Periodistas panameños contra guerra sucia y por libertad de expresión

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PL

Comunicadores sociales de Panamá se pronunciaron ayer contra la guerra sucia y a favor de la libertad de expresión en una reunión en la Curia Metropolitana para evaluar los constantes ataques de que son objeto.

En la reunión, estuvieron presentes Álvaro Alvarado, de Telemetro, Castalia Pascual, de TVN Canal 2, Grisel Bethancourt, presidenta del Consejo Nacional de Periodistas, el representante del sindicato de periodistas, Filemón Medina y Santiago Cumbrera, de La Prensa.
Este último ha recibido algunos ataques a través de YouTube con un video en su contra.
La semana pasada, la reportera y conductora del noticiero matutino de Canal 2 Castalia Pascual, habló en una emisora de la localidad donde denunció que el presidente, Ricardo Martinelli, patrocina programas que denigran a los periodistas.
Por su parte, Medina dijo que “debemos prepararnos para una maratón, para tener mas resistencia, para lo que viene más adelante”. Agregó que esos ataques podíamos entenderlos en la dictadura militar, pero ahora que vivimos en Democracia, no podemos permitirlos.
Los periodistas propusieron un diálogo nacional por la libertad de expresión. Durante la reunión, se acordó enviar un informe al presidente, Ricardo Martinelli, con observaciones sobre ese aspecto. Pidieron que cesen los ataques contra ellos y las campañas sucias.

LIBERTAD DE INFORMAR

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ALTAVOZ

El próximo 3 de mayo se festeja el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se cumplen 23 años de la fundación de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, A.C.(AVERCOP), actual permisionaria de la XEYT Radio Teocelo.

La AVERCOP acaba de celebrar su asamblea general, en la que ponderamos los retos que tenemos por delante como colectivo de comunicadores y periodistas, de cara a las elecciones presidenciales de julio próximo, el llamado “apagón analógico”, el cambio de época y la necesidad de refundarnos como institución.
Aunque las televisoras y empresas encuestadoras insisten en que el PRI está de regreso a Los Pinos, las redes sociales y portales en internet advierten que el 1 de julio la izquierda ganará la presidencia de la república, aunque el Ejecutivo quedará acotado por un Congreso de la Unión con mayoría PRI-PAN.
Si ese u otro fuera el escenario, lo que nos importa saber es qué política pública se va a poner en vigor, por ejemplo, para los medios comunitarios que hoy se encuentran amenazados por la de decisión del presidente Calderón, de adelantar el apagón analógico del 2021 al 2015.
Esto quiere decir que las estaciones que aún operan en sistema analógico, como Radio Teocelo, tendrían que “migrar” a la tecnología digital no dentro de nueve, sino dentro de tres años, una reconversión que nos costaría de 3 a 5 millones de pesos…
Tampoco sabemos qué postura tendrán los nuevos legisladores, diputados federales y senadores, respecto a la histórica demanda de una verdadera y profunda reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, para que por fin se le reconozca a los ciudadanos su Derecho a Comunicar por medios propios, como ocurre ya en otras naciones democráticas.
Por eso, nuestra agrupación seguirá insistiendo –como hace 20 años-, que el Estado y los empresarios no son los dueños del espectro radioeléctrico (por donde se difunden las señales de radio y televisión), y que deben repartirlo en tres partes iguales: 33% para el sector público, 33% para el sector privado y 33% para el sector social, el sector de las asociaciones sin fines de lucro, como  la AVERCOP.
Así que, para renovar ese propósito, hemos convocado a la comunidad en general, a festejar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha que coincide con nuestro 23 Aniversario.
Queremos simbolizar, con este evento a realizarse el viernes 4 de mayo, nuestra firme decisión de seguir ejerciendo nuestro Derecho a la Libertad de Expresión, por medio de instrumentos como la radio, la televisión, la prensa y el internet.
Y para darle sustancia al momento, en medio de todos esos escenarios, nuestra agrupación hará una presentación del número 100 del periódico Alta Voz y  se presentarán  un video de Teocelo Te Ve sobre los 15 años del Programa Cabildo Abierto de Radio Teocelo  y otro sobre el Taller de Animación con niñas y niños de la región.
Como se ve, la muestra de proyectos y productos quiere mandar el mensaje de que los ciudadanos tenemos derecho  a informar y ser informados, a comunicar por medios propios, a saber y preguntar y sobre todo a expresarnos con libertad, sin censura ni autocensura. Sin  arrugarse.
Una sociedad ciega, sorda y muda tampoco  abonará a la refundación de un  país que ya tocó fondo y  que no tendrá paz ni progreso, si lo seguimos  dejando en manos de políticos corruptos, empresarios voraces  y delincuentes perversos.

ESTUDIANTES DE LA IBERO RESPONDEN A ANGELICA LOPEZ ESTUDIANTE QUE DEFIENDE A PEÑA

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Exclusión, guerra mediática y Wikileaks

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Las transformaciones en el sistema de medios regional tienen lugar en escenarios de abiertas disputas políticas con los poderes políticos, económicos y fácticos dominantes, y de una permanente desestabilización antidemocrática, apoyada y financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadas en América Latina.

 

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Los cables de Wikileaks confirman la complicidad
de las embajadas de EE.UU con los grandes medios
de comunicación de América Latina.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, se vio ensombrecido por las noticias de asesinatos de periodistas en México y Honduras, alcanzados por la violencia criminal de los poderes fácticos. También ese día, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador emitió un comunicado que arroja luz sobre otra de las dimensiones conflictivas del ejercicio del periodismo y el derecho a la comunicación en América Latina: la de la violencia ideológica, político-económica, y en buena medida estructural, que hace del sistema de medios latinoamericanos unos de los más concentrados y excluyentes de la diversidad cultural y social de nuestros pueblos.
Según la PDDH, en el sistema de medios salvadoreños “todavía hay niveles considerables de exclusión en cuanto al ejercicio periodístico y el acceso a los medios de comunicación”, especialmente en el sector comunitario, por lo que considera necesario “llevar a discusión la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, la creación de una institución rectora de las políticas de comunicación social y de una defensoría de lectores, radioescuchas y televidentes” (ContraPunto, 04-05-2012).
La de El Salvador no es una realidad distinta al resto de Centroamérica, cuyo panorama se caracteriza por la alta concentración de la propiedad de los medios en unos cuantos y poderosos grupos económicos transregionales (asociados a las viejas familias oligárquicas), la creciente penetración del capital extranjero, la elevada incidencia política del poder mediático –que en algunos casos define candidatos y hasta presidentes de la República- y una abrumadora influencia cultural, que no solo posiciona a conveniencia “los temas” posibles del debate público, sino que también moldea y reconstruye identidades en función de las grandes corrientes de la cultura global de masas, del consumo y los valores centrales del neoliberalismo.
Como un signo de los tiempos y rutas diferenciadas en las que se mueven el norte y el sur de nuestra América, las recomendaciones de la Procuraduría salvadoreña, que bien podrían delinear una política pública de comunicación y acceso a los medios, son todavía una utopía en el contexto centroamericano, a diferencia de lo que ocurre en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil: allí, gracias a la presencia de gobiernos progresistas y nacional-populares, y a los espacios ganados por una más intensa participación de movimientos sociales, investigadores e intelectuales, las reformas legales y la reconstrucción de los sistemas de medios públicos -con presencia en prensa escrita, internet, radio y televisión- han permitido avances sustantivos en la democratización de lo que históricamente fue un latifundio mediático.
Por supuesto, estas transformaciones tienen lugar en escenarios de abiertas disputas políticas con los poderes políticos, económicos y fácticos dominantes, y de una permanente desestabilización antidemocrática, apoyada y financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadas en América Latina.
Precisamente, Martín Becerra, investigador argentino del sistema de medios de comunicación, acaba de presentar en Buenos Aires, junto a Sebastián Lacunza, el libro Wiki Media Leaks. La relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de WikiLeaks”, en el que analizan las relaciones de la diplomacia estadounidense con las élites política, económicas y mediáticas latinoamericanas.  En una entrevista concedida a la prensa, y a partir de un riguroso estudio de los documentos diplomáticos, Becerra explica que las embajadas  de Estados Unidos “tienen un comportamiento bastante similar cuando se trata de gobiernos que son francos adversarios o tienen una línea claramente enfrentada con Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Honduras cuando estaba (Manuel) Zelaya, antes del golpe de Estado. La regularidad del comportamiento estadounidense consiste en ser un articulador de la oposición a esos gobiernos que considera hostiles” (Página/12, 01-05-2012).
Aliadas con funcionarios de las agencias del gobierno norteamericano, las agresivas élites regionales fijaron como objetivos prioritarios de sus acciones a las revoluciones venezolana y ecuatoriana, convirtiéndolas en auténticos laboratorios de prueba y error de las tácticas de la llamada guerra de cuarta generación. Becerra, por ejemplo, sostiene que en estos dos países es claro “el reconocimiento de la embajada como articuladora y financiadora de ONG y medios de comunicación, así como columnistas y periodistas opositores a Correa y Chávez, que adoptaron posiciones golpistas. (…) En el caso venezolano, la embajada admite literalmente que hay flujo económico hacia ONG y medios de comunicación. En ningún otro país he visto eso” (Página/12, 01-05-2012).

¿Quién puede poner en duda, entonces, que existe una guerra mediática en curso en nuestra América? Quizás solo los abanderados del periodismo bienpensante y los ingenuos o desinformados, que todavía se niegan a ver las huellas que deja el paso del gigante de siete leguas en las botas.

Ecuador: Verdad y comunicación

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Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Bajo ese título, el señor Rodrigo Tenorio Ambrossi columnista del diario Hoy, expone su pensamiento respecto a este tema en la edición del 8 del presente mes y año. Afirma: “Imposible negar que existe un proyecto de ley de comunicación que pende sobre la libertad de expresión como una espada de Damocles. Con una facilidad impresionante, se habla de la obligación de los medios de decir solo y tan solo la verdad, como si la verdad fuese una cosa física limitada en sí misma.

Por otra parte, se pretende crear organismos destinados a juzgar la veracidad o no de lo que los otros dicen, escriben, opinan. ¿Existe la verdad? ¿Alguien la conoce, ha hablado con ella o vive con ella habitándola de manera permanente? Los llamados a juzgar sobre la verdad en los otros, ¿cuentan con el privilegio de no equivocarse nunca? ¿Desde dónde se cree que la verdad se reduce a la posición binaria escolar de cierto–falso? ¿Existe alguien que diga siempre la verdad y toda la verdad? ….”. Criterios que demandan precisiones que permitan demostrar la fragilidad de sus afirmaciones.
1. Si revisamos exhaustivamente el proyecto de Ley de Comunicación podemos constatar que la aseveración del señor Tenorio de que aquella establece “la obligación de los medios de decir solo y tan solo verdad”, es falsa de falsedad absoluta. Lo que el proyecto de Ley dispone en el artículo 23 es el derecho a recibir información, a través de los medios de comunicación, que sea veraz, contrastada, contextualizada y oportuna. Vaya usted a saber de dónde extrajo el señor Tenorio la obligación que afirma contiene el proyecto de Ley de Comunicación. Aseveración, esta sí, expuesta con una: ligereza, desconocimiento y facilidad impresionantes.
2. Más adelante afirma en otro extravió: “como si la verdad fuese cosa física limitada en sí misma”. Lo equivocado en este caso radica en que el señor Tenorio desconoce la acepción de la verdad, de la veracidad que es usual en comunicación. Efectivamente el señor Tenorio desconoce que la veracidad, como lo precisa, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España: “no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que transmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; todo ello sin perjuicio de que su total exactitud puede ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de los informado”. A lo que agrega el Tribunal Constitucional: “.. cuando la Constitución requiere que la información sea ‘veraz’ no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que trasmite como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos”. Por ello señala el Tribunal Constitucional: … el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los cuales versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la información”. Citas que confirman nuestro juicio de valor a la vez que descubren la debilidad del conocimiento del señor Tenorio en teoría de la comunicación, sin embargo de lo cual se permite incursionar en este campo.
3. El señor Tenorio, muy suelto de huesos, sostiene: “Por otra parte, se pretende crear organismos destinados a juzgar la veracidad o no de lo que los otros dicen, escriben, opinan”. Demostrando, una vez más, que no ha leído, no se diga estudiado o entendido el proyecto de Ley de Comunicación. No lo ha leído, puesto que si así hubiese obrado hubiese descubierto que no existe artículo alguno que proponga como atribución del Consejo el juzgar la veracidad desde la perspectiva de su entendimiento de la verdad. No lo ha estudiado, ya que entonces se habría enterado que el Consejo analiza y toma una resolución sobre las denuncias que formule la ciudadanía respecto al irrespeto de las normas deontológicas, luego de demostrarse la procedencia de la denuncia respetando el debido proceso. Preciso es informar al señor Tenorio que la deontología no se limita a la verdad, por lo que el campo de la acción ciudadana va mucho más allá de ella.
4. Si lo antes expuesto demuestra la ligereza del señor Tenorio, lo es más la formulación de las siguientes interrogantes: ¿Existe la verdad? ¿Alguien la conoce, ha hablado con ella o vive con ella habitándola de manera permanente? Los llamados a juzgar sobre la verdad en los otros, ¿cuentan con el privilegio de no equivocarse nunca? ¿Desde dónde se cree que la verdad se reduce a la posición binaria escolar de cierto–falso? ¿Existe alguien que diga siempre la verdad y toda la verdad? Puesto que estas preguntas nos informan que el señor Tenorio también desconoce que la verdad del hecho sobre el cual se informa o sobre el cual se opina, no se juzga en el plano de la subjetividad de los hombres. La veracidad o no de una información, se comprueba o no, contrastándola con la realidad objetiva. En palabras de Marx: “El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, e
s decir, la realidad y el poderío, le terrenalidad de su pensamiento”. Es por ello, señor Tenorio que guardando total coherencia con la concepción planteada por Marx en la II Tesis sobre Fuerbach, lo que se exige de los periodistas y comunicadores es la verificación de la información a difundir, la verificación si el evento sobre el cual se informa se ha producido efectivamente. Con ello lo que se pretende en comunicación es evitar que la información se sustente en rumores, en especulaciones que no tiene por qué ser ciertos. En consecuencia, señor Tenorio no se trata de que alguien califique a la información como verdadera o no en forma subjetiva como usted lo malentiende. .
5. Abundando sobre el concepto verdad en comunicación, no puedo inhibirme de citar in extenso, para ilustración del señor Tenorio, el siguiente texto expuesto por Emilio Filippi, respecto a lo boletines, entrevistas o ruedas de prensa. Filippi enseña:
“Cuando el periodista deja de ser un simple intermediario y ejerce un periodismo profesional, suele cumplir estos pasos:
• Verifica la verdad del boletín, la entrevista o la rueda de prensa, a partir de un doble supuesto: que el poder personal o institucional suelen echar mano de la mentira o de las verdades a media, y que es deber del periodista proteger a sus lectores o receptores del engaño del poder.
• Investiga los antecedentes de ese material, su contexto y sus consecuencias.
• Somete ese material a otras fuentes idóneas e independientes, para verificar, para complementar o para diversificar el enfoque del hecho.
• Busca las aplicaciones y proyecciones de los temas tratados por los documentos en cuestión”.
Como usted, señor Tenorio sabrá apreciar, lo que exige la veracidad es la exigencia para que el periodista, y también ustedes los columnistas, verifiquen la verdad de los contenidos a utilizar; los contextualicen (antecedentes, contexto y consecuencia); los contrasten para verificarlos desde otras fuentes. Principios todos que usted, señor Tenorio parece desconocer, puesto que no verificó “sus verdades”, no las contextualizó ni tampoco las contrastó. Se limitó a expresar lo que su subjetividad le planteó como su verdad, sin siquiera consultar el texto del proyecto de Ley de Comunicación que se permite criticar.

6. En conclusión, señor Tenorio, es recomendable que estudiemos o reestudiemos los libros sobre teoría de la comunicación; estudiemos las sentencias o dictámenes legales que se han pronunciado sobre comunicación; y, sobre todo, tengamos la fortaleza para abstenernos de pronunciarnos sobre materias que desconocemos. Sólo con dedicación y esfuerzo tendremos el derecho a expresar nuestras opiniones en forma fundamentada, con argumentos válidos. Caso contrario las opiniones que se expresen no pasarán de ser simples y avezadas conjeturas.

Guatemala: Ausencia de legislación para radios comunitarias avala persecución de las emisoras

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CERIGUA

Radio Uqul Tinamit, una emisora comunitaria que funciona desde hace 15 años en el municipio de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, con 16 trabajadores que brindan un servicio a miles de pobladores en su mayoría de la etnia Achí, fue allanada el pasado 8 de mayo por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) y un comunicador que trabajaba en la estación en ese momento, Bryan Espinosa, fue arrestado.

Tras el allanamiento, en el que se confiscó el equipo de la radio, Espinosa fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal y posteriormente trasladado al Centro Preventivo de la localidad; ese día también fue confiscado el equipo de la emisora Jun Toj, que tiene el mismo enfoque que Uqul Tinamit.
Aunque no exista un número exacto de radios comunitarias en Guatemala, se sabe que decenas de emisoras con enfoque comunitario operan de manera ilegal porque no existe en el país una legislación que autorice su funcionamiento.
Varias radios como Uqul Tinamit en Baja Verapaz, Radio Ixchel, en Sacatepéquez o Doble Vía en Quetzaltenango prestan servicios a sus comunidades y son manejadas por voluntarios aunque corren el riesgo de ser cerradas por las autoridades como en el caso de Uqul Tinamit y Jun Toj.
La ausencia de legislación para los medios de comunitarios permite la persecución de las radios, sin embargo las autoridades no han podido probar que los comunicadores cometen el delito de hurto de fluido por el que son perseguidos los trabajadores y allanadas las radios, aseguró Anselmo Xunic, de Radio Ixchel.
En 2006 la radio donde trabajaba Xunic fue allanada y en agosto de 2007 el comunicador compareció en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente en un juicio que ganó porque el MP no pudo probar el delito de hurto de fluido; el juez lo dejó libre y la comunidad se encargó de comprar un nuevo equipo para la radio.
El delito no existe porque la radio es espectro, no fluido, no se puede robar el espectro, señala Xunic; comúnmente el MP coacciona a los comunicadores comunitarios para que acepten el delito y salgan de la cárcel bajo fianza, agregó.
Ley de Medios de Comunicación Comunitaria estancada en el Congreso
A pesar de las recomendaciones de las Relatorías de Libertad de Expresión, de la CIDH y de la ONU al Estado para promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, la iniciativa de ley 4087 de Medios de Comunicación Comunitaria sigue estancada en el Congreso y no se ha discutido en el pleno.
En su último informe anual, en el capítulo sobre Guatemala la Relatoría de la OEA tomó nota del estancamiento del trámite de la ley en el Congreso y reiteró su recomendación de que “el Estado debe promover, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”.
Las organizaciones y comunidades también han hecho lo suyo desde 1996, cuando se emitió la Ley general de Telecomunicaciones que no reconoció la categoría de radios comunitarias.
En 2010 lograron que la Iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria recibiera dictamen favorable en el Congreso por la Comisión de Pueblos Indígenas para ser incluida en la agenda del pleno pero la ley se estancó y pese a los cabildeos y actos públicos realizados en diversas ocasiones con diputados no registra ningún avance hasta la fecha.
El 14 de marzo de 2012, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró de inconstitucionalidad parcial los artículos 1 y 2 de la Ley General de Telecomunicaciones a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Sobrevivencia Cultural, por no contemplar el derecho de las comunidades indígenas a que puedan ser sujeto de derecho para obtener el beneficio de usar el espacio radioeléctrico para la difusión de su cultura.
Sobre los artículos 61 y 62 de la misma ley, la Corte resolvió que constituyen un complemento discriminatorio del Estado hacia los pueblos indígenas en el país, por el tema del acceso a las frecuencias por medio de subastas económicas, al tomar en cuenta que las comunidades no cuentan con los recursos para participar en las subastas.
Aunque la Corte dictó sin lugar la acción de inconstitucionalidad de ley, exhortó al Congreso emitir la normativa correspondiente que regule la posibilidad y el acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para promover su cultura.
De acuerdo con Xunic, el esfuerzo más reciente encaminado hacia la aprobación del proyecto de ley fue la formación de la Mesa Plural para el Desarrollo, que el pasado 2 de mayo entregó públicamente la agenda legislativa a representantes de los tres poderes del Estado.
Se esperaba que llegaran los más alto representantes del Estado, pero el poder Ejecutivo brilló por su ausencia, el Legislativo envió a su vicepresidente y por parte del Organismo Judicial llegó un representante de la Unidad de Asuntos Indígenas, que inició labores en febrero de 2012 dijo Xunic; los funcionarios que nosotros esperábamos que llegaran no lo hicieron, agregó.

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