Huelga de médicos panameños por tiempo indefinido

Deja un comentario


 

PL

La huelga en el sistema de salud pública panameño que inició por 48 horas pasó a ser por tiempo indefinido, ratificaron hoy líderes gremiales, tras el fracaso de un intento de negociación con el Gobierno.

El dirigente gremial Gerardo González dijo que se decretaba el paro de forma indefinida por la intransigencia de las autoridades de la Caja del Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud que no acudieron a la cita de ayer en la Curia Metropolitana.
Eusebio Muñoz, representante de la iglesia católica, señaló que su papel es crear el ambiente para que ambas partes se sienten a dialogar y que, a pesar de la frustración la víspera, continuarán buscando el acercamiento de las partes para lo cual cuentan con la aceptación de los gremios.
Confirmó que la Iglesia cursó comunicación a las autoridades de la CSS y el Minsa, y tienen esperanza de recibir una respuesta del Gobierno a más tardar mañana viernes.
González dijo que crearon la Coordinadora de Trabajadores de la Salud, integrada por cinco agrupaciones de la CSS, y se espera que hoy se reúnan con representantes de la Organización Internacional del Trabajo para denunciar violaciones a la libertad sindical.
Los gremios sumaron a sus reclamos el reintegro de destituidos durante el paro que hoy alcanza cuatro días, y aclararon que la medida no es sólo por aumento salarial, sino principalmente por la defensa de sus derechos laborales y sindicales, y para exigir el cumplimiento de acuerdos anteriores.
A última hora se supo que los médicos especialistas del Ministerio de Salud decidieron apoyar las medidas de presión.

Panamá: ¿Quién tenía la razón?

Deja un comentario


miércoles 25 de abril de 2012

Mauro Zúñiga Araúz

Desde julio de 2010 cuando el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal ordenó la masacre a nuestro pueblo originario gnabe-buglé, dejando como saldo una docena de muertos, centenares de heridos y de invidentes, tomé la pluma y utilicé mi verbo para denunciar la naturaleza fascista del régimen que, con el apoyo de las mayoría nacionales, había llegado al poder utilizando la mentira y las falsas promesas.

Los dueños de los medios impresos y los de las televisoras comerciales me permitieron llevar mis argumentos a los ojos y oídos de la población. Tales fueron la profundidad de mis denuncias que el Presidente les ordenó que no quería ver más mi nombre impreso en los periódicos, ni mi rostro en las televisoras, de lo contrario, suspendería toda publicidad oficial y obligaría a las empresas privadas a que hicieran otro tanto. En efecto, mi nombre desapreció de los medios nacionales. Utilicé, desde entonces, las redes sociales y tuve la fortuna de que mis artículos los recogieran reputados medios del exterior; de manera que mi palabra de protesta fuera conocida por la comunidad internacional. ¿Qué irritaba a Martinelli Berrocal? La verdad. La verdad es el hacha que maltrata al autócrata.
¿Qué denunciaba y sigo denunciando? Las informaciones veraces que me llegaban. Martinelli Berrocal es un hombre inescrupuloso, que llegó al poder con un solo fin: enriquecerse aún más. La procedencia de su inmensa fortuna no tiene explicación. El carácter autocrático de su gobierno se notó desde que nombró a sus incondicionales como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; nombró como Procurador y Contralora a personas de su círculo íntimo y compró, con dinero del Estado, a los diputados de la Asamblea Nacional, para lograr mayoría absoluta. Es, además, dueño de un diario de circulación nacional y de una televisora.
En mis escritos denunciaba los actos puntuales de corrupción; las coimas que recibía; su trastorno psiquiátrico (enfermedad bipolar con botes psicóticos), su consumo de drogas, su alcoholismo, su promiscuidad, sus orgías, sus sobornos, su persecución selectiva, el haber convertido la Dirección General de Ingresos en la Gestapo contemporánea para hacerse de los bienes privados, tomarse para él los bienes y servicios que se le antojen, amenazar a periodistas, quitarles las tierra a los humildes campesinos, iniciar la privatización del Seguro Social, la construcción de hidroeléctricas en la comarca indígena, la explotación minera, en fin, asaltar el país para su propio manejo o en compañía con las transnacionales. Terminó de remilitarizar el país, obra iniciada por su predecesor, el presidente Martín Torrijos Espino.
Es más, denuncié cómo, en asociación con Manuel Antonio Noriega, adquirió su primer supermercado para actividades al margen de la ley. El vinculo de su primo, Ramón Martinelli Corró, ex Tesorero del partido gobernante, preso en México por narcotráfico. La conexión del colombiano Murcia Guzmán, preso en los EEUU, con Martinelli Berrocal. La mayoría de estos temas son tabúes para los directivos y dueños de medios nacionales. Ahora, cuando el escándalo de Lavitola ha sido publicado en muchos diarios del mundo, a la prensa panameña no le ha quedado otra alternativa que reproducirlo.
Como él tiene controlado el Ministerio Público y las autoridades judiciales, incapaces de investigarlo, ya estalló el primer escándalo de corrupción del presidente panameño en el exterior. Las autoridades italianas lo acusan de haber recibido sobornos de parte de Valter Lavitola, sus socios y compañías vinculantes. La defensa de Martinelli Berrocal es caer en la falacia ad hominem: atacar, no al argumento, sino a la persona: tiene el descaro de acusar al socio de Lavitola, Mauro Vellocci, quien lo denunció, de estar vinculado al consumo de droga y de andar con prostitutas. Esto no es más que la punta del iceberg. Mis denuncias tienen que ser investigadas: en Panamá, con un nuevo gobierno, o en el exterior. ¿Cómo están quedando los medios nacionales? La noticia tiene que explotar afuera para que ellos se hagan eco.

El Presidente Ricardo Martinelli Berrocal ocupa el penúltimo lugar en la aceptación entre los países de área. En Panamá, más del 80 % ya no cree en él. Los índices de pobreza están en acenso, la canasta básica sube cada día, sube el precio de la gasolina, aumenta la inseguridad ciudadana, hay paros y huelgas frecuentes, la inconformidad ha llegado a límites peligrosos para la estabilidad del país. El grito de los panameños decentes es exigirle su renuncia, que sea sometido a un juicio, que devuelva todo lo que se apropió y que se convoque a una Asamblea Constituyente Originaria y Participativa con miras a suscribir entre todos un nuevo Pacto Social.

Publicado por ARGENPRESS

Puerto Rico y el presidente Martinelli

Deja un comentario


 

Con lo ocurrido a fines de marzo en el Aeropuerto de Tocumen en Panamá, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños.

 

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
El aeropuerto de Tocumen, de la ciudad de Panamá, se ha convertido en uno de los terminales más concurridos en América Latina, por los servicios de trasbordo que ofrece. Lo que no se sabía es que continua siendo un centro de operaciones de las agencias de seguridad norteamericanas. En la actualidad, el gobierno panameño anunció que se está invirtiendo cerca de 400 millones de dólares en remodelaciones y ampliaciones del terminal. Es probable que los agentes de Washington se beneficien.
EE.UU alega que su misión militar en la región latinoamericana se concreta a la vigilancia, detección y represión del tráfico de ilícitos, especialmente la droga con destino a ese país. Sin embargo, Tocumen también sirve, aparentemente, para filtrar a los viajeros que no cuadran con la ideología dominante de los norteamericanos. A fines de marzo fueron detenidos en el aeropuerto figuras políticas que tuvieron una destacada participación en un Congreso del Partido del Trabajo (PT) en la ciudad de México. El PT proclamó en esa reunión a su candidato a presidente, Andrés M. López Obrador, crítico de la política exterior de EE.UU.
En este caso particular, viajó al Congreso en México el dirigente del Partido Nacionalista (PN) de Puerto Rico, Francisco Torres (un ciudadano con pasaporte norteamericano), haciendo escala en el terminal aéreo de Tocumen. A su regreso, “fue interceptado por la policía panameña y separado del resto de sus compañeros”. Para sorpresa de sus acompañantes, Torres fue presentado a dos individuos que se identificaron como “agentes federales” de EE.UU. Después de un careo, en el cual se les preguntó (a los agentes) con que autoridad actuaban en un “país libre y soberano, Torres fue liberado”.
El asunto no terminó allí, “posteriormente a su llegada a Puerto Rico, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración de EE.UU y sometido a un interrogatorio por más de dos horas”. Igual suerte tuvo la secretaria del PN, Linda Lebrón.
Lo más lamentable de este incidente fue la denuncia de los políticos puertorriqueños quienes no ahorraron epítetos para calificar la actuación de la Policía panameña: “Denunciamos la colaboración y entrega del gobierno de la neo-colonia de Panamá que haciendo dejadez de su soberanía nacional presta su territorio para atacar a patriotas puertorriqueños”.
En otro comunicado, el PN agrega que “toda la documentación personal de Torres, incluyendo tarjetas de crédito, de banco, la de su seguro medico, licencias ,así como los documentos y tarjetas de presentación recibidas en el Seminario del PT fue copiada. Lo sucedido en Panamá es una clara violación a la soberanía panameña”.
En las décadas de 1950 y 1960 el flamante terminal de Tocumen era manejado directamente por agentes de las fuerzas armadas norteamericanas acantonadas en las bases militares que rodeaban el Canal de Panamá. Todos los vuelos eran monitoreados por agentes de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Los pasajeros eran vigilados por agencias combinadas de inteligencia – EE.UU y Panamá – con el fin de detectar movimientos de políticos que no eran del gusto de la potencia del norte o de Panamá. Con la política del general Omar Torrijos de crear una frente internacional de apoyo a Panamá en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá, se puso fin al uso de Tocumen como filtro de las agencias norteamericanas. Sin embargo, después de la invasión militar de EE.UU a Panamá en 1989, Tocumen regresó a manos de las agencias de seguridad norteamericanas.
El colapso del bloque socialista en Europa, incluyendo a la Unión Soviética, supuso que ya EE.UU no necesitaba controlar los movimientos de sus adversarios políticos en el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el incidente con el dirigente puertorriqueño demuestra lo contrario. La política de Washington está muy presente y su intervención en los aparatos de seguridad panameños están vigentes.
En el plano regional, EE.UU acaba de vetar la discusión del bloqueo que mantiene sobre la isla de Cuba por más de 50 años en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena. Por otro lado, Washington logró eliminar de la agenda la cuestión de las islas Malvinas, colonia británica en el sur del Atlántico que reivindica Argentina. Además, Washington nunca ha permitido que se presente el caso de Puerto Rico en un foro de la OEA o a un debate transparente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Puerto Rico, a pesar de encontrarse bajo la dominación de EE.UU por más de cien años, sigue luchando por su independencia. El movimiento, incluso, está cobrando fuerza en EE.UU que reconoce la injusticia que se comete contra ese pueblo que cada amanecer ve una bandera extranjera izarse sobre su territorio.

Con lo ocurrido en Tocumen, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños. En Panamá, el Partido Alternativa Popular (PAP), indignado por la detención del dirigente nacionalista puertorriqueño, le exigió – en un comunicado – al presidente Martinelli más respeto por la soberanía nacional y por los derechos inalienables del pueblo de Puerto Rico.

Panamá: Acumulación por desposesión, autoritarismo y crisis política

Deja un comentario


jueves 29 de marzo de 2012

Juan Jované (PANAMAAMERICA)

Una de las características salientes del modelo económico vigente en Panamá es la presencia de la llamada acumulación por desposesión. Esta constituye un proceso en el que por medio del poder estatal se disuelven las formas de producción y de vida comunitarias, se despoja a los productores del uso de las tierras colectivas, se amplía la oferta de fuerza de trabajo asalariado, se presiona hacia abajo la remuneración de los trabajadores, a la vez que se utiliza el sistema tributario, el gasto estatal y la deuda pública como palanca de la acumulación privada de beneficios. El poder concentrado en el Estado se utiliza, entonces, para expropiar bienes y recursos a la población, a la vez que se concentran los recursos expropiados en manos de la clase económicamente dominante.

Entre las recientes manifestaciones del proceso de acumulación por desposesión está, sin duda alguna, el reciente conflicto del gobierno con la población Ngäbe y Buglé. En términos concretos se trata de un conflicto ecológico-distributivo, en el que diversos gobiernos, actuando como representantes de los intereses dominantes, han venido forzando el traspaso del uso de los recursos naturales desde este pueblo originario y los campesinos, quienes los utilizan de manera ambientalmente sostenible, hacia las empresas mineras e hidroeléctricas, que los explotan de manera depredadora. El hecho de que para sectores dominantes el proceso está, adicionalmente, guiado a destruir las relaciones sociales comunitarias queda claro en las recientes reflexiones de un importante miembro de la autodenominada Fundación Libertad para quien resulta urgente la disolución de la propiedad colectiva en la Comarca Ngäbe Buglé, así como la instauración de un régimen de propiedad privada.
Otra manifestación reciente del proceso de acumulación por desposesión se encuentra en la propuesta, plasmada en un proyecto de Ley, en el cual se quiere entregar al sector privado el conjunto de las tierras que constituyen el patrimonio de la Zona Libre de Colón. El contenido de esta acción se puede entender mejor si se tiene en cuenta que se ha venido diciendo que posiblemente esta transacción signifique para el Estado un ingreso de B/. 800 millones, en condiciones que las tierras así enajenadas pueden llegar a un valor real actual de cerca B/. 1,350 millones. En este caso, además, se observa un despojo de la población de la provincia de Colón, a la cual no se le propone un plan de desarrollo integral que resuelva los graves problemas que la aquejan. A la misma apenas se le ofrece un magro fondo fiduciario constituido por el 20% del producto de la venta de dichas tierras.
La presencia de estas y otras manifestaciones del proceso de acumulación por desposesión no son independientes del reforzamiento observado de la capacidad represiva del Estado. La desposesión lleva a la creciente resistencia y el gobierno la enfrenta con mayores niveles de represión. Tratar de entender, como pretenden algunos, que la actual crisis política es independiente de la lógica del modelo económico es una idea estéril, una posición que efectivamente favorece los intereses de los poderosos.

Obreros del Canal de Panamá paralizan obras de ampliación

Deja un comentario


martes 27 de marzo de 2012

PL

Medio millar de trabajadores de las excavaciones del sector del Pacífico de la ampliación del Canal de Panamá mantienen hoy paralizadas las obras en reclamo de una convención laboral colectiva.

Entre los temas que los obreros negocian con el consorcio encargado de la obra incluyen una convención colectiva que los ampare así como el aumento en el pago de las horas extra por el consorcio internacional al frente de la obra.
El grupo involucrado en el conflicto lo forman la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la costarricense Meco, que obtuvo en enero de 2010 el contrato para de excavación seca del cauce de acceso del Pacífico del Canal.
El secretario general del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntraics), Abelardo Herrera, explicó que los trabajadores exigen una auditoría a la Dirección Nacional de Ingresos de Panamá para verificar los descuentos excesivos de renta que se han hecho a cada obrero.
La autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que las negociaciones entre el consorcio y los sindicalistas están en marcha, pero aclaró que solo la excavación de un cauce de acceso a la vía en la zona del Pacífico está afectada por el paro de los obreros.
Se trata de la segunda huelga que se registra en el proyecto de ampliación del Canal, iniciado hace dos años con el objetivo de duplicar la capacidad de transporte de carga al permitir el tránsito de barcos postpanamá, que son unidades de gran calado.
En enero pasado cuatro mil trabajadores del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la construcción del tercer juego de esclusas, realizaron una huelga de varios días en reclamo de un aumento salarial, y aunque lograron su objetivo no quedaron satisfechos con el monto negociado.
El GUPC es liderado por la española Sacyr Vallerhermoso y lo integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, los subcontratistas de diseño las estadounidenses Montgomery Watson Harza y Tetra Tech, junto a la holandesa IV-Groep.
Los trabajos de excavación del nuevo canal registran un avance del 53 por ciento, de acuerdo con un informe de la ACP.

Publicado por ARGENPRESS

Muere otro indígena panameño herido en disturbios de febrero

Deja un comentario


jueves 22 de marzo de 2012

PL

El joven indígena ngöbe buglé Franklin Javilla, de la comunidad de Chichica, herido por la Policía Nacional en las protestas contra la minería en Chiriquí, murió el martes, confirmó hoy el cacique Celio Guerra.

El presidente del Congreso General Tradicional ngöbe dijo que Javilla fue herido de bala en los enfrentamientos del 5 de febrero en Tolé cuando los antimotines reabrieron la vía Panamericana que los indígenas habían bloqueado desde el 31 de enero en rechazo a una ley minería que no tomaba en cuenta sus criterios.
De acuerdo con la información, el fallecimiento ocurrió en el Hospital Ricardo Fábrega, de Santiago de Veraguas, durante una intervención quirúrgica para amputarle la pierna baleada, explicó Guerra.
El joven, junto a otros heridos recluidos aún en varios hospitales, estuvo reclamando la asistencia médica a la que se había comprometido el gobierno como parte del llamado Pacto de San Lorenzo.
La muerte de Javilla es la tercera que se hace pública tras el choque de ngöbes y antimotines en Chiriquí y áreas aledañas. La comarca reconoce el fallecimiento de Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez.
Los indígenas protestaban una ley que excluía un artículo redactado por ellos que proponía cancelar todas las concesiones mineras e hídricas en la comarca y áreas anexas, lo cual al final se logró al aceptar el gobierno incluirlo en la legislación.
Sin embargo, un grupo de indígenas encabezados por Guerra y la cacica suplente Mijita Andrade, rechazan el acuerdo por considerarlo insuficiente, y han reiniciado la batalla con huelga de hambre y otras acciones.

La reestructruación del militarismo en Panamá

Deja un comentario


 

Mauro Zúñiga Arauz

El gobierno del ex presidente panameño Martín Torrijos Espino (2004-2009) firmó, a finales de su mandato, unos decretos ley mediante los cuales se daba inicio en nuestro país a la remilitarización y a la creación de Consejos de Seguridad, que funcionarían bajo el control del Presidente de la República.

La aprobación de estos decretos por el partido gobernante de entonces, el Partido Revolucionario Democrático, PRD, fue parte del Plan Mérida, acuerdo aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el ex presidente George Bush el 30 de junio de 2008. Mientras que el actual Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, estaba en campaña política firmó un documento en el que se comprometía a derogar esos decretos una vez llegado al poder, dado el enorme rechazo ciudadano a los mismos. Pero, como ha sido su norma, incumplió con el acuerdo y nombró como Jefe de la Policía a un militar, Gustavo Perez, aunque la constitución se lo prohibiera. Así, desde finales de la administración Torrijos y durante la actual, en nuestro país se ha venido desarrollando, con verdadero ímpetu, el proceso de remilitarización. Esto lo hemos denunciado tanto interna, como internacionalmente.
La excusa que utilizó el Presidente Bush para la implementación del Plan Mérida fue la lucha contra el narcotráfico. Creo conveniente darle a este tema dos lecturas complementarias. Todos debemos recordar el caso Irán-Contra, auspiciado por la administración Reagan. La contra nicaragüense se nutrió de fondos del narcotráfico. La CIA unió a los cárteles de Medellín, dirigidos por Pablo Escobar Gaviria y los de Sinaloa, México, dirigido entonces, por Miguel Ángel Feliz Gallardo. Oliver North se encargó de esa operación que favoreció a todos. A los contra les llegó el dinero de la droga para comprar armas a Irán. Por su parte, los cárteles de la droga la introducían a los Estado Unidos, con protección de la CIA. Debemos recordar las conclusiones de la Comisión Kerry, dirigida por el senador demócrata, John Kerry, y entregada el 13 de abril de 1989 en la que concluía que el Departamento de Estado ayudó a los contras y estuvo implicado en el tráfico de drogas. También es de fácil memoria la participación de Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA en el tráfico de drogas. Hay publicada abundante información sobre la participación de la CIA en estos negocios. La segunda lectura que le doy es que a nuestros debilitados Estado Nación les dictan sus políticas militares (y naturalmente las financieras) desde el exterior. Este Plan Mérida no es una propuesta de los EEUU: es una imposición. A pesar de ser inconstitucional, ya Panamá tiene un ejército, entrenado por el Pentágono. Parte de él está en la frontera con Colombia, el resto está diseminado por todo el país. De allí mi denuncia de que Panamá se ha convertido en una base militar de los Estados Unidos; vale decir, con efectivos panameños, pero dirigida y controlada por ellos. Concluimos que el tráfico de drogas no se da si no hay colaboración de los gobiernos, en algún eslabón. La perorata de la lucha contra el narcotráfico es eso: una perorata, con el agravamiento que el dinero para su sustentación salen de nuestros escuálidos presupuestos para engordar el Complejo Militar Industrial de USA.
Al escribir este artículo se están dando en nuestro país una serie de cambios de tipo cosméticos, que parece tratarse de uno de esos culebrones que nos ofrece la televisión. El Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino “renunció” como consecuencia, según él, de la ilegalidad del Jefe de la Policía, Gustavo Perez, al oponerse a un reglamento disciplinario que había elaborado el Consejo de Gabinete. Perez había dicho que “Policía solo juzga policía”. No creo que Mulino renunció, sino que lo obligaron a hacerlo. La conducta de Mulino ha sido la de “obediencia debida” a su subalterno, el militar Gustavo Perez. Los espectáculos que nos ha brindado este ministro han sido verdaderamente deplorables. Aceptó la inconstitucionalidad del nombramiento de un militar en la jefatura de policía; justificó la masacre de los grupos originarios en julio de 2010, calificándolos de “indios borrachos”; sustentó que los militares no utilizaron armas de fuego en la represión de 5 de febrero pasado, cuando la prensa difundió imágenes contrarias; se enteró a posteriori de la operación de seguridad a la llegada a Panamá del ex general Noriega; está involucrado en el escándalo de la compra de radares a compañías mixtas italianas, etc. Por su parte, el presidente Martinelli Berrocal no destituyó a Perez sino que lo nombró como Jefe del Consejo de Seguridad.
La presión ciudadana contra Gustavo Perez es muy grande. No nos causaría extrañeza que presente su renuncia. A estas alturas es irrelevante, ya que Martinelli Berrocal al no destituirlo está aceptando el enorme poder que tienen la revitalizadas Fuerzas de Defensa, que causaron grande estragos en al población durante los 21 años de dictadura. Por su parte, la aceptación del Presidente está muy baja. Ahora, para los EEUU los nombres tienen poca significación. A ellos les importa la lealtad de su gente y la capacidad para mantener estable el país. Las decisiones que se tomarán en relación a las altas esferas de nuestro debilitado Estado Nación dependerán del exterior. Lamentable, pero cierto.

Older Entries Newer Entries