Humala: De la mano con el neocolonialismo imperial

Deja un comentario


jueves, 2 de agosto de 2012

José Suarez Danós (especial para ARGENPRESS.info)

El 28 de Julio pasado el presidente Ollanta Humala finalizó su primer año de gobierno.

Los actos de su gestión más el informe de rigor que rindió a la nación peruana facilitan ya el ensayo de un análisis objetivo de su gestión.
Comenzaremos señalando que precisamente su informe lo muestra como un presidente ajeno al mandato encargado por la nación –“la gran transformación”- y orientado a objetivos diferentes.
Ello es ratificado por los hechos de su gobierno, en el cual la población que votó mayoritariamente por su elección fue la menos favorecida -si no fue agraviada-.
Han sido características de su primer año de gobierno, la conflictividad social, la inestabilidad política, el uso arbitrario de la fuerza policial-militar contra pueblos del Perú y la insatisfacción casi general de la población.
En contraparte el fin de este lapso encuentra a un Ollanta Humala extrañamente convencido que “su labor” estaría siendo positiva.
Quizá suponga que culminar un año de gobierno en “piloto automático” y sin modificar nada, sea un logro.
Pero ¿qué originó que Humala haya acusado problemas de gobernabilidad desde el comienzo de su gestión cuando aglutinaba en su favor el apoyo de casi los dos tercios de la población?
La razón sin duda alguna sólo fue una: el fraude al mandato soberano encargado.
En nuestro parecer ello tiene que ver con causas estrictamente personales –rasgos de personalidad del mandatario- y no propiamente con coyunturas de origen político.
La falta de coherencia y ambigüedad que comenzó a denotar al iniciar su gestión, le han pasado temprana factura política toda vez que incidieron particularmente en las expectativas y aspiraciones del mandante soberano. Lo explicamos.
En el 2011 la elección presidencial de Humala presuponía el ordenado tránsito democrático para cumplir con la aspiración nacional por “la gran transformación”.
Ella considera una impostergable y urgente recuperación de la soberanía nacional, el cambio del sistema neoliberal imperante en el país y restablecer el Estado de Bienestar.
Empero ni bien empezada su gestión, se mostró cual gobernante aquejado por el “síndrome de Estocolmo” tras haber sido objeto de un secuestro a manos de ese mismo “sistema” –o un autosecuestro como algunos analistas sugieren-.
El giro doctrinario y programático de 180 grados que dio a inicios de su gobierno para sujetarse al neoliberalismo transnacional, fue en nuestro criterio el silencioso y principal detonante del conflicto social. Craso error político, pues cambió pueblo por elites.
La derecha peruana con la que se alió Humala intentó atribuir a la población de Cajamarca ser la causa de la inestabilidad gubernamental (caso “Conga”, en el norte del Perú), alentando se le reprimiera con la fuerza pública.
Ese conflicto junto con otros similares, fue sólo la onda explosiva visible del hartazgo de dos décadas de los pueblos del Perú con el “sistema”, que ya llegó a su límite. A ello se sumaba, la alianza del mandatario con el neoliberalismo.
Pero como bien lo habrá meditado Ollanta Humala, ese problema político-social fue gestado por él con sus devaneos políticos y el fraude al mandante.
El presidente sabe que en los ancestrales códigos sociales incas de la población peruana, la traición es un problema de difícil resolución y es asumido colectivamente.
Más aún si ella proviene de un soldado que se debe a la patria y que apeló por votos a la imagen del ex presidente Juan Velasco Alvarado, ejemplo de nacionalismo para el Perú.
Para esos pueblos agrícolas con recursos auríferos codiciados por el neoliberalismo transnacional por sobre la vida, hoy el gobierno peruano sólo representa un adversario más como en su tiempo lo fue el virreinato español.
Por esta razón se ha visto obligado a conformar un tercer gabinete ministerial en menos de un año, al que ha llamado “el gabinete del diálogo”.
No obstante desde el momento que ese “diálogo” proviene de un gobierno aliado con el neoliberalismo, para esos pueblos suena a “extremaunción” previa a “la solución final”.
Si intentamos prever cual será la tendencia del gobierno de Humala bastará solamente hojear el informe de su gestión, para percatarse que sólo sigue el plan patrón del “Consenso de Washington” del siglo pasado, para el neocolonialismo de Latinoamérica.
Un indicador de ello es la notoria ausencia de un plan político-estratégico propio, concordante con los cambios acontecidos en la realidad nacional, en el ámbito regional suramericano y en la situación mundial.
Lo más preocupante de la gestión de Humala es que hasta la fecha no se haya referido en lo económico a la crisis terminal del sistema neoliberal ni sobre previsiones macro-económicas de su gobierno para cuando se produzca la debacle final del mismo.
Para efectos prácticos su gobierno aparece como un “calco del gobierno de Alberto Fujimori” con aplicación de retoques “cosmético-mediático-sociales” imprescindibles para borrarle su antihigiénica imagen característica.
Como uno de esos maquillajes aparece el lema “desarrollo con inclusión social y sin sobresaltos” de su gobierno, que no es sino una juntura de falacias y contradicciones diseñadas por la tecnocracia neoliberal en su usual lenguaje dicotómico.
Esto se infiere por la ausencia de propuestas estructurales para transformaciones del Estado que concilien crecimiento económico con redistribución de la riqueza y desarrollo social, que de hecho implicarían un cambio del “sistema”.
Es por esa razón que los programas emprendidos contra la exclusión social más parecen encaminados a alcanzar fines populistas y atribuirle “faz humanitaria” al “neoliberalismo salvaje” del Perú, que a cumplir a cabalidad con su cometido.
A esos “paños tibios” el mandatario viene llamando “la gran transformación”, cuando la verdadera propuesta es totalmente diferente.
Presumimos que esa demagogia sea parte del “calco Alberto Fujimori”.

Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá tolerar la población ese esquema?.

Publicado por ARGENPRESS

La OEA y las nuevas realidades latinoamericanas

Deja un comentario


La actual crisis de la OEA, el fracaso de su reciente asamblea en Bolivia y sus limitaciones para actuar realmente por la democracia y no solo para los intereses hegemónicos, dan cuenta también de la construcción de un nuevo equilibrio de fuerzas, de nuevas realidades que se van perfilando en nuestra América. 

 

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Evo Morales y Rafael Correa criticaron el
sistema interamericano en la Asamblea de la OEA.
Creada en la Novena Conferencia Internacional Americana de 1948, en una Bogotá que sufría las convulsiones sociales del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y la sangrienta represión del movimiento popular –el Bogotazo-, al que se acusó de participar en una conspiración del comunismo internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) nació hace 64 años “manchada con la sangre del pueblo colombiano”[1], como sostiene el politólogo y filósofo cubano Luis Suárez Salazar. “La OEA –escribió el historiador  mexicano Pablo González Casanova- se fundó haciendo detonar una crisis social para disponer de las pruebas artificiales de una “guerra justa”. El imperialismo aportó las “pruebas” atizando el fuego del motín popular, e interpretó su significado. (…) en el continente se apretaron las tenazas del poder imperial”[2].
Durante más de seis décadas desde su fundación, la sangre de muchos otros pueblos de nuestra América también fue derramada al amparo de las acciones y omisiones de esta organización, surgida de las entrañas del panamericanismo y del anticomunismo de aquellos terribles años. Muy pronto, la OEA se convirtió en la instancia visible utilizada por los imperialistas y sus aliados para legitimar lo que, por impresentable y perverso, debía mantenerse en lo invisible.
Esto es lo que resulta más difícil de comprender en las posiciones de unos pocos gobiernos, de las élites político-económicas y los intelectuales latinoamericanos que todavía hoy se aferran a la precaria existencia de la OEA como espacio de encuentro y arbitraje de las relaciones interamericanas: niegan en forma deliberada –porque no pueden alegar desconocimiento- el origen turbio de este organismo, la naturaleza de las fuerzas políticas que impulsaron su creación y que, desde el principio, la ungieron como intrumento articulador de la dominación estadounidense en América Latina por medio de pactos militares (el TIAR) y declaraciones maniqueas que resolvían la cuestión del bien y el mal en la tierra (como la Declaración de Punta del Este, que expulsó a Cuba del foro continental en 1962).
Esa confluencia de intereses espurios explican por qué los que podrían considerarse los principales aportes de la OEA, a saber, el desarrollo del llamado sistema de derecho interamericano y su correspondiente doctrina y jurisprudencia, en la práctica, se convirtieron en una contradicción insalvable: ninguno de los instrumentos del derecho interamericano, ni siquiera su estandarte, la Convención Americana de Derechos Humanos (el Pacto de San José de 1969), se aplicó nunca ni se podrá aplicar para juzgar y protegerse de las atrocidades cometidas por los Estados Unidos: el único de los miembros de la organización que invadió, conspiró, asesinó y bloqueó a gobiernos elegidos democráticamente en nuestra América, y que todavía hoy, en el siglo XXI, no renuncia al ejercicio de tales prácticas para imponer su hegemonía por la fuerza.
De ahí que la idea de que un organismo, que se pretende serio, tolere semejante anacronismo, disfrazado de un discurso falaz de defensa de la democracia, y legitime así la desigualdad de derechos entre los Estados miembros como si se tratase de algo “natural”, simplemente resulta inaceptable en estos tiempos; especialmente ahora, cuando el consenso nuestroamericano de pueblos y gobiernos –el consenso sin Washington- ha conquistado importantes cuotas de soberanía y autodeterminación, que se expresan en los nuevos espacios de integración y unidad regional como ALBA, UNASUR y CELAC.
Precisamente por esto, la 42 Asamblea General de la OEA, celebrada hace pocos días en Cochabamba, Bolivia, sumó un nuevo fracaso a la historia reciente de la organización, que terminó esta cita agobiada por su crisis de legitimidad, por la dificultad de alcanzar acuerdos sobre las reformas que proponen varios países, por su cada vez menor capacidad de maniobra para gestionar los conflictos bilaterales y, en definitiva, por el debilitamiento del sistema de alianzas entre las élites regionales y el gobierno de los Estados Unidos que, hasta hace poco, era la fuente de su poder político.
Más importante aún es el hecho de que la actual crisis de la OEA, y sus limitaciones para actuar realmente por la democracia, y no solo para los intereses hegemónicos, dan cuenta también de la construcción de un nuevo equilibrio de fuerzas, de nuevas realidades que se van perfilando en nuestra América.  No es un lugar común:  vivimos un cambio de época, una etapa de nuestra historia regional en la que van quedando atrás décadas de sumisión y humillación de los pueblos y gobiernos latinoamericanos que no se plegaron al dictum imperial. Es un camino largo, con peligros y sobresaltos, pero cada vez más cierto, que  se van abriendo en la espesura de los tiempos.

 


NOTAS
[1] Suárez Salazar, Luis y García Lorenzo, Tania (2008). Las relaciones interamericanas: continuidades y cambios. – 1a ed. – Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO (Campus virtual de CLACSO). Pág. 91.

[2] González Casanova, Pablo (1991). Imperialismo y liberación. Una introducción a la historia contemporánea de América Latina. – 9a ed. – México DF: Siglo XXI Editores. Pág. 205.

OEA debe revolucionarse o desaparecer: Rafael Correa

Deja un comentario


Deja un comentario


miércoles, 30 de mayo de 2012

Jean-Guy Allard (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno estadounidense, luego de rendir un informe devastador sobre la corrupción policíaca en Puerto Rico en 2011, trajo sucesivamente a un norteamericano, Joseph S. Campbell, un especialista de inteligencia, para dirigir la oficina del FBI en San Juan y al controvertido Héctor Pesquera, ex agente de inteligencia del buró federal de investigaciones, para encargarse de la Policía de la isla caribeña. Resultado: la totalidad de las fuerzas de seguridad de Puerto Rico está hoy día en manos de dos agentes de la Inteligencia norteamericana.

El 8 de septiembre pasado, el gobernador de este colonia norteamericana, Luis Fortuño, ya preparaba la opinión pública con la presentación de un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se denunciaba que la Policía de Puerto Rico sufría “un elevado grado de corrupción, efectúa registros e incautaciones ilegales, discrimina a extranjeros y abusa de la fuerza”.
El fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, estuvo en la Isla en persona para la presentación del documento donde se denunciaba que la Policía puertorriqueña era responsable “de numerosas muertes consecuencia de sus violentas prácticas”.
En presencia de Fortuño, el fiscal federal anunció que su Departamento se había propuesto que la Policía puertorriqueña “modifique sus procedimientos”, declarando que el cuerpo policíaco llevaba “años violando la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, al recurrir al uso de fuerza excesiva y al registro e incautaciones ilegales”.
Como si violencia y abusos no se señalaban en todo el territorio norteamericano. Para citar un solo caso, una investigación reciente señaló que en la Ciudad de Nueva York, las detenciones por parte de la policía local alcanzaron 600.000 en 2010, el doble de 2004.
“No será fácil. Las cosas no cambian de un día para otro”, dijo Pérez, de ascendencia dominicana, en un español dudoso en esta conferencia de prensa durante la cual advirtió, con la debida arrogancia colonial, “que la Constitución estadounidense debe ser respetada en Puerto Rico”.
La isla caribeña se encuentra sometida desde 1898 al dominio de Estados Unidos, que la invadió.
Campbell, encargado de “investigaciones sensibles”
Apenas tres semanas después del “escandaloso” informe, el director del FBI, Robert Mueller, nombraba un estadounidense de pura cepa, el Agente Especial Joseph S. Campbell, a cargo de la División de San Juan.
Campbell es un licenciado en Ciencias políticas que dirigía hasta entonces los equipos responsables de las “investigaciones sensibles” en la sede del FBI.
En noviembre de 1998, Campbell era agente especial de supervisión en la División de Contraterrorismo y armas de destrucción masiva (ADM) en este mismo cuartel general del FBI.
En febrero de 2001, fue ascendido a Agente Especial de la Fuerza de Tarea Conjunta del Terrorismo de la División de Denver donde fue más tarde encargado de la inteligencia, de la lucha contra el terrorismo, y de la contrainteligencia.
Pesquera, especialista de las “tareas sucias”
El 28 de marzo último se completaba la operación.
El gobernador Fortuño, revelaba que se había escogido a Héctor Pesquera, ex jefe del FBI de Miami “mafió” el arresto de cinco cubanos infiltrados en grupos terroristas de la Florida, como nuevo Superintendente de la policía puertorriqueña.
Oveja negra de una familia puertorriqueña comprometida con la lucha para la independencia de Puerto Rico, Pesquera es un especialista de las tareas de inteligencia “sucia” de la policía federal, también conocido por haber manejado en la isla, el caso de los terroristas cubanoamericanos del yate La Esperanza que terminaron absueltos.
Se le conoce también por haber participado en una reunión en Panamá en la que se planeó el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson; y por haber conspirado con José Guevara, un ex agente de los Servicios de Inteligencia venezolana que chantajeaba al ex jefe de la Inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos.
Pesquera era jefe del FBI de Miami y perseguía los anti-terroristas cubanos mientras a unos kilómetros de su oficina los autores del 9-11 se preparaban para este atentado.
Horas después de su nombramiento, la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) de Puerto Rico organizó un piquete ante el cuartel general de la Policía, y el clandestino Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros) denunció en un comunicado la persecución política que, aseguro, pronto desataría. Con la llegada de Pesquera a la policía puertorriqueña, señaló el grupo, se criminalizará la lucha por la independencia de esta isla del Caribe,
El Senado puertorriqueño, cuya mayoría controla Fortuño, aprobó el nombramiento rápidamente.
Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos pero no pueden participar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tienen que registrarse en el ejército americano.

Publicado por ARGENPRESS

Las Malvinas y los falaces argumentos de autodeterminación

Deja un comentario


miércoles, 16 de mayo de 2012

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

Son suficientemente conocidos los derechos soberanos que le asisten a la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los argumentos esgrimidos por el Reino Unido de Gran Bretaña para no sentarse a negociar como lo demandan las Naciones Unidas. El argumento británico principal solamente en el caso específico de las Islas Malvinas es que deben respetarse los derechos y las pretensiones de los habitantes de las Islas Malvinas, los mismos que han sido reconocidos como ciudadanos británicos plenos.

Sin duda, que el argumento del Reino Unido es poco sostenible debido a que los isleños nacidos en las Islas Malvinas son hoy una minoría de la población local como lo demuestra el último Censo en las Islas del 2006. Antes de la guerra de Malvinas, los isleños no tenían la ciudadanía británica, y la adquirieron en 1983, otorgándoseles en 1985 autonomía mediante la creación del Malvinas Islands Government. El gobernador de Malvinas, junto a siete isleños integran un Consejo que rige la administración de las islas y tiene un vínculo permanente con el Reino Unido. Unido del cual dependen en materia de políticas públicas tales como la política exterior y de defensa de esa monarquía
Al contar con la ciudadanía británicas los isleños fueron reconocidos como naturales de ese país y con los mismos derechos de cualquier ingles frente de la Unión Europea, lo cual llevó a una significativa emigración de las islas, particularmente de la juventud malvinense radicándose en Europa, lo que llevó a Londres a traer, a partir de1992, una nueva inmigración proveniente de países de la comunidad europea, nativos ingleses, nativos de otras posesiones de ultramar y de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) con la consiguiente alteración de la integración nativa de las islas, que tiene a partir del año 2006 una minoritaria composición de isleños nativos al punto que el Malvinas Islands Government se integra hoy con tres personas nacidas en Malvinas y cinco ingleses llegados al territorio con posterioridad a 1990.
De acuerdo a los datos fidedignos de que se disponen a través del Censo de las Islas del 2006, la mayor parte de la población actual de las islas es transitoria y llega al territorio a los efectos de la realización de negocios y efectuar inversiones o cumpliendo contratos de trabajo temporales. Como lo ha señalado con acierto la especialista Virginia Gamba “Las Islas no están más pobladas por isleños, sino por europeos que, además rotan. Con lo cual no existe más el condicionante de considerar los intereses de los isleños –ya que estos son europeos-, ni sus deseos –ya que son una población transitoria- ni su modo de vida- ya que esta es artificial y está dictada por la dinámica de servir a las necesidades de una base militar permanente”
Es decir que la supuesta defensa de la voluntad de los isleños no pasa de ser una argucia británica, para seguir manteniendo la ocupación y la negativa a cualquier tipo de negociación como lo establecieron las Naciones Unidas en sus resoluciones 2065 y 3160, donde instaran reiteradamente a las partes a realizar conversaciones sobre la soberanía en la Cuestión Malvinas, Cuestión esta que siempre se reconoció como aplicable a las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur. A esto se suma la arrogancia de los sucesivos gabinetes británicos, que siguen sosteniendo que la cuestión Malvinas no es negociable desde ninguna perspectiva, continuando en sostener que la decisión la tienen los isleños, que son los habitantes legítimos del territorio.
Mostrando un notable desconocimiento del problema, hace unas semanas un grupo de conocidos intelectuales, coincidiendo con la posición británica, insistió en el reconocimiento de los derechos de los isleños, sin tener en cuenta que además de ser una población trasplantada es una población rotativa, sin arraigo, donde la única motivación son las inversiones, y la escasa población original no puede ser considerada sujeto de derecho por su escasa representatividad no solo territorialmente, sino aún en el Consejo que rige las Malvinas Islands Government, donde se encuentra en clara minoría. Aun así, la Argentina, a través de su Constitución y como se reitera ante la comunidad internacional, siempre tendrá en consideración el modo de vida de los isleños nativos, aquellos que antes de 1983 no tenían aun la plena ciudadanía británica. No tiene asidero el extender tales derechos a los ciudadanos europeos, ingleses y/u otros que se han asentado transitoriamente en las islas y que no pueden ni deben opinar sobre el futuro de las mismas.
De acuerdo con la estructura que regía en las Islas Malvinas, el Reino Unido de Gran Bretaña, siempre consideró como una misma unidad territorial a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, y las presentaciones efectuadas por las partes en las Naciones Unidas, siempre tuvieron presente al conjunto de las islas tal como las consideraba el gobierno de Londres. Tanto es ello así, que las negociaciones de 1977 y aun posteriormente en la década del 90 siempre ubicaron a los tres grupos de islas bajo el paraguas general de la disputa de soberanía de la Cuestión Malvinas, posición esta siempre aceptada por el Reino Unido. Sin embargo por una decisión de la Reina del 20 de marzo de 1985, aprobada por el Parlamento británico el 28 de marzo de ese año, el territorio de las Georgias y Sandwich fue separado administrativamente de las Malvinas, sin dependencia funcional de las mismas como había sido hasta ese momento (Statutory Instruments, 1985, Nº 449, South Atlantic Territories. The South Georgia and South Sandwich Islands Order 1985). Esta división territorial, fue a su vez confirmada por decisión real de noviembre de 1989, entrando en vigor en el mes de enero de 1990, por la cual se establecieron los límites territoriales de las Georgias y las Sandwich, incluyéndose las coordenadas de Mar territorial que les correspondía a las mismas (Statutory Instruments, 1989, Nº 1995, South Atlantic Territories, The South Georgia and South Sandwich Islands (Territorial Sea) Order 1989).
La decisión del Reino Unido de separar administrativamente tales territorios, no fue aprovechada por ninguno de los sucesivos gobiernos de la democracia para reclamar la iniciación de conversaciones y obtener un sustancial avance en nuestra disputa para obtener la soberanía sobre las Malvinas, ya que pondría a ese país ante la inevitabilidad de tener que negociar sobre las Georgias y las Sandwich, sin la excusa de tener como parte determinante a la población nativa de las islas. Esto es así, debido que en ambos grupos de islas no existe población alguna, y si reducidas guarniciones militares y científicas de carácter rotativo, que tienen el único fin de ejercer la custodia militar de esos territorios.
Como resulta imperioso utilizar todos los recursos diplomáticos al alcance de la Nación para recuperar los territorios usurpados, sería fundamental realizar las acciones que fueran necesarias a los efectos de comunicar al gobierno del Reino Unido, que sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, y sin perjuicio de los derechos soberanos a las Islas Malvinas, que es decisión del gobierno argentino buscar conversaciones simultaneas y paralelas para solucionar la disputa territorial en torno a las Islas Georgias y Sandwich, tratándola separadamente pero conjuntamente de la cuestión referida a Malvinas.
Como lo señalaramos anteriormente, Gran Bretaña debe responder ante Naciones Unidas y ante la Republica sus razones para negarse a cumplir con las resoluciones que imperan dentro de las discusiones del Comité de Descolonización de esa organización. Gran Bretaña no debe responder únicamente a la situación imperante en las Islas Malvinas, sino también en las Georgias y las Sandwich. En el caso de estas últimas, el argumento británico de referir toda negociación a los isleños no es aplicable a los territorios de Georgias y Sandwich del Sur. Tal argumento no podría ser esgrimido en ningún caso, ni tampoco la existencia de una vinculación estructural que fue dejada sin efecto por decisión unilateral de la monarquía británica hace 27 años.
Es importante poner de manifiesto que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al comprender a las Georgias y las Sandwich, extendería su jurisdicción, resultando un incuestionable avance para finalmente recuperar las Malvinas
Cabe destacar, que por las proyecciones de las Georgias y las Sandwich del Sur en el mar continental, la decisión del gobierno argentino de negociar sobre estos territorios en forma separada y simultánea, pondría a Gran Bretaña en una situación difícil de sostener ante los organismos internacionales, favoreciendo la posición argentina, al mostrar, que nunca tuvo voluntad alguna de realizar conversaciones serias y responsables, y si continuar con la más que centenaria usurpación de los tres grupos de islas.
En síntesis, la Republica ha activamente pedido el cumplimiento de las resoluciones pertinentes para que Gran Bretaña negocie bilateralmente la soberanía por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Sin embargo, en los últimos años, el esfuerzo de negociación pacífica de esta reconocida disputa, ha soslayado la especial situación de las islas Georgias y Sandwich del Sur, que al ser parte del todo y no contar con población local nativa de ninguna especie, no ha sido objeto de un especial reclamo a Gran Bretaña que permita avanzar sobre el cumplimiento de las resoluciones pertinentes en los tres territorios en cuestión. Es por lo tanto imperativo que la Cancillería Argentina asegure que la discusión sobre los tres grupos de islas tenga en cuenta la falta de población nativa de las Georgias y las Sandwich del Sur y busque, por lo tanto, una expedición británica que acepte comenzar las negociaciones por la soberanía en este grupo de islas al mismo tiempo que se busca reactivar las negociaciones por la soberanía en las islas Malvinas teniendo en cuenta que los isleños nativos son hoy una minoría. Asimismo, es importante que la Cancillería Argentina busque la definición final sobre quién es un habitante nativo de las Malvinas y especifique que los derechos al modo de vida de los habitantes de las Malvinas, indicado en la Constitución Nacional, es aplicable solamente a aquellos nativos nacidos en las islas antes de 1985, momento este en que todos pasaron a ser ciudadanos británicos.

La Republica no puede ser rehén de la voluntad de europeos y extranjeros venidos a las islas Malvinas en situación temporaria y transitoria. En este momento la mayoría, tanto de los habitantes de las Malvinas como de su Consejo Administrativo, tienen estas características. Esto también debe ser definido y presentado ante Gran Bretaña en las próximas reuniones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Publicado porARGENPRESS

Acusan a anexionistas en Puerto Rico de plagiar mensaje de Venezuela

Deja un comentario


miércoles, 9 de mayo de 2012

PL

El anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico fue acusado hoy por la organización juvenil del Partido Popular Democrático (PPD), principal de la oposición, de plagiar la campaña Voto Joven, de Venezuela.

De acuerdo con la Juventud Popular Democrática (JPD), adscrita al PPD, y la entidad “AdELAnte, Puerto Rico Primero”, defensora del Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos, la campaña de inscripción de nuevos electores lanzada por el gubernamental PNP es un calco de la realizada en la nación bolivariana.
El presidente de la JPD, Eluis Vick, aseguró que el mensaje “Inscríbete y Vota”, en el que participa Luis Roberto Fortuño, uno de los hijos trillizos del gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, es una copia del video que se difunde en Venezuela.
Agregó que en el material de 50 segundos queda claro que “el PNP plagió el formato, libreto y hasta los gestos del anuncio venezolano sin darle el debido reconocimiento”.
“Entendemos que sus vídeos pueden inspirarse en otros vídeos, de otras campañas, de otros países, pero copiarse hasta las palabras y los gestos, sin darle el debido reconocimiento al original es plagio”, anotó Vick al hacer la denuncia.
Publicado porARGENPRESS

Entradas más antiguas

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 123 seguidores