Trabajadores denuncian abusos por parte de empresa china en Acatzingo

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Alarma y descontento en los productores por la fuerte baja de precios internos del café en México

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Difusión Cencos México D.F., 5 de junio de 2012

Boletín de prensa
Conoc

Sin la cosecha 2011-12 (octubre 2011 – marzo 2012)  todavía en enero y febrero en las regiones de precios mas altos un quintal de café pergamino (57.5 kilos) se pagaba en alrededor de 2700.00 pesos, ahora en la mayoría de estas regiones no rebasa los 1700.00 pesos.

Si bien los precios han descendido en la Bolsa del café de Nueva York de alrededor de los 220.0 dólares las 100 libras a los 157.5 actuales, (cerca de 65 dólares) el peso también ha tenido una devaluación importante los compradores locales ligados en su gran parte a las grandes empresas transnacionales que controlan las compras en México, como (AMSA, CALIFORNIA, NESTLE y otros) están castigando aun mas los precios.

De mayo del 2011 a principios de junio del 2012, los precios en la Bolsa del café de Nueva York han pasado de alrededor de 305 dólares las 100 libras a los 157.50 actuales, que es una baja de 147.50 dólares, que ya se acerca al 50%.

En el ultimo año se tiene una de las mayores bajas de precios en las Bolsas de materias primas aun mas en el café y la Bolsa del café de Nueva York ha tenido una retirada masiva de capitales especulativos que lo justifican por las tendencias de una recesión económica principalmente en países europeos y EE.UU. y además de menor crecimiento económico en países emergentes como China, India, Brasil, Rusia y otros. También muchos capitales especulativos se van a EE.UU., y se fortalece el dólar que afecta los precios de materias primas, además existe una fuerte presión política para disminuir los precios del petróleo (por las elecciones presidenciales en EE.UU.) y de la gasolina que arrastra a la baja a otras materias primas.

Con los datos actuales del mercado mundial del café no se justifica una baja tan fuerte.

Para este ciclo 2011-12 que termina en septiembre del 2012 se tendrá una cosecha de alrededor de 135.0 millones de sacos (EL USDA calcula 133.8) y un consumo que para el 2012 se colocaría en alrededor de 139.0 ó 140.0 millones de sacos (la OIC., estima 137.9 millones de sacos para el 2011. Se tendría entonces un déficit de producción de alrededor de 4.5 millones de sacos, y los inventarios mundiales seguirían descendiendo y no serian mayores a los 21.0 millones de sacos a fin del ciclo. Son los más bajos en muchas décadas y no representan ni el 15% del consumo mundial.

Para la cosecha 2012-13, se calcula un incremento de la producción principalmente en Brasil, Vietnam, y Colombia y ya varios reportes manejan cifras de alrededor de 146.0 millones de sacos, aun cuando se presentara un decrecimiento económico mundial en 2013, puede concluirse que el consumo mundial se colocaría en unos 141.0 millones de sacos, considerando los dos ciclos el 2011-12 y 2012-13 se tiene una situación casi equilibrada de producción y consumo con niveles muy bajos de inventarios.

El mayor aumento de la producción se esta dando en la variedad robusta en Brasil y Vietnam, y se tendrá en el ciclo 2012-13 una cosecha record de este tipo de café, que es mas barato y es el que promueven las grandes empresas transnacionales solubilizadoras por que les deja mas ganancias.

Un factor adicional que se señala,  y que influye en la baja de los precios es el de una cosecha record en Brasil que ya se esta dando actualmente; el USDA maneja 55.9 millones de sacos y el calculo oficial en Brasil CONAB es de 50.6. La mayoría de reportes coincide en una cosecha de unos 55.0 millones de sacos que no difiere mucho del ciclo anterior de cosecha alta en Brasil en 2010-11 que fue de 54.5 millones de sacos. Con el aumento del consumo de café en Brasil puede decirse que tendrá una producción exportable casi similar al ciclo antepasado.
El gran problema es si Brasil concentra sus exportaciones en pocos meses (julio – Nov) y contribuya a una mayor baja de precios.

En Brasil en reuniones de Organizaciones de Productores, el Gobierno Federal y los Sectores exportadores e Industriales, se ha pactado un fuerte financiamiento a tasas bajas de interés para promover que las exportaciones se distribuyan mas adecuadamente en todo un año y no se contribuya a afectar aun mas los precios.
Contrasta esto con la situación en México, que pese a la gravedad de la situación y los problemas que se están dado en varias Estados como Guerrero de conflictos entre productores y compradores de la grandes empresas, no les ha interesado a los Funcionarios de la SAGARPA y de la AMECAFE de realizar reuniones para revisar la situación de precios internos y las importaciones.

Las crecientes importaciones de café robusta principalmente de la empresa NESTLE afectan también los precios internos ya que son cafés mas baratos, se manejan cifras de 700 mil hasta 1.0 millón de sacos y hasta ahora la SAGARPA y la AMECAFE se han negado a realizar reuniones para dar información y revisar su impacto.

Se ha desvirtuado el funcionamiento de los organismos para el Sector Cafetalero en México, desde algunas áreas de la SAGARPA y funcionarios de la AMECAFE mas que ver el interés general del Sector Cafetalero les interesa promover mas los proyectos e intereses de una empresa transnacional como la NESTLE. En el consumo interno en México al utilizar café robusta importado barato compite deslealmente con miles de cafeterías que utilizan cafés arábigos lavados de mayor calidad y mejor preparados que contribuyeron al fuerte aumento del consumo interno en los últimos años.

Funcionarios de SAGARPA y la AMECAFE le dan prioridad a promover un aumento de la producción de café robusta en México, incluso con recursos fiscales, cuando no es viable por lo mayores costos de producción en México (en comparación con Vietnam, países africanos y otros). Aumentar fuertemente la producción de café robusta en México es contribuir a la sobreproducción de este café que sin duda llevara a un mayor derrumbe de los precios como ocurrió del 2000 al 2004 afectando a los productores de México.

Es muy grave que se utilice la infraestructura de la SAGARPA y la AMECAFE y los funcionarios que son pagados con recursos fiscales para promover principalmente los intereses de la empresa NESTLE.
Pese a las fuertes criticas desde el Sector Productor no se modifican las acciones de estos Funcionarios que probablemente terminando el sexenio pasaran a ser empleados de estas mismas empresas transnacionales.
En todo caso deberían renunciar desde ahora y que no sigan afectando al Sector Productor

¿Cuál es el interés o porque desde la Presidencia de la Republica se protege excesivamente a la empresa NESTLE afectando los intereses del conjunto del Sector Cafetalero Mexicano?

Esto es algo que sin duda tendrá que revisarse y aclararse deberán  tomarse decisiones ya que es fundamental para el futuro de la Cafeticultura Mexicana.

MEXICO D.F. A 4 DE JUNIO DEL 2012

ATENTAMENTE

FERNANDO CELIS CALLEJAS
ASESOR GENERAL DE LA CNOC

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Exigen al titular de Semarnat no otorgar ni un permiso más a la siembra de transgénicos

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Difusión Cencos México D.F., 5 de junio de 2012

Boletín de prensa
OSC de DH / Campesinas / Ambientalistas 

Hoy 5 de junio de 2012, día mundial del medio ambiente, decenas de organizaciones y personas emplazaron a Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a que se comprometa a no firmar un permiso más para siembras experimentales, piloto o comerciales de cultivos transgénicos, lo cual es parte fundamental en el Cumplimiento de su obligación de respetar el derecho humano al medio ambiente sano. Las organizaciones le dieron como plazo al funcionario una jornada laboral para hacer lo que no ha hecho en un sexenio: comprometerse con el campo mexicano y con el medio ambiente.

Con el mensaje Elvira: queremos verte trabajar por un México sin transgénicos las organizaciones le dieron como plazo al funcionario una jornada laboral para hacer lo que no ha hecho en un sexenio: comprometerse con el campo mexicano y con el medio ambiente.

La Semarnat es la instancia que da la última palabra a las solicitudes de siembra de transgénicos mediante un dictamen vinculante, el cual debe ser acatado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

“Hoy es la oportunidad del secretario Juan Elvira de demostrar para quien trabaja, si para las empresas transnacionales o para los mexicanos. Las organizaciones y ciudadanos que hoy estamos aquí presentes sabemos el grave daño que esta tecnología ocasionará al campo mexicano y a nuestra salud. Los permisos que se ha otorgado favorecen tan sólo a tres empresas: Monsanto, Syngenta y Agrodown; con lo cual se está favoreciendo el monopolio sobre nuestras semillas y la apropiación de nuestra riqueza genética, lo que significa el fin de nuestra soberanía alimentaria”, afirmó José Herrera Vizcarra, de la Central Campesina Cardenista.

De acuerdo con la legislación internacional y las últimas reformas a la Constitución nacional, el Estado mexicano desde todas sus instancias tiene la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en el territorio mexicano, el artículo 4º. constitucional ahora reconoce el derecho a un medio ambiente sano, al agua y a la alimentación. Por tanto todas las instancias de gobierno deben responder a estos derechos porque son obligaciones que han adquirido tanto en lo nacional como en lo internacional, declaró Clara Meyra del Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria.

“En múltiples ocasiones, Juan Rafael Elvira ha expresado su compromiso con la protección de los maíces nativos, sin embargo observamos su indiferencia ante lo más preciado que tenemos los mexicanos y que le hemos brindado al mundo: nuestro maíz. Con los transgénicos están regalando nuestra riqueza, nuestra identidad a las trasnacionales y usted será cómplice de ello”, dijo Francisco Almazán e Ignacio Cortez de la Comunidad Agraria de Tepoztlán.

“Rafael Elvira sigue firmando más permisos para siembras de transgénicos cuando tiene los elementos científicos de los estudios que confirman el grave daño que se estaría infringiendo a la riqueza genética de nuestro maíz. El Proyecto Global de Maíces Nativos costó millones a la Nación y ustedes han hecho caso omiso a las recomendaciones del mismo”, señaló Cati Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).

“Esta es una jornada en defensa de nuestra alimentación y de la producción campesina; estamos en contra de la entrega de nuestro patrimonio a Monsanto por parte del titular de Semarnat, Juan Rafael Elvira. Hoy Elvira debe elegir si se va con la vergüenza de haber permitido la contaminación transgénica del país o si actúa a favor de los miles de campesinos y consumidores que exigen un México sin transgénicos. Es su responsabilidad con las generaciones presentes y futuras”, demandó Adelita San Vicente de Semillas de Vida.

“Las áreas de consulta de la Semarnat, como son la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), han dado opiniones negativas sobre la siembra de transgénicos en México; sin embargo, Juan Rafael Elvira, ha otorgado 35 permisos para cultivos transgénicos de soya, 191 para algodón, 17 para trigo y 158 para maíz, poniendo en riesgo la biodiversidad y las semillas nativas. Por eso hoy, con base en argumentos técnicos, científicos y legales, le exigimos que no otorgue ni un permiso más”, exigió, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.

Debido a la irresponsable decisión de Elvira Quesada de autorizar cultivos de soya genéticamente modificada (GM) en la Península de Yucatán, Chiapas y la Planicie Huasteca (1) el país se encuentra frente al posible cierre de mercado de la miel mexicana, por contaminación con polen transgénico de cultivos de Monsanto, así como al riesgo de daños a la salud por el uso de agroquímicos ligados a los transgénicos, sin embargo los permisos continúan.

“El permiso a soya GM otorgado por la DGIRA-Semarnat, firmado por Alfonso Flores Ramírez (1), es una evidencia más de la intención de allanar el camino a las empresas de transgénicos en perjuicio del medio ambiente y de los derechos humanos de la sociedad. La Semarnat dio luz verde a pesar de que la Conabio y el INE dieron dictamen no favorable, y la Conanp opinó que, dado el evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas por contaminación del glifosato, así como de afectación a la polinización favorecida por la apicultura, se haga una evaluación del impacto ambiental de la soya transgénica antes de ser liberada”, denunció Federico Berrón de Miel integradora S.A., integrante del colectivo MA-OGM de la Península de Yucatán.

El Dr. Andrés Carrasco, jefe del laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Argentina, y becario Guggenheim desde 2005, autor del estudio “Los efectos teratogénicos y genotóxicos del glifosato”, ha demostrado un aumento de casos de cáncer, malformaciones y abortos en regiones cercanas a donde se realiza el cultivo de soya transgénica en Argentina, el cual está asociado con el uso del herbicida glifosato. Explicó que en diez años se triplicaron las malformaciones en extremidades, cara y abdomen, hubo aumento de leucemias y otros tipos de cáncer. Incluso, un organismo del ministerio de salud estudió 27 tipos de malformaciones y encontró que en la zona centro del país aumentaron dichas anomalías. El Dr. Carrasco sostiene que existe una correlación entre el momento en que comenzó a cultivarse –en 1996– y a crecer la superficie sembrada de soya transgénica con el incremento de estos problemas de salud en la población (2).

Las organizaciones han expresado su rechazo a la siembra de transgénicos en México con base en numerosas evidencias científicas sobre los daños provocados al ambiente, a la salud y a la economía campesina. También han aportado nuevas pruebas de estudios independientes realizados en Estados Unidos, Argentina, Canadá y la Unión Europea, que año con año demuestran que las advertencias y los riesgos se transforman en nuevos problemas, cada vez más difíciles de combatir.

“Esta podría ser una última llamada frente a la cerrazón del gobierno mexicano: el pueblo de México tendrá que tomar en sus manos la defensa de sus semillas y de su soberanía alimentaria, para impedir que el territorio nacional se convierta en república bajo dictado de Monsanto y cia”, finalizó Víctor Suárez de ANEC.

Fuentes:

1. Dictamen para la siembra de 253 mil hectáreas de soya en la Península de Yucatán, Chiapas y la Planicie Huasteca. Oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G./3530. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental.
2. Paganelli, A., Gnazzo, V., Acosta, H., López, S.L., Carrasco, A.E. 2010. Herbicidas a base de glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados al perjudicar la señalización del ácido retinoico. Chemical Research Toxicology, Agosto 9, 23 (10), pp 1586–1595. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749.

Mayor información con:

Angélica Simón (Greenpeace México) al 55 40 84 53 20, al correo asimon@greenpeace.org y en la página www.greenpeace.org.mx.
Adelita San Vicente (Semillas de Vida) al 55 26 53 77 00. adelita@semillasdevida.org.mx.
Cati Marielle (Grupo de Estudios Ambientales GEA) al 55 18 34 00 45, correo geasas@laneta.apc.org.

Boletín 12045 / 5 de junio de 2012

 

Vídeo: Defendiendo el ambiente. Toma de Semarnat

 

 

Vídeo: “Clausura” de Semarnat

 

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Pueblos nativos del Perú: Reglamento de consulta previa debe ser mejorado

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martes 10 de abril de 2012

Jorge Zavaleta Alegre (especial para ARGENPRESS.info)

La Defensoría del Pueblo, a través de un video, da a conocer los conflictos sociales que actualmente existen en el Perú http://www.actualidadambiental.pe/?p=14631.

La AIDESEP, una de las más grandes instituciones representativas de las comunidades nativas del Perú, lamenta la decisión del gobierno de publicar el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios sin considerar las propuestas de sus asociados. También informa que ya adquirió el kit para la recolección de firmas que declararían la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta Previa. Así inicia el proceso para lograr que “el Estado peruano acepte este error que podría desencadenar en más protestas sociales en el futuro”. También solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque de no ser atendida “solo beneficiará a las empresas transnacionales para la devastación de los territorios ancestrales originarios”.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entre otras instituciones de la sociedad civil, considera que el Reglamento de la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas, publicado el 4 de abril del 2012, “es un hito importante para el país, aunque su implementación supone muchos retos que deberán ser asumidos por el Estado.
Uno de los retos principales de la norma es la creación “de una base de datos, que ya se está trabajando en el Ministerio de Cultura, que permite identificar a todos los pueblos indígenas para iniciar todos los procesos de consulta cuando se emprenda una medida administrativa o legislativa que afecte a los territorios de los pueblos indígenas”.
El congresista de origen awajún, Eduardo Nayap, confirmó que “no existe un censo que se haya hecho en los territorios indígenas. En estos momentos nadie sabe cuántos somos o dónde estamos ubicados, nadie sabe las prioridades de desarrollo que los indígenas queremos plantearle al Estado”. El texto del comunicado AIDESEP:
Ante la decisión equivocada del Ejecutivo –a través del ministerio de Cultura y el vice ministerio de Interculturalidad- de aprobar y publicar hoy el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios; la Asociación Intertónica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP manifiesta a la opinión lo siguiente:
a) El espíritu de la organización nacional indígena amazónica fue, desde el inicio, solicitar la modificatoria de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 15, 19 y 2da disposición complementaria de la Ley 29785, por las razones siguientes:
Artículo 1.- Debe incluir TODA afectación, no solo “la directa” considerar toda fuente jurídica internacional, como la DNUDPI y no solo el Convenio 169 de la OIT.
Artículo 2.- Debe proteger TODO derecho indígena, no los “colectivos” e Invalidar todo acto no consultado a los pueblos.
Artículo 4- debe ampliar los principios de la consulta de solo 7 a los 18 concertados con el Estado en abril 2010.
Artículo 7.- Considerar indígenas a TODOS los descendientes desde la colonia, y no limitarlos a los descendientes “directos” y quienes conserven “todos” los elementos culturales que excluye a las rondas campesinas y pueblos indígenas costeros.
Artículo 15.- Precisar que la “decisión final” estatal, está obligada a lograr el Consentimiento cuando se trata de mega proyectos, depósito de relaves tóxicos, desplazamientos poblacionales o se afecte la supervivencia; a una segunda etapa de diálogo; a no afectar el derecho a medio ambiente equilibrado.
Artículo 19.- El Vice Ministerio de Interculturalidad no puede ser juez y parte en los reclamos sobre cuándo debe consultarse al mismo tiempo garantizar se cumplan los acuerdos; aquí se requiere de una Institucionalidad Indígena Autónoma dentro de la Estructura del Estado.2da. Disposición final.- Revisar y consultar los actos impuestos que hayan violado el C169 desde 1995 y no convalidarlos, ni confundir con “participaciones”.
b) Deslindar las opiniones del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, quien ha dicho –en reiteradas oportunidades- que la AIDESEP estaba de acuerdo con la promulgación de la ley. Aclaramos que estas declaraciones son antojadizas pues basta con leer las notas de prensa emitidas por nosotros el 08 de setiembre de 2011:“AIDESEP considera que Ley de Consulta es perfectible”(www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=2190) o del 09 de setiembre de 2011donde se afirma que si bien es cierto la ley es un buen primer paso, un mejor reglamento serían dos pasos sustanciales en la reconciliación del país(www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=2191); lo que demuestra que nuestra organización advirtió desde el inicio que la Ley de Consulta debía ser modificada paraqué cumpla cabalmente lo que especifica el Convenio 169 de la OIT.
c) Rechazamos este reglamento publicado hoy porque fue elaborado unilateralmente por el vice ministerio de Interculturalidad, a través de una Comisión Multisectorial de 18 vice ministerios y con el apoyo de organizaciones indígenas (CCP y CONAP) captadas vergonzosamente por el Ejecutivo. Hay que recordar que en un inicio, el propio vice ministerio de Interculturalidad negó la participación de estas organizaciones pues no las consideraba como tal y que después de la renuncia del Pacto de Unidad, conformado por la AIDESEP, CNA, ONAMIAP y CONACAMI a participar en la discusión de un reglamento de una ley que no cumplía con las conclusiones de los Talleres Macro regionales, recién los invitó para tener presente en la Comisión Multisectorial representación indígena y validar como sea este proceso, los cuales NO representan a los más de 10 millones de indígenas peruanos, que en un Estado de Derecho es violatorio y atentatorio a los derechos Constitucionales, ese “reglamento” no incluye los valiosos aportes de más de tres mil dirigentes de los propios pueblos que participaron en los talleres macro regionales los cuales han sido defraudados y traicionados.
d) Ante esta situación, la AIDESEP informa a la opinión pública nacional e internacional que ya adquirió el kit para la recolección de firmas que declararían la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta Previa e iniciaremos este proceso desde hoy con el objetivo de lograr que el Estado peruano acepte este error que podría desencadenar en más protestas sociales en el futuro.
e) Finalmente, solicitar a la Defensoría del Pueblo intervenga en este proceso que acompañó desde el principio y que sabe exactamente cuál es la posición de los pueblos indígenas frente a la publicación de un reglamento de Ley de Consulta que solo beneficiará a las empresas transnacionales para la devastación de los territorios ancestrales originarios. Consejo Directivo Nacional AIDESEP

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Perú : Algunas reflexiones sobre el conflicto de Yanacocha, y una proposición

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martes 17 de enero de 2012

José Bustos

El cuestionado proyecto Conga, de explotación aurífera en Cajamarca plantea en efecto, numerosos problemas, ambientales, sociales, económicos y políticos. Veamos algunos de ellos y de cómo podrían resolverse.

El primero de todos los problemas tiene que ver con el modo de explotación, à cielo abierto (o tajo abierto), que reúne prácticamente todos los males (grave depredación del ecosistema, consumo excesivo de agua, y altos niveles de contaminación) que se le atribuyen a la gran minería. En algunos países de América Latina, este tipo de explotación ha sido prohibido.
Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y ecológico, en el caso de las reservas de oro de Yanacocha, ese modo de explotación parece ser el más adecuado. El proyecto, en efecto, cuenta ya con un EIA (Estudio de impacto ambiental) favorable, que ha examinado no sólo las consecuencias ambientales del proyecto, sino también los medios propuestos por la empresa para mitigarlos.
Claro, cabe aclarar que este EIA se ha hecho a solicitud de la empresa, la Newmont (estadunidense, asociada a una compañía peruana), y no sería nada raro que haya contado con la benevolencia bien remunerada de los profesionales que lo redactaron.
El segundo problema tiene que ver con la reacción de la población concernida por las eventuales consecuencias medioambentales del proyecto. En este aspecto, todo parece indicar que una franca mayoría se opone tajantemente al proyecto. “Conga no va”, lo han repetido mil veces y lo siguen repitiendo a quien quiera escucharlos.
Esta oposición es harto comprensible. En ningún caso la explotación minera ha representado para las poblaciones aledañas un beneficio. Por el contrario, las grandes empresas transnacionales se han llevado siempre las riquezas extraídas y han dejado a la población en la miseria de siempre, con sus territorios físicamente devastados y fuertemente contaminados.
Por lo demás, el candidato presidencial Ollanta Humala, en su afán de ganar votos, no tuvo el menor empacho en prometer al pueblo de Cajamarca que él se opondría también, terminantemente, a la realización de ese proyecto. Algo que, una vez elegido Presidente, se apresuró a olvidar y pasó a convertirse en un fervoroso partidario. Tan entusiasta que no ha vacilado en tratar de impedir las movilizaciones de protesta mediante la declaración del Estado de Emergencia y la intervención enérgica de la fuerza pública.
Vista esta situación, de rechazo total del proyecto, resulta difícil entender que los representantes administrativos de la población (Presidente de Región, alcaldes, etc.), y de los movimientos sociales (como el Frente de Defensa Ambiental) se hayan prestado a participar en las “reuniones de negociación” con el gobierno. ¿Para negociar qué? Eso ha dado lugar, por parte del gobierno, a una iniciativa que puede contribuir a legitimar el proyecto: el anunciado peritaje internacional. Como se comprenderá, los resultados del EIA actual, hecho por la empresa, podían razonablemente ser cuestionados, pero será mucho más difícil hacerlo otra vez si esos resultados son ratificados por otros técnicos y científicos, independientes de la empresa.
Otro problema concierne los aspectos económicos de ese proyecto. No existe la menor duda que los beneficios financieros que cabe esperar, al precio actual de la onza de oro en el mercado mundial, en este periodo de crisis, son extremadamente importantes. Sin embargo, lo que hay que ver es a dónde irían esos beneficios. Tradicionalmente, las compañías multinacionales se llevan la parte del león, pero, también en estos tiempos de debilitamiento de la hegemonía norteamericana, siempre es razonable pensar que el gobierno –que se reclama nacionalista- haya obtenido condiciones de repartición más ventajosas.
El presidente Humala, como se sabe, o debería saberse, no es de izquierda, no ha propuesto nunca alguna variante del socialismo del Siglo XXI, como está de moda en otros países de la región. Sin embargo, su pregonada “Gran Transformación” con inclusión de los sectores marginados, parece inspirada de la experiencia brasileña, bajo la dirección de Lula, que a la par de promover el desarrollo de la burguesía y de la gran burguesía carioca ha implementado diferentes programas sociales para combatir, con relativo éxito, la muy difundida pobreza extrema de ese país.
Para hacer algo parecido en el Perú, Ollanta necesita imperiosamente los beneficios de la explotación minera y para obtenerlos es muy probable que insista, hasta las últimas consecuencias, en la realización del proyecto Conga. La pregunta elemental que inspira esta perspectiva es la siguiente: ¿se trata entonces de una política “extractivista”, típicamente neoliberal?
Si la pregunta se le hace a la mayor parte de los dirigentes de izquierda, la respuesta es obvia: “si, se trata de eso”. Ocurre que la izquierda peruana, como otras del subcontinente, es visceralmente anti-neoliberal, aunque no haya formulado nunca otro modelo de desarrollo alternativo. Solo algunas personalidades de izquierda postulan un desarrollo que no estaría basado en la explotación de los recursos naturales (gas, petróleo, minerales, etc.) sino en la explotación agraria. De ahí que afirmen, enfáticamente, que “El Perú, es un país agrario”.
La crítica de este “otro modelo de desarrollo” merece, por supuesto, una nota aparte, pero señalemos lo esencial. Este planteamiento ignora la imbricación de la economía peruana en el mercado no sólo latinoamericano, sino también mundial, de mercaderías, de tecnología y de capitales. No sería imposible, pero demoraría décadas para resolver los problemas urgentes del país.
Por lo demás, cuando se habla de desarrollo, recordemos que no se trata de promover el consumismo desaforado de los países “desarrollados”, sino de crear las condiciones para satisfacer necesidades elementales: crear puestos de trabajo, generalizar los servicios básicos, de salud, de educación, de vivienda, de transportes, de electrificación, de agua corriente, de desagües, y de construir una infraestructura productiva moderna que diversifique y acreciente incesantemente el valor agregado de la producción.
Finalmente, el caso de la proyectada explotación del oro cajamarquino, pone en evidencia otro problema mayor susceptible de reproducirse en otras regiones, como la selva peruana, particularmente en territorios ancestrales de los pueblos originarios. Problemas que podrían formularse de la manera siguiente: ¿Puede una comunidad, o una población impedir (o vetar) un proyecto de explotación de recursos naturales, o de construcción de vías de comunicación destinadas a desenclavar ciertas regiones del país?
Por supuesto, si se trata de hacerlo, como ha sido hasta ahora, en beneficio de multinacionales, o de oligarquías locales, es completamente legítimo de mover cielo y tierra para impedirlo, pero, si se trata de contribuir efectivamente al desarrollo económico y social del país, es decir, donde la riqueza social sea redistribuida equitativamente entre todos, evidentemente no. La riqueza del subsuelo, que es obra de la evolución de la naturaleza, pertenece a todos los habitantes de un país, y todos tienen el derecho de beneficiarse con su explotación.
Sin embargo, lo que debe hacerse, a través de la reglamentación de la reciente Ley de Consulta Previa, es crear una metodología de trabajo, y un mecanismo de arbitraje, que tome en cuenta escrupulosamente la opinión de todos, y muy particularmente la de las poblaciones que, como en el caso de Yanacocha, puedan ser afectadas por esa explotación, sin acordarles por lo tanto el derecho de veto. Pero, que impida al mismo tiempo, al gobierno, de imponer arbitrariamente un proyecto, si este es objeto de una fuerte oposición de la población concernida.

De lo que se trata es de crear, en el cuadro de la definición de una nueva política ecológica nacional, de respeto y protección de la naturaleza, una Alta Autoridad, independiente, como existe en otros países, que frente a un conflicto como el de Yanacocha, decida si la explotación se hace o no. Y si se hace, que tenga la facultad de imponerle a la empresa todas las disposiciones de vigilancia ambiental permanente, y la obligación –en el peor de los casos- de indemnizar a los que pudieran ser perjudicados. Esta Alta Autoridad debería estar compuesta por representantes de diferentes sectores de la población, entre los cuales, naturalmente, de los pueblos originarios.

Publicado por ARGENPRESS