El neoliberalismo y la amnesia histórica

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martes, 7 de agosto de 2012

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

De todas las medidas antipopulares que está imponiendo, o intentando imponer, el gobierno empresarial de Ricardo Martinelli, una de las más perversas es la pretensión de aplicar una lobotomía masiva a las próximas generaciones de panameños y panameñas con la Ley 407, por la cual se quiere borrar de una vez y para siempre los cursos de “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” de los programas de educación media. Esa ley, prohijada por la diputada Dalia Bernal, del oficialista Cambio Democrático, y con el silencio cómplice de los diputados de “oposición” (PRD incluido), a instancias del Ministerio de Educación, pasó los tres debates de la Asamblea Nacional en el más absoluto secreto, sin consultar opiniones de ningún sector académico, ni de la sociedad civil.

Los más burdos defensores de la Ley 407 alegan que, “ya que el Canal revirtió a manos panameñas y desaparecieron las bases militares y la Zona del Canal, ¿Para qué seguir con el curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos?”. Claro, desde el punto de vista de quiénes están sacando provecho privado de una soberanía conseguida con la lucha colectiva y generacional del pueblo panameño: ¿Qué sentido tiene enseñarles a los jóvenes del siglo XXI que, si hoy pueden pasear por Amador o Balboa sin que se los impide un soldado yanqui, es gracias al sacrificio de la juventud que no dudó en ofrecer el pecho descubierto a la metralla imperialista el 9 de Enero de 1964?
¿Qué sentido tiene, para los pelechadores cuyos padres y abuelos soñaban con convertir a Panamá en un “estado asociado” del imperialismo norteamericano, seguir enseñando que el pueblo y la juventud en 1958 y 59 marchó a la Zonal del Canal enarbolando la bandera panameña pese a los arrestos y la represión? ¿Para quienes privatizan y regalan, exoneradas de impuestos, a empresas multinacionales las instalaciones de Clayton, Howard y Albrook, qué lógica va a tener hablarles a las futuras generaciones de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Movimiento Antibases de 1947? ¿Por qué razón la oligarquía financiera panameña, que ha convertido las áreas revertidas y el Canal en una “zona” (sin gringos) pero controlada por ellos, sin que sus presupuestos sean discutidos con la sociedad y de cuyas ganancias sólo se benefician los bancos y empresas constructoras de la “ampliación”, por qué (repito) van a querer que se siga hablando del “Incidente de la Tajada de Sandía” y de las más de cien intervenciones militares norteamericanas en el Istmo, con su saldo de muertos y heridos?
Otros todavía más perversos, intentan enmascarar sus intenciones con alegatos pretendidamente académicos señalando que ese curso es reduccionista y no permite una visión “holística” de la historia de Panamá, por lo cual es mejor encapsular (en un bimestre) sus contenidos dentro de un curso general de historia que abarque desde la época prehispánica, la colonia, el periodo “departamental” (unión a Colombia) y la fase republicana. Todo ello con las tradicionales metodologías memorísticas de nombres y fechas, tan odiosas para los estudiantes que gritan que mejor los torturen con el Teorema de Pitágoras. Así sobrará más tiempo para cursos más importantes desde la epistemología neoliberal, como inglés y computación, salpicados de rudimentos de gramática española y matemáticas elementales. Sin esos molestos profesores con pretensiones subversivas y dirigentes magisteriales, a quienes la ministra del “Opus Dei” se está encargando de botar, con una sonrisa en los labios. Hay que reconocer que la mujer no sabrá un ápice de pedagogía, pero sí de relaciones públicas aprendida en una universidad chilena, bajo el reinado de Pinochet y puesta en práctica por muchos años de trabajo para los dueños de Telemetro y TVN.
Es que, como diría nuestro maestro de epistemología del Doctorado en Humanidades, Jorge Núñez, la epistemología y por extensión la pedagogía, no nacen de la cabeza de ningún genio metodólogo o pedagogo, sino que hunden sus raíces en motivaciones sociales y, por ende, políticas. Por eso es que tanto la Ley 407, como el conjunto de reformas educativas de la ministra Lucinda Molinar, responden a los intereses de los grupos empresariales que controlan el Estado panameño y que gobiernan, no para un proyecto de desarrollo nacional, sino para un proyecto antinacional (diría Ricaurte Soler), de entrega y sometimiento a los intereses del capital transnacional. Proyecto antinacional que se impuso, no por casualidad, con la Invasión de 20 de Diciembre de 1989.
El curso de “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” responde a otra lógica epistemológica. El profesor Luis Navas (cuyo hermano Juan fue uno de los mártires del 9 de Enero, herido por la soldadesca yanqui en Colón, y luego asesinado en 1967 por el DENI y el gobierno oligárquico de Marcos Robles) explicó la historia del curso ante una asamblea de docentes universitarios: propuesto por primera vez en 1951, por el historiador Castillero Pimentel, miembro de Frente Patriótico, organización que dirigió la lucha contra las bases militares en 1947. La idea fue retomada por otro de los dirigentes de aquel movimiento, Carlos Iván Zúñiga, en 1963. Para finalmente, ser aprobada en 1973, cuando el régimen del general Omar Torrijos adoptó su carácter nacionalista y el objetivo de forzar a Estados Unidos a negociar un tratado del canal que suplantara al impuesto en 1903. Durante 20 años el curso fue obligatorio para todos los estudiantes graduandos de educación media y a nivel universitario.
Treinta años de gobiernos neoliberales, que empezaron con el régimen de Manuel A. Noriega, y más de 20 años de “democracia” post invasión norteamericana, no pasan por gusto. Una de las tantas víctimas del neoliberalismo ha sido el curso de “Relaciones de Panamá con Estados Unidos”, el cual ya se había ido eliminando sigilosamente (de 16 bachilleratos vigentes, sólo se da en 4; y en la Universidad de Panamá sólo se da en las carreras que no han modificado sus planes de estudio últimamente; no hablemos de las privadas, donde hace mucho no existe). De manera que, la Ley 407 quiere ser el tiro de gracia que remate el recuerdo de cómo se forjó esta pequeña nación resistiendo las intervenciones extranjeras que han pretendido apoderarse de su principal recurso, la posición geográfica.
Como bien señaló el sociólogo Marco Gandásegui en la referida asamblea de docentes universitarios: la lucha por la defensa del curso de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, es una lucha ideológica. Y como tal lucha ideológica, agregamos nosotros, es una lucha social y política; una lucha entre quienes quieren inducirnos a una amnesia colectiva para imponernos un país sometido a intereses imperialistas, y quienes defendemos un proyecto nacional soberano e independiente, que heredamos de las generaciones que nos precedieron.
Por ello, los gremios docentes que salen a defender a sus dirigentes injustamente despedidos y que enfrentan un modelo de educación neoliberal; junto a los sindicatos, a los indígenas, a los estudiantes, a los campesinos y profesionales que confrontamos la autocracia neoliberal de Martinelli y su gobierno, debemos levantar, al lado de todas las demás demandas económicas, sociales y democráticas, la defensa de nuestra memoria histórica recogida en el curso de “Relaciones de Panamá con Estados Unidos”.

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Panamá: ¿Quién tenía la razón?

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miércoles 25 de abril de 2012

Mauro Zúñiga Araúz

Desde julio de 2010 cuando el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal ordenó la masacre a nuestro pueblo originario gnabe-buglé, dejando como saldo una docena de muertos, centenares de heridos y de invidentes, tomé la pluma y utilicé mi verbo para denunciar la naturaleza fascista del régimen que, con el apoyo de las mayoría nacionales, había llegado al poder utilizando la mentira y las falsas promesas.

Los dueños de los medios impresos y los de las televisoras comerciales me permitieron llevar mis argumentos a los ojos y oídos de la población. Tales fueron la profundidad de mis denuncias que el Presidente les ordenó que no quería ver más mi nombre impreso en los periódicos, ni mi rostro en las televisoras, de lo contrario, suspendería toda publicidad oficial y obligaría a las empresas privadas a que hicieran otro tanto. En efecto, mi nombre desapreció de los medios nacionales. Utilicé, desde entonces, las redes sociales y tuve la fortuna de que mis artículos los recogieran reputados medios del exterior; de manera que mi palabra de protesta fuera conocida por la comunidad internacional. ¿Qué irritaba a Martinelli Berrocal? La verdad. La verdad es el hacha que maltrata al autócrata.
¿Qué denunciaba y sigo denunciando? Las informaciones veraces que me llegaban. Martinelli Berrocal es un hombre inescrupuloso, que llegó al poder con un solo fin: enriquecerse aún más. La procedencia de su inmensa fortuna no tiene explicación. El carácter autocrático de su gobierno se notó desde que nombró a sus incondicionales como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; nombró como Procurador y Contralora a personas de su círculo íntimo y compró, con dinero del Estado, a los diputados de la Asamblea Nacional, para lograr mayoría absoluta. Es, además, dueño de un diario de circulación nacional y de una televisora.
En mis escritos denunciaba los actos puntuales de corrupción; las coimas que recibía; su trastorno psiquiátrico (enfermedad bipolar con botes psicóticos), su consumo de drogas, su alcoholismo, su promiscuidad, sus orgías, sus sobornos, su persecución selectiva, el haber convertido la Dirección General de Ingresos en la Gestapo contemporánea para hacerse de los bienes privados, tomarse para él los bienes y servicios que se le antojen, amenazar a periodistas, quitarles las tierra a los humildes campesinos, iniciar la privatización del Seguro Social, la construcción de hidroeléctricas en la comarca indígena, la explotación minera, en fin, asaltar el país para su propio manejo o en compañía con las transnacionales. Terminó de remilitarizar el país, obra iniciada por su predecesor, el presidente Martín Torrijos Espino.
Es más, denuncié cómo, en asociación con Manuel Antonio Noriega, adquirió su primer supermercado para actividades al margen de la ley. El vinculo de su primo, Ramón Martinelli Corró, ex Tesorero del partido gobernante, preso en México por narcotráfico. La conexión del colombiano Murcia Guzmán, preso en los EEUU, con Martinelli Berrocal. La mayoría de estos temas son tabúes para los directivos y dueños de medios nacionales. Ahora, cuando el escándalo de Lavitola ha sido publicado en muchos diarios del mundo, a la prensa panameña no le ha quedado otra alternativa que reproducirlo.
Como él tiene controlado el Ministerio Público y las autoridades judiciales, incapaces de investigarlo, ya estalló el primer escándalo de corrupción del presidente panameño en el exterior. Las autoridades italianas lo acusan de haber recibido sobornos de parte de Valter Lavitola, sus socios y compañías vinculantes. La defensa de Martinelli Berrocal es caer en la falacia ad hominem: atacar, no al argumento, sino a la persona: tiene el descaro de acusar al socio de Lavitola, Mauro Vellocci, quien lo denunció, de estar vinculado al consumo de droga y de andar con prostitutas. Esto no es más que la punta del iceberg. Mis denuncias tienen que ser investigadas: en Panamá, con un nuevo gobierno, o en el exterior. ¿Cómo están quedando los medios nacionales? La noticia tiene que explotar afuera para que ellos se hagan eco.

El Presidente Ricardo Martinelli Berrocal ocupa el penúltimo lugar en la aceptación entre los países de área. En Panamá, más del 80 % ya no cree en él. Los índices de pobreza están en acenso, la canasta básica sube cada día, sube el precio de la gasolina, aumenta la inseguridad ciudadana, hay paros y huelgas frecuentes, la inconformidad ha llegado a límites peligrosos para la estabilidad del país. El grito de los panameños decentes es exigirle su renuncia, que sea sometido a un juicio, que devuelva todo lo que se apropió y que se convoque a una Asamblea Constituyente Originaria y Participativa con miras a suscribir entre todos un nuevo Pacto Social.

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Puerto Rico y el presidente Martinelli

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Con lo ocurrido a fines de marzo en el Aeropuerto de Tocumen en Panamá, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños.

 

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
El aeropuerto de Tocumen, de la ciudad de Panamá, se ha convertido en uno de los terminales más concurridos en América Latina, por los servicios de trasbordo que ofrece. Lo que no se sabía es que continua siendo un centro de operaciones de las agencias de seguridad norteamericanas. En la actualidad, el gobierno panameño anunció que se está invirtiendo cerca de 400 millones de dólares en remodelaciones y ampliaciones del terminal. Es probable que los agentes de Washington se beneficien.
EE.UU alega que su misión militar en la región latinoamericana se concreta a la vigilancia, detección y represión del tráfico de ilícitos, especialmente la droga con destino a ese país. Sin embargo, Tocumen también sirve, aparentemente, para filtrar a los viajeros que no cuadran con la ideología dominante de los norteamericanos. A fines de marzo fueron detenidos en el aeropuerto figuras políticas que tuvieron una destacada participación en un Congreso del Partido del Trabajo (PT) en la ciudad de México. El PT proclamó en esa reunión a su candidato a presidente, Andrés M. López Obrador, crítico de la política exterior de EE.UU.
En este caso particular, viajó al Congreso en México el dirigente del Partido Nacionalista (PN) de Puerto Rico, Francisco Torres (un ciudadano con pasaporte norteamericano), haciendo escala en el terminal aéreo de Tocumen. A su regreso, “fue interceptado por la policía panameña y separado del resto de sus compañeros”. Para sorpresa de sus acompañantes, Torres fue presentado a dos individuos que se identificaron como “agentes federales” de EE.UU. Después de un careo, en el cual se les preguntó (a los agentes) con que autoridad actuaban en un “país libre y soberano, Torres fue liberado”.
El asunto no terminó allí, “posteriormente a su llegada a Puerto Rico, Torres fue detenido por las autoridades de inmigración de EE.UU y sometido a un interrogatorio por más de dos horas”. Igual suerte tuvo la secretaria del PN, Linda Lebrón.
Lo más lamentable de este incidente fue la denuncia de los políticos puertorriqueños quienes no ahorraron epítetos para calificar la actuación de la Policía panameña: “Denunciamos la colaboración y entrega del gobierno de la neo-colonia de Panamá que haciendo dejadez de su soberanía nacional presta su territorio para atacar a patriotas puertorriqueños”.
En otro comunicado, el PN agrega que “toda la documentación personal de Torres, incluyendo tarjetas de crédito, de banco, la de su seguro medico, licencias ,así como los documentos y tarjetas de presentación recibidas en el Seminario del PT fue copiada. Lo sucedido en Panamá es una clara violación a la soberanía panameña”.
En las décadas de 1950 y 1960 el flamante terminal de Tocumen era manejado directamente por agentes de las fuerzas armadas norteamericanas acantonadas en las bases militares que rodeaban el Canal de Panamá. Todos los vuelos eran monitoreados por agentes de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Los pasajeros eran vigilados por agencias combinadas de inteligencia – EE.UU y Panamá – con el fin de detectar movimientos de políticos que no eran del gusto de la potencia del norte o de Panamá. Con la política del general Omar Torrijos de crear una frente internacional de apoyo a Panamá en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá, se puso fin al uso de Tocumen como filtro de las agencias norteamericanas. Sin embargo, después de la invasión militar de EE.UU a Panamá en 1989, Tocumen regresó a manos de las agencias de seguridad norteamericanas.
El colapso del bloque socialista en Europa, incluyendo a la Unión Soviética, supuso que ya EE.UU no necesitaba controlar los movimientos de sus adversarios políticos en el aeropuerto de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el incidente con el dirigente puertorriqueño demuestra lo contrario. La política de Washington está muy presente y su intervención en los aparatos de seguridad panameños están vigentes.
En el plano regional, EE.UU acaba de vetar la discusión del bloqueo que mantiene sobre la isla de Cuba por más de 50 años en la próxima Cumbre de las Américas en Cartagena. Por otro lado, Washington logró eliminar de la agenda la cuestión de las islas Malvinas, colonia británica en el sur del Atlántico que reivindica Argentina. Además, Washington nunca ha permitido que se presente el caso de Puerto Rico en un foro de la OEA o a un debate transparente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Puerto Rico, a pesar de encontrarse bajo la dominación de EE.UU por más de cien años, sigue luchando por su independencia. El movimiento, incluso, está cobrando fuerza en EE.UU que reconoce la injusticia que se comete contra ese pueblo que cada amanecer ve una bandera extranjera izarse sobre su territorio.

Con lo ocurrido en Tocumen, el gobierno panameño parece estar entregando su soberanía y dignidad a la gran potencia del norte. A la vez, está apoyando el colonialismo norteamericano en Puerto Rico, rechazado por varias generaciones de panameños. En Panamá, el Partido Alternativa Popular (PAP), indignado por la detención del dirigente nacionalista puertorriqueño, le exigió – en un comunicado – al presidente Martinelli más respeto por la soberanía nacional y por los derechos inalienables del pueblo de Puerto Rico.

Panamá: Numeritos hablan y preocupan

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jueves 16 de febrero de 2012

Luis Manuel Arce Isaac (PL)

Una encuesta de Dichter & Neira que revela una caída vertical de la popularidad del presidente Ricardo Martinelli con apenas 33,3 por ciento de aceptación entre sus compatriotas, ha remecido hasta sus cimientos al gobierno.

“Numeritos hablan”, reza un dicho popular, pero además preocupan, y no solamente al mandatario y su partido Cambio Democrático, sino a toda la estructura política de la nación porque los encuestados han sido radicales y muy claros, además.
Los números de la encuesta de febrero de 2012, todos muy adversos a Martinelli, tampoco son favorables para los demás y reflejan la gran encrucijada en la que se encuentra el panameño de pueblo comido por la duda y la incertidumbre.
Ese sentimiento tan negativo se refleja en el dato de que el 54,2 por ciento de los encuestados respondió que no votará por ninguno independientemente del partido que represente cada candidato.
Por supuesto, lo que sirve de base a esa percepción es la mala valoración del gobierno que tienen los panameños y, por extensión, de los partidos políticos, lo cual los sumerge en la incertidumbre a la hora de responderse por quién votar.
Ese embarazo del elector refleja la crisis de liderazgo que vive el sistema partidista nacional, algo que muchos creyeron resolver en 2009 cuando surgió una alternativa nueva con el rimbombante, pero esperanzador, título de Cambio Democrático.
La encuesta de febrero derrumba en importante medida el edificio construido en torno a esa idea del cambio y los compromisos asumidos en la campaña electoral e incumplidos en el gobierno. Son los números los que hablan:
El 83,4 por ciento rechaza la reelección inmediata, es decir, no quieren a Martinelli, 77,4 está en contra de la segunda vuelta, 61,7 califica de mala la gestión del gobierno, 63 desaprueba la labor del Presidente, 85 siente que la seguridad está igual o peor y 80,3 por ciento repudia la actuación en el conflicto indígena.
La encuesta expresa la apreciación de una incapacidad manifiesta del ejecutivo, poca o ninguna transparencia en hechos de aparente corrupción en el manejo de recursos y activos del Estado, y en ciertos casos excesos en el ejercicio de gobernar.
Hay una crisis de credibilidad, según analistas como Mario Rognoni, Ebrahim Asvat y Miguel Antonio Bernal, que se observa en la caída de la popularidad de Martinelli y en los números sobre las intenciones de voto que acompañan a cada aspirante a la presidencia.
Es sintomático que ninguno del montón de candidatos o precandidatos a la primera magistratura del país llegue al 20 por ciento de aceptación de los electores; que uno solo sobrepase el 15, otro el 10 y el resto no alcance ni el 5 por ciento.

En esos números se expresa el gran drama que viven los panameños en estos momentos de cara a las elecciones generales de 2014.

Caótica la situación en Panamá por rebelión indígena

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martes 7 de febrero de 2012

PL

La situación es caótica en numerosas regiones de Panamá, derivada de la represión contra indígenas en la localidad de San Félix que ocasionó un muerto cuando bloqueaban la vía interamericana en protesta por una ley minera.

Los exteriores de la sede de la Asamblea Nacional cerca de la popular Plaza de 5 de Mayo, ha sido el escenario principal de las protestas en la capital, así como un cercano Supermercado 99, cadena propiedad del presidente Ricardo Martinelli, que cerró sus puertas.
La situación más complicada se registra en la localidad Volcan, provincia de Chiriquí, donde los indígenas incendiaron el cuartel de la policía, la Corregiduría y el de bomberos enojados por la represión que ya ha ocasionado más de un centenar de detenidos y cerca de 70 heridos.
En la capital se reportaron manifestaciones en Tocumen, La Chorrera, Tumba Muertos y otros lugares, mientras que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá anunció que se mantendrán suspendidas las labores académicas y administrativas también mañana.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, tuvo que desdecirse y admitir que se ha usado arma letal reglamentaria, tras la revelación de una foto en el diario La Estrella que muestra a un policía antimotín disparando una pistola.
La representante residente del sistema de Naciones Unidas en Panamá, Kim Boduc, se ofreció como mediadora en el conflicto a nombre de la organización y propuso al gobierno la creación de una mesa permanente de negociaciones.

El gobierno envió una comisión a Chiriquí encabezada por el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega para negociar con los ngöbe buglé, mientras que el Partido Revolucionario Democrático interpuso dos denuncias por cese de comunicación celular y trato cruel y degradante a la comunidad indígena.

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Panamá, ¿bajo estado de sitio?

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martes 1 de noviembre de 2011

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)Cada régimen capitalista necesita una guerra, más ideológica que real, para justificar sus actos cuestionables, sus imposiciones y el latrocinio sobre la propiedad pública. Durante décadas, en América Latina, se disfrazó la expoliación económica y la injusticia social en nombre de la lucha “contra el comunismo”. Desaparecida la Unión Soviética y el llamado “campo socialista”, esa ideología había perdido sentido. Había que inventar nuevas “guerras” que justificaran las desigualdades sociales continuadas. Así nacieron con el nuevo siglo la “guerra al terrorismo” y la “guerra a las drogas”.

En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli ha declarado su propia guerra, para justificar sus desmanes contra la cosa pública: la “guerra a la delincuencia”. Útil apelo ideológico con el que busca amedrentar masivamente a la población, reprimir y acallar las voces críticas a su gestión, pero sin bajar para nada la ola de criminalidad que azota al país.

El delito es una de las consecuencias del saqueo capitalista y su profundización de las desigualdades sociales, y como éstos han llegado al paroxismo, la criminalidad ha alcanzado niveles inusitados. Ambos están directamente relacionados y son dos caras de la misma moneda. En un artículo anterior (“Aumento exponencial de la criminalidad, otro síntoma de la crisis del sistema”, abril de 2011) demostramos con cifras del SIEC, cómo los saltos exponenciales de la criminalidad en Panamá están asociados a la consolidación del modelo económico excluyente: “1995, con el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y sus reformas laborales y privatizaciones; y 2007, con Martín Torrijos, cuando se consolida el esquema económico de país volcado a la especulación inmobiliaria y turística”.

Pero el gobierno empresarial de Martinelli no puede llegar a la conclusión correcta, de que la única manera de atacar el delito eficazmente es cambiando el modelo económico que se ha impuesto, pues ello afectaría sus intereses específicos. Por eso se buscan subterfugios represivos e ineficaces para distraer a los incautos haciéndoles creer que se están tomando medidas contra la delincuencia, mientras ésta sigue creciendo porque se sigue profundizando el modelo económico excluyente y el sistema capitalista superexplotador que padecemos.

Por ejemplo, en vez de una política de empleos masivos para darle trabajo al alto porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los “ni, ni”), se aumentan constantemente la duración de las penas, y se baja la edad de imputabilidad cada vez más. Otra medida pueril salida de los genios del Ministerio de Seguridad ha sido el ocultamiento y retoque de las cifras de delitos cometidos, puestas en evidencia por diversos periodistas.

Pero la medida más irritante y cuestionada en estos días en Panamá es la aplicación masiva y arbitraria de retenes policiales combinados con la nueva tecnología denominada “pele police”, una especie de “smartphone” que conecta con las bases de datos (desactualizadas) de la Policía Nacional, a ver si el número de cédula o el nombre del ciudadano aparece requerido por alguna autoridad o instancia judicial. Quien tenga la desdicha de aparecer en el susodicho aparato es retenido y conducido inmediatamente, no importa si se trata de un condenado en fuga, un sospechosos criminal, o simplemente una boleta de tráfico o una pensión alimenticia adeudada.

Los retenes con “pele police” son aplicados en la República de Panamá al arbitrio del humor del jefe policial. Se le ha usado para intimidar a quienes acuden a alguna protesta popular, o en una fila interminable de autos de gente apurada que acude a sus trabajos cada mañana. Acá no hay garantía constitucional que valga: ni libertad de tránsito, ni presunción de inocencia, ni orden de autoridad competente. Toda la ciudadanía está bajo sospecha. Tampoco importa que un juez la haya declarado inconstitucional. Parece que la consigna es: cuanta más gente se la obligue a sufrir el retén y pasar por el aparatejo, más creerán que “la policía está trabajando”.

Las cifras difundidas por la propia policía no dejan lugar a dudas. De una población que oficialmente apenas sobrepasa los 3 millones de habitantes, han pasado por el suplicio 1.445.000 personas. Si sacamos a los niños y personas enfermas que no se pueden movilizar, tenemos que alrededor de la mitad del país ha sido “verificado”. Es como si Martinelli hubiera declarado el “estado de sitio”, la suspensión de las garantías constitucionales y hubiera dado un golpe de estado. Uno se queda con la duda si a lo dicho agrega todo el control sobre los órganos del Estado y los medios de comunicación, las amenazas a los opositores que no se venden, la apropiación de los bienes y recursos del estado, etc.

Alejandro Ganci, agudo economista y destacado miembro de la Asamblea Ciudadana, ha hecho sus cálculos para demostrar la completa ineficacia de los retenes “pele police”: si se han verificado 1.445.000 personas, pero sólo se han detenido 2,400 (no sabemos cuántos por errores de la base de datos o por faltas administrativas menores y cuántos eran verdaderos criminales), tenemos que la efectividad del operativo ha sido menor a dos décimas del uno por ciento!!!

Según Ganci, si tomamos en cuenta que la media salarial es de 640.00 dólares mensuales, y que a las personas en los retenes se les hace perder hasta media hora en el retén (se han malbaratado 3.60 por persona), que en tiempo perdido suman más de 722,500 horas y 5.2 millones de dólares perdidos.

Dicho en términos capitalistas gratos al Presidente de la República: los retenes son un saco roto, una medida improductiva que no tiene justificación. Si la policía fuera una empresa privada, al gerente encargado de esta idea se le habría despedido por poner en riesgo el negocio.

Claro el “presupuesto” del que se parte es que el objetivo del “pele police” más retén es disminuir la delincuencia. Pero puede que en la cabeza de los gobernantes no sea ese el objetivo de estos “operativos” (bajar la delincuencia), sino otro inconfesable: intimidar a la población. Entonces la medida adquiere toda la racionalidad oculta que no habíamos descubierto hasta ahora.

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Descenso en picada popularidad de presidente Ricardo Martinelli

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martes 6 de septiembre de 2011

 

PL

La popularidad del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cayó en picada este mes al perder 20,5 puntos porcentuales en la aceptación de la gente en comparación con agosto pasado, según una encuesta de Dichter & Neira.

La muestra fue encargada por el canal TVN y el diario La Estrella. En agosto el gobernante y líder del partido Cambio Democrático estaba en 66,9 por ciento en el índice positivo, pero bajó a 46,4 en estos primeros días de septiembre.
TVN señala que la dura caída del jefe del gobierno panameño se da en medio de la segunda vuelta electoral, las muertes por KPC y la ruptura de la alianza con la destitución de su canciller Juan Carlos Varela.
Un ejemplo del revés de estos días es que 79,5 por ciento de los encuestados está en contra de la segunda vuelta electoral que propugna Martinelli para 2014 si ninguno de los candidatos alcanza el 50 por ciento más uno de los votos válidos emitidos.
Igualmente, el índice negativo del mandatario se disparó, pues en agosto se ubicaba en 29,3 por ciento y ahora se elevó a 51,8, indica la encuestadora.
La muestra de Dichter & Neira, fue realizada del pasado viernes 2 al domingo 4 de septiembre, a mil 200 personas y tiene un margen de error de 2,9 por ciento y 95 por ciento de confianza.
En el resumen adelantado hoy -pues la nota se publicará mañana completa- el índice de la gestión del gobierno de Martinelli también se desmoronó. En agosto pasado se situaba en 60,9 por ciento, pero en septiembre bajó a 48,8, con un índice negativo también muy alto del 49,5 por ciento.
Leopoldo Neira, de la casa encuestadora, dijo a TVN que es la peor caída de un presidente panameño en 20 años. Señaló que la pregunta principal fue “¿Si las elecciones fueran hoy por quién votaría?”.
La compañía señala que en esa pregunta el favorecido fue el vicepresidente Juan Carlos Varela, presidente del Partido Panameñista, que capitaliza la intención de voto con 24,8 por ciento frente a 17,2 en la muestra pasada.
Contrariamente Martinelli bajó de 19,5 en agosto a 12,9 este mes.


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