Desplazados-daños colaterales de la narco guerra

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 20 de agosto de 2012

Boletín de prensa
Iniciativa Ciudadana

Si bien, la guerra contra las drogas ha generado un desgaste social con dolorosas consecuencias como  la creciente violencia, la corrupción e impunidad – más de 60.000 muertes y 10.000 desapariciones desde 2006, también genera daños colarerales severos: 230,000 desplazados internos, 10,000 heridos y lisiados, 10,000 personas con problemas sicológicos, 500,000 sin empleo, entre otros.

La migración forzada en México y el mundo es un fenómeno creciente en el que no hay cifras oficiales, tampoco existe una política gubernamental que se proponga atenderlo.

El 21 de agosto se recuerda con dolor un año más de la muerte de las hermanas y los hermanos centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, otro caso de violencia que no debió ocurrir.

En este tenor, retomamos el artículo publicado por Jésica Zermeño en Enfoque del periódicoReforma el 24 de julio del año pasado, donde muestra un claro panorama de los impactos de la guerra en nuestro país.

La migración forzada es un fenómeno creciente en el que no hay cifras oficiales, ni una política gubernamental que se proponga atenderlo

El caso más conocido y medido es Ciudad Juárez y el Valle que la rodea, pero el problema puede rastrearse en por lo menos ocho entidades más. En un corredor de municipios que comienza en Monterrey y prácticamente toda la frontera oriente de Nuevo León. En el centro de Tamaulipas y su llamada “frontera chica”. En algunas alcaldías de la sierra tarahumara. En zonas de la tierra caliente que comparten Michoacán y Guerrero y en enclaves en Durango, Sonora y San Luis Potosí. En estos lugares la población ha optado por migrar para huir de la violencia y de las amenazas del crimen organizado.

No hay cifras oficiales, pero el desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia es un fenómeno creciente en el país. Por lo menos 230 mil este sexenio, según el informe 2010 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados. De éstos, 120 mil migraron el año pasado, de acuerdo con el organismo.

Hoy, el desplazamiento forzado por la presencia de la delincuencia organizada y la violencia amenaza con salpicar más territorios. El mecanismo de abandono tiene dos vertientes. En algunas zonas, donde los enfrentamientos a fuego son lo cotidiano, la migración ha sido masiva y ha respondido a amenazas directas del crimen organizado. Habitantes de poblados, casi siempre rurales, son obligados a abandonar su hogar lo más pronto posible. Estorban para el negocio y la operación del crimen.
En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.

El resultado en ambos casos es el mismo: pueblos y ciudades sin vida, muertos, para que sus antiguos pobladores no compartan esa suerte.

La mayoría de los migrantes se han trasladado a otra parte del territorio nacional. Otros, los que han podido, se han refugiado en Estados Unidos.

Enfoque logró identificar por lo menos 70 municipios en todo el territorio nacional en los que se han registrado desplazamientos forzados, tomando como base los datos demográficos proporcionados por el INEGI, testimonios, opiniones de autoridades locales, activistas de derechos humanos y especialistas.

Estos municipios están concentrados en Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

La radiografía estatal de estos territorios es el mosaico del éxodo interno que vive el país.

Chihuahua

El Valle de Juárez, que rodea a la ciudad más violenta del mundo, cuenta con municipios donde la migración masiva es evidente, en las calles y en las cifras.

Según los datos del INEGI, Práxedis G. Guerrero, el municipio que se hizo célebre por tener de jefa de seguridad pública a Marisol Valles, una estudiante de criminología de 20 años, ha perdido 3 mil 715 habitantes. Muchos, como Marisol, se fueron a Estados Unidos.

Otro municipio azotado por el desplazamiento forzado es Guadalupe: hoy tiene 2 mil 690 habitantes menos que en 2005.

Rodolfo Rubio, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, asegura que la mayoría de los desplazados en el Valle de Juárez, donde se encuentran ambos municipios, se han trasladado a Ciudad Juárez, que también enfrenta un problema de desplazamiento forzado mayúsculo. Por eso en las cifras oficiales la población de esa ciudad no se ha reducido.

“El tipo de población que se ha movido es básicamente rural, con pocos recursos, como puede. También hay desplazamientos en las zonas serranas, pero ésos, como están lejos, son menos visibles”, dice el académico.

Con base en la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de la ciudad, se calcula que alrededor de 230 mil personas han abandonado su hogar en Juárez, municipio de tradición migrante, a causa de la violencia.

La situación de la violencia en Juárez es tal que en el 2010 el gobierno de Veracruz ayudó a salir de la ciudad a más de 300 “juarochos”: veracruzanos que se habían trasladado allá desde hacía años para trabajar, dándoles el pasaje aéreo de retorno y becas para sus hijos. El gobierno de Fidel Herrera aseguró entonces que podían regresar más de 15 mil.

Otros municipios con migración por violencia asociada a falta de oportunidades laborales, de acuerdo con el investigador, son Madera (menos 2 mil 420 habitantes), Bocoyna (mil 141 habitantes menos), Maguarichi (menos 195), Temósachi (menos 108) y Matachí (menos 65). Otro municipio es guanahuiriachi, aunque oficialmente no ha perdido población.

Guerrero

En Puerto Las Ollas, en Coyuca de Catalán, existe hoy un poblado improvisado conformado por gente que huyó de la comunidad de La Laguna, del Ejido Los Huajes, en la tierra caliente guerrerense.

Según Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura -organización que ha monitoreado la situación-, actualmente 177 personas hacen su vida ahí como pueden, pues huyeron masivamente de la amenaza directa de los grupos del crimen organizado. La afrenta: impedir que talaran los árboles. Primero huyeron las mujeres y los niños, después los alcanzaron los hombres.

“En febrero de 2011 asesinaron a Rubén Santana, un líder natural en la zona, y en abril, justo el Domingo de Ramos, hubo otra emboscada, y asesinaron a un hijo de Santana y a otras dos personas más. La gente decidió salirse entre el 20 y el 21 de abril. Dejaron todo”, sostiene Díaz.

De acuerdo con el activista, el desplazamiento en esta zona tiene un tinte distinto al de otros lugares: el Ejército cataloga el territorio como de acción contrainsurgente, por lo que los desplazados son considerados enemigos lo mismo por los delincuentes que por los uniformados. Los casos de tortura son constantes.

Pero este caso no es el único en la región y, por cifras, no es el más grave. De acuerdo con el INEGI, Coyuca de Catalán no reporta pérdida de población. El foco rojo más brillante está en Zirándaro: mil 240 habitantes menos entre 2005 y 2010.

Los pobladores de ese municipio de tierra caliente no dudan en calificar la reducción de población como éxodo, por la llegada de La Familia a la zona junto con su régimen estricto de extorsiones. Cuentan incluso que un grupo de comuneros intentó defender sus tierras con armas de fuego, pero la insurrección no duró ni tres días. Los comuneros huyeron. Hoy los comercios están cerrados y la tierra ociosa.

Según pobladores, otros dos municipios en los que existe desplazamiento por la delincuencia organizada son Coahuayutla (que perdió 266 habitantes según el INEGI) y Pungarabato, que no ha perdido población de manera oficial. Sin embargo, quienes han visitado Ciudad Altamirano, su cabecera municipal, aseguran que el problema es evidente.

Existen también indicios de que en las zonas periféricas de ciudades grandes, como Acapulco y Zihuatanejo, la gente ha huido. Esto todavía no se refleja en cifras.

Michoacán

A finales de mayo del 2011, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina, Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil 500 personas podrían haber huido de los enfrentamientos entre La Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se tradujeron, el 28 de mayo del 2011, en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que iba en apoyo de la PF.

Autoridades locales aseguran que esos albergues improvisados hoy están vacíos. Que las familias, la mayoría pobres y campesinas, regresaron a cuentagotas a sus hogares. Pero aceptan que el miedo persiste y los desplazamientos pueden darse en cualquier momento.

En Michoacán las cifras oficiales no dejan ver pérdidas importantes de población a nivel municipal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no reporta desplazamientos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Población reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de población en Coalcomán (menos 541 habitantes), Tumbiscatío (menos 473), Morelos (menos 434), Chucándiro (menos 350), Tzitzio (menos 228), Carácuaro (menos 125 habitantes) y Chinicuila (menos 72).
Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.

Otros municipios, como Cherán, todavía resisten el embate de los delincuentes.

Nuevo León

El 25 de octubre de 2010, la comandancia de la policía municipal de Los Ramones fue rafagueada. Más de mil 200 cartuchos y seis granadas de fragmentación lanzadas en menos de 20 minutos a las instalaciones hicieron que los 14 agentes de la corporación renunciaran un día después. Eran los últimos policías municipales que quedaban en todos los municipios de la frontera nuevoleonesa con Tamaulipas.

Los Ramones es la alcaldía de esa zona que más población expulsó. Según cifras del INEGI, entre 2005 y 2010 perdió 868 habitantes. Autoridades municipales aseguran que el éxodo es aun mayor. Se unen a la lista Los Aldamas (menos 301 habitantes), General Treviño (menos 199), Melchor Ocampo (menos 190), Cerralvo (menos 154) y Agualeguas (menos 94), todos en territorio de disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Según José Juan Cervantes, especialista en violencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el éxodo en la zona se extiende hasta General Bravo, China y Anáhuac, aunque todavía no se reporte oficialmente pérdida de población en esos sitios.

Su experiencia le dice que otras zonas que han registrado un éxodo silencioso en la entidad son Santiago, Allende, Montemorelos y Linares, donde personas de clase media y alta que salieron de Monterrey años atrás buscando una vida campirana están regresando a la urbe por protección.

“A pesar de que aquí (en Monterrey) hay la matanza más fuerte, allá la inseguridad se huele, se percibe más en toda la zona citrícola. Hemos conocido gente de Santiago que ha preferido mudarse a San Pedro o a Monterrey. Es gente que puede desplazarse, que tiene recursos”, dice Cervantes en entrevista telefónica.

El investigador recalca que también muchos han dejado la Sultana del Norte, pero todavía no hay mediciones al respecto.

Tamaulipas

En noviembre de 2010, el país se enteró del drama que vivía Mier, municipio localizado en la frontera chica tamaulipeca, cuando alrededor de 300 de sus habitantes llegaron a la alcaldía vecina de Miguel Alemán pidiendo cobijo, pues Los Zetas habían amenazado con matar a todos los que se quedaran en el pueblo. También se unieron a la migración masiva pobladores de Guerrero y Valle Hermoso. Se instaló un albergue temporal para atenderlos.

Las autoridades aseguran que la mayoría de los desplazados regresaron a sus hogares días después, pero los datos del INEGI para 2010 confirman la migración en Mier, que tiene mil 777 habitantes menos que en 2005. Hoy la ciudad sigue solitaria, a pesar del patrullaje de las Fuerzas Armadas. Los municipios de Guerrero y Valle Hermoso no reportan pérdida de población.

En otra alcaldía, de manera desapercibida, se ha reducido la población con creces. Camargo, ubicada también en la frontera chica, ha expulsado a 2 mil 654 personas, según datos oficiales. Videos colgados en la red atestiguan la situación del municipio: camionetas incendiadas abandonadas en las carreteras y casquillos percutidos tirados en el piso por días, falta de luz, agua, teléfono…

Otra zona en la que se ha reportado migración forzada es San Fernando y su periferia. Tras la ejecución de 72 migrantes en agosto de 2010, y el hallazgo de fosas clandestinas después, se destapó la situación. En 2010, según el INEGI, había 536 habitantes menos en el municipio, y 173 ejecutados, según datos del SNSP.

De acuerdo con un académico, que prefiere omitir su nombre, otros municipios de los que puede comprobarse una reducción en su población en la zona aledaña a San Fernando por la violencia son Cruillas (menos 257 habitantes), Méndez (menos 255), Burgos (menos 193), Villagrán (menos 141) y San Nicolás (menos 13). También se han registrado movimientos en Jiménez, todavía no reflejados en las cifras oficiales.

Otros enclaves

El desplazamiento por la violencia se ha extendido a otros estados, aunque todavía no de manera tan dramática como en las entidades anteriores.

En Durango, habitantes de diversos poblados de los municipios de San Dimas, Mezquital, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo han tenido que desplazarse a albergues de manera itinerante, pues los delincuentes han quemado sus casas y cosechas. Los ataques, según autoridades, han sido perpetrados por elementos de La Línea, el brazo armado del Cártel del Golfo.

Según estimaciones de autoridades locales, en la zona serrana hay por lo menos mil 500 desplazados.

Es el caso de alrededor de 300 habitantes de La Lagunita, El Coscate y El Campamento, en Pueblo Nuevo, que en septiembre pasado tuvieron que dejar sus casas y trasladarse a un albergue en la cabecera municipal después de tratar de hacerle frente a los delincuentes y ser derrotados.

Incluso, el 12 de diciembre de 2008, en Santa Gertrudis, en la alcaldía de San Dimas, delincuentes reunieron a todos los hombres en la plazoleta comunitaria, seleccionaron a seis, los hicieron correr frente a todos hacia una dirección y los mataron por la espalda. Los familiares de los muertos recibieron el ultimátum de dejar el pueblo en tres días. Así lo hicieron.

Ninguno de estos desplazamientos tiene sustento en cifras oficiales.

En Sonora, el paradigma de la migración forzada es el municipio de Tubutama, un verdadero pueblo fantasma. Las instalaciones de la policía y de la clínica están cerradas. La desolación en la cabecera es tal que el Congreso estatal decidió sesionar ahí el pasado 21 de junio. Aunque el pueblo luce totalmente deshabitado, el INEGI reporta sólo 16 personas menos viviendo ahí entre 2005 y 2010.

Otras alcaldías que sufren de desplazamiento forzado son Atil y Sáric. Según el censo, la primera cuenta con 109 habitantes menos; la segunda no reporta pérdida de población.

También en San Luis Potosí hay migrantes forzados. En el pueblo de Salitral de Carrera, municipio de Villa de Ramos, la gente ha comenzado a salir por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las cifras del INEGI no reflejan nada.

La única entidad que ha sufrido desplazamiento forzado por violencia antes de este sexenio ha sido Sinaloa, pero continúa hoy. Según Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de la reducción de población en Badiraguato, Cosalá, Elota y San Ignacio, todos municipios serranos, puede atribuirse a la presencia de crimen organizado en la región. También se ha presentado abandono de comunidades en Sinaloa, Salvador Alvarado (Guamúchil) y Culiacán, pero su población no se ha reducido, según las cifras oficiales.
Sin embargo, la migración amenaza con expandirse.

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C

Voces de Paz

México D.F., 20 de agosto de 2012

México: Mapa de la violencia laboral femenina y sus implicaciones

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Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)

A nivel nacional, la discriminación laboral femenina creció 58.3 por ciento de 2006 a 2011; el número de mujeres que experimentó este tipo de violencia pasó de 2.4 a 3.8 millones.

Esta situación que guarda una estrecha relación con la ausencia del Estado regulador en materia laboral, confirma la precarización de las mujeres trabajadoras y su desigualdad ilegal.
Para colmo, al analizar las cifras regionales se aprecia que en algunas entidades este crecimiento alcanza hasta 99.2 por ciento; es el caso de Veracruz.
Los estados que reportan los incrementos más significativos oscilan entre 99.2 y 81.7 por ciento; son siete: Veracruz, Chiapas, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala.
En contraparte, y como se aprecia en la gráfica, en el Distrito Federal este fenómeno solamente creció 1.7 por ciento; de 33 entidades, Jalisco es la única con reducción en discriminación (datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2006-2011 -Endireh-, elaborada por el Inegi).
El grupo más afectado son las mujeres casadas o unidas. En general la proporción es de 20.6 mujeres por cada 100, pero de nuevo este número crece hasta 26.2 en estados como Chihuahua, Querétaro, 25.7; Coahuila, 25.0, o Aguascalientes y Nuevo León, con 23.6 por cada 100 mujeres. Predominan las entidades con industria maquiladora.
Un elemento clave para dimensionar el problema de la violencia laboral es el acoso, pero por desgracia esta información se eliminó en la Endireh 2011.
Con información de 2006, por cada 100 mujeres 12.4 sufrieron acoso laboral, en especial las casadas o unidas y las solteras; en total fueron 1.3 millones de mujeres.
Los niveles más bajos de acoso correspondieron a San Luis Potosí y Tamaulipas; los altos a Jalisco, Puebla, Querétaro y Estado de México.
Bajo el supuesto de que en 2011 se mantuviera esta cifra de acoso (algo poco probable dado el crecimiento que mostró la discriminación), el número de mujeres con violencia laboral ascendería a 9.6 millones, ya que se sumarían acoso, discriminación, y 4.5 millones de mujeres que sufrieron incidentes de violencia laboral por embarazo, los cuales incluyen despido, disminución de salario y solicitud de prueba de embarazo.
Significa que en 2011 más de la mitad de las trabajadoras -52 de cada 100- fue objeto de violencia laboral (III trimestre 2011, ENOE-Inegi). Seguramente esta cifra se dispara con el incremento del acoso laboral que no registró la Endireh.
Son muy graves las deficiencias que muestra esta encuesta de 2011. Las fuentes de datos deben ofrecer nuevos conocimientos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a erradicar la violencia.
Es indispensable producir, sistematizar, analizar y difundir información sobre violencia de género; en este caso específico sobre violencia laboral contra las mujeres.
Debe considerarse que esta violencia tiene un costo económico para la sociedad, directamente para las trabajadoras y sus familias. Les impide el acceso a oportunidades y limita el disfrute de sus derechos.
Obstaculiza el bienestar y desarrollo de sus posibilidades en el mercado laboral y en la vida pública; constituye un mecanismo de control sustentado en relaciones de poder, creando graves problemas de salud ocupacional, como stress y “burn out” (fatiga crónica o ineficacia en el trabajo como consecuencia de extrema presión laboral).
Para el caso de la violencia patrimonial -despojo de sus bienes, recursos materiales o propiedades, incluso obligarlas a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona-, son 1.6 millones de mujeres, el grupo más afectado son “casadas o unidas”.
A nivel estatal, los niveles más altos corresponden a: Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz, estas entidades fluctúan entre 5.0 y 4.4.
En lo concerniente al acoso laboral o “mobbing”, éste crea aislamiento, es un proceso intencionado, unilateral; son actos lesivos y tendenciosos a fin de que la víctima, o grupo de víctimas, abandone el puesto de trabajo o acepte condiciones precarias, ya sea en salario o prestaciones. Es discriminatorio, ya que da un trato diferencial a la trabajadora o grupo de trabajadoras.
Esta violencia está vinculada con el empleo precario y la flexibilización laboral, como la que se vive actualmente en México.

Heinz Leymann, psiquiatra alemán, lo definió como “un fenómeno en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas, respecto de las que mantiene una relación asimétrica de poder en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar del trabajo”.

Exponen situación crítica alimentaria; convocan a foro para la construcción de una política alimentaria y nutricional en México

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 7 de junio de 2012

Boletín de prensa
Académicos 

  • Invitación al foro nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, el cual se llevará a cabo los próximos días 11 y 12 de junio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS

Académicos involucrados en la alimentación y la nutrición en México exponen la situación crítica alimentaria del país y convocan a la construcción de una Política alimentaria y nutricional  en México, a fin de definir soluciones técnicas posibles a la problemática actual para conformar una agenda política y actuar de forma inmediata en temas inaplazables para salvar la vida de las personas y en particular la de  niños y niñas.

Los resultados del modelo para el combate a la pobreza y a la mala nutrición han demostrado ser no sólo ineficaces sino promotores de enfermedad, pobreza y muerte. De acuerdo a cifras oficiales, se pueden evidenciar  al menos, 28 millones de personas en pobreza alimentaria, 5 millones de niños con hambre y 1 millón de niños con desnutrición. La denuncia concreta en este 2012 es por  1 millón 300 mil muertes evitables de niños y niñas en los últimos 30 años debido a la ausencia de una voluntad política.

Se suman a la lista 70 por ciento de adultos con obesidad y con sobrepeso, esto es, la mayoría de la población en riesgo de enfermar crónicamente y morir. Este panorama obliga a un replanteamiento del modelo de Nación. Se trata de la vida de las personas, se trata del derecho de todos y todas a comer bien para vivir con bienestar, no se reduce este planteamiento a sólo analizar la voluntad de un gobierno.

Los indicadores de pobreza, salud, nutrición y de desarrollo humano muestran técnicamente la fragilidad del sistema así como la inviabilidad del país como modelo de Estado en el corto plazo y un fracaso en el largo plazo. A partir de la elevación del derecho a la alimentación a rango constitucional, el Estado adquiere obligaciones irrenunciables para respetar, proteger y garantizar la comida sana para todos y todas.

Con la convicción de la capacidad técnica y científica que México cuenta, este grupo académico se propone definir alternativas  a través de elementos sustantivos de esta nueva política alimentaria y nutricional, se ha convocado a un grupo de hombres y mujeres con la experiencia suficiente, el compromiso y la inteligencia necesarios para exponer los puntos críticos.

Es indispensable establecer mecanismos de inteligencia epidemiológica para transparentar cifras de la evolución del estado de salud de los mexicanos, en particular la situación actual de los niños y niñas, así como comprender la tendencia del daño en la nutrición y definir escenarios de atención emergente a  la población afectada y de la prevención del daño conocido con la mirada en el 2030.

Es necesario también estimar las cifras de la pérdida de la capacidad productiva del campo mexicano y las alternativas para reactivarlo sustentablemente. Realizar un corte hasta la fecha sobre los resultados del TLCAN en materia de balanza agrocomercial y sus efectos en el abasto, precio, distribución y autosuficiencia de granos básicos.

Hacer un balance de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos sanos y los alimentos chatarra, su control reglamentario y el consumo. Se reflexionará sobre el sistema de abasto alimentario actual y su relación con el consumo y la salud.

Se describirán los resultados de los programas de apoyo al campo y de ayuda alimentaria, su viabilidad  y su evolución a futuro.

El modelo económico y de desarrollo social deberá replantearse dado que sus efectos negativos transversalmente tanto en el sistema de salud, de producción de alimentos y en los programas de asistencia social.

Se requiere presentar la magnitud del daño ambiental en tierras, aguas y océanos; así como reconocer las verdaderas posibilidades de regenerar los ambientes locales, regionales y nacionales para alimentar al pueblo con respeto a los derechos humanos y ambientales dentro de un modelo económico viable y  sustentable en un horizonte del 2030.

Hasta el relator del Derecho a la alimentación para la ONU, Olivier De Schutter en el informe sobre su visita a México advierte la urgencia de cambiar las políticas públicas respecto a la alimentación y la nutrición de los mexicanos para atender las consecuencias inmediatas y evitar un costo humano y financiero en el futuro cercano.

Con la seguridad que México cuenta con toda la capacidad técnica y económica para replantear un escenario viable, un grupo de 22 instituciones académicas y de investigación, convocan al Foro Nacional para la construcción de la Política alimentaria y nutricional de México los próximos 11 y 12 de junio del presente año.

Además, se han conformado cinco comités técnicos por ejes temáticos de trabajo permanente para establecer las bases de la política alimentaria, definir los elementos sustantivos con indicadores de medición y vigilancia en el corto, mediano y largo plazo. Se plantea, presentar esta propuesta de forma ciudadana al próximo gobierno en Octubre del 2012, para participar activamente en el Plan Nacional de Desarrollo y permanecer desde la academia y la sociedad civil como participantes activos en la construcción de la ciudadanía.

Los primeros resultados los presentaremos el próximo MARTES 12 DE JUNIO a las 11:30 hrs, en el marco del FONAN en una conferencia de prensa en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en AV. CUAUHTEMOC No. 300 en el Distrito Federal.

Descarga el programa del Foro nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, el cual se llevará a cabo los próximos días 11 y 12 de junio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

Ejes tematicos del Foro hacía la Construcción de una Política Alimentaría y Nutricional en México.

Vídeo de la Conferencia de Prensa: Foro hacía la Construcción de una Política Alimentaría y Nutricional en México.

América Latina: 25 asesinatos de periodistas en 5 meses de 2012

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Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Otros ocho periodistas fueron asesinados en mayo en América Latina -seis en México y dos en Honduras- que elevan a 25 el total de asesinatos en lo que va de 2012, con una tasa mayor de un crimen por semana y una proyección siniestra para todo el año 2012.

Una buena noticia fue la aparición en Colombia del periodista francés Romeo Langlois, herido el 28 de abril en un encuentro FARC-Ejército. Curado por la guerrilla, la liberación del reportero originó una novedosa crítica respecto a la cobertura periodística del conflicto armado exclusivamente desde el lado del ejército, cultivada por la prensa de ese país. El ex presidente Álvaro Uribe acusó a Langlois, que ya se encuentra en Francia, de propagandista de los guerrilleros.
México
El asesinato de periodistas -y la violencia en general- recrudece en México mientras se acercan las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio. Con las muertes de mayo, los asesinatos en México se elevan a 110 bajo el gobierno actual de Felipe Calderón Hinojosa y el anterior sexenio de Vicente Fox Quesada, indicó la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (Fapermex): 93 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores, además de 18 desapariciones forzadas, 4 colegas fueron encontrados muertos, por lo que 14 continúan en la incertidumbre de su paradero. Crímenes todos, ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Asesinatos de mayo en México
- Esteban Rodríguez, 3-5-12, fotógrafo de la nota roja del diario AZ de Veracruz hasta su renuncia en agosto del 2011 y, según la Procuraduría, y actualmente “trabajaba en un taller mecánico como soldador”.
- Gabriel Huge, 3-5-12, fotógrafo que laboró durante años en el periódico Notive y se autoexilió el año pasado tras el asesinato de una de sus compañeras del mismo diario.
- Guillermo Luna Varela, 3-5-12, fotógrafo, laboró unos meses en el diario Notiver y actualmente trabajaba en la agencia de fotografía Veracruznews.
- Irasema Becerra, 3-5-12, foto reportera, ex ejecutiva de ventas del periódico El Dictamen y pareja de Guillermo Luna.
Nadie puede comentarlo en México sin arriesgar la vida, pero Veracruz está ahora dominada por la banda Los Zeta y el asesinato cuádruple ha sido su monstruoso saludo a la libertad de expresión.
- René Orta Salgado, periodista de nota roja, a quien se encontró torturado y estrangulado en la cajuela de una camioneta en Cuernavaca, el 4 de mayo.
- Marco Antonio Ávila García, de 39 años, encontrado muerto el 18 de mayo de 2012, en Ciudad Obregón (estado de Sonora), fue secuestrado el día anterior. Cubría la fuente policíaca para los periódicos El Regional de Sonora y Diario Sonora de la Tarde; recientemente había publicado notas sobre operativos contra el narcotráfico realizados en esa ciudad (http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/22526 ).
Honduras
El asesinato de Ángel Alfredo Villatorio, de 47 años, conductor y coordinador de noticias de la emisora RHN, una de las más importantes del país, más que ningún otro crimen causó honda conmoción en la sociedad hondureña, numerosas manifestaciones de protesta de diversas agrupaciones de periodistas y declaraciones de empresarios periodísticos locales y organizaciones internacionales. Secuestrado el 9 de mayo, cuando se dirigía a su trabajo a las 5 de la madrugada, el cadáver de Villatoro apareció el día 15 en el sector sur de Tegucigalpa.
El lunes 7 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida del periodista Erick Alexander Martínez Ávila, de 32 años, candidato a diputado por el partido del ex Presidente Manuel Zelaya, co-fundador y directivo del movimiento político Los Necios y de dos organizaciones defensoras de las minorías sexuales, Movimiento de la Diversidad en Resistencia y Asociación Kukulcán.
Con estos dos nuevos crímenes, este año 2012 en Honduras han asesinado a los siguientes periodistas:
- Saira Fabiola Almendares Borjas, 1-3-12
- Fausto Elio Valle Hernández Arteaga, 11-3-12
- Noel Alexander Valladares Escoto, 23-4-12
- Erick Alexander Martínez Ávila, 7-5-12
- Ángel Alfredo Villatoro, 15-5-12
Total 5

Ernesto Carmona, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

Centroamérica reporta las tasas más altas de asesinatos en el mundo

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CERIGUA

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, advirtió que Centroamérica cuenta con la más alta tasa de asesinatos en el mundo, superando 10 veces el promedio mundial.

Durante un Debate Temático sobre la “Crisis de violencia en esa región y los retos que esto supone”, Ki-moon sostuvo que uno de cada 50 jóvenes de 20 años será asesinado antes cumplir los 32 años de vida, una cifra alarmante.
Según el funcionario internacional, los datos muestran una tasa 400 veces más alta que la existente en países con bajos porcentajes de homicidios y dijo que esta situación constituye algo más que una racha, pues se ha convertido en una crisis que trae consigo miedo e inestabilidad de las sociedades.
De acuerdo con el máximo representante de la ONU, a las estadísticas de homicidios en Centroamérica se unen los secuestros, la trata de personas y el tráfico de armas.
Ki-moon calificó como grave la situación que se vive en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se requiere una armonización de las leyes y procedimientos judiciales, además de concentrar la atención en regulaciones para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
El titular de la ONU señaló que Centroamérica ha avanzado un largo camino en búsqueda de la paz y la reconciliación, por lo que renovó su compromiso de ofrecer la mayor ayuda posible para alcanzar un futuro mejor.
En Guatemala, datos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revelan que sólo en 2011 se reportaron tres mil 309 muertes violentas, lo que constituye un 3.29 por ciento más que lo reportado en el 2010, mientras que de enero a abril de 2012 se han registrado un mil ochocientos noventa y seis.
En el debate convocado por la ONU participan representantes de los gobiernos centroamericanos, altos funcionarios de organismos regionales y de las Naciones Unidas.

Bajó desempleo 5%, pero subieron a 70% los trabajadores sin servicios médicos

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Por : Javier Puga Martínez

2012-05-14 04:00:00

Si bien al primer trimestre de 2012 el desempleo en Puebla decreció 5.8 por ciento con respecto al mismo periodo de 2011, los trabajadores poblanos tienen que laborar más horas para poder obtener ingresos suficientes, pero también cada vez más hay empleados que no reciben un pago por su trabajo y el número trabajadores que carece de acceso a las instituciones de salud llegó a un máximo histórico de 70 por ciento.

Quienes más padecen el desempleo son los trabajadores con estudios medios y superiores, ya que forman cerca de 50 por ciento del total de desempleados de la entidad. De igual forma, continúa el éxodo de trabajadores al sector informal, donde 32 de cada 100 personas ocupadas en el estado de Puebla encuentran una fuente de ingresos para su subsistencia.

Este fin de semana el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre de 2012, y que permite distinguir el desempeño del primer año de la administración de Rafael Moreno Valle al frente del gobierno de Puebla en en esos aspecto.

Así, el número de personas ocupadas aumentó en 6.2 por ciento que es equivalente a 142 mil 75 más de las que había en el primer trimestre de 2011 con una ocupación. Es decir, de 2 millones 255 mil 617 personas pasaron a 2 millones 397 mil 692.

De esta cantidad, 32 por ciento está dentro de la economía informal: 780 mil 237 personas. En el mismo periodo del año pasado eran 749 mil 706 personas.

En cuanto a personas sin empleo, esta cantidad se redujo 5.8 por ciento al pasar de 102 mil 908 al primer trimestre de 2011, a 96 mil 878 al mismo periodo de este año. La tasa de desocupación es de 3.9 por ciento y está debajo de la media nacional.

Casi 50 por ciento de estos desempleados son trabajadores con educación media y superior, que suman un total de 47 mil 304 personas, que son 9 mil 200 más con ese nivel de estudios de las que había en el primer trimestre de 2011.

El Inegi reportó que en los primeros tres meses del actual año, en Puebla 7 mil 137 personas cerraron sus negocios; esta cantidad es 50 por ciento superior a las personas que no pudieron continuar con sus establecimientos en el primer trimestre de 2011, cuando fueron 4 mil 657.

El organismo federal establece que el promedio semanal de horas trabajadas en de 40, pero un tercio del total de personas ocupadas en la entidad –743 mil 893–, tuvieron que trabajar más de 48 horas a la semana para poder completar sus ingresos. Esta cantidad es 5.4 por ciento superior a los trabajadores que laboraron más de 48 horas a la semana a principios del año pasado.

De igual forma, el organismo reportó que 324 mil 870 trabajadores no recibe ningún pago por su las labores que realiza; esa cantidad equivale a 10 por ciento más de los trabajadores sin sueldo registrada el primer trimestre del año pasado.

La cantidad de personas que en sus centros de trabajo no reciben el beneficio de acceder a las instituciones de salud es de un millón 889 mil 307, que es 70 por ciento del total de personas ocupadas en la entidad. El año pasado era 50 por ciento.

La cantidad de personas que ingresaron al trabajo doméstico remunerado aumentó en 5.8 por ciento, al pasar de 117 mil 847 a 124 mil 782. De igual forma aumentó la cantidad de personas que se dedican a la agricultura de subsistencia en un 17 por ciento, equivalentes a 21 mil trabajadores más, al pasar de 127 mil 418 a 149 mil 262.

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