Para hacer política de izquierda hay que pronunciarse también sobre el futuro

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lunes, 6 de agosto de 2012

Rómulo Pardo Silva (especial para ARGENPRESS.info)

El medio digital ruso RT publicó preocupantes artículos de prospectiva ecológica. Las personas de izquierda deben desestimar explícitamente los peligros que advierte, o de aceptar que son reales integrarlos en su discurso y programa.

Ninguna izquierda tiene derecho a ocultar información para hacer campañas políticas.
Se puede leer en RT (1):
“Para el 2050, si la humanidad no deja de crecer se enfrentará al desastre ecológico, la falta de recursos energéticos y el hambre. La idea de una reorientación de los recursos económicos de la Tierra y un nuevo orden planetario apareció en los años 90 del siglo XX. Sin embargo, no detallaba cuál sería el mecanismo para seleccionar a los países con prioridades, el método de administración de la riqueza o el número de representantes que tendría el supuesto gobierno mundial. Pero el vicepresidente del Centro de Comunicaciones Estratégicas, Dmitri Abzálov, explica que el mundo ya se está moviendo hacia este sistema de gestión planetario y está eligiendo sus propios caminos, como la creación de grandes bloques regionales.
En su opinión, para que la humanidad no aniquile a la Tierra necesita aumentar la eficiencia de la explotación de los recursos. Después será necesario detener el crecimiento de la población y pensar en las perspectivas de ocupación de nuevos territorios que ahora no están poblados. En este caso no se trata de una colonización de planetas cercanos, sino de aquellas áreas ‘vacías’ de la Tierra, indica el experto.
Anteriormente, la Organización de la Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación (FAO) señaló que para nutrir a una población mundial de 9.000 millones de personas, como se estima que sea para el 2050, la producción mundial de alimentos deberá crecer un 70 % desde ahora, algo que no se considera posible.
La compañía agrícola de Estados Unidos Cargill afirmó que la era de los alimentos baratos se terminó: la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas, lo que condenará al planeta a la muerte por hambre ya en 2050.
En el 2030 los precios de los productos alimenticios básicos en todo el mundo, incluyendo granos, se duplicarán debido al crecimiento demográfico, la desaceleración en la producción agrícola, así como por el calentamiento global, según los pronósticos de la organización internacional de promoción del desarrollo y lucha contra la hambruna (Oxfam). De acuerdo con los autores de este informe, en los próximos 20 años la tasa de crecimiento en los precios de los alimentos será del 120%, siendo el deterioro de las condiciones climáticas para la agricultura el principal factor. No obstante, para el 2050 la demanda mundial de alimentos se incrementará en un 70%, mientras que el ritmo de crecimiento de la producción de alimentos disminuye, encontrándose actualmente por debajo del 1% anual, según los expertos. “El sistema alimentario mundial se encuentra prácticamente en estado de quiebra”, dijo al presentar el informe, Barbara Stocking, directora de Oxfam. “Todos los datos muestran que el número de personas hambrientas en el mundo es cada vez mayor”, agregó Stocking.
Teniendo en cuenta los volúmenes actuales de producción, las reservas de petróleo se agotarán en el transcurso de no más de 50 años, afirma el estudio de la WOC.
El sector del empleo ha agotado sus recursos y ha alcanzado un punto sin retorno. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el mundo se ve amenazado por un nuevo declive con una cifra de 200 millones de desocupados que podría causar disturbios sociales.
Casi 900 millones de personas en el mundo carecen de agua potable y casi el 39% de la población mundial, es decir, más de 2.600 millones de personas, no acceden a servicios de saneamiento básico, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud
Al menos 5 millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades vinculadas a la falta de agua y saneamiento, lo que equivale a diez veces más que el número de muertos a causa de guerras en el mundo. Menos del 1% del agua del planeta es dulce y accesible para los humanos y su cantidad es limitada. Debido a que el número de habitantes está creciendo rápidamente, la utilización del agua crece aún en mayor medida. Ante una situación de escasez de agua la amenaza se cierne sobre tres aspectos fundamentales de la existencia humana: la producción de alimentos, la salud y la estabilidad política y social. Si la población sigue aumentando se necesitará mucha más agua para alimentarla. Un estudio encabezado por el experto en Ecología Rob McDonald proyecta que el número de personas en ciudades con escasez perenne de agua aumentará a casi 1.000 millones para 2050, particularmente en Asia y África debido a los movimientos demográficos. La escasez de agua significa que en la mayoría de los países habrá que pagar precios más altos para comprarla, caminar distancias mayores para conseguirla, y además generará el problema de la disponibilidad de alimentos y el surgimiento de enfermedades por el consumo de aguas contaminadas.”
No se mencionan ahí guerra nuclear, finanzas sin economía real, competencia de países productores, agotamiento de minerales, depredación de los océanos, resurgimiento nazi. Se ha dicho que la especie humana está en peligro de desaparecer porque lo que el hombre le hace al planeta es insostenible en el tiempo.
La obligación ética de la izquierda es pronunciarse sobre esta perspectiva con un sí o un no informados. Los temas están planteados con independencia de la reacción de las masas.
¿Habrá alimento, petróleo, agua para el libre consumo siempre? Contestar que sí permite plantear solo correcciones en el orden actual. Responder que no implica aceptar que en algún momento ocurrirá un quiebre y emergerá una realidad global diferente, amenazante y casi con seguridad dolorosa. Por ahora la postura tiene mucho de personal.
Algunos pocos ven en ese hipotético gobierno mundial en formación un fascismo ecológico y proponen un socialismo ecológico humanista.
Los análisis sobre partidos, movimientos, protestas, elecciones, son atingentes pero no justifican ‘editar’ lo relacionado con el futuro.
Quienes perciban un cambio de civilización deben proponer la suya.
Referencia:

1) http://actualidad.rt.com/economia/view/50557-futuro-negro-planeta-recursos-energia-se-agotaran-2050

Publicado por ARGENPRES

Nuevos ropajes para las derechas de siempre

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sábado, 21 de julio de 2012

Para disponer de gobiernos más revolucionarios hay que formar fuerzas sociales más radicales, que los elijan, impulsen y sostengan. Como asimismo implica derrotar a las derechas y a su ofensiva  no solo en el campo político‑electoral sino también en el programático, cultural y organizativo.
Nils Castro / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Tras sufrir varios reveses electorales en América Latina, las derechas tradicionales tuvieron que ceder terreno a una pluralidad de gobiernos “progresistas” en América Latina. Sin embargo, no por ello perdieron sus principales fuentes de poder: recursos económicos y financieros, enlaces internacionales, peso sociocultural y, especialmente, sus bastiones mediáticos.
Por supuesto, el control del gobierno también es una gran fuente de poder y cederlo fue una contrariedad, así que pasado el primer impacto la prioridad fue reaprovechar esas otras ventajas para recuperarlo.
Cuando en el 2010 publiqué Quién es y qué busca la nueva derecha, daba por sentada la inminencia de una contraofensiva continental de las derechas basada en una renovación de los métodos, lenguajes y mitos requeridos para recapturar las mayorías electorales necesarias para recuperar los gobiernos perdidos y retener los que aún conservaban. Uno de los ejemplos fueron los de Panamá y Chile, donde sendos plutócratas ganaron la presidencia valiéndose del mito del millonario eficiente y supuestamente “apolítico” que venía a poner sus habilidades al servicio de la gestión pública.
La mayoría de los electores de dos países decepcionados de unos sistemas políticos ya desacreditados compraron esa ilusión y enseguida resultaron defraudados: tanto el ávido y autocrático Martinelli como el aristocrático Piñera quedaron lejos de satisfacer las expectativas levantadas y han precipitado crecientes disgustos y protestas sociales.
A su vez, donde los gobiernos socialdemócratas o progresistas conservan mayor solidez y la derecha aún carece de líderes populistas de nuevo perfil, primó la acostumbrada modalidad de coordinar un pertinaz bombardeo mediático para socave su credibilidad –que por ejemplo ponga en duda su honradez o capacidad de gobernar–, mientras que a la vez los instrumentos económicos, conspirativos y socioculturales de las derechas alientan las crisis sociales que a mediano plazo ofrezcan ocasión de golpear más a fondo. Así se ha procurado en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Una nueva variante consiste en “desmilitarizar” el procedimiento así “legitimado” por los grandes medios periodísticos. En Honduras, a través de un golpe “correctivo”, es decir, con la intervención abreviada de un ejército que acto seguido entregó el gobierno a la derecha civil. En Paraguay, valiéndose de un bloque parlamentario seducido por el anhelo de prerrogativas para los congresistas implicados en una interpretación torcida de la legalidad.
El propósito, en cualquier caso, es el mismo de antaño, encubierto con nuevos modos de enmascararlo y evadir las sanciones internacionales. Disfrazados, los viejos métodos siguen reinantes, con un aval estadunidense ahora maquillado de “neutralidad”. Pero aunque al golpe lo vistan de seda, el hecho es que quienes hoy gobiernan al Paraguay ya  no son aquellos por quienes el pueblo votó.
Esta última experiencia tiene mucho que enseñarnos. Por un lado, muestra que en ese asilado país todavía reina la primitiva cultura política legada por el estroessnerismo, misma que ahora se resignó con que el golpe  no fuera sangriento y que careció de la autonomía necesaria para defender los valores democráticos.
Por otro, la hipocresía de los gobiernos más conservadores de la región, que se amparan en el pretexto de que el golpe supuestamente fue “legal”, pese a la flagrante ausencia de garantías de debido proceso para el acusado. Además, que apelan a la hojita de parra –acuñada cuando Honduras– de que las próximas elecciones sanearán esta crisis, a sabiendas de que los golpistas las manejarán según les convenga, para aplastar “legalmente” a quienes respaldaron a Lugo.
Para concluir resta preguntarse qué gobiernos son estos que las derechas buscan derribar, de viejas o nuevas maneras. No son gobiernos revolucionarios. Cierta izquierda les reprocha  no ir más allá de contrarrestar al neoliberalismo y humanizarle el rostro al capitalismo, sin plantarse metas que rebasen este horizonte. Obvian el hecho de que su papel es gobernar según el programa por el cual los ciudadanos les dieron el voto.
¿Qué sentido tiene pedirles un desborde que sus electores no estarían dispuestos a sustentar y defender? La respuesta está más en manos principalmente de los partidos. Para disponer de gobiernos más revolucionarios hay que formar fuerzas sociales más radicales, que los elijan, impulsen y sostengan. Como asimismo implica derrotar a las derechas y a su ofensiva  no solo en el campo político‑electoral sino también en el programático, cultural y organizativo. Solo eso posibilitará pasar de un horizonte postneoliberal a uno postcapitalista.

Publicado por Con Nuestra América

Las izquierdas en Latinoamérica: Necesidad de repensarlas

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martes, 19 de junio de 2012

Marcelo Coussi (especial para ARGENPRESS.info)

La región latinoamericana tiene características bastante peculiares en tanto bloque. Si bien hay diferencias, marcadas incluso, entre algunas zonas -el Cono Sur con Argentina, Chile y Uruguay es muy distinto a Centroamérica, por ejemplo; o sus países más industrializados, Brasil y México, difieren grandemente de las islas caribeñas-, en su composición hay más elementos estructurales en común que dispares.

Los rasgos comunes que unifican a toda la región son, al menos, dos: a) todos los países que la componen nacieron como Estado-nación modernos luego de tres siglos de dominación colonial europea; y b) todos se construyeron intengrando a los pueblos originarios en forma forzosa a esos nuevos Estados por parte de las elites criollas. Estas características marcan a fuego la historia y la dinámica actual del área.
En un sentido, toda la historia de Latinoamérica en sus ya más de cinco siglos como unidad político-social y cultural, es una historia de violencia, de profundas injusticias, de reacción y luchas populares. De las rebeliones indígenas a la actual propuesta del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) como proyecto de integración no salvajemente capitalista, las fuerzas progresistas han jugado siempre un importante papel. Las izquierdas políticas en sentido moderno (con un talante socialista podríamos decir, marxistas incluso) han estado siempre presentes en los movimientos del pasado siglo. De hecho, con diferencias en sus planteamientos pero con un mismo norte, en casi todas las sociedades latinoamericanas se dieron procesos populares de construcción de alternativas socialistas, o nacionalistas antiimperialistas, en búsqueda de mayores niveles de justicia. En algunas llegando a ocupar aparatos de Estado, con experiencias disímiles, pero siempre con un talante popular: Chile con el procso de Salvador Allende a la cabeza, Cuba y Nicaragua con sus revoluciones vía armada, Bolivia con un proceso particular de nacionalización y reforma agraria; Guatemala con una perspectiva similar de corte antiimperialista; Venezuela, Bolivia o Ecuador en la actualidad, con proyectos nacionales con matices de izquierda; en otras experiencias, peleando desde el llano: movimientos sindicales, reivindicaciones campesinas, insurgencias armadas.
Sin ánimo de hacer un balance de esta historia, lo que vemos entrado ya el siglo XXI es que la izquierda no está en franco ascenso, pero tampoco ha muerto como el omnímodo discurso neoliberal actual pretende presentar. Es más: luego de la furiosa y sangrienta represión de los proyectos progresistas de las décadas de los 70/80 y de la instauración de antipopulares políticas privatistas en los 90 del siglo pasado, después del derrumbe del campo socialista y un período donde las luchas por mayores cuotas de justicia parecían totalmente dormidas, en estos últimos años asistimos a un renacer de la reacción popular.
¿Estamos entonces realmente ante un resurgir de las izquierdas, de nuevos, viables y robustos proyectos de cambio social?
Hoy día suele hacerse la diferencia entre izquierdas políticas e izquierdas sociales. Hay, sin dudas, un cierto retraso de las primeras en relación a las segundas. Para decirlo de otro modo: los planteos políticos de fuerzas partidarias a veces han quedado cortos en relación a la dinámica que van adquiriendo movimientos sociales. Muchas veces las reacciones, protestas, o simplemente la modalidad que, en forma espontánea, han tomado las mayorías, no siempre se ven correspondidas por proyectos políticos articulados provenientes de las agrupaciones de izquierda. Con variaciones, con tiempos distintos, pero sin dudas como efecto generalizado apreciable en toda Latinoamérica, hay un desfase entre masas y vanguardias. Lo cierto es que desde hace algunos años la reacción de distintos movimientos sociales ha abierto frentes contra el neoliberalismo rampante que se extiende sin límites por toda la región.
Toda esta izquierda social ha tenido impactos diversos, con agendas igualmente diversas, o a veces sin agenda específica: frenar privatizaciones de empresas públicas, organización y movilización de campesinos sin tierra o de habitantes de asentamientos urbanos precarios, derrocamiento de presidentes como en Argentina, en Bolivia o en Ecuador, oposición a políticas dañinas a los intereses populares. Por ejemplo, la suma de todas estas movilizaciones impidió la entrada en vigencia del Area de Libre Comercio para las Américas -ALCA- tal como lo tenía previsto Washington para enero del 2005, o frenó la instalación de empresas multinacionales extractivas (mineras o petroleras) en más de una ocasión. Eso, por cierto, no es la revolución socialista, pero constituye momentos importantes de una larga lucha de resistencia popular.
El abanico de protestas es amplio, y a veces, por tan amplio, difícil de vertebrar. Los piqueteros en Argentina o los movimientos campesinos con un fuerte componente étnico en Bolivia, Ecuador, Perú o Guatemala, el zapatismo en el Sur de México o la movilización de los sem terra en Brasil, son formas de reacción a un sistema injusto que, aunque haya proclamado que “la historia terminó”, sigue sin dar respuesta efectiva a las grandes masas postergadas. ¿Hay un hilo conductor, algún elemento común entre todas estas expresiones?
Hoy por hoy, diversas expresiones de la izquierda política, o al menos, expresiones que caen bajo el excesivamente amplio y difuso paraguas del denominado “progresismo” -la izquierda que en estos momentos es posible: moderada y de saco y corbata- tienen en sus manos el aparato del Estado en varios países: Brasil, El Salvador, Uruguay, Argentina. Habrá quien ni siquiera esté de acuerdo con considerar a estos gobiernos como expresiones de la izquierda. Tal vez no se equivoque quien así lo vea, pero para la derecha (nacionales, o para el discurso hegemónico de Washington, ese difuso abanico no deja de tener valor de “desafío”. Con esos proyectos populares, con cierta preocupación social (más, al menos, que los gobiernos neoliberales abiertos), las posibilidades de transformaciones profundas, tal como están las cosas y dada la coyuntura con que arribaron a las administraciones estatales, son limitadas, o quizá imposibles. Más aún: son “izquierdas” que, en todo caso, pueden administrar con un rostro más humano situaciones de empobrecimiento y endeudamiento sin salida en el corto tiempo. En modo alguno podría decirse que son “traidores”, “vendidos al capitalismo”, “tibios gatopardistas”. La izquierda constitucional hace lo que puede; y hoy, en los marcos de la post Guerra Fría, con el triunfo de la gran empresa y el unipolarismo vigente -más aún en la región latinoamericana, botín histórico del imperio estadounidense, cada vez más inundada de bases militares lideradas desde el Norte- es poco lo que tiene por delante: si deja de pagar la ominosa deuda externa, si piensa en plataformas de expropiaciones y poder popular y si se atreve a armar a sus pueblos, sus días están contados. Es más: ni siquiera es necesario pensar en tales extremos de radicalización: coquetear con propuestas con sabor a popular ya puede ser motivo de reacción, y en algunos países pequeños, como Honduras, Haití, Guatemala, puede llevar a golpes de Estado, disfrazados hoy por hoy, pero golpes al fin (Manuel Zelaya en Honduras o Jean-Bertrand Aristide en Haití fueron movidos de sus presidencias, y casi se logra lo mismo en un momento determinado con Álvaro Colom en Guatemala).
¿Es mejor, entonces, desechar de una vez la lucha en los espacios de las democracias constitucionales? Es un espacio más, uno de tantos; pero no más que eso, y deberíamos ser muy precavidos respecto a los resultados finales de esas luchas. La experiencia ya ha demostrado con innegable contundencia que cambiar el sistema desde dentro es imposible (los casos de Venezuela, Bolivia o Ecuador son una pregunta abierta al respecto: ¿hasta dónde pueden llegar sus transformaciones reales en tanto se mueven en la lógica delas democracias representativas clásicas?) Los movimientos insurgentes que, desmovilizados, pasaron a la arena partidista, no han logrado grandes transformaciones de base en las estructuras de poder contra las que luchaban con las armas en la mano (piénsese en las guerrillas salvadoreñas o guatemaltecas, por ejemplo, o el M-19 en Colombia). Todo lo cual no debe llevar a desechar de una vez el ámbito de la democracia representativa; debe abrir, en todo caso, la pregunta en torno a los caminos efectivos de las izquierdas. Algo así como la pregunta que se hacía Lenin hace más de un siglo en Rusia zarista: ¿qué hacer?
Las izquierdas que hacen gobierno desde otra perspectiva (Cuba, o Venezuela con su Revolución Bolivariana, una izquierda bastante sui generis po cierto, o procesos como los de Bolivia o Ecuador, interesantes semillas de fermento popular sin dudas) son el blanco de ataque del gran capital privado, expresado fundamentalmente en la actitud belicosa y prepotente de la administración de Washington.
Lo que está claro es que en esta post Guerra Fría, con el papel hegemónico unipolar que ha ido cobrando Estados Unidos y su plan de profundización de poderío global, Latinoamérica es ratificada en su papel de reserva estratégica (léase: patio trasero). Ante la desaceleración de su empuje económico (el imperio no está muriéndose, pero comienza a ver amenazado su lugar de intocable a partir de nuevos actores como China o la Unión Europea), el área latinoamericana es una vez más un reaseguro para la potencia del Norte, apareciendo ahora como obligado mercado integrado donde generar negocios, proveer mano de obra barata y asegurar recursos naturales a buen precio, por supuesto bajo la absoluta supremacía y para conveniencia de Washington. De esa lógica se deriva la nueva estrategia de recolonización dada a través de la firma de los diversos Tratados de Libre Comercio -que, por supuesto, de “libres” no tienen nada-, acompañada por la ultra militarización de la zona, con una cantidad de bases como nunca había tenido durante el siglo XX.
La situación actual puede abrir la interrogante sobre cómo enfrentarse a ese poder hegemónico: ¿unirse como bloque regional quizá? Como dijera Angel Guerra Cabrera: “La victoria no concluye hasta conseguir la integración económica y política de América Latina y el Caribe. Y es que la concreción en los hechos del ideal bolivariano -como lo vienen haciendo Venezuela y Cuba en sus relaciones- es lo único que puede evitar la anexión de nuestra región por Estados Unidos y propiciar que se desenvuelva con independencia y dignidad plena en el ámbito internacional. Lograrlo exige la definición de un programa mínimo que agrupe en cada país a las diferentes luchas sociales en un gran movimiento nacional capaz de impulsar transformaciones antiimperialistas y socialistas”. Seguramente ahí hay una agenda que las fuerzas progresistas no pueden descuidar: una integración real y basada en intereses populares, una posición clara contra mecanismos de ataque a la integridad latinoamericana como el Plan Patriota (ex Plan Colombia) o el Plan Mérida (para México y Centroamérica) y los nuevos demonios que circulan y pueden permitir el desembarco de más tropas: la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo internacional, coartada perfecta para la geoestrategia del gobierno de Estados Unidos.
Esto nos lleva, entonces, a la reconsideración de las nuevas izquierdas en Latinoamérica, tarea impostergable y vital. La izquierda necesita hacerse un replanteamiento en tanto expresión de un pensamiento alternativo al capitalismo, a la lógica del libre mercado, a la sociedad de clases -crítica que no significa el desechar los ideales de cambio luego del derrumbe del socialismo europeo sino su profundización a partir de las lecciones aprendidas-. Preguntas, en definitiva, que podrán servir para reenfocar las luchas.
Si esa reformulación se hace genuinamente, deberá preguntarse qué es lo que está en juego en una revolución: ¿se trata de mejores condiciones de vida para la población, como se está dando en estos momentos en Venezuela con un reparto más equitativo de la renta petrolera, o hay que profundizar el poder popular y la construcción de una nueva ética? (en el país caribeño, por ejemplo, sigue siendo dominante la idea de los certámenes de belleza femenina, y el gobierno central destina 300 millones de dólares para apoyar a “su” piloto de Fórmula 1. ¿Eso es el socialismo del siglo XXI?) De tal forma, abriendo esos debates, deberá atreverse a buscar a tiempo los antídotos del caso contra los errores que nos enseña la historia; preguntarse qué, cómo y en qué manera puede cambiar lo que se intenta cambiar; hacer efectiva la máxima de “la imaginación al poder” del mítico Mayo Francés de 1968, hoy ya tan lejano y olvidado, como una garantía, quizá la única, de poder lograr cambios sostenibles.
En esa reconceptualización, sabiendo que nos referimos a Latinoamérica, es necesario retomar agendas olvidadas, o poco valorizadas por la izquierda tradicional. Heredera de una tradición intelectual europea (ahí surgió lo que entendemos por izquierda), los movimientos contestatarios del siglo XX ocurridos en Latinoamérica no terminaron de adecuarse enteramente a la realidad regional. La idea marxista misma de proletariado urbano y desarrollo ligado al triunfo de la industria moderna en cierta forma obnubiló la lectura de la peculiar situación de nuestras tierras. Cuando décadas atrás José Mariátegui, en Perú, o Carlos Guzmán Böckler, en Guatemala, traían la cuestión indígena como un elemento de vital importancia en las dinámicas latinoamericanas, no fueron exactamente comprendidos. Sin caer en infantilismos y visiones románticas de “los pobres pueblos indios” (“Al racismo de los que desprecian al indio porque creen en la superioridad absoluta y permanente de la raza blanca, sería insensato y peligroso oponer el racismo de los que superestiman al indio, con fe mesiánica en su misión como raza en el renacimiento americano”, nos alertaba Mariátegui en 1929), hoy día la izquierda debe revisar sus presupuestos en relación a estos temas.
De hecho, entrado el tercer milenio, vemos que las reivindicaciones indígenas no son “rémoras de un atrasado pasado semifeudal y colonial” sino un factor de la más grande importancia en la lucha que actualmente libran grandes masas latinoamericanas (Bolivia, Perú, Ecuador, México, Guatemala). Sin olvidar que Latinoamérica es una suma de problemas donde el tema del campesinado indígena es un elemento entre otros, pero sin dudas de gran importancia, la actitud de autocrítica es lo que puede iluminar una nueva izquierda.
Pensar que las izquierdas están renaciendo con fuerza imparable, además de erróneo, puede ser irresponsable. Si el “progresimo” actual puede llevar a plantear un “capitalismo serio”, eso no es más que un camino muerto, o sumamente peligro incluso para las grandes mayorías populares. Pero creer que todo está perdido, es más irresponsable aún. En ese sentido, entonces, la utopía de un mundo nuevo no ha muerto porque ni siquiera ha terminado de nacer.
Bibliografía:
• Betto, Frei. “Desafíos a la nueva izquierda”. Rebelión, 02-02-2005 http://www.rebelion.org
• Borón, Atilio. “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos”. Rebelión, 11-08-2004 http://www.rebelion.org
• ——– “Actualidad del ‘¿Qué hacer?'”. Rebelión, 27-12-2004 http://www.rebelion.org
• Caballero, Manuel. “La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana”. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1988.
• Diercksens, Wim. “Los límites de un capitalismo sin ciudadanía”. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, 1997.
• Dussel, Enrique. “Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación”. Editorial Nueva América. Bogotá, 1994.
• Figueroa Ibarra, Carlos. “Notas para una reflexión sobre la izquierda guatemalteca”. Ponencia presentada en el Encuentro Nacional por la Paz y la Democracia. Quetzaltenango, Guatemala, octubre de 2004.
• Galeano, Eduardo. “Las venas abiertas de América Latina”. Siglo Veintiuno Editores. México, 1973.
• Guzmán Böckler, Carlos. “Donde enmudecen las conciencias. Crepúsculo y aurora en Guatemala”. GSPI. Guatemala, 1991.
• Katz, Claudio. “El porvenir del socialismo”. Monte Ávila Editores. Caracas, 2006.
• Mariátegui, José. “Siete Ensayos sobre la realidad peruana”. Fundación Biblioteca Ayacucho. Caracas, 2007.
• Rodríguez Elizondo, José. “La crisis de las izquierdas en América Latina”. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1990.
• Sánchez Vásquez, Adolfo. “Entre la realidad y la utopía. Ensayo sobre política, moral y socialismo”. UNAM / FCE. México, 1999.
• Varios autores. “Fin del capitalismo global. El nuevo proyecto histórico”. Editorial Txalaparta. México, 1999.

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A la izquierda de lo posible

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La cuestión no está en tener que optar entre la política de lo posible y la política de lo imposible. Está en saber estar siempre a la izquierda de lo posible.

 

Boaventura de Sousa Santos / Página/12
Históricamente, las izquierdas se dividían a partir de los modelos de socialismo y las vías para realizarlos. Al no estar el socialismo, por ahora, en la agenda política –incluso en América Latina pierde aliento la discusión del “socialismo del siglo XXI”–, las izquierdas parecen dividirse a partir de los modelos de capitalismo. A primera vista, esta división tiene poco sentido pues, por un lado, en la actualidad hay un modelo global del capitalismo, de lejos hegemónico, dominado por la lógica del capital financiero, basado en la búsqueda del máximo lucro en el menor tiempo posible, cualesquiera sean los costos sociales o el grado de destrucción de la naturaleza. Por otro lado, la disputa por los modelos de capitalismo debería ser más una disputa entre las derechas que entre las izquierdas. Pero no es así. A pesar de su globalidad, el modelo de capitalismo ahora dominante asume características distintas en diferentes países y regiones y las izquierdas tienen un interés vital en debatirlas, no sólo porque están en cuestión las condiciones de vida, aquí y ahora, de las clases populares, que son el soporte político de las izquierdas, sino también porque la lucha por horizontes poscapitalistas –a los que algunas izquierdas todavía no renunciaron– depende mucho del capitalismo real del que se parta.
Como el capitalismo es global, el análisis de los diferentes contextos debe tener en cuenta que, a pesar de sus diferencias, son parte del mismo texto. Siendo así, es perturbadora la actual disyunción entre las izquierdas europeas y las izquierdas de otros continentes, sobre todo las izquierdas latinoamericanas. Mientras las izquierdas europeas parecen estar de acuerdo en que el crecimiento es la solución para los males de Europa, las izquierdas latinoamericanas están profundamente divididas respecto del crecimiento y el modelo de desarrollo sobre el que se asienta. Veamos el contraste. Las izquierdas europeas parecen haber descubierto que la apuesta por el crecimiento económico es lo que las distingue de las derechas, que apuestan por la consolidación presupuestaria y la austeridad. El crecimiento significa empleo y éste, una mejora en las condiciones de vida de las mayorías. Sin embargo, no problematizarlo implica la idea de que cualquier crecimiento es bueno. Y eso es un pensamiento suicida para las izquierdas. Por un lado, las derechas lo aceptan fácilmente (como ya lo están aceptando, porque están convencidas de que será el crecimiento que ellas proponen el que prevalezca). Por otro lado, significa un retroceso histórico grave en relación con los avances en las luchas ecológicas de las últimas décadas, en los que algunas izquierdas tuvieron un rol determinante. O sea, se omite que el modelo de crecimiento dominante es insostenible. En pleno período preparatorio de la Conferencia de la ONU Río+20 no se habla de sustentabilidad, no se cuestiona el concepto de economía verde, aun cuando más allá del color de los dólares sea difícil imaginar un capitalismo verde.
En contraste, en América Latina las izquierdas están polarizadas como nunca con respecto al modelo de crecimiento y desarrollo. La voracidad de China, el consumo digital sediento de metales raros y la especulación financiera sobre la tierra, las materias primas y los bienes alimentarios están provocando una carrera sin precedentes por los recursos naturales: la exploración y explotación megaminera a cielo abierto, la exploración petrolífera y la expansión de la frontera agrícola por el agronegocio. El crecimiento económico que propicia esta carrera choca con el aumento exponencial de la deuda socioambiental: la apropiación y la contaminación del agua, la expulsión de muchos miles de campesinos pobres y de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad, la ruina de los modos de vida y las economías que hasta ahora garantizaron la sustentabilidad. Frente a esta contradicción, una parte de las izquierdas –que están en la coalición gobernante en varios países– apoya la oportunidad extractivista, ya que los ingresos que genera se canalizan a reducir la pobreza y construir infraestructura. Otra parte –que de un modo más o menos radical se opone las coaliciones gobernantes– ve al nuevo extractivismo como la fase más reciente de la condena colonial de América latina a ser exportadora de naturaleza para los centros imperiales que están saqueando inmensas riquezas y destruyendo los modos de vida y las culturas de los pueblos. La confrontación es tan intensa que pone en cuestión la estabilidad política de países como Bolivia o Ecuador.
El contraste entre las izquierdas europeas y latinoamericanas reside en que sólo las primeras suscribieron incondicionalmente el “pacto colonial”, según el cual los avances del capitalismo valen por sí, aunque hayan sido (y continúen siendo) obtenidos a costa de la opresión colonial de los pueblos no europeos. Nada nuevo en el frente occidental mientras sea posible la exportación de la miseria humana y la destrucción de la naturaleza.
Para superar este contraste e iniciar la construcción de alianzas transcontinentales son necesarias dos condiciones. Las izquierdas europeas deberían poner en cuestión el consenso del crecimiento, que o es falso o significa una complicidad repugnante con una injusticia histórica demasiado larga. Deberían discutir el tema de la insustentabilidad, cuestionar el mito del crecimiento infinito y la idea de la inagotable disponibilidad de la naturaleza sobre la que se asienta, asumir que los crecientes costos socioambientales del capitalismo no se pueden superar con imaginarias economías verdes, defender que la prosperidad y la felicidad de la sociedad dependen menos del crecimiento que de la justicia social y la racionalidad ambiental, tener el coraje de afirmar que la lucha por la reducción de la pobreza es una burla para encubrir la lucha que no se quiere librar contra la concentración de la riqueza.
A su vez, las izquierdas latinoamericanas deberían discutir las antinomias entre el corto y el largo plazo, tener en mente que el futuro de las rentas diferenciales generadas actualmente por la explotación de los recursos naturales está en manos de unas pocas empresas multinacionales y que, al final de este ciclo extractivista, los países pueden ser más pobres y dependientes que nunca, reconocer que el nacionalismo extractivista garantiza al Estado ingresos que pueden tener una importante utilidad social si, en parte por lo menos, son utilizados para financiar una política de transición, que debe comenzar desde ya, desde el extractivismo depredador hacia una economía plural en la que esas actividades extractivas sólo serán útiles en la medida en que sean indispensables.

Las condiciones para desarrollar políticas de convergencia global son exigentes, pero no inviables, y apuntan a opciones que no deben ser descartadas bajo el pretexto de ser políticas de lo imposible. La cuestión no está en tener que optar entre la política de lo posible y la política de lo imposible. Está en saber estar siempre a la izquierda de lo posible.

“Hay que priorizar la construcción de una contrahegemonía cultural”

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En esta entrevista concedida a la revista argentina Debate, Nils Castro, escritor y diplomático panameño, plantea los avances, las limitaciones y los desafíos de la izquierda latinoamericana.

 

Manuel Barrientos / Debate
El escritor panameño Nils Castro
“Mientras el papel de las derechas es reproducir el pasado, el de las izquierdas es producir el futuro”, escribe el escritor y diplomático panameño Nils Castro en su nuevo libro, Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, editado por la Universidad de San Martín y que cuenta con prólogos de Marco Aurélio Garcia -asesor especial en política exterior de la presidenta brasileña Dilma Rousseff- y del ex canciller argentino Jorge Taiana.
En su visita a la ciudad de Buenos Aires, Castro recibe a Debate en un hotel céntrico y se brinda a una larga charla en la que traza los rasgos comunes que tienen las presidencias de perfil de centroizquierda o progresista que gobiernan la mayoría de los países latinoamericanos, evalúa sus límites (“llegaron al gobierno pero no al poder”, advierte) y analiza las asignaturas que aún están pendientes, luego de casi tres décadas del retorno de la democracia y de las experiencias neoliberales que atravesaron a toda la región.

América Latina ofrece un panorama impensado en la década del noventa, con mayoría de presidencias de izquierda o progresistas. Más allá de las particularidades de cada caso, ¿qué rasgos comunes pueden encontrarse entre estos gobiernos?
En los ochenta y los noventa padecimos la oleada neoliberal, que tuvo costos altísimos en materia de empleo, de salarios, de seguridad social. Y los ciudadanos votaron en contra de todos los liderazgos y partidos que habían sostenido y administrado ese proceso. Así que estas izquierdas progresistas llegan al gobierno no tanto porque vienen ofreciendo un proyecto nuevo, como sucedía en los sesenta o setenta, sino como una reacción de repudio social a lo existente. Por tanto, son gobiernos que vienen a reparar un desastre producido en los veinte o treinta años anteriores y ofrecen a la sociedad una agenda de reparación de desastres, más que de transformación. Pero este fenómeno provoca distintos efectos.

¿Cuáles serían?
Por un lado, estos gobiernos coinciden en la necesidad de incrementar la solidaridad y la integración latinoamericana, y han fortalecido el Mercosur y crearon la Unasur y la Celac. Se fortaleció el papel de América Latina como bloque en el plano internacional, rescatando cuotas de soberanía y autodeterminación, sacrificadas también durante los años anteriores. Y se dan en coincidencia con el hecho de que ha mermado la soberanía estadounidense, sea en el plano militar, político, económico o estratégico. Ahora el tema es si -más allá de esta primera etapa de reparación de errores y daños pasados-, la izquierda logrará generar un proyecto estratégico que trascienda este período y se oriente hacia las metas históricas de la izquierda. Es decir, una transformación social en favor de la igualdad y del derecho a la ciudadanía. Y esa agenda de más largo plazo hoy no parece existir.

¿Por qué no se ha logrado establecer esa agenda?
En los ochenta no sólo se desplegó la ofensiva neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, sino que también se dio el desmoronamiento del llamado bloque del socialismo real y los proyectos guerrilleros no tuvieron éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Así que para los años noventa, teníamos un desastre social, una pérdida de referentes y un estado de desorientación de la izquierda. A partir del actual siglo, se observa una presencia creciente de gobiernos progresistas. Al repudiar lo existente, los electores apelan a elegir a figuras que vienen de la izquierda, pero que ya no tienen esos proyectos rupturistas de alta densidad de los años sesenta y setenta, sino que llegan con proyectos alternativos de baja tensión, dando la seguridad de que se preservarán las normas democráticas, de que serán prudentes, de que no habrá hiperinflación. Y este esquema avanzó bien, pero la preocupación del libro es qué va a pasar después, porque la derecha se va a recomponer, porque no ha sido derrotada, sino que sólo fue vencida en algunas elecciones.

¿Por qué avizora un reposicionamiento de la derecha?
Porque conservan su capital, sus recursos financieros, sus muy poderosos recursos mediáticos. Así que tienen los recursos necesarios para recomponer su imagen y su discurso, para crearse nuevos mitos, como los que generaron Sebastián Piñera en Chile o Ricardo Martinelli en Panamá. Me refiero a esa idea de que no son “políticos”, sino empresarios exitosos; y que, como son ricos, no necesitan robar. Un mito que señala que son buenos administradores de empresas y que, por tanto, van a hacer lo mismo con el Estado. A poco de estar tres años en el gobierno, quedó demostrado que son mitos falsos. Pero la derecha se recompondrá y nosotros, desde las izquierdas, debemos ser capaces de superarla, aunque no tengamos sus mismos recursos mediáticos ni financieros. Debemos hacer ejercicio de nuestra capacidad de innovación, de imaginación, y refrescar nuestros lenguajes y nuestras propuestas.

Usted plantea que estos gobiernos progresistas lograron grandes avances en la lucha contra la pobreza y el hambre, pero que encuentran obstáculos a la hora de generar mecanismos más igualitarios de distribución del ingreso. ¿A qué se debe esta dificultad? ¿Qué nuevos instrumentos se requieren?
Son gobiernos con grandes limitaciones. Y parte de esas limitaciones son que no existe un proyecto estratégico, o de que recién existen atisbos de un proyecto. Pero otro problema es que estos gobiernos fueron electos dentro de un sistema político y electoral ya existente, con una democracia que tiene restricciones importantes. En muchos países, provienen de procesos de negociación con los militares o las oligarquías. Entonces, se llega al gobierno dentro de un marco que está acotado por estas circunstancias. Lula da Silva o Dilma Rousseff, por ejemplo, hicieron elecciones gigantescas, pero no poseen mayoría parlamentaria, tienen a la Corte Suprema en contra y no gobiernan la mayoría de los Estados o los municipios. Por tanto, están sujetos a una perpetua negociación con los partidos del centro y la derecha para ir sacando adelante cada proyecto de ley, que luego quedan mutilados por esa propia negociación. Es decir, llegan al gobierno pero no llegan al poder. De todas formas, hubo diferentes formas de acceder al gobierno y eso ha marcado también los desenvolvimientos posteriores.

¿Qué marcas establecen esas divergencias en el punto de partida?
En algunos casos, la situación social era tan escabrosa y las reacciones populares fueron tan fuertes, que hubo sublevaciones urbanas que derrocaron gobiernos, pero que no necesariamente estaban en condiciones de reponer el régimen existente por otro distinto. Al grito del “Que se vayan todos” se echó a un gobierno, pero no existían los recursos de cultura política adecuados para satisfacer ese clamor popular. Entonces, el sistema sigue siendo el mismo, aunque permitió la llegada de gobiernos de corte progresista. En cambio, en otros lugares, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, la convulsión fue tan grande que permitió procesos constituyentes que remataron en una reforma del Estado. Allí esos gobiernos pueden ser más radicales en la reconstrucción social, porque se doblegó el sistema político tradicional. Y en otros países, como Brasil, Uruguay, Chile, el sistema político quedó intacto y deben gobernar dentro de esos márgenes. En ese sentido, se debe analizar cuál es la cultura política vigente en cada país, y no me refiero sólo a qué piensan los intelectuales sobre la política, sino a las emociones y las reacciones de la gente frente a las fuerzas políticas, a sus maneras de votar.

Usted indica que esa “batalla cultural” está aún lejos de ser ganada por esas fuerzas de izquierda.
Hay una cultura política que tiene una fuerza inercial antigua pero muy importante que conduce los comportamientos de los electores. Probablemente, éstos quieran una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa, pero aún conservan mucho temor a los radicalismos, o a ciertos efectos perversos como la hiperinflación, y no quieren volver a pasar sustos o sobresaltos de esa naturaleza. Entonces, eso muestra que hay una batalla cultural que aún se debe dar para poder reformar el sistema político y fijar un nuevo proyecto. Y ésa es una de las tesis del libro: en la etapa que viene hay que priorizar el trabajo de construcción de contrahegemonía cultural, como la denominaba Antonio Gramsci. Para eso, tenemos que discutir e ir abriendo otras opciones de creación de propuestas. Se necesita un proyecto de coherencia, que presente similitudes en los países vecinos para poder seguir actuando en bloque. Pero no se puede avanzar sólo con críticas; hay que avanzar con propuestas que convenzan a la gente y que sean comunicadas de forma persuasiva.

En las últimas décadas surgieron nuevos actores políticos y movimientos sociales que, en algunos casos, han tenido relaciones tensas con estos gobiernos progresistas. ¿Cómo se construyen canales de diálogos entre todos esos sectores?
Nadie construye un nuevo proyecto a solas, desde un panorama de sectarismos. Hay que empezar por tender puentes y comunicarse con las otras corrientes progresistas o de izquierdas. Si hay cosas en las que no nos entendemos, no dependamos de ellas y actuemos en cooperación en aquellos temas en los que sí nos comprendemos. Hay que volver a ampliar el diálogo, porque estos esfuerzos para la construcción de proyectos estratégicos deben ser entre muchas corrientes y no se pueden dar con base en la hegemonía de ninguna de ellas. También hay que empeñarse en el diálogo con las generaciones más jóvenes. Uno de los problemas que arrastramos desde los setenta es que los intelectuales escribimos los unos para los otros, en una especie de circuito cerrado en el que tal vez se producen buenas ideas, pero que resulta críptico para quienes no están iniciados.

Uno de los dilemas en el que están absortos estos gobiernos es que no sólo gobiernan con los sistemas políticos previos sino también bajo los sistemas económicos establecidos por las dictaduras, con industrias extractivas o esquemas de reprimarización. ¿Cómo se resuelva esa paradoja?
Es un problema grande, y está vinculado con la falta de un proyecto alternativo. En el plano académico, el neoliberalismo está desacreditado, tanto por sus propias deficiencias teóricas como por las ostensibles catástrofes ocurridas. Sin embargo, las reglas básicas del comportamiento económico internacional están vigentes, como el extractivismo o los commodities. Es decir, la forma en la que el neoliberalismo organizó la globalización actual. Y de eso no hemos salido. Si bien ahora hay gobiernos progresistas en algunos Estados-nación, la red internacional sigue administrada por las grandes corporaciones transnacionales. Y está intacta. Por tanto, cada gobierno progresista es prisionero de ese contexto global. Todavía falta una acción por desempeñar como bloque para cambiar esas reglas de juego a nivel global. Por eso es importante consolidar la Unasur o crear la Celac, porque hay una gran batalla para dar. Aunque Estados Unidos y Francia estén debilitados, pero no tanto Alemania, siguen dirigiendo el juego. Se trata de un aspecto deficitario, porque hoy no basta con tener éxito en los procesos nacionales, hay que lograr democratizar el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Y estamos lejos de eso.

Uno de los aspectos más valiosos del libro es la recuperación de la idea de futuro para la izquierda. ¿Cómo se avanza en la construcción de ese relato colectivo?
El fracaso de la Unión Soviética y la falta de éxito de los proyectos guerrilleros nos dejaron con la psicología de que el papel de las izquierdas frente a esa ofensiva abrumadora de la derecha era sólo el de la resistencia. Y algún día tenemos que salir de la trinchera y empezar a ganar terreno. Estamos ante esta oportunidad. Hay que restablecer esperanzas y optimismos, porque el rol de la izquierda es cambiar las condiciones existentes, transformar la realidad. Para eso se requiere imaginación, exploración, creación e innovación. Pero es, también, una incursión en un mundo de mucha incertidumbre y de mucho riesgo.

¿Por qué?

Cuando uno propone una manera de cambiar las cosas, está apostando a algo que no existe y que puede o no resultar. Es un mundo plagado de preguntas. En cambio, la derecha maneja todas las respuestas y sabe lo que quiere, porque ya lo tiene. Sólo necesita reproducirlas. Tal vez requiera de aggiornamientos, pero no deja de ser siempre más de lo mismo; son cambios gatopardistas, sin riesgos. Pero ahora sabemos que uno de los problemas graves es dar sustentabilidad a ese proyecto, porque no basta con tomar el cielo por asalto. Hay que lograr que la gente lo quiera sostener y que viva mejor económicamente. Siempre recuerdo que, no hace muchos años, le pregunté a un dirigente chino si lo que estaban haciendo no era, en realidad, una restauración capitalista. Y él me respondió: “En los últimos veinte años, trescientos millones de chinos salieron de la pobreza. ¿No era para eso que queríamos hacer la revolución?”. Es decir, si el proyecto no reivindica la calidad de vida de la gente, aunque logre conservar el poder, no será exitoso. Tiene que realizar los sueños del pueblo, no los sueños de los dirigentes.

La izquierda roja se transforma en “izquierda marrón”

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miércoles, 9 de mayo de 2012

ADITAL – SERPAL

Documento anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del Centro Gumillas, periodo enero-marzo 2012.

La izquierda latinoamericana es cada vez menos roja y cada vez más marrón. La afirmación es del sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas. Según él, está quedando cada vez más claro que los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda se apoyan en la explotación de materias primas para alimentar el crecimiento económico. Nos hemos vuelto proveedores de materias primas para la globalización, acota él. Se rompe así el diálogo con el movimiento verde y la izquierda roja se transforma en marrón, destaca el sociólogo. El rojo, color simbólico de la lucha socialista, se subordina a la lógica del gran capital y, asumiendo el modelo extractivo -primario exportador- provoca grandes impactos negativos en el medio ambiente. Marrón es una referencia a los cráteres a cielo abierto, consecuencia de los megaproyectos que están en curso en todo el continente.
El modelo extractivo patrocinado por los gobiernos de izquierda y, también, por los de derecha en América Latina es definido por el escritor Raúl Zibechi como “apropiación de los bienes comunes, directa o indirectamente, para transformarlos en mercancía”. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, comenta que “la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”.
Prácticamente en todos los países de la región, desde México hasta Chile, comunidades tradicionales y campesinas se están levantando contra los grandes proyectos de desarrollo y de extracción natural que, embarcados en el boom económico de América Látina y en los altos precios de las materias primas, están promoviendo una nueva fiebre del oro en paisajes tan distintos como el desierto mexicano y la selva amazónica, comenta el escritor Tadeu Breda.
La obsesión por el crecimiento, la apuesta por los megaproyectos y la flexibilización del aparato normativo que protege el medio ambiente está en el núcleo de las tensiones sociales a las que asistimos en todo el continente. Marchas, protestas, ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social en América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de las movilizaciones son los conflictos ambientales. Una pequeña muestra de todo eso se puede ver aquí en Brasil: la agenda alrededor del Código forestal, la PEC 125 y la polémica acerca del reporte que envuelve la hidroeléctrica de Belo Monte y que sufrió tentativa de censura por parte de la ministro Maria do Rosário. En todos los conflictos el denominador común es la agenda ambiental.
En un breve vistazo por los países vecinos se ve lo mismo. La cuestión ambiental está en el centro de los conflictos entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas. Tomemos como ejemplo lo que está aconteciendo en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también, con un grado diferente, en Argentina, Colombia y Venezuela.
Conflictos ambientales estallan en el territorio latinoamericano
Los conflictos ambientales permean la coyuntura del continente latinoamericano. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrentó en los últimos días una marcha nacional contra sus políticas extractivas. El escritor Tadeu Breda comenta que desde 2009, después de la aprobación plurinacional, Rafael Correa sancionó una nueva ley de minas que abre camino a la explotación mineral en gran escala y a cielo abierto. A partir de entonces, el movimiento indígena abandonó la coalición política y social que había posibilitado la victoria del presidente y pasó a la oposición.
La ira del movimiento indígena se debe al hecho de que Correa firmó recientemente contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital Chino, para la explotación de un yacimiento minero en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú, una de las áreas del país más ricas en biodiversidad.
Se trata de uno de los cinco proyectos de mina considerados prioritarios por el gobierno de Correa. Decio Machado -citado en el reportaje de Claudia Fanti- afirma que “es el primer gobierno que convirtió la megamineria en una actividad estratégica que deja una marca sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano”.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento indígena ecuatoriano inició una marcha nacional contra las políticas extractivas del gobierno. La marcha salió de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país, recorrió toda la región andina hasta la capital, Quito, en el norte de Ecuador, donde llegó el día 22, Día Mundial del Agua. El presidente Correa, defendiendo el proyecto, dice que su gobierno apalanca una minería responsable social y ambientalmente, repitiendo su frase de que “no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”. Los manifestantes, a su vez, no aceptan “sobrevivir en un país devastado en las garras del miedo o de la indiferencia, un país con realidades paralelas de ríos muertos y de personas enfermas a causa de la contaminación minera y petrolífera, de personas que se consumen en el consumismo y de personas muertas en vida, sin memoria ni identidad, desprovistas de sus selvas y de su condición humana, entre árboles y animales masacrados”.
El escritor Tadeu Breda comenta: “Todos quieren el desarrollo del Ecuador, claro: pero no concuerdan con los métodos del gobierno. Avalan que el extractivismo de hoy es el mismo que nortea la economía ecuatoriana desde siempre -y tienen de su lado la verdad histórica de que vender materias primas para los países ricos puede que haya generado riqueza, sin embargo, jamás trajo desarrollo”.
En el Perú, otra marcha nacional, esta vez por el derecho al agua. “la movilización popular más importante desde la época de Fujimuri”, señaló Hugo Blanco en el reportaje de Claudia Fanti. En el centro de la marcha, que se llevó a cabo del 1 al 9 de febrero, está la oposición al proyecto Conga, inmenso plan de minería que prevé sacar varias lagunas de Cajamarca, en el norte del país. El proyecto es liderado por el grupo Yanacocha, la primera empresa de extracción de oro en América del Sur y la segunda del mundo.
En el currículum de esa empresa se destaca, durante los últimos meses del gobierno de Fujimuri, la devastadora fuga de mercurio en Choropampa, que costó la vida de más de setenta personas y que aún continúa impune.
Rechazado por el propio gobierno de Cajamarca, el proyecto Conga, que cuenta con una inversión de casi 5 billones de dólares, amenaza con destruir las reservas de agua dulce de la región produciendo, según los estudios de impacto ambiental del Ministerio del medio Ambiente, daños irreversibles al ecosistema y contaminando la cuenca del río Marañón, un importante afluente del río Amazonas. “Es un proyecto altamente depredador afirmó Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, que entra en conflicto profundamente con el momento que vivimos en el mundo y con el discurso del presidente Ollanta Humala” cuando, después de haber dicho: “¿Qué quieren ustedes, oro o agua?” y haber recibido una respuesta clara del pueblo: “queremos agua”, se comprometió a “defender los recursos hídricos de Cajamarca”.
El cambio de posición de Humala, que insiste ahora en explotar la minería, se debe al hecho de que el precio del oro subió mucho en el comercio internacional. Cabe destacar que en el mismo Perú, en 2009, el gobierno de Alan García promovió una verdadera matanza de indígenas en la localidad de Bagua, en el Amazonas peruano, a consecuencia de las protestas de los indígenas contra la entrega de sus territorios a empresas extractivas transnacionales para la explotación de hidrocarburos, madera y biocombustibles.
En Bolivia, a su vez, se anuncia una nueva movilización en defensa del Tipnis. En esa crisis que envuelve al presidente Evo Morales y al movimiento social, está la carretera de Tipnis -el proyecto de una autopista, de 306 kms. que atravesaría 1,2 millones de hectáreas del territorio indígena y el Parque Nacional Isidro Sécure (Tipnis) donde habitan 13 mil indígenas moxeños, yurakarés y chimanes. Las obras del trecho 1 y 3 ya están andando. El trecho principal, que es el 2, atraviesa 177 Km del Tipnis. La obra es de gran interés geoestratégico para Bolivia y para Brasil, como parte de un corredor para el transporte que conecta el Atlántico con el Pacífico. Los indígenas no aceptan la carretera y acusan al gobierno de no haberlos consultado sobre dicha obra.
En septiembre de 2011 fue duramente reprimida una marcha indígena en contra de la construcción de la carretera. La dura represión de la marcha desató una crisis sin precedente en el gobierno de Evo Morales y puso en jaque al gobierno plurinacional y pluriétnico. Para el momento el presidente anunció que estaban suspendidas las obras y al mismo tiempo pidió perdón a los indígenas. Ahora el tema volvió a generar tensión en el país.
El senado boliviano, con el apoyo del gobierno, aprobó la realización de una consulta para determinar si la carretera en cuestión podría o no atravesar el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Los indígenas temen el aumento de la presión demográfica y la expansión de la frontera agrícola sobre el territorio. El gobierno argumenta que los indígenas de las tierras altas y valles, grupo mayoritario, apoya el proyecto y apenas los indígenas de las tierras bajas están en contra. Argumenta que esos indígenas estarían siendo manipulados por los grupos que hacen oposición al gobierno.
El conflicto está lejos de terminar y, en esencia, se oponen modelos y visiones diferentes. Bolivia, con la insistencia de construir la carretera, da muestras de que también sucumbió al modelo desarrollista. La elaboración de la estrategia económica en Bolivia tiene como uno de los principales mentores al sociólogo Álvaro García Linera que es el vice-presidente del país. Linera, marxista, intelectual respetado, una especie de portavoz autorizado de los objetivos estratégicos de Bolivia ya dice que el gobierno busca “un capitalismo con mayor presencia del Estado”.
Según Tadeu Breda la mejor manera de entender las manifestaciones en el Ecuador, y vale también para Bolivia, es tener en mente el contenido de la Constitución Plurinacional de esos países. La carta garantiza una serie de derechos innovadores en América Latina. Tres de los que ganan gran relevancia son: los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y el bien vivir.
Tales principios no funcionan independientemente uno de los otros, dice el escritor: “Si la plurinacionalidad otorga a las comunidades indígenas autoridad para ejercer su cultura (lengua, justicia, propiedad, economía) dentro de sus tierras, los Derechos de la Naturaleza garantizan que el medio ambiente bajo ningún aspecto pueda ser degradado más allá de su capacidad natural de regeneración. Eso significa, obviamente, un obstáculo legal para las actividades extractivas, hoy en día responsables por más de la mitad del PIB ecuatoriano. Por último, el bien-vivir es el proyecto de desarrollo que resulta de un sistema que respeta las tradiciones ancestrales y los ciclos naturales de el ecosistema en que se insertan. De ahí que la marcha en curso en el Ecuador se opone prioritariamente a las políticas extractivas patrocinadas por el gobierno”.
“El agua es más preciosa que el oro”: grito que hace eco en toda América Latina
Volviendo a los conflictos que tienen en su núcleo la problemática ambiental en el continente latinoamericano, también en la Argentina se manifiestan conflictos ligados a las actividades mineras. En Catamarca, una de las provincias más pobres del país, al noroeste de Buenos Aires, la población está en pie de guerra.
Hace algunas semanas la mayor parte de las vías están cerradas por centenas de manifestantes contrarios a la explotación a cielo abierto de la mina La alumbrera, por parte de la empresa canadiense Barrik Gold. En la provincia vecina de La Rioja, los habitantes protestan contra otro proyecto de la compañía canadiense Osisko Mining Corporation, en el Nevado del Famatina.
También en los gobiernos de derecha los conflictos ambientales abundan. En Colombia, una gran movilización popular llevó al Ministerio del Medio Ambiente a negar a la empresa canadiense Eco Ouro Minerals la autorización para un proyecto de explotación minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, en Santander, un complejo de lagunas que surte de agua a una población de 2,2 millones de personas.
En Panamá, luego de la movilización de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé quienes, desde el 31 de enero al 7 de febrero, bloquearon la vía Panamericana recibiendo un fuerte apoyo de la población, el gobierno de Ricardo Martinelli tuvo que ceder a las reivindicaciones indígenas, aceptando iniciar las negociaciones sobre la ley relativa a las actividades de minería y a la construcción de plantas hidroeléctricas.
Crítica es la situación en América Central, donde centena de proyectos mineros están a la espera de aprobación. En Honduras, en particular, donde ya habían sido entregadas más de 370 concesiones, fueron presentadas, después del golpe de 2009, otros trescientos pedidos de explotación minera, también a cielo abierto.
En Guatemala, 56 municipios se proclamaron libres de la actividad minera después de una fuerte presión popular. Como se puede ver, por los acontecimientos citados anteriormente, en Latinoamérica el boom de la minería genera cada vez más conflictos. El agua es más preciosa que el oro, ese es el grito lanzado en toda la región por comunidades campesinas, ambientalistas y científicas que denuncian el impacto socio ambiental de la explotación de minas a cielo abierto.
El caso brasileño, izquierda autoritaria y pérdida en la agenda ambiental PEC 125, Código Forestal y la hidroeléctrica de Belo Monte estuvieron en el centro del debate de la coyuntura brasileña en la semana que cierra. El caso de la PEC 125 es emblemático en esa perspectiva. En una sesión tumultuosa, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara aprobó el parecer del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), favorable a la admisibilidad de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que transfiere de la Unión para el Congreso Nacional la prerrogativa de aprobar y ratificar la demarcación de tierras indígenas. En caso de que sea aprobada definitivamente la PEC, significará una verdadera farra para los intereses de grupos en la explotación aún mayor de los territorios indígenas y quilombos.
El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cleber Buzatto, que acompañó la votación de la PEC con delegaciones indígenas de varias regiones del país, dice que la noticia de la aprobación fue recibida con tristeza e indignación por el liderazgo indígena, quienes consideran que dicha propuesta es inconstitucional. “La PEC rasga la Constitución en lo atinente al derecho de los pueblos indígenas y quilombos sobre sus tierras tradicionales”.
El Cimi acusa al gobierno de negligencia. Para Buzatto, éste no hizo nada para evitar la votación de la propuesta, pues el líder del gobierno no apareció durante la sesión para intentar una interlocución.
“Ni en el momento en que la situación estuvo tensa él apareció para demostrar solidaridad. Estamos entendiendo que, por el contrario, al no actuar directamente, el gobierno optó por la base vinculada al agronegocio y a la bancada evangélica”
La aprobación de la PEC 125 fue encabezada por el mismo grupo en el Congreso que está por detrás de la flexibilización del Código Forestal. “Aprobación de la PEC 215- Es el mismo grupo que está presionando para votar el Código Forestal”, twiteo el @CimiNacional.
La PEC 125 y el Código Forestal están en la misma lógica. El agronegocio quiere una legislación dócil que atienda a sus intereses económicos. En estos temas el gobierno ha sido omiso. Como destacamos en el último análisis de coyuntura, la agenda ambiental y la agenda indígena no son estratégicas en el gobierno de Dilma Rousseff, no se insertan en el proyecto de nación y, peor aún, están subordinadas a los sectores conservadores.
En la misma semana de aprobación de la PEC 125 el gobierno, a través de la ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, María del Rosario, protagonizó un hecho vergonzoso y autoritario contra la libre manifestación de los movimientos sociales. De nuevo, el nucleo del choque tuvo que ver con la agenda ambiental.
La ministra no concedió la palabra a los representantes de la sociedad civil convidados a la reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph). En la ocasión fue presentado y votado el informe de impresiones sobre Las violaciones de derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el Pará, redactada por la Comisión Especial designada por el Cddph. Después de apelar al reglamento interno del consejo que dice que los presentes solo pueden manifestar sus observaciones después de la deliberación de los consejeros, la ministro cambió repentinamente de pauta sin ofrecer la posibilidad del derecho de palabra.
La ministra quería que Belo Monte fuera retirado del informe.
En su opinión el documento debía abordar específicamente la cuestión de la violencia en el campo, y no denuncias de violaciones de derechos humanos a consecuencia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte.
“Es un informe sobre violencia. La cuestión de Belo Monte es un capítulo de ese informe. Sería a una irresponsabilidad de mi parte no colocar eso en el documento considerando que las personas que han sido escuchadas, las comunidades indígenas, las entidades de la sociedad civil y el propio Ministerio Público presentaron relatos de situaciones que pueden configurar violencia actual o futura relacionada con la construcción de la planta”. Dice el periodista Leonardo Sakamoto, de la ONG Repórter Brasil, que integró y fue designado como relator de la comisión especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph) que verificó las violaciones a los derechos humanos en la región conocida como Tierra del medio, en el estado de Pará.
No es ninguna novedad que el gobierno no tolera ni acepta crítica acerca de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. El megaproyecto es uno de los más caros del gobierno al lado de la transposición del de S. Francisco que también fue noticia en esos días. A pesar de las reiteradas críticas de la Iglesia, de las comunidades científicas, de ambientalistas y del movimiento social, el gobierno nunca aceptó echar atrás dicho proyecto.
El modelo neodesarrollista que tiene en el programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) su síntesis y su traducción en inversiones en infraestructura logística (carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos, aeropuertos); infraestructura energética (combustibles renovables, generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, petróleo y gas natural) e infraestructura social y urbana (metro, saneamiento, habitación) se desarrolla de forma autoritaria. Las voces que cuestionan el modelo son tachadas de estar contra el progreso y la distribución de la renta.
Gobiernos de la nueva izquierda atrapados en el mantra del crecimiento
Detrás del orden del crecimiento económico, de la atracción de los inversionistas y de la promoción de las exportaciones, los gobiernos de América Latina argumentan, dice Eduardo Gudynas, que “el Estado capta parte de esa riqueza para mantenerse a sí mismo y financiar programas de lucha contra la pobreza”. En esa óptica, continúa el sociólogo, “la izquierda gobernante no sabe qué hacer con los temas ambientales”, acabando por ver en ellos lo contrario, y no pasan de vagas referencias a la cuestión ecológica y hasta de equivocaciones hacia la Pacha Mama, que se convierte en un obstáculo al crecimiento económico y, por tanto, “un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados”. Asistencia que hace a los gobiernos cada vez más dependientes de la exportación de las materias primas.
Como destaca Tadeu Breda, “con algunas pequeñas características que cambian de país a país, está cada vez más claro que los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ y sus políticas neodesarrollistas no lograrán corregir las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Es más, no ofrecerán alternativas reales de desarrollo y bien-estar. Por eso, los pueblos se están organizando y hablando cada vez más alto. Es necesario escucharlos”.
Según la antropóloga Rita Segato, en América Latina se tiene “un bloque más sensible al bien estar, pero que no logra pensar la posibilidad de una transformación, de una mejoría en la situación fuera del proyecto eurocéntrico. No ha habido una ruptura. Quedamos eclipasados porque son gobiernos de izquierda, pero esa novedad no es muy profunda. Entraran para competir, participar de la concurrencia para emerger como bloque dentro de los mismos principios y objetivos del capitalismo global”.
Esa izquierda -en el poder en el continente- continúa prisionera de una lectura que se reduce a la lógica productivista, donde lo importante es el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la economía. Esa concepción de matriz marxista se aproxima al liberalismo, que también quiere el desarrollo de las fuerzas productivas. Se distancian apenas en el instrumento de apalancamiento del capital. Para los primeros ese papel cabe al Estado; para los segundos, al mercado. En esa lógica la agenda ambiental no tiene lugar, porque es considerada un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.
Una crítica al modelo (neo)desarrollista. Límites del modelo productivista y consumista
Hay una creciente percepción, incluso entre economistas de mercado, que los costos ambientales del modelo desarrollista no pueden ser ignorados.
Entre ellos, se encuentra Eduardo Gianetti da Fonseca. Al hablar de la economía de mercado, el profesor del Instituto de Enseñanza e Investigación (Insper) de Sao Paulo, alerta sobre los impases del modelo productivista y consumista. Según él, es necesario un cambio en los valores y en la forma de producir y consumir. De no ser así, la factura recaerá sobre el medio ambiente. “Y el ambiente no acepta desafueros”.
Gianetti es categórico en sus críticas al “costo ambiental de las opciones elegidas en los modos de producción y consumo”. En un contexto en que economistas y gobernantes conmemoran el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), él afirma que ” la medida del PIB es muy estúpida, porque ella apenas registra lo que pasó por el sistema de precios, sin saber lo que, de facto, está sucediendo con la vida de las personas”.
En opinión de Gianetti, “la necesaria transformación de esos patrones de consumo, en la dirección de la sostenibilidad, solo será posible si los costos ambientales fuesen incorporados a un sistema de precios que hoy ignora la destrucción del planeta.” Para él, “los países que están llegando tarde a la fiesta del consumo no van a poder participar. Nos guste o no. Y el dilema es saber cómo compatibilizar las aspiraciones de la nueva clase media que surge en el mundo, con los límites del patrón que nos fue vendido por el proyecto ilustrado del progreso”.
Los gobiernos alineados a la izquierda no han conseguido proponer alternativas que desvinculen a la ciudadanía del ejercicio de consumir. El patrón de american way of life continúa siendo la aspiración de la emergente clase media mundial y “el cálculo de la salud económica de los países se volvió ciego a los problemas ambientales que afectan la vida de las sociedades de hoy”.
Márcio Pochmann, otro economista reconocido por sus análisis del mercado de trabajo, se suma a aquellos que perciben la necesaria revisión del patrón de crecimiento del consumo material global. Sin eso, dice, el proceso de cambios climáticos continuará, perjudicando principalmente a los más pobres, siempre más vulnerables a los efectos de la crisis ecológica. En opinión de Pochmann, “la perspectiva de las naciones no ricas para enfrentar la crisis ecológica global no puede ser la misma defendida por los ricos”.
El periodista y ambientalista Washington Novaes quien hace muchos años viene alertando a los ricos de los riesgos del modelo productivista-consumista destaca que “el consumo global ya está por encima del 30% más allá de las posibilidades de reposición planetaria; en el que ya se perdió también 30% de la biodiversidad total; y todavía es necesario evaluar las consecuencias de una población mundial que transita de los 7 billones de individuos de hoy hacia 9 billones, por lo menos, hasta el 2050”.
Pese a todas las implicaciones citadas anteriormente, la lentitud de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los problemas ambientales persiste. Movimientos sociales, investigadores y comunidades indígenas se ven manifestando en contra de los grandes proyectos de hidroeléctricas, de extracción mineral y de la pifia en las políticas ambientales en América del Sur, que insisten en seguir el recetario de los dictados de los países desarrollados.
Desarrollo y la izquierda. Una crítica
En estos últimos años, la América Latina ha contado con un gran número de gobiernos provenientes de partidos de izquierda o, por lo menos, en oposición a la tradicional derecha. Sin embargo, la dificultad de cambio estratégico en la agenda de esos nuevos líderes políticos ha demostrado la fragilidad en las tomas de decisiones que trasciendan el prisma desarrollista, bastante descoyuntado de las actuales demandas socioambientales.
En Brasil, según José Luis Fiori, en los años 1950, tres instituciones tuvieron un papel central para el llamado desarrollo de izquierda. Primero, el Partido Comunista Brasileño (PCB) que apoyó la elección de Juscelino Kubtischek, en 1955, en una perspectiva etapista para llegar a la revolución socialista. La segunda institución fue el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que reunió un número significativo de intelectuales de izquierda para un proyecto nacional-desarrollista. Por fin, las contribuciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que también influyó fuertemente el pensamiento de la izquierda desarrollista, aunque nunca haya sido una institución de izquierda. En los años de 1970, surgió la Escola de Campinas, un centro de estudios económicos que participó activamente en la formación del Plan Cruzado.
En este inicio de siglo, en que el gobierno progresista se encuentra en el poder, para Fiori “el desarrollismo de izquierda estrechó tanto su ‘horizonte histórico’ que acabó transformándose en una ideología tecnocrática, sin ninguna capacidad de movilización social”. La agenda neoliberal provocó un dislocamiento del debate para el campo de la macroeconomía. En el análisis de José Luis Fiori, “el `neodesarrollismo´ acaba repitiendo los mismos errores del pasado y proponiendo un conjunto de medidas aún más vagas y gelatinosas de lo que ya había sido la ideología nacional-desarrollista de los años 50”. Por tanto, por lo que parece, la izquierda continúa renuente a abandonar la vieja cartilla, en un momento en que la sociedad global necesita reinventarse para dar cuenta de cómo garantizar el futuro de las generaciones.
Analizando la izquierda mundial, en uno de sus artículos, Immanuel Wallerstein destacó que uno de los debates cruciales de hoy, justamente sucede entre la perspectiva del desarrollismo y el de la prioridad del cambio de civilización, ligada a los riesgos ambientales mundiales. Esa cuestión, por ejemplo, “está presente en América Latina, en los debates fervorosos entre los gobiernos de izquierda y los movimientos indígenas -por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.
Se impone, por tanto, la siguiente cuestión: ¿cómo superar las seculares enfermedades sufridas por los pueblos latinos, en una perspectiva que trascienda el discurso desarrollista, más allá del crecimiento económico basado en el consumo depredador?
En opinión de Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), en el momento actual, “la mayoría de los países latinoamericanos volvió al ejercicio de pensar en sí por sí mismo, de establecer estrategias de desarrollo a partir de sus propias necesidades y de sus intereses reales”. Al partir de una postura positiva por el momento por el cual pasa América Latina, Álvarez defiende que el proyecto de desarrollo para el siglo XXI, en esa región, debe contar con el dominio de la política y de la democracia sobre el mercado, favoreciendo la disminución de la pobreza y de la desigualdad.
Tomar decisiones políticas que rompan con el viejo desarrollismo economicista, atendiendo a las demandas históricas de una población excluida de sus derechos sociales, políticos y civiles y, ahora, ambientales, continúa siendo un desafío para los países latinoamericanos.
Río+20. La falta de osadía
El debate de la sobre-explotación de los recursos naturales y de sus límites se da en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo, Río+20. Se destaca en el documento de contribución brasileña a la Conferencia, que el país no logra escapar de “una verdadera apología a la manera habitual de la conducción de los negocios, el llamado business as usual”. Y hace un cuestionamiento: “¿si el país que va a abrigar la conferencia no osa de apuntalar horizontes innovadores en sus posiciones, cómo esperar que la propia reunión despierte entusiasmo proporcional al que debería ser su importancia?”
Según Abramovay, “es preocupante que en vez de preconizar rígidos criterios socioambientales en la explotación de la energía, los productos básicos agrícolas y mineros, el documento brasileño (pero eso aparece también en otros textos de la conferencia) insista en el temor de que estos criterios puedan ser usados, en el comercio internacional, como barreras no tarifarias”. Si el país anfitrión no parece estar muy seguro del papel crucial que podría asumir en este momento, la Conferencia Río+20, la Cumbre de los Pueblos, que ocurrirá en el Aterro do Flamengo, con aproximadamente 10 mil personas, se prepara para ser un espacio bastante propositivo. Delante del marasmo de los debates oficiales, movimientos sociales de todas partes del mundo buscarán respuestas concretas para la resolución de los problemas socioambientales.
Como ponderó Fátima Mello, miembro del comité facilitador de la sociedad civil para Río+20, “la ONU solo habla de combatir la pobreza, pero no habla de combatir la riqueza. Lo que nosotros vamos a debatir en la Cumbre es la tesis de la justicia ambiental. Ese concepto significa que existe una inmensa desigualdad en los impactos ambientales del modelo de desarrollo vigente”.

Este texto, es un documento anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del Centro Gumillas, que comprende el periodo enero-marzo 2012.

Publicado porARGENPRESS