Posible vínculo de escuadrones de la muerte de El Salvador en negocios de Romney

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David Brooks (LA JORNADA)

Los Angeles Times revela que varios exiliados ultraderechistas son socios del republicano.

Invirtieron unos 9 millones de dólares en la empresa Bain Capital del aspirante a la presidencia.
Mitt Romney, virtual candidato presidencial del Partido Republicano, obtuvo inversiones para su empresa financiera Bain Capital de exiliados latinoamericanos derechistas en Miami, algunos posiblemente vinculados con escuadrones de la muerte salvadoreños.
Unos 9 millones de dólares de la inversión inicial de la empresa privada financiera de Romney y sus socios provinieron de familias salvadoreñas (entre otros latinoamericanos) que residían en Miami durante la guerra civil de su país en los 80, reportó el Los Angeles Times el mes pasado.
Aunque estas relaciones de Romney con las familias oligarcas de El Salvador ya han sido reportadas de manera esporádica antes, recientemente se han intensificado las interrogantes sobre los vínculos de estos primeros inversionistas con la empresa financiera Bain Capital -fundada en 1984 por Romney y un grupo de socios- donde han permanecido como clientes y asociados de la empresa hasta la fecha.
La campaña electoral de Romney y la empresa han rehusado comentar los detalles de los inversionistas iniciales de Bain. Pero Los Angeles Times reportó recientemente que después de que los fundadores de Bain, incluido Romney, invirtieron 12 millones de su propio dinero, recaudaron alrededor de un tercio de los 37 millones en fondos de inversión iniciales de extranjeros ricos, la mayoría a través de empresas registradas en Panamá.
El primer inversionista exterior de los fundadores fue Jack Lyons, financiero británico que invirtió unos 2 millones y medio de dólares. Años después, Lyons fue condenado judicialmente por un escándalo financiero no relacionado con este negocio. Poco después, Romney viajó a Miami para negociar la inversión de los latinoamericanos, en particular salvadoreños, en su empresa. En ese tiempo -1984- funcionarios del gobierno estadounidense estaban acusando públicamente a algunos exiliados en Miami de financiar a escuadrones de la muerte derechistas en El Salvador, indicó el Times. Algunos familiares de los primeros inversionistas fueron vinculados con los escuadrones, aunque el rotativo informó que no hay pruebas de que esos mismos familiares en particular, aunque sus familias sí, invirtieron en Bain.
De hecho, en esas fechas Romney expresó preocupación ante la sugerencia de su socio Harry Strachan de buscar fondos de inversión de los centroamericanos en Miami, ya que temía que esos fondos podrían estar vinculados con “dinero de drogas ilícitas, escuadrones derechistas o terrorismo de izquierda”, reveló el propio Strachan al Boston Globe años después. Pero necesitaban los fondos para lanzar la nueva empresa y Romney viajó a Miami. Esos latinoamericanos han permanecido como clientes leales de Bain y por lo menos hasta 2008 continuaban con uno de los grupos de inversionistas más grandes en Bain, según las memorias de Strachan.
El Boston Globe y Los Angeles Times han identificado a las familias salvadoreñas de Sola y Salaverría entre los primeros inversionistas, y el propio Romney, cuando regresó a Miami en 2007 para buscar apoyo financiero para su primera campaña presidencial, recordó en un discurso que estaba agradecido con varios latinoamericanos de esa ciudad por ayudarlo a impulsar a Bain, y nombró a Ricardo Poma, Miguel Dueñas, Pancho Soler, Frank Kardonski y Diego Ribadeneira, reportó ayer el Huffington Post. Algunos integrantes de estas familias, indica, estaban financiando directa o indirectamente a escuadrones de la muerte en El Salvador.
En 1984 la familia Salaverría -en particular los hermanos Julio y Juan Ricardo- fue acusada por el ex embajador estadounidense en El Salvador, Robert White, de financiar a grupos paramilitares en ese país, informó hoy el programa noticiero nacional Democracy Now. El Huffington Post añade que esa familia, como la de Sola, los Poma y los Dueñas tenían relaciones profundas con Arena, fundada por el líder de escuadrones de muerte Roberto D’Aubuisson.

El Boston Globe en 1994 y el Salt Lake City Tribune en 1999 reportaron los vínculos de las familias que invirtieron en Bain con los escuadrones de la muerte, ahora estos fantasmas regresan en plena campaña electoral de Romney.

El Salvador: La derecha salvadoreña en la lógica de Honduras y Paraguay

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Rudis Yilmar Flores Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

La historia de El Salvador después de los 190 años de independencia de la corona española estuvieron ligados a la consolidación del bloque de poder hegemónico representado hasta la década de los años 90 del siglo XX por la oligarquía cafetalera y en los años posteriores el afianzamiento de la oligarquía financiera que durante los últimos 20 años desde la llegada de Alfredo Cristiani en 1989, Armando Calderón Sol 1994, Francisco Flores,1999 y Antonio Saca 2004 mantuvieron el poder político del Estado, lo cual les permitió impulsar el modelo neoliberal que condujo al país a niveles apremiantes de pobreza.

La derrota de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en marzo de 2009, trajo consigo una de las peores crisis en la historia de este partido político. La cobertura mediática fue amplia e incisiva porque después de todo, fue una novedad que la principal y más poderosa maquinaria electoral de los últimos 20 años estuviese haciendo aguas frente a los ojos de todo el país. Sin embargo, visto en una perspectiva más amplia, lo que sucedió ARENA la representación política del los grupos de poder económico no es más que la pérdida del control del Estado. ARENA gobernó desde 1989 hasta finales de mayo de 2009. Durante su mandato también controló el parlamento desde el cual privatizo las principales instituciones estatales desde las que no proporcionaban un bien público hasta las telecomunicaciones y las generadoras de energía eléctrica, dolarizo la economía, envió tropas a Irak en apoyo a la ocupación de Estados Unidos y firmó un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que propició el fin de pequeñas empresas y sectores de la agricultura.
Controló totalmente el sistema judicial salvadoreño, que era manejado desde casa presidencial convirtiéndolo en uno de los sistemas más corruptos de América Latina orientado a crear todo el marco jurídico en defensa de los intereses dominantes y provocando una retardación de justicia para los sectores pobres que siguen en la lucha por la defensa de sus derechos plasmados en la constitución política.
En este contexto el principal instrumento político de la clase dominante se convirtió en oposición manteniéndose en una campaña permanente de desprestigio en contra del gobierno del presidente Funes que llego al poder del Ejecutivo por el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) y presentándose como la “fuerza política capaz de defender los intereses de los sectores populares” y que le dio resultado en las elecciones de marzo de 2012 donde logra escalar en el número de diputados de 19 a 33 y pese a tener mayor número de diputados y al no contar con mayoría simple su estrategia de desgaste de cara a las elecciones presidenciales del 2014, es volver ingobernable el país tratando de obstaculizar el trabajo legislativo.
Está claro que recuperar el poder por parte de la derecha, resulta una tarea difícil pues los procesos democráticos orientan a la construcción de un modelo de sociedad consecuente con los intereses de las grandes mayorías y obligan a propiciar los espacios de participación de la población en la toma de decisiones y en ejercer la contraloría social.
La crisis política que vive el país con el enfrentamiento entre el órgano legislativo y el judicial son la clara expresión de la lucha de clases y resulta bastante difícil entender la situación cuando se busca analizar desde distintas interpretaciones ya sean jurídicas, políticas o cuando podemos ver el contexto latinoamericano donde la derecha cambia su estrategia en complicidad con los EEUU, a partir de propiciar los golpes de Estado mediante la predominancia de un orden jurídico que es favorable a sus intereses, en este caso la constitución de El Salvador donde se cobija la clase dominante resulta hoy en día ser obsoleta por no poner en el centro de la discusión la participación de la sociedad civil en la toma de dediciones o resolver los grandes problemas que enfrentamos como la pobreza, la seguridad, la educación.
Bajo esta óptica es válido mencionar que en Honduras en junio de 2009 se produjo un golpe de Estado regulado por la constitución hondureña, derrocando al presidente Manuel Zelaya, elegido legítimamente por el pueblo y recientemente en junio de 2012 encontramos el caso de Paraguay donde se ejecuta un juicio sumario contra el presidente Fernando Lugo que rompió la tradición del partido Colorado representante del sector hegemónico, amparado en la constitución Paraguaya que violenta la voluntad popular expresada las elecciones del abril del 2008. En ambos casos se comenzaban a gestar cambios leves pero importantes en materia social y económica que favorecían los intereses de las grandes mayorías, dos países considerados los eslabones más débiles de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
En El Salvador a pesar de las distintas interpretaciones que se le quieran hacer a la crisis, es notable que la derecha mueve toda su maquinaria en defensa de un orden jurídico conservador, esto implica sacar a las supuestas vacas sagradas que en el pasado formaron parte del Órgano Judicial y defendieron el proyecto dominante de la oligarquía terrateniente a que interpretan si es o no constitucional una ley o un decreto legislativo.
Algo es determinante en la interpretación de esta coyuntura, es el papel nefasto de los principales medios de comunicación en manos del sector empresarial, que han logrado arrastrar a muchos sectores como la iglesia católica, algunas universidades privadas y a la izquierda moderada a presentarse en primera fila por la defensa de la constitución. Se crean organizaciones como aliados para la democracia, organismo que representa a la Empresa Privada y que encabeza una serie de movilizaciones de trabajadores que de lo que menos entienden es que lo que está en juego no es la constitución si no la construcción de una sociedad más justa y del proceso de paz surgido de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en 1992.
Existe una clara discusión sobre la viabilidad de esta crisis en amplios sectores académicos, sin embargo se produce un sesgo ideológico entre quienes defienden la actual constitución y quienes consideran que esta solo representa una continuidad del proyecto dominante de la burguesía empresarial y la única vía que le permitiría propiciar un golpe de Estado sustentado en el orden jurídico vigente como lo manifiesta el presidente de la empresa privada profundizar la crisis, llevar al país a un proceso de ingobernabilidad con la posibilidad de ejecutar algo similar a lo de Paraguay.
En todo caso estamos ante el enfrentamiento de los dos proyectos políticos, uno que se vale de toda su maquinaria y que arrastra a sectores conservadores en defensa del orden vigente y la izquierda que libra sus batallas en la construcción de un estado de derecho más consecuente con los intereses de las grandes mayorías. Por lo tanto la salida a la crisis deberá tener una salida política y no jurídica.
Rudis Yilmar Flores Hernández es Sociólogo, Profesor de la Universidad de El Salvador, San Miguel, C.A.

Proyectos Mineros significan muerte en El Salvador

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martes, 19 de junio de 2012

Iliana Chacón (COLATINO)

A poco más de un año sigue sin esclarecerse la muerte de Juan Francisco Durán Ayala, activista contra la minería en Cabañas. Este caso abona al símbolo de muerte que en El Salvador representa luchar por el medio ambiente y la vida.

Luis, María, Ernesto y Silvia son nombres comunes del léxico salvadoreño. Juan Francisco, Marcelo, Ramiro y Dora Alicia no son sólo eso, son identidades de quienes por sus ideales ambientalistas terminaron asesinados.
En 2005, Francisco Pineda, agricultor de la zona de San Isidro, Cabañas, fundó el Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC).
Esta asociación trabaja desde hace siete años en contra de los proyectos mineros que Pacific Rim, compañía minera canadiense, ha intentado concretar en la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas.
Al igual que Pineda, Juan Francisco Durán Ayala luchó, hasta el día de su muerte, por lograr que los recursos naturales de donde él y su comunidad vivían, no fueran explotados.
El 13 de junio de 2012 se conmemoró la muerte de Ayala. Hace un año desapareció de su domicilio y fue encontrado 11 días después en una fosa común del Cementerio La Bermeja, en San Salvador. A través de un comunicado de prensa CAC exige a las autoridades responsables del caso, que capturen a los asesinos y que den a conocer la información del caso de Ayala.
Sin embargo, no sólo la muerte de Juan Francisco es la que ha quedado sin resolver. También, la muerte de Ramiro Rivera, Marcelo Rivera y Dora Sorto, todos activistas y miembros de asociaciones que se manifiestan en contra de la minería en El Salvador.
Recordar la muerte de un ambientalista de 30 años, con sueños y aspiraciones de ser un buen maestro de idiomas no es lo más impactante, sino que las muertes como ésta y la de los otros tres, queden impunes y sin ninguna investigación.
El énfasis radica en que aún cuando en el título dos, capítulo uno de la Constitución de la República de El Salvador se exponga que: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Publicado por ARGENPRESS

El Salvador: Economía verde, deuda disfrazada de solución

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martes, 5 de junio de 2012

Zoraya Urbina (COLATINO)

La economía verde no es una solución que reduzca los riesgos ambientales o mejore las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, sino es otra modalidad de deuda disfrazada de solución, indicó Rosalía Soley, de la Federación Luterana Mundial.

En el marco de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río+20, que se realizará entre el 20 y 22 de junio de este año, en Río de Janeiro, Brasil, la Federación; la CampañaMesoamericana de Justicia Climática y Actalianza ofrecieron una conferencia de prensa para exponer su posición sobre el encuentro.
“Es el mismo modelo económico, pero de apellido verde”, dijo, pues la economía verde es una nueva modalidad de acumulación, que no respeta los derechos de las poblaciones más vulnerables, sino que aumenta la deuda de cada nación, agregó.
Este concepto, acuñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente (PNUMA), “es una modalidad disfrazada con programas de estabilización monetaria y ajustes estructurales, que sólo beneficia a las grandes potencias, al capital financiero y a las empresas transnacionales”, destacó Ángel Furlan, de la Federación.
Aseguró que, bajo esta modalidad se ofrecen préstamos para adaptación, mitigación y restauración y se aumenta la deuda. Furlan explicó que el verdadero problema de la región, no son las catástrofes posteriores a los fenómenos naturales, sino la vulnerabilidad. Los efectos del Cambio Climático se agudizan en las regiones más empobrecidas, añadió.
“Es interesante que los que tenemos que mitigar somos los que no somos responsables, se ofrecen préstamos para mitigar, el sistema nos hace responsables y nos endeudamos para bajar la deforestación”; subrayó.
Furlan insistió en que la vulnerabilidad en algunos países de América Latina no se debe a la pobreza, sino que es “vulnerabilidad adquirida “pues somos países ricos, que hemos sido empobrecidos porque hemos sido saqueados, el problema no es la pobreza, sino la codicia superlativa de muchos”, precisó.
Añadió, que no se puede hablar de mitigación, sino se habla de injusticia social, de la ambición desmedida de las transnacionales, de la voracidad del actual sistema y de la vulnerabilidad adquirida.
Por tanto, invitó a los líderes que se reunirán en Río +20 para que tomen medidas pensando que el mundo es la casa de todos y no de algunos, “la economía y el desarrollo tienen que estar enfocados en esa concepción”, concluyó.

Publicado por ARGENPRESS

El Salvador en ruta a la autosostenibilidad en producción de semilla de granos básicos

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miércoles, 9 de mayo de 2012

COLATINO

El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, informó hoy que 60 mil productores han recibido ya los paquetes agrícolas de semilla de maíz y fertilizantes para iniciar la siembra del año agrícola 2012, y que tiene proyectada una producción de 22 millones de quintales de este grano.

El gobierno inició la entrega de los paquetes el 27 de abril con la proyección de 315 mil productores según el censo agrícola efectuado, informó el funcionario, en la entrevista matutina Agenda de Nación, que transmiten Canal 10 y Radio Nacional.
El viceministro destacó la importancia del apoyo del gobierno, ya que con la entrega de los 315 mil paquetes de semilla de maíz y fertilizante se contribuye con cerca del 80 % de la producción nacional del país, “es decir, de los 22 millones de quintales que se esperan producir este año el 80% proviene de la entrega de estos insumos agrícolas”.
La semilla fue comprada a un mil 600 productores salvadoreños, lo que significa en el total de paquetes el 77% de producción nacional, es decir, 242 mil paquetes representan la compra a los agricultores salvadoreños, “lo que permite proyecciones de autosostenibilidad en granos básicos”, dijo el funcionario.
En relación a las recientes manifestaciones de productores que supuestamente no han tenido acceso a los paquetes agrícolas ni a créditos, el funcionario aclaró que el Banco de Fomento Agropecuario aperturó una línea de crédito subsidiada por el gobierno en los cuales “27 mil productores tuvieron acceso al crédito el año anterior con una inversión de casi 30 millones de dólares y para este año es tener un incremento al monto de crédito a 35 millones disponibles para esta línea”.
El Viceministro Flores recalcó que para la entrega de la semilla se realiza en coordinación con una plataforma informática del Ministerio de Economía y que también se está trabajando para que las familias que no se registraron: “lo que hemos comentado que se cumplen los criterios establecidos por el ministerio y que se puede hacer una segunda verificación y esto lleva un proceso que cumplen con los criterios y que puede ser parte de este programa”, dijo el funcionario.
El viceministro pronosticó la producción 2.2 millones de quintales de frijol para el año agrícola 2012 y se iniciará la entrega de semilla a 160 mil familias en el mes de agosto.
Publicado porARGENPRESS

El Salvador. Una lucha por la igualdad y la justicia social: valió la pena

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martes 24 de abril de 2012

Leonor Cárdenas (COLATINO)

Evangelina Dubón de Castillo es una de las sobrevivientes veteranas de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), un ejército revolucionario, creado con el objetivo de luchar contra la desigualdad e injusticia social que por años mantuvo reprimida a las familias más pobres del país.

Pese a los años que han pasado del conflicto armado, el rostro de Dubón, refleja tristeza y desolación cada vez que habla del tema, pues no solo perdió sus bienes materiales, sino también a familiares y a tres de sus hijos, quienes fueron asesinados y desaparecidos por elementos del ejército.
“Hasta la fecha no he podido dar santa sepultura a mis tres hijos, esa es una angustia y tristeza para mí, pues sé donde están, al menos sé donde los asesinaron, pero no he podido enterrarlos; eso para mí es doloroso”, manifestó la veterana de guerra, con la voz entrecortada.
Pese a las diversas experiencias vividas por cada uno de los integrantes del grupo de veteranos de guerra del FMLN, su catalizador ha sido siempre reinvindicar los derechos humanos de la población históricamente excluida en el país.
“En vista de la pobreza en la que vivíamos y las injusticias que se cometían descaradamente en esa época, decidimos formar parte del FMLN, arriesgándolo todo, hasta la vida”, expresó Silverio Landaverde Aguilar, de 75 años, residente en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, quien al igual que Dubón, también perdió a una de sus hijas. Son muchas las historias que los cientos de sobrevivientes recuerdan sobre su participación en la guerrilla, cada una de ellas tiene algo en común como el objetivo de la lucha y el haber perdido en combate, enfrentamientos o masacres desarrolladas por el ejército, a familiares, amigos e hijos.
“Yo decidí formar parte del FMLN, porque no me gustaban las injusticias que se cometían en contra nuestra, los gobernantes se apropiaban de nuestras tierras, echando a la basura la agricultura y dejándonos sin techo”, comentó Nicolás Nolasco, también de Nueva Concepción.
“Una lucha de justicia, nuestro país necesitaba un cambio social más justo, transparente y leyes en beneficio de los más pobres. Siempre estuvimos claros de que solo luchando íbamos a lograr algunos de los objetivos que hemos alcanzado, pues muchas de las personas que no tenían donde vivir, ahora tienen y muchos han legalizado sus tierras”, explicó Manuel Doroteo Serrano, quien al igual que sus hijos formó parte del FMLN en los años 80.
Serrano al igual que la mayoría de los excombatientes también sufrió persecución por parte del ejército, el cual, lo buscaba para capturarlo y asesinarlo.
“Aunque yo he tenido la suerte de vivir para contar la historia, mis primeros dos hijos no corrieron con la misma suerte, ellos murieron luchando por la justicia y la paz de nuestro país; hasta hoy no sabemos donde están sus cuerpos asumimos que los soldados después de asesinarlos los quemaron, son hechos que no se olvidan”, manifestó Serrano, con un semblante desolador.
Pese a las cicatrices de sus cuerpos y almas, cada una de las y los veteranos de guerra del frente izquierdista, se mantienen “en pie de lucha” trabajando por sacar adelante a sus familias y evitar que la historia de injusticia y desigualdad social se repita. “Los agricultores hemos sido uno de los sectores más olvidados por los gobiernos anteriores”, agregó Serrano, acción que actualmente ha cambiado gracias al esfuerzo del actual gobierno el cual, se ha preocupado por garantizar un bono mensual a los más de 3 mil veteranos de guerra del FMLN.
Dicho bono, explicó Fredi Guillermo de la Cruz, asesor en desarrollo del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), es parte de la implementación del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), impulsado por el actual gobierno de la República, con el propósito de reconocer el esfuerzo de las y los veteranos del FMLN en ese municipio.
“Solo en el departamento de Chalatenango, el número de beneficiados de veteranos de guerra del FMLN, al momento es de 333; con la firma de este convenio entre los beneficiarios del programa y representantes del gobierno, se establece el cumplimiento de los compromisos entre ambas partes”, agregó Cruz. El bono que estas personas recibirán es de 50 dólares mensuales, sin embargo, estos, según explicó Cruz, serán entregados cada dos meses, es decir 100 dólares bimensuales.
Como parte del proceso, la Secretaría Técnica de la Presidencia, en coordinación con el FISDL, realizaron la firma del convenio con los adultos mayores de este sector, para que puedan recibir dicho beneficio.
Las firmas de los convenios se realizarán a nivel nacional e incluirán a más de 2600 excombatientes mayores de 70 años, que no reciben otro tipo de pensión y que estén debidamente inscritos en el Registro Nacional de Veteranos, realizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia con las diferentes asociaciones de ex combatientes de la ex guerrilla.
Entre los municipios y departamentos en los que se efectuarán las firmas de convenio se encuentran: San Salvador, Zacatecoluca, Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Meanguera (Morazán), Jiquilisco (Usulután) Suchitoto (Cuscatlán), Tecoluca (San Vicente), Victoria (Cabañas) y Santa Tecla (La Libertad).
Esta iniciativa, la cual se ejecutará a nivel nacional, forma parte de las políticas públicas con las que el Ejecutivo pretende beneficiar a un sector que históricamente había sido marginado y que en la actualidad se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Las medidas de apoyo para este sector, también incluyen un Programa Nacional de Atención Integral en Salud, la incorporación de 3 mil 400 madres y padres de combatientes caídos durante el conflicto armado al sistema de pensiones del Fondo de Protección de Lisiados y la inclusión como beneficiarios y beneficiarias de un Programa de Pensión Básica. Este proceso de trabajo ha tenido como resultado, la conformación de mesas temáticas de trabajo en las áreas de salud, económico productivo, capacitación y educación, vivienda, seguridad social y memoria histórica.

Publicado por ARGENPRESS

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