El plan Houston, la privatización de YPF que arrancó con Alfonsín

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Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por una vía similar a la que se pretende transitar ahora: la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.

Además, YPF firmaba de continuo contratos con pulpos petroleros privados a los que se cedían las áreas más pobladas. La empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, en 1983 YPF tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas), a pesar de ser la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina.Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales -los pulpos petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. Otro robo en regla. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían (como ahora) que no hubiera capitales ni para pensar en inversiones.
Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos; es decir, a los monopolios petroleros (como ahora). Eso fue el plan Houston, llamado así porque el Presidente lo anunció en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. Por decreto, sin intervención del Congreso Nacional, se ofrecieron en licitación 1,3 millones de kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por treinta años.
En 1983, cuando el partido radical llegó al gobierno, YPF tenía reservas petrolíferas por 390 millones de metros cúbicos. En 1988, tres años después de lanzado el plan Houston, esas reservas habían caído a 362 millones de metros cúbicos. Ese solo dato señala el fracaso ruidoso de aquella entregada.¿Por qué entregada?
Entre muchas otras, pueden enumerarse cuatro razones:
– muchas regiones cedidas a los pulpos ya habían sido exploradas por YPF, con evaluaciones sísmicas y perforaciones. No había allí, por lo tanto, el anunciado ‘riesgo minero’ que según el gobierno asumirían las compañías extranjeras;
– por imposición de los monopolios petroleros, los capitalistas locales sólo podían intervenir en las licitaciones si se asociaban con capitalistas del exterior;
– todo el proyecto se orientaba hacia las exportaciones, no a atender las necesidades del mercado interno;
– YPF se vio obligada a ceder áreas que ya tenía en explotación.
Aquello, de todos modos, empezó mal: se licitaron 165 áreas, pero de 105 ofertas sólo pudieron aceptarse 77. Los pulpos petroleros tomaron por asalto las explotaciones que YPF ya había explorado o ya tenía en explotación, y no hicieron (como ahora, durante los diez años de gobierno K) una sola inversión de riesgo.
Fracasado el Houston, su impulsor, Rodolfo Terragno, ministro de Obras y Servicios Públicos, diseñó el Petroplán, que promovía la asociación de YPF con capitales privados para explotar áreas centrales (como ahora). Con el Petroplan comenzó la privatización de la petrolera estatal, proceso que Carlos Menem culminaría en 1992, respaldado entusiastamente por los K.

Repsol despierta la bestia colonialista

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sábado 28 de abril de 2012

Argentina, su presidenta y su pueblo están siendo sometidos a un ataque sin cuartel por autoridades españolas, dirigentes europeos, gobiernos cipayos latinoamericanos, centros de estudio y medios de comunicación social, en los que Repsol posee acciones y controla voluntades.
Marcos Roitman Rosenmann / LA JORNADA
Las medidas nacionalizadoras y recuperación de las riquezas básicas, ejecutadas en América Latina o África o Asia, siempre han sufrido la ira de los centros coloniales y las empresas afectadas. Los ejemplos no faltan a la cita. Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Fidel Castro, Omar Torrijos, Velazco Alvarado, Salvador Allende, Evo Morales, Hugo Chávez, la lista es amplia. Acostumbrados al ordeno y mando, los arrogantes imperios desconocen el concepto de independencia y soberanía. Son reticentes al trato de igualdad. El paternalismo anclado en posiciones de fuerza articula el discurso de la soberbia imperial. Revelarse contra la autoridad paterna y el orden establecido debe merecer un castigo ejemplar. Bloqueos, procesos desestabilizadores, estrangulamiento económico, magnicidios o golpes de Estado. En estos días, la expropiación de una empresa privada, Repsol YPF, cuyos intereses sólo representan a sus accionistas y cuyo objetivo es obtener beneficios a costa de cualquier consideración ética, jurídica, moral y medio ambiental, despierta la ira de los centros de poder hegemónicos, sus instituciones y principales dirigentes políticos.
Argentina, su presidenta y su pueblo están siendo sometidos a un ataque sin cuartel por autoridades españolas, dirigentes europeos, gobiernos cipayos latinoamericanos, centros de estudio y medios de comunicación social, en los que Repsol posee acciones y controla voluntades. Estados Unidos, el FMI, la Unión Europea y lo impensable, la voz del principal sindicato considerado de izquierdas en España, Comisiones Obreras se suma al carro imperialista El comunicado de Comisiones Obreras no tiene desperdicio, se adhiere a las críticas de los partidos políticos y reivindica su desacuerdo y rechazo al gobierno argentino por una … medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños, a los trabajadores y a la economía española…. Un sindicato que dice representar a los trabajadores se alía con una empresa causante de asesinatos, secuestro y desaparición de dirigentes sindicales en Colombia y otros países de la región han perdido la vergüenza. En un excelente informe redactado en 2006, por Pedro Ramiro, y otros, editado como libro: La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, sus autores relatan la puesta en práctica de la denominada ‘Operación Heroica’ desarrollada por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, en la región de Arauca, para limpiar la zona y facilitar la instalación de Repsol. En dicha operación se realizaron 2 mil 500 detenciones de personas, acusando a 30 dirigentes de organizaciones ecologistas y medio ambientales de rebelión y terrorismo.
Llevada a cabo entre el 1º de enero y el 14 de noviembre de 2003, su implantación supuso un extraño incremento en el departamento de Arauca de más de 74 por ciento de los homicidios y privaciones de libertad ocurridos contra sindicalistas en toda Colombia. La instalación de Repsol, trajo consigo el desplazamiento y expropiación de tierras comunales de la etnia u’wa, los dueños reales de las tierras. Pero da igual que da lo mismo. Comisiones Obreras apoya a Repsol. Menos sorprendentes son las palabras de José Manuel Soria, ministro de Industria, cuando amenaza: El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo, palabras que tienen eco en Soraya Sáenz de Santamaría a la sazón vicepresidenta del gobierno, quien corrobora a su colega: La obligación de España es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España, sobre todo cuando Repsol les ha financiado electoralmente. Asimismo, el PSOE no ha querido faltar a la bacanal colonialista y paga favores a Repsol, diciendo que: el gobierno español sabe que puede contar con nosotros y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial. El cuadro de ataques se completa con la miserable actuación de los partidos minoritarios y nacionalistas, que tildan la medida de anacrónica. Como síntesis la declaración emitida por Unión Progreso y Democracia, que “…insta al gobierno argentino a mantener una línea de coherencia en la aplicación de la necesaria seguridad jurídica de las empresas inversoras extranjeras que operan en el país…, Upyd quiere advertir sobre una posible extensión de expropiaciones encabezadas por Hugo Chávez en otros gobiernos de América Latina, que pueden poner en peligro los actuales niveles de inversión extranjera, estrangulando las posibilidades de desarrollo económico que hoy por hoy benefician las cuentas de países receptores de dicha inversión…. y exige responsabilidad jurídica para las inversiones de Repsol. “¿Entenderá Upyd por responsabilidad jurídica aquellas que hacen la vista gorda al asesinato de dirigentes sindicales, el traslado forzoso y el etnocidio de comunidades y pueblos originarios, así como la impunidad en la degradación medioambiental donde está presente?
Pareciera ser que Repsol es una empresa modélica, comprometida con la protección del medio ambiente, respetuosa de las comunidades indígenas y líder en la aplicación de tecnologías no contaminantes y un presidente Antonio Brufau, en la indigencia, cuyo sueldo en 2011, superó los 7 millones de euros netos. Motivo por el cual, no tiene empacho en decir que la expropiación sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando argentina.
Sin embargo, un informe del Observatorio de las Multinacionales españolas en América Latina (OMAL) apunta lo contrario. Repsol actúa activamente en la pérdida de la diversidad, está presente en 17 parques nacionales en Bolivia, Ecuador y argentina. Sus emisiones directas ascienden a 30 millones de toneladas de CO2 equivalente, ello sin tomar en consideración aquellas producto de la quema de combustibles fósiles que producen más de mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año.
Pero en esta campaña desestabilizadora no podemos dejar de mencionar la actuación de los gobiernos cipayos de América latina. Las palabras de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia quien, para mostrar su simpatía con Repsol señala que: aquí, por Colombia, no expropiamos… queremos que ustedes sientan que hay reglas estables de juego, aquí no vamos a expropiar; sean bienvenidos ustedes, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, y qué decir de Felipe Calderón cuando critica a la presidenta de Argentina y califica la medida de lamentable… y que no le va hacer bien a nadie, o del ministro de economía de Ollanta Humala, Miguel Castilla, adjetivando la nacionalización de política errónea e insana. Sebastián Piñera, presidente de Chile, tampoco pierde comba y muestra su preocupación por tal medida. Todos ellos han olvidado que sus países son lo que son, en gran medida, por la nacionalización del petróleo y del cobre. Por suerte, otro grupo de presidentes y países, la mayoría como Venezuela, Ecuador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay han levantado la bandera de la dignidad, apoyando a la República Argentina. Basten las palabras de José Mujica, presidente de Uruguay, quien subrayó que tal medida se fundó en un viejo error, el de privatizar la petrolera estatal en la década de los noventa… y si lo arreglan o no lo arreglan es un problema del pueblo argentino. No hay más caminos o soberanía nacional o claudicación vergonzante.
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Recuperando soberanía

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sábado 28 de abril de 2012

La nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y pleno respaldo de toda América Latina.
Jorge Núñez Sánchez / El Telégrafo (Ecuador)
Soberanía es una palabra que desagrada a los poderes coloniales y neocoloniales. Es que en ella se resumen algunos conceptos básicos del poder público, tales como el carácter de autoridad suprema que posee el pueblo de cada país. Y esta palabra empata también con la altivez y el orgullo con que una nación maneja sus asuntos, sin someterse a poderes extranjeros o a fuerzas de presión internas.
Por todo ello, encuentro que es la palabra adecuada para definir la acción que acaba de tomar la nación argentina, a iniciativa de su presidenta constitucional, la doctora Cristina Fernández, con el fin de nacionalizar la mayoría de acciones de la empresa petrolera YPF.
Es bueno recordar que esta empresa argentina fue creada el 3 de junio de 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen, un líder radical que había participado en las revoluciones antioligárquicas de 1890 y 1893. Tras fundar la Unión Cívica Radical, este abogado y profesor de historia argentina se convirtió en 1916 en el primer gobernante electo por voto directo y secreto, y emprendió un importante ensayo de desarrollo del Estado nacional.
YPF tuvo como su primer director al general Enrique Mosconi, bajo cuyo mando desarrolló su capacidad de exploración y explotación petrolífera, y montó la refinería de La Plata, en competencia con empresas privadas. Más tarde, al ser nacionalizado el petróleo argentino por Yrigoyen, en su segundo gobierno, YPF se convirtió en un ejemplo de empresa pública, a través de la cual Argentina buscó su autoabastecimiento energético.
Pero toda esa historia pareció evaporarse cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem privatizó YPF, en 1992, vendiéndola a precio vil a Repsol  y otros inversores minoritarios. Era un oscuro momento, en que la Argentina entera parecía estar en venta. En medio de coimas y otros actos de corrupción, se vendieron muchas empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, empresas de energía y telecomunicaciones, astilleros y siderúrgicas, canales de radio y TV, petroquímicas y otros. Los compradores fueron capitalistas extranjeros, sobre todo españoles, y grandes grupos nacionales.
A partir del gobierno de Kirchner, esas ventas empezaron a revertirse, en la mayoría de los casos por la ruinosa conducción de las empresas privatizadas. Y ese es, precisamente, el caso de YPF, cuya producción y exploración petrolera cayeron en picada en los últimos años, por falta de inversión, amenazando al desarrollo del país.
Por ello, la nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y pleno respaldo de toda América Latina.
Publicado por Con Nuestra América

Dos Economistas de Izquierda opinan sobre YPF: Claudio Katz: El vaciamiento que generó Repsol no tiene precedentes / Julio Gambina: Este es el momento

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Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info).

Mario Hernández (MH): La presidenta Cristina Kirchner afirmó que de “proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, ya que somos el tercer país en el mundo, luego de China y Estados Unidos, en reservas de gas”, y agregó que el año pasado fue “la primera vez en 17 años que la Argentina tuvo que importar gas y petróleo”. Al hacer uso de la palabra, la Presidenta afirmó que presentó el proyecto para la recuperación de la soberanía de hidrocarburos porque “somos casi el único país del mundo que no maneja los recursos naturales”, y consignó que desde 1999 hasta el 2011 “la utilidad neta de YPF fue de 16.450 millones de dólares” y que la empresa distribuyó dividendos por 13.246 millones de dólares. ¿Qué consideración te merece este diagnóstico?
Claudio Katz (CK): Es un reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin de lo que está ocurriendo. Es evidente que las decisiones que se han tomado, la intervención de YPF y la introducción de una gestión estatal son medidas necesarias para comenzar a revertir la depredación energética, pero constituyen tan solo un punto de partida para una recuperación de los recursos petroleros. El vaciamiento que generó Repsol prácticamente no tiene precedentes: esquilmaron pozos, reservas, instalaciones y extrajeron lo máximo posible sin invertir.
MH: Ya lo habían hecho con Aerolíneas Argentinas.
CK: Sí, pero esto tiene otra escala, otra dimensión, ha sido a lo largo del tiempo y liquidando un recurso no renovable, no se trata de aviones que uno los puede cambiar por otros. Mientras ocurría todo esto los críticos de la medida de expropiación, algunas voces neoliberales que se escuchan, vuelven a hablar de violación del orden jurídico. El incumplimiento de los contratos de YPF no les molestó y por supuesto, empiezan a levantar en el mundo, en España, en EE. UU., la famosa bandera de la seguridad jurídica, que cuando se trata de atropellar los derechos de los trabajadores, asalariados o jubilados, no rige.
Son voces minoritarias en Argentina pero fuertes en otras partes, con los viejos fantasmas que no hay que aislarse del mundo, que se ahuyentarán las inversiones, cuando en realidad el sistema petrolero argentino nunca dependió de inversiones foráneas, al revés, fue la propiedad estatal del crudo lo que permitió un equilibrio entre exploración y explotación. Además, tampoco es cierto que habrá un conflicto entre los pueblos argentino y español.
MH: Yo inicié el programa escuchando a Joan Manuel Serrat interpretando a Antonio Machado.
CK: Además, Repsol es una empresa de dudosa propiedad española. Tiene el grueso de su capital distribuido en las grandes Bolsas del mundo, sobre todo en sociedades fantasmas en paraísos fiscales y la evasión impositiva que hace ha contribuido mucho al ajuste que está sufriendo el pueblo español porque hay poca recaudación impositiva, déficit fiscal y apriete.
La Argentina lo primero que tiene que hacer es retirarse del CIADI
MH: Cuando Repsol compra YPF no era una petrolera significativa en el mundo.
CK: Se han convertido en una empresa internacional a partir de los recursos extraídos del subsuelo argentino que ha sido la fuente de financiación para convertir a Repsol en una empresa que opera a escala internacional, por eso suena cínico que ahora la monarquía y el gobierno reaccionario de España nos amenacen.
MH: Con enviarnos la Armada Invencible.
CK: Con un conflicto jurídico internacional frente a lo cual Argentina lo primero que tiene que hacer es retirarse del CIADI y no aceptar que este tema sea discutido por ningún tribunal que favorezca a las empresas multinacionales.
MH: O sea que no hay que indemnizarlos.
CK: No, este es el punto de arranque. El punto de partida es tener claro que Repsol en realidad tendría que indemnizarnos a nosotros. No podemos pagar lo que es nuestro, ni premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa. Hay que hacer una auditoría que ponga de relieve cuál es el estado de los pozos, de las reservas, de las instalaciones, antes de hablar de cualquier valuación por cotización bursátil, contable o patrimonial.
Si se llegaran a utilizar fondos del Anses, del BCRA o reservas para pagar una indemnización, volveríamos al Estado bobo que se hace cargo de las pérdidas que ocasiona un concesionario. Mucha atención a este tema porque no nos olvidemos que el gobierno que ha tomado esta medida es el mismo que participó de la privatización, sus funcionarios lo hicieron durante el menemismo y durante los últimos 8 años mantuvieron un idilio con Repsol.
De Vido no es Mosconi
MH: Ayer, anunciando que iba a entrevistarte, dije que me daba la impresión que las medidas tomadas por CFK eran una ruptura con la política energética de Néstor Kirchner.
CK: Básicamente es un giro. Vamos a ver hasta qué punto este cambio, que es muy significativo, se convierte en una nueva política, eso está por verse, pero no cabe duda que no es lo mismo aceptar de depredación de Repsol que expropiar el grueso de su paquete accionario. Sería de una ceguera inadmisible no registrar este cambio, que es importante pero que hay que observarlo con mucha cautela porque De Vido no es Mosconi. Los funcionarios que intervinieron YPF son los que autorizaron todas las medidas que necesitó Repsol para saquear nuestro petróleo.
MH: ¿Qué rol juega Axel Kicillof, el vice-ministro de Economía?
CK: Es la voz de este nuevo proyecto que también hay que registrarlo en forma crítica, es una medida positiva, importante, pero ¡ojo! porque no volveremos a la vieja YPF. Se está creando una empresa mixta que comparte capital estatal y privado.
MH: ¿Al estilo Petrobras?
CK: Es un poco ese modelo pero teniendo en cuenta que no sufrió el desguace de YPF. Creo que hay una visión un poco idílica, fantasiosa, respecto a lo que una empresa mixta puede realizar para recuperar el petróleo porque tiene capitales privados y éstos siempre van a exigir utilidades. No olvidemos que tenemos por delante muchos años de reconstrucción de la exploración para buscar el nuevo petróleo que reemplace al dilapidado, lo cual requiere de una empresa estatal que mantenga un ritmo de equilibrio entre lo que se explora y explota, que no se maneje con un criterio de rentabilidad inmediata y cuando hay capital de la empresa en las Bolsas, hay grupos privados que están allí para ganar dinero.
Argentina es un país con reservas limitadas o con nuevas reservas pero que tienen una costosa extracción. Cuidado con esto que se han descubierto nuevos yacimientos porque la extracción del petróleo allí sería muy onerosa. Argentina necesitaría una empresa 100% pública y estatal, no una empresa mixta, y esto se va a ver en los próximos meses o semanas con el caso Eskenazi.
MH: El otro socio privado importante.
CK: Ahora el paquete accionario es 51% estatal-provincial y hay un 25% en manos de un grupo familiar que hizo un desfalco muy superior a todo lo hecho por Repsol.
MH: Lo decís porque entró al negocio petrolero sin desembolsar un peso.
CK: Con un crédito internacional a ser saldado con las utilidades de la empresa. Así cualquiera compra.
MH: Es un típico representante de la burguesía nacional.
CK: Claro, la famosa burguesía nacional que ya demostró su capacidad para fugar capital pero no para invertir.
Seguramente Eskenazi va a desertar porque es improbable que se hagan cargo del pago de ese crédito. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El estado va a contraer un nuevo compromiso con los acreedores de Eskenazi o va a sustituirlo por otros capitalistas que forman parte de esa llamada “burguesía nacional” tipo Bulgheroni, Cristóbal López, Lázaro Báez o Eurnekian? Ojo con este tema. Hubo un paso importante pero también enormes interrogantes de cómo sigue esto.
En la minería rige el mismo esquema neoliberal que en el 70% de la producción petrolera
MH: Economistas de Izquierda (EDI) había producido un documento en marzo, “Afloran los límites del modelo”, donde alertaban sobre la situación de YPF, los hidrocarburos, la crisis energética, etc., pero hacían 2 señalamientos más respecto de la minería y los ferrocarriles.
CK: Ambos son importantes porque en la minería rige el esquema neoliberal que todavía se aplica en el 70% de la producción petrolera argentina, porque lo que se ha producido es la estatización parcial de YPF que solo involucra al 30% de la actividad petrolera, el 70% restante son contratos regidos por regímenes parecidos al minero donde el concesionario tiene la libre disponibilidad del crudo, la capacidad de manejarlo en forma desregulada y con contratos que han comenzado a revisarse que son terriblemente onerosos, tipo Repsol.
El gran problema es que la Presidenta ha dicho que el régimen minero continúa sin cambios, pero la depredación que descubrió en el petróleo también la va a descubrir ella o el próximo gobierno cuando sepan lo que nos están saqueando en el terreno de la minería. Y además hay un tema más ¿qué se hace con el 70% de la actividad petrolera que está sujeta a normas de liberalismo pleno? La ley que se mandó al Congreso no dice nada, muchos sugieren que en la medida que hay un giro en la política hacia YPF también la habría en el manejo del resto de la actividad petrolera, pero estamos muy lejos de lo que se necesita, que es un sistema de comercialización, fijación de precios, extracción y procesamiento estatal. No puede haber esta atomización de contratos donde cada uno hace lo que quiere.
Esto es importante porque aquí está en juego la relación provincias-Estado. La nueva ley le da a las provincias la mitad de la participación estatal pero el 70% restante sigue regido por el sistema donde el gobernador hace un contrato con una empresa manejando la provincia la propiedad del subsuelo y el resto del país mira lo que ocurre. Un proceso de reconstitución de la estructura petrolera argentina requiere volver a la propiedad nacional del subsuelo. No puede ser que Chubut o Neuquén definan lo que es una atribución del conjunto de la Nación. Hay que avanzar hacia un proceso de reforma constitucional que elimine esa cláusula completamente inadmisible y volver a convertir los recursos de la Argentina en recursos nacionales. Vuelvo sobre esto porque de lo que ocurra con la minería y los ferrocarriles va a depender mucho lo que ocurra con el petróleo. La expropiación parcial de YPF crea una nueva agenda.
MH: Tal vez lo que pase con Eskenazi nos dé una pista de lo que va a pasar con Cirigliano.
CK: Exactamente, es así. Hasta la semana pasada teníamos simplemente un escándalo con Cirigliano como también un manejo escandalosos en la minería, ahora hay un nuevo tablero político, un nuevo hecho, de la misma manera que la estatización de los fondos de pensión, de las AFJP, creó un nuevo escenario. Tenemos que revisar y analizar cada uno de los problemas de la actividad económica en función de este nuevo patrón. Si se ha podido expropiar a Repsol ¿por qué no a las mineras, por qué no a los capitalistas amigos del sistema ferroviario? Hay que discutir todo de nuevo.
MH: Para continuar analizando esta renacionalización parcial de YPF seguimos con Julio Gambina. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Julio Gambina (JG): Quizás empezar refiriéndome a la “nacionalización”. La Presidenta en su informe explicando el proyecto, se encargó de decir que no lo era y entre otras cuestiones prevé la continuidad del carácter de Sociedad Anónima, de empresa privada, donde el 51% actual expropiado, en una eventual apertura al capital extranjero, podría pasar de ser mayoría accionaria a minoría, que es uno de los temas que seguramente discutirán cuando se trate en particular el proyecto para que se agreguen algunas restricciones mayores, para no perder la mayoría del dominio accionario por parte del Estado. Me parece que es una cuestión importante pero hay que desmenuzarla a fondo, en profundidad, porque muchos venimos diciendo hace 20 años que había que terminar con la privatización cuyo resultado hizo fracasar la explotación petrolera, desarrollar una política energética en términos de las necesidades de la sociedad argentina, lo que, por otro lado, fue un tremendo éxito en términos de ganancias remitidas a la Casa Central por parte de la empresa. Tenemos que medir muy bien las palabras porque todavía no se hace un balance de los 20 años. Por un lado, la expropiación está recibiendo apoyo en general, en el Parlamento y en el sistema político argentino hay apoyo mayoritario a la expropiación, más allá de límites y restricciones, pero falta el balance.
¿Quiénes fueron los responsables de la privatización? Hay ideólogos e inventores, incluso curiosamente Carlos Menem ya adelantó que votará a favor de la expropiación.
MH: Es curioso que el ex ministro Dromi, cerebro de las privatizaciones de los ’90, sea asesor de De Vido.
JG: Por eso lo digo. No son solo Menem y Cavallo, sino todos los que apoyaron. En ese sentido yo agrego que en 1994 el Pacto de Olivos permitió la transferencia de la soberanía del Estado nacional a las provincias en la gestión de los recursos naturales, lo que significó hacer a las burocracias provinciales socias o cómplices de la privatización y que es uno de los problemas que traba la perspectiva de nacionalización de la política energética. Hoy están tironeando la situación los intereses económico-financieros de las provincias por mantener la renta petrolera tal cual la reciben en la actualidad.
En el análisis están los que empujaron la privatización y los que durante 20 años la sostuvieron. Hay que pensar que recién en marzo empezaron los retiros de concesiones a YPF-Repsol. Hubo funcionarios del gobierno dentro del Directorio de la empresa que aprobaron la gestión, las remisiones de utilidades al exterior que fueron el 97% de las ganancias. Esto pone en discusión el tema de las inversiones extranjeras. ¿Cuánto trajo realmente Repsol? ¿Cuánto traen realmente de inversiones de capitales las transnacionales si a la hora de la verdad lo que ocurre con la remisión de utilidades es que son más las ganancias producidas por el trabajo social en Argentina que se remite, que lo que ingresa de las empresas en tecnología, desarrollo productivo, etc.?
Además, convengamos que YPF no es Aerolíneas ya que ésta era deficitaria al momento de la recuperación por parte del Estado, mientras que YPF da ganancias.
MH: Hace unos 11 años, visitando General Mosconi (Salta) para entrevistar a “Pepino” Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de esa localidad, me comentó que David Rockefeller decía que la empresa que da más ganancia era una petrolera bien administrada y en segundo término una petrolera mal administrada.
JG: Pero además en un momento de crisis petrolera mundial con tendencia a estabilizar precios en alza del petróleo. Si bien no está en el pico de 2008, el precio del barril se ha consolidado en torno a los U$S 100 y la perspectiva es que se mantenga en ese valor. Es una empresa rentable y el problema que no está planteado en el proyecto y lamentablemente tampoco en la opinión pública, es que este es el momento de discutir petróleo para qué.
El proyecto dice Argentina tiene que recuperar el autoabastecimiento y la tendencia mayoritaria dice eso está bueno, ahora yo me pregunto, si esto ocurriera ¿quién lo usaría? ¿Es necesario el parque automotor que tiene la Argentina? ¿Necesitamos seguir produciendo autos y no ferrocarriles? ¿Argentina tiene que seguir utilizando esta cantidad de petróleo para la producción agropecuaria orientada a la sojización y al monocultivo o tiene que recuperar un plan productivo que aliente entre otras cuestiones la agricultura familiar, el respeto a la producción comunitaria, la extensión de cultivos diversificados, privilegiando la soberanía alimentaria y no la ganancia de las grandes transnacionales de la biotecnología y la alimentación que es el resultado concreto de la sojización? ¿La Argentina tiene que usar su producción de petróleo para un perfil industrial de ensamble? ¿La Argentina plataforma productiva con salarios baratos para la exportación? ¿Por qué vienen las terminales automotrices si la industria no está generada para abastecer el mercado interno?
Más del 70% de lo que se produce se exporta, más del 60% de lo que se compra en nuestro país son autos importados. Hablo de la industria automotriz porque es la líder, la paradigmática en el proceso industrial argentino, estamos en una gran industria de ensamble que es competitiva porque los salarios son baratos. Ahí se consume gran parte del petróleo.
Fin del consenso privatizador
MH: Hace un par de meses escribiste un artículo que titulaste “¿Fin del consenso privatizador?”
JG: En ese momento lo puse entre signos de interrogación. Mi pregunta se va afirmando cada vez más. Eso lo pensaba después de la tragedia evitable de Once, después de 51 muertos y más de 700 heridos, mi sensación era que en la sociedad se había empezado a agotar el consenso privatizador y ahora lo afirmo mucho más. En ese artículo anticipaba el tema del combustible porque había cierto cansancio de la población y un cierto abandono del consenso privatizador.
La sociedad argentina en su mayoría fue trabajada ideológicamente para apoyar el modelo privatizador, primero con terrorismo de Estado, se crearon condiciones para obstaculizar las respuestas sindicales y políticas, se generó miedo en Argentina, estamos hablando de los años 70 y la dictadura. Hubo una batalla de ideas reaccionarias en los medios de comunicación para que la sociedad culpabilizara al Estado y su intervención en la economía como el responsable de la crisis económica. En los ’90, cuando se privatizaron la mayoría de las empresas públicas, no nos olvidemos de la reelección de Menem en 1995 donde el discurso ya no fue revolución productiva y salariazo sino modelo, o sea, privatización, iniciativa privada, incorporarse al Primer Mundo, ser parte de la apertura de la economía, de la liberalización y eso fue consensuado con votos y lo vuelvo a decir, con gran presencia del Pacto de Olivos.
No es solo herencia de la dictadura cívico-militar, no es solo Martínez de Hoz, no solo Cavallo, como muchas veces se dice, sino los 2 partidos políticos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo en el Pacto de Olivos, el acuerdo Alfonsín-Menem que no fue una reforma constitucional solo para la continuidad de Menem, o un senador más para la minoría o una banca más para el radicalismo en el sistema parlamentario, sino acordar cuestiones estructurales como los cambios institucionales que supuso la política neoliberal, la situación de los ferrocarriles, de YPF, la falta de combustible, los problemas petroleros, el darse cuenta que hubo que importar U$S 9300 millones de combustible el año pasado, son elementos que le ponen trabas al consenso privatizador, pero la pregunta es ¿hay que volver al estado anterior?
La YPF estatal previa a la privatización le vendía petróleo subsidiado a Esso, Shell y era también objeto de la especulación de las clases dominantes. YPF en los ’70 fue la empresa que más se endeudó, en el momento que estaban subiendo los precios internacionales, entonces no hay que volver a la YPF estatal del modelo previo y mucho menos a la privatizada de los últimos 20 años. Este debate todavía no está y algunos estamos planteando que hay que pensar en la socialización de YPF.
MH: Justamente había tomado nota de ese tema ya que supone la participación del Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal pero también a usuarios y trabajadores.
JG: Me parece que ese es un debate que hay que hacer, no es sencillo pasar a una gestión de participación popular, comunitaria, social, hasta me animaría a decir que no estamos acostumbrados a decidir sobre temas estratégicos, lo cual no quiere decir que no sea ese el camino. Hay que construir un involucramiento de la sociedad. A mí me preocupa que una vez expropiada YPF, puesta a funcionar la intervención, solo se aumente la producción. ¿Para qué? ¿Cuál es el destino? ¿Si hay necesidad de recursos a quién se va a invitar? ¿A otras transnacionales? ¿Si Repsol fue depredadora por qué otras empresas no lo serán?
MH: Yo agregaría ¿para qué cambiar a Eskenazi por Bulgheroni?
JG: O a Repsol por Total o Pan American Energy o los capitales chinos. ¿No es el momento para pensar la propuesta que planteó Venezuela: Petroamérica? Una política compartida de América Latina donde los recursos naturales se usen en función de un proyecto emancipador de carácter productivo.
El primer destino del petróleo venezolano es EE. UU. y más de una vez ha planteado que quiere cambiarlo para pensar en un desarrollo alternativo en la región latinoamericana. Eso requiere voluntades compartidas y un desafío a pensar otra producción para satisfacer otras necesidades. América Latina hoy está ganando dinero, creciendo económicamente porque es proveedora de recursos naturales del capitalismo desarrollado que tiene una evidente crisis económica y requiere esas riquezas y, por lo tanto, América Latina y el Caribe están siendo altamente funcionales a la demanda del capitalismo mundial en crisis. Son los temas que tenemos que discutir.
MH: Una última opinión sobre la Cumbre de las Américas.
JG: Recién hablábamos del fin del consenso privatizador, ahora me parece que hay un fin de la política exterior regional.
La Cumbre de las Américas comenzó en 1994 durante la administración Clinton en Miami donde empezó a instalarse una agenda con los presidentes americanos excluida Cuba para avanzar en el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas). En la 4ª Cumbre, Mar del Plata 2005, desapareció de la agenda. EE. UU. y la mayoría de los países quisieron instalar el ALCA y los del Mercosur y Venezuela, minoritarios, plantearon que no podría seguir siendo parte de una agenda común.
Una gran movilización popular acompañó el planteo. La 5ª Cumbre en 2009 en Trinidad y Tobago ya hizo notar el cambio político en América Latina y le arrancaron a EE. UU. que la OEA levantara la prohibición para que Cuba fuera parte del sistema interamericano. La OEA invitó a Cuba a reincorporarse y ésta se dio el gusto de decirle que no le interesaba participar de esa organización.
En la 6ª Cumbre en Cartagena ya no fueron solo el Mercosur y Venezuela sino toda la región en contra de EE. UU. y Canadá, planteando a viva voz las reivindicaciones por Cuba y Malvinas. Esto demuestra que estallaron las Cumbres presidenciales, no solo no fueron Correa y Ortega, tampoco Chávez por razones de salud, Evo Morales pronunció un encendido discurso demostrando la inutilidad de este sistema y en simultáneo han surgido otras experiencias, quizá la más importante sea la de la CELAC (Confederación de Estados Americanos y del Caribe) que muestra que está surgiendo una nueva alternativa si bien con proyectos contradictorios como podrían ser los de Colombia y Venezuela, pero más allá está surgiendo una experiencia de diálogo político que excluye a EE. UU. y Canadá. Esto habla de nuevos tiempos, no quiere decir que esté asegurado, que vaya en un camino lineal a resolver cuestiones muy antiguas de la región, pero pone en evidencia que en la última década se procesó una situación de cambio político en la región y esto tiene que motivarnos a un debate más profundo de las ideas, de los proyectos, porque no se trata de volver al pasado sino de recrear las condiciones para un proyecto innovador, emancipador, donde pensemos más en términos regionales que emocionales. Por eso decía que respecto del petróleo es un momento para pensar integradamente y no solo en un autoabastecimiento para Argentina sino en términos de proyecto compartido.

James Petras. “¿Qué derecho tiene España o México a criticar a Argentina, cuando sus modelos han fracasado?”

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martes 24 de abril de 2012

CX36 RADIO CENTENARIO

El sociólogo norteamericano, profesor James Petras analizó en su columna semanal en español dos temas. El resultado electoral francés y la decisión de Argentina de nacionalizar la mayoría de YPF. En ese sentido, Petras destacó la “falta total de solidaridad del gobierno uruguayo de José Mujica con el gobierno de Cristina Fernández” y cuestionó las críticas que se hacen a Argentina desde Europa y México porque “no tiene ninguna base para criticar una economía relativamente exitosa” ya que la realidad demuestra que “la privatización lleva a los países a catástrofes”. Transcribimos a continuación íntegramente el análisis de James Petras.

Chury: Le estamos dando los buenos días a James Petras. ¿Cómo estás?
Petras: Estamos muy bien, estudiando los resultados electorales de Francia.
Chury: Muy bien, era uno de los temas planteados para hoy, así que te dejo en el análisis.
Petras: En primera instancia debemos reconocer que los resultados electorales muestran una polarización en Francia muy fuerte. Si calculamos el voto para toda la izquierda, todos los sectores, alcanzan a un 45%; mientras que la derecha en su conjunto alcanza el 46% y el centro y centro derecha, un 9%.
Eso es para mi una sorpresa, porque todas las encuestas mostraban que la izquierda tenía un mayor margen incluso en la primer vuelta.Pero la sorpresa la dio la derecha con el gran salto que dio la derecha fascista, el partido de Marine Le Pen que consiguió siete millones de votos con un programa xenofóbico, antiislámico y abiertamente racista.
¿Y cómo explicamos el surgimiento de la ultraderecha en Francia? Es algo que debemos analizar.
Por mucho tiempo, la izquierda –particularmente el Partido Socialista- no han dado la batalla contra el racismo. En segundo lugar, la ultra- derecha tenía la fuerza de la crisis para explotar; la ultraderecha explotó todas las debilidades de muchos sectores que están sufriendo la crisis económica. La izquierda no pudo atraer a la gran masa afectada por la crisis.Es decir, atrajo a un sector activo –desocupados, obreros, empleados. Pero importantes sectores de la sociedad francesa se fueron a la derecha, que dio el mensaje de que el problema de la crisis vino con los inmigrantes que roban el trabajo, viven de los programas sociales y que si se expulsa a los inmigrantes la calidad de vida de los franceses va a mejorar mucho.
También que Sarkozy bajó mucho, bajó a 27%; pues los que cosecharon un importante sector de los más afectados fueron precisamente los fascistas. Siete millones de votos no son pocos, son tres millones más que el voto anterior de la ultraderecha…
Mientras tanto, la izquierda consecuente con Jean Luc Melenchon sólo obtiene un 11,5%, un tercio menos de lo que esperaba. Es positivo que la izquierda consecuente haya alcanzado ese porcentaje de los votos, unos cuatro millones y algo. Pero, podríamos decir que en la polarización entre la derecha fascista y la izquierda consecuente, terminó favoreciendo a la derecha,
Y debemos entender además, que el resultado final no es tan cierto, porque si Sarkozy sigue atrayendo a la ultraderecha en la segunda vuelta, va a acumular una fuerza de casi el 50%. En contraste, la izquierda debe combinar todos los votos de partidos, sectores y grupos, más un porcentaje del centro.
En ese contexto mucho va a depender de cómo la izquierda, o los socialistas mejor dicho, pueden combinar una campaña que mantenga o atraiga a la izquierda y encuentro apoyo en el centro.
Lo que está en juego aquí es el apoyo de lo que son los pequeños comerciantes minoristas, más sus empleados. Creo que la izquierda va a atraer a un buena parte del sector de empleados públicos y municipales. Ahora la incógnita es qué va a pasar con los pequeños comerciantes, ese sector muy afectado por la crisis pero que teme a la solución alternativa de los socialistas.
Por tanto creo que en este panorama se va a dar el resultado. Yo no creo que la izquierda gane con más del 51% de los votos.La idea de que va a triunfar automáticamente por el desprestigio de Sarkozy, no está claro.
Chury: En caso de que François Hollande alcance la presidencia, se sabe muy poco de su programa. ¿Cuál es su política respecto a Siria?
Petras: En términos generales, los socialistas tiene una mala relación con la política anticolonial, antiimperialista. Históricamente el Partido Socialista siempre fue partidario de las guerras imperialistas y practicante de las guerras coloniales, tanto en Argelia como en Indochina. En los últimos años hemos visto ambigüedad en el Partido Socialista ..Pues mientras que en algunos casos critican la política imperial, por otro lado al final de cuentas, como miembros de la OTAN mandan tropas y apoyan en la práctica las guerras imperiales. Siempre con este doble discurso. Entonces hay que ver en que grado el señor Hollande va a mantener la misma doble posición: criticar pero en la práctica apoyar a través de la OTAN.
Es importante en este sentido que el apoyo de los sectores antiimperialistas se da pidiendo el pronunciamiento de Hollande en estos casos como Libia, Siria o Irán..
Podríamos decir que la ambigüedad de los socialistas no es buena señal. Hasta ahora no se han pronunciado contra la agresión israelita contra Iran y Palestina .Hablan poco sobre Sarkozy y su colaboración con los derechistas contra el gobierno de Siria. Ellos mantienen esta ambigüedad porque dentro del Partido Socialista hay tantos críticos como apoyantes a la política de la OTAN.
Chury: Queríamos conocer tu opinión sobre esta importante la decisión del gobierno argentino respecto a sus recursos –petróleo, gas, etc.- y el lío que se vino con España, por Repsol, y hasta los propios Estados Unidos.
Petras: El problema fundamental es la estrategia original que empezó con Carlos Saúl Menem,con la privatización, y continuó con la política de Néstor Kirchner. Porque Kirchner confirmó acuerdos con Repsol, incluso puso a un capitalista –la familia Eskenazi- como socios, una empresa capitalista privada y no decía nada contra Repsol, mientras explotaba el país. Una vez que aceptas colaborar con las multinacionales externas, que entran fácilmente pero salen muy difícilmente, .no vienen como huéspedes, vienen para quedarse. El lío es que descubrieron que Repsol no invierte para aumentar la producción, se lleva las ganancias del país.No introduce tecnología, no produce ningún resultado.Desinvierte al país porque el precio no es suficientemente alto, está controlado. Todos estos vicios o problemas, vienen del modelo de empresas mixtas con empresas extranjeras.Ahora quieren echarlos y hay un gran lío. Es el problema que hay que analizar.
Primero los resultados negativos.La decisión de producir y no producir, exportar o no, . son decisiones que están en manos del capital extranjero; y si deciden o no invertir, ¿cómo vas a rectificar si rechazan una conciliación con arrogancia? Una vez que quieres rectificar la situación encuentras el gran lío. En Europa, las empresas, los gobernantes, la prensa financiera, todos condenan a Cristina Fernández en forma virulenta, pese a ser una medida necesaria para el desarrollo. No es una decisión de izquierda, ni mucho menos, porque el país solo queda con el 51% de las acciones.
La conclusión que debemos decir es que es justo, porque Fernández debe enfrentar el gran desequilibrio en las cuentas externas por la importación de petróleo por culpa de Repsol. Tendrás grandes problemas a mediano plazo, una vez que empieces incluir a capitales extranjeros en cualquier sector económico .No quieren salir.
Por eso, cuando criticamos las inversiones extranjeras, cuando rechazamos el capital extranjero, no es por una cosa emocional, no es algo de la bandera, es por razones prácticas como podemos ver en este caso con la conducta de Repsol antidesarrollo y las consecuencias de tratar de reformar la situación. Porque la medida de Fernández no es revolucionaria ni mucho menos socialista, sino que es un esfuerzo para incluir el petróleo en un proyecto de desarrollismo, se podría decir con un discurso nacionalista. Porque en el fondo Repsol no quiere entrar en el desarrollo de Argentina, pese a que está sacando miles de millones de dólares de ganancias.
Chury: Las empresas público-privadas, ese nuevo sistema creado por el imperialismo para privatizar con menos ruido, para evitar el levantamiento de la gente. ¿Por qué se habla tan poco de eso?
Petras: Porque lo del discurso neoliberal, de la empresa del Estado ineficaz, del Estado como incapaz, y la eficiencia del sector privado, la capacidad de encontrar nuevos mercados e introducir tecnologías avanzadas.Todo ese discurso no analiza todos los problemas vinculados con la privatización, como decíamos recién.
Cuando la empresa privada entra, son ellos los que determinan cuánto van a invertir, qué tecnologías van a introducir, a qué mercado van a vender. Toda la gestión esencial y estratégica queda en manos de los gerentes de las multinacionales que calculan donde pueden maximizar las ganancias. Mientras que toda la posibilidad, la flexibilidad de maximizar los intereses nacionales y populares, sólo se puede conseguir a partir de las empresas públicas. Y ese es el debate.
El contexto mundial donde funcionan las empresas privatizadas, indican que a largo plazo perjudican toda la estructura de la economía nacional. Los que invitan a las multinacionales calculan que ahora van a entrar mil millones en algún sector económico, pero no consideran todas las otras variables que estamos discutiendo, como por ejemplo la variabilidad de los precios domesticos y internacionales afectan al mercado y la competencia. No calculan toda la matriz de la inversión, solo exponen tanta inversión, tanto de impuesto y no miran más allá de este pacto, con un contexto muy limitado.
Chury: Cuando se conoció la decisión de la presidente argentina, el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, apoyado por el presidente José Mujica salió disparado hacia España para conseguir inversores.
Petras: Si, es una especie de Judas, una traición. Porque va a plantear allá que ellos (los argentinos) son malos, pero nosotros somos buenos, no van a tener problemas con nosotros no vamos a insistir en control de precios, vamos a facilitar la exportación de ganancias, etc.
Es una traición, una falta total de solidaridad, del gobierno de Mujica con el gobierno de Cristina Fernández, aprovechándose del conflicto para tratar de atraer a Repsol a Uruguay. Son esos tipos de conductas que se podrían esperar por ejemplo de Estados Unidos, México, Colombia, o sea de gobiernos imperialistas, entreguistas y vendidos.
Pero voy a decir una cosa, debido a todos los comentarios que se hacen desde España o México, son en base a proyectos económicos fracasados. ¿Qué derecho tienen ellos de asesorar a Argentina que crece 8%? Mientras el gobierno de Rajoy, en España, que ha bajado la economía a un 6% negativo; con un 25% de desocupación. ¿Qué modelo español puede justificar la idea de asesorar a cualquier gobierno? Y mucho menos a Argentina sobre qué debe hacer económicamente. En México, Calderón tiene el peor record en toda América Latina en los últimos diez años, por más pobreza y menos crecimiento. Y ellos también critican a Argentina porque dicen que nacionalizar es malo y que privatizar es bueno. Pero no tiene ninguna base para criticar una economía relativamente exitosa, frente al fracaso contundente de Europa que está en crisis y México que está quebrada…
En Italia, España, Grecia, la privatización lleva a los países a catástrofes.
Chury: Petras un enorme agradecimiento de parte de a audiencia por los análisis que has brindado. Un abrazo y hasta el próximo lunes.

Petras: Bien. Un gran abrazo a los trabajadores que son los mayores oyentes de esta radio. Un abrazo.

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Los que deberían indemnizarnos son ellos

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martes 24 de abril de 2012

José Rigane (especial para ARGENPRESS.info)

No alcanza con expropiar el 51% de las tenencias de Repsol. Es necesario ir más allá, condenado el modelo energético vigente por 20 años de privatización y avanzar sobre las otras transnacionales para recuperar soberanía energética. Es la hora de pasar de la mercantilización a una concepción de derecho a la energía. La sociedad debe empujar el cambio del modelo energético, no solo contra Repsol, sino contra todos los monopolios transnacionales que operan los hidrocarburos: Chevron, Petrobras, Total, Panamerican Energy, British Petroleum, entre otras. La obligada expropiación no puede terminar en habilitar concesiones a otras transnacionales. No se trata de identificar a Repsol como el malo y a las demás empresas como las buenas.

Nuestra posición apunta a la soberanía energética en el marco de la integración regional contra la dependencia. Por ello sostenemos la socialización de YPF y otras empresas, sin indemnización, sustentando la posición en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante la explotación privada y la depredación realizada en los pozos concesionados. El pago en carácter indemnizatorio y la compra al valor bursátil de las acciones sería un injusto regalo de despedida para los saqueadores y grandes ganadores de un modelo energético que ha fracasado en tanto solución para las necesidad populares y ha sido un gran éxito en tanto estrategia de transferencia de capital para el desarrollo de los países centrales. Más que inversión externa ingresada, Repsol reproduce la lógica de inversores que remiten utilidades al exterior generadas con super explotación de fuerza de trabajo local y depredación de recursos no renovables.
¿Por qué hay que pagar indemnización si lo que hicieron es vaciar YPF a tal punto que hoy importamos petróleo y combustibles? No podemos pagar por lo que es nuestro, es decir patrimonio social del pueblo de la Argentina. Mucho menos cuando las privatizaciones estuvieron plagadas de corrupción, donde se falsificaron los balances y se alteraron los informes sobre las verdaderas reservas con fines especulativos. La realidad es que exportaron nuestras riquezas y recursos de manera que se redujeron las reservas petroleras del 18 al 7 por ciento y en gas del 30 al 7 por ciento en estos años. No se exploró y no se abrieron, ni remodelaron, nuevas destilerías. Los que deberían indemnizarnos son ellos.
Nuestra realidad es la perdida de la soberanía energética, y Repsol utilizó a YPF como plataforma de expansión como operador transnacional. La riqueza social generada con trabajo en Argentina es la base de sustentación de las ganancias de Repsol, las que contribuyen a disimular la crisis española, europea y mundial. La responsabilidad del saqueo no es solo de la transnacional, sino también de los inspiradores originarios del proyecto privatizador, y de sus continuadores por dos décadas. Es necesario señalar al pacto de Olivos (el bipartidismo) que entrego el control de los recursos naturales a las provincias para sellar la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional, que en conjunto omitieron ejercer el debido control sobre las empresas y sus concesiones, prorrogadas en estos últimos años. En rigor, los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) son responsables por subordinarse a la lógica de mercado de los capitales más concentrados.
Por eso vemos con preocupación la conformación de una empresa de carácter mixto, el mantenimiento de YPF como una sociedad anónima, que abre la puerta a los negociados con el patrimonio del pueblo. La composición mixta siempre será contradictoria con los intereses del pueblo. Es que las lógicas capitalistas de ganancia son contradictorias con una proyección de la energía como bien público. Mientras sigan los inversores privados continuará el criterio economicista de mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, y por lo tanto no hay ecuación posible que nos permita usar la energía con un contenido altamente social. Estas son nuestras razones para proponer una empresa socialmente gestionada, con el Estado y la participación en la gestión de los trabajadores y la comunidad. El carácter excedentario de YPF nos permite afirmar la posibilidad de una eficiente gestión socializada. Sostenemos una YPF 100% PÚBLICA, NACIONAL Y SOCIAL para el PUEBLO.
Se trata de transformar la realidad, anulando las concesiones, volviendo la propiedad de los recursos naturales a la nación, y realizando la reforma fiscal necesaria que asegure recursos suficientes a las provincias para su gasto social. Lo que está en juego es el derecho a la energía. Hay que terminar con el ciclo histórico que trató todo como una mercancía. La educación, la salud, la alimentación, la energía son derechos de la población.
La región americana vive su tiempo histórico de recuperación de un proyecto emancipador. Es hora de que el país asuma el compromiso de protagonizar esa tarea en defensa de la soberanía y la integración regional, con un modelo donde la energía sea considerada un valor estratégico, tratada como un bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso. Esta no es una pelea con España y Europa. Repsol no es española o europea. Los trabajadores españoles, europeos y argentinos tenemos el mismo enemigo: el neoliberalismo, el capitalismo; su modelo productivo y de desarrollo. Debemos preguntarnos el para qué de la energía; ¿para qué y para quién producir petróleo? Hace falta petróleo, gas, energía para un modelo productivo y de desarrollo alternativo, que satisfaga las necesidades populares y no el objetivo de GANANCIAS. Es un debate nacional, regional y mundial.
José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA nacional; Secretario General de FeTERA.

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YPF: ¿Utilidad pública, deuda o salvataje?

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miércoles 25 de abril de 2012

Héctor Giuliano

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.
Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.
Expropiación por utilidad pública
No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.
El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.
Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable co-responsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.
Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.
Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es co-responsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.
La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.
También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF – invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.
Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual – estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública” (1) ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente). (2)
No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.
Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.
Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.
Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF – como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.
Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento – es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.
Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.
Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.
Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner – para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.
Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.
La deuda de YPF
Actualmente – según el viceministro de Economía Kicillof – la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).
De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.
Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.
Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.
Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.
El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía: 1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados), 2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y 3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.
Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.
Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado. (3)
El Balance de YPF al 31.12.11 muestra además que el Pasivo Corriente (obligaciones hasta un año de plazo) es de 21.800 M$, contra un Activo Corriente de 14.100 M$, lo que denota que la empresa tendría, en principio, un problema de Liquidez que también deberá ser cubierto por el Estado.
Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.
Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya – Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).
Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.
Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno – independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública – releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.
Un salvataje a REPSOL
Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.
Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública – no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.
La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible.
La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.
Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones. (4)
El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV – titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” – se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.
En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley – le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.
Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.
Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau – siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”.
Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.
Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio.
Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.
Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.
Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD, (5) con miras a poder participar en YPF en el futuro.
También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.
En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.
Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario – sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.
Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.
Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia.
Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria – se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.
La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.
Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro.
Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima (6), sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).
Esto independiza a la administración Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.
En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol – que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital (7) – implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también – y esencialmente – un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF. (8)
Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus actividades.
El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.
Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros.
Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.
En conclusión:
Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?
Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:
1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.
2. Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y
3. El grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.
En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.
Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.
La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.
Notas:
1) El PL habla de “interés público nacional” para referirse al objetivo prioritario de autoabastecimiento de hidrocarburos y de “utilidad pública” cuando se refiere a la expropiación de las acciones de Repsol YPF SA.
2) El artículo 17 de la Constitución Nacional (CN 17) – que prohíbe la Confiscación – establece que la Expropiación por causa de utilidad pública tiene que ser establecida por Ley y previamente indemnizada.
La ley 21.499 de Expropiaciones – que es del año 1977 (dictada por el Gobierno Militar) – especifica que si no hay acuerdo de las partes sobre la indemnización el Estado deberá seguir la vía judicial y es el juez quien fijará el monto de la misma.
3) El Presupuesto 2012 autoriza en materia de Deuda Pública – además de 11.700 MD más de Deuda en cabeza de la Administración Central – la contracción de otros 28.000 MD de Deuda Indirecta, es decir, nueva deuda que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios.
Estas nuevas deudas son avaladas por el Tesoro, que se transforma así en el garante de última instancia para el pago de las deudas tomadas por las distintos Entidades Nacionales.
4) La familia Eskenazi – a través del Grupo Petersen – compró su parte de las acciones de YPF por presión directa del gobierno Kirchner ante Repsol y lo hizo en dos tandas: el 14.9 % en 2008 y el 10 % en 2011; logrando así un total de prácticamente el 25 %.
Ambas compras fueron hechas sin aporte de capital propio – sólo se desembolsaron 100 MD – ya que las mismas fueron financiadas con préstamos garantizados por las acciones que se compraban:
– En 2008, con un crédito de 1.018 MD dado por un grupo de bancos liderado por el Credit Suisse y del que formaban parte Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa; y el resto financiado por Repsol, que era el vendedor de esa cuota-parte de sus acciones. En total, 2.235 MD.
– En 2011, con otro préstamo consorciado, de 670 MD otorgado por los Bancos Itaú, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y Citi; y otros 670 financiados por Repsol.
El saldo de la deuda de Eskenazi por estos dos préstamos sería hoy del orden de los 3.000 MD.
Las dos operaciones se pactaron a través de Petersen Energía, una empresa del grupo con sede en Nueva Zelandia, de modo que las obligaciones figuran así como deuda externa de la empresa.
En ambos casos, se pactó que los servicios de estas deudas serían pagados por el grupo Eskenazi con dividendos futuros a percibir por sus acciones en YPF merced a la disposición aceptada por el gobierno Kirchner de distribuir altísimas utilidades de la empresa que posibilitarían este cumplimiento, pese a que ello se hacía restando fondos al plan de inversiones vía reinversión de ganancias.
De allí que imputar hoy solamente a Repsol por una política de “vaciamiento” debido al retiro masivo de utilidades mientras se incumplían los programas de inversiones en exploración es, cuando menos, una acusación incompleta porque todos los accionistas se beneficiaron proporcionalmente de dicho “vaciamiento”, y el grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por el gobierno – en primer lugar.
Dicho con otras palabras: que la política de distribución excesiva de dividendos, con el consiguiente incumplimiento de los planes de inversión de YPF fue conocida, aceptada e incluso inducida por el propio gobierno Kirchner para favorecer la operación de compra del grupo Eskenazi.
5) Artículo de Diego Cabot en La Nación – Suplemento Económico del 22.4.12 – y noticias periodísticas conexas.
6) Tanto la presidenta en su anuncio como el texto del PL ponen especialmente de relieve esta independencia jurídica de YPF como Sociedad Anónima, no sujeta a los controles de los organismos de supervisión directa de las Empresas del Estado.
7) La nueva estructura accionaria de YPF es la siguiente:
51.0 % Estado Argentino (51 % Nación y 49 % Provincias Petroleras).
24.4 % Grupo Petersen-Eskenazi.
5.8 % Lazard Asset Management (relacionada con la Banca Rothschild).
4.8 % Eaton Park Capital (un Fondo de Inversiones creado como desmembramiento de Goldman Sachs).
5.9 % Inversores no identificados.
2.0 % Cotización en Bolsa de Buenos Aires.
6.1 % Repsol (que reiteradamente ha sido asociada a la compañía británica British Petroleum).
El cambio producido en esta composición del capital de YPF afecta sólo las tenencias accionarias de Repsol, que pasa del 57.4 % al 6.1 %; es decir, que baja la participación de Repsol y aumenta en igual medida la del Estado. El resto de los accionistas permanece con la misma proporción de acciones.
Esto involucra especialmente al grupo Eskenazi, que a través de Petersen mantiene su 25 % del capital de YPF.
8) La última integración del Directorio de YPF era la siguiente:
Presidente: Antonio Brufau Niubó
Vicepresidente del Directorio: Enrique Eskenazi
Gerente General (CEO) Vicepresidente Ejecutivo: Sebastián Eskenazi Storey
Subgerente General Director Adjunto al CEO Director General Repsol Argentina: Antonio Gomis Sáez
Directores Titulares:
Roberto Baratta (representante oficial del gobierno Kirchner en el Directorio)
Aníbal Guillermo Belloni
Mario Blejer
Carlos Bruno
Carlos de la Vega
Matías Eskenazi Storey
Salvador Font Estrany
Federico Mañero
Javier Monzón
Miguel Ángel Devesa
Luis Suárez de Lezo
Mario Vázquez
Raúl Cardoso Maycotte
Directores Suplentes:
Alejandro Diego Quiroga López
Alfredo Pochintesta
Tomás García Blanco
Fernando Dasso
Carlos Jiménez
Carlos Alfonsi
Ángel Ramos Sánchez
Ezequiel Eskenazi Storey
Mauro Renato José Dacomo
Ignacio Cruz Moran
Eduardo Ángel Garrote

Después de la reciente intervención oficial obviamente esta composición del Directorio de YPF está siendo modificada y se formalizará en la primera asamblea que se realice al efecto.

Publicado por ARGENPRESS

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