Amarc llama a incluir a las radios comunitarias en reforma constitucional de telecomunicaciones en méxico

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 14 de marzo de 2013

Boletín de Prensa
Amarc

El Consejo Internacional (CI) de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), hace un llamado a los y las legisladoras del Congreso de la Unión Mexicana para que en la reforma constitucional sobre telecomunicaciones, presentada el día de hoy por el Pacto por México, se concrete en el reconocimiento del derecho de los medios comunitarios a operar en un marco legal adecuado a sus características.

El CI de AMARC ha seguido con interés la información, los posicionamientos y los debates que ha generado el anuncio de la presentación de la propuesta de una reforma en telecomunicaciones a la Cámara de Diputados.

En dicha propuesta se está previendo el reconocimiento de los medios comunitarios a través de las concesiones de uso social, hecho que nos parece se suma relevancia, ya que sabemos que la función de la radio, y en especial de la radiodifusión comunitaria, es dar cabida a los sectores históricamente marginados, propiciando un espacio público informativo para su quehacer ciudadano.

Es por demás alarmante que a los pueblos indígenas se les ha negando su
derecho a operar sus propios medios de comunicación, herramienta indispensable en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, derecho por demás reconocido en el artículo 2o de la Constitución Mexicana y deuda histórica del estado mexicano con esas comunidades.

Por lo anterior consideramos que México se encuentra en un momento clave para transformar las relaciones establecidas entre el Estado, los agentes privados y la ciudadanía en el ámbito de las comunicaciones y en relación al ejercicio de la libertad de expresión. Ustedes, representantes del pueblo mexicano, tienen hoy la oportunidad de iniciar un nuevo periodo en la historia de los medios de comunicación en su país, llevando la propuesta constitucional a las leyes reglamentarias correspondientes.

Tenemos la certeza de que en México es posible un sistema de medios mucho más plural e incluyente que reconozca las distintas voces y los diversos sectores sociales en los medios de comunicación.

El Consejo Internacional de AMARC.
Maria Pia Matta- Presidenta
Emmanuel Boutterin-Vicepresidente
Franklin Huizies-Tesorero

A través del servicio a sus miembros, el trabajo en redes y el desarrollo de proyectos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC reúne una red de más de 4,000 radios comunitarias, Federaciones y aliados de radios comunitarias en más de 130 países. El principal impacto global de AMARC desde su fundación en 1983, ha sido de acompañar y apoyar el desarrollo de un sector mundial de radiodifusión comunitaria que ha democratizado el sector de medios de comunicación. AMARC aboga por el derecho a la comunicación a nivel local, nacional e internacional y defiende y promueve los intereses del movimiento de las radios comunitarias a través de la solidaridad, el trabajo en redes y la cooperación.

Para mayor información visite: http://www.amarc.org

Montreal, Canadá, 11 de marzo de 2013.

Más de la Reforma de Telecomunicaciones

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Critican oposición empresarial a reformas de pensiones en El Salvador

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PL

Las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) aprobadas por el parlamento salvadoreño sólo afectan las grandes ganancias de los monopolios surgidos tras la privatización de esa esfera en 1996.

La afirmación fue hecha por la diputada Norma Guevara, jefa de la bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en un artículo en el diario Co Latino sobre esas modificaciones, acordadas el 29 de marzo último.
Guevara expresa que esa es una de las razones de que esos cambios a cinco artículos de la legislación le duelan tanto a la derecha empresarial de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Recordó que el debate fue antecedido por una campaña de las gremiales del sector privado ocultando el fondo real de su oposición y desfigurando la realidad para confundir a los propios trabajadores, de los cuales obtienen sus jugosas ganancias.
A nadie se le aumenta ni la edad ni la contribución, pero sí se obliga a pagar cuotas patronales que han estado dispensadas, apunta.
Antes de 1996 cuando se emite la llamada ley SAP, las pensiones eran atendidas en varios regímenes públicos que se diferenciaban por el aporte del trabajador, del empleador y del Estado, señala.
Ese sistema como muchas cosas fueron manejadas con irresponsabilidad y llevados a crisis, y sobre esta, se intentó justificar la privatización, agrega.
Se rompió con la filosofía de la solidaridad entre generaciones en la cual los aportes de los trabajadores activos debían servir para pagar pensiones de quienes estuvieran jubilados y acumular reservas, indica.
Añade que se adoptó el modelo de capitalización individual que se basa en la idea de que al llegar a la edad de retiro se dispone únicamente de lo que cada quién fue capaz de ahorrar.
Advierte que se heredó a las futuras generaciones la obligación del estado de pagar las deudas provocadas por el mal manejo de los aportes a la seguridad previsional.
Guevara señala que la privatización, aprobada por los 39 diputados de Arena y los cuatro de la Democracia Cristiana (hoy Partido de la Esperanza), no aguantó 10 años y comenzó a hacer crisis desde 2005.

Bolivia: Latifundios mediáticos se acercan a su final

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jueves 14 de julio de 2011

Fortunato Esquivel (ALAI)

En 1997 se aprobó la Ley de Telecomunicaciones, en actual vigencia y agonía toda vez que a partir de esta semana el parlamento comenzará a debatir (1) la norma que la reemplazará, beneficiando al conjunto de la población boliviana y probablemente promocionará el fin de los latifundios mediáticos.

La aún vigente ley, aprobada por el gobierno neoliberal de entonces reordenó el espectro radioeléctrico, aunque la verdad fue una genialidad para hacer desaparecer las emisoras sindicales, que eran los únicos medios opositores. Desde entonces, todos fueron igualados a una licencia por veinte años, al tiempo que se decretaba la licitación de frecuencias.
El plazo de veinte años terminará en 2017, pero para entonces estará vigente la nueva ley a ser analizada desde esta semana. Las autoridades adelantaron que el reparto de frecuencias, será de 33% para el sector privado, 33% para el público (gobierno, gobernaciones, municipios y universidades públicas) y 34% para las radios comunitarias y los pueblos originarios y campesinos.
En la actualidad, el 98% de las frecuencias están en manos del sector privado cuyo privilegio, les permitió construir verdaderos “latifundios mediáticos” que les garantizaron poder político para manipular la opinión pública.
La norma a ser consensuada está referida al reparto de frecuencias en radio y televisión, pero su sólo anuncio movilizó a los dueños de estos medios quienes acaban de “denunciar” presuntas afecciones a sus intereses. El líder de los propietarios de radios es un ex empleado de la embajada norteamericana y hábil productor de programas en La Voz de América. Éste, dijo que la norma pretende dividir las frecuencias en grupos sectarios.
La nueva Ley de Telecomunicaciones, normará adecuadamente la posesión de frecuencias. Tendría que evitar que banqueros y grupos económicos poderosos accedan a las mismas, pues éstos los utilizan para sustentar su poder, toda vez que los medios son elementos estratégicos que tampoco pueden estar en manos de extranjeros.
En esta época de cambios, los medios deberán estar al servicio y beneficio general de todos los bolivianos a través de una comunicación libre, equitativa, participativa e incluyente que atienda las aspiraciones de los pueblos cuyas luchas por verdaderos cambios vienen desde tiempo atrás.
Si nos fijamos atentamente en la actualidad, nos convenceremos que los medios sirven a las oligarquías. Son sus instrumentos de dominio y sometimiento en beneficio de sus propios intereses, razón por demás suficiente para confiar en que la norma que pronto será acabada en el parlamento, terminará con el patrimonio de la oligarquía para pasar a propiedad de todos los bolivianos.
Los monopolios llegan a su fin
La Ley de Telecomunicaciones, reemplazará a la vigente y normará el funcionamiento técnico de los medios audiovisuales. Posiblemente y más adelante, se pensará en otra Ley de Medios que podría normar los contenidos y el ejercicio legal de los comunicadores comenzando por los dueños, que en la actualidad y mayoritariamente, nada tienen que ver con el periodismo. Auguramos un trabajo auspicioso a los legisladores que sin temores, deberán continuar con consultas y asesoramiento necesario.
De ser aprobada con prontitud la Ley de Telecomunicaciones, acabará con la vigencia neoliberal que en líneas generales apenas completará catorce años de vigencia y un desorden en las frecuencias repartidas y en los contenidos principalmente de las radios que pasan de mil y de las estaciones de televisión que oscilan por los quinientos canales.
Las oligarquías mediáticas
Tres redes de televisión han acumulado enorme poder de manipulación de la opinión pública, puesta al servicio de sus intereses políticos sectarios y en feroz oposición a los verdaderos cambios con inclusión que se verifican por primera en Bolivia. ¿Quiénes son sus propietarios y qué intereses representan? Aquí los tenemos:
Red Uno
Su propietario es el político y empresario croata Ivo Kuljis Fütchner. Actuó en sociedad con Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), Carlos Palenque (CONDEPA), Johnny Fernández (UCS) y Manfred Reyes Villa (NFR). Como político fue un fracaso, pero logró beneficios para sus empresas.
En el campo empresarial, está ligado a exitosos negocios en la banca, la red de supermercados Hipermaxi, frigorífico Fridosa, industrias Kupel, ganadería a gran escala, empresario exportador de soya, bienes raíces y establecimientos educativos, entre otros.
Red PAT
Comenzó como notable esfuerzo de periodistas asociados para dar a entender que desde los profesionales, también se puede ofertar una televisión con menos alienación. Efectivamente, en su momento la Red PAT fue única en producción nacional.
Pero, las imparcialidades, no parecen tener mucho futuro en este país y esta red se fue inclinando hacia el neoliberalismo, deslizándose hasta acabar en manos del empresario de orígenes árabes Abdalá Daher, cuyos intereses, entre otros, están ligados a las importaciones electrónicas. Daher no es conocido en el campo político y el único escándalo que se le atribuye es el haber sido presionado a contribuciones por Eduardo Rosza Flores contratado para liderar el separatismo de Santa Cruz.
Red UNITEL
Esta red es la más radical de los latifundios mediáticos, filial de la CNN norteamericana y propiedad de la familia Monasterios, cuyo principal representante es Osvaldo Monasterios Áñez, activo militante del MNR y parlamentario en por lo menos dos ocasiones.
Su red mediática tiene mucho que defender pues los Monasterios, están ligados a enormes empresas bancarias, fábricas de gaseosas, heladerías, producción de alcohol y derivados, estancias ganaderas (cría de ganado de raza Nelore), importación de muebles, administración de la Zona Franca Zoframaq (Puerto Suárez), entre otros intereses.
Los intereses existen, claro que sí
Un poder económico tan enorme, es defendido por un gran conglomerado de periodistas a través de programas hábilmente estructurados para ejecutar tenaz oposición al actual proceso de cambio, en base a sondeos y encuestas claramente manipuladas, que no hacen otra cosa que echar por la borda sus poco creíbles pretensiones de imparcialidad y objetividad.
Los parlamentarios que tratarán la nueva Ley de Telecomunicaciones, están obligados a analizar si los medios deben estar en manos de poderosos empresarios cuyos intereses pueden torcer la opinión pública, si logran la colaboración de escogidos manipuladores, que de haber, sí los hay.
1) NDLR: La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley de telecomunicaciones que garantiza la distribución equitativa de las frecuencias, el que deberá ser enviado a la Cámara Alta (Senado) para ser revisado y aprobado.

Exhortan a Congresos locales aprobar reforma constitucional de derechos humanos

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Difusión Cencos México D.F., 12 de mayo de 2011

Carta Abierta
OSC de DH / Personalidades

  • Un amplio grupo de académicos y organizaciones sociales exhortan a los Congresos locales a aprobar la Reforma Constitucional en Derechos Humanos
  • Carta pública a los Presidentes de los Congresos estatales

Señores Diputados

Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes les enviamos un cordial saludo y aprovechamos para dirigirles el presente escrito con el propósito de exhortarlos atentamente a que aprueben la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que luego de ser dictaminada favorablemente por el Congreso de la Unión, fue enviada a las legislaturas locales por la H. Cámara de Diputados desde el 23 de marzo. Nos congratulamos que a la fecha once entidades federativas hayan aprobado ya la minuta.

El consenso logrado sobre este particular por todas las fuerzas políticas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión ha representado un arduo camino de deliberaciones y años de esfuerzos de actores diversos – Diputados y Senadores, académicos/as, funcionarios de gobierno, organizaciones civiles y organismos internacionales – por impulsar mejoras al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

La reforma tiene múltiples antecedentes significativos como lo son las iniciativas presentadas por representantes de diversos partidos políticos desde el año 2004 en ambas cámaras (PAN, PRD, PRI, PT, PVEM), incluida la elaborada en el marco de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) en 2007.

Asimismo, el proyecto de reforma constitucional que hoy tienen en sus manos retoma muchas de las propuestas que desde tiempo atrás hemos venido impulsando un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil, junto con especialistas en el tema y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).1

La reforma que ustedes están por considerar, además de reconocer los derechos humanos en la Carta Magna, los robustece al incluirlos como principios que orientarán funciones vitales del Estado Democrático de Derecho como son la educación, el sistema penitenciario y la política exterior. De la misma forma fortalece las garantías constitucionales para la protección de los derechos humanos al incluir límites al régimen de suspensión de garantías y dotar de mayores atribuciones al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos nacional y de los estados de la federación.

Cabe señalar que la reforma incorpora un sistema de interpretación sobre derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, similar al que ya ostentan buena parte de las constituciones de los Estados democráticos desde hace décadas, y que ayudará a hacer compatibles con el marco jurídico interno el respeto, protección y garantía de  los derechos humanos contemplados en instrumentos internacionales. En este tenor, es necesario puntualizar que se trata de un reconocimiento constitucional de obligaciones internacionales preexistentes, toda vez que los tratados ya constituyen norma nacional, y fuente de obligaciones para los sujetos de poder público que conforman el Estado mexicano, incluidas de manera subsidiaria las entidades federativas, según lo establece el artículo 133 constitucional, y se desprende de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por México el 10 de marzo de 1988.

Por ello, la ampliación y fortalecimiento del reconocimiento constitucional de derechos humanos universales que de antemano han sido acogidos por nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en armonía con el espíritu de nuestra Carta Magna, ya que México cuenta con una valiosa tradición constitucional de carácter democrático, comprometida con el respeto de los derechos y libertades de todas y todos.

Asimismo, el Estado democrático de derecho y el pacto federal se fortalecen a la luz de la reforma de mérito, ya que ésta no responde a una lógica de contradicción entre el derecho internacional y el interno, ni entre el derecho interno federal y el local, sino a una lógica de complementariedad en la protección de los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado mexicano, y sin que esto implique que se generen obligaciones adicionales para la Federación y las entidades federativas.

De igual modo, conviene destacar que la reforma en cuestión fortalecerá al Poder Judicial atendiendo al principio de subsidiaridad que prima en el derecho internacional. En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en su Preámbulo que la protección de los derechos humanos debe ser de naturaleza coadyuvante con respecto a la que ofrece el derecho interno de los Estados nacionales, en este caso, del ordenamiento jurídico de la República Mexicana. Los sistemas internacionales (tanto el de los cuerpos de derechos humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas como el interamericano) son subsidiarios no solamente en el sentido que deben agotarse los recursos internos antes de acudir a una instancia internacional, sino principalmente en que los derechos humanos deben ser garantizados sin necesidad de acudir a las instancias internacionales.

De esta manera, habrá que advertir que esta reforma complementa a la previamente aprobada por el Congreso de la República y la mayoría de los congresos de los Estados en materia de amparo, la cual también permite invocar violaciones a derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales de los que México sea parte.

Estos aspectos representan un avance decisivo en la vía hacia la plena armonización de nuestro marco normativo interno a los más altos estándares internacionales en derechos humanos y favorecen al cumplimiento de diversos compromisos que nuestro país ha contraído ante la comunidad internacional y las recomendaciones de diversos organismos internacionales, tales como las aceptadas por México en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal en 2009 y las del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace poco más de un año (marzo de 2010) urgió al Estado mexicano a emprender a la brevedad esta importante reforma.

Confiamos que el Congreso de su Estado priorizará este tema en su agenda de debates y aprobará la minuta de reforma a la brevedad para que pueda ser debidamente refrendada conforme a lo que estipula el procedimiento constitucional y con ello dar un paso decisivo en el fortalecimiento de la democracia, la paz y el bienestar de México.

1 http://www.hchr.org.mx/documentos/convenios/propuestareformaconst.pdf

ATENTAMENTE,

Alternativas Pacíficas, A.C. (AlPaz)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C. (FEMU)
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD)
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.
Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. (CJDH)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. (BarCa)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete
DECA Equipo Pueblo, A.C. 4
Documenta, A.C.
Espacio de Coordinación sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Espolea, A.C.
Fundación Diego Lucero (FDL)
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE)
i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C. (INCIDE Social)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Universidad Iberoamericana – Puebla
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Ipas México, A.C.
Litiga OLE, A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Organización Familia Pasta de Conchos
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana
Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca Veracruzana
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT) (conformada por 73 organizaciones en 23 estados)
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en México, A.C. (REDIM)

Personas:

Emilio Álvarez Icaza Longoria
Alberto Serdán Rosales
John M. Ackerman
José Francisco Duque Alanís
Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete
Silvia Alonso Félix
María Isabel Martínez Rocha
José Luis Caballero Ochoa
Rodrigo Gutiérrez
José Guevara Bermúdez

11 de mayo de 2011

Aprueban reformas que derrocaron a Zelaya

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Afp
Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 29

Tegucigalpa. El Congreso hondureño ratificó anoche una reforma a la Constitución que incorpora los mecanismos de consulta popular de plebiscito y referendo, el cambio que impulsaba el ex presidente Manuel Zelaya y que condujo a su derrocamiento en junio de 2009. Tras decidir la reforma con 104 votos en favor, 11 en contra y una abstención, los diputados declararon que fue ratificado constitucionalmente el artículo del plebiscito y referendo, que había sido aprobado en primera instancia el 11 de enero en la legislatura anterior. Se había anunciado que el Congreso también ratificaría otras reformas aprobadas en la legislatura anterior, que finalizó en diciembre, para permitir las instalaciones de emporios de inversiones en ciudades modelos y modificaciones al Poder Judicial, pero no fueron discutidas.

Ecuador: Soberanía popular

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sábado 19 de febrero de 2011

En Ecuador todavía no se hace pleno uso de la consulta popular para una “democracia plebiscitaria”, que algunos incomprensiblemente cuestionan. Falta que los ciudadanos se apropien y usen los mecanismos de esa democracia directa.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo

La Constitución quiteña de 1812 claramente se inspiró en el principio de que la soberanía radica en el pueblo. Señaló: “El Pueblo Soberano del Estado de Quito (nombre del país de aquella época) sanciona esta Constitución”. En esos tiempos se comprendió, perfectamente, que la Constitución es una expresión de la voluntad soberana. Desde la primera Constitución republicana de 1830, las diecinueve Constituciones que ha tenido el Ecuador siempre reconocieron que la soberanía originaria radica en el pueblo.

La Constitución de 1979, con la que se inició la fase democrática que vive el Ecuador, dispuso (Art. 35): “Establécese la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución. La decisión adoptada por este medio es inobjetable”. El Presidente de la República (Art. 78, lit. p) podía “convocar y someter a consulta popular” las cuestiones que él consideraba de trascendental importancia para el Estado y especialmente las reformas a la Constitución.

La Constitución de 1998, que le siguió, mantuvo la consulta popular (Art. 103) y también la facultad del Presidente de la República para convocarla (Art. 104), tanto para reformar la Constitución, como para asuntos de trascendencia para el país. La consulta también podía ser convocada a petición de la ciudadanía y por los organismos del régimen seccional.

La nueva Constitución de 2008, aprobada por referéndum, es la primera en reconocer, con mayor amplitud que antes, el principio de la democracia directa.

Instituye la iniciativa popular para proponer leyes, la consulta popular, el referéndum, la revocatoria del mandato, crea la Función de Transparencia y Control Social. Establece que el Presidente de la República tiene la atribución (Art. 147, lit. 14) de “convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución”. Es la Corte Constitucional la que emite un dictamen sobre la constitucionalidad de una convocatoria a consulta (Art. 438). Y la consulta popular que enmiende la Constitución (Art. 441) no puede alterar la “estructura fundamental” de la misma ni el “carácter y elementos constitutivos del Estado”, tampoco establecer “restricciones a los derechos y garantías” ni modificar “el procedimiento de reforma” de la misma Constitución.

Si la consulta popular es, con los límites señalados por la Constitución, un instrumento de la democracia directa, también debe comprenderse que, históricamente hablando, desde 1812 siempre el pueblo ha sido la fuente de la soberanía. Pero en Ecuador todavía no se hace pleno uso de la consulta popular para una “democracia plebiscitaria”, que algunos incomprensiblemente cuestionan. Falta que los ciudadanos se apropien y usen los mecanismos de esa democracia directa. Cabe cuestionarse el alcance o los límites de las preguntas sometidas a consulta, pero nunca el principio histórico que establece que la soberanía radica en el pueblo y que, por tanto, es el pueblo el que puede darse su propia Constitución, reformarla en parte o cambiarla por una nueva. Ese es el fundamento político e histórico sobre el que se levantó la vida republicana del Ecuador.

Ecuador: Comienza debate sobre consulta popular de Correa

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jueves 10 de febrero de 2011

XINHUA

Legisladores oficialistas y opositores abrieron un candente debate en la Asamblea Nacional de Ecuador sobre una consulta popular que impulsa el presidente Rafael Correa, en momentos en que se espera un dictamen de la Corte Constitucional sobre la legalidad de la iniciativa.

El debate, marcado por posturas a favor y en contra de la consulta, se dio en una plenaria convocada sólo para analizar el tema.
El pasado 17 de enero, Correa entregó a la Corte Constitucional 10 preguntas para su calificación.
Cinco preguntas implican enmiendas a la Constitución y las otras plantean reformas de ley.
Entre las enmiendas polémicas figuran: la reestructuración del Poder Judicial, la extensión de la prisión preventiva, y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Se añaden a la consulta el convertir en delito el enriquecimiento privado injustificado, la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros y gallos.
En las deliberaciones, la Bancada oficialista del Movimiento Alianza PAIS, mayoría en el Legislativo, defendió la propuesta de consulta alegando su constitucionalidad.
“La democracia se hace con más democracia, no le tengamos miedo a consultar al pueblo, seamos demócratas”, dijo el asambleista Pedro de la Cruz a los detractores de la propuesta.
Destacó que para el proyecto político de la llamada “Revolución Ciudadana” del gobierno “el fin es el bienestar del pueblo” y es “hacia ese camino al que queremos ir con un cambio radical”, argumentó.
Pero la oposición reiteró sus críticas al contenido de la consulta con el argumento de que viola la Constitución y vulnera derechos, por lo que pidieron a la Corte Constitucional que rechace la propuesta.
“Integramente la consulta tiene defectos de fondo y de forma, por su contenido debe ser repudiada y rechazada por la Corte”, dijo el legislador Enríque Herrería, del opositor Movimiento Madera de Guerrero.
En esa misma línea, el legislador César Montúfar, dijo a Xinhua que de ser aceptada la consulta “se afectaría el carácter representativo y participativo de la democracia ecuatoriana”.
Advirtió que el país iría a un modelo de democracia plebiscitaria. “Si aceptamos que ésta (la consulta) es la vía para transformar el Ecuador, estamos creando las condiciones para que una persona, quien ocupe la Función Ejecutiva, tenga la posibilidad de que en directa relación con el pueblo a través de referendo o consulta modifique todo el sistema jurídico del Ecuador”, afirmó Montúfar.
La oposición también criticó la reserva con la que el gobierno redactó las preguntas y obvió un proceso previo de socialización, incluso al interior de su propio círculo.
“Nos asusta que ni siquiera los que estén alrededor del gobierno hayan sido consultados”, señaló el legislador indígena Gerónimo Yantalema, quien estimó que las preguntas están “concebidas en un modelo de Estado neoliberal”.
Los señalamientos fueron sin embargo desestimados por los oficialistas, quienes negaron un supuesto interés del gobierno por extender su poder a las cortes de justicia.
El debate legislativo se registra en medio de una gran expectativa por el desenlace de la consulta, pues la Corte Constitucional debe emitir hasta el próximo 21 de febrero un dictamen final respecto la procedencia o no del plebiscito.

Un informe preliminar sobre la legalidad de las preguntas fue entregado esta semana por dos jueces de la Corte, uno de los cuales rechazó cuatro interrogantes relacionadas al tema judicial.

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