Pésimo para Brasil, haber privatizado su empresa petrolera: ingeniero de Petrobras

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Pensarlo muy bien antes de cambiar la legislación que rige a Pemex, pide Siqueira

Las trasnacionales se apoderaron de 100% del crudo que explotaban, y Lula tuvo que frenarlas

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 16 de marzo de 2013, p. 9

El vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, llamó al pueblo de México a pensarlo muy bien antes de modificar la legislación que rige a Pemex, ya que cuando se abre cualquier brecha en la regulación no se tiene más el control.

Durante el foro Mitos y realidades de Petrobras, realizado en el Senado, Siqueira echó abajo la versión propalada por el gobierno mexicano de que la privatización de esa empresa brasileña fue benéfica. Lo que en realidad sucedió –dijo– es que las trasnacionales se apoderaron del cien por ciento del petróleo que explotaban; sólo pagaban 10 por ciento de impuestos y tampoco desarrollaron nuevas tecnologías”.

La privatización de Petrobras fue mala para la empresa y pésima para Brasil, y el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva tuvo que modificar la legislación para frenar a las trasnacionales, insistió.

Destacó que a partir de que la petrolera se abrió al capital privado en toda la cadena productiva –en 1997–, debió someterse a la ley estadunidense Sarbanes Oxley, lo que dificulta su accionar.

Siqueira dijo que es mentira que la tecnología sólo la poseen los capitales privados, ya que tanto Petrobras como Pemex pueden contratar el equipo y las técnicas necesarias para explotar aguas profundas sin la intervención extranjera y sin ceder su renta petrolera.

En el foro, convocado por el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, hubo otras voces que pidieron verse en el espejo de Brasil. Entre ellas la de Javier Jiménez Espriú, integrante de la Asociación de Ingenieros Constitución de 1917, quien advirtió que se requiere despertar la conciencia de los mexicanos y movilizarse antes de que sea demasiado tarde para impedir la entrega del petróleo y la electricidad a consorcios extranjeros.

Miembro del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jiménez Espriú dijo que se cae el mito de que debemos imitar a Petrobras, y queda claro que la intención es entregar la renta petrolera, como ocurrió a la empresa brasileña antes de la intervención de Lula.

Alertó sobre la decisión de Peña Nieto de continuar con el esquema que empezó con la reforma de 2008, cuando por medio de una trampa jurídica de interpretación, con los famosos contratos incentivados, se abrió la participación privada en el sector.

Con este mecanismo –dijo–, ahora se paga 75 por ciento de los costos del trabajo que realizan las empresas extranjeras que ganaron alguna concesión y, además, se les entregan 4, 5, 6 o 9 dólares, según la licitación, por cada barril que se extrae.

Bartlett coincidió en que se debe movilizar a la sociedad en defensa del petróleo y deplegar una amplia campaña de difusión para frenar las mentiras del gobierno federal y de los priístas, quienes insisten en que no se van a privatizar los energéticos.

Al respecto, el analista Alfredo Jalife-Rahme expuso que los priístas van a repetir hasta el cansancio que no habrá privatización, y dirán que es borrego, aunque vuele.

Desmintió luego las afirmaciones de los priístas, durante la discusión de la Estrategia Nacional de Energía –entre David Penchyna– de que no hay recursos para el desarrollo energético y se requieren 100 mil millones de pesos. Eso es falso –dijo–, sólo hay que ver que Pemex ocupa el lugar 34 entre las 500 petroleras más importantes del mundo.

En su turno, el ingeniero Francisco Garaicochea, ex funcionario de Pemex y presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, advirtió que la privatización de Pemex hará que se generen empleos en Estados Unidos, no aquí, porque “nos van a vender equipos, herramientas y el servicio, además de llevarse el petróleo.

A su vez, el economista Lorenzo Carrasco Bazúa aseguró que se tiene que conformar una alianza nacionalista entre Brasil y México y generar un frente nacional parlamentario independiente, porque se enfrentan presiones de potencias estadunidenses para asegurar el control sobre los recursos energéticos.

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El plan Houston, la privatización de YPF que arrancó con Alfonsín

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Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por una vía similar a la que se pretende transitar ahora: la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.

Además, YPF firmaba de continuo contratos con pulpos petroleros privados a los que se cedían las áreas más pobladas. La empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, en 1983 YPF tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas), a pesar de ser la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina.Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales -los pulpos petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. Otro robo en regla. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían (como ahora) que no hubiera capitales ni para pensar en inversiones.
Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos; es decir, a los monopolios petroleros (como ahora). Eso fue el plan Houston, llamado así porque el Presidente lo anunció en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. Por decreto, sin intervención del Congreso Nacional, se ofrecieron en licitación 1,3 millones de kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por treinta años.
En 1983, cuando el partido radical llegó al gobierno, YPF tenía reservas petrolíferas por 390 millones de metros cúbicos. En 1988, tres años después de lanzado el plan Houston, esas reservas habían caído a 362 millones de metros cúbicos. Ese solo dato señala el fracaso ruidoso de aquella entregada.¿Por qué entregada?
Entre muchas otras, pueden enumerarse cuatro razones:
– muchas regiones cedidas a los pulpos ya habían sido exploradas por YPF, con evaluaciones sísmicas y perforaciones. No había allí, por lo tanto, el anunciado ‘riesgo minero’ que según el gobierno asumirían las compañías extranjeras;
– por imposición de los monopolios petroleros, los capitalistas locales sólo podían intervenir en las licitaciones si se asociaban con capitalistas del exterior;
– todo el proyecto se orientaba hacia las exportaciones, no a atender las necesidades del mercado interno;
– YPF se vio obligada a ceder áreas que ya tenía en explotación.
Aquello, de todos modos, empezó mal: se licitaron 165 áreas, pero de 105 ofertas sólo pudieron aceptarse 77. Los pulpos petroleros tomaron por asalto las explotaciones que YPF ya había explorado o ya tenía en explotación, y no hicieron (como ahora, durante los diez años de gobierno K) una sola inversión de riesgo.
Fracasado el Houston, su impulsor, Rodolfo Terragno, ministro de Obras y Servicios Públicos, diseñó el Petroplán, que promovía la asociación de YPF con capitales privados para explotar áreas centrales (como ahora). Con el Petroplan comenzó la privatización de la petrolera estatal, proceso que Carlos Menem culminaría en 1992, respaldado entusiastamente por los K.

“La reprivatización ha comenzado”

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Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Los diarios oficialistas caracterizan la seguidilla de reuniones de los interventores de YPF con petroleras internacionales, como una verdadera “maratón” -o un “casting de inversores” (Página/12). Estas tratativas demuestran cuán lejos están los K de una estatización petrolera o de una ‘recuperación de soberanía’. La saga comenzó con el viaje de Julio de Vido a Brasil, para interesar a Petrobras, a la que prometió la devolución de la concesión que le había retirado el gobernador Sapag en ‘asociaciones’ de exploración de Argentina. La ronda continuó con la francesa Total; las norteamericanas Exxon, Chevron, Phillips Conoco; la china Sinopec y otras firmas de carácter local. Uno de los enemigos de la “expropiación”, el diario La Nación, sacó sus conclusiones: “No bien pasó a manos del sector público, YPF comenzó a ser reprivatizada” (23/4).

Es cada vez más claro que la expropiación parcial a Repsol sólo ha sido la puerta de entrada para una reasignación de negocios entre monopolios petroleros. Mientras tanto, el gobierno se sirve de la caja de YPF para continuar financiando las importaciones de combustibles y los subsidios a la energía. Una de las principales facturas es la que paga por el gas importado de Bolivia, a Petrobras y Repsol. En la entrevista con Total, los funcionarios y la empresa acordaron incrementos de producción en función del programa Gas Plus, que el gobierno había derogado hace un par de meses, que reconoce a los pulpos un precio superior al corriente. En otra reunión, el gobierno prometió “un programa de incremento en el valor del gas que lo vaya acercando a los precios regionales” (Clarín, 25/4). Los precios de Bolivia triplican los valores locales. O sea que la “soberanía petrolera” conjuga una nueva perspectiva de negocios para grupos privados, con un tarifazo. British Petroleum, interesada en “quedar libre para poder postularse a prospecciones y exploraciones futuras” (AF, 25/4), ha decidido acelerar la resolución de sus pleitos con el grupo Bulgheroni en Pan American Energy. Así ‘leen’ los monopolios petroleros la “expropiación” de YPF.
Esta redistribución de negocios pone de manifiesto la imposibilidad de Repsol para seguir operando YPF, debido a la bancarrota de sus principales accionistas -la Caixa de Cataluña, Sacyr Vallermoso e incluso Pemex. Las dos primeras, atrapadas en la bancarrota hipotecaria y financiera de España, necesitan las utilidades de YPF para sobrevivir -no están capacitadas para desarrollar inversiones petroleras. Ha quedado probado que ha endeudado a la filial argentina para retirar dividendos que duplican las utilidades registradas. Los K se han quedado con una empresa cargada de deudas que seguramente se verán obligados a renegociar, pero que deberán finalmente pagar. La expropiación integral de YPF sin compensación significaría, por el contrario, el desconocimiento de este pasivo que no representa otra cosa que un vaciamiento.
Para algunos observadores, la expropiación de Repsol se precipitó cuando los K tomaron conocimiento de que la petrolera “española” estaba a punto de ser comprada por la china Sinopec, precisamente por su incapacidad para seguir con el petróleo. La ‘expropiación’ sería funcional a un bloqueo a una mayor presencia de China (que ya opera en PAE) y a una apertura a sus rivales. La cuestión del petróleo es el punto principal de enfrentamiento entre Obama y China en relación con Irán -de donde viene el 55% del petróleo que importa China. “Hombres del Departamento de Estado norteamericano confirmaron que no todos los sectores del gobierno de Obama eran tan críticos con el proyecto estatizador” (La Nación, 22/4). Mientras tanto, las ‘sanciones comerciales’ que Repsol y Rajoy han exigido contra Argentina no encontraron eco: el FMI declaró que la disputa era un “asunto bilateral”. Puertas adentro, la cruzada condenatoria no logró quorum en la Unión Industrial: “El avance sobre YPF provoca en las corporaciones más adhesiones que las que se sospechan” (ídem), piensan asociarse a los negocios en danza. Macri ya declaró que mantendría la “empresa mixta”. El ‘establishment’ político y económico de Argentina se ‘fastidia’ por las ‘formas’, pero es plenamente conciente de que la continuidad de Repsol en YPF era inviable.El “modelo boliviano”, fantasía y realidad
Los interventores propondrían a los grupos privados una nueva modalidad de contratos: a cambio de sus inversiones, las petroleras podrían disponer libremente de una parte del petróleo extraído; la otra porción quedaría en manos de YPF -”sociedad anónima”. Sería el ‘modelo’ de la nacionalización boliviana. Las petroleras podrán certificar su parte de reservas, o sea integrarlas a su capital en Bolsa. Bolivia sólo destina el 20% de su producción de gas al mercado interno; Argentina necesita el “autoabastecimiento”. De todos modos, Evo Morales viene intentando imponer gasolinazos desde hace dos años, con el argumento de que la diferenciación de precios, entre internos y externos, propicia el contrabando. La precondición de las “asociaciones” con la nueva YPF será proseguir con el naftazo -que los Kirchner ya habían puesto en marcha en beneficio de Repsol- y avanzar en un aumento sustancial del precio del gas en boca de pozo.
Los interventores han jurado que “no le pagarán a Repsol lo que pide”. Pero ocultan que ya se lo están pagando, al hacerse cargo de las deudas que el pulpo dejó abrochadas, y que alcanzarían los 9.000 millones de dólares. Acaba de revelarse una cláusula por la cual “en caso de que Repsol pierda el control mayoritario, sus acreedores podrán reclamar la totalidad de sus deudas sin esperar los plazos previstos” (Ambito, 24/3). Ni el director estatal en Repsol ni los nuevos interventores denunciaron estos acuerdos leoninos, que ahora deberá cargarse a la conducción estatal. Por este motivo, una calificadora de riesgo considera que YPF podría caer en cesación de pagos, a menos que el Estado argentino comience a ‘honrar’ esa deuda de inmediato. Los gobernadores, algunos de los cuales hacían lobby por Repsol hasta hace días, ahora reclaman al Estado el pago de las deudas en favor de proveedores. No nos equivocamos al decir que el “vaciamiento continúa”.Menem y Macri
Está claro por qué Carlos Menem va a votar a favor de la ‘estatización parcial’. Por los mismos motivos, Macri aseguró que “no dará marcha atrás”, si llegara a gobernar en 2015. En oposición a esta reprivatización petrolera, planteamos la nacionalización sin compensación de toda la industria petrolera y de las privatizadas.

Argentina: La reprivatización de YPF

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Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Para enfrentar el derrumbe de las privatizaciones petroleras, al kirchnerismo no se le ha ocurrido otra cosa que avanzar en una reprivatización. Al anunciar la estatización parcial de YPF, Cristina Kirchner emitió un dictamen lapidario respecto de su propia política. Quedó claro que el rescate kirchnerista de las privatizadas concluyó en el vaciamiento de las reservas de petróleo y de gas, y en importaciones de combustibles que equivalen a la totalidad de la balanza comercial del país. Pero para responder al desastre, el gobierno anunció una asociación estatal-privada en YPF, que conducirá a un nuevo vaciamiento.

No es un secreto que los choques con Repsol comenzaron cuando, a fines del año pasado, el gobierno le exigió que se hiciera cargo de la importación de gas y combustibles. La negativa de Repsol a bancar esa factura desató el proyecto de “expropiación”, pero anticipa también su objetivo inmediato: pagar esas importaciones con los ingresos de YPF. Lo admitió De Vido ante los senadores, al declarar que “la urgencia de dólares fue el detonante de la expropiación”. Esa será la primera implicancia de la “utilidad pública” declarada en la ley presentada al Congreso. La semiestatización, por lo tanto, es otro “manotazo” para zafar de la crisis fiscal y de balanza comercial, a igual título de lo que ocurre con los fondos de la Anses, del Banco Central o del Nación.
Los “modelos” del mundo
El interventor Kicillof denunció a Repsol por “pretender vender petróleo a precios internacionales, y no a su costo”. Pero Petrobras, Sabic y las otras petroleras “mixtas” que el funcionario presentó como el “modelo de gestión” para YPF, se entrelazaron con las petroleras privadas en base a reconocerles ‘precios internacionales’ a los hidrocarburos que extraían. Por esa vía, esas empresas seudoestatales se convirtieron en un canal de remisión de recursos al exterior, desde sus países. Esto, que no es diferente a lo que hacía Repsol, es lo que los ‘nac & pop’ le deparan a YPF. La orientación privatista se advierte también en otro ‘detonante’ de la expropiación: el megayacimiento neuquino de Vaca Muerta, cuyo aprovechamiento requiere, sólo “para empezar”, una inversión de 30.000 millones de dólares. Para ello, la ley enviada al Congreso abre la ‘nueva’ YPF a “fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas nacionales o extranjeras” (art. 17). Según algunos oficialistas, “pican en punta las compañías chinas, (que) no priorizan el giro de dividendos sino el acceso a recursos estratégicos” (BAE, 17/4). O sea que los campeones del ‘autoabastecimiento’ reconocen que las inversiones futuras se dirigirán a las exportaciones, pero por ‘estratégico’ que les resulte el ‘recurso’, los contratistas chinos no dejarán de reclamar para sí utilidades de acuerdo con el precio internacional. La reprivatización y sus “alianzas estratégicas! ” también calzan como un guante en las negociaciones en torno de la cuestión Malvinas y la explotación petrolera en el Atlántico Sur, a cambio de la cual Argentina pretende obtener ingresos fiscales. Una participación de la YPF seudoestatizada legalizaría esa entrega de recursos, a cambio de la cual el kirchnerismo tramita una ficción de soberanía sobre las islas.
Expropiación onerosa
Repsol se apresuró a reclamar más de 10.000 millones de dólares por el 51% de las acciones que les serían ‘expropiadas’. Ello se contrapone con el balance de YPF, con un patrimonio de apenas 4.000 millones para el total de la compañía y, por lo tanto, no más de 2.000 millones para Repsol. Pero la cuenta no incluye los pasivos ambientales, entre otros daños e incumplimientos causados por Repsol. En este caso, el Estado argentino se haría cargo de una compañía cuyo capital ha sido pulverizado, pero asumiendo la deuda ‘fabricada’ por Repsol y Eskenazi, que asciende a 9.000 millones de dólares. Es una variante de rescate de los vaciadores, que hace recordar al caso de Aerolíneas. Pero una expropiación a precio bajo o nulo derrumbaría, al mismo tiempo, las acciones del Estado, de las provincias y del ‘capital flotante’ de YPF, que están en poder de los fondos de inversión. Un ‘pagadiós’ a Repsol, por lo tanto, choca con las necesidades de la compañía mixta, sometida a las exigencias de las Bolsas de valores. La nu
eva YPF también hereda la deuda que contrajo Eskenazi para quedarse con el 25% de la compañía, y que deberán seguir pagando con utilidades si no quieren provocar un derrumbe bursátil (ver artículo en página 4).
La reprivatización arranca con estas hipotecas, que terminarán siendo pagadas por contribuyentes y trabajadores. Si Repsol se presenta a litigar en los tribunales del Banco Mundial, la expropiación podría demorarse varios años, algo que entusiasma al gobierno. Pero una larga controversia judicial se contrapone con la pretensión de endeudarse y consumar “alianzas estratégicas”. En caso de prolongarse los litigios con accionistas, las garantías a los futuros socios o acreedores provendrán del giro corriente, o sea, de los naftazos.
Injerencia imperialista
La estatización parcial ha desatado una escalada de críticas por parte de los Rajoy, Calderón, la Unión Europea y, más tibiamente, del Departamento de Estado. La injerencia imperialista, que debe ser denunciada sin atenuantes, quiere influir en las condiciones de la expropiación onerosa. Como dijo el ex ucedeísta -y ex kirchnerista- Martín Redrado, “la reacción internacional dependerá del precio de compra de las acciones (a Repsol)”. El kirchnerismo buscará apaciguarlas con nuevas garantías en favor de los pulpos extranjeros y, principalmente, norteamericanos. Mientras fustigaba a Repsol, Kicillof reivindicó el interés de la Exxon en el mercado argentino.
Al lobby internacional en favor de Repsol, se han sumado los seudosocialistas del PSOE español, y hasta la “izquierda unida”, que le ha pedido a Rajoy que defienda al vaciador Repsol, pero “sin prepotencia” (¡!). En oposición a esta injerencia colonial, reivindicamos el derecho a la autodeterminación nacional, sin que ello implique el menor apoyo al gobierno argentino y sus medidas con YPF. Del mismo modo, llamamos a la izquierda española y europea a repudiar los aprietes de los Rajoy o la Unión Europea contra Argentina, y a enlazar ese reclamo con el de la expropiación sin pago de “su” banca y el repudio de las deudas. Los banqueros, que quieren ser rescatados a costa del ajuste más brutal contra las masas europeas, son los mismos que expoliaron a la Argentina a través de Repsol.
Chavismo tardío
La semiestatización ypefiana no altera a las concesiones petroleras en favor de otros grupos privados, que representan el 66 y 75% de la extracción de petróleo y de gas, respectivamente. Tampoco modifica el régimen de ‘federalización’ de los hidrocarburos del menemismo, que entrelazó a los Estados provinciales y sus gobiernos con los privatizadores.
La estatización parcial no es una respuesta organizada al ‘fracaso de las privatizaciones petroleras’, como presumen los kirchneristas. Se arriba a esta ‘salida’, precaria e improvisada, después de una década de rescate de esos privatizadores a costa del presupuesto, de la Anses y de las reservas internacionales. Es una reacción tardía al derrumbe de esa política, y cuando, como resultado de ella, las cajas del Estado están exhaustas. Como alternativa a esa fundición, los K ofrecen una asociación con el capital financiero internacional. Pero esa alianza, en el marco de la crisis mundial capitalista, está más condicionada que nunca a concesiones leoninas. Por caso, el alineamiento de precios internacionales y la libertad para remitir utilidades al exterior. La reprivatización de YPF se integra, por lo tanto, a la sintonía fina del ajuste, y vuelve a coloc! ar sobre el tapete el escenario de un “rodrigazo”.
En oposición a este nuevo vaciamiento, planteamos la nacionalización integral y sin compensación de toda la industria petrolera, bajo control obrero. Para el caso de YPF, el Estado argentino debe reclamar ser resarcido por el desfalco incurrido en la propia privatización, consumada a un precio ínfimo y pagada con deuda externa y el remate de la flota, y de otros activos de la petrolera estatal. Debe considerarse también la destrucción de los activos de la compañía, que remitió fondos al exterior por encima de las utilidades obtenidas, y los daños ambientales cometidos. El mismo procedimiento debe valer para el resto de la industria, a través de una auditoría a cargo de comisiones de obreros y técnicos independientes.

Una nacionalización integral exige, por otra parte, una restructuración económica de fondo. El llamado “ahorro de las empresas” (ganancias acumuladas) alimentó en estos años una fuga de capitales de 80.000 millones de dólares, las que revelan las posibilidades nacionales de superación del marasmo energético, industrial o ferroviario. Los límites para esa superación no son materiales, sino que dependen de la clase social que gestione los recursos disponibles.

Por “inservibles”, gobierno del estado puso en venta casonas que son patrimonio de Puebla

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Por : Javier Puga Martínez

2012-04-11 04:25:31

La casa de la Fundación del Convento de Santa
Mónica es uno de los edificios en venta

 

Sin oportunidad alguna de ser restaurados y darles nuevamente un uso, la venta es el destino que le depara a los inmuebles que son propiedad del gobierno del estado, pues éste los considera como “inservibles” a pesar de que estén catalogados como patimonio edificado de la ciudad de Puebla, y de que exista una ley que supuestamente protege a estos lugares.

La justificación estatal es que carece de recursos para remodelar y mantener estos inmuebles; por ello es mejor ponerlos a la venta y allegarse de recursos para otros proyectos, como lo señalaron el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, y el de Administración, Cabalán Macari, hace unas semanas.

La casa de la Fundación del Convento de Santa Mónica es uno de estos edificios. El pasado 17 de marzo el gobierno estatal decidió ponerla a la venta, junto con otras seis casonas consideradas patrimonio de la ciudad por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La vieja casona está ubicada en la calle 5 de Mayo a la altura del número 1603, en pleno Centro Histórico de la capital, y tiene una extensión de mil 163 metros cuadrados. Para el gobierno estatal sólo se trata de un “terreno con fachada”, según se puede consultar en el portal de internet de puebla.gob.mx.

Pero este edificio en realidad es algo más que un “terreno con fachada”, de acuerdo con la investigadora Rosalva Loreto López, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, quien sostiene que en el siglo XVII en este lugar se fundó el Colegio de Santa María Egipciaca, el cual formó parte de la estructura del convento y la iglesia de Santa Mónica; uno de los sitios históricos más importantes de la capital, que actualmente es de gran atractivo turístico.

La estructura de la casa es dos plantas, dos patios y dos asoleaderos; tiene pilas de agua pero además también funcionó como parte del núcleo definitorio del poblamiento de los barrios de San José y San Antonio de la capital poblana en ese siglo; esta misma función la compartió con el contiguo edificio de San Juan de Dios.

La casa de la Fundación del Convento de Santa Mónica cuenta con el número de clave 211140011303 del Catálogo de Monumentos Históricos, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.

Para esta especialista, quien junto con otros investigadores universitarios ha encabezado una defensa del patrimonio de la capital poblana ante las “megaobras” que realiza la administración estatal, es lamentable que la adminsitración del gobernador Rafael Moreno Valle ponga a la venta este y otros seis inmuebles históricos, pues en ningún momento se diseño siquiera un plan para rescatarlos.

Al ser propiedad estatal, la administración debió haber invertido en su rescate y conservación antes de ponerlos a la ventaa, pero esto se dejó de lado y ahora, en total estado de deterioro, se justifica su venta de los inmuebles al considerarlos “inservibles” y con ello allegarse de recursos para otros fines, que no tienen nada que ver con la conservación de otros edificios históricos y menos del patrimonio edificado de la capital y el resto de la entidad, señaló.

Consideró que casos como estos no son nuevos y recordó el proyecto del Paseo de San Francisco, del cual aseguró que intencionalmente se dejaron abandonados varios inmuebles, que posteriormente vendidos y transformados en un estacionamiento y en unas oficinas, actualmente estas desocupadas.

 

Más casonas en venta

 

Otra casona que forma parte del patrimonio histórico de Puebla es la ubicada la 2 Oriente 808. Esta casona cuenta con el número 2/75 de identificación y registro ante el catálogo de monumento, así como una superficie de 640.77 metros cuadrados, considerado por el gobierno del estado como un “terreno con fachada”; la fachada es totalmente de talavera.

Es una residencia de dos plantas del siglo 17, con una portada con escudo en el cubo de la escalera, además de que cuenta con un patio típico. Su función fue la de formar el núcleo histórico residencial del barrio, además de que fue definitorio para el prototipo de este tipo de residencias poblanas, de acuerdo con la descripción proporcionada por la investigadora de la UAP.

De igual forma, está en venta la casona ubicada en la 12 Oriente 207 también en el primer cuadro de la ciudad. Esta tiene el número de identificación 1/268 del catálogo de monumentos.

Se trata de una estructura de la arquitectura popular del siglo XIX, tiene una portada labrada en piedra y ofrece un ambiente y una contextualización de la vida en la ciudad de Puebla hace 200 años. El goberno del estado considera a este lugar como una “casa habitación deteriorada”, con una superficie de 595 metros cuadrados.

A la venta también se encuentra la vivienda ubicada en la 9 Oriente 1415, en el barrio de Analco. La administración estatal la describe como un “terreno con bodega pequeña” de 358.9 metros cuadrados. Se trata de una vivienda popular del siglo XVIII, que consta de una planta así como una categorización habitacional incluida como zona típica de la ciudad.

En la 4 Norte número 1203 hay un imbueble estatal más en venta. Es una casona registrada con el número 5/1043, que fue una residencia de dos plantas del siglo 18 con cornisamentos, revestimientos de ladrillo, balcón y ventana con hierros, lambrin de piedra, patio con bovedillas y gárgolas. Tiene 642 metros cuadrados y el gobierno estatal la considera un “terreno con fachada”.

Con el número de registro 6/sn del catálogo de monumentos, el gobierno estatal puso en venta la casa ubicada en la 2 Oriente 1208, un “terreno con fachada” de 505.78 metros cuadrados que formó parte de un anexo al templo del barrio de La Luz, de acuerdo con Loreto López. Se trata de una vivienda popular poblana del siglo 18 que ambienta y contextualiza la zona típica de monumentos.

En total, el gobierno estatal pretende vender 3 mil 923.69 metros cuadrado de patrimonio edificado de Puebla con la suma total de los metros cuadrados de cada una de estas siete casonas.

El pasado 17 de febrero, el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, anunció la venta de un total de 34 inmuebles y que “básicamente son casas y terrenos que no sirven para algo y no se tiene un destino proyecto, por lo que solo representan una carga para el estado”.

A estos inmuebles se agrega una bodega de 95 metros cuadrados ubicada en la ciudad de México, y que según la información oficial, este lugar era usado como la representación del gobierno del estado en la capital del país.

Días después, el secretario de Administración, José Cabalán Macari, abundó que la venta de estos inmuebles representará para el gobierno estatal un ingreso de 100 millones de pesos, que serán invertidos en renovación de oficinas así como en otros proyectos aunque no especificó en cuáles.

 

La subasta

 

Sin embargo, esa cantidad podría ser mayor, pues de acuerdo a lo que refirió Cabalán Macari a medios locales, la enajenación de estos inmuebles se hará por medio de “una especie de subasta”. El funcionario aseguró que esta subasta será un “proceso transparente”.

En la fachada de la casa de la Fundación del Convento de Santa Mónica, como en el resto de los imuebles a la venta, se encuentra una lona que indica que el inmueble está a la venta, y ofrece el número telefónico 229–7060 para informes en la Dirección de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, dependiente de la Secretaría de Administración.

Tras una llamada hecha por este diario a ese número, el funcionario Víctor Ramírez informó que no se puede proporcionar el costo de este inmueble, y de ningún otro puesto en venta.

Explicó que el interesado en adquirirlos debe acudir al Instituto de Catastro, averiguar cuánto cuesta el metro cuadrado en la zona y multiplicarlo por el número de metros cuadrados que tiene el edificio o terreno de su interés; posteriormente deberá presentar una oferta económica de compra que partirá, como mínimo, del valor catastral del inmueble.

Así, en el caso de la Casa de la Fundación, esta podría tener un valor que oscilaría entre los 2 millones 343 mil 104 pesos a los 4 millones 509 mil pesos, de acuerdo a los valores catastrales vigentes en 2012 para las diferentes zonas en que se divide el Centro Histórico.

Del resto de las casonas históricas puestas en venta, el valor superaría el millón de pesos.

El salvador: Propuesta de ARENA pretende privatizar la salud

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viernes 27 de enero de 2012

Leonor Cárdenas (COLATINO)

“La propuesta del certificado de garantía de la salud, es una propaganda electoral, con la que una persona pretende ocupar uno de los curules de la Asamblea Legislativa y utiliza la bandera del Seguro Social para llegar a ese curul”, manifestó Leonel Flores, director del Instituto del Seguro Social Salvadoreño (ISSS).

El funcionario aseguró que la medida propuesta por el partido ARENA, no es viable, y que además es una acción semi privatizadora que encarecería los servicios de salud a los derechohabientes.
“He visto todo tipo de sistemas de salud y el que peor le favorecería a los derechohabientes sería la semi privatización del seguro social”, agregó Flores.
Según el director del ISSS, la institución ya está atendiendo las necesidades y demandas insatisfechas de sus usuarios. Asimismo, aclaró que al darle al paciente el certificado de garantía el ISSS se estaría resolviendo muchos problemas y ahorrando gastos, ya que los gastos por medicamentos y servicios de salud serían asumidos por el derechohabiente.
“Lo que al ISSS le cuesta 30 dólares al derechohabiente con el certificado de garantía le va a costar unos 100 dólares, quien va a poner los 70 dólares obviamente el derechohabiente”, agregó Flores, asegurando que el partido ARENA se ha dado a la tarea de llegar a las empresas y ofrecer el certificado de garantía sin explicarlo a plenitud.
“Lo que no sabe la población es como operan los Seguros Sociales que se han privatizado en la historia de otros países, las enfermedades crónicas se indemnizan y cuando se les termina la indemnización ellos pasan a la parte privada a comprar servicios de salud”, explicó el director del ISSS.
Las declaraciones del titular del ISSS, fueron brindadas durante el informe de abastecimiento de medicinas presentado a los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN.
Durante el informe, Flores aseguró a los legislativos que la institución actualmente cuenta con el 99% de abastecimiento en medicamentos, y que el problema de escasez es producto de la aptitud de algunos empleados de la institución.
“Lo que está faltando es la aptitud del personal, al cual le resulta más fácil decir que no hay medicamentos que llamar algún centro cercano que lo pueda tener, es este momento tenemos un 99% de abastecimiento; en el lugar donde se diga que no hay medicamentos es falta de voluntad y ejecución del director local”, aseguró Flores.
Zoila Beatriz Quijada, diputada de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa por el FMLN, explicó que la visita al director del ISSS, fue para obtener una explicación sobre el supuesto desabastecimiento de medicamentos denunciado en los diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, los legislativos dijeron sentirse satisfechos con los resultados obtenidos a través de la inspección de campo realizada en el Hospital Rosales y Benjamín Bloom, en las que pudieron constatar la existencia del más del 92% de medicamentos.

Ecuador: Fin del nacionalismo petrolero

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jueves 22 de diciembre de 2011

Fernando Villavicencio Valencia (especial para ARGENPRESS.info)
“Ya me estoy volviendo privatizador,
ya les estoy entendiendo a los privatizadores”
Rafael Correa Delgado

El año 1972, el “gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas”, de Guillermo Rodríguez Lara, nacionalizó el petróleo. Cuarenta años después, el gobierno “nacionalista y revolucionario” de Rafael Correa Delgado, consumará la privatización.

Hace cuatro décadas, la revolución petrolera liderada por el Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, e impulsó un proceso de nacionalización, modificando sustancialmente a favor del país la participación en el contrato con la transnacional norteamericana Texaco, y sentando las bases para lo que sería años después, la reversión al Estado de los grandes campos, llamados Joyas de la Corona: Sacha, Auca, Shushufindi, Cononaco, Lago Agrio y Libertador. Desde entonces, el subsuelo de esos campos ubicados en la Amazonía, ha provisto de los principales recursos económicos al país. A partir de su reversión a Cepe-Petroecuador, gobernantes de diverso color intentaron privatizarlos: Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa y Gutiérrez, pero en su tentativa acabaron derrocados.
En junio del año 2003, cuando el joven economista Rafael Correa, aún no soñaba con Carondelet, el presidente Lucio Gutiérrez, disponía la entrega de las Joyas de la Corona al capital extranjero: “He tomado la decisión de que los cinco campos (Joyas de la Corona) se contraten con la mayor urgencia por el sistema de obras y servicios específicos”, dijo, el hoy opositor de Correa. Gutiérrez no alcanzó a cumplir su sueño, la rebelión de los forajidos se adelantó y lo sacó del poder.
Cuando el año 2006, Rafael Correa simpatizaba con los “forajidos”, y pintaba ya como precandidato de las izquierdas, denunció que la sola idea de entregar las “Joyas de la Corona” al capital extranjero, hubiese sido motivo suficiente para “mandar a su casa al coronel Lucio Gutiérrez”. En diálogo con el asambleísta de PAIS, Paco Velasco, en la desaparecida radio La Luna, el economista Correa Delgado, sentenció que pretender entregar el campo Shushufindi, era “una traición a la Patria”, “somos idiotas? no nos vean la cara de imbéciles por dios”, exclamó, fustigando con duros adjetivos al ex ministro de Lucio Gutiérrez, Carlos Arboleda, quien ahora es su aliado.
Una vez en el poder, octubre de 2007, a su retorno de una gira por Asia, el presidente Correa, anunció la entrega del campo Sacha a Pdvsa (Río Napo), y las demás joyas: Auca, Shushufindi, Libertador y Cononaco, a las empresas SINOPEC de China y Pertamina de Indonesia. Hasta entonces, la orientación de la política petrolera era de ruptura con el norte (USA), privilegiando a sus aliados ideológicos: Venezuela, China y otros de las BRIC (Brasil, Rusia, India, China).
El 19 de mayo del 2008, ante el retraso en la firma de los contratos, el primer mandatario montó en cólera y alertó que la negligencia burocrática lo estaba “volviendo privatizador”. El regaño sin duda era dirigido al Contralmirante Fernando Zurita, presidente de Petroecuador, quien junto al ex Comandante de la Armada, Vicealmirante Homero Arellano, semanas antes desmontaron la entrega de los campos petroleros a empresas extranjeras, denunciando que hacerlo significaba privatizar el petróleo. El 20 de mayo de 2008, Fernando Zurita, abandonó el cargo cuestionando el proyecto. En carta dirigida a Correa, reconoció que debió suspender la entrega de los campos, porque la modalidad adoptada “contenía vicios de legalidad, por estar al margen de la Ley de Hidrocarburos y las disposiciones del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios Específicos, y además por cuanto incorporaba la entrega de la administración y operación al sector privado, lo cual generaba perjuicios económicos al país, debido a la modalidad de pago sujeta a las variables: línea base y producción incremental. En correspondencia con los principios de su gobierno y en sujeción a la Ley, tomé la decisión de declarar desierto el citado proceso, hecho que con seguridad provocó más de una crítica de los sectores y compañías interesadas en la privatización de los recursos naturales del país”.
Las críticas no quedaron ahí, el ex Comandante de la Marina, Homero Arellano, actual Ministro de Seguridad Interna, en carta remitida al Presidente Correa, el 3 de junio de 2008, cuestionó duramente la pretendida entrega de los campos maduros: “fui testigo directo de los graves errores y perjuicios económicos que se pretendían cometer con un proceso viciado…Este proceso implicaba una virtual privatización de los campos, pues se transfería la operación y el cobro del costo de producción de la “curva base” por parte de compañías privadas, contraviniendo una política de fortalecimiento de la estatal petrolera.”, recordó el alto oficial naval.
El 27 de septiembre de 2010, tres días antes del “golpe de estado del 30 S”, Rafael Correa escribió una confesión ideológica, con la sinceridad incontrolable de su pluma, es una epístola que al raspar sus letras con algo de prolijidad, nos agarra un dolor como el de remorderse el dedo en la puerta de la Catedral. “Cuando me imagino que sin la nueva Constitución este sería nuestro último año de Gobierno me da escalofríos y me decepciona profundamente pensar que no hemos logrado concretar todo lo que proyectamos y en algunos casos ni siquiera hemos iniciado los proyectos”, dijo el primer mandatario en la carta, dirigida a Petroecuador y al Ministerio de Recursos Naturales, cuestionando el incumplimiento de sus disposiciones de firmar con la “mayor urgencia” los contratos de obras y servicios específicos, para los cinco grandes campos operados por la empresa pública PETROECUADOR.
Como toda revolución, la ciudadana, debía ser rápida, no podía tolerarse obstáculos, al Presidente le molestaba la lentitud, eso les recordó a las autoridades de Petroecuador: “La Revolución Ciudadana se caracteriza por hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido”… “Desde inicios de mi Gobierno se marcó como una prioridad estratégica el desarrollo de los Campos Maduros, han pasado casi cuatro años y hasta ahora el único campo que está siendo optimizado es Sacha, dicho sea de paso, fruto de un extenuante seguimiento personal.”. Además en la misiva puso un ultimátum: “tienen un plazo de seis meses para que arranque la operación de todos los campos maduros, de incumplirse esto le agradeceré señor Presidente de Petroecuador pedirle a todo su equipo que presente la renuncia”.
Luego de cinco años de intento, al fin, en enero de 2012, según el calendario gubernamental, se harán realidad los contratos para recuperar la producción de los principales campos; para esa misma fecha se habrá borrado también el nombre de la estatal PETROECUADOR. Así, a cuarenta años del nacimiento de CEPE, un gobierno autoproclamado revolucionario y nacionalista, pondrá una lápida a la existencia de la empresa pública, quitándole la corona y sus joyas; sin campos y sin nombre, CEPE-PETROECUADOR se disolverá en las siglas de PETROAMAZONAS. El gobierno dirá, que no quedará rastro de negligencia, corrupción y escalofríos, o como dice el pueblo, muerto el perro desaparece la rabia.
Cifras hablan de ineficiencia del régimen
Cuando Rafael Correa asumió el poder en enero de 2007, la tasa de producción petrolera era de 530 mil barriles diarios. Para entonces el país contaba con reservas probadas remanentes de 4.185´282.883 bls, incluyendo el ITT. A noviembre de 2011, la producción de crudo ha caído a 499.000 barriles diarios, una pérdida diaria de 30 mil barriles; mientras que las reservas remanentes descendieron a 3.538 millones de barriles. A diciembre de 2011 Petroecuador registra una tasa de producción diaria de 200.021 barriles, incluyendo la producción de Sacha, mientras Petroamazonas reporta 88.800 barriles, una cifra muy inferior a los 100 mil diarios de Occidental del año 2006. El campo Pañacocha operado también por Petroamazonas, produce apenas 16 mil barriles día, de los 24 mil diarios ofertados en el plan de desarrollo.
De la cifra total de reservas, el 91.7%, 3.245 millones de barriles, pertenecen a las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, y apenas el 8,2 %, es decir 292millones de barriles, a empresas privadas extranjeras.
Petroamazonas pese a incorporar las reservas de los bloques: 31, 21, 18 y 7, y de los campos Pañacocha, Palo Azul y Coca Payamino, revertidos al Estado, suma apenas 284 millones de barriles de reservas.
Si consideramos una producción nacional aproximada de 180 millones de barriles del presente año, obtendríamos un saldo de reservas remanentes de 3.355 millones de barriles a diciembre de 2011. Pero, si a esta cifra global restamos 1000 millones de reservas del ITT, sobre las cuales pesa una prohibición constitucional de explotarlo, tenemos una reserva disponible de apenas 2.355 millones de barriles, que a una producción de 500 mil barriles diarios, nos deja un horizonte petrolero de apenas 13 años.
Las cifras frías revelan un saldo global altamente negativo en materia petrolera, al cerrar el quinquenio del Movimiento PAIS. La incapacidad del régimen para sostener la producción heredada del gobierno anterior, dejó una pérdida diaria de 30 mil barriles, que a un precio promedio de 80 U$/BL, representa U$ 876 millones anuales, U$ 4.380 millones en cinco años. Una premisa de eficiencia petrolera radica en la reposición de las reservas consumidas: barril consumido barril repuesto, se dice. En el presente caso, la realidad habla lo contrario, en cinco años se han consumido, según las cifras oficiales, 827 millones de barriles, que a un precio de U$ 80 el barril representa la cifra de 66 mil millones de dólares, durante el período; pero, a cambio no se ha repuesto un solo barril, pese a haber incurrido en enormes inversiones exploratorias en campos en producción y en áreas nuevas como la costa ecuatoriana.
Cinco años de gobierno, cinco ministros de hidrocarburos, cinco presidentes de Petroecuador, cinco años de estado de excepción, 2 años y medio de militarización, miles de millones de dólares de inversión, dos mil trabajadores despedidos sin derecho a la defensa, nada de eso fue suficiente para hacer la revolución petrolera. La política hidrocarburífera del Presidente Correa, si en realidad tiene una, ha constituido una reedición corregida y aumentada de la borrascosa larga noche neoliberal.
El petróleo se agota, y las pocas reservas productivas que aún quedan en manos de Petroecuador, serán transferidas al capital extranjero. Cual mancebía ideológica, los dos polos aparentemente antagónicos: el socialista venezolano y el imperialista norteamericano, acabarán desvalijando la nación, despojándola de sus joyas petroleras, en nombre de una indigerible revolución ciudadana.
La privatización de las joyas de la corona
Los llamados campos maduros, han producido durante 40 años a través de métodos de recuperación primaria, con base al flujo y presión natural de los pozos y con la ayuda de bombas, además de algunas experiencias de recuperación secundaria en el campo Auca. La infraestructura de superficie en su gran mayoría responde a la época del consorcio Cepe-Texaco, y requiere urgente modernización.
En manos de Petroecuador, los cinco grandes campos operaron como una unidad integrada, a partir de la entrega se Sacha, se tuvo que aislar al campo generando importantes costos adicionales. Con la firma de los nuevos contratos se deberá hacer lo propio, pues se trata de cuatro contratistas distintas.
La curva más alta de producción de los campos maduros llegó a 330 mil barriles diarios en la década de los noventa del siglo pasado, en la actualidad la producción bordea los 200 mil barriles, incluyendo la producción de Sacha.
La industria petrolera moderna recurre a nuevas tecnologías para incrementar las reservas, mejorar el factor de recobro, y optimizar la producción; son los métodos de recuperación secundaria (Waterflooding –WTF inyección de agua alternada con gas – WAG, entre otras técnicas), y la recuperación terciaria, conocida también como recuperación mejorada (Enhanced Oil Recovery EOR) consistente en inyectar al yacimiento varios agentes externos para aumentar las reservas. Esta técnica moderna se aplica luego de la recuperación secundaria, y se recomienda iniciar en proyectos pilotos, para medir su eficacia y rentabilidad, antes de aplicarlos a grandes áreas o campos totales.
SACHA: Obra de vergüenza
El campo Sacha, la más grande Joya de la Corona, con reservas de 500 millones de barriles de crudo liviano, una producción de 50 mil barriles día, equivalente a U$ 1.800 millones anuales, centenares de millones de dólares en instalaciones construidas en 40 años, el más bajo costo de producción del continente 5 U$/BL; fue entregado sin licitación, por gestión “personal” del Presidente Correa, en septiembre de 2009, a cambio de una inversión anual del U$ 18 millones a cargo de PDVSA de Venezuela. El contrato original contemplaba una tarifa de 7,81 U$/BL de la curva base, y otra tarifa del orden de 17 U$/BL por producción incremental, reconociendo una declinación natural del 4%. Dos meses después, ante una serie de denuncias públicas, las autoridades de la estatal, enmendaron el contrato, redujeron el costo de la curva base a 5.41 U$/BL, a 15 U$/BL el de producción incremental y subieron la línea base a 51.600 barriles diarios, de 49.500 establecidos en el contrato de septiembre.
Dos años en manos venezolanas, la producción del campo cayó de 51.600 barriles día, producidos por Petroecuador el año 2009, a 48 mil barriles día, el año 2011; en 730 días no pudieron incrementar un barril de los 20 mil diarios ofrecidos por PDVSA. Los precios solidarios de los taladros ofertados por el presidente Chávez, a U$ 8.300 diarios, acabaron costando U$36 mil diarios. Entre noviembre de 2009 y noviembre de 2011, Petroecuador desembolsó U$ 382´717.469 por aportes de capital y costos de operación de la producción base, una cifra superior en U$ 182 millones de dólares a lo que le hubiese costado hacerlo a Petroecuador, sin la aliada venezolana.
El presidente sabe que fracasó, pero insiste. Frente al fracaso del contrato de servicios específicos dispuso cambiar al contrato de Prestación de Servicios, eliminando la curva base y estableciendo una tarifa única de 17,03 dólares por barril, en lugar de U$ 5,41, esto se hizo, pese a que el contrato dispone que si en los dos primeros años, Río Napo, no incrementaba un 30% de los 20 mil barriles adicionales comprometidos, el campo se revertiría a Petroecuador.
Hasta el 31 de octubre de 2011, se registra un aporte total por capitalización de U$ 218’849.747,55, de los cuales EP PETROECUADOR entregó U$ 177’266.560,69 (70%) y PDVSA apenas U$ 41’583.186,86. Según los porcentajes de participación, a la estatal venezolana le correspondía un aporte de U$ 65´654.924, equivalente al 30%. De acuerdo con el contrato, el costo operativo era de 5,41 U$/BL, lo cual tampoco se respetó, como se aprecia en el siguiente cuadro:
En septiembre de 2009, cuando se bautizó la alianza Ecuador-Venezuela, so ofreció subir la producción en 20 mil barriles día, de 50 a 70 mil. Quienes advirtieron con el fracaso, fueron denunciados como enemigos de la Patria. Ahora, en el nuevo contrato son más realistas, pero más onerosos, el objetivo de producción máximo será de 64 mil barriles día el año 2013 y una caída a 14 mil diarios el año 2026. No así las inversiones que se disparan a U$ 1.200 millones, de los cuales cerca del 90% corresponde a perforación y mantenimiento de pozos y el resto a cambio de infraestructura de superficie. Es decir para hacer lo mismo que Petroecuador ha realizado durante décadas a costos inferiores. Aunque se menciona que Pdvsa invertirá a su cuenta y riesgo U$ 94 millones en recuperación mejorada, no se incluye en el contrato ni en los anexos nada sobre incremento de reservas, ni volúmenes adicionales de producción.
Con la nueva tarifa de 17,03 U$/BL, a pagarse desde inicio del contrato el 1 de enero de 2012, extraer 50 mil barriles diarios del campo sacha, nos costará U$ 310´797.500, algo que Petroecuador lo hacía el año 2009 por U$ 99 millones, un costo operativo por barril de 5 dólares.
Según el Dr. Luis Calero, experto petrolero, la renegociación es una decisión inconveniente para el interés nacional y debería acarrear algún tipo de responsabilidad en quienes la adoptaron. Río Napo incurrió en más de una causal para la terminación anticipada y unilateral del contrato, ya que no se cumplió las metas de producción ni los montos de inversión. Aunque se pueden celebrar contratos modificatorios y complementarios, está prohibido modificar el objeto contractual, como sucedió en el caso de Sacha, agrega.
Respecto al pago de tarifa desde el inicio del contrato, Calero, sostiene que se estaría “amortizando inversiones inexistentes, lo cual es totalmente contrario al concepto básico de todas las modalidades contractuales previstas en la ley de hidrocarburos, que tienen como elemento sine qua non, la aportación de capitales por parte de las contratistas. Este sería el único caso en el mundo donde la amortización de las inversiones es por adelantado. Es decir, revela Calero, “el estado ecuatoriano financiará ilegalmente a la contratista una parte de las inversiones”.
La otras joyas made in USA
Con la asesoría del instituto del petróleo de Noruega PETRAD y de Bacip Franlap de Francia, El Ministerio de Recursos Naturales y Petroecuador, completaron el proceso de selección, calificación y adjudicación de los contratos para la optimización y recuperación mejorada de los campos, a través de la figura de Obras Bienes y Servicios Específicos Integrados, con una inversión de U$ 1.530 millones, orientada a duplicar las reservas existentes de 830 millones de barriles de crudo liviano.
Las compañías seleccionadas fueron tres conocidas transnacionales norteamericanas. Schlumberger, Baker y Halliburton, asociadas con algunas empresas latinoamericanas, como Tecpetrol, YPF y la ecuatoriana Sertecpet, de propiedad de un ex Ministro de Lucio Gutiérrez.
¿Por qué el gobierno optó por este tipo de inversión extranjera sin ningún riesgo, apartándose de los postulados de izquierda, de fortalecer a la empresa pública, considerando que Petroecuador es la compañía más rentable del país y tiene suficientes recursos propios para invertir? Las respuestas son varias, desde superar las trabas burocráticas, la transferencia tecnológica, hasta la decisión de desinversión pública. Esta es quizá la más convincente, frente a una caja fiscal cada vez más arruinada por el excesivo gasto del gobierno. El régimen tomará los recursos presupuestados para operación de los grandes campos a cargo de Petroecuador, y los destinará a cubrir las urgencias de una agenda gubernamental cortoplacista y electoral.
En la cláusula quinta, del modelo de contrato se dice que el objeto es “la prestación de servicios específicos integrados con financiamiento de la Contratista, para la ejecución de obras, provisión de bienes y ejecución de Actividades de Supervisión de la Línea Referencial de Producción y Asistencia, de Optimización de Producción, de Recuperación Mejorada y de Exploración Adicional en el Área del Contrato”.
Aunque en el contrato se hace referencia a que Petroecuador será el “titular de la operación”, expertos del sector coinciden que resulta incompatible la existencia de dos operadores en un mismo campo, además de que ninguna empresa va a invertir en un proyecto que no lo controle, por ello consideran que la mención en el contrato de que la empresa pública mantendrá la operación, sería un simple camuflaje, para intentar ocultar la privatización de los campos.
Alto riesgo e irresponsabilidad, son expresiones de varios sectores de profesionales, para quienes el proyecto contiene una sobredosis de optimismo y aventura, pues resulta iluso hablar de duplicar el volumen de reservas con recuperación mejorada, si aún no se ha hecho el proyecto piloto que asegure la validez de las técnicas y el comportamiento de los yacimientos. Además, rechazan la suscripción de un solo contrato para cuatro actividades: supervisión de la producción base, recuperación secundaria, terciaria, e incluso exploración adicional en el precretácico. Lo primero que debía hacer Petroecuador directamente es contratar la modernización de toda la infraestructura obsoleta, luego contratar directamente con empresas calificadas las actividades de recuperación secundaria, y emprender en un plan piloto de recuperación mejorada. La existencia de exploración adicional, desnaturaliza el contrato de servicios específicos y lo convierte en un contrato de prestación de servicios.
El Estado a través de Petroecuador cubrirá a la contratista tres tarifas distintas, una de esas, es muy novedosa, se la llama: “Supervisión de la Línea Referencial de Producción y Asistencia”, el esotérico nombre, es la misma tarifa por producción de la curva base, contemplada en el anterior contrato del campo Sacha con Pdvsa. Es decir la contratista empezará a recibir recursos del Estado desde el primer día del contrato, por hacer lo mismo que ha hecho Petroecuador. Quien va a operar el campo es la contratista, Petroecuador será el supervisor.
El modelo de contrato para los campos maduros es una caricatura del contrato de Prestación de Servicios, inaugurado este año, solo que con el membrete de contrato de servicios específicos, en cuyo caso Petroecuador no tiene capacidad jurídica para celebrar los mismos, pues ello le corresponde a la Secretaría de Hidrocarburos.
La participación de las empresas privadas en la operación de los campos petroleros puede autorizarse excepcionalmente, en los casos previstos en la ley, según lo dispone el art. 316 de la Constitución. Como tales casos no han sido tipificados, los contratos de prestación de servicios carecen de sustento legal, de la misma manera que la contratación directa.
Al igual que los contratos de prestación de servicios renegociados con las compañías extranjeras, incluido el de Sacha, el pago de una tarifa incluyendo un rubro de amortización anticipada de inversiones, a ser cubierta desde la vigencia del contrato y no luego que se hayan realizado las inversiones comprometidas, implica que el Estado cofinanciará esas inversiones, al margen de la ley.
La clausula 8.3 del contrato revela claramente que la verdadera operadora será la contratista, pues a Petroecuador se le asignan responsabilidades únicamente de apoyo a ella y de facilitar su trabajo. A Petroecuador se le otorga la “titularidad de la operación”, a efectos de que responda ante el propio Estado y a terceros, sobre las consecuencias de la operación que en la práctica le corresponde a la contratista.
Nuevas aliadas de la revolución ciudadana
Las tres compañías seleccionadas, son de alto ranking en la prestación de servicios petroleros a nivel mundial, aunque también de sendas críticas, al menos dos de ellas. En Ecuador Schlumberger fue acusada ante los organismos de control de provocar perjuicios al Estado en la perforación de pozos horizontales fallidos y con sobreprecio en el campo Sacha.

Pero sin duda, los cuestionamientos a Halliburton son de tamaño internacional. El Pentágono y el FBI investigan a la compañía por beneficiarse con más de U$ 16 mil millones en contratos en Irak, durante la ocupación militar norteamericana, que le costó al país árabe más de un millón de vidas. También se reveló que Dick Cheney, ex Vicepresidente de George Bush, recibió U$ 36 millones cuando dejó su cargo de administrador de Halliburton.

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