Carta Pública al Gobernador del Estado de México por cierre de albergue en Lechería

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 12 de julio de 2012

Carta Pública
OSC pro Migrantes

Lic. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador del Estado de México
P R E S E N T E.-
Distinguido Lic. Eruviel,

Las organizaciones y personas firmantes que trabajamos por la defensa de los derechos humanos en la Frontera Norte de México le escribimos con extrema preocupación, alarma y consternación por el cierre del Albergue para migrantes San Juan Diego localizado en la Colonia Lechería, en el Municipio de Tultitlán del Estado de México

Sabemos que usted tiene pleno conocimiento de que el  trabajo de promoción y defensa de derechos humanos de migrantes ha sido criminalizada y deslegitimada durante su administración, y los y las defensoras han sido amenazados con ser linchados y quemados atentado flagrantemente contra su vida. La situación no es mejor para las personas migrantes, tan sólo el 2011 en menos de tres meses, 3 migrantes fueron asesinados, fruto de la discriminación y xenofobia.

A pesar de que la sociedad civil ha hecho multiples solicitudes a través de acciones urgentes y llamados para que el gobierno a su cargo desarrolle acciones que garanticen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la defensa de los derechos humanos, las escasas respuestas no estuvieron a la altura de la necesidadad de construcción de un espacio respetuso y garante de los derechos humanos.

Por esto, señalamos:

El Albergue San Juan Diego y las personas migrantes no son los responsables de que en la colonia Lechería exista presencia de traficantes de drogas y de personas. Por el contrario, han sido y serán ahora en mayor proporción víctimas de estas redes que delinquen por las faltas de garantías de seguridad que el Estado de México tiene el deber de proporcionar.

El Albergue San Juan Diego no es responsable de que en la colonia escasee el agua, ni de que no exista un sistema de recolección de basura adecuado; cuando ni el albergue ni las personas migrantes tienen bajo su responsabilidad la administración municipal a su cargo.

El expresidente municipal, Calzada, no cumplió su compromiso público de entregar un terreno para reubicar el Albergue y poder tener un lugar más digno para la atención a las personas migrantes a pesar que los defensores accedieron y cumplieron su soliciutud de juntar las firmas necesarias la donación del terreno.

La violencia permitida en el municipio afecta no solo a los cuidadanos mexicanos, sino también a las personas migrantes. Sólo de casos reportados en el 2011, tres migrantes fueron asesinados incluido un adolescente que fue entregado a un grupo delincuencial por la policía municipal, quedando todos estos delitos en la más completa impunidad.

Por lo anteriormente señalado, asumimos la falta de voluntad política del gobierno del Estado de México para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, proteger la vida, la integridad, la libertad y contrarrestar la criminalización de una población vulnerable, situación que ha obligado a Monseñor Guillermo Ortiz, al cierre definitivo del albergue, a fin de evitar más muertes y un conato de violencia con resultados catastróficos.

Dada su responsabilidad como gobernador del Estado de México, recordamos su obligación legal e internacional de solucionar la situación de violencia e inseguridad que se vive en la Colonia Lechería del municipio de Tultitlán y toda vez que esta no ha sido generada ni detonada por el tránsito de las personas migrante exigimos que se brinden las condiciones necesarias para la reapertura inmediata del albergue, legitimando públicamente el trabajo de la defensa de los derechos humanos con especial énfasis en el tema de migrantes.

Es primordial que de manera urgente dicte las instrucciones pertinentes para que sean las instituciones del Estado de México las que asuman la labor de atención humanitaria a las miles de personas que transitan por la localidad mientras el albergue permanece cerrado.

Consideramos que en esta coyuntura tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que el Gobierno del Estado de México tiene la voluntad de enfrentar los principales restos de la zona como un estado democrático progresista que se apega al respeto irrestricto y la promoción de los derechos humanos.

Atentamente

Organizaciones

Albergue para Personas Migrantes ‘Casanicolás’, Guadalupe, Nuevo León
Albergue Senda de Vida, Reynosa, Tamaulipas
Alianza Cívica, A.C., Nuevo León
Área de Comunicación de la Diócesis de Saltillo
Casa del Migrante Nazareth, A.C., Nuevo Laredo, Tamaulipas
Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe, A.C., Reynosa, Tamaulipas
Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, A.C., Matamoros, Tamaulipas
Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, A.C., Altar, Sonora
Centro de Derechos Humanos del Migrante, A.C., Ciudad Juárez, Chihuahua
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
Centro de día un Paso a la Esperanza Jesús Torres Fraire, Torreón, Coahuila
Centro de Recursos para Migrantes, Agua Prieta, Sonora
Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Saltillo, Coahuila
Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C., Baja California Norte
Colectivo Comunidad Ágape, Nuevo León
Contingente Monterrey, Nuevo León
Frontera con Justicia, A.C. [Casa del Migrante de Saltillo]
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A.C.
Observatorio Mexicano de Derechos Humanos, A.C., Monterrey,  Nuevo León

Individuales

Benigno Martínez, MSpS, Rector del Santuario de Guadalupe
Fabienne Venet Rebiffé
Gloria M. Mejía Gómez Esparza, Misionera Dominica
Joaquín Alejandro Esparza Farías
Yolanda Niell, Voluntaria del Albergue San Juan Diego

Ccp Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ccp Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ccp Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ccp Amnistía Internacional – Londres
ccp Represetnación del parlamento Europeo en México
ccp Embajada de España en México
ccp Embajada de Alemania en México
ccp Plataforma de Derechos Humanos de Alemania
ccp C. José Luis Pérez Cortez, Presidente Municipal de Tultitlán
Comunicado conjunto.

11 de julio de 2012

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Pobreza expulsa de México a más mujeres y niñas

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martes, 5 de junio de 2012

Citlalli López – Brisa Gómez – Patricia Chandomí – Guadalupe Cruz (CIMAC)

Miseria, marginación y violencia son las causas por las que mujeres y ahora también niñas, migran a otras entidades e incluso a Estados Unidos.

En años recientes, al fenómeno migratorio en México se han añadido dos nuevas aristas: la migración infantil y el crimen organizado, que ve a las personas en tránsito como caldo de cultivo para reclutarlas a la delincuencia o explotarlas sexualmente.
De acuerdo con especialistas en migración, este fenómeno va adquiriendo cada vez más un rostro femenino. A pesar de la insuficiencia de datos oficiales, se percibe un aumento en el número de mujeres y niñas que por razones económicas y sociales abandonan sus lugares de origen, para mejorar sus condiciones de vida.
Hay mujeres que incluso tienen estudios universitarios. También se advierte que el DF es ya una de las principales entidades expulsoras de migrantes de sexo femenino hacia Estados Unidos.
En Oaxaca, por ejemplo, cuatro de cada 10 personas que migran son mujeres, mientras que en 2010 el DF expulsó a 50 mil 281 personas al extranjero, de las cuales 17 mil 725 (más de la tercera parte) son mujeres, según el Inegi.
Explotación infantil
El estado de Oaxaca es emblemático por sus altos índices de pobreza y sus bajos indicadores en la garantía de los Derechos Humanos para su población. Es en esta entidad donde es frecuente la expulsión de niñas y niños indígenas a los campos agrícolas de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Baja California.
Fernando Viveros, integrante del Foro Oaxaqueño de la Niñez (Foni), explica que las y los niños que dejan el estado se enfrentan al riesgo de ser interceptados en su trayecto por grupos criminales para su explotación sexual y comercial.
Abunda que los riesgos para la niñez migrante han variado, toda vez que ya no sólo pueden enfermar por la exposición a plaguicidas y pesticidas en los campos agrícolas, sino que ahora también son secuestrados por delincuentes.
Viveros aclara que aunque los números sobre la migración infantil son prácticamente inexistentes, se observa que la cifra de niñas y niños en esa condición es alto, y cada vez es mayor por la pobreza que prevalece en sus comunidades de origen.
En Chiapas se da el fenómeno de la migración infantil que llega a la entidad en busca de empleo. El estado fronterizo es destino y tránsito de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica.
Entre 2006 y 2008 la estación migratoria de Tapachula, municipio colindante con Guatemala, reportó que fueron deportados 18 mil niñas, niños y adolescentes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Carolina Rivera, investigadora del CIESAS, advierte que en Chiapas no hay registros ni encuestas de la migración laboral de la niñez y adolescencia centroamericana, tampoco datos del Instituto Nacional de Migración.
Huyen de la violencia
Amanda González, coordinadora del programa Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional de la organización Iniciativa Ciudadana, observa que “las oaxaqueñas huyen (de su estado) ante la pobreza, marginación y violencia. Las mujeres que han migrado se van para tener mayor libertad, ya que en sus comunidades son coartadas”.
La viudez, ser madres solteras, el abandono de su pareja, la poligamia o el alcoholismo del cónyuge, son algunas de las razones para que ellas abandonen el estado. También influyen la falta de opciones para una vida mejor y las escasas posibilidades de estudiar, precisa González.
En Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) reporta que hay dos rasgos en la migración femenina: las mujeres con poca o nula escolaridad que van en busca de sus parejas y migran con sus hijas e hijos, y aquellas que con educación secundaria o bachillerato se van al norte para trabajar en la maquila en espera de pasar a Estados Unidos.
Edda Arrez, titular del IVM, detalla que hay mujeres migrantes con estudios universitarios que se van porque buscan mejores oportunidades laborales. No obstante, indica, al llegar a Estados Unidos la mayoría de ellas trabaja como niñeras, anfitrionas en restaurantes o en el sector de comercio y servicios.
¿Ciudad de la esperanza?
El DF es destino para las mujeres migrantes de otros países, pero también expulsa a miles de capitalinas a entidades vecinas, Estados Unidos u otras naciones en aras de lograr un mejor nivel de vida.
Inegi señala que la capital está entre las tres entidades federativas que expulsan a más personas al interior del país. En 2010 expulsó a 50 mil 281 personas al extranjero, de las cuales 17 mil 725 fueron mujeres. De este total, 53.7 por ciento (cerca de 9 mil 400 mujeres) se fue al vecino país del norte.
La mayoría de mujeres y hombres que salen del DF están en edad reproductiva (entre 15 y 49 años). A Estados Unidos se dirige el 65.6 por ciento de la población migrante del DF.

Publicado por ARGENPRESS

Informe Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en EU

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 31 de mayo de 2012

Boletín de prensa
Human Rights Watch

Cientos de miles de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola de Estados Unidos se enfrentan a un alto riesgo de violencia y acoso sexual en su lugar de trabajo debido a que algunas autoridades y empleadores en este país no adoptan medidas para protegerlas adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado.

Ve más en la Guía Quién es Quién en la Sociedad Civil Mexicana

Fray Tomas denuncia muerte de Yorleni Yolet, niña guatemalteca de un año, en la comunidad de desplazados Nueva Esperanza

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3Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 13 de abril de 2012

Boletín de prensa
Fray Tomas González / La 72

El martes 10 de abril falleció la niña Yorleni Yolet Zacarías Escobar, hija de Wilfido Zacarías López y Sindi Paola Escobar Pérez. La causa principal de su prematura muerte es la deshidratación.

Yorleni Yolet nació el 29 de marzo de 2011 en Tenosique, Tabasco, México, fue registrada en el mismo municipio para obtener derechos fundamentales para su salud y alimentación. Hija de padres campesinos y guatemaltecos pertenecientes a la comunidad de Nueva Esperanza.

Yorleni Yolet, a los escasos 5 meses de vida fue víctima de un violento desalojo ordenado por el gobierno guatemalteco que la obligó junto con sus padres y con toda su comunidad a huir a la línea fronteriza México – Guatemala. Los motivos del desalojo fue que la acusaban a ella, a sus padres y a toda su comunidad de tener ligas con el narcotráfico de la región, de talar indiscriminadamente la selva y de acabar con la reserva natural protegida de la Sierra del Lacandón en el Petén guatemalteco.

En el así llamado campamento de desplazados de la Nueva Esperanza, permaneció junto con su padres, humillada negándole los más fundamentales derechos humanos, pues no tenía una vivienda digna, no tenía alimentación ni bebida suficiente para su corta edad.

Yorleni Yolet, celebró la navidad, la llegada del año nuevo 2012 y la fiesta de “reyes”, en medio de la oscuridad y la carencia, con sólo un pequeño juguete proveniente de la Península de Yucatán. El 9 de enero, fue nuevamente desalojada y forzosamente repatriada a “su país” por el Instituto Nacional de Migración en un operativo con más de 400 elementos. Entre los que más había eran miembros de la Policía federal, contaron con la anuencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco.

El 10 de abril pasado, Yorleni Yolet, falleció cuando era trasladada en una ambulancia a Villahermosa, Tabasco, por deshidratación, fiebre y diarrea.

Yorleni Yolet, con apenas un año de edad es una víctima más del asesino Gobierno de México en sus tres niveles y con los 3 partidos que lo gobiernan; pues el PRD gobierna el municipio de Tenosique; el PRI el estado de Tabasco y el gobierno federal aun está en manos del PAN. Ninguno de ellos hizo absolutamente nada, no solo por evitar su muerte sino para que ella tuviera una vida digna en nuestro país. Yorleni Yolet es también víctima del traicionero gobierno de Guatemala, pues se le ha olvidado que las causas que la mataron fueran las mismas por las que la administración anterior (Colon) como la actual (Pérez Molina), prometieron atender lo antes posible.

Yorleni Yolet es víctima de La Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración que engañó a la Nueva Esperanza burlándose de ellos hasta la saciedad; es víctima del Sector Salud del Estado de Tabasco, pues una vez que dieron de alta por primera vez a la niña, para seguirla atendiendo le exigieron el Seguro Popular, es víctima de la Cruz Roja, que retiro los tanques de agua potable de la línea fronteriza con el argumento de que ya no estaban en la “parte” de México.

Y para terminar, a los papás de Yorleni Yolet no les permitieron llorar lo suficiente a su hija junto a su comunidad, pues les negaron el permiso para sepultarla en México y fueron a llorarla y sepultarla en el Petén.

Estoy y estamos llenos de indignación y de coraje evangélico, la celebración de la Pascua en estos días, con la muerte de Yorleni Yolet, nos da el verdadero sentido de la resurrección de Jesús y de la nuestra. No estamos ya para creer en la revivificación de ningún cadáver… La muerte de Yorleni Yolet nos da nuevos bríos para seguir luchando incansablemente porque la Nueva Esperanza tenga un lugar digno con todos sus derechos en su patria….

Fr. Tomás González Castillo, OFM

Tenosique, Tabasco, 12 de abril de 2012.

México: Reglamento de la nueva Ley de Migración desprotege a las mujeres

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LUNES 16 DE ENERO DE 2012

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

La propuesta de Reglamento a la nueva Ley de Migración, que recién circuló la Secretaría de Gobernación (Segob), favorece la “discrecionalidad” de las autoridades al no establecer “procedimientos claros” para que las personas migrantes “más vulnerables” tengan acceso a garantías como la visa de visitante, promovida por el gobierno federal.

Así lo señaló Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien abundó que la dependencia “hizo tan general el reglamento, que al final vuelve a dejar desprotegidas a las y los migrantes, sobre todo a quienes tienen menores recursos”.
Kuhner indicó que la Segob “tiene prisa en cumplir con el requisito y entregar el reglamento, por eso no se ha dado el tiempo de llegar a los artículos y plantearse cómo aplicarían las autoridades una normatividad tan general”.
Por ejemplo, en el anteproyecto de reglamento, el trámite de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, establecida en los artículos 39 y 40 de la Ley de Migración, no define tiempos y criterios con base en los cuales la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) expedirá las visas.
También apuntó que las personas extranjeras que solicitan una visa de visitante y son “viajeros frecuentes” o “acreditan solvencia económica suficiente” pueden obtener un permiso por 10 años, “pero no aclara la cantidad de visitas a México para que se considere frecuente y qué capacidad económica deben tener para que, a criterio de las autoridades, sea suficiente”.
A decir de la abogada, esta situación obstaculizaría los trámites para que las y los migrantes puedan ingresar al país de manera regular y “no evita que se coloquen en riesgo al viajar de manera irregular”.
La situación es semejante con el trámite de la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas (durante 180 días o con residencia temporal de un año con renovaciones de cuatro años), contenida en el artículo 52 de la Ley de Migración.
Así, en el anteproyecto se indica que, para conseguir ese permiso, las extranjeras deben probar que tienen una oferta de empleo (temporalidad requerida y lugar de trabajo). Si las actividades son “independientes”, las y los migrantes deben “adjuntar en su caso, comprobante de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes”.
También debe tener un documento con el que acredite la capacidad profesional o técnica para llevar a cabo la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo.
La especialista en el tema migratorio visto desde un enfoque de género afirmó que dichos requerimientos impiden que las personas migrantes puedan trabajar “porque la gran mayoría se ocupa en el trabajo informal, en actividades como el servicio doméstico”.

En esta situación, todavía resulta más complicado que las y los patrones estén dispuestos a tramitar una constancia de inscripción como empleador en el Instituto Nacional de Migración “para contratar a una mujer centroamericana ocupada en el trabajo en el hogar”.

Exigen cese de violencia contra emigrantes en México

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LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2011

 PL
Defensores de los derechos humanos ocuparon en forma simbólica la estación migratoria Siglo XXI, de la localidad fronteriza de Tapachula, para exigir el cese de la violencia, secuestros y asesinatos contra emigrantes, se informó hoy.

Los activistas sembraron cruces en las afueras de esa estación, la más grande del país y desde de donde se deportan diariamente a centroamericanos que se internan a México sin documento migratorio rumbo a Estados Unidos.

En el marco del Día Internacional del Emigrante, celebrado la víspera, el activista

Ramón Verdugo exigió al Gobierno Federal un trato justo y digno para los centroamericanos, en declaraciones al diario Milenio.

No podemos tolerar que nuestras autoridades utilicen un doble lenguaje, por un lado piden respeto para los mexicanos y por otro violenten la dignidad de los centroamericanos.

Otro de los activistas, Luis Villagrán, denunció que las autoridades del Instituto Nacional de Migración prohibieron las visitas a la estación Siglo XXI e incomunicaron a los emigrantes que se encuentran detenidos allí.

Los manifestantes también se pronunciaron contra el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en México, como el padre Alejandro Solalinde, que dirige un albergue en Oaxaca, y otros responsables de refugios en diferentes estados del país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en febrero pasado que en un lapso de seis meses fueron secuestrados en México más de 11 mil emigrantes.

Amenazas de expulsión y rumores agravan situación de desplazados guatemaltecos, alertan organizaciones

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Difusión Cencos México D.F., 11 de noviembre de 2011

Boletín de prensa
CentroProDH / CDH Usumacinta / La 72 / Indignación / Sin Fronteras

Diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos dirigido hoy a los gobiernos de México y Guatemala para expresarles la preocupación por el agravamiento de las condiciones en que se encuentran las personas desplazadas de la comunidad Nueva Esperanza, del departamento de La Libertad, zona de El Petén, Guatemala, quienes fueron desalojadas violentamente por el ejército de su país el pasado 23 de agosto y desde esa fecha se encuentran refugiadas en la línea fronteriza que colinda con la comunidad de Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco donde sobreviven con gran dificultad desde hace más de ochenta días, en condiciones extremadamente precarias que ponen en riesgo su salud y su integridad.

Además de las críticas condiciones de vida que las y los refugiados enfrentan desde su desplazamiento, actualmente están siendo objeto de amenazas y  propagación de información no sustentada; dichos rumores aumentan sus condiciones de vulnerabilidad ya que en caso de no detenerse o investigarse adecuadamente, se generarán actos de exclusión, discriminación y  xenofobia contra ellos.

Los gobiernos de Guatemala y México no están proporcionando la asistencia humanitaria a la que están obligados ante personas desplazadas y refugiadas, tal como señalan los principios y directrices de Naciones Unidas en ambos casos. La han negado o regateado y, la ayuda mínima otorgada ha resultado insuficiente poniendo en riesgo la salud y la integridad de la población. La escasa ayuda que reciben ha provenido, casi en su totalidad, de organizaciones religiosas y poblaciones vecinas.

Diversas organizaciones de México, conformadas en una Misión Civil de Observación, constatamos en octubre pasado la crítica situación en la que se encuentran las casi trescientas personas, de las cuales 115 son niños, niñas o adolescentes, quienes deberían gozar de una especial protección. La Misión documentó, además de las inhumanas condiciones, acusaciones contra la población desplazada que nos causaron gran preocupación porque no estaban sustentadas en pruebas ni implicaban procesos formales, pero sí eran sostenidas por autoridades de Guatemala.

En su momento y tras entrevistarse con el cónsul de Guatemala en Tenosique, integrantes de la Misión Civil de Observación fueron muy claros al afirmar en el comunicado que emitieron al término de la misma, que “constituye un motivo de gran preocupación la intención de justificar el desplazamiento atribuyéndole a las y los desplazados la comisión  de ilícitos sin que haya alguna prueba contra ellos.”

En ese momento nos referíamos a acusaciones contra las y los desplazados con respecto a daños ocasionados al medio ambiente ya que se encontraban en una zona natural protegida y con respecto a colaborar con narcotraficantes. En ambos casos el cónsul admitió que no había pruebas contra las y los entonces pobladores y ahora desplazados de Nueva Esperanza.

Durante los primeros días de noviembre tuvimos noticia de una carta que habitantes de Nuevo Progreso, Tenosique, dirigieron a sus autoridades acusando a “los pobladores” de cometer desmanes, emborracharse, golpear a sus mujeres y portar armas.

Todas esas conductas, por supuesto reprochables, requieren investigarse con apego a la ley para poder inculpar a alguien; mientras tanto representa un acto de riesgo y discriminación el hecho de atribuirlas a un colectivo. Nos preocupa que alguna autoridad de México o Guatemala pueda estar contribuyendo a la propagación de rumores que puedan ocasionar discriminación o conducir a respuestas violentas.

Sabemos que se están desarrollando mesas de diálogo entre la población desplazada y el gobierno de Guatemala. Sin embargo, alertamos sobre la dificultad de mantener una negociación en medio de condiciones tan precarias para la población desplazada. A estas condiciones, que representaban ya una grave emergencia, se suma el hacerlo ante la amenaza velada de ser repatriados por parte de México, como se publicó en un periódico mexicano[1].

Sería grave que el gobierno mexicano pretendiera tomar una medida de esa índole, pues es preciso recordar que la Ley de Migración recientemente modificada por el Congreso de la Unión, establece, en su artículo segundo, que un principio fundamental de la política migratoria mexicana es el “respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, reconociendo ese mismo numeral que “ en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”. La misma norma reitera otros principios que deben imperar en el actuar de las instituciones migratorias, como el de hospitalidad y solidaridad con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país y el interés superior de la infancia, entre otros.

De no ser cierta la amenaza de expulsión, se pide a las autoridades pronunciarse o desmentir al respecto de lo comentado en dicho diario.

Ante los constantes rumores y la crítica situación que vive la comunidad refugiada, las organizaciones firmantes solicitamos al gobierno mexicano que haga efectivos los principios de solidaridad, hospitalidad y protección, que deben regir la política migratoria mexicana, estableciendo garantías de permanencia para la comunidad desplazada de Nueva Esperanza, mismas que deben incluir todo tipo de ayuda humanitaria indispensable para que los desplazados, hoy refugiados puedan vivir en condiciones de mínima dignidad el tiempo que dure su situación de refugio, así como evitar cualquier tipo de hostigamiento o amenaza que ponga en riesgo su integridad. Dichas medidas deberán prevalecer hasta en tanto el Estado guatemalteco garantice el retorno de los habitantes a su comunidad en condiciones que sean compatibles con sus derechos humanos y restituyan su derecho a la tierra y a una vivienda digna.

Por su parte, al Gobierno de Guatemala se le solicitó agilizar las mesas de diálogo, garantizando que a la comunidad de Nueva Esperanza les sean restituidas de manera adecuada y con estándares compatibles con los derechos humanos, sus tierras, viviendas y, en general todas aquellas condiciones necesarias para una vida digna. Asimismo, la ayuda humanitaria resulta fundamental para poder llevar una adecuada mesa de negociación.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos del Usumacinta
Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
La 72-Casa Hogar Refugio para Personas Migrantes
Sin Fronteras IAP

[1] Asentados en el ejido Nuevo Progreso de Tenosique, Repatriarán a asilados guatemaltecos por queja de pobladores. Son acusados de realizar desmanes en territorio mexicano por habitantes de la comunidad de Nuevo Progreso en Tenosique. Publicado en Milenio el 1º de Noviembre de 2011, disponible en:  http://impreso.milenio.com/node/9054418

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