso Ocotlán; manifestamos nuestro rechazo total a la minería en la región de Ocotlán y Ejutla. Denunciamos que los proyectos mineros: San José, Los Ocotes, Monte Albán y Taviche NO fueron consultados en asambleas de ejidatarios y/o ciudadanos, por lo que no tienen el consentimiento de nuestras comunidades  para su realización.

Considerando que:

  • Las Asambleas comunitarias son la máxima expresión de la vida comunitaria, en donde se toman las decisiones para el beneficio de todos y todas, y consecuentemente para la defensa del territorio.
  • La tierra, el territorio y los recursos naturales son propiedad colectiva de los pueblos y comunidades, éstos no coinciden  con la visión de “desarrollo” impulsada por los gobiernos federal y estatal.
  • El PROCEDE, PROCECOM y FANAR son instrumentos de la política agraria federal para facilitar la entrada de empresas mineras y otras obras a gran escala, que debilitan la propiedad colectiva y los mecanismos comunitarios de defensa del territorio.
  • Las empresas mineras necesitan grandes cantidades de agua, situación que agudiza la problemática de agua de los Valles Centrales, en donde existe escasez del líquido vital.

Denunciamos:

El día 20 de Noviembre de 2011, El presidente municipal de San José del Progreso el C. Alberto Mauro Sánchez, mandó a citar al agente municipal, al secretario y tesorero de Maguey Largo, amenazando que él, su cabildo y la Agencia de Policía de “El Cuajilote” iban a hacer todo lo posible por cancelar el Segundo Foro Informativo sobre Minería, y que no permitiría la entrada de personas de otras comunidades a la agencia municipal de Maguey Largo para impedir la realización del Foro; expresamos que esta iniciativa fue pacífica y surgió a raíz de la preocupación de los pueblos de los distritos de Ocotlán y Ejutla afectados por las actividades mineras en su territorios, preocupaciones que no han sido escuchadas y atendidas por el gobierno estatal.

El 26 de Noviembre de 2011, llegó al municipio  de Magdalena Ocotlán, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Ing. Salomón Jara Cruz ofreciendo apoyos para el campo y diciendo que iba por parte del Secretario General de Gobierno, el Lic Jesús Martínez Álvarez, para “pedir el apoyo de las autoridades”; este apoyo consistía en   los permisos para el paso del ducto de agua tratada de la empresa minera Cuzcatlán, el Ing. Salomón dijo  que la empresa minera se encontraba muy preocupada debido a que Magdalena no ha dado los permisos para el paso de la manguera. Las autoridades le expresaron al Ingeniero que desde 2006 Magdalena Ocotlán se ha opuesto rotundamente a los trabajos  mineros en la región, por lo tanto no permitirán  de ninguna manera el paso de los ductos de agua tratada por el territorio de Magdalena Ocotlán.

El Ejido el Vergel y su Anexo los Ocotes denuncia que el delegado de la Procuraduría Agraria ha hostigado constantemente a los/as ejidatarias y autoridades agrarias  para que ingresen al programa FANAR  argumentando que es preferible llegar a un “acuerdo” con la empresa minera. Denunciamos que los estudios hidrogeológicos realizados  en 2007 por la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. en el Ejido el Vergel y su Anexo Los Ocotes son ilegales debido a que la comunidad no fue consultada en ningún momento a través de su asamblea.

El C. Hilario I. Vásquez Gómez  miembro de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán hace la denuncia del robo de su automóvil el día 28 de Noviembre de 2011 en el barrio de Xochimilco. Este acto se dio después de la realización del Segundo Foro por lo que coincidimos que es un acto intimidatorio debido a su participación en la lucha contra la minería en la región.

Exigimos:

  • Al Gobierno Estatal: deje  de presionar a los pueblos a través de sus dependencias y no utilice los recursos públicos como medida de chantaje para obtener el consentimiento de las comunidades, principalmente los programas de apoyo al campo.
  • Al gobierno federal y estatal: Respeto a la decisión de Magdalena Ocotlán de no permitir la entrada de Ductos de Aguas tratadas de Ocotlán.
  • A la Procuraduría Agraria: Respeto a la decisión de “el Vergel y su Anexo los Ocotes” de no permitir la entrada del FANAR. Alto al  hostigamiento hacia  las autoridades agrarias para la entrada de éste programa. Exigimos la cancelación de los estudios realizados en 2007 por la empresa minera Cuzcatlán.
  • Maguey Largo exige al presidente municipal de San José del Progreso  no  presione a la comunidad a través de la retención de recursos públicos, que por derecho le corresponde a la agencia.
  • Al gobierno estatal y municipal de San José del Progreso: Responsabilizamos  al C. Alberto Mauro Sánchez (Presidente Municipal de San José del Progreso), al C. Domingo Ángel Arango (Coordinador de la Asociación Civil: San José Defendiendo Nuestros Derechos) y al Cabildo Municipal de San José del Progreso por cualquier acto que involucre la seguridad e integridad física y moral de las autoridades, organizaciones y ciudadanos/as que se oponen a las empresas mineras en la región, principalmente la seguridad de el C. Felipe Eleuterio Vásquez Porras, Néstor Arango Porras y Melesio Juan Porras Hernández (Agente Municipal, Secretario y Tesorero respectivamente).
  • Al gobierno federal y estatal: Respeto a la decisión de Capulalpam de Méndez de NO permitir la entrada de la empresa minera Sundance a su territorio.
  • A la Procuraduría General del Estado: Se investigue el responsable del robo del automóvil del C. Hilario I. Vásquez Gómez miembro de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

La minería NO es  bienvenida en nuestras comunidades.

Autoridades Agrarias: San Martín Lachilá, San Antonino Castillo Velasco, La Pe, Cuatecas Altas, El Vergel y su Anexo los Ocotes, Capulalpam de Méndez, Tepehuaje.

Autoridades municipales: San Martín Lachilá, San Dionisio Ocotepec, Noria de Ortíz, El Vergel, Los Ocotes, San Juan Chilateca, Maguey Largo, Capulalpam de Méndez, San Martín de los Cansecos.

Ciudadanos/as: San Pedro Apóstol, San José del Progreso, El Cuajilote, San José Ozolotepec, Nochixtlán, San Matías Chilazoa, Santa Lucía, Oaxaca, Magdalena Ocotlán, Santa María Alotepec, Santiago Lapaguía Miahuatlán, Ayutla Mixe, Santiago Apóstol, El Porvenir, Jaltepec de Candayoc.

Organizaciones: Movimiento por el Planeta, Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios del Pueblo Mixe Ser Mixe A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez PRODH A.C., Oaxaca Mujer, Luna del Sur A.C.

Martes, 06 de Diciembre de 2011

 

Vídeo Centro Prodh: Minas y Mentiras – La verdad sobre el proyecto minero en San José del Progreso (Oaxaca)

Ejidatarios de Bachajón denuncian despojo de tierra por el mal gobierno de Chiapas y anuncian su decisión de recuperarlas.

Deja un comentario


 

Ejido de San Sebastián Bachajon adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, Chiapas, México. A 30 de Noviembre 2011

A los medios de comunicación masivos y alternativos

A los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales

A las organizaciones civiles e independientes

A los adherentes a la otra campaña nacional e internacional

A la comisión sexta internacional

A las juntas de buen gobierno

Comunicado

Por la actuación del gobierno del estado de Chiapas y Juan Sabines Guerrero en complicidad con las autoridades de diferentes dependencias y del ayuntamiento de chilon Chiapas incluyendo al comisariado oficial de San Sebastián Bachajon Chiapas, después de los intentos fallidos por la construcción que han realizado sin el consentimiento del máximo órgano ejidal violando todos los derechos humanos y de los tratados de la OIT que el pasado mes de febrero del 2011 construyeron un centro de respuesta en atención de emergencias, la permanecía de la policía estatal preventiva, el control el manejo de nuestros recursos naturales y áreas protegidas CONANP sin que existiera un acta de asamblea del consentimiento del ejido se están aprovechando y destruyendo nuestros recursos y patrimonio del pueblo favoreciendo los intereses políticos de uno cuantos lacayos vividores de la política como el caso del C. Manuel Jiménez Moreno, Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito) Juan Álvaro Moreno, Antonio Jiménez Deara estafadores y vividores de la sociedad que fueron los únicos en firmar el convenio que elaboraron el pasado 13 de febrero del 2011 en la universidad tecnológica de la selva instalando como mesa de concertación y dialogo por la paz cuando la verdad venían con otra intención el despojo la represión la violencia eso está muy claro quedan en descubierto por el amparo 274/2011 promovido por ejidatarios adherentes a la otra campaña donde el gobierno del estado de Chiapas en complicidad con la secretaria de medio ambiente y recursos naturales SEMARNAP elaboraron un plano de decreto que no coincide con el decreto presidencial del 29 de abril de 1980 despojándonos de más de 600 HTAS incluyendo la caseta de cobro cuando el ejido San Sebastián Bachajon cuenta con la documentaciones carpeta básica y planos definitivos es un claro interés de que el gobierno del estado quiere imponer la ley del despojo comprando conciencias tal como el caso de las autoridades oficialistas de san Sebastián Bachajon por unos cuantos pesos entregaron un pedazo de nuestro patrimonio ancestral ignorando el pueblo de hombres, mujeres niños, niñas, jóvenes que promueven sus usos y costumbres construyendo otros modo de convivencia más digna eso es lo que le hace falta al pueblo pero más sin embargo no es así, las autoridades oficialistas nada mas están satisfaciendo sus intereses políticos con el recurso del pueblo, por todo esto ejidatarios, ejidatarias de San Sebastián Bachajon hemos tomado la decisión de recuperar las instalaciones de la caseta de cobro de agua azul de las entradas del centro eco turístico tomado en consideración de dichas construcciones se encuentran en las inmediaciones del terreno ejidal sin el consentimiento del máximo órgano ejidal sin el consentimiento del máximo órgano ejidal dicho acto es concesado por el núcleo ejidal en caso de que el gobierno del estado de Chiapas y federal toma algún acto represivo será responsable de cualquier acto que suceda durante la toma algún acto represivo será responsable de cualquier acto que suceda durante la toma de las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajon adherentes a la otra campaña.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE


Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones
que buscan compartir su palabra. La postura difundida,
no necesariamente constituye la valoración de este Centro.
El espacio de denuncia pública es de todas y todos.

Visita nuestro Blog: http://www.chiapasdenuncia.blogspot.com/

—————————-

Área de Sistematización e Incidencia / Denuncia Pública
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
denunciapublica@frayba.org.mx
http://www.frayba.org.mx
Facebook: Chiapas Denuncia Pública
Twitter: chiapasdenuncia

Older Entries