La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales

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sábado, 4 de agosto de 2012

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía. 
Marcelo Saguier / ALAI
La oposición a la minería:  uno de los escenarios
de conflictividad socio-ambiental.
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).
No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.
Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.
La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.
La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.
El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.
El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad
La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).
La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.
Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.
Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.
La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera  524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.
El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.
Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.
El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.
En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).
En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.
 
Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.
 
– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Publicado por Con Nuestra América

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Exprimir África hasta la última gota: Detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua

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martes, 31 de julio de 2012

GRAIN – CEPRID

No se puede cultivar alimentos sin agua. En África, una de cada tres personas sufre de escasez de agua y el cambio climático empeorará la situación. El desarrollo en África de sistemas indígenas de manejo de aguas, altamente sofisticados, podría ayudar a resolver la crisis, pero son estos mismos sistemas los que están siendo destruidos por los acaparamientos de tierra a gran escala, en medio de afirmaciones de que el agua en África es abundante, que está subutilizada y que está lista para ser aprovechada por la agricultura para la exportación. GRAIN examina lo que hay detrás de la fiebre por las tierras en África y revela que hay una lucha mundial por algo que, cada vez más, es considerado una mercancía más preciosa que el oro o el petróleo: el agua.

El río Alwero en la región de Gambela, en Etiopía, proporciona tanto un sustento como una identidad a los pueblos indígenas Anuak, quienes han pescado en sus aguas y cultivado sus riberas y las tierras colindantes durante siglos. Algunos Anuak son pastores, pero la mayoría son agricultores que se trasladan hacia las áreas más secas en la temporada de lluvias antes de retornar a las riberas del río. Este ciclo agrícola estacional ayuda a nutrir y mantener la fertilidad de los suelos.
También ayuda a estructurar la cultura en torno a la repetición de las prácticas de cultivo tradicionales, relacionadas con las lluvias y las crecidas de los ríos, en la medida que cada comunidad se preocupa de su propio territorio y del agua y tierras agrícolas a su interior. Una nueva plantación en Gambela, de propiedad del multimillonario árabe, Mohamed al-Amoudi, es regada con agua que se extrae del rio Alwero. Miles de personas dependen, para su sobrevivencia, del agua del río Alwero y los planes de riego industrial de Al-Moudi podrían acabar con el acceso que tienen a ella. En abril de 2012, la tensión provocada por el proyecto explotó cuando un grupo armado emboscó las instalaciones de la compañía de Al-Moudi, Saudi Star Development Company, dejando cinco personas muertas.
La tensión en el sur oeste de Etiopía ilustra la importancia central que tiene el acceso al agua en la fiebre global que existe por la tierra. Oculta detrás de la disputa actual por la tierra, existe una lucha a nivel mundial por el control sobre el agua. Aquellos que han estado comprando extensas superficies de tierras agrícolas en los años recientes, ya sea que residan en Adís Abeba, Dubai o Londres, entienden que el acceso al agua que ellos obtienen, muchas veces gratis y sin restricciones, puede tener a largo plazo un mayor valor que las tierras mismas.
En años recientes, compañías de Arabia Saudita han estado adquiriendo millones de hectáreas de tierra en el extranjero para producir alimentos para enviar de vuelta a su país. A Arabia Saudita no le falta tierra para producir alimentos. Lo que le hace falta al Reino es agua y sus compañías la buscan en países como Etiopía. Empresas de India como Karuturi Global, con su sede en Bangalore, están haciendo lo mismo. Los acuíferos a lo largo del sub-continente indio han sido vaciados durante décadas de riego no sostenible. Se asegura entonces que la única forma de alimentar a la creciente población de India es mediante el abastecimiento proveniente de la producción de alimentos en el extranjero, donde el agua tiene mayor disponibilidad.
“Lo valioso no es la tierra”, dice Neil Crowder de Chayton Capital, con sede en Reino Unido y que ha estado adquiriendo tierras agrícolas en Zambia. “El real valor está en el agua”.1
Y las compañías como Chayton Capital piensan que África es el mejor lugar para encontrar esa agua.
El mensaje que se repite en las conferencias de inversionistas en tierras agrícolas alrededor del mundo, es que en África el agua es abundante. Se dice que los recursos de agua de África están considerablemente subutilizados y listos para ser explotados por proyectos de cultivos para la exportación.
La realidad es que un tercio de los africanos ya vive en ambientes con escasez de agua y es probable que el cambio climático aumente estos números significativamente. Los acuerdos de cesión de tierra masivos pueden robarle el acceso al agua a millones de personas y se corre el riesgo de agotar los recursos de agua más valiosos del continente. Todos los tratos por tierras en África involucran operaciones de agricultura industrializada a gran escala, que consumirán cantidades masivas de agua. Casi todos ellos están ubicados en las cuencas de los ríos más grandes, con acceso al riego. Ocupan tierras fértiles y frágiles en los humedales o se ubican en áreas más áridas donde pueden extraer agua de los grandes ríos. En algunos casos las fincas tienen acceso a aguas subterráneas a través del bombeo. Estos recursos de agua son vitales para los agricultores, pastores y otras comunidades rurales locales. Muchos ya no tienen un acceso adecuado al agua para su sustento. Si hay algo que aprender del pasado es que estos mega sistemas de riego no sólo pueden poner en riesgo el sustento de millones de personas de comunidades rurales, sino que son una amenaza para las fuentes de agua dulce de toda una región.
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Cuando el Nilo se seca
Pocos países en África han recibido más interés extranjero en sus tierras agrícolas que aquellos que son regados por el río Nilo. El río más largo de África, el Nilo es vital especialmente para Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Uganda y ya es una fuente importante de tensiones geopolíticas, agravadas por los numerosos proyectos de riego a gran escala en la región. En 1959, Gran Bretaña estableció un trato colonial que dividió los derechos de agua entre Sudán y Egipto. Egipto obtuvo más que Sudán, mientras que otros países fueron excluidos completamente. A Egipto se le asignó tres cuartos del flujo promedio anual y Sudán obtuvo el otro cuarto. Se construyeron sistemas de riego masivo, en ambos países, para cultivar algodón y exportar al Reino Unido. En los años 60, Egipto construyó la poderosa represa de Asuán para regular el flujo del Nilo en Egipto y aumentar las oportunidades de riego. La represa logró sus metas, pero también detuvo el flujo de nutrientes y minerales que fertilizaban el suelo de los agricultores de Egipto, aguas abajo.
En Sudán, los estados del Golfo financiaron un aumento adicional de la infraestructura de riego a lo largo del Nilo entre los años 60 y 70, en un esfuerzo por convertir a Sudán en el “granero del mundo árabe”. Esto no tuvo éxito y actualmente la mitad de la infraestructura de riego de Sudán se encuentra abandonada o subutilizada. Tanto Sudán como Egipto producen sus alimentos a partir de la agricultura de riego, pero ambos enfrentan serios problemas por la degradación y salinización de los suelos, mal drenaje y contaminación inducida por los sistemas de riego. Como resultado de todas estas intervenciones, el Nilo ya no entrega más su escasa agua al Mediterráneo. En su lugar, ahora el agua salada retrocede hacia el delta del Nilo, dañando la producción agrícola.
La cuenca del Nilo, económica, ecológica y políticamente frágil, ahora es el blanco de una nueva oleada de proyectos agrícolas a gran escala. Tres de los principales países de la cuenca – Etiopía, Sudán del Sur y Sudán – en conjunto ya han entregado millones de hectáreas en la cuenca y están poniendo más en oferta. Para poner esta tierra en producción, se necesita que toda sea regada. La primera interrogante que debe ser contestada es si hay suficiente agua para hacer esto. Pero nadie de los involucrados en los negocios de las tierras, ya sean éstos los acaparadores de tierras o aquéllos que ofrecen las tierras para ser acaparadas, parecen haber pensado mucho en esta pregunta. El supuesto es que existe abundante agua y que los recién llegados pueden extraer todo lo que necesiten.
Etiopía es la fuente de alrededor de 80% del agua del Nilo. En su región de Gambela, en la frontera con Sudán del Sur, corporaciones tales como Karaturi Global y Saudi Star ya están construyendo grandes canales de riego que aumentarán enormemente la extracción de agua del Nilo desde Etiopía. Estos son sólo dos de los actores involucrados. Un cálculo sugiere que si toda la tierra que el país ha entregado es puesta en producción y bajo riego, esto multiplicaría el uso de los recursos de agua dulce para la agricultura por un factor de nueve2
Aguas abajo, en Sudán del Sur y Sudán, alrededor de 4,9 millones de hectáreas de tierra han sido entregadas a corporaciones extranjeras desde 2006. Ésta es un área mayor que todos los Países Bajos. Más al norte, Egipto también está entregando tierras e implementando nuevos proyectos de irrigación propios. Queda por ver cuánto de todo esto será realmente puesto en producción y bajo riego, pero es difícil imaginar que el Nilo pueda soportar esta embestida.
Cifras confiables acerca de cuánto riego es realmente posible y sostenible, son difíciles de encontrar. FAO, en varias publicaciones y en su base de datos Aquastat, entrega cifras de “potencial de riego” y riego efectivo por país y cuenca hídrica. La Tabla 1 presenta las cifras para los principales países de la cuenca del Nilo y los compara con la cantidad de tierra que ya ha sido entregada.
Las cifras tienen que tomarse con cautela. Una limitación que presentan las cifras de riego de la FAO es que están basadas en datos entregados por cada país. Los criterios sobre los cuales fueron establecidos varían ampliamente – algunos se basan en la tierra disponible, otros en el agua disponible y otros en los costos económicos. Por otra parte, el “potencial” no toma en cuenta que los países río arriba podrían sobre-utilizar sus recursos hídricos, lo cual afectaría la cantidad de agua que los países aguas abajo recibirían. Y queda por verse si todas las tierras entregadas serán realmente puestas bajo producción y riego a medida que las compañías se retiren, los proyectos colapsen o si la tierra está siendo adquirida sólo con propósitos de especulación.
No obstante, las cifras de FAO dejan en claro que los recientes tratos por tierras superan por mucho la disponibilidad de agua en la cuenca del Nilo. La FAO establece 8 millones de hectáreas como el “valor máximo” total disponible para todo el riego en los diez países de la cuenca del Nilo. Pero los cuatro países indicados en la tabla, por si solos, ya han establecido infraestructuras de riego para 5.4 millones de hectáreas y ahora han entregado 8.6 millones de hectáreas de tierra adicionales. Esto requeriría mucha más agua que la que está disponible en toda la cuenca del Nilo y equivaldría, nada menos, que a un suicidio hidrológico.
La disponibilidad de agua es un asunto altamente estacional para la mayoría de las personas de África. Pero las estaciones secas y húmedas quedan ocultas por los “promedios” y los “potenciales” de las cifras citadas. La mayoría del 80% de las aguas del Nilo que se originan en las tierras altas de Etiopía proviene de las lluvias y fluyen al río entre junio y agosto. Las comunidades locales han adaptado sus sistemas agrícolas y pastoriles para hacer un uso óptimo de las fluctuaciones estacionales. Pero los nuevos terratenientes, provenientes del extranjero, quieren agua todo el año, con varias cosechas al año si es posible. Construirán más canales y represas para hacerlo posible.
También tienden a desarrollar cultivos que necesitan cantidades masivas de agua como la caña de azúcar y el arroz. En total, esto significa que consumirán mucho más de lo que los potenciales y los promedios sugieren, poniendo las cifras de la FAO, citadas más arriba, bajo una perspectiva incluso más alarmante. (Ver cuadro 1: Extracción de agua: El tipo agricultura equivocado y cuadro 2: La meurte del Mar de Aral)
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Tabla 1: La cuenca del Nilo:
Riego, potencial de riego y tierra cedida – cantidades en número de hectáreas
País Potencial de Riego Ya regado Tierras entregadas desde 2006 superávit/ déficit Comentarios
Etiopía 1 millón 312 mil 500 84 mil 640 3 millones 600 mil -2 millones 372 mil 140 El potencial de riego se refiere aquí al “potencial económico” de la cuenca del Nilo en Etiopía, lo cual no toma en cuenta la disponibilidad de agua. De acuerdo a la FAO el total de Etiopía tiene un potencial de riego de 2.7 millones de hectáreas tomando en cuenta los recursos de agua y tierra. La gran mayoría de las tierras entregadas está en la cuenca del Nilo.
Sudán y Sudán del Sur 2 millones 784 mil 1 millón 863 mil 4 millones 900 mil -3 millones 979 mil Virtualmente toda el agua es del Nilo. Aquastat de FAO señala que en el año 2000, el total del área equipada para riego era de 1 millón 863 mil hectáreas, pero sólo alrededor de 800 mil hectáreas, o 43 % del área total, está realmente regada debido al deterioro de la infraestructura de riego y drenaje.
Egipto 4 millones 420 mil 3 millones 422 mil 178 140 mil 857 mil 822 Aquastat de la FAO señala que existen planes en marcha para el riego adicional de 150 mil hectáreas en Sinai, como parte del proyecto de Al-Salam y 228 mil hectáreas en el alto Egipto en Thoshky, entre otros. Esto llevaría al país rápidamente a copar su potencial de riego – o a sobrepasarlo.
Total para los cuatro países 8 millones 516 mil 500 5 millones 398 mil 818 8 millones 640 mil -5 millones 493 mil 318 La FAO, comentando sus propias cifras, señala que las cifras del potencial de riego deben ser consideradas con prudencia y son, probablemente, mucho más bajas. Establece el potencial de riego total de todos los países en alrededor de 8 millones de hectáreas, pero “incluso estos 8 millones de hectáreas son una estimación muy optimista y debe ser considerado como un valor máximo”.
Fuente: Cifras de riego de Aquastat de FAO y FAO: “Potencial de Riego en África: un enfoque de cuenca” Las cifras sobre entregas de tierra son del conjunto de datos de GRAIN sobre acaparamiento de tierra 2012, y otras fuentes.
El Níger, otra fuente de vida en riesgo
Otra parte de África que es blanco de los agronegocios, son las tierras a lo largo del Río Níger. El Níger es el río más grande de África Occidental y el tercero más grande en toda África, superado sólo por el Nilo y el Congo. Millones de personas cuentan con este río para la agricultura, la pesca, el comercio y como fuente principal de agua. Mali, República del Níger y Nigeria son los países más dependientes del río, pero otros siete países en la cuenca del Níger comparten sus aguas. El río es extremadamente frágil y ha sufrido bajo la presión de las represas construidas por el hombre, el riego y la contaminación. Expertos hídricos estiman que el volumen del Níger se ha reducido en un tercio durante las últimas tres décadas solamente. Otros indican que el río podría perder otro tercio de su flujo a consecuencia del cambio climático. 3
En Mali, el río se expande por un amplio delta, tierra adentro, el cual constituye la principal zona agrícola de Mali y uno de los humedales más importantes de la región. Es aquí donde “Office du Niger” está ubicado y donde muchos de los proyectos de acaparamiento de tierras se concentran. Office du Niger contiene más de 70 mil hectáreas regadas, principalmente para la producción de arroz. Es el sistema de riego más grande de África Occidental, y usa una parte sustancial de toda el agua del río, especialmente durante la estación seca.
Malibya, una subsidiaria del fondo de capital soberano libio, obtuvo una concesión a 50 años renovable que cubre 100 mil hectáreas en Office du Niger. El gobierno de Mali entregó la tierra gratuitamente, con acceso ilimitado al agua, por una pequeña cuota por uso. En el año 2009, Malibya había terminado un canal de riego de 40 km, el cual parte en la misma fuente que alimenta todos los campos de arroz de los pequeños agricultores en Office du Niger. Estos pequeños canales de riego, los cuales son usados para regar los huertos de los grupos de mujeres agricultoras, fueron cerrados cuando se construyó el canal de Malibya.4 Aunque el proyecto fue suspendido cuando el régimen de Khadafi colapsó en el año 2011, los representantes del nuevo gobierno de Libya estuvieron en Mali en enero de 2012, para asegurar a las autoridades de Mali de que ellos mantendrían las “buenas” inversiones en el país.5
En 1990, FAO estimó que el potencial de riego de Mali proveniente del Níger en un poco más de medio millón de hectáreas.6 Pero ahora, debido a la mayor escasez de agua, expertos independientes concluyeron que la totalidad de Mali tiene capacidad para regar solamente 250 mil hectáreas.7 El gobierno de Mali ya ha cedido 470 mil hectáreas a compañías extranjeras de Libya, China, Reino Unido, Arabia Saudita y otros países en los últimos años, virtualmente todas en la cuenca del Níger. En el año 2009, anunció que aumentaría aún más el área de tierras regadas en el país, en la alucinante cantidad de uno a dos millones de hectáreas.
Un estudio de Wetlands International calcula que, con los efectos del cambio climático y los proyectos de infraestructura planificados, más del 70% de las planicies de inundación del delta interior del Níger se perderán, con un impacto dramático sobre la capacidad de Mali para alimentar a su población.8 Los que sufrirán más son los más de un millón de agricultores y pastores locales que ahora dependen del río Níger y de su delta interior para sus cultivos y rebaños.
¿Hidro-colonialismo?
Las cuencas del Nilo y el Níger son sólo dos ejemplos de la masiva entrega de tierras y derechos de agua. Las áreas donde se concentra el acaparamiento de tierras coinciden estrechamente con los sistemas de ríos y lagos más grandes del continente y, en la mayoría de estas áreas, el riego es un prerrequisito para la producción comercial.
El gobierno etíope está construyendo una represa en el río Omo para generar electricidad y regar una gigantesca plantación de caña de azúcar; un proyecto que amenaza a los cientos de miles de personas nativas de la región que dependen del río, aguas abajo. También amenaza vaciar el lago de desierto más grande del mundo, el Lago Turkana, alimentado por el río Omo. En Mozambique el gobierno aprobó una plantación de 30 mil hectáreas a lo largo del río Limpopo, la cual habría afectado directamente a los campesinos y pastores que ahora dependen del agua. El proyecto fue cancelado porque los inversionistas no se presentaron, pero el gobierno está buscando a otros que se hagan cargo. En Kenya, una tremenda controversia ha surgido por los planes del gobierno de repartir inmensas áreas de tierra en el delta de Río Tana con desastrosas consecuencias para las comunidades locales que dependen del agua del delta. La ya degradada cuenca del río Senegal y su delta han sido objeto de entregas de cientos de miles de hectáreas de tierras, poniendo al agronegocio en directa competencia por el agua con los agricultores locales. La lista sigue y crece día a día. La Tabla 2 muestra una selección de los casos más importantes.
Peter Brabeck-Letmathe, el Presidente de Nestlé, señala que estos negocios son más por el agua que por la tierra: “Con la tierra viene el derecho de extraer el agua ligada a ella; en muchos países, es esencialmente una ganga que en forma creciente puede llegar a ser la parte más valiosa del negocio.”9 Nestlé es un líder del mercado de agua embotellada, incluyendo Pure Life, Perrier, S. Pellegrino y una docena de otras. Ha sido acusado de extracción ilegal y destructiva de agua suberránea y de hacer miles de millones de dólares de ganancia con aguas a bajo costo, mientras que los costos ambientales y sociales han recaído sobre las comunidades.10
En un futuro no muy distante, el agua se convertirá en “la más importante clase de activos físicos basados en materias primas, minimizando al petróleo, cobre, materias primas agrícolas y metales preciosos.” señala el economista jefe de Citigroup, Willem Buiter. No sorprende entonces que muchas corporaciones se apresuren tanto en firmar acuerdos por tierras que les entregan un amplio control sobre el agua de África. Especialmente cuando los gobiernos africanos están, básicamente, regalándola. Las corporaciones entienden lo que está en juego. Hay “baldes de dinero” para recoger gracias al agua, sólo si puede ser controlada y convertida en una mercancía. (Ver recuadro Agua Virtual y ¿Acaparando créditos de carbono?)
El secreto tras el que se esconden las negociaciones por las tierras hace difícil conocer exactamente qué se está entregando a las compañías extranjeras. Pero a partir de aquellos contratos que se han filtrado o hecho públicos, es posible ver que los contratos tienden a no contener, en lo absoluto, mención específica alguna de los derechos de agua, dejando a las compañías en libertad de construir represas y canales de riego a su discreción, a veces con una vaga referencia a “respetar las leyes y regulaciones sobre el agua”11 Éste es el caso en los acuerdos firmados entre el gobierno de Etiopía y tanto Kuruturi como Saudi Star en Gambela, por ejemplo. En algunos contratos, una cuota mínima a pagar es acordada por el uso del agua, pero sin ninguna limitación sobre la cantidad de agua que puede ser extraída. Solamente en raros casos hay mínimas restricciones impuestas durante la temporada seca, cuando el acceso al agua es muy crítico para las comunidades locales. Pero aún en instancias donde los gobiernos pueden tener la voluntad política y capacidad para negociar condiciones para proteger a las comunidades locales y al ambiente, esto se hace cada vez más difícil debido a los tratados internacionales sobre comercio e inversiones, que otorgan a los inversionistas extranjeros poderosos derechos en este respecto.12
Alto al acaparamiento del agua
Si no se pone un alto total al acaparamiento de la tierra y el agua, millones de africanos perderán su acceso a las fuentes de agua de las cuales depende su sustento y sus vidas. Pueden ser desalojados de las áreas en donde se realizan las concesiones de tierra y agua o su acceso a las fuentes tradicionales de agua puede ser bloqueado por rejas, canales y diques recién construidos. Esto ya está pasando en Gambela, en Etiopía, donde el gobierno está desalojando, a la fuerza, a miles de personas desde sus territorios ancestrales para hacer lugar a la agricultura de exportación. Para el 2013, el gobierno desea desalojar a 1,5 millones de personas de sus territorios en todo Etiopía.13A medida que las excavadoras se muevan hacia las tierras recientemente adquiridas, esto se convertirá en una característica cada vez más común de las áreas rurales de África, generando más tensiones y conflictos sobre los escasos recursos de agua.
Pero el impacto llegará mucho más allá de las comunidades inmediatamente afectadas. La reciente oleada de acaparamientos de tierra es nada menos que un desastre ambiental en construcción. Simplemente no hay suficiente agua en los ríos ni en las napas de agua de África para regar todas las tierras recientemente adquiridas. Si se ponen en producción, estas plantaciones del siglo 21 rápidamente destruirán, vaciarán y contaminarán las fuentes de agua en todo el continente. Tales modelos de producción agrícola han generado enormes problemas de degradación de suelos, salinización y problemas de drenaje en donde sea que hayan sido aplicadas. India y China, dos brillantes ejemplos a los cuales África está siendo empujada a imitar, están ahora en una crisis de agua como resultado de sus prácticas originadas por la Revolución Verde. Más de 200 millones de personas en India y 100 millones en China dependen de los alimentos producidos mediante bombeo excesivo de agua14. Temiendo el agotamiento de las fuentes de agua o tal vez el agotamiento de las ganancias, compañías de ambos países están mirando al África para la producción futura de alimentos.
África no está en condiciones para soportar tal imposición. Más de un tercio de los africanos vive con escasez de agua, y los suministros de alimentos del continente están sujetos a sufrir más que otros debido al cambio climático. Construir sobre la base de los sistemas indígenas de manejo de agua altamente sofisticados presentes en Africa, podría ayudar a resolver esta creciente crisis, pero estos son los mismos sistemas que están siendo destruidos por el acaparamiento de tierras. Los defensores de los acuerdos de cesión de tierras y de los mega sistemas de riego argumentan que estas grandes inversiones deben ser bienvenidas como una oportunidad para combatir el hambre y la pobreza en el continente. Pero utilizar excavadoras para darle lugar a los cultivos de exportación que requieren uso intensivo de agua no es y no puede ser una solución al hambre y la pobreza. Si la meta es aumentar la producción de alimentos, entonces hay amplia evidencia de que esto puede ser logrado en forma mucho más efectiva, construyéndola sobre los sistemas tradicionales de manejo de aguas y de conservación de suelos de las comunidades locales.15 Sus derechos colectivos y tradicionales sobre la tierra y las fuentes de agua deben ser fortalecidos y no pisoteados.
Pero no se trata de combatir el hambre y la pobreza. Esto es un robo a gran escala de los mismos recursos – tierra y agua – que las personas y comunidades de África deben poder administrar y controlar para enfrentar los inmensos desafíos que tienen por delante en este siglo.
Más antecedentes:
Fred Pearce, The Landgrabbers: The new fight over who owns the Earth, Eden Project, 2012.
Fred Pearce, When the rivers run dry: What happens when our water runs out? Eden Project, 2006
Water Alternatives, Junio 2012: Número especial: Water grabbing? Focus on the (re)appropriation of finite water resources Transnational Institute (TNI), Marzo 2012. The global water grab: A primer
http://www.farmlandgrab.org Noticias e información sobre acaparamientos de tierra a gran escala. Actualizado diariamente. Mantenido por GRAIN como un proyecto para compartir investigaciones y monitoreo, abierto a sus contribuciones y participación.
Cuadro 1: Extracción de agua: El tipo agricultura equivocado
Si la historia tiene algo que enseñarnos, es que la agricultura industrial que los acaparadores de tierra están ahora promoviendo a través de África y el resto del mundo simplemente no es sostenible. En Pakistán, el Imperio Británico desarrolló el área bajo riego más grande del mundo para producir materia prima para las fábricas de algodón en Inglaterra. Después de la independencia, el nuevo gobierno, respaldado por generosos financiamientos del Banco Mundial, expandió aún más los sistemas de represas y canales en el poderoso río Indus, a un nivel tal que el río en la actualidad riega el 90% de todos los cultivos en el país. Aparte de convertir al país en uno de los mayores exportadores de algodón del mundo, los gigantescos sistemas de riego también permitieron expandir los cultivos de trigo y arroz usando variedades vegetales y tecnologías originadas por la Revolución Verde de los años 60. Pero hubo un precio que pagar. El Indus transporta 22 millones de toneladas de sal cada año, pero descarga sólo 11 millones de toneladas en su salida al Mar Arábigo. El resto, casi una tonelada por año por hectárea regada, permanece en los campos de los agricultores, formando una costra blanca que mata a los cultivos. Hasta ahora, un décimo de los campos de Pakistán ya no pueden ser usados para la agricultura, un quinto están gravemente anegados y un cuarto son de baja productividad. Más aún, la extracción de agua es tan intensa que hace muchos años que el Indus no alcanza a fluir hasta el mar.
Al otro lado de la frontera con India, la situación es, posiblemente, aún más dramática. Las aguas que regaron la Revolución Verde en India se bombearon desde pozos profundos. Las nuevas variedades y cultivos que reemplazaron a los sistemas nativos de cultivo llevaron el consumo de agua subterránea del país a niveles peligrosos y totalmente insostenibles. Estimaciones recientes indican que la extracción anual para el riego llega a 250 kilómetros cúbicos por año, alrededor de 100 kilómetros cúbicos más que lo que es restituido por las lluvias. Como resultado, las reservas de agua subterránea de India se están agotando, forzando a los agricultores a perforar aún más profundo cada año. En conjunto, un cuarto de los cultivos de la India se desarrollan usando agua subterránea que no es restituida.
Campos de trigo en el desierto saudita. En enero de 2008, Arabia Saudita decidió reducir su producción de trigo en 12,5% al año, abandonando un antiguo programa a 30 años para producir por cuenta propia, habiendo alcanzado el autoabastecimiento al costo de vaciar las escasas fuentes de agua del desierto del reino. Arabia Saudita consume alrededor de 2,7 millones de toneladas de trigo al año. Foto: Planète à vendre (Planeta en Venta).
La situación no es mucho mejor en Estados Unidos. Las plantaciones de maíz y de soja que dominan el medio oeste del país han causado que el nivel de la napa de agua caiga sustancialmente. California, con sus plantaciones interminables de árboles frutales, bombea 15% más agua que la que reponen las lluvias. Pero tal vez la situación en ninguna parte es más dramática que en el Medio Oriente. Arabia Saudita no tiene lluvias o ríos de los cuales hablar, pero posee vastos acuíferos de”agua fósil” bajo el desierto. Durante los años 80, el gobierno Saudí invirtió 40 mil millones de dólares de sus ganancias del petróleo para bombear esta valiosa agua y regar un millón de hectáreas de trigo. Más tarde, en los años 90, con el fin de alimentar a la industria ganadera que brotó por todo el desierto, muchos agricultores se cambiaron a la alfalfa, un cultivo que necesita aún más agua. Estaba claro que el milagro no podía durar; los acuíferos pronto colapsaron y el gobierno, en su lugar, decidió externalizar su producción de alimentos hacia África y otras partes del mundo. Alrededor de un 60% del agua fósil del país fue malgastada en el proceso. Se fue y se perdió para siempre.16
Cuadro 2: La muerte del Mar de Aral
El que fuera el cuarto lago más grane del mundo, el Mar de Aral, a lo largo de las fronteras de Kazajstán y Ubequiztán, en Asia Central, se ha reducido a una fracción de lo que era su tamaño anterior debido al mal manejo de los recursos de agua, incluyendo el desvío a gran escala de los ríos para regar cultivos de exportación. Las consecuencias incluyen serios problemas ecológicos, económicos y de salud.
Desde los años 60, el Mar de Aral en Asia Central, ubicado en lo que es ahora Kazajstán y Ubequiztán, ha sido despojado de más agua de la necesaria para mantener su nivel de agua. Solía ser uno de los cuatro lagos más grandes del mundo. El agua dulce que alguna vez reabastecía este mar es usada por los países vecinos para producir cultivos de exportación, principalmente algodón. Grandes cantidades de agua que provenían de los dos principales ríos que alimentaban el Mar de Aral, han sido desviadas hacia el desierto con el fin de regar alrededor de 2,5 millones de hectáreas de tierra. En los años 60, el Mar de Aral recibía alrededor de 50 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce por año. A comienzos de los años 80 no recibía nada. En los años 90 la superficie del área del Mar de Aral ya se había redujo a la mitad y su volumen había caído un 75 por ciento. Su salinidad se cuadruplicó, impidiendo la sobrevivencia de la mayoría de los peces y la vida silvestre del lugar. El desecamiento del Mar de Aral ha llevado a la pérdida de la pesca, la contaminación del agua y del suelo y la presencia de niveles peligrosos de contaminación por sedimentos en el aire (partículas cargadas de sal y de pesticidas). Además, el nivel de la napa de agua subterránea regional ha caído y muchos oasis cerca de la costa del Mar de Aral han sido destruidos.
Hacia 1990, más del 95% de los pantanos y los humedales en la región habían dado paso a la arena de los desiertos. Los habitantes de las comunidades adyacentes enfrentaron graves problemas de salud. La tasa de mortalidad infantil es una de las más altas del mundo.17
Cuadro 3: Agua Virtual
La agricultura es el uso más importante del agua dulce en el mundo. En muchos países la producción de alimentos y otras materias primas agrícolas representa el 80% del uso del agua dulce. Los expertos le han puesto el nombre de “agua virtual”: la cantidad de agua que está embebida en los alimentos u otros productos necesarios para su producción. Las cantidades son inmensas. Por ejemplo, para producir un kilo de trigo necesitamos alrededor de mil litros. Para la carne, necesitamos alrededor de 5 a 10 veces más. Para producir suficientes granos de café para una taza de café se requieren 140 litros de agua. La cantidad de agua necesaria para producir el algodón necesario para un solo par de jeans, es una enormidad de 5 mil 400 litros.18 Así, el comercio en mercaderías agrícolas equivale al comercio en agua virtual. Los economistas neo liberales argumentan que el comercio internacional de mercancías agrícolas es la manera más eficiente de ahorrar agua, ya que los cultivos pueden crecer en los lugares donde los requerimientos de agua sean menores, es decir, en países donde no se necesita riego, porque llueve mucho. Pero la realidad del comercio del agua virtual es claramente diferente. Europa, un continente no notoriamente seco, es uno de los principales importadores de agua virtual en el mundo, a menudo, de lugares donde se experimentan sequías o escasez de agua. Se estima que para el Reino Unido, los dos tercios de toda el agua que necesita su población vienen embebida en los alimentos importados. El resultado es que, cuando la gente compra flores de Kenya, carne de Botswana o fruta o verduras de lugares de Asia y América Latina, pueden estar agravando las sequías y socavando el esfuerzo de los países por cultivar alimentos por si mismos.19 “Observamos las tierras agrícolas y dijimos: Para nosotros, esta es, probablemente, la forma más eficiente de obtener una exposición al agua. Cuando realmente se analiza la compra de una finca, a fin de cuentas es una jugada por el agua” J. Minaya, Director general Global Private Markets de TIAA-CREF en la conferencia sobre la tierra del Banco Mundial, 2011.20
Cuadro 4: Acaparando creditos de carbono
Herakles Farm planea cortar y reemplazar 800 kilómetros cuadrados de bosque lluvioso y tierras agrícolas con monocultivo de árboles para establecer una plantación de palma aceitera en los territorios de los pueblos de Oroko, Bakossi y Alto Bayang en las divisiones de Ndian, Koupé-Manengouba y Manyu en Camerún con grandes impactos sobre aproximadamente 52 mil personas indígenas en 88 aldeas. Fuente: Cultural Survival Foto: Save Wildlife
El grupo agro industrial Herakles American Farms accedió a más de 73 mil hectáreas de tierras agrícolas en el Sur Oeste de Camerún para producir palma aceitera.21 De acuerdo a una ONG local, Center for Environment and Development (CED), la compañía obtiene gratuitamente el derecho de uso de cantidades ilimitadas de agua en su concesión de tierras. Pero Herkles también obtiene algo más con este negocio: el derecho a beneficiarse de los bonos de carbono que la compañía pueda obtener con su plantación de palma aceitera, con el gobierno comprometiéndose a proporcionar prontamente “todos los certificados, concesiones, autorizaciones y otros apoyos”. Camerún no tiene aún una ley que regule su mercado de carbono, pero su gobierno ya cede los derechos a beneficios provenientes del creciente comercio internacional del carbono. CED pregunta acertadamente: “¿Por qué entregar el derecho a explotar la tierra y los derechos por carbono a una empresa, a tan bajo precio, cuando el estado podría ganar más, sin ninguna inversión especial y transformar el área en un proyecto REDD?”22
El creciente mercado del comercio del carbono y su mecanismo relacionado REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) perfectamente podrían hacer que la tierra sea más atractiva como un activo para los inversionistas extranjeros. Las Naciones Unidas toma en cuenta a las plantaciones de árboles y bosques y, por lo tanto, la palma aceitera y otras plantaciones podrían beneficiarse de los créditos de carbono. REDD y el mercado de comercio de carbono han sido objeto de duras críticas por tener un efecto contrario a lo que se entiende que fue creado: agravar en vez de disminuir la crisis climática. También, entregan un incentivo más a los fondos de agronegocios y de inversiones para apoderarse de la tierra y los recursos de agua en todo el mundo.
Tabla 2: Algunos acuerdos de cesión de tierras en África y sus repercusiones sobre el agua
Resumen del acuerdo Implicaciones sobre el agua Mozambique, Río Limpopo 30 mil hectáreas cercanas a la represa de Massingir entregadas a Procana para producción de caña de azúcar. El proyecto fue suspendido y el gobierno ahora está buscando nuevos inversionistas. Un estudio pone el total de los nuevos planes de riego debido a las diversas adquisiciones de tierra en 73 mil hectáreas. Un estudio concluyó que el Río Limpopo no lleva suficiente agua para todo el riego planificado y que sólo alrededor de 40 mil hectáreas adicionales pueden ser puestas bajo riego, lo cual es el 60% de los desarrollos previstos. Un uso adicional de agua, ciertamente impactaría a los usuarios aguas abajo y crearía tensiones [23] Tanzania, Río Wami A Ecoenergy se le ha otorgado una concesión de 20 mil hectáreas para desarrollar caña de azúcar. La compañía asegura que el tamaño del proyecto ha sido reducido ahora a 8 mil hectáreas. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto, reveló que la cantidad de agua que Econenergy requería extraer del Río Wami para riego durante la temporada seca era excesiva y reduciría el flujo del río. El EIA también predice un aumento de los conflictos locales relacionados tanto con el agua como con la tierra [24] Kenya, Ciénaga de Yala (Lago Victoria) Dominion Farms (EUA) estableció su primera finca en un predio de 7 mil hectáreas en el área de la Ciénaga de Yala en Kenya, área que le fue entregada por 25 años. Las comunidades locales que viven en el área acusan estar siendo desplazadas sin compensación, estar perdiendo el acceso al agua y a los pastos para su ganado, estar perdiendo el acceso al agua potable y recibiendo la contaminación proveniente de las fumigaciones aéreas de fertilizantes y agroquímicos. Continúan luchando para recuperar sus tierras y para que Dominion se vaya. [25] Etiopía/Kenya, Río Omo y Lago Turkana El gobierno de Etiopía está construyendo una enorme represa en el río Omo para producir electricidad y regar 350 mil hectáreas de agricultura comercial, incluyendo 245 mil hectáreas para una gigantesca plantación estatal de caña de azúcar. Conocida como “Gibe III”, la represa ha provocado una tremenda oposición internacional debido al daño ambiental que causará y al impacto que tendrá sobre los pueblos indígenas que dependen del río. Descendiendo desde la planicie central de Etiopía, el Río Omo sigue un curso de meandros a través de Etiopía suroccidental antes de vaciarse en el Lago Turkana de Kenya, el lago de desierto más grande del mundo. El Río Omo y el Lago Turkana son esenciales para la vida de más de medio millón de agricultores, pastores y pescadores originarios de la región. La represa Gibe III ahora amenaza su sustento y formas de vida. La construcción de la represa comenzó en 2006. Estudios sugieren que regar 150 mil hectáreas bajaría el nivel del Lago Turkana en 8 metros en 2024 y si se riegan 300 mil hectáreas, el nivel del lago disminuirá en 17 metros, amenazando el propio futuro del lago que tiene una profundidad promedio de solamente 30 metros. [26] Etiopía, Río Nilo[27] Múltiples inversionistas extranjeros, incluyendo los siguientes, en la región de Gambela:
• Karuturi Global Ltd de India, que obtuvo una concesión de 50 años renovable por 100 mil hectáreas con una opción por otras 200 mil hectáreas.
• Saudi Star de Arabia Saudita obtuvo 140 mil hectáreas y está tratando de obtener más.
• Ruchi Group de India firmó un contrato por 25 años por 25 mil hectáreas en la misma área. Etiopía ha entregado alrededor de 3.6 millones de hectáreas. La gran mayoría de éstas están en la cuenca del Nilo, incluyendo la región de Gambela. La FAO ubica el potencial de riego de la cuenta del Nilo en Etiopía en 1.3 millones de hectáreas. De este modo, si toda la tierra ofrecida es puesta en producción y bajo riego, las plantaciones extraerán más agua que la que el Nilo puede conducir. Los primeros que perderán serán las comunidades locales. El gobierno ha iniciado un “programa de reasentamiento en aldeas” en el cual se reubicarán, a la fuerza, 70 mil personas originarias de la región de Gambella occidental. Las nuevas aldeas carecen de fuentes de alimentación, de tierras agrícolas, de acceso a la salud y de instalaciones educacionales adecuadas. Sudán y Sudán del Sur, Río Nilo Múltiples inversionistas, incluyendo Citadel Capital (Egipto) Pinosso Group (Brazil), ZTE (China), Hassad Food (Qatar), Foras (Arabia Saudita), Pharos (EAU) y otros. El total de los negocios en tierras documentado por GRAIN alcanza a 3.5 millones de hectáreas en Sudán y 1.4 millones de hectáreas en Sudán del Sur. En conjunto Sudán y Sudán del Sur tienen alrededor de 1.8 millones de hectáreas bajo riego, extrayendo virtualmente todo desde el Nilo. La FAO calcula que, en conjunto, Sudán y Sudán del Sur tienen un potencial de riego de 2.8 millones de hectáreas. Pero GRAIN identificó 4.9 millones de hectáreas que han sido cedidas a inversionistas extranjeros en los dos países desde 2006. Por supuesto, considerando la reciente situación de tensión política, queda por verse si esta tierra será puesta en producción. Pero si incluso sólo una parte de ésta lo es, claramente no hay suficiente agua en el Nilo para regarla toda.
Egipto, Río Nilo GRAIN documentó la adquisición de alrededor de 140 mil hectáreas de tierras agrícolas por agronegocios sauditas y de los Emiratos Árabe Unidos (EAU) en Egipto para producir alimentos y forraje para exportación por Al Rajhi y Jenat (Arabia Saudita), Al Dahra (EAU) y otros. Egipto es totalmente dependiente del agua del Nilo para su producción de alimentos. Actualmente el país tiene alrededor de 3.4 millones de hectáreas bajo riego y la FAO calcula que tiene un potencial de riego para 4.4 millones de ha. Aún tiene que importar mucho de sus alimentos. El país está continuamente expandiendo su área agrícola, incluyendo el proyecto Toshka para transformar 234 mil hectáreas del desierto del Sahara en tierra agrícola en el su y el Canal Al Salam para regar 170 mil hectáreas en el Sinaí. A pesar de la preocupación sobre la necesidad de agua para alimentar a su propia población, el gobierno egipcio ha firmado acuerdos para entregar al menos 140 mil hectáreas a las empresas de agronegocios de los estados del Golfo para producir alimento y forraje para exportar. Es difícil ver cómo esto puede ser compatible con la alimentación de su propia población.
Kenia, Delta delRío Tana El gobierno ha entregado derechos de tenencia y propiedad de 40 mil hectáreas de tierra del Delta de Tana a TARDA (Tana River Developmente Authority) la que acordó una iniciativa conjunta con la compañía Mumias Sugar para establecer plantaciones de caña de azúcar. Una segunda empresa azucarera, Mat International, está en proceso de adquirir 30 mil hectáreas de tierra en el Delta del Tana y otras 90 mil hectáreas en distritos adyacentes. La compañía no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental ni social. Bedford Biofuels Inc, de Canadá, está buscando un acuerdo de cesión por 45 años por 65 mil hectáreas de tierra en el Distrito del Río Tana para transformarlas en fincas de biodesiel, cultivando principalmente jatropha. El Tana es el río más grande de Kenia. Su delta cubre un área de 130 mil hectáreas y está entre los humedales más valiosos de África. Es el territorio de dos tribus dominantes, los pastores Oma y los agricultores Pokomo. De acuerdo a un estudio, más de 25 mil personas que viven en 30 aldeas están en riesgo de ser erradicadas de sus tierras ancestrales que ahora han sido dadas a TARDA. El impacto de estos proyectos agrícolas intensivos son numerosos y producen problemas tanto ambientales como sociales. Incluso la Evaluación de Impacto Ambiental de Mumias se pregunta si la extracción de agua de riego propuesta desde el Río Tana puede ser mantenida durante los meses secos y los períodos de sequía. Un flujo reducido podría dañar los ecosistemas aguas abajo, disminuir el agua disponible para el ganado y la vida silvestre y provocar un aumento de los conflictos, tanto inter tribales como entre los humanos y la vida silvestre [28]
Mali, Delta Interior del Níger[29] GRAIN ha documentado la adquisición de 470 mil hectáreas de tierra agrícola en Mali por parte de diferentes corporaciones de todo el mundo. Estas incluyen Foras (A. Saudita); Malibya (Libia); Lonrho (Reino Unido), MCC (EUA), Farmlands of Guinea (Reino Unido), CLETC (China) y varias otras. Virtualmente todas estas están en “Office du Niger” ubicado en el Delta Interior del Níger, un inmenso delta que constituye la principal área agrícola de Mali. La FAO ubica el potencial de riego de Mali proveniente del Níger en alrededor de medio millón de hectáreas. Pero debido al aumento de la escasez de agua, expertos independientes concluyen que Mali tiene la capacidad hídrica para regar solamente 250 mil hectáreas. El gobierno ya ha cedido derechos por 470 mil hectáreas en el delta – todas para ser regadas. Y ha anunciado que 1 a 2 millones de hectáreas adicionales están disponibles. Un estudio de Wetlands International calcula que el efecto combinado del cambio climático y todos los proyectos planificados para infraestructura de agua resultarán en la pérdida de más del 70% de las tierras de inundación del delta. Senegal, cuenca del Río Senegal GRAIN ha documentado la adquisición de 375 mil hectáreas de tierras agrícolas por parte de inversionistas de China (Datong Trading), Nigeria (Dangete Industries), Arabia Saudita (Foras), Francia (SCL) e India. Muchos de los acuerdos sobre tierras se ubican en la cuenca del río Senegal la cual es la principal área productora de arroz bajo riego en el país. Alrededor de 120 mil hectáreas en el área son adecuadas para la producción de arroz bajo riego y cerca de la mitad de éstas están siendo cultivadas bajo riego actualmente. FAO calcula que el río tiene un potencial de riego total de 240 mil hectáreas. Unesco informa que los ecosistemas de las planicies de inundación del río Senegal están en condiciones delicadas debido a la construcción de represas: “En menos de diez años, la degradación de estos ambientes y las consecuencias sobre la salud de la población local han sido dramáticas.” Sacar más agua del río para producir cultivos de exportación empeorará una situación que ya es mala. [30] Camerún El grupo agro-industrial Herakles American Farms obtuvo más de 73 mil hectáreas de tierras agrícolas en el sur-oeste de Camerún para producir palma aceitera. De acuerdo a las ONGs locales, el contrato da a las compañías “el derecho a uso del agua, en cantidades ilimitadas en la tierra concedida”. Concluyen que desde un punto de vista contractual la compañía tiene claramente la prioridad sobre las comunidades locales cuando acceden al agua y temen que el impacto ambiental y socio económico será severo. En 2011, la juventud local salió a las calles para bloquear las excavadoras en protesta. El alcalde de Toko, quien está en el área afectada por los acuerdo de cesión de tierras, puso la atención en el impacto sobre las principales cuencas hidrográficas del país. “Esta particular área es una de las más importantes cuencas hidrográficas de Camerún. No necesitamos las fincas SG SOC o Herackles en nuestra área.” [31]
Referencias
1. Neil Crowder, CEO Chayton Africa, Zambia Investment Forum, 2011, http://vimeo.com/38060966
2. Oakland Institute, diciembre 2011, “Landgrabs leave Africa thirsty” (El acaparamiento de tierras deja a África sedienta”).
3. Fred Pearce, “When the rivers runs dry” (Cuando los ríos se secan) Eden Project, 2006. P. 146
4. Oakland Institute and Polaris Institute, Dic. 2011: Land Grabs Leave Africa Thirsty (El Acaparamiento de tierra déjà un África sedienta)
5. GRAIN, conjunto de datos sobre acaparamiento de tierras del 2012.
6. FAO 1997 “Irrigation potential in Africa: A basin approach” (Riego potencial en África: Un enfoque de cuenca)
7. Citado en SIWI, 2012, “Land acquisitions: How will they impact transboundary waters?” (Adquisiciones de tierra: ¿cómo impactarán en el agua transfronteriza.
8. Wetlands International. L. Zwarts 2010. “Will the inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?” (¿Se secará el delta interior del Nïger debido al cambio climático y el uso de agua río arriba?)
9. Política Externa, 15 de abril de 2009. La siguiente gran cosa: H2O
10. En 2001, residentes de la región de Serra da Mantiqueira de Brasil, investigando los cambios en el sabor de sus aguas y el completo secamiento de una de sus vertientes, descubrieron que Nestlé/Perrier estEn 2001, residentes de la región de Serra da Mantiqueira de Brasil, investigando los cambios en el sabor de sus aguas y el completo secamiento de una de sus vertientes, descubrieron que Nestlé/Perrier estaba bombeando inmensas cantidades de agua de un pozo profundo de 150 metros en un Circuito de Aguas local cuyas aguas subterráneas tienen un alto contenido mineral y propiedades medicinales. El agua había sido desmineralizada y transformada en agua de mesa por la marca “Pure Life” de Nestlé. El agua necesita usualmente cientos de años al interior de la tierra para ser enriquecida lentamente por los minerales. El exceso de bombeo disminuye el contenido mineral en los años siguientes. La desmineralización es ilegal en Brasil y después que el Movimento Cidadania pelas Aguas o Movimiento de Ciudadanos por las Aguas se movilizó, se abrió una investigación federal resultando en cargos en contra de Nestlé/Perrier. Nestlé perdió la acción legal, pero continuó bombeando agua mientras se defendía de los cargos a través de apelaciones. http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=240#water.
11. Para acceder a los contratos que hemos podido conseguir, ver: http://farmlandgrab.org/home/post_especial?filter=contracts
12. El asunto de la tierra y los derechos de agua en el contexto de los tratados internacionales de comercio e inversiones es discutido en más profundidad en : Carin Smaller y Howard Mann: ”A thirst for distant lands”, IISD, 2009 (“Una sed por las tierras lejanas”)
13. Human Rights Watch, 2012: ‘Waiting here for Death’. http://www.hrw. org/sites/default/files/reports/ ethiopia0112web_short.pdf
14. Fred Pearce, ‘When the Rivers Run Dry’ Eden Project, 2006. Ver también Recuadro 1:Extracción del agua, página dos de este informe.
15. Para más detalles y ejemplos, ver: Oakland Institute, diciembre 2011 ‘Landgrabs leave Africa thirsty’ op. cit.
16. Mucho de esta sección sobre extracción de agua, y los datos incluidos, se sacó del excelente libro de Fred Pearce sobre la crisis mundial del agua. “Cuando los ríos se secan” Eden Project Books, 2007.
19. John Vidal, The Guardian, 17 abril de 2010. “UK relies on ‘virtual water’ from drought-prone countries, says report”
20. Citado en Financial Times/alphaville “Willem Buiter thinks water will be bigger tan oil” 21 de julio de 2011.
22. Samuel Nguiffo, Brandon Schwartz, CED ‘Herakle 13th Labour? A Study of SGSOC’s Land
Referencias para la Tabla 2:
[23] Pieter van der Zaag et. Al. Elsevier 2010. “¿Tiene la Cuenca del Río Limpopo suficiente agua para el desarrollo de riego masivo en las planicies de Mozambique?” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474706510001555
[24] Oakland Institute, diciembre de 2011 “El acaparamiento de tierras deja sedienta a África”. http://www.oaklandinstitute.org/land-deal-brief-land-grabs-leave-africa-thirsty
[25] GRAIN 2012 Conjunto de datos sobre acaparamiento de tierras http://www.grain.org/e/4479
[26] International Rivers. Sitio web de la Represa Gibe 3: http://www.internationalrivers.org/africa/gibe-3-dam-ethiopia y Oakland Institute, diciembre de 2011 “El acaparamiento de tierras deja un África sedienta”. http://www.oaklandinstitute.org/land-deal-brief-land-grabs-leave-africa-thirsty.
[27] Para fuentes sobre la cuenca del Nilo, ver el texto principal
[28] Fuentes: tanariverdelta.org: http://www.tanariverdelta.org/tana/g1/projects.html; Leah Tember, UAB, 2009: “Dejémoslos comer azúcar: vida y sustento en el Delta del Tana de Kenya.” http://tinyurl.com/cdlcspn; Abdirizak Arale Nunow, 2011, “La dinámica de los negocios de tierra en el delta del Tana, Kenya” http://tinyurl.com/d42rfqf
[29] Para fuentes sobre la cuenca del Níger, ver el texto principal
[30] Fuentes: GRAIN, 2012, op cit, FAO, Aquastat op. Cit, y Unesco “Cuenca del Río Senegal” http://webworld.unesco.org/water/wwap/case_studies/senegal_river/
[31] Infosud: “Cameroun: les terres de la discorde louées aux Americains” http://tinyurl.com/c82ae2m y : Nganda Valentine Beyoko, Alcalde del Concejo de Toko, comunicación personal, 26 de marzo de 2012.

Publicado por ARGENPRESS

Pueblos originarios: Consejo Plurinacional Indígena denuncia falta de consulta al regular el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales

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miércoles, 16 de mayo de 2012

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Félix Díaz de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh de Formosa y miembro del Consejo Plurinacional Indígena hizo llegar a COPENOA el comunicado elaborado por los diferentes Pueblo Originarios preocupados por las medidas inconsultas que desde el Ejecutivo Nacional se pretende imponerles mediante la reforma del Código Civil.

“La Presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil Argentino. El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos.” Declaran los referentes indígenas a COPENOA.
A continuación manifiestan: “Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los Pueblos Indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. Estas son algunas de las razones:
Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI.
Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.
Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.
Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas.
Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDIGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”…reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas…” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexistentes.
Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “…está sujeto a previa información y consulta a las comunidades…” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”.
En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios.
Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario, luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país, concluyeron los dirigentes en su comunicación con COPENOA.
Al grito de Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!, firmaron su documento :
Elias Maripan – REGION SUR
Paz Argentina Quiroga – REGION CUYO
David Sarapura – REGION NORTE
Nilo Cayuqueo – REGION Pcia de BsAs
Nestor Juan Angel – REGION CHACO
Jorge Nahuel – Confederación Mapuche (Neuquén)
Luis Alberto Angel – UNIS Unidad Norte Indígena en Salta (Salta)
Horacio Osores – Organización Warpe Waro (Mendoza)
Jorge Mamani – CPI Kolla de la Puna de Jujuy (Jujuy)
Alejandra Castro – CPI Kolla de la Puna de Jujuy
Lorenzo Canaviri – Organización Kolla Qollamarka (Salta)
Eduardo Nievas – Comunidad Indigena Amaicha del Valle (Tucuman)
Catri Duarte – Mburuvicha de Tekoa Ka`aguy Miri rupa (Misiones)
Ignacio Prafil – Lofce Fvta Anekon (Rio Negro)
Juan Ramos – Consejo de la Nación Guarani (Misiones)

Felix Diaz – Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (Formosa).

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La izquierda acepta o rechaza el informe de la Royal Society sobre el futuro

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miércoles 2 de mayo de 2012

Rómulo Pardo Silva (especial para ARGENPRESS.info)

Ambas posiciones la dejan frente a consecuencias duras y enormes responsabilidades.

Después de 21 meses de trabajo especialistas de la Royal Society de Londres llegaron a la firme conclusión de que vienen años oscuros para la humanidad y que para enfrentarlos hay que estabilizar la población y reducir el consumo mundial (1).
La población el 2050 tendrá 2.300 millones de personas más, la suma de las que viven en India y China, y de construirles ciudades para un millón de habitantes habría que levantar una cada cinco días. Un objetivo entonces, dicen, es controlar su crecimiento mediante el uso de anticonceptivos voluntarios y sacando de la pobreza absoluta a los actuales 1.300 millones de pobres como única forma de que modifiquen su conducta reproductiva.
El uso de recursos naturales debe equilibrarse, afirman, disminuyendo el consumo en los países desarrollados.
La depredación de la naturaleza llevará a un caos. Hace dos décadas se pescaba 30 millones de toneladas métricas de jurel, hoy 3 millones. En los últimos 30 años China agotó el 60% de sus reservas de tierras raras.
¿Está de acuerdo la izquierda del primer mundo con el documento? ¿Y la de los países del sur en relación a los sectores sociales ya acomodados?
Se ven expresiones de jóvenes, trabajadores, estudiantes, políticos, intelectuales, condenando la recesión, el menor crecimiento económico, la baja de su consumo. En Francia Hollande defiende el estímulo a la reactivación contra la política de ajuste. En Estados Unidos hay descontento porque la recuperación económica es muy lenta. Más trabajo, ingreso, bienestar, consumo. Más destrucción de recursos.
Es lo opuesto a lo que se necesita según la investigación. Aparentemente muy pocos piensan en un cambio radical que salga de la continuidad.
La respuesta de una mayoritaria hoy podría ser desestimar las conclusiones de la investigación. Negar las necesidades que surgirán con 2.300 millones de humanos más, afirmar que hay recursos suficientes para crecer o mantener la producción y el consumo, decir que se puede cambiar la curva de población sin terminar con la pobreza extrema.
Dar validez al documento significa para la izquierda el compromiso de defender y ejecutar las dos medidas fundamentales propuestas por la Real Society. Y ponerlo en duda asumir la responsabilidad por lo que venga.
Referencia:
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Entrevista a Camille Chalmers: En Haití, está en juego un nuevo escenario de colonización

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miércoles 25 de abril de 2012

Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

Mario Hernández (MH): Hace unos días que arribaste a Buenos Aires. Ayer tuviste una reunión vinculada al próximo Río + 20.

Camille Chalmers (CCH): Llegué el 24 de marzo para participar en un Seminario convocado por Jubileo Sur y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de reflexión, de intercambio de opiniones sobre el tema del medio ambiente, en preparación de la Cumbre de los Pueblos que se hará en Río de Janeiro del 15 al 23 de junio, paralelamente a la reunión de los Jefes de Estado a partir del 20 de junio.
MH: Veinte años después de la primer cumbre.
CCH: En realidad la primera fue en 1972, pero la de 1992 tuvo un impacto muy importante porque la opinión pública mundial tomó conciencia de la importancia del medio ambiente, del cual se está haciendo un gerenciamiento muy negativo que incluso amenaza la sobrevivencia del planeta.
Realmente es un momento muy importante, pero también hay que decir que en 20 años no ha cambiado nada, al contrario, estamos en retroceso y en un mundo cada vez más guiado por el mercado, por las ganancias de las transnacionales, por la sobreexplotación de los recursos naturales y por el desprecio a la vida y la civilización. Un verdadero proceso de retroceso y saqueo de las riquezas de los pueblos y de recolonización de nuestros países. Es un momento muy importante para tomar conciencia de lo que significa este aniversario y qué tipo de movilización podemos hacer.
El capitalismo no puede ser verde, nunca lo ha sido ni lo será
MH: Hace tiempo estoy preocupado y consultando a distintos especialistas y economistas, como lo sos vos, también lo he charlado mucho con Julio Gambina, el tema de la llamada economía verde; esta nueva presentación de una suerte de capitalismo ecológico o preocupado por la ecología que de alguna manera está tiñendo la publicidad del Río + 20 oficial. Me gustaría que te refirieras a este tema porque creo que es muy importante generar conciencia y es poco conocido el contenido real de lo que significa la economía verde.
CCH: Es una manipulación conceptual y básicamente quiere decir que el capitalismo y los mercados pueden resolver los problemas del medio ambiente, lo que es totalmente falso porque el problema básico que tenemos es que estamos en un mundo atravesado por las ganancias capitalistas que produjo el tipo de producción y saqueo que conocemos. La respuesta del sistema ha sido decir: ‘nosotros, los capitalistas, podemos resolver el problema’ y el mecanismo que están proponiendo es la mercantilización de la naturaleza poniéndola dentro de mecanismos de mercado, es decir, dar un precio al aire, a los ríos, a todos los bienes naturales e introducir mecanismos de intercambio monetario alrededor de esos bienes, lo que es totalmente escandaloso.
Es un proceso normal dentro de la lógica capitalista para responder a la crisis de la caída de la tasa de ganancia, es un proceso donde hay que mercantilizar todo transformándolo en mercancías para obtener beneficios económicos y, por supuesto, cuando hacemos esto, destruimos los bienes naturales y estamos en un proceso de sobreconsumo de esas riquezas lo que va a agravar la crisis ambiental que estamos conociendo.
Es muy importante denunciar este proceso que como te decía es una manipulación porque el capitalismo no puede ser verde, nunca lo ha sido y nunca lo será, porque su lógica es no tener en cuenta la vida, los ciclos biológicos de reproducción de la naturaleza y somete todo a la lógica del saqueo y la explotación. Hay que comenzar a tomar conciencia que la única manera de empezar a resolver la crisis ambiental es saliendo del capitalismo.
Haití fue el primer pueblo que se alzó por los Derechos Humanos para todos
MH: Como Secretario Ejecutivo de la Plataforma de Apoyo para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA) te voy a hacer una pregunta que supongo incómoda pero que creo importante porque se ha instalado la idea que el pueblo haitiano no está listo para la democracia. ¿Está Haití preparado para la democracia?
CCH: Es una reflexión enraizada en un desconocimiento total de la historia del pueblo haitiano. Durante nuestros 520 años de existencia hemos luchado por la emancipación, por la democracia, por el respeto a los Derechos Humanos y somos el primer pueblo que se alza para decir que los DD HH deben ser para todos, saliendo de la definición restrictiva de la Revolución Francesa que solo hablaba de ‘ciertos’ humanos, fundamentalmente los europeos, ya que no consideraban como tales a los africanos y asiáticos.
Esa primera revolución antiesclavista en 1804, proclama un derecho de universalización de los DD HH y contrarresta la lógica de acumulación de los imperios de esa época basada en la segmentación del mundo entre más y menos humanos y de un proceso de explotación de continentes enteros y despojo de Asia, Africa y América Latina. Fue una revolución que introdujo un cuestionamiento radical a la base misma de la explotación capitalista a nivel mundial y por eso fue rechazada, silenciada y atacada por los imperios.
Cuando los primeros ataques militares fracasaron, trataron de destruir la revolución haitiana a través de mecanismos económicos, con la deuda externa. En 1825 nos imponen las deudas que llaman de la Independencia, por las cuales Haití tiene que pagar 150 millones de francos oro que representaban el equivalente al presupuesto anual de la primera potencia económica de la época: Francia. Algo descomunal. Tres años después el servicio era impagable y Haití tuvo que recurrir a préstamos del sistema financiero en Londres.
A partir de 1828 entramos en el círculo vicioso y destructivo de la deuda y a lo largo del siglo XIX Haití destinó el 65% de sus ingresos a ese servicio. Una hemorragia financiera enorme que explica la imposibilidad de construir una Nación, infraestructura, servicios, etc.
Paralelamente, a partir de esta deuda, se construye todo un sistema de dominación, por ejemplo, Francia compra el café, el mayor producto de exportación de la época, a un precio de liquidación, con el argumento que si no podíamos pagar los servicios de la deuda, teníamos que venderles el café a un precio 3 veces menor que el del mercado. Todo un sistema de dominación, saqueo y extracción de valores para impedir la estructuración del país que representaba una amenaza para los intereses estratégicos de los imperios. Montan esta política para demostrar que Haití iba a fracasar, no era viable. Por eso desaparece de los manuales de historia y hay procesos de agresión para reinsertar la economía haitiana dentro de la lógica del sistema mundial. Una reinserción muy violenta que destruye y anula la victoria militar de 1804.
Para hacer una comparación, algunos años antes de este acuerdo Francia vende Louisiana por 60 millones de francos oro, un territorio mucho más grande que Haití al que le cobran 150 millones, un monto que no tenía nada que ver con los recursos del país y que va a actuar como un elemento de destrucción de la posibilidad de construir un Estado-nación. Es muy importante ver toda esta historia que desemboca al inicio del siglo XX en la ocupación militar por EE. UU. para controlar la cuenca del Caribe como su patio trasero y expulsar a las potencias europeas, entonces invade Haití en 1915 e impone un nuevo orden reestructurando el Estado, creando unas Fuerzas Armadas totalmente a su servicio y a partir de ese momento introducen a Haití dentro del mecanismo global de dominación imperialista y hasta ahora permanecemos en ese esquema.
Hay que subrayar que durante todo ese proceso el pueblo haitiano ha luchado, también contra la oligarquía local, contra la dominación imperial y siempre ha buscado construir una democracia moderna, incluso adelantada respecto de lo que viene del norte. El último ejemplo fue la lucha que desarrolló el pueblo haitiano contra la dictadura duvalierista, una dictadura del tipo de seguridad nacional como conocieron en la Argentina.
MH: Tengo el dato de 50.000 haitianos asesinados.
CCH: Sí y la destrucción del país, la persecución sistemática, la destrucción de instituciones como la Universidad que explica la emigración de muchos cuadros técnicos e intelectuales hacia Africa, Canadá y otros países. Esa dictadura cayó a raíz de una movilización muy fuerte del pueblo que rechazó esta dominación autocrática y reclamaba un sistema político abierto y participativo.
A partir de 1986, cuando cayó la dictadura duvalierista, EE. UU. y la oligarquía local comenzaron a agredir al movimiento popular, a asesinar dirigentes, a crear grupos paramilitares, a fomentar mecanismos de corrupción, de cooptación, para impedir que ese movimiento se desarrollara como un sujeto histórico de transformación.
Los que hoy hablan de democracia como lo hace EE. UU., fueron las fuerzas más antidemocráticas que impidieron hacer al pueblo haitiano una transformación real después de la dictadura duvalierista manteniendo los intereses estratégicos del imperio y la oligarquía local.
Es una historia que hay que conocer para ver que el pueblo haitiano siempre ha luchado con mucha lucidez y fuerza, construyendo organizaciones combativas como las campesinas que lucharon contra la ocupación norteamericana llegando a contar con 20.000 combatientes armados y con victorias militares contra el ejército norteamericano. Ese movimiento siempre ha sido excluido, marginado del juego político que es muy cerrado, monopolizado, que impide que el pueblo haitiano pueda expresarse e influir en las decisiones estratégicas sobre su porvenir.
MH: Hablabas sobre los Duvalier y hace pocos meses regresa Jean Claude, “Baby Doc”, ¿qué significa en el marco de la elección del nuevo presidente Michel Martelly?
CCH: En primer lugar hay que señalar que este regreso fue posible porque Jean Claude Duvalier fue acogido y protegido en Francia durante 25 años por las fuerzas del Servicio Secreto francés, a pesar que muchos ciudadanos haitianos y organismos de DD. HH. en Francia han tratado de enjuiciarlo por crímenes contra la humanidad y por robar los fondos del Estado, pero nunca pudieron desarrollar un proceso judicial. Hay que subrayar la complicidad del estado francés que se presenta como defensor de la democracia pero acoge a un dictador y lo protege de los reclamos de los ciudadanos haitianos.
Segundo, el regreso no fue casual. Entra dentro de un proceso de recomposición de la derecha política en Haití. Uno de los problemas de EE. UU. es que frente a la existencia de un movimiento popular dinámico, no había una fuerza política de derecha realmente estructurada y para ellos era una ocasión aprovecharse del fracaso desgobierno de Preval para recomponer la derecha y la presencia de JCD fue muy importante para lograrlo. La candidatura de Martelly es parte de ese mismo proceso.
Martelly era un cantante de carnaval, un outsider, no era un profesional de la política aunque había participado en el golpe de estado contra Aristide, apoyó a los militares y sus crímenes durante el período 1991-4 y siempre se ha declarado un nostálgico del duvalierismo. Desde su llegada al poder, el 14/5/2011, nombró en espacios estratégicos del Estado a remanentes de la dictadura duvalierista, hijos de duvalieristas famosos y su manera de dirigir el país está mostrando su deseo de regresar al período duvalierista, rechazando los cambios institucionales que se han dado entre 1986 y 2012.
La única ayuda real es la que brindan Cuba y Venezuela
MH: ¿Cómo se interpreta el acercamiento de Martelly al ALBA, sosteniendo que lo ha hecho para brindarle una mejor oportunidad de vida a los haitianos e incluso afirmando que países como EE. UU. no pueden oponerse a los intereses que Haití pueda integrar plenamente el bloque de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA)?
CCH: Es importante esclarecer que este acercamiento no es político ni ideológico, no tiene nada que ver con los objetivos del ALBA, es un acercamiento oportunista porque el programa Petrocaribe suministra a Haití un financiamiento importante que representa el 25% de las inversiones públicas y dentro de las “ayudas” que vienen del extranjero, este es el único flujo financiero que llega al Estado. La ayuda de EE. UU. y la Unión Europea transita por las ONGs.
MH: Se habla de entre 8000 y 10000 ONGs actuando en Haití.
CCH: Por lo menos, debe haber muchas más. Ya había muchas, pero después del terremoto hubo una invasión, son una multitud para aprovechar los fondos internacionales que llegaron después del terremoto.
MH: Me imagino que esa “ayuda” llega al pueblo haitiano en cuentagotas.
CCH: No llega porque está absorbida por los imperialistas y las burocracias de las ONGs. La única ayuda efectiva y real es la que brinda Cuba, sobre todo a través de la permanencia de la brigada médica y Venezuela a través de Petrocaribe. Para el Estado haitiano esta ayuda es prácticamente de vida o muerte. Desde el punto de vista político no ha cumplido con lo que ha declarado porque al llegar a Caracas dijo que iba a solicitar una integración plena al ALBA y lo no hizo, conservó el carácter de observador porque seguramente recibió presiones de EE. UU.
También hay que subrayar que el gobierno de Martelly se inscribe dentro de la dominación imperialista y es muy sumiso a esa visión aceptando la presencia de un “gobernador” como el ex presidente Clinton que dirige la política económica, que escoge donde van los financiamientos e incluso orienta las decisiones de política global.
MH: O sea que Clinton es el verdadero Presidente de Haití.
CCH: Sí, se ha dado un proceso de vaciamiento del Estado, de su debilitamiento y sustitución por instituciones extranjeras y se aprovechó de la presencia de la MINUSTAH y el terremoto. Noamí Klein habla del capitalismo del desastre y Haití es un ejemplo perfecto donde aprovechando la crisis post terremoto hay todo un proceso de marginalización del Estado, las empresas y las organizaciones sociales haitianas en todos los espacios de decisión y Martelly es cómplice de esta situación. No hace nada para ganar un espacio de soberanía.
“Los 5” son presos políticos
MH: Me llamó la atención la decisión de la Jueza Joan Leonard de permitirle a René González, uno de los 5 cubanos presos en EE. UU., la posibilidad de visitar a su hermano enfermo de cáncer en Cuba después de finalizar una condena de 13 años y de aplicarle una nueva de 3 adicionales en libertad condicional por la cual no podía abandonar territorio norteamericano, sin embargo, ahora le han permitido permanecer durante 2 semanas en La Habana coincidiendo con la visita del Papa a Cuba.
CCH: Primero hay que subrayar que todo el proceso de los 5 fue manejado de manera política, no fue manejado con criterios de justicia. Hubo múltiples violaciones del sistema judicial norteamericano, de convenios internacionales sobre la libertad de prisioneros, etc. Fue gracias a las presiones internacionales, de organizaciones solidarias en EE. UU. que finalmente se obtuvo esa liberación condicional. Es importante ver el doble lenguaje de EE. UU., que al mismo tiempo que habla de Derechos Humanos y democracia, en los hechos no se aplican. Conocemos el Patriot Act que es un retroceso histórico de varios siglos y en el caso de los 5 cubanos se evidencia que fue un hecho político muy influenciado por los “gusanos” de Miami y, por supuesto, se manejó sin tomar en cuenta los derechos de los acusados, la información sobre el caso, las declaraciones de Amnistía Internacional que lo analizó y afirmó que no había ninguna justificación de las condenas que fueron terribles: doble cadena perpetua más 10 años en algunos casos. Fueron tratados de manera inhumana con aislamiento total y prohibición de ver a sus familiares; además, el proceso se hizo en Miami, un lugar dominado por anticastristas. Fue un manejo inaceptable, totalmente injusto e inhumano. Son presos políticos, injustamente retenidos en EE. UU. y es muy importante que la ciudadanía mundial pueda unirse a esta causa firmando peticiones, por ejemplo, y haciendo reuniones informativas que permitan desnudar la política exterior de EE. UU., su naturaleza real. Es muy importante solidarizarse con los 5 héroes cubanos que hacían un trabajo de protección de su país, de prevención de los ataques terroristas organizados desde Miami que asesinaron mucha gente en Cuba, un trabajo patriótico que hay que saludar y felicitar. Están injustamente encarcelados desde 1998 y me parece una causa importante que debe movilizar a todos los que defendemos la justicia.
MINUSTAH: Es un escándalo que tropas de A. Latina estén siendo utilizadas en este proyecto de dominación
MH: Se ha conocido un informe sobre la violación de los DD HH por la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah). ¿Cuál es el contenido de ese informe?
CCH: Es un informe hecho por la Plataforma de DD HH en Haití que agrupa 12 instituciones y muestra que la Minustah en 8 años de presencia ha sido un instrumento permanente y sistemático de la violación de los derechos básicos del pueblo haitiano. Se ha evidenciado su participación directa en la violación masiva de niños y niñas y contra pobladores de barrios populares. Hay muchos expedientes, pruebas y testimonios que muestran que no son casos aislados sino sistemáticos y que se explican por la situación de ocupación militar. Es muy importante subrayar que la Minustah es parte de una sucesión de misiones militares en Haití desde 1992 y constituye una fuerza de ocupación con todo lo que esto significa de violencia y agresión contra el pueblo haitiano y su dignidad. Me parece un escándalo que tropas de América Latina estén siendo utilizadas en este proyecto de dominación.
MH: Entre ellas, tropas argentinas.
CCH: La mayoría de las tropas son brasileras, argentinas, chilenas, uruguayas, de Guatemala, Bolivia, así que es muy importante denunciarlo porque me parece muy grave y no solo hay una gran mentira alrededor de la naturaleza de esa fuerza sino que también constituye una especie de laboratorio, de experimento para justificar nuevas formas de presencia militar, instrumentalizando ejércitos latinoamericanos. Esa presencia se inserta dentro de la lógica global de militarización imperial de la cuenca del Caribe con la presencia masiva de nuevas bases militares en Panamá, Honduras, Curazao y la que se está construyendo en Santo Domingo.
MH: Ahora aparece otra en Argentina aunque fue negado por el gobernador Capitanich de la provincia del Chaco diciendo que se trata de un centro de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Resistencia.
CCH: Cualquiera sean los objetivos proclamados por el Consejo de Seguridad de promoción de los DD HH, de restablecer un clima de seguridad y estabilidad, de realizar elecciones democráticas, de relanzar la economía, controlar el narcotráfico, etc., todos han fracasado rotundamente. La Minustah no está contribuyendo, al contrario, es una fuerza de desestabilización del país y rechazada masivamente por el pueblo haitiano. Durante los 2 últimos años se dieron manifestaciones en casi todas las regiones del país para denunciar el comportamiento de esas tropas de ocupación y reclamar su retiro inmediato porque son tropas de atropello que han cometido múltiples violaciones a los DD HH. Son casos terribles por las consecuencias que tienen sobre la población, las familias y los niños víctimas. Por ejemplo, el caso del cólera, introduciendo una enfermedad que no existía en Haití, a través de soldados nepalíes, que ya mató a 7000 personas y afectó a 500.000, sobre todo en las comunidades rurales más alejadas que no tienen infraestructura sanitaria para luchar contra el cólera. Por supuesto, no reconocen su culpabilidad y participación en la introducción de la enfermedad. No hicieron nada para luchar contra ella. Cuando uno compara el presupuesto anual de U$S 800 millones al año y lo que hacía falta para luchar contra el cólera -U$S 125 millones- se da cuenta que no han enviado recursos financieros para ese fin. No solo es una negligencia culpable, criminal, sino también muestra el tipo de relación que tienen con el pueblo haitiano. Es evidente que la infraestructura de acceso al agua potable y sanitaria, podrían ayudar a disminuir el número de muertos y afectados. En Haití denunciamos esa presencia pero también hay grupos que se formaron para acusar formalmente y reclamar reparaciones indemnizatorias para todas esas familias. Hasta ahora Naciones Unidas ha rechazado esas quejas. Es una relación totalmente vertical que crea en el país una situación inaceptable desde el punto de vista de los DD HH y ese documento señala con una gran cantidad de pruebas todas las violaciones cometidas por la Minustah durante los últimos 8 años.
Reclamamos el retiro de la Minustah lo más rápidamente posible e indemnizaciones para todas las víctimas de su presencia.
MH: Se nos terminó el tiempo, te dejo el cierre de la entrevista.
CCH: Hago un llamado a las organizaciones argentinas para que apoyen el reclamo del pueblo haitiano exigiendo el retiro de las tropas latinoamericanas en general y de Argentina en particular. Sabemos que las organizaciones argentinas dan mucho valor a la libertad, a la dignidad de los pueblos y estoy seguro que si supieran realmente lo que está pasando en Haití no tendrían ninguna duda en apoyar nuestra lucha, que no es solo de nuestro pueblo sino por toda América Latina y el Caribe.
Lo que está en juego en Haití es un escenario nuevo de recolonización que amenaza a todos nuestros pueblos para controlar sus recursos y nuestros bienes naturales a través de imposiciones económicas de las instituciones financieras internacionales para exigir el pago de una deuda criminal e injusta que no debemos pagar.
Todo esto entra dentro del mismo sistema de recolonización y la Minustah es un elemento muy peligroso para el porvenir de la libertad y la soberanía de todos nuestros pueblos. Hay que tomar esta lucha al lado del pueblo haitiano como un momento fuerte frente a la amenaza de recolonización y contra los intereses estratégicos de nuestros pueblos.
Camille Chalmers es secretario ejecutivo de La Plataforma de Apoyo para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA).

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Los perversos versos de la minería. Delirios a gran escala: Correa en los laberintos de la megaminería

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martes 14 de febrero de 2012

Alberto Acosta

.

“Hemos perdido demasiado tiempo
para el desarrollo, no tenemos más
ni un segundo que perder, (…) los
que nos hacen perder tiempo
también son esos demagogos, no a
la minería, no al petróleo, nos
pasamos discutiendo tonterías.
Oigan en Estados Unidos, que
vayan con esa tontería, en Japón,
los meten al manicomio.”
Presidente Rafael Correa, Macas, 10.12.2011
En Ecuador, de lo que recuerdo, no ha habido nadie que haya promocionado con tanto entusiasmo y vehemencia la minería a gran escala o megaminería, como lo hace el presidente Rafael Correa. Ni siquiera el dictador Guillermo Rodríguez Lara, el inefable general Bombita, en cuyo gobierno, hace casi 40 años, se inició la exportación del petróleo amazónico, fue un paladín tan contumaz del extractivismo, como lo es Correa. El actual presidente ecuatoriano, que compara al oro por extraerse con el primer barril de petróleo de la Amazonía, pasará a la historia como uno de los mayores promotores del extractivismo del siglo XXI, que hermana a los gobiernos “progresistas” con los gobiernos neoliberales.
El presidente, “para confirmar con (sus) propios ojos, presencialmente, quién miente, quién dice la verdad,” sobre la minería, tuvo que “caminar casi una hora por el páramo con media centena de periodistas”, y con varios centenares de militares y policías, cerca de las lagunas de Quimsacocha. Luego de tan intensa y fugaz visita, el presidente comprendió a cabalidad de qué se trataba este proyecto y, en consecuencia, prontamente ratificó su respaldo “a la minería, pero con responsabilidad ambiental, y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno”. (1)
Con recursos públicos, directa o indirectamente, el gobierno promociona la megaminería de igual o mejor manera aún que los representantes de las transnacionales mineras. La lista de argumentos esgrimidos por el presidente en pro de la megaminería es larga. Y crece de semana a semana. Sus sabatinas recogen datos y cifras lanzados sin orden ni concierto. Eso explicará seguramente por qué muchos de sus argumentos resultan carentes de fundamentos, pero eso sí, no les faltan epítetos, descalificaciones e incluso amenazas en contra de quienes se han atrevido a destacar los riesgos de la megaminería.
El presidente no da entrevistas donde deba contestar a preguntas formuladas por periodistas expertos, tampoco formula tesis argumentadas ante la opinión pública que puedan ser rebatidas o apoyadas. Da sermones sabatinos ante un público pre-preparado y los adereza con insultos. Así no se hace democracia.
Analicemos algunas de las perlas presidenciales, tomando como referencia sus propias declaraciones sabatinas:
– “Saben cuál es el segundo país más desarrollado, ¿saben cuál? Australia, que tu bien sabes que es una potencia minera, y que la minería fue la que le ayudó a alcanzar el desarrollo y Australia es un continente con un inmenso capital ambiental. ¿De dónde saca los ingresos para mantener sus playas, sus praderas, etc.?, del ingreso minero. Entonces esto de que la minería destruye los países, reduce el nivel de vida no es sostenible”.(2)
No discutamos en qué lugar se encuentra Australia dentro la lista de países más o menos desarrollados. La primera constatación que debería haber hecho el presidente, si algo de geografía conoce, es la enorme diferencia en tamaño entre Australia y Ecuador. Por allí debió haber empezado. Como él mismo afirma, Australia es un continente. Tiene más de 7,6 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 20,6 millones de habitantes. Es por lo tanto un país con un territorio más de 25 veces superior al que tiene el Ecuador. La densidad poblacional es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. En Ecuador, por el contrario, por cada kilómetro cuadrado hay unos 57 habitantes. Esto explica por qué en nuestro país exista ya tanta conflictividad social con la megaminería como también sucede en otros países como los andinos, con mayores densidades poblacionales que Australia (con la excepción tal vez del norte desértico de Chile y de algunas zonas amazónicas).
Que la minería pueda haber ayudado a desarrollar Australia, puede ser cierto. Pero la minería no explica su desarrollo, ni ha sido ni es una de las fuentes principales de financiamiento de esa economía. La estructura de su aparato productivo habla por sí sola. El sector de los servicios representa el 60% del PIB, la industria el 20%, mientras que la minería apenas llega al 5%. Las exportaciones de minerales de este país no superan el 2,5 % del total.
Es interesante ampliar el horizonte. Hay investigaciones que demuestran que en muchos países en donde la minería representa más del 5% de las exportaciones, el crecimiento promedio del PIB per cápita en el largo plazo fue negativo. Las tasas promedio de crecimiento, en esos casos, están inversamente asociadas con la dependencia de un país en las exportaciones de minerales. Basta estudiar el Índice de Desarrollo Humano de países con alta dependencia de la minería como Zambia, Sierra Leona, Papua Nueva Guinea, Bolivia, Ghana o la República Democrática del Congo, para saber que minería no equivale a desarrollo.
Un dato que podría interesar al antiguo profesor de economía, es que el desarrollo medido por el PIB resulta engañoso. El PIB no resta los daños ambientales y el agotamiento de recursos; problemas que en el continente australiano no son nada despreciables, si no que lo digan los “aborígenes” australianos que sufren las consecuencias de esa actividad megaminera.
– En sexto lugar está Canadá, que es otra potencia minera, y es el país con más fuentes de agua dulce del mundo y con mayor cantidad de bosques creo o uno de los que tiene mayor cantidad de bosques.” (3)
Las anteriores reflexiones sobre Australia sirven también para Canadá, donde la contribución de la minería a la economía es reducida. Este país es aún más grande que el anterior: con 9,9 millones de kilómetros cuadrados es el segundo país de mayor extensión en el mundo. Pero tiene apenas 34 millones de habitantes. La densidad poblacional, en consecuencia, es de 3,4 personas por kilómetro cuadrado.
En Canadá, más de 150 años de explotación minera intensiva han causado una huella socioecológica irreparable, así como el despojo y desplazamiento sistemático de numerosos pueblos indígenas asentados milenariamente en ese territorio. En este país la industria minera genera actualmente hasta 60 veces más desechos que todas las ciudades de ese país reunidas.(4)
Además, existen más de 10.000 minas abandonadas, las que contaminan las aguas subterráneas y superficiales con metales tóxicos a niveles intolerables, permaneciendo allí por decenas e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación.(5) Su reparación exigiría una inversión de entre uno y seis mil millones de dólares.(6) En el caso de muchas minas abandonadas en el norte del país (algunas situadas en el corazón del frágil bosque boreal, cuyo equilibrio se encuentra amenazado por la actividad minera, entre otras), el Auditor General de Canadá reconoció que no será posible realizar una limpieza completa y definitiva debido a la falta de técnicas adecuadas.(7)
Aquí cabe un dato que debería ser motivo de atención del presidente y sus ínfulas mineras. En Canadá, varias empresas mineras, poco antes de concluir sus operaciones, se han declarado -oportunamente-, en bancarrota, dejando a cargo del Estado el tratamiento de millones toneladas de desechos. Adicionalmente, al recorrer la historia reciente de la minería industrial en este país uno se da cuenta de los riesgos de catástrofes económicas, ecológicas y sociales que conlleva la gran minería, entre otros problemas podemos mencionar los siguientes: son incontables los pueblos mineros abandonados, así como las rupturas de diques, las fugas de productos tóxicos de tratamiento e incluso radiactivos, las que han ocasionado destrucciones ambientales a gran escala.
Concluyamos con las palabras de Alberto Rabilota. Canadá es un “país de instituciones respetadas y respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados. ¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense; las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de depósitos e inversiones canadienses…”(8)
Habría sido mejor que el presidente recuerde el caso de Costa Rica, un país de tamaño y densidad de población más parecidos a Ecuador, que no tiene una suicida política extractivista. Allí se paró a tiempo el proyecto de mina de oro Crucitas, es decir se prohibió la megaminería a cielo abierto. Hoy en día ese país centroamericano sigue otro rumbo distinto al extractivismo. Y le va mejor que a Ecuador, a lo largo de los años.
– En primer lugar (está) Noruega. Noruega es petrolero, señores, para los que dicen no al petróleo, que mala suerte tener petróleo… (…) Noruega, país petrolero, que con su ingreso petrolero, además de dar salud, educación, carreteras, puede conservar una inmensa cantidad de bosques, gran parte de territorio noruego si no su mayoría está cubierto de bosques, ¿cómo puede mantener eso? gracias al ingreso petrolero. (9)
Para apuntalar sus argumentos mineros, el presidente recurre a un ejemplo especial en el mundo petrolero. Es conocido que entre los países petroleros no hay casos de éxito en términos de desarrollo. Noruega aparece como una excepción. Lo que no dice el presidente, es que ese país escandinavo, con algo más de 4 millones de habitantes, que incorporó el petróleo en su economía casi al mismo tiempo que Ecuador, en los años setenta del siglo pasado, en ese entonces ya era un país desarrollado.
Sin negar el aporte que representó el petróleo, tenemos que aceptar que en este caso la extracción de petróleo empezó y se expandió cuando ya existían una economía no petrolera desarrollada, sólidas instituciones económicas y políticas, con una sociedad igualitaria, en concreto sin inequidades comparables a la de los países petroleros o mineros del Sur global. Es decir, Noruega no se desarrolló por el petróleo.
Los ingresos petroleros noruegos, además, no provienen solamente de la explotación petrolera en Noruega. Las compañías Statoil y PETORo AS operan en diversas partes del mundo, obteniendo cuantiosas ganacias para dicho país.
Además, este es otro dato que desconoce u oculta el presidente, el grueso de los ingresos petroleros, que son muchos, no van al gasto corriente o a la inversión casa adentro. Noruega estableció hace más de dos décadas un fondo especial(10), que está integrado en el presupuesto del Estado, en tanto herramienta que fortalece el proceso presupuestario. Este fondo, por lo demás, está construido sobre instituciones sólidas y transparentes.
El fondo solo invierte en activos financieros en el exterior, procurando la diversificación del riesgo y la maximización de los retornos. Así se establece un marco fiscal de financiamiento de largo plazo para el manejo de los ingresos del petróleo. En el país invierte exclusivamente los réditos de las inversiones en el exterior. El Ministerio de Finanzas noruego es el encargado de lograr el menor efecto distorsionador posible del ingreso petrolero sobre el desenvolvimiento del resto de la economía. Por eso, el Ministerio está encargado de vigilar para que los ingresos del petróleo se traspasen de acuerdo con los retornos esperados del Fondo en el largo plazo.
El déficit no petrolero debe ser igual al retorno real de largo plazo del fondo (un 4% anual). El fondo solo puede ser utilizado para financiar el déficit no petrolero. Por otra parte, las transferencias del fondo al presupuesto fiscal son definidas por el Congreso, el superávit fiscal del año se envía al fondo, y el déficit, si lo hubiera, se cubre con recursos del fondo.
Es interesante anotar que el grueso del financiamiento del presupuesto del Estado noruego se logra con tributos y no con ingresos petroleros. En ese país la presión fiscal alcanzó el 43,6 %, en el año 2006. En Australia, simplemente para completar la información, la presión fiscal fue de 30,9% y en Canadá de 33,4% (En Ecuador, esta presión fiscal ha subido, acertadamente, y recién bordea el 13%). Esta presión fiscal, que refleja la relación tributos versos PIB, expresa la realidad fiscal en esos países. Allí sus presupuestos se financian sobre todo con ingresos tributarios pagados por quienes más ganan y más tienen, no fundamentalmente con ingresos de exportaciones mineras o petroleras.
El objetivo noruego es claro: manejar los ingresos del petróleo para sentar las bases de un incremento de la riqueza, asegurando las pensiones de las futuras generaciones para el momento en que se agoten sus reservas hidrocarburíferas. En otras palabras, los ingresos petroleros no se destinan principalmente a salud, educación, carreteras o conservación de bosques, como afirma el presidente.
– “¿Saben cuánto va a utilizar el proyecto el agua del río (en Quinsacocha)? Uno por ciento, porque se saca el agua y se la recicla, esa es la minería moderna”.(11)
El agua es un tema crítico en las operaciones mineras, por eso es de recurrente preocupación para el presidente. Por cierto también para los representantes de las empresas mineras. Él y ellos coinciden en sus argumentos… Por eso dicen que la minería no contaminará el agua.
El presidente se apuntala en la Ley Minera, que, según él, obliga a las empresas a devolver el agua a sus cauces en mejores condiciones de las que estaban antes de haberlas utilizado para procesar los minerales. El artículo 79 de dicha Ley no exige tal cosa.
La Ley, en ese artículo, exige lo siguiente:
“Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente.”
Una cosa es cumplir con límites permisibles de contaminación y otra es devolver el agua al cauce original en mejores condiciones que las tomadas para procesar los minerales. El problema es cómo se establecen los límites permisibles, cómo se evalúan sus efluentes y qué pasa si se incumplen las normas. El país tiene una amplia experiencia de irrespetos a las normas en materia petrolera. Por lo demás, tarde o temprano, este mismo gobierno u otros gobiernos, acosados por la necesidad de más ingresos fiscales, pueden llevar a que esta actividad sea permitida a costa de mayores impactos a las personas y la Naturaleza.
Si fuera verdad que la minería no contamina el agua, el presidente debería poder presentar ejemplos de proyectos similares de cobre u oro, en donde el agua no ha sido contaminada, se entiende proyectos en regiones con similares condiciones climáticas, hidrológicas, geológicas y mineralógicas.
Sin embargo, la realidad es más cruda. Resulta imposible evitar la contaminación masiva de las aguas de superficie y subterráneas alrededor de sitios mineros. En el mundo, no existe una mina industrial que no haya implicado contaminaciones del agua por productos tóxicos (por ejemplo metales pesados) o mediante el fenómeno conocido como drenaje ácido de mina o de roca; contaminaciones que afectan duramente, y en muchos casos de manera irreversible, a los ecosistemas circundantes a las zonas de explotación.
El drenaje ácido de mina -para información presidencial-, ocurre cuando las aguas de lluvia entran en contacto con minerales sulfurosos contenidos naturalmente en las rocas minadas (es decir las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie). Mientras estos minerales se encuentren en el subsuelo, no presentan amenaza alguna, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales.
En efecto, existe un alto riesgo de que las reacciones químicas producidas por el contacto entre la lluvia y la roca excavada provoquen una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. Las aguas ácidas fluyen a los ríos y corrientes subterráneas, acidificándolas. Esta acidificación puede ser catastrófica para la fauna y la flora acuáticas. Pero eso no es todo, este drenaje ácido de roca acelera a su vez la disolución en las aguas de los metales pesados extraídos del subsuelo (como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio) en general presentes en cantidad no desdeñables en las rocas removidas por la actividad minera. Estos tipos de contaminación son particularmente devastadores para el agua y pueden destruir los ecosistemas acuáticos durante cientos, e incluso miles de años.
La legislación de Wisconsin, en Estados Unidos, ha tomado la decisión de exigir -como condición de entrega de un permiso minero- la verificación de que una o más operaciones mineras se hayan ejecutado en total cumplimiento con las leyes ambientales pertinentes y que estas operaciones no causen ninguna “contaminación ambiental importante”, de conformidad con un informe financiado por las más grandes empresas mineras del planeta. Allí también se dice que se ha estudiado a más de 50 minas en un esfuerzo por encontrar un recinto en el que se pueda demostrar que cumple con estas condiciones; todas han sido rechazadas. Por ende, no se han otorgado licencias para la explotación minera y, por cierto, no se ha acabado la civilización, como amenaza el presidente.(12)
En síntesis, la actividad minera, acompañada de grandes obras de infraestructura, provoca contaminación de diversa naturaleza en el agua, los suelos y el aire, agudizando la deforestación y marcando profundamente el paisaje. Adicionalmente, la contaminación con metales pesados y drenaje ácido de mina ha afectado duramente a los ecosistemas circundantes a las zonas de explotación.
Cabe señalar que los grandes yacimientos identificados en el Ecuador están particularmente expuestos al riesgo de drenaje ácido de roca, puesto que son en su mayoría depósitos altamente sulfurosos. Por lo tanto, las contaminaciones del agua serán mucho más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de las cordilleras del Cóndor o la del Toísan, en donde se encuentran los mayores proyectos mineros del país: Mirador, Fruta del Norte y Panantza-San Carlos y Junín. También son particularmente sensibles las áreas de páramo, zonas de formación de las fuentes de agua del país, como sucede en Quimsacocha. Recuérdese que el 12,5% de las zonas de páramo del país ya está concesionado.
En cuanto al reciclaje del agua, si bien es cierto que las instalaciones mineras modernas cuentan con circuitos de recirculación, no dejan de consumir enormes cantidades del líquido vital, y generan grandes cantidades de desechos que representan una fuente permanente de contaminación del agua.
A modo de advertencia tengamos presente que para obtener una tonelada de cobre, se genera entre 300 y 600 toneladas de desechos, muchos de ellos tóxicos y contaminantes, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento. En el caso del oro, las proporciones son por igual aberrantes: para producir una onza de oro, se genera entre 20 y 60 toneladas de desechos y se consume un promedio de 20 a 25 mil litros de agua. Líquido vital que, luego de ser empleado en la minería, queda contaminado, por más que diga lo contrario el presidente.
Recordemos que la gran mayoría del territorio ecuatoriano no cuenta con series de datos hidrometeorológicos suficientemente extensas y confiables para diseñar adecuadamente las minas (es decir con la garantía que los riesgos de contaminación del agua y de perturbación de los ecosistemas sean mínimos y controlados). Por ejemplo, para sustentar de manera aceptable la afirmación según la cual solamente el 1% de las fuentes de agua será usado por la minera Iamgold en Quimsacocha, el presidente tendría que presentar aforos de caudales, datos pluviográficos y de niveles de acuíferos confiables del sitio, medidos durante al menos tres décadas. Hasta la fecha, no se han visto dichos datos, por lo que no se puede hacer, técnicamente, estos tipos de afirmaciones, y tampoco se puede llevar a cabo estudios de impactos ambientales con el rigor científica deseado.
– “En Azuay hay un importante proyecto minero (…) empezaron a correr el rumor de que iba a afectar el agua de Cuenca, primero eso es inconstitucional, segundo creo que hasta nuestros enemigos reconocen que no somos tan tontos. No, ustedes creen que un político va a arriesgar todo un proyecto político contaminando las aguas de una ciudad como Cuenca, puro cuento (…) no hay absolutamente nada ahí, tal vez el error es que se le llamó al proyecto minero Quimsacocha.” (13)
En el páramo de Quimsacocha, en donde la empresa Iamgold prevé construir una mina subterránea, se estima que cada día se moverán 3.000 toneladas de material; un volumen equivalente a 15 veces el de la recolección diaria de basura de la Ciudad de Cuenca; cerca de 9 millones de toneladas en 8 años (3.000x365x8 = 8.760.000 millones), para extraer un volumen estimado de 1,5 millones de onzas de oro. Si bien es cierto que la minería subterránea no implica una desfiguración tan grande del paisaje como la minería a cielo abierto, al remover grandes cantidades de roca desde el subsuelo y tratarlas para separar el oro de otros minerales presentes en la roca, provocará inevitablemente impactos nocivos sobre el ambiente y, por supuesto, sobre el agua.
Se puede concluir que es altamente probable que ríos y acuíferos sean contaminados si se explota el yacimiento de oro en Quimsacocha. El agua no viene exclusivamente de las lagunas, como afirma el presidente. Lo que cuenta es el acuífero que abarca las lagunas y todo el páramo. La zona del proyecto minero se encuentra precisamente en una de las principales fuentes de agua de la ciudad de Cuenca y de muchas otras poblaciones aledañas, cuyos habitantes, con justa razón, protestan en contra de esta actividad.
Basta leer el Informe UAIE 0036-2009 de la Contraloría General del Estado, para darles la razón. Allí se estableció que estas “concesiones mineras afectarían la calidad y cantidad del agua en la cuenca del Río Yanuncay”, que abastece a la Planta de Tratamiento de Agua Potable SUSTAG de ETAPA, líquido vital que va a Cuenca. La zona de explotación determinada por la empresa Iamgold como D1, se sitúa justo en el nacimiento de la quebrada de Quinahuaico que recoge las aguas y filtraciones que fluyen de las laderas y el subsuelo. Esta quebrada forma el río Irquis y sus aguas dan origen a una microcuenca que abastece a la población de Victoria del Portete y alimenta como afluente al río Tarqui, uno de los cuatro ríos que cruza la ciudad de Cuenca.
Sin embargo, en su visita a Quimsacocha el 25 de octubre, el presidente, para cuestionar la consulta comunitaria sobre la minería, afirmó que “hay estudios de las universidades que confirman que no hay afectación”. El estudio al que se refirió el presidente, es el realizado por el Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS), de la Universidad de Cuenca, financiado por la propia minera IAMGOLD. Este estudio, a contrapelo de la declaración presidencial, no es de factibilidad. Felipe Cisneros, director del PROMAS, reconoce que realizaron un simple monitoreo de la cantidad y calidad del agua disponible en la cuenca hidrográfica, y no un estudio de factibilidad. Tampoco estudiaron la calidad del aire o del suelo o la formación del páramo. Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca, en un comunicado público y en declaraciones a la prensa, señaló “que se mal interpretan los datos porque IAMGOLD sólo pidió el monitoreo de la calidad y cantidad de agua”, y que “en las investigaciones y estudios realizados por PROMAS no se emiten juicios de valor respecto a la conveniencia” del proyecto minero.(14)
Es obvio suponer que en estas zonas de formación de fuentes de agua, como en Quimsacocha, los impactos sobre el agua pueden ser nocivos.
Por supuesto, las empresas mineras y los gobiernos cómplices de sus intereses, aupados por los medios que lucran de la publicidad de la minería, siempre dirán que el agua contaminada se puede tratar, que el “agua terminará más limpia” después de haber servido a la extracción de los metales, y que los otros problemas ambientales también podrán ser manejados con las nuevas tecnologías. Sería muy oportuno que el presidente y los miembros de su gobierno, así como los ingenieros y técnicos de las transnacionales mineras se comprometieran de por vida a consumir agua proveniente de las minas como lo tendrán que hacer las comunidades cercanas a la zona de influencia de dichos proyectos…
Lo cierto es que los pro-mineros, en su prepotencia (y en algunos casos por falta de conocimiento), nunca reconocerán que es imposible controlar totalmente el impacto y el camino que tomarán los desechos mineros. Tampoco aceptarán, como ya se dijo antes, que los efectos de la contaminación provocada por metales pesados y el drenaje ácido de roca perduran durante años de años, y a veces siglos, ¿qué empresa puede garantizar el tratamiento del agua durante siglos?
La reflexión electoral del presidente se desbarata por su propia obcecación… será que él solo se preocupa de Cuenca en tanto significativo potencial de votos y no del resto de comunidades en las provincias del Azuay o El Oro porque no representan muchos votos…
– “Que si no se hace el proyecto minero ya todos saben que ahí hay oro y vamos a tener otro Nambija y ahí si se va a destruir el medio ambiente.” (15)
Este argumento da pena. Demuestra por un lado la incapacidad para resolver los graves problemas mineros existentes en el país(16) y deja en nada aquella aseveración presidencial de que se trabajará con “responsabilidad ambiental, y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno”.
Por otro lado, decir que podría darse un nuevo Nambija equivale a afirmar que antes de que los mercaderes ocupen el templo, debemos hacer de él un mercado. Además, con ese pretexto se tendría que permitir la minería en cualquier sitio- incluyendo el centro histórico de Quito-, si en su subsuelo se encontrará algún yacimiento de oro o cobre.
Federico Auquilla Terán, viceministro de Minas, en la sabatina del 12 de noviembre del 2011, enriqueció la afirmación presidencial en lo que al ejemplo de Nambija se refiere, afirmando que Quimsacocha, “es una zona que no tiene ningún otro tipo de actividad”.
Este funcionario, ex-gerente de la empresa minera estadounidense IMC, debería informarse sobre lo que representan los páramos. Estos son unos ecosistemas estratégicos debido a su gran potencial de almacenamiento y regulación hídrica. Abastecen los ríos y las lagunas. Los suelos de este ecosistema de montaña almacenan y distribuyen agua formando reservorios naturales, lagunas, ojos de agua y vertientes que dan origen a los ríos. Son como una gran esponja natural de elevada fragilidad que guarda humedad y permite filtraciones y que al ser compactada desde la superficie u horadada en su interior mediante perforaciones no recobra sus propiedades.
Desde el punto de vista sociocultural, estas áreas han jugado un papel clave respecto de la relación del ser humano con las montañas, como lugares sagrados y de gran valor en mitos y leyendas; tema que sin lugar a dudas poco interesará a estos picapiedras del siglo XXI.
“Si queremos cero de contaminación tenemos que volver a la edad de las cavernas, y vamos a tener un aire más limpio pero los niños se nos van a morir a los 6 años, la esperanza de vida va a volver a los 18 años. Si me explico, son costos que implica el progreso, el futuro y lo que hay que tratar de minimizar esos ineludibles costos, elevemos el nivel de debate. No nos dejemos engañar por los demagogos, por los charlatanes, por la gente que por las fijaciones no quiere minería. Vamos a sus casas, entremos a ver si no tienen tenedores, cuchillos si no usan lentes, si no tienen relojes, si no hay ascensor, si no cogen bus, taxi, y si lo hacen son unos inconsecuentes”. (17)
Estas aseveraciones, provenientes de quien fuera profesor universitario, son insostenibles. Solo por mala fe o por desconocimiento se puede llegar a la peregrina idea de que quienes, con argumentos, cuestionan la megaminería, están en contra de toda actividad minera. La lógica presidencial equivaldría a aceptar que si la economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una falacia.
Las críticas no se dirigen a toda la minería. El eje del debate no tiene nada que ver con la roca caliza para hacer cal, el cemento, la arena y el ripio para la construcción, o las arcillas para las cerámicas, así como otros muchos minerales no metalíferos. Reconocemos que dicha minería puede ocasionar y de hecho ocasiona graves impactos sociales y ambientales igual que otras actividades económicas. En esos casos, por supuesto, estas contaminaciones deben ser cuestionadas. Eso es lo que sucede con demasiada frecuencia en la minería realmente existente en Ecuador, sea en el caso de la minera de subsistencia, la minería artesanal o la minería a pequeña escala, tanto en el ámbito de los metales, como en el de los áridos.
De todas maneras, diferenciemos la megaminería de la minería tradicional. Cada vez menos los minerales, que son recursos no renovables, se encuentran en forma de vetas. Los minerales están cada vez más diseminados, por lo que es necesario extraerlos de grandes extensiones con impactos más lesivos al ambiente. Hay más utilización de sustancias químicas como el cianuro en la minería de oro, de enormes cantidades de agua, de más y más energía, de enormes extensiones para almacenar las escorias. La megaminería provoca megaimpactos ambientales y también sociales. Nunca había existido en América Latina minería de oro de dimensiones como Yanacocha en Cajamarca en Perú o la que se propone en Tolima en Colombia (La Colosa). En ambos casos hay oposición local y nacional.
Además, bastaría recordar que hay países que se han desarrollado sin contar con recursos minerales importantes. Japón, por ejemplo, no tuvo que adentrarse por la senda de los picapiedras buscando financiar su economía con minerales, que no los tenía en abundancia. Más aún, en los inicios de la minería de cobre en Japón, en 1900, en la mina de Ashio cerca de Tokio de la compañía Furukawa hubo graves problemas por la contaminación del agua. Entonces, un líder proto-ecologista campesino (un ecologista infantil de antaño, en la jerga presidencial), Tanaka Shozo se enfrentó a la compañía y hasta al emperador. Pero que ha hecho el Japón desde entonces, importar más que extraer minerales.
Si en Ecuador no se abre la puerta a la megaminería, con seguridad no se afectará gravemente el suministro de materiales a nivel mundial. Las cotizaciones de los mismos no registrarían variación alguna, aunque quizá si se daría una vigorosa señal al mundo sobre la necesidad de proteger la Madre Tierra, como lo está haciendo Costa Rica.
Un dato más. No todos los minerales extraídos tienen un uso productivo. En el caso del oro, por ejemplo, su extracción del subsuelo, con elevados costos sociales y ambientales, no está orientada a los fines industriales, que tanto preocupan al presidente. Menos del 10% del oro que se extrae va a dichos usos. Una parte se transforma en joyería y grandes cantidades vuelven al subsuelo, a bóvedas de Estados Unidos, Europa y otros países enriquecidos, pues este metal, incorporado en la lógica especulativa del capitalismo, es el mejor refugio ante la incertidumbre financiera mundial. Lo preocupante es que en la medida que el precio de la onza rompa récords se seguirá buscando oro cueste lo cueste en términos sociales y ambientales, con la complicidad de presidentes como el ecuatoriano.
En suma, el aprovechamiento de los recursos minerales o petroleros no puede ser visto desde la simplona y repetida figura de “un pobre sentado en un saco de oro”, señor presidente; eso sería asumir el tema como una fatalidad del destino.
La explotación de minerales a gran escala no es una fatalidad, es una elección. Por lo tanto, esta elección debe ser asumida en forma democrática y responsable. En caso de que la decisión de la sociedad sea favorable a la megaminería, a través de un debate con una amplia participación ciudadana, ratificada con una consulta popular, la misma sociedad debería ser la que establezca las bases para su cristalización sin poner en riesgo la vida, en ninguna circunstancia; bases que, por lo demás, ya están plasmadas en sus líneas matrices en la Constitución de Montecristi.
Por lo tanto, lo mínimo que se podría hacer es prohibir la megaminería y la minería en general en las fuentes de agua -ríos, lagunas, paramos, aguas freáticas y humedales-, en las zonas de alta biodiversidad, en regiones en donde la vida de las comunidades esté en riesgo, en parajes con vestigios patrimoniales arqueológicos.
Sobre este tema ya se están pronunciando las comunidades locales que, con conocimiento de causa, rechazan la minería.
Como se ve, no estamos exclusivamente frente a una discusión técnica y económica, como pretende el lobby minero-gubernamental. Siendo muy importante, tampoco se agota la discusión en lo ambiental. Esta es una discusión política de fondo. Necesitamos definir si queremos o no debatir lo que entendemos por “desarrollo”, más aún cómo vamos a construir el Buen Vivir que no es una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. La disyuntiva es clara: creamos las condiciones para que esta discusión sea informada, participativa y democrática, o aceptamos la imposición que quieren endosarnos el presidente y las transnacionales mineras, en nombre de supuestas oportunidades económicas.
– “…les voy a dar una noticia extraordinaria, Morona, entiendan porque esto es muy importante -el proyecto más grande del Ecuador, Panantza- y esto puede sacar de la pobreza a Morona que sea la provincia más rica del país, por supuesto si hay buena minería, con mala minería se puede contaminar los ríos, pero nosotros vamos hacer buena minería.” (18)
Para la Naturaleza y la gran mayoría de pueblos originarios de todo el mundo -y de modo especial para las nacionalidades y pueblos en el nororiente de la Amazonía- el petróleo ha sido una maldición que solo será igualada o quién sabe si superada por la maldición del oro.
Sería bueno que el presidente identifique los pueblos indígenas que realmente se han beneficiado de la presencia de oro en sus territorios. Más bien, la historia está repleta de ejemplos donde el oro ha sido la principal causa de enfermedades devastadoras, violencia, masiva violación de derechos humanos, de contaminación de su ambiente cultural y ambiental, y de genocidio. Afirmar lo contrario es no conocer la historia.
Basta ver lo que sucede con el petróleo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Para los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, las actividades petroleras han significado un cambio radical en su vida. No sólo dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía, sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son más elevados que en el resto del país.
Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, como los provenientes de exportaciones petroleras o mineras, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y parecería que son pobres porque son ricos en recursos naturales(19), en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza. Por cierto estas actividades extractivistas vienen atadas a diversas formas de violencia.
Así, en Perú, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de los conflictos socio-ambientales se deben a la minería. En Colombia, el 80% de las violaciones de Derechos Humanos que han ocurrido en los últimos diez años se cometieron en regiones mineras (o por las plantaciones de palma de aceite destinado a fabricar biocombustibles). En el Ecuador, la mayoría de los criminalizados socialmente por el gobierno actual, han sido por ejercer su derecho a la resistencia a la megaminería.
Finalmente, en respuesta al ofrecimiento formulado por el presidente en Macas para llevar a una delegación shuar a Esmeraldas, con el fin de conocer de primera mano cómo se está trabajando con la pequeña minería, sería mejor que él les pregunte a los mismos shuar sobre los daños que el extractivismo ha provocado en Perú, justo al otro lado de la frontera. Recuérdese que allí la Oxy dejó un reguero de metales pesados. Y que en Bagua, en la vertiente peruana de la Cordillera del Cóndor, en junio del 2009, hubo enfrentamientos mortales entre las fuerzas armadas y policía con las organizaciones indígenas que se oponen a la minería y a otros expolios. También sería recomendable llevarlos a ver la minera Yanacocha a tajo abierto en Cajamarca (cerca de donde Pizarro se encontró con Atahualpa, cuando empezaba la maldición del oro para Nuestra América) y explicarles los recientes conflictos con el proyecto de la mina Conga y en tantos otros casos de conflictividad minera que Ecuador se ha ahorrado.
“Aquí está la gran oportunidad que Dios nos ha dado para salir de la miseria compatriotas y sobretodo se lo ha dado a Morona Santiago, una de las provincias con mayor potencial minero del país que puede tener, que puede tener la mina de oro, la segunda, perdón mina de cobre, la segunda mina de cobre más grande del mundo… con eso Morona elimina la pobreza, compatriotas.” (20)
Hay varios problemas con esta afirmación grandilocuente, la segunda mina del mundo… Declaración que nos recuerda a aquella repetida y cursi afirmación de que nuestro himno nacional es el segundo mejor después de la Marsellesa…
Dejando de lado tanta fatuidad, es preciso establecer el real potencial minero del Ecuador. Asumamos la realidad, hasta la fecha, no se pudo comprobar que el Ecuador sea una potencia minera. El país ni siquiera aparece en la lista de países con reservas de cobre, anualmente publicado por la Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la entidad más representativa en este tema. Este Servicio Geológico hace una clasificación de los depósitos minerales en pequeños, medianos, grandes y gigantes, a éstos denomina “de escala mundial”. Los “megaproyectos” del Ecuador, de conformidad con la información proporcionada por el geólogo Pablo Duque, no clasifican como gigantes ni como grandes, serían apenas medianos. Como se ve, en el mundo minero, de acuerdo a los expertos, todo depende de la escala con que se lo mire… y también de la vanidad o ambición de sus promotores.
Otro gran problema surge porque se desconoce el potencial real del yacimiento cuprífero de Panantza-San Carlos, que supuestamente sacará a la provincia de Morona-Santiago de la pobreza. Las cifras que se manejan -proporcionadas por la empresa de capitales chinos Ecuacorriente- son altamente especulativas. Y son especulativas porque el yacimiento apenas ha sido explorado y por ende, es de carácter posible, es decir está en el nivel menos confiable en el mundo de la minería. Y son especulativas porque esos altos volúmenes presentados, ratificados por el presidente de la República, permiten que las empresas mineras obtengan elevadas cotizaciones en la bolsa de valores.
Afirmar públicamente que son enormes las rentas que dicho yacimiento generaría, a partir de reservas inferidas, no de reservas comprobadas, puede resultar un acto irresponsable.(21) Como mecanismo para proteger a los inversionistas de posible fraude por empresas mineras (algo históricamente muy común), los valores basados en recursos inferidos de las empresas -al igual, incluso, que categorías más confiables, como medidas y probadas- no son reconocidos por el U.S. Security and Exchange Commission (Comisión de Valores de los Estados Unidos). En ese país se limita estrictamente el uso de dicha información. (22)
Esto no es el caso en Canadá, donde los reguladores libremente permiten a las empresas que cotizan en las bolsas de valores, dar uso de este tipo de información. Esto ya ha provocado escandalosos casos de fraude, donde muchos agentes económicos han perdido millones de dólares en inversiones basadas en recursos minerales inventados, o exagerados por los dueños de empresas mineras. No es por nada que aproximadamente el 60% de las empresas mineras, que cotizan en las bolsas de valores, se concentran en Canadá.
Hasta que se explore en serio y se elabore un estudio de factibilidad confiable, nadie sabrá lo que realmente existe en las concesiones en Zamora-Chinchipe. Entonces no se puede conocer aún si es económicamente factible extraer el cobre. Podría haber muchísimo menos cobre de lo afirmado, podría estar muy contaminado con otras sustancias tóxicas o podría estar en medio de un sitio muy rico en agua freática, para mencionar solo tres de los factores que influyen sobre la factibilidad de un proyecto minero.
El presidente obvió mencionar unos pequeños detalles sobre este mismo proyecto minero Panatza-San Carlos. Por ejemplo, que el cobre está mezclado con plomo, arsénico y otras sustancias altamente tóxicas. Y, que en caso de comprobarse que, como se afirma en el estudio de factibilidad de Ecuacorriente, existen las 14 mil millones de libra de cobre, el proyecto “podría” generar 1.400 millones de toneladas de desechos sólidos, la mayoría contaminados con metales pesados (equivalente a 2.600.000.000.000 libras). Ese volumen enorme de desechos, para tener un punto de referencia, equivaldrían al menos a 12 Panecillos, aquel montículo que está en la mitad de la ciudad de Quito.
También le faltó mencionar al presidente que el proyecto será muy probablemente un gran generador de drenaje ácido de roca y que no existe tecnología para neutralizarlo completamente. Ese drenaje acidifica las aguas de superficie y subterráneas y favorece su contaminación con metales pesados en forma permanente. También debería conocer el presidente que en la práctica las empresas mineras no pueden reciclar toda el agua que utilizan -otra de sus afirmaciones recurrentes-, lo que obliga a las empresas a tomar agua de los ríos en forma permanente.
En Ecuador, en síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con contaminar regiones de alta biodiversidad, de las más densas del planeta, y valiosas fuentes de agua. Para completar el cuadro, el agua transporta muy bien los contaminantes y los impactos se esparcirían hacia otras zonas. Y todo esto sin considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad extractivista.
Hablemos de las supuestas ventajas en términos económicos que justificarían tanta destrucción, presentada como un costo indispensable para alcanzar el desarrollo. En efecto, una vez extraídos los metales del subsuelo, habría que preguntarse cuánto realmente le quedará al Estado. En lo que se refiere a las regalías y los impuestos, aun si el gobierno tiene toda la voluntad de recaudarlos, las grandes empresas mineras harán lo imposible por evitarlo, son campeonas en eludir o evadir el pago de tributos, a través de los llamados paraísos fiscales, por ejemplo. Es sin duda con este objetivo que varias empresas transnacionales presentes en el Ecuador usan subsidiarias registradas en paraísos fiscales notorios como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Es precisamente el caso de la empresa canadiense Iamgold, que pretende explotar oro en Quimsacocha. La empresa matriz de Toronto es propietaria de Iamgold Ecuador S.A. a través de una subsidiaria intermediaria, la Iamgold South American Corporation, una empresa registrada en otro paraíso fiscal: Barbados.
Además, las minas ecuatorianas parecen estar condenadas a producir los metales en forma gruesa, es decir con impurezas. Por ejemplo, el concentrado de cobre producido en Mirador tendrá aproximadamente 30% de cobre, 60% de otros minerales y 10% de agua. Debido a que el Ecuador no tiene refinerías de metales, el proceso de refinamiento se hará en el exterior, en donde quedará la mayor parte de las ganancias.
A lo anterior habría que incorporar los llamados costos ocultos -ambientales y sociales-, empezando por el valor económico de la contaminación. Existen estudios de los Estados Unidos y Canadá, que estiman que la remediación de los desechos mineros de minas abandonadas costaría entre 5 y 67 dólares por tonelada de mena. Hagamos el cálculo para el proyecto de cobre Mirador, de la empresa Ecuacorriente, en la Cordillera del Cóndor. Allí se prevé procesar al menos 180 millones de toneladas de material, lo que significaría un costo de remediación de entre 900 millones y 12.000 millones de dólares. Cabe recordar que los ingresos que obtendría el Estado por concepto de regalías en Mirador el gobierno los calcula en aproximadamente 700 millones de dólares, una cantidad que sería entonces menor al costo de remediación. De esto se desprende por qué las empresas no quieren hacerse cargo de esta etapa de remediación.
Estas deudas ecológicas o pasivos ambientales normalmente no aparecen en las contabilidades de las empresas ni en los proyectos. Las empresas los transfieren invariablemente a la sociedad; recuérdese la devastación petrolera en el nororiente de la Amazonía, provocada por la compañía Chevron-Texaco y otros daños producidos por otras compañías.
También deberían entrar en la lista de costos las pérdidas de ingresos de actividades desplazadas, especialmente agropecuarias, turísticas o artesanales. Aquí no solo hay que considerar el área de explotación minera directa, sino el área de influencia de la contaminación minera a través del agua, o del ruido y del polvo de las carreteras, por ejemplo.
No hay como descuidar tampoco los denominados “subsidios perversos” existentes en este tipo de actividades mineras, que se expresan a través de posibles renuncias fiscales o la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido. En Brasil se afirma que antes que exportar hierro o aluminio, ese país vende agua y energía baratas… Y lo mismo se dice por la misma razón en Sudáfrica y en Perú. Agua gratuita o muy barata para las mineras y electricidad subsidiada. Habría que considerar, para completar el cuadro, el costo de la infraestructura de transporte que requieren estos proyectos mineros. Y, por último, hay que integrar en los cálculos las transferencias sociales que directa o indirectamente se puedan derivar de la megaminería.
¿Se han presentado estas evaluaciones en las sabatinas presidenciales? No. Probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.
Por lo tanto sería recomendable que se realicen estos cálculos con visión de país y no desde el cortoplacismo empresarial. La Secretaría de Planificación Nacional (SENPLADES) debería realizar este estudio de costo-beneficio con criterio nacional, estableciendo varios escenarios y con amplias escalas de tiempo, que deberían fluctuar entre 50 y 100 años (y posiblemente más) para este tipo de actividades extractivistas. En consecuencias, son indispensables también estudios de impacto ambiental más amplios y rigurosos. Por supuesto, la tarea de transparentar la información se completaría cuando se publiquen dichos resultados, así como los contratos con sus anexos, que se firman con las empresas mineras.
Igualmente importante será la información que proporcione el gobierno para cumplir con el mandato constitucional de cómo se distribuirá la renta minera. Allí, en el artículo 408, se establece que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.
Una cuestión de yapa: ¿Puede ser sustentable la minería?, y de no ser así, ¿cuán responsable puede ser la minería?
Esa es una pregunta crucial. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015 se ofrece generar “condiciones de desarrollo sustentable” en la actividad minera a gran escala. Se dice solemnemente, entre otras muchas promesas incumplibles, que esta actividad contribuiría a “la distribución equitativa de sus beneficios, generando nuevas zonas de desarrollo y contribuyendo al modelo del Buen Vivir.”
Así, el viceministro Auquilla, haciéndose eco de la intervención presidencial en la sabatina del sábado 12 de noviembre, fue ingenuamente categórico, seguramente para recibir una gratificante sonrisa de su jefe, afirmó que “no vamos a desmayar y nadie nos va a quitar la posibilidad de buscar el desarrollo minero del país pero de manera sustentable y de manera técnica. La minería sustentable en todo el mundo se ha dado, Ecuador no puede ser ajeno a eso, Perú, Chile, Argentina, Colombia.”
¿Realmente es posible que la minería sea sustentable? La respuesta es fácil. Definitivamente no. En ninguna parte del planeta hay una minería “sustentable”. Esto no debe sorprender. Por definición la explotación de recursos no renovables no es sustentable. Un proceso extractivista es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.(23) Sostener lo contrario es practicar un discurso distorsionador o simplemente no conocer de la materia.
Es justamente ese discurso, que promete una “minería sustentable”, diseñado por las grandes transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), desde hace más de 10 años, el que despliega el gobierno del presidente Correa.
Las empresas basan sus afirmaciones sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno. A esta creencia ingenua, basta oponer la historia de la megaminería en el mundo, que demuestra hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivos impactos sobre la Naturaleza y la vida de los seres humanos. Bastaría con visitar la zona minera de Cajamarca para saber de qué realmente se está hablando y cuáles son las verdaderas amenazas. Basta conocer aunque sea un poco de Argentina para saber que existe una gran conflictividad minera en el país, que ha habido referéndums prohibiendo localmente la minería de oro con cianuro, que la empresa Xtrata (suiza, muy moderna) está por ser llevada a los tribunales por los dañas en la mina La Alumbrera.(24) Viaje un poco más, señor viceministro.
Entonces, ¿es posible creer en una megaminería bien hecha que no ocasione severos impactos ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen Vivir? Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa de ser una burda manipulación.
Lo que sí debe quedar claramente establecido es que una economía extractivista, es decir prioritariamente primario-exportadora, no tiene posibilidades de conducirnos al desarrollo. Se puede vivir épocas de bonanza económica, pero no se conseguirá el Buen Vivir. En conclusión es imperiosa la necesidad de superar esta dependencia de los recursos primarios. Para lograrlo, habrá que elaborar y poner en marcha una estrategia precisa y suficientemente flexible para enfrentar los retos que implica la transición hacia una economía postextractivista. De lo contrario el Ecuador pasará de ser país bananero, cacaotero y petrolero a ser un país minero, es decir un país de mega-picapiedras del siglo XXI. En concreto seguirá en la senda del desarrollo del subdesarrollo.
Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
Notas:
1) Cita tomada de la sabatina presidencial del 10.12.2011
2) Sabatina presidencial en Píllaro 12.11.2011
3) Sabatina 12.11.2011
4) Sampat, Payal, Scrapping Mining Dependence, State of the World 2003, The WorldWatch Institute, p. 117
5) Transport of Metals from Mine Tailings Impoundments and Release to Surface Waters, C. Ptacek, Department of Earth Sciences, University of Waterloo, Ontario, Canadá, 14 de junio 2004, sitio internet del Ministerio de la Salud de Canadá (Health Canada) http://www.hc-sc.gc.ca
6) Looking beneath the surface, an assessment of the value of public support for the metal mining in Canada, Winfield, M., Coumans, C., Kuyek, J., Meloche, F. y Taylor, A. Pembina Institute/MiningWatch, Octubre de 2002.
7) October Report of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development, Oficina del Verificador General de Canadá, 3.1., octubre del 2002
8) Rabilota, Alberto; La demolición de Canadá, ALAI, 3.1.2012. http://alainet.org/active/51796&lang=es
9) Sabatina 12.11.2011
10) Conocido como Governmental Fund of Norwegian Oil (Norwegian pension fund) o, en español, como Fondo Gubernamental de petróleo de Noruego (Fondo Noruego de pensiones). Por cierto que este fondo no es comparable a aquellos fondos petroleros existentes en el Ecuador, perniciosos para el interés nacional, y que fueron desmantelados desde el año 2005, empezando por el FEIREP gracias a la gestión del entonces ministro de Finanzas, Rafael Correa. Lo anterior, sin embargo, no significa que en el Ecuador no se requiere un fondo de estabilización, que podría ser diseñado aprendiendo mucho de la experiencia noruega.
11) Sabatina 12.11.2011
12) Abriendo Brecha, Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, Capítulo 10, 2008, p. 328 http://pubs.iied.org/pdfs/G00684.pdf?
13) Sabatina 12.11.2011
15) Sabatina 12.11.2011
16) Quien escribe estas líneas reconoce, una vez más, que durante su gestión como ministro de Energía y Minas, de enero a junio del 2007, por más esfuerzos que realizó, no logró parar la hemorragia de concesiones mineras, que ya superaban las 5 mil. Se entregaron unas 300 concesiones adicionales. No por falta de voluntad para frenar el proceso, sino por la carencia de un equipo conocedor de la materia, dispuesto a poner orden en el sector minero. Eso lo lograría parcialmente el ministro sucesor. Una solución de fondo se conseguiría más adelante, con el liderazgo de quien escribe estas líneas, en tanto presidente de la Asamblea Constituyente. Entonces, la Asamblea de Montecristi expidió el Mandato Minero, el 18 de abril del 2008, después de un complejo proceso de deliberaciones y discusiones. Lamentablemente, ese Mandato no lo cumplió totalmente el gobierno. Es más, sin una evaluación previa de su total cumplimiento, se impuso la Ley de Minería en enero del 2009, contreviniendo principios constitucionales y disposiciones expresas del mencionado Mandato.
17) Sabatina 12.11.2011
18) Sabatina 10.12.2011
19) Schuldt, Jürgen; ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2005.
20) Sabatina 10.12.2011
21) Cuando hablamos de reservas inferidas, hablamos de reservas asignadas a terrenos cuyas características geológicas, geoquímicas y geofísicas, apuntan hacia la posibilidad de encontrar mineral. Son apenas una posibilidad.
23) Desarrollo sustentable es, entonces, aquel proceso que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Para la construcción del Buen Vivir hay que ir incluso mucho más allá del desarrollo sustentable, hay que asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos, tal como dispone la Constitución de Montecristi.
24) Para conocer más sobre la megaminería en Argentina y en el mundo, de una amplia bibliografía existente, se puede recomendar el libro del Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos de la megaminería transnacional, Montevideo, 2011.

Publicado por ARGENPRESS

La tierra, el agua y la resistencia

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Perú, Argentina, Paraguay: La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región.


 

Raúl Zibechi / LA JORNADA

Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.

Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.

Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una “estrategia desestabilizadora” contra el gobierno de Lugo y que en su interior está “primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria”.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los “carperos” es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una “una derrota catastrófica” en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

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