Anayeli García Martínez (CIMAC)

Organizaciones civiles se congratularon por la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y urgieron al Ejecutivo federal a publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En rueda de prensa, las y los activistas destacaron la importancia de contar con un marco normativo que proteja a defensores y periodistas, y aunque reconocieron que el Estado reaccionó tarde confiaron en que se eviten más agresiones y asesinatos.
El pasado lunes la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta ley que crea un mecanismo para proteger de forma inmediata a las personas agredidas por su labor en defensa de los Derechos Humanos (DH) o por ejercer el periodismo.
De acuerdo con Alejandro Cerezo, coordinador de la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acudeh), las organizaciones que intervinieron en la elaboración de esta ley están satisfechas con el trabajo realizado.
El defensor advirtió que con la nueva legislación el Estado tiene la obligación de brindar medidas de protección.
Brisa Maya, directora del Centro de Comunicación Social (Cencos), lamentó que esta ley llegue tarde al igual que las recomendaciones de organismos de libertad de expresión tras la muerte o la desaparición de una persona.
Precisó que la sociedad civil no se puede quedar sin propuestas ante asesinatos como el de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, quien fue hallada muerta en su domicilio el pasado 28 de abril.
Cabe recordar que en noviembre de 2010 la Secretaría de Gobernación (Segob) firmó un acuerdo para la creación de un mecanismo de protección para periodistas, y otro en julio de 2011 para resguardar a las y los defensores de DH. Ambos siguen pendientes.
A decir de las y los activistas, una vez que esta ley entre en vigor los anteriores acuerdos se desecharán y sólo quedará el mecanismo de protección de la ley, mismo que contempla a ambos grupos de la población y establece reglas mínimas de operación.
Por separado, la organización internacional Artículo 19 criticó en un comunicado la aprobación de la nueva ley por considerar que duplica los mecanismos de protección ya establecidos por la Segob.

La organización acusó que este marco normativo no ataca la impunidad y es una “idea reduccionista de la protección”.