México: Proceso electoral excluyó a las indígenas

Deja un comentario


 

Anayeli García Martínez (CIMAC)

En América, las mujeres indígenas que desean participar en la vida política de sus países enfrentan obstáculos como conciliar su vida privada con la pública, promover transformaciones culturales, y trabajar sin el apoyo de sus respectivos partidos políticos.

Durante el “Foro internacional sobre participación política de mujeres indígenas de las Américas”, realizado en esta capital, ex congresistas y ex gobernadoras relataron los retos y lecciones aprendidas en contextos de conflictos armados y discriminación hacia la población femenina.
Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, lamentó que en el proceso electoral en nuestro país no se haya avanzado en la participación política de las indígenas, ni que se reconocieran sus aportes y conocimientos.
Según datos de Naciones Unidas, la participación política de las mujeres indígenas en México es mínima, toda vez que sólo alcanza el 2 por ciento.
De acuerdo con un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la Legislatura 1997-2000 de la Cámara de Diputados sólo hubo dos legisladoras indígenas: Aurora Bazán, por el PVEM, y Soledad Baltasar, por el PAN.
Del 2000 al 2006 hubo una senadora indígena: Cirila Hernández, por el PRI. Hasta 2008 no se había logrado ese número de indígenas en cargos legislativos a nivel federal, reporta el PNUD.
El mecanismo de la ONU precisa que en 2008, de un total de 224 diputadas locales en todo el país, sólo cuatro fueron indígenas; es decir, de las 32 entidades federativas sólo tres tuvieron representación de mujeres indígenas en sus congresos locales: Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Piden nueva circunscripción electoral
Martha Sánchez, indígena amuzga originaria del estado de Guerrero y quien de cara a los comicios del próximo 1 de julio buscó una diputación federal por el PRD que finalmente no logró, dijo que los pueblos indígenas seguirán exigiendo que se instaure la sexta circunscripción plurinominal exclusiva para personas de grupos étnicos.
Sin embargo reiteró que se tiene que seguir fomentando que las indígenas participen el ámbito político con el apoyo de las instituciones del Estado y de sus comunidades, pues sostuvo que solo así se lograrán los cambios culturales que se necesitan.
Sobre su candidatura señaló: “No logramos estar ahí, no pudimos estar ahora, pero eso no implica que no sigamos luchando y que no esté la propuesta”. Explicó que en próximas semanas la Alianza de Mujeres Indígenas junto con Naciones Unidas presentará una agenda política nacional para las mujeres de grupos étnicos.
Sánchez Néstor mencionó que este encuentro se da en medio del contexto electoral mexicano para visibilizar que las indígenas intervienen en la política a través de estos procesos y fuera de ellos, es decir como líderes en sus comunidades.
Indicó que otro de los objetivos es transmitir las experiencias de otras mujeres que han ejercido el poder, y que con su participación promovieron cambios estructurales para que sociedad y partidos reconozcan que las y los indígenas también son sujetos de derechos políticos.
Explicó que en México es necesario promover que se reconozca la ciudadanía de las indígenas, y que sus conocimientos no sólo se vean como “folclor”, para lo cual es necesaria la formación cívica de las mujeres y la promoción de agendas políticas en la materia.
En el encuentro también participaron mujeres indígenas de Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador, quienes señalaron que las habitantes de pueblos originarios deben enfrentar la discriminación por género y etnia cuando se postulan a cargos de decisión.
La presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, la indígena miskita de Perú, Mirna Cunningham, explicó que la política no es una “carrera de relaciones reales y sinceras”.
Afirmó que uno de los retos de las mujeres es seguir trabajando para lograr mayor participación política femenina, pero sin perderse porque aseguró que el objetivo es buscar la libre determinación y autonomía de los pueblos, y la construcción de Estados plurinacionales y multiétnicos.
Cunningham aclaró que las indígenas que deseen buscar un puesto de elección popular deben estar concientes que no pueden hacer política sólo a favor de las demandas de las indígenas, sino también de la sociedad en general.

Comunidad Wirrárika obtiene amparo en defensa de su territorio

Deja un comentario


 

Dilo Tú

 

 

Difusión Cencos México D.F., 15 de mayo de 2012

Boletín de Prensa
Comunidad Wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán 

Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad Wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán por medio del presente hacemos del conocimiento de sociedad civil en general  la situación actual que prevalece en nuestra comunidad indígena tras 04 años que se hubieran detenido los trabajos de construcción de la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El Alto, la cual atravesaría en un tramo de 19 kilómetros nuestro territorio comunal.

Antecedentes

En febrero de 2008, los ayuntamientos de Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla implementaron una campaña de presión y hostigamiento (incluso policiaco) en contra de las en aquel entonces eran autoridades agrarias de nuestra comunidad para tratar de lograr la autorización del trazo carretero dentro de nuestro territorio comunal de Tuapurie. Posteriormente los ediles de dichos ayuntamientos implementaron una campaña de desprestigio hacia las Autoridades y asesores comunitarios.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco se sumó la campaña antes dicha y sin el menor respeto a nuestros derechos, inició los trabajos de construcción del tramo carretero, ocasionando con ello graves daños y perjuicios a nuestra comunidad indígena, mismo que al día de hoy  no han sido reparados. Además de lo anterior, dicha Secretaría se condujo con falsedad al afirmar ante un Juez Federal, que la Comunidad Indígena que representamos supuestamente había dado su anuencia para la construcción del tramo carretero, basándose para ello en un documento apócrifo mintiendo sistemáticamente al asegurar que con su ilegal actuar no había cometido daños en daños en nuestro territorio, a pesar de que dichos daños y perjuicios se encuentra debidamente verificados y documentados de manera técnica y han sido  denunciados por nuestra parte las instancias correspondientes.

De igual forma hemos denunciado la participación activa de funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) perteneciente al Gobierno Federal, en el intento de imposición a nuestra comunidad del proyecto carretero, demostrándose con ello la  falta de interés en su supuesta comisión de velar y atender las necesidades y reclamos reales de nuestra comunidad y en general de los pueblos indígenas, dado que con su actuación únicamente pretendió solapar y ser partícipe de la conducta ilegal de los gobiernos municipal, estatal y federal, consistente en engaños, presión, falsificación y represión, que lo mismo pasa en todas las comunidades donde la CDI interviene para imponer megaproyectos que violan los derechos indígenas.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  desde el inicio de nuestra lucha comunitaria en defensa de nuestras tierras y territorios nunca ha cumplido con la función que se supone tiene en materia ambiental, pues lejos de castigar la serie delitos, ambientales y penales cometidos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural, únicamente se concretó a emitir opiniones que de igual forma pretenden convalidar y minimizar los daños causados por el ilegal actuar de la SEDEUR, dejado con ello patente su desinterés de coadyuvar para que nuestra comunidad pueda ser restituida de los daños y perjuicios sufridos.

Situación actual:

A pesar de todo lo anterior, el 24 de junio de 2011 después de cuatro largos años de litigio legal, organización autónoma y resistencia indígena nos fue concedido el amparo y protección de  las instancias judiciales, con la finalidad de que el proyecto carretero de referencia fuera  cancelado en el tramo que atraviesa nuestras tierras comunales, determinándose por el Juez Federal que dicha concesión de amparo se hacía extensiva para el que las cosas fueran regresadas  al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación de nuestros derechos colectivos, cometida por parte de la SEDEUR, para de esta forma restituir a nuestra comunidad indígena el daño causado.

Es importante resaltar el hecho de que los daños causados a nuestra comunidad comprenden afectaciones a bienes, derechos y creencias, y por ello la SEDEUR se encuentra obligada a reparar de dichos daños ocasionados dentro de nuestro territorio comunal entre los que se comprenden, los cientos de Pinos derribados de manera ilegal, la apertura y explotación de bancos de material pétreo,  las cárcavas creadas que producen erosión y azolvamiento de arroyos y manantiales, la destrucción de la antigua brecha que trajo como consecuencia la creación de zonas intransitables en tiempo de lluvias, mangueras y alambres de púas cortados, cercos derribados, una casa destruida y el sitio sagrado “Paso del Oso” sepultado bajo toneladas de escombro.

Asi pues, nuestra comunidad indígena a través del procedimiento legal  del juicio de amparo demostró el derecho que nos asiste a los wixaritari  de ser previamente escuchados, no solo en la implementación del  proyecto carretero que no ocupa, sino de cualquier otro que pueda tener como consecuencia una afectación de nuestros derechos, así mismo quedó demostrado que el documento mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) intentaba sustentar una supuesta autorización otorgada por nuestra parte para la implementación de la obra carretera RESULTA SER FALSO y no fue autorizado por nuestra asamblea de comuneros,  ni resulta suficiente para justificar los daños y perjuicios causados con el inicio de actividades tendientes a la construcción del proyecto carretero de referencia.

A pesar de lo anterior, la SEDEUR nuevamente intenta evadir la responsabilidad que le resulta para reparar los daños ocasionados a nuestra comunidad, tratando de hacer uso para ello  de nueva cuenta de mentiras y verdades a medias, al alegar en su defensa que el proyecto carretero nunca había iniciado dentro de las tierras de nuestra comunidad y que por ello no existían daños materiales que resarcir. A lo cual nuestra Comunidad se ha manifestado en el sentido de negar las afirmaciones de la SEDEUR, en virtud de que, contrario a lo que falsamente pretende sostener el gobierno, que los daños causados se encuentran vigentes y plenamente documentados.

Así pues, continua la lucha por hacer valer la razón que asiste a la palabra colectiva de nuestra comunidad Tuapurie, frente al intento renovado de las autoridades para tratar de desvirtuarla y dicha lucha se sustenta y tiene su raíz en el respeto al derecho inalienable que tiene nuestra Comunidad a decidir sobre sus propias formas de desarrollo y de gobierno, basado en convenios internacionales y los Acuerdos de San Andrés, que sustentan nuestro derecho de que sean reparados los daños y perjuicios causados en los términos que establece la sentencia de Amparo; reclamos que para nuestro pueblo son inclaudicables y sabremos sostener hasta sus últimas consecuencias.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS.

Atentamente

Por Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatitlán, a 10 de mayo de 2012
Juan Torres González
Presidente de Bienes Comunales
Marcos Cosío de la Rosa
Secretario
Samuel Carrillo Valenzuela
Tesorero

Fuente: Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C.

Pueblo mapuche en Chile, otro amargo capítulo

Deja un comentario


 

Tania Peña (PL)

La comunidad Wente Winkul Mapu, situada en la comuna de Ercilla, en el corazón de la Araucanía, se convirtió en epicentro de las noticias sobre el pueblo mapuche en Chile.

Es que hemos sido escenario de reiterados allanamientos y de la violencia descontrolada de Carabineros, que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas frente a la reivindicación de nuestras tierras, señalaron autoridades ancestrales de esa comunidad.
Se refirieron en particular a las repetidas versiones sobre la muerte del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, quien cayó abatido en una violenta irrupción policial en esa comunidad el pasado 2 de abril.
En declaración que hicieron llegar a PL, desmintieron las afirmaciones de la Fiscalía y de Carabineros acerca de las circunstancias del fallecimiento del uniformado.
Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa, señalaron en el mensaje.
Acerca de la investigación abierta para esclarecer el hecho, pidieron se cambie al fiscal designado para el caso, identificado como Luis Chamorro y a quien calificaron de antimapuche, y porque además fue el mismo que encabezó el allanamiento en el cual murió el agente policial.
Chamorro es una figura reconocida por levantar montajes en contra de los mapuche, subrayaron.
Acotaron además que el sargento Albornoz murió en una zona alejada de la expuesta en la versión oficial.
En opinión del werkén (vocero) Daniel Melinao, las acusaciones hechas por el fiscal Luis Chamorro, así como por la policía, buscan desprestigiar al pueblo mapuche.
Manifestó como tesis de los pueblos originarios que Albornoz murió en un fuego cruzado. Es probable que los efectivos policiales se dispararan accidentalmente entre ellos, expresó.
Los representantes indígenas remarcaron que ellos son los primeros interesados en la aclaración de la verdad de lo sucedido sobre la base de una investigación seria y desprejuiciada.
Reiteraron a Prensa Latina la denuncia a la militarización de los territorios mapuche y “la violencia descontrolada de Carabineros, fuerza que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas”.
También la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda pidió al gobierno que desista de la anunciada creación de un Plan de Seguridad en el territorio mapuche, el cual consideran se traducirá en mayor violencia y criminalización de la lucha de la etnia.
El seminarista jesuita Luis García-Huidobro declaró haber sido testigo del operativo “totalmente inútil” en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu el fatídico día.
El gobierno debiera evitar que se criminalice y judicialice la causa mapuche. “No debieran mandar carabineros, sino abrir una mesa de diálogo y devolver esas tierras para que haya paz”, dijo en carta publicada en el sitio mapuexpress.net.
Subrayó haber presenciado, en el citado asentamiento, unos 10 vehículos policiales, una tanqueta, un zorrillo (carro lanza gases), un bus blindado de carabineros y varias camionetas, además de numerosos uniformados.
“Estamos ante un conflicto histórico que el Estado debe abordar con más seriedad”, recalcó. Esto seguirá creciendo hasta que haya un gobierno verdaderamente honesto y valiente para reconocer que las empresas forestales deben salir de estas tierras, las cuales son de los mapuche.
Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concluyó que la vulnerabilidad sociodemográfica y socioterritorial que enfrenta el pueblo mapuche y que expresa claras brechas en la implementación de sus derechos, está dada por la pérdida del territorio, base de su supervivencia material y cultural.
Lo cierto es que el escenario creado por la muerte del carabinero alienta la preocupación por el destino que tendrán las reivindicaciones del pueblo mapuche y atiza el temor sobre el curso de nuevos procesos judiciales contra comuneros mapuche.
Decenas de comuneros mapuche cumplen duras condenas de cárcel, o se encuentran procesados y detenidos o sometidos a medidas restrictivas por acciones reivindicatorias de sus territorios ancestrales, anotó un reciente editorial del informativo mapuche Mapuexpress.
Justamente la semana pasada finalizó la preparación de Juicio Oral en el llamado Tribunal de Garantía de la comuna de Victoria, situada también en La Araucanía, contra 10 comuneros, dos de ellos menores de edad, imputados por “robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista, asociación ilícita terrorista”, entre otros delitos supuestamente ocurridos en octubre del 2009.
Este proceso, como los anteriores contra el pueblo mapuche, ha sido criticado por autoridades indígenas y por especialistas en temas jurídicos porque la principal prueba del Ministerio Público sería la declaración de un testigo protegido, polémica figura amparada por la ley antiterrorista.
Jorge Hunchullán, vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, impugnó que se siga utilizando una ley heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). “Es una forma de utilizar la represión en toda su expresión, jurídica, comunicacional y policial”, afirmó.
Apenas en la antesala del juicio y ya asoman los nubarrones para los comuneros acusados.

Población indígena brasileña aumenta a un ritmo por debajo de la media nacional entre 2000 y 2010

Deja un comentario


 

XINHUA

La población indígena brasileña creció a un ritmo inferior al del resto del país durante la primera década de este siglo, según un informe divulgado hoy por el Gobierno.

Según la fuente, el crecimiento de los indios nativos fue del 11,4 por ciento, lo que significa que pasó de los 733.000 miembros en 2000 a los 817.000 en 2010, con un crecimiento medio anual del 1,09 por ciento.
La cifra de personas que se consideran indígenas representa el 0,4 por ciento de la población total brasileña, que creció de los 169.799.170 habitantes en 2000 a los 190.755.799 habitantes en 2010, un crecimiento acumulado del 12,3 por ciento, una media anual del 1,17 por ciento, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según la Fundación Nacional del Indio (Funai), actualmente existen 688 tierras indígenas (áreas demarcadas por el Gobierno Federal con aldeas indias) en el país, que albergan 220 etnias distintas.
Según el censo del IBGE, la presencia de indios en los municipios ha aumentado en los últimos años, pasando del 34,5 por ciento de las ciudades en 1991 al 63,5 por ciento de los municipios en 2000, y al 80,5 por ciento en 2010.
Del total de indígenas brasileños, un 61,44 por ciento vive en sus reservas o en zonas rurales, y el resto en ciudades. El 48,6 por ciento de los indígenas brasileños residen en áreas rurales de la región amazónica del país.
Las ciudades que concentran las mayores poblaciones indígenas son Sao Paulo (11.900) y Sao Gabriel de Cachoeira (Amazonas), con 11.000 indios.

Cumbre de los Pueblos: Indígenas debaten sobre su “aislamiento” en América Latina

Deja un comentario


 

XINHUA

Alrededor de 150 indígenas participaron en una jornada de diálogo previa a la VI Cumbre de las Américas, con la exhibición de un video que alerta sobre al aislamiento y el olvido sufrido por los pueblos indígenas, que están provocando el “exterminio cultural y demográfico” en Colombia.

Durante la presentación, la abogada de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), Ana Manuela, afirmó que su país tiene un millón 392.623 indígenas, que representan 3,3 por ciento de la población total local, distribuidos en 102 etnias.
Según la Corte Constitucional, de las 102 comunidades indígenas presentes en Colombia, 35 están en riesgo de exterminio físico y cultural.
En el mismo sentido, líderes de comunidades indígenas de México resaltaron que el caso colombiano es mucho más extremo que el de su país, pues sus problemáticas se centran principalmente en la pérdida de la identidad y del arraigo cultural.
El representante de una de las comunidades mayas de México, Romel Gónzalez, manifestó que la falta de empleo y los bajos ingresos de sus habitantes provocan que sus comunidades se reduzcan como consecuencia de la migración a la ciudad, la desintegración de los pueblos y la pérdida de identidad.
Por su parte, la representante indígena de Ecuador, Patricia Gualinga, dijo que la violación a los derechos humanos es una constante en su país, a causa de la llegada de empresas petroleras y mineras, y la invasión de éstas a sus territorios.
Durante la plenaria, fueron expuestos también casos como el vivido en Brasil, donde varias comunidades están conformadas por menos de 200 miembros.
Los indígenas coincidieron en afirmar que las comunidades con menos de 500 integrantes se ubican en situación de riesgo de desaparición y fragilidad demográfica.
Por ser el único país de América Latina que vive un conflicto armado interno, Colombia representa un escenario mucho más riesgoso para estas comunidades y se aumenta el riego de desaparición demográfica.
El tráfico de drogas asociado a las altas tasas de violencia homicida y el extendido uso de armas de fuego, sumado a la imposición de proyectos de desarrollo en territorios indígenas sin el debido consentimiento previo, están entre las causas a las que los voceros de las comunidades indígenas atribuyen su aislamiento y desaparición.
Una declaración elaborada por ONIC, organización que trabaja para apoyar al gobierno de los pueblos indígenas en Colombia, será presentada esta tarde en la IV Cumbre de las Américas.
Según sus promotores, el documento servirá para incluir iniciativas que garanticen la seguridad y continuidad de sus pueblos no sólo en Colombia sino también en todas las comunidades existentes en América.
La VI Cumbre de las Américas, a celebrarse el sábado 14 y domingo 15 de abril, reunirá a 33 jefes de Estado y de Gobierno de América, adscritos a la Organización de Estados Americanos (OEA). Sólo estará ausente el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Hostigamiento policiaco-militar a comunidades indígenas.‏

Deja un comentario


FEDOMEZ HIDALGO <fedomez_hidalgo@yahoo.com.mx>

Huasteca y Sierra Oriental, a 6 de abril de 2012.

BOLETIN DE PRENSA

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y POLITICAS.

A LAS PERSONALIDADES E INTELECTUALES PROGRESISTAS.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.

 

El Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), integrante del Frente Nacional de Lucha por el socialismo (FNLS) denunciamos:

 

La política de hostigamiento en contra de nuestras comunidades organizadas no cesan, ya que nuevamente las comunidades de Lázaro Cárdenas, Felipe Ángeles, Francisco Javier Mina y “Mártires 21 de Julio” pertenecientes al municipio de Chalma, Veracruz, son objetos de patrullajes y retenes momentáneos de militares y marinos en las carreteras y terracerías de los alrededores de las comunidades mencionadas,  junto a esto, se da la divulgación de rumores de la existencia de una orden de aprehensión de uno o más de nuestros compañeros a quererlos relacionar con hechos delictivas que ocurren tanto en Veracruz como en Hidalgo, como ocurrió en los finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre del año pasado, el ejército federal incursionó al poblado “Mártires 21 de Julio”  con el pretexto de buscar a la delincuencia organizada, con esta violación flagrante a los derechos humanos, siembran el miedo y aterrorizan a la población principalmente a los pueblos organizados de esta región de las huastecas, han tratado siempre de incriminarnos e inculparnos para justificar la entrada del ejército federal en nuestras comunidades y la persecución política de nuestros compañeros.

 

 Responsabilizamos a Felipe Calderón, al gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera y Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado de Veracruz, de cualquier detención, asesinato o desaparición de cualquiera de nuestros militantes.

 

Del mismo modo denunciamos que una vez más,  la marina, ejército federal y policías federales,  intentan entrar  y tomar a nuestros pueblos.

 

Mencionamos que como organización popular, esta política profascista de calderón, no detendrán que continuemos desarrollando nuestras actividades políticas y culturales como en esta ocasión nos encontramos reunidos en los preparativos para conmemorar el 93 aniversario del vil y cobarde asesinato del general Emiliano Zapata Salazar y la campaña nacional contra la guerra de Calderón.

 

Por todo lo anterior hacemos un atento llamado al pueblo en general y sus organizaciones a estar pendientes de posibles acciones represivas del estado mexicano, contra nuestras comunidades indígenas y campesinas de esta región de las Huasteca.

 

¡¡ ALTO A LA REPRESION EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS!!

 

¡¡ ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA POPULAR!!

¡¡ PRESENTACION CON VIDA A TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR MOTIVOS POLITICOS Y SOCIALES!!

¡¡ LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA EN EL PAIS!!

¡¡ POR LA LIBERACION PROLETARIA DE CAMPESINO!! ¡¡ VENCEREMOS!!

 

 

FRATERNALMENTE

 

ZAPATISMO  Y   SOCIALISMO

 

FRENTE DEMOCRATICO ORIENTAL DE MEXICO “EMILIANO ZAPATA”

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

 

FDOMEZ———-FNLS

Argentina. Pueblos Originarios: Un país, dos realidades y un Estado mudo

Deja un comentario


jueves 29 de marzo de 2012

Darío Aranda (ODHPI – ACTA)

Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.

“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígena, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pese a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta un patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siete convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provincias se niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada por el hecho de que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo les interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“En los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.
Otra Argentina
Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en la Argentina”.
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectivas ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.
“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.
Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.
Respuestas
Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, si no no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.
Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió a ninguna consulta. Tampoco lo hizo la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.
ODHPI: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.

Older Entries