Argentina, Mendoza. Si hay pobreza, que no se note: La crisis social que afecta a la niñez a pesar de la negación oficial

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LUNES, 27 DE AGOSTO DE 2012

Pablo Icardi (MDZOL)

Para el Gobierno sólo el 6% de la población vive en la pobreza. Pero la realidad marca otra cosa. Según el Observatorio de la Deuda Social, un cuarto de los niños de Mendoza viven en hogares pobres. Pero la situación de vulnerabilidad ambiental es más grave y no distingue clases sociales: más de la mitad de los niños está expuesto a algún problema ambiental. El caso testigo del Campo Pappa, que se convirtió en un “laboratorio de políticas públicas”.

Si hay pobreza, que no se note. La frase puede sonar sínica, pero en Argentina es lo que ocurre. Al menos si se toma en cuenta cómo se manejan los datos oficiales. Y si una información no existe a nivel estadístico, es más fácil borrarlo en lo discursivo. Nadie puede discutir que Argentina está mucho mejor que hace 9 años, y se nota. Pero también es verdad que el Gobierno miente, exagera con las bonanzas y borra intencionalmente las deudas pendientes del “modelo”. Ese quizá sea uno de sus talones de Aquiles.
Ante cualquier situación de vulnerabilidad social los más afectados son los niños y adolescentes. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, un estudio sistemático realizado desde la Universidad Católica Argentina desde el año 2007, tiene un capítulo especial dedicado a medir el grado de vulnerabilidad de la infancia; el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. A diferencia de lo que ocurre con las estadísticas oficiales, esos informes no se discontinuaron y hoy, luego de casi una década de crecimiento económico constante, muchos indicadores han mejorado sensiblemente, pero también surgen datos preocupantes.
Así, por ejemplo, más de un cuarto de los niños de Mendoza son pobres, a pesar de que ese índice se redujo en el último año. Concretamente el 26,4%. A nivel oficial no existen datos precisos, pero sí una referencia: Según el Indec, sólo el 6,2% de las personas de Cuyo son pobres. El dato es tomado de la última Encuesta Permanente de Hogares. Para determinar el índice, desde la UCA toman como referencia la canasta oficial pero con un nivel de precios alternativo (o real, para sacar los eufemismos). Como para tener otro marco de referencia, en Mendoza el Ministerio de Desarrollo Social otorga asistencia directa a cerca de 260 mil personas.
Crisis ambiental
Fuera de las mediciones que toman como referencia al dinero, hay datos que llaman la atención, como el nivel de riesgo ambiental y sanitario al que están expuestos los niños de Mendoza.
Según el informe, más de la mitad de los niños y adolescentes de Mendoza están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental que pueda afectar su salud. La medición se realizó analizando el entorno donde viven los niños y así se estimó la proporción de niños, niñas y adolescentes expuestos a algún problema de contaminación en el medio ambiente, “como la presencia de plagas, basurales y fábricas en las inmediaciones de su vivienda, presencia de incendios en zonas aledañas”.
En Mendoza el 55,6% de los niños están expuestos a algún problema de contaminación ambiental. “A nivel de los aglomerados urbanos considerados, los problemas ambientales afectan a más del 50% de la niñez y adolescencia en Gran Rosario, Gran Mendoza. Sin embargo, en el único aglomerado en el que la situación ha sido regresiva fue en Mendoza, donde se registra un incremento del déficit de 5,6 puntos porcentuales entre 2010 y 2011”, indica el estudio.
El panorama ambiental negativo para los niños del Gran Mendoza se completa con el aumento del déficit habitacional, de los problemas de saneamiento y de acceso al agua potable. El 20,7 de los niños viven con déficit el la calidad de la vivienda (habitan en una pieza, en inquilinatos, casilla o rancho, pieza en hotel, vivienda en lugar de trabajo; y/o en casa de adobe con o sin revoque, madera, chapa y/o cartón) y el 11,7% tiene déficit de saneamiento en su hogar.
El laboratorio del Campo Pappa
Ejemplos extremos no faltan para graficar esa situación, como es el caso de los niños de Lavalle que están condenados a tomar agua con arsénico o los miles que crecen junto a basurales oficiales y clandestinos.
Uno de esos ejemplos es el que ocurre en el llamado Campo Pappa, que hoy se ha transformado también en una especie de laboratorio de políticas públicas. Allí más de 200 familias viven de recolectar material reciclable del basural y en ese entorno hay más de 500 niños y adolescentes. El Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Godoy Cruz han encarado y promocionado una serie de acciones para mejorar la situación de esas familias. Ese programa tiene como desafío, además de la gestión ambiental y social que hace falta, romper barreras que parecen imposibles en Mendoza: que dos gobiernos conducidos por partidos opuestos se pongan de acuerdo y construyan una política pública sostenida en el tiempo.
Entrar al lugar duele. Está a pocos metros del camino que une el Microcentro con las zonas más cotizadas a nivel inmobiliario. Pero el Corredor del Oeste es una vía rápida que da poco tiempo para pensar en cuáles son los problemas de fondo que están escondidos en “El Pozo”, como lo llaman.
En el marco de esa concertación entre Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, se licitó la construcción de 50 casas y la mejora urbana de una parte de la zona. Ahora piensan expropiar todo el terreno para intervenirlo a fondo. El primer paso simbólico de ese camino fue la construcción de una cancha de fútbol sobre lo que era parte del basural, que tiene como dato curioso que hasta allí llevaron los antiguos arcos del estadio Malvinas Argentinas.

Los trabajos de organización tienen varios plazos y se pusieron como fecha límite marzo del año que viene. Pero, claro, hay otra fecha política: vencer la tentación de las elecciones del año que viene y la posibilidad de que las disputas políticas desarmen todo. A la espera quedan situaciones similares o más graves, como las que viven las familias del basural de Puente de Hierro.

Exponen situación crítica alimentaria; convocan a foro para la construcción de una política alimentaria y nutricional en México

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Dilo Tú


Difusión Cencos México D.F., 7 de junio de 2012

Boletín de prensa
Académicos 

  • Invitación al foro nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, el cual se llevará a cabo los próximos días 11 y 12 de junio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS

Académicos involucrados en la alimentación y la nutrición en México exponen la situación crítica alimentaria del país y convocan a la construcción de una Política alimentaria y nutricional  en México, a fin de definir soluciones técnicas posibles a la problemática actual para conformar una agenda política y actuar de forma inmediata en temas inaplazables para salvar la vida de las personas y en particular la de  niños y niñas.

Los resultados del modelo para el combate a la pobreza y a la mala nutrición han demostrado ser no sólo ineficaces sino promotores de enfermedad, pobreza y muerte. De acuerdo a cifras oficiales, se pueden evidenciar  al menos, 28 millones de personas en pobreza alimentaria, 5 millones de niños con hambre y 1 millón de niños con desnutrición. La denuncia concreta en este 2012 es por  1 millón 300 mil muertes evitables de niños y niñas en los últimos 30 años debido a la ausencia de una voluntad política.

Se suman a la lista 70 por ciento de adultos con obesidad y con sobrepeso, esto es, la mayoría de la población en riesgo de enfermar crónicamente y morir. Este panorama obliga a un replanteamiento del modelo de Nación. Se trata de la vida de las personas, se trata del derecho de todos y todas a comer bien para vivir con bienestar, no se reduce este planteamiento a sólo analizar la voluntad de un gobierno.

Los indicadores de pobreza, salud, nutrición y de desarrollo humano muestran técnicamente la fragilidad del sistema así como la inviabilidad del país como modelo de Estado en el corto plazo y un fracaso en el largo plazo. A partir de la elevación del derecho a la alimentación a rango constitucional, el Estado adquiere obligaciones irrenunciables para respetar, proteger y garantizar la comida sana para todos y todas.

Con la convicción de la capacidad técnica y científica que México cuenta, este grupo académico se propone definir alternativas  a través de elementos sustantivos de esta nueva política alimentaria y nutricional, se ha convocado a un grupo de hombres y mujeres con la experiencia suficiente, el compromiso y la inteligencia necesarios para exponer los puntos críticos.

Es indispensable establecer mecanismos de inteligencia epidemiológica para transparentar cifras de la evolución del estado de salud de los mexicanos, en particular la situación actual de los niños y niñas, así como comprender la tendencia del daño en la nutrición y definir escenarios de atención emergente a  la población afectada y de la prevención del daño conocido con la mirada en el 2030.

Es necesario también estimar las cifras de la pérdida de la capacidad productiva del campo mexicano y las alternativas para reactivarlo sustentablemente. Realizar un corte hasta la fecha sobre los resultados del TLCAN en materia de balanza agrocomercial y sus efectos en el abasto, precio, distribución y autosuficiencia de granos básicos.

Hacer un balance de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos sanos y los alimentos chatarra, su control reglamentario y el consumo. Se reflexionará sobre el sistema de abasto alimentario actual y su relación con el consumo y la salud.

Se describirán los resultados de los programas de apoyo al campo y de ayuda alimentaria, su viabilidad  y su evolución a futuro.

El modelo económico y de desarrollo social deberá replantearse dado que sus efectos negativos transversalmente tanto en el sistema de salud, de producción de alimentos y en los programas de asistencia social.

Se requiere presentar la magnitud del daño ambiental en tierras, aguas y océanos; así como reconocer las verdaderas posibilidades de regenerar los ambientes locales, regionales y nacionales para alimentar al pueblo con respeto a los derechos humanos y ambientales dentro de un modelo económico viable y  sustentable en un horizonte del 2030.

Hasta el relator del Derecho a la alimentación para la ONU, Olivier De Schutter en el informe sobre su visita a México advierte la urgencia de cambiar las políticas públicas respecto a la alimentación y la nutrición de los mexicanos para atender las consecuencias inmediatas y evitar un costo humano y financiero en el futuro cercano.

Con la seguridad que México cuenta con toda la capacidad técnica y económica para replantear un escenario viable, un grupo de 22 instituciones académicas y de investigación, convocan al Foro Nacional para la construcción de la Política alimentaria y nutricional de México los próximos 11 y 12 de junio del presente año.

Además, se han conformado cinco comités técnicos por ejes temáticos de trabajo permanente para establecer las bases de la política alimentaria, definir los elementos sustantivos con indicadores de medición y vigilancia en el corto, mediano y largo plazo. Se plantea, presentar esta propuesta de forma ciudadana al próximo gobierno en Octubre del 2012, para participar activamente en el Plan Nacional de Desarrollo y permanecer desde la academia y la sociedad civil como participantes activos en la construcción de la ciudadanía.

Los primeros resultados los presentaremos el próximo MARTES 12 DE JUNIO a las 11:30 hrs, en el marco del FONAN en una conferencia de prensa en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en AV. CUAUHTEMOC No. 300 en el Distrito Federal.

Descarga el programa del Foro nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, el cual se llevará a cabo los próximos días 11 y 12 de junio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

Ejes tematicos del Foro hacía la Construcción de una Política Alimentaría y Nutricional en México.

Vídeo de la Conferencia de Prensa: Foro hacía la Construcción de una Política Alimentaría y Nutricional en México.

Estados Unidos: Cómo se hace pagar su pobreza a los pobres

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Barbara Ehrenreich (SIN PERMISO)

Uno por uno, los pobres no resultan demasiada tentadores para los ladrones por razones obvias. Si asaltas a un banquero, puedes encontrarte con una cartera que contenga el equivalente de un mes de alquiler. Si asaltas a un portero, tendrás suerte si te llega para salir en autobús de la escena del delito. Pero tal como señalaba instructivamente el semanario Businessweek en 2007, los pobres en conjunto proporcionan un jugoso objetivo para cualquiera lo bastante depravado como para hacer negocio robándoles.

El truco consiste en robarles con formas que sean sistemáticas, impersonales y casi imposibles de localizar en lo que respecta a sus responsables individuales. Los patronos, por ejemplo, no tienen más que programar sus ordenadores para rebanarles unos cuantos dólares de cada cheque, o pueden pedirles a los trabajadores que vayan a trabajar treinta minutos o más antes de que empiece a contar el reloj.
Los prestamistas, contando a las principales empresas crediticias, así como a los prestamistas del día de paga, han adoptado el papel del tradicional usurero de la esquina, cobrando tasas de interés de locura. Cuando se complementan con intereses de demora (sujetos a su vez a intereses), la tasa de interés efectivo resultante puede llegar a ser tan elevada como de un 600% anual, lo que es perfectamente legal en muchos estados.
No sólo el sector privado se dedica a explotar a los pobres. Las administraciones locales están descubriendo que pueden compensar sus ingresos fiscales en declive gracias a multas, tasas y otros costes impuestos a acusados indigentes, a menudo por delitos cuya ruindad no va más allá de conducir con un carné caducado. Y si eso parece una forma ineficaz de sacar dinero, dado el elevado coste de lo que supone encerrar a la gente, un número creciente de jurisdicciones han empezado a cobrar a los acusados el coste de los tribunales y hasta el precio de ocupar una celda.
Un caso ejemplar de persecución administrativa de la gente en la calle sería el de Edwina Nowlin, una mujer de Michigan sin techo que fue encarcelada en 2009 por no poder pagar 104 dólares mensuales para cubrir los costes de alojamiento y hospedaje del encarcelamiento de su hijo de 16 años. Al recibir un cheque atrasado, pensó que le permitiría pagar la estancia de su hijo en prisión. Por el contrario, se le confiscó para cubrir el coste de su propio encarcelamiento.
Las administraciones se suman a los saqueadores de los pobres
Se podría pensar que los responsables políticos se tomarían mucho interés en las cantidades que se les roba, coacciona o extorsiona a los pobres, pero no constan esfuerzos oficiales por rastrear esas figuras. Por el contrario, tenemos que fijarnos en investigadores independientes, como Kim Bobo, autor de Wage Theft in America [El robo salarial en Norteamérica], que estima que el robo de salarios les rinde a los patronos como mínimo 100.000 millones de dólares al año y posiblemente el doble de esa cifra. Por lo que se refiere a los beneficios que saca la industria de préstamos, Gary Rivlin, que escribió Broke USA: From Pawnshops to Poverty, Inc – How the Working Poor Became Big Business, [Los Estados Unidos en bancarrota: de las casas de empeño a Pobreza S.A.: cómo se han convertido los pobres en un gran negocio] afirma que los pobres pagan un recargo efectivo de cerca de 30.000 millones de dólares anuales por los productos financieros que consumen, y más del doble si se incluyen tarjetas de crédito de segunda categoría, préstamos de segunda categoría para comprar coches e hipotecas de segunda categoría.
No se trata, por supuesto de cantidades triviales. Entran en el mismo orden de magnitud de los principales programas públicos para pobres. La administración distribuye cerca de 55.000 millones anuales de dólares, por ejemplo, a través del mayor programa de transferencia de efectivo a los pobres, el Crédito Tributario sobre Ingresos Percibidos [Earned Income Tax Credit]; al mismo tiempo, los patronos están malversando el doble de esa cantidad, si es que no es más, por medio del robo salarial.
Y mientras que la administración cierra por lo general los ojos a los decenas de miles de millones de dólares en intereses exorbitantes que el sector de negocios cobra a los pobres, es llamativamente reacia con las prestaciones públicas a los pobres. La Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families), por ejemplo, el único programa de bienestar que nos queda a escala nacional, sólo recibe 26.000 millones de dólares anuales en fondos de los estados y federales. Queda la impresión de un sector público totalmente en contradicción consigo mismo: por un lado, ofrece programas que son una red de seguridad para los pobres; por el otro, permite el robo a gran escala por parte del sector privado contra la misma gente a la que supuestamente trata de proteger.
A escala local, sin embargo, la administración opta cada vez más por unirse al saqueo. En 2009, con un año ya de Gran Recesión, empecé a oír quejas de activistas comunitarios sobre umbrales cada vez más agresivos a la hora de hacer cumplir la ley en zonas de bajos ingresos. Tira una colilla y te detendrán por ensuciar; vacíate los bolsillos a petición de un agente de policía en cualquier control de parar y cachear y acabarás esposado por unos restos de marihuana. Cada una de estas infracciones puede tener como resultado una multa, como mínimo, de tres cifras.
Y la cifra de posibles infracciones que suponen cárcel y/o a multas se ha ido multiplicando temerariamente. Por todo el país – de California y Tejas a Pensilvania – condados y municipalidades han ido endureciendo las leyes contra el absentismo escolar y ampliando el cumplimiento de la ley, llegando a veces incluso hasta a esposar niños encontrados en las calles en horario escolar. En la ciudad de Nueva York es ahora delito poner los pies encima de un asiento del metro, aunque el resto del vagón esté vacío, y una mujer de Carolina del Sur pasó seis días en la cárcel cuando no pudo pagar una multa de 480 dólares por el delito de tener el “patio en desorden”. Algunas ciudades, – muy recientemente, Houston y Filadelfia – han convertido en delito compartir comida con indigentes en lugares públicos.
Ser pobre no es en sí mismo un delito de momento, pero al menos en un tercio de los estados, tener deudas puede acabar contigo en la cárcel. Si un acreedor como un casero o una empresa de tarjetas de crédito consigue una citación judicial dirigida a ti y no compareces en la fecha prevista en el juzgado, se emite una orden judicial de detención. Y es fácil pasar por alto una citación judicial, que puede haberse enviado a una dirección errónea o, en el caso de un repartidor negligente, que se tire simplemente a la basura – una práctica tan común que el sector tiene incluso una denominación para ello: “servicio de alcantarilla”. Siguiendo una secuencia que, según informa la National Public Radio, resulta “cada vez más común”, se detiene a una persona por cualquier infracción menor de tráfico – tener un silenciador que hace ruido, digamos, o un piloto del freno roto -, momento en el cual el agente descubre la orden judicial y el involuntario infractor acaba en la cárcel en un abrir y cerrar de ojos.
Las administraciones locales, predadoras
Cada uno de estos delitos, neo-delitos y pseudo-delitos conlleva penas financieras, así como la amenaza de un periodo de cárcel, pero la cantidad de dinero que así se les saca a los pobres resulta endemoniadamente difícil de determinar. Ninguna agencia central rastrea la aplicación de la Ley a escala local, y los registros municipales pueden ser casi deliberadamente superficiales.
De acuerdo con una de las pocas estimaciones recientes a escala nacional, la de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas (National Association of Criminal Defense Lawyers), se cometieron 10,5 millones de faltas en 2006. Nadie se arriesgaría a llevar a cabo una estimación de la pena financiera media de una falta, aunque los expertos a los que he entrevistado afirmaron todos que la cantidad suele estar generalmente en “cientos de dólares”. Si tiramos extremadamente por lo bajo, unos 200 dólares por falta, y tenemos en cuenta que el 80-90% de los delitos los cometen personas que son oficialmente indigentes, entonces loas administraciones locales están utilizando el cumplimiento de la Ley para sacarles o intentar sacarles anualmente a los pobres al menos 2.000 millones de dólares anuales.
Y eso no es más que una pequeña fracción de lo que a las administraciones les gustaría recaudar de los pobres. Katherine Beckett, socióloga de la Universidad de Washington, estima que los “padres aprovechados” (y madres) deben 105.000 millones de dólares en pagos atrasados para manutención de los hijos, la mitad de los cuales se adeudan a la administración de los estados como reembolso de pagos anteriores de asistencia social a los niños. Sí, los padres tienen una obligación moral con sus hijos, pero la gran mayoría de quienes deben la manutención de sus hijos son indigentes.
Los intentos de recaudar entre los que ya son pobres pueden ser despiadados y a menudo, se podría pensar, contraproducentes. La mayoría de los estados confiscan los permiso de conducir de la gente que adeuda la manutención de los hijos, con lo que prácticamente garantizan que no podrán trabajar. Michigan acaba de empezar a suspender los permisos de conducir de quienes deben dinero de tickets de aparcamiento. En Las Cruces, Nuevo México, acaba de aprobarse una ley que castiga a la gente que tiene sin pagar multas de tráfico vencidas cortándoles el agua, gas y alcantarillado.
Una vez cae una persona en las garras del sistema de justicia criminal, encontramos el tipo sadismo de payasada familiar a los espectadores de Wipeout [programa televisivo en el que los participantes se someten a pruebas hilarantes e humillantes que suelen acabar con ellos en el barro o en el agua]. Muchos tribunales imponen costas sin determinar si el acusado puede pagarlas o no, y el privilegio de disponer de un plan de pagos también cuesta en si mismo dinero.
En un estudio de de quince estados, el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York descubrió que catorce de ellos tenían jurisdicciones que imponen “penas de pobreza” de hasta 300 dólares para aquellos que no pueden pagar sus tasas y multas, más las tasas de demora y “tasas de recaudación” para quienes precisan plazos de pago. Si se impone alguna pena que conlleve un periodo de prisión, también eso cuesta dinero, tal como descubrió la desventurada Edwina Nowlin, y los coste de la libertad bajo palabra y libertad condicional se trasladan cada vez más al infractor..
Las actividades depredadoras de las administraciones municipales le dan un nuevo sentido a esa frase cansina de “el ciclo de la pobreza”. La gente pobre tiene bastantes más probabilidades de meterse en líos con la Ley, ya sea porque no paga las multas o porque incurra en la ira de un acreedor del sector privado como un casero o un hospital..
Una vez se te considera delincuente, ya puedes ir diciéndole adiós a lo que te quede de recursos. No solo te enfrentarás al coste de los tribunales antes mencionado sino que te será difícil volver a conseguir un empleo una vez tengas historial delictivo. Y luego, por supuesto, cuanto más pobre te vuelves, más probabilidades tienes de meterte otra vez en líos con la Ley, haciendo de esto menos un “ciclo” y más un tobogán al infierno. Cuanto más desciendes, más rápido caes, hasta que acabas por último en las calles y te trincan por una falta como orinar en público o dormir en la acera.
Podría proponer toda clase de medidas políticas para frenar la depredación de los pobres. Deberían restablecer los límites a la usura. Habría que tomarse en serio el robo también cuando lo cometen patronos millonarios. No debería meterse a nadie en la cárcel por deudas o sangrarle un dinero al que no tiene posibilidad de acceder. Esto no tiene mucha discusión y debería tener preferencia sobre cualquier cosa que se diga a largo plazo acerca de generar empleo o fortalecer las redes de seguridad.
Antes de que podamos “hacer algo” por los pobres, hay ciertas cosas que tenemos que dejar de hacerles.
Traducción: Lucas Antón

Barbara Ehrenreich es autora de varios libros, recientemente ha publicado Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America. Acaba de publicarse la edición del décimo aniversario de su éxito de ventas Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America por Picador Books.

En México 53.8% de los niños sufre de pobreza multidimensional, señala Juconi

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Por : Arturo Alfaro Galán

2012-04-12 04:00:00

 

La Fundación Junto con los Niños (Juconi) informó que 53.8 por ciento de la población menor de 18 años en el país sufre de “pobreza multidimensional”; además, persisten las tasas altas de pobreza, marginación, mortalidad y desnutrición infantil, de rezago y deserción escolar, de niñez y adolescencia en situación de calle, de explotación laboral y sexual, de discriminación, y de violencia contra la niñez.

Ante ello, la organización no gubernamental exigió a los legisladores federales revisar las reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –planteadas en el Congreso de la Unión esta semana– pues no garantiza una protección más efectiva de los derechos de la niñez.

Asimismo, acusó que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Poder Legislativo, que elaboró la propuesta de nueva ley, no manifiesta disposición para dialogar sobre las necesidades reales del sector, pues únicamente pretende cubrir las deficiencias con modificaciones mínimas.

“Muchos organismos de la sociedad civil piden que la propuesta sea revisada a fondo, a la luz de las observaciones de académicos y organizaciones que trabajan a favor de la niñez vulnerable para crear una ley que efectivamente contribuya a garantizar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas”, acotó la organización.

De acuerdo con la Fundación Juconi, el bienestar de la población infantil–adolescente y la protección de sus derechos “debe ser una prioridad nacional, no un asunto claramente mal atendido”, pues tiene consecuencias para las personas, la sociedad y la nación.

La organización –cuya directora general es Alison Lane– propuso que la nueva ley de protección a los derechos de la niñez debe contener cambios “significativos y efectivos”, pues hasta el momento se han establecido elementos promisorios como la creación, sin fundamento legal ni marco normativo, de una institución responsable en la atención, protección y defensa de los derechos de los infantes.

“Sin un organismo o una institución con la autoridad, el presupuesto y la capacidad práctica para proteger los derechos de la niñez, no se saldará la brecha entre la legislación y la realidad de la protección de los derechos y el bienestar de la niñez”, afirmó.

Finalmente, Juconi apuntó que los legisladores de México deben ofrecer a los niños y jóvenes la protección de sus derechos.

En 2011, Puebla descendió en indicadores económicos y de medició de la pobreza

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Por : Javier Puga Martínez

2012-04-09 04:00:00

El municipio de Puebla ocupa el primer lugar
nacional con el mayor número de personas pobres
en el país

Con el inicio de la actual administración estatal, y a lo largo del primer año de gobierno, el estado de Puebla ha ido retrocediendo en diferentes indicadores nacionales de economía y medición de la pobreza, perdiendo posiciones que se habían ganado en el último sexenio.

Tan sólo en el segundo trimestre de 2011, Puebla perdió el primer lugar en crecimiento económico que obtuvo al inicio de ese año para posicionarse en la séptima posición, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Puebla alcanzó un ITAEE de 5.1 por ciento anual en los meses de mayo, junio y julio pasado, cuando en el mismo periodo de 2010 el indicador se ubicó en 12.5 por ciento anual. Aunque hacia finales del año pasado la actividad económica del estado creció más de 7 por ciento, esto sólo alcanzó para mantener el nivel de tenía hace dos años.

Por otra parte, la semana pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó los resultados del Índice de Competitividad Social (ICS) 2012 para los estados de la República, donde Puebla sólo mejoró una posición para ubicarse como la quinta entidad con las peores condiciones laborales del país.

El principal problema de la entidad, de acuerdo con el documento “Informe sobre Competitividad Social en México 2011”, es el acceso de los trabajadores a los servicios de salud; a éste le sigue el acceso a las prestaciones laborales y el tiempo de estudios, así como la cantidad de menores de 15 años que estudian y trabajan.

Así, de 2.5 millones de personas con alguna ocupación en el estado, 521 mil tienen acceso a los servicios de salud, 603 mil personas no cuentan con prestaciones laborales y 79 mil menores de edad, entre los 12 y los 15 años, se ven obligados a combinar el trabajo con los estudios. El tiempo promedio que pasan los trabajadores del estado en la escuela es de 8.3 años.

El año pasado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que más de la mitad de la población total del estado no tiene derecho a los servicios de salud –más de 2.5 millones de personas; asimismo, dio a conocer que el municipio de Puebla ocupa el primer lugar nacional con el mayor número de personas pobres en el país, con 732 mil 154 personas en esta situación.

Aunque el Coneval reveló que a más de un millón y medio de personas sus ingresos no les alcanzan para comprar la canasta alimentaria, más de la mitad de sus habitantes no tiene derechos a los servicios de salud,

A pesar de lo anterior, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del estado aprobó hace unas semanas la extinción del Instituto de Evaluación y Medición de la Marginación y Pobreza, que se creó en 2007 con el objetivo de estudiar y abatir ambos problemas socio–económicos, esto a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle.

Además, el Legislativo decidió extinguir al Instituto Poblano para la Productividad Competitiva.

Jóvenes de América Latina padecen por pobreza y origen

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LUNES 26 DE MARZO DE 2012

ANSA

La discriminación de los jóvenes por pobreza y origen racial se ha convertido en política pública en América Latina, “hecho que ni siquiera los avances democráticos han podido erradicar” en la región, según sostiene la antropóloga social mexicana Rossana Reguillo.

Sin embargo, en América Latina no ha prosperado “el discurso de la pureza racial” que ha tomado por asalto los espacios mediáticos europeos, compara la especialista.
Otro tanto sucede con los movimientos juveniles racistas como los skinheads alemanes e ingleses y los blouson noir franceses, que “no constituyen todavía el principal problema de una biopolítica racial excluyente” en América Latina, analiza la antropóloga.
Reguillo compara que en el Distrito Federal de México los jóvenes sin instrucción escolar representan el 1,5 por ciento del total, mientras que en Chiapas, Estado con alta población indígena en el sur del país, la cifra equivale al 18 por ciento del total.
Autora del ensayo “Cultura juveniles-Formas políticas del desencanto”, Reguillo advierte que la pobreza “se ha vuelto una categoría sociocultural, es decir un criterio de descalificación que define oportunidades, cancela expectativas y modela culturalmente”.
La antropóloga aborda en su ensayo las consecuencias en América Latina de la denominada “doctrina Giuliani” sobre la “Tolerancia Cero”, exportada por el ex alcalde de Nueva York y que “ha colocado en el ojo del huracán a los jóvenes de los sectores populares”.

Aumenta la pobreza infantil en Suecia

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PL

Al menos un cuarto de millón de infantes viven en la pobreza en Suecia, de acuerdo con el informe de la organización no gubernamental Save The Children (Salven a los Niños) divulgado hoy.

Basado en datos de la Oficina de Estadísticas sueca, el reporte reveló un aumento de la pobreza infantil en el país, al aumentar en 28 mil el número de menores que empeoraron su nivel de vida.
El 13 por ciento de los niños en Suecia son pobres, cifra que representa un incremento del 1,5 por ciento con respecto al año pasado.
En su anterior informe, Save The Children informó de la existencia en 2008 de unos 220 mil infantes suecos en estado pobreza a partir de que los ingresos familiares resultaron insuficientes para cubrir sus gastos de manutención.
En ese entonces, la organización señaló a los menores provenientes de familias monoparentales o hijos de inmigrantes como los de más vulnerable situación económica.

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