Repsol despierta la bestia colonialista

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sábado 28 de abril de 2012

Argentina, su presidenta y su pueblo están siendo sometidos a un ataque sin cuartel por autoridades españolas, dirigentes europeos, gobiernos cipayos latinoamericanos, centros de estudio y medios de comunicación social, en los que Repsol posee acciones y controla voluntades.
Marcos Roitman Rosenmann / LA JORNADA
Las medidas nacionalizadoras y recuperación de las riquezas básicas, ejecutadas en América Latina o África o Asia, siempre han sufrido la ira de los centros coloniales y las empresas afectadas. Los ejemplos no faltan a la cita. Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Fidel Castro, Omar Torrijos, Velazco Alvarado, Salvador Allende, Evo Morales, Hugo Chávez, la lista es amplia. Acostumbrados al ordeno y mando, los arrogantes imperios desconocen el concepto de independencia y soberanía. Son reticentes al trato de igualdad. El paternalismo anclado en posiciones de fuerza articula el discurso de la soberbia imperial. Revelarse contra la autoridad paterna y el orden establecido debe merecer un castigo ejemplar. Bloqueos, procesos desestabilizadores, estrangulamiento económico, magnicidios o golpes de Estado. En estos días, la expropiación de una empresa privada, Repsol YPF, cuyos intereses sólo representan a sus accionistas y cuyo objetivo es obtener beneficios a costa de cualquier consideración ética, jurídica, moral y medio ambiental, despierta la ira de los centros de poder hegemónicos, sus instituciones y principales dirigentes políticos.
Argentina, su presidenta y su pueblo están siendo sometidos a un ataque sin cuartel por autoridades españolas, dirigentes europeos, gobiernos cipayos latinoamericanos, centros de estudio y medios de comunicación social, en los que Repsol posee acciones y controla voluntades. Estados Unidos, el FMI, la Unión Europea y lo impensable, la voz del principal sindicato considerado de izquierdas en España, Comisiones Obreras se suma al carro imperialista El comunicado de Comisiones Obreras no tiene desperdicio, se adhiere a las críticas de los partidos políticos y reivindica su desacuerdo y rechazo al gobierno argentino por una … medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños, a los trabajadores y a la economía española…. Un sindicato que dice representar a los trabajadores se alía con una empresa causante de asesinatos, secuestro y desaparición de dirigentes sindicales en Colombia y otros países de la región han perdido la vergüenza. En un excelente informe redactado en 2006, por Pedro Ramiro, y otros, editado como libro: La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, sus autores relatan la puesta en práctica de la denominada ‘Operación Heroica’ desarrollada por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, en la región de Arauca, para limpiar la zona y facilitar la instalación de Repsol. En dicha operación se realizaron 2 mil 500 detenciones de personas, acusando a 30 dirigentes de organizaciones ecologistas y medio ambientales de rebelión y terrorismo.
Llevada a cabo entre el 1º de enero y el 14 de noviembre de 2003, su implantación supuso un extraño incremento en el departamento de Arauca de más de 74 por ciento de los homicidios y privaciones de libertad ocurridos contra sindicalistas en toda Colombia. La instalación de Repsol, trajo consigo el desplazamiento y expropiación de tierras comunales de la etnia u’wa, los dueños reales de las tierras. Pero da igual que da lo mismo. Comisiones Obreras apoya a Repsol. Menos sorprendentes son las palabras de José Manuel Soria, ministro de Industria, cuando amenaza: El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo, palabras que tienen eco en Soraya Sáenz de Santamaría a la sazón vicepresidenta del gobierno, quien corrobora a su colega: La obligación de España es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España, sobre todo cuando Repsol les ha financiado electoralmente. Asimismo, el PSOE no ha querido faltar a la bacanal colonialista y paga favores a Repsol, diciendo que: el gobierno español sabe que puede contar con nosotros y confiamos en que finalmente esto se pueda arreglar y dar marcha atrás a una decisión muy perjudicial. El cuadro de ataques se completa con la miserable actuación de los partidos minoritarios y nacionalistas, que tildan la medida de anacrónica. Como síntesis la declaración emitida por Unión Progreso y Democracia, que “…insta al gobierno argentino a mantener una línea de coherencia en la aplicación de la necesaria seguridad jurídica de las empresas inversoras extranjeras que operan en el país…, Upyd quiere advertir sobre una posible extensión de expropiaciones encabezadas por Hugo Chávez en otros gobiernos de América Latina, que pueden poner en peligro los actuales niveles de inversión extranjera, estrangulando las posibilidades de desarrollo económico que hoy por hoy benefician las cuentas de países receptores de dicha inversión…. y exige responsabilidad jurídica para las inversiones de Repsol. “¿Entenderá Upyd por responsabilidad jurídica aquellas que hacen la vista gorda al asesinato de dirigentes sindicales, el traslado forzoso y el etnocidio de comunidades y pueblos originarios, así como la impunidad en la degradación medioambiental donde está presente?
Pareciera ser que Repsol es una empresa modélica, comprometida con la protección del medio ambiente, respetuosa de las comunidades indígenas y líder en la aplicación de tecnologías no contaminantes y un presidente Antonio Brufau, en la indigencia, cuyo sueldo en 2011, superó los 7 millones de euros netos. Motivo por el cual, no tiene empacho en decir que la expropiación sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando argentina.
Sin embargo, un informe del Observatorio de las Multinacionales españolas en América Latina (OMAL) apunta lo contrario. Repsol actúa activamente en la pérdida de la diversidad, está presente en 17 parques nacionales en Bolivia, Ecuador y argentina. Sus emisiones directas ascienden a 30 millones de toneladas de CO2 equivalente, ello sin tomar en consideración aquellas producto de la quema de combustibles fósiles que producen más de mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año.
Pero en esta campaña desestabilizadora no podemos dejar de mencionar la actuación de los gobiernos cipayos de América latina. Las palabras de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia quien, para mostrar su simpatía con Repsol señala que: aquí, por Colombia, no expropiamos… queremos que ustedes sientan que hay reglas estables de juego, aquí no vamos a expropiar; sean bienvenidos ustedes, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, y qué decir de Felipe Calderón cuando critica a la presidenta de Argentina y califica la medida de lamentable… y que no le va hacer bien a nadie, o del ministro de economía de Ollanta Humala, Miguel Castilla, adjetivando la nacionalización de política errónea e insana. Sebastián Piñera, presidente de Chile, tampoco pierde comba y muestra su preocupación por tal medida. Todos ellos han olvidado que sus países son lo que son, en gran medida, por la nacionalización del petróleo y del cobre. Por suerte, otro grupo de presidentes y países, la mayoría como Venezuela, Ecuador, Cuba, Paraguay, Bolivia, Brasil o Uruguay han levantado la bandera de la dignidad, apoyando a la República Argentina. Basten las palabras de José Mujica, presidente de Uruguay, quien subrayó que tal medida se fundó en un viejo error, el de privatizar la petrolera estatal en la década de los noventa… y si lo arreglan o no lo arreglan es un problema del pueblo argentino. No hay más caminos o soberanía nacional o claudicación vergonzante.
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Recuperando soberanía

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sábado 28 de abril de 2012

La nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y pleno respaldo de toda América Latina.
Jorge Núñez Sánchez / El Telégrafo (Ecuador)
Soberanía es una palabra que desagrada a los poderes coloniales y neocoloniales. Es que en ella se resumen algunos conceptos básicos del poder público, tales como el carácter de autoridad suprema que posee el pueblo de cada país. Y esta palabra empata también con la altivez y el orgullo con que una nación maneja sus asuntos, sin someterse a poderes extranjeros o a fuerzas de presión internas.
Por todo ello, encuentro que es la palabra adecuada para definir la acción que acaba de tomar la nación argentina, a iniciativa de su presidenta constitucional, la doctora Cristina Fernández, con el fin de nacionalizar la mayoría de acciones de la empresa petrolera YPF.
Es bueno recordar que esta empresa argentina fue creada el 3 de junio de 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen, un líder radical que había participado en las revoluciones antioligárquicas de 1890 y 1893. Tras fundar la Unión Cívica Radical, este abogado y profesor de historia argentina se convirtió en 1916 en el primer gobernante electo por voto directo y secreto, y emprendió un importante ensayo de desarrollo del Estado nacional.
YPF tuvo como su primer director al general Enrique Mosconi, bajo cuyo mando desarrolló su capacidad de exploración y explotación petrolífera, y montó la refinería de La Plata, en competencia con empresas privadas. Más tarde, al ser nacionalizado el petróleo argentino por Yrigoyen, en su segundo gobierno, YPF se convirtió en un ejemplo de empresa pública, a través de la cual Argentina buscó su autoabastecimiento energético.
Pero toda esa historia pareció evaporarse cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem privatizó YPF, en 1992, vendiéndola a precio vil a Repsol  y otros inversores minoritarios. Era un oscuro momento, en que la Argentina entera parecía estar en venta. En medio de coimas y otros actos de corrupción, se vendieron muchas empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, empresas de energía y telecomunicaciones, astilleros y siderúrgicas, canales de radio y TV, petroquímicas y otros. Los compradores fueron capitalistas extranjeros, sobre todo españoles, y grandes grupos nacionales.
A partir del gobierno de Kirchner, esas ventas empezaron a revertirse, en la mayoría de los casos por la ruinosa conducción de las empresas privatizadas. Y ese es, precisamente, el caso de YPF, cuya producción y exploración petrolera cayeron en picada en los últimos años, por falta de inversión, amenazando al desarrollo del país.
Por ello, la nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y pleno respaldo de toda América Latina.
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La “expropiación” de YPF: El diablo está en los detalles

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miércoles 18 de abril de 2012

PTS

Finalmente, luego de unos meses de “pirotecnia verbal”, seguidos de algunas medidas sobre posiciones marginales de la petrolera Repsol en la Argentina (aún no se ha concretado la quita de licitaciones de ningún pozo de producción significativa) el gobierno de Cristina Fernández ha ido “por todo”. Bueno, en realidad, ha anunciado que irá por el 51% de “todo”.

Aunque la semana pasada daba la impresión de que el gobierno iba a recular por la fuerte presión del Estado Español, sumada a las dudas de algunos gobernadores, finalmente avanzaron rápidamente, sorprendiendo a los propios españoles, que ayer anunciaban que desde el viernes parecía haber una distensión y un clima de negociación.
El proyecto tiene el rimbombante título de Ley de Soberanía hidrocarburífera. Algo que, reconozcámoslo, poco ha preocupado al kirchnerismo durante estos años, si juzgamos por las felicitaciones recibidas por Repsol y otros popes del sector (como Bulgheroni) durante las gestiones de Néstor y Cristina, al tiempo que la producción caía (desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas), las reservas se deterioraban y también lo hacía el autoabastecimiento. Si definimos el autoabastecimiento por el saldo comercial sectorial, este terminó con el déficit del año pasado en petróleo y gas de 3.029 millones de dólares. Pero mucho tiempo antes, desde la propia privatización, cuando se abandonaron explotaciones poco rentables y se redujo al mínimo la exploración, podía preverse esta tendencia. Como en otros planos, el afán estatista del kirchnerismo ha aparecido acá también sólo cuando las falencias del mercado o y de los empresarios (imperialistas y socios locales) crean una situación insostenible. Digamos, de paso, que la política hidrocarburífera k se caracterizó desde el comienzo por una importante contradicción entre mantener las posiciones del capital privado (y extranjero) en el sector, y poner algunas trabas a la rentabilidad limitando los precios internos (aunque en los últimos años se permitieron fuertes ajustes). El resultado, no podía ser de otra manera, fue la explotación “rentística” de los recursos petroleros cuyas consecuencias saltan a la vista (ya que de lo contrario las empresas hubieran debido resignar ganancias, lo cual no está en su ADN), “modelo” que hasta hace poco la presidenta reivindicaba.
Notemos que, al contrario de lo que afirma Zaiat hoy, el proyecto sólo declara de “interés público” el autoabastecimiento, pero no es equivalente a una declaración de los recursos hidrocarburíferos como estratégicos. No cuestiona ni la “libre disponibilidad” por parte de las petroleras ni “el ruinoso concepto de materia prima (commodity)” como pretende este periodista. En todo caso le pone el límite de garantizar la provisión local, aunque en los hechos esto sólo se traduce en el avance sobre la propiedad de YPF, ya que la ley no menciona ningún cambio sobre las condiciones de explotación del resto de las petroleras.
El nombre de Soberanía hidrocarburífera queda bastante grande para un proyecto que sólo adquiere (pagando peso por peso) el 51% de una empresa que, aunque con posición dominante en el sector, no produce más de un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina. En el caso del petróleo, la siguen muy de cerca Pan American Energy (17%) Chevron (8%) y Petrobras (7%). En el del gas, Total Austral controla un 25%, Pan American un 11%, y Petrobras un 9%. Sólo en el caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%, pero acá también Shell mantiene una posición importante (19%) y el empresario K Cristóbal López está en tercer lugar con Oil M&S (9%). Como se ve, una medida que sólo vaya contra Repsol se queda bastante renga, no sólo para controlar efectivamente el grueso de la producción, sino para plantear la más mínima soberanía, cuando el grueso del capital en el sector es de origen extranjero, exceptuando a los empresarios amigos.
Sin embargo, proponen, el proyecto de ley hidrocarburífera vendría a resolver de un plumazo los problemas del sector. Aunque resta ver la implementación de esta ley y cómo operará el Consejo Federal de Hidrocarburos, ya podemos abrir varios interrogantes, que surgen de la propia ley. La misma, por empezar, mantiene a YPF como una sociedad anónima, en el contexto de un sector donde, como vimos, existe todo un conjunto de empresas que intervienen en las distintas fases de la extracción y refinación. Los criterios de rentabilidad conservarán su peso, en un contexto competitivo. Sin cuestionar la preponderancia del capital privado –y extranjero- en el sector, ¿cómo frenar la dinámica de desabastecimiento y alza de precios? ¿Acaso puede YPF SA no continuar el alza de precios? ¿De dónde va a salir el dinero para las inversiones que no hacen los privados, y sin las cuales no va a lograrse ningún “autoabastecimiento”? ¿O es que la “soberanía energética” incluye “tarifazo para todos” (menos para Aerolíneas quizá)? El esquema elegido no parece dejar mucho margen: o se continúa con los ajustes de precios de las naftas, o la soberanía energética quedará para los discursos (aunque los propios ajustes de precios nada aseguran como vimos estos últimos años).
Es en el terreno de las inversiones donde la proyectada “soberanía energética” se muestra más floja. El gobierno reclamaba en días recientes a Repsol que aportara 15 mil millones de dólares en inversiones. Tal vez sea que el Estado va a poner este dinero que no ha desembolsado la compañía. ¿Será tomando el capital de reserva de la compañía, y las utilidades futuras para focalizarlos en inversiones? Es una posibilidad. Sin embargo, hay otras urgencias, y estas suelen concentrar la atención del kirchnerismo. Alguien tiene que hacerse cargo de la factura de importación de combustible de este año, que, todo lo indica, va sumar entre 12 mil y 14 mil millones de dólares. Además, seguramente YPF será llamada a poner el hombro para ayudar a compensar el déficit de Aerolíneas. Todo esto podría rápidamente concentrar buena parte de los recursos ganados con la expropiación, dejando poco espacio para los esfuerzos de mediano o largo plazo, que son los que podrían alterar el balance energético.
Así como ocurre con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, todo indica que la expropiación parcial de las acciones de Repsol será puesta al servicio de las urgencias, y no de concentrar recursos para enfrentar problemas estructurales. La consecuencia, pasado el tiempo en que estas medidas dan (abundante) oxígeno a la política oficial, es que los problemas siguen allí, sólo que profundizados. El gobierno “nacional y popular” permitió que la dependencia energética se fuera profundizando durante todos estos años, opinando que la holgura extraordinaria de los superávits comercial y fiscal logrados con el brutal ajuste de 2001/2002, duraría por siempre. Como en otros terrenos, la política energética K fue dilapidar recursos en repartirlos generosamente a la burguesía (“nacional” e imperialista) mientras los hubo. No olvidemos los programas Petróleo Plus y Refino Plus lanzados en 2008, que significaron más de 1.500 millones de pesos al año, para subsidiar a las empresas con el objetivo de aumentar la producción (lo que no ocurrió) y que en buena medida beneficiaron a los exportadores, es decir a quienes vendían en el exterior los recursos que acá escasean. ¿Cambiará el ingreso del Estado a YPF esta lógica de la política hidrocarburífera? ¿O dará más recursos para administrar una abundancia poco duradera, y seguir pateando los problemas hacia adelante? Nos inclinamos por la segunda alternativa.
Por supuesto, también está la posibilidad de que el kirchnerismo haga un poco de “frondizismo”, es decir ponga proa al autoabastecimiento, abriendo el juego a otras multinacionales imperialistas. Los recursos no convencionales de petróleo y gas son de tal magnitud que podrían convertir a la Argentina en un país petrolero (gasífero ya lo es), y no sólo un país con petróleo, diferencia sutil pero no desdeñable. Podría conjeturarse si, además de las urgencias inmediatas, la posibilidad de esta formidable renta no fue lo que empujó el súbito fervor soberano del gobierno nacional y los gobernadores.
La dificultad que se presenta, es que la explotación de estos recursos requiere formidables inversiones en tecnología, y tiene largos tiempos hasta que las explotaciones puedan ser aprovechadas económicamente. Esto escapa a los recursos que el gobierno podría dirigir hacia el sector, considerando que ya la compra de las acciones le significará un desembolso considerable. Por eso, como prevé la ley, una “integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas” podría venir a salvar las dificultades. Es decir, haciendo como Frondizi en su momento, el gobierno podría buscar el autoabastecimiento de la mano de un acuerdo con las privadas. Exxon móvil ha desarrollado en EEUU tecnología que podría permitir explotar el shale oil en el país. Podría cambiarse, entonces, una situación de control de la principal empresa hidrocarburífera por el capital extranjero, a una empresa con mayoría de propiedad estatal que realice leoninos contratos con el capital privado. Al modo como Frondizi logró el autoabastecimiento, alimentando la entrada de las petroleras extranjeras y dando en concesión grandes extensiones (por una supuesta exploración que en realidad ya había sido hecha en buena parte por YPF), aparte de garantizarles cuota de mercado para los productos derivados de petróleo en el mercado interno.
Esta “división del trabajo”, entre el gobierno y el capital extranjero, podría permitirle al primero concentrarse en el corto plazo, usando los recursos de YPF S.A. para salvar en la coyuntura las urgencias petroleras, mientras cruza los dedos a la espera de que el capital extranjero sea quien resuelva los problemas estructurales. La medida “soberana” anunciada ayer, podría derivar entonces en nuevas formas, más mediadas pero no menos onerosas, de dependencia.
A pesar de que lo que busca presentarse como una medida nacional no es más que una transacción de compra y venta, podría abrir fuertes tensiones entre la Argentina y el Estado Español, contando este último con el respaldo de la Unión Europea, y probablemente de otras potencias. Las amenazas ya lanzadas por el gobierno imperialista español y de sus socios de la Unión Europea merecen todo nuestro rechazo. Sin embargo, acá también, tras la pirotecnia, pueda haber una negociación dura (pero negociación al fin), que deje a todos medianamente contentos. Brufau le ha puesto precio en 10.500 millones de dólares a su reclamo, y el gobierno maneja casi la mitad, pero podrían cerrar trato a mitad de camino. No estaría nada mal para Repsol. Equivaldría a algo así como la ganancia neta que ha dejado la empresa en desde 1999, es decir unos 8 mil millones de dólares. Considerando el vaciamiento que han hecho de la empresa, girando al exterior más dólares que los ganados (14 mil millones de dólares), y que a la empresa fue adquirida en 1999 por 13 mil millones de dólares (con la ayuda de una subvaluación de la compañía avalada por el gobierno de Menem), el resultado sería bastante ganancioso, aunque reduciría a Repsol a lo que siempre fue, una empresa refinadora con pocos recursos petroleros propios. Desde el punto de vista del gobierno argentino, en cambio, sería pagar una factura demasiado onerosa para poner fin a una entrega, para lo cual dispondrán probablemente una ingeniería financiera entre la ANSES (vendiendo bonos a cambio de dólares) y el Banco Central (comprando los dólares del ANSES para prestarlos al gobierno), o alguna variante similar. Nuevamente es la plata que no se destina garantizar el 82% móvil, la que de una u otra forma será seguramente utilizada para financiar el ingreso del Estado en YPF S.A.
No habrá soberanía hidrocarburífera si no se avanza en una expropiación sin pago no sólo del 100% de las acciones de Repsol-YPF, sino también del conjunto de las empresas que participan en la extracción y refinación. Esta sería la única vía para hacer una contabilidad general de las reservas disponibles y cortar en lo inmediato toda exportación, a los fines de garantizar en el plazo más corto el autoabastecimiento. También, permitiría establecer en lo inmediato los excedentes disponibles que puedan volcarse hacia la explotación de recursos no convencionales, lo cual merece además un debate sobre las formidables consecuencias ecológicas de estas explotaciones, muy superiores a las de petróleo y gas convencional (debate que, como en el caso minero, cuando hay buena renta en juego el gobierno no está dispuesto a permitir). Pero claro, una iniciativa semejante resultaría “disfuncional” para la burguesía argentina, que a lo sumo aspira a que esta renacionalización parcial le permita morder una parte del negocio petrolero, reeditando en alguna medida el “capitalismo de amigos” que el gobierno viene poniendo en el freezer en algunos sectores (pero no en todos). La vocación “nacional” de la burguesía y el gobierno, no llega a más que buscar una mejor participación en la renta petrolera. La propia historia de YPF, que fue puesta al servicio de la valorización de capital de los contratistas en desmedro de su capacidad operativa, así lo ilustra. Es sólo la clase obrera, acaudillando al conjunto del pueblo pobre, la que puede proponerse una salida verdaderamente nacional y antiimperialista, imponiendo una gestión de estos recursos estratégicos en función de las necesidades, como parte de una reorganización del conjunto de la economía nacional sobre nuevas bases.

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México: Acuerdo AEEYT, otro tratado de Guadalupe Hidalgo

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miércoles 29 de febrero de 2012

Rodolfo Sánchez Mena

La firma de Calderón del AEEYT equivale a la firma de otro anterior, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que se despojó a México de más de la mitad del territorio nacional, en 1848. En 2012, la cesión por Calderón de los energéticos, gas y petróleo, del Golfo de México y sus compañías petroleras, mutila el futuro de generaciones, cancela el desarrollo del país, cuando menos en los próximos 30 años.

La Casa Blanca destacó la importancia que tiene, la firma del Acuerdo Bilateral para la Exploración y Explotación de los Yacimientos Transfronterizos, AEEYT, siglas en inglés, como parte de la “estrategia nacional estadunidense para reducir la dependencia de las producciones petroleras y de gas del extranjero”.
El rol de Pemex en las elecciones norteamericanas es de carácter estratégico. Es un voto de calidad en el resultado de las elecciones norteamericanas. Así lo entiende la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton al firmar el pacto con Calderón, para “asegurar el suministro de energía”, de su país.
Traducido el acuerdo AEEYT a la geopolítica global, equivale a intercambiar la seguridad personal de Felipe Calderón Hinojosa, a cambio de cacahuates. Toda vez que se trata de un recurso de alto valor geopolítico cuya negociación implica lo contrario de empinarse de a gratis.
La naturaleza geoestratégica de PEMEX y los yacimientos mexicanos en el Golfo de México, son confirmados por el secretario del interior del gobierno norteamericano, Ken Salazar, firmante del acuerdo, “…el acuerdo abre las puertas a áreas que estaban fuera de nuestro alcance: el Golfo de México, rico en recursos, donde hay 1.5 millones de acres (607 mil hectáreas) y estarán disponibles para su explotación”.
El secretario, Salazar, puntualizó el valor que representa el abrirse las puertas a áreas donde los Estados Unidos obtienen “una tercera parte de la energía que procede de esa región”.
Calderón justifica la entrega de los recursos energéticos del Golfo de México, por el acuerdo de explotación de los yacimientos transfronterizos con empresas petroleras norteamericanas con PEMEX, aportarán. 1) “…se termina (rá) el viejo temor que existía entre muchos mexicanos de que el petróleo de México fuera expedido unilateralmente desde el otro lado de la frontera, el llamado “efecto popote”;
2)“… lo mejor es que cualquier yacimiento se explote conjuntamente y las ganancias se distribuyan equitativamente, así ganan los dos, garantizando que nuestro petróleo sea utilizado en beneficio de los mexicanos”.
Según Calderón y las cuentas anticipadas que entrega al pueblo de México por el acuerdo o cesión de los recursos petroleros del Golfo de México a las empresas petroleras norteamericanas, serán de 50% para la extranjera y 50% para Pemex.
Hillary Clinton dio una versión diferente de la de Calderón; es más, ni siquiera mencionó o ratificó lo de distribuir equitativamente el beneficio. Para Hillary, futura Directora del Banco Mundial, BM, “…el acuerdo ayuda a prevenir estas disputas y a promover la exploración segura, eficiente, equitativa y la producción de los yacimientos.
Precisó que “..cada país mantiene su derecho de desarrollar nuevos proyectos, pero el acuerdo genera nuevas oportunidades, las empresas estadunidenses podrán colaborar con Pemex, su homólogo en México. En épocas difíciles como éstas tenemos que aprovechar al máximo todas las oportunidades para generar empleo y desarrollo económico”, en los estados Unidos, por supuesto.
El Tratado Calderón-Clinton, de espaldas al Congreso mexicano viola la Constitución, hipoteca el futuro de México, es un regreso a la época donde las empresas petroleras mandaban en México, hasta que el presidente Cárdenas las nacionalizo para asegurar la Soberanía sobre los recursos y el futuro de los mexicanos.
El presidente Calderón, jefe de campaña de la candidata del PAN
Felipe Calderón, ante 800 consejeros de Banamex, ratificó ser coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. En plena veda electoral del IFE, el jefe de campaña de Josefina, hizo un acto de proselitismo electoral, ante los consejeros consultivos, al afirmar que Vázquez Mota se encuentra a 4 puntos de Enrique Peña Nieto.
Calderón ha demostrado hasta la saciedad que nada tiene que hacer como estratega electoral. Al revés de lo anunciado por Calderón, Josefina nunca se acercara al puntero, Peña Nieto. Calderón ha sido impulsor, promotor y estratega de los candidatos del PAN, en las últimas elecciones, del Estado de México, Michoacán y la interna del PAN.
Calderón, como estratega electoral, solo ha entregado derrota, tras derrota, fracaso tras fracaso, con Felipe Bravo en el Estado de México; con su hermana, “Cocoa”, en Michoacán, con su hermana, y fue derrotado con su delfín, Ernesto Cordero.
El candidato presidencial del PRI, demuestra en las encuestas, estar muy por arriba de Josefina, por tener la preferencia de la mayoría de los mexicanos, las mujeres, los hombres, las clases medias, los trabajadores, la juventud mexicana y los hombres de empresa. La ventaja de Peña Nieto sobre Josefina y López Obrador, es producto de un arduo trabajo como gobernador de Edomex, siempre al lado de su partido el PRI, con resultados sobresalientes.
Calderón va y les les cuenta a los consejeros de Banamex que las elecciones presidenciales serán muy reñidas; un asunto entre dos participantes: Enrique Peña Nieto y Josefina. En los planes electorales del Jefe de la Campaña de Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, no cuenta, esta fuera del radar.
Calderón o sueña o bien no tiene contacto con la realidad. El triunfo de Peña Nieto, esta asegurado, no tiene contrincante, ya va adelante a la victoria. Lo único en lo que atina Calderón, es que no será una contienda de tres, no se polarizarán las elecciones. Al no despegar la campaña del Peje, los votos de los grupos progresistas se sumarán a Peña Nieto, para vencer a la derecha.
Las elecciones serán muy reñidas, entre Josefina y López Obrador, por el segundo y el tercer lugar. Los “coleros” nada tienen que hacer para bajar a quien tiene una campaña de propuestas y compromisos. La tendencia electoral nos muestra un escenario de un tercer lugar para Josefina como sucedió en Edomex, y en Michoacán.
Calderón, se había quedado sin “chamba” electoral, al perder su candidato, Cordero. Nuevamente ha sido contratado como jefe de campaña de Josefina, por la familia Zavala, socia del paquete accionario de Vázquez Mota.
Margarita Zavala y Marta Sahagún, a su vez, han logrado una alianza estratégica dentro del PAN. Lo han convertido en un condominio de intereses. Marta Sahagún para poder gobernar con la fachada de Vicente Fox, creó una estructura que dio sustento a RO-VAMOS MËXICO.
La familia Zavala ha ejercido el poder desde esta plataforma; su mayor logro es hacer triunfar a Josefina por encima de Cordero y darle empleo a Felipe Calderón como jefe de campaña de la panista Vázquez Mota.
La familia Zavala organizó los negocios alrededor de PEMEX y CFE, fundamentalmente. Produce ingresos multimillonarios, revelados escuetamente por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, que documenta el saqueo de las finanzas públicas y la enorme corrupción de los dos gobiernos del PAN.

Calderón, es un estratega electoral fracasado. Como jefe de campaña de Josefina confirmará que la derrota del PAN, será producto del rechazo a Josefina y de la preferencia por Enrique Peña Nieto. Así de fácil.

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Polémica participación privada en industria petrolera mexicana

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miércoles 24 de agosto de 2011

 

Jacinto Granda (PL)

La industria petrolera dejó de ser una actividad única del Estado mexicano con la reciente concesión a dos empresas privadas para que participen en la exploración y producción del crudo.

A esto se une el anuncio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de que se abrirán más licitaciones para otras entidades estimuladas a incorporarse a esa actividad productiva.
Unas 30 compañías extranjeras y mexicanas ya se manifestaron interesadas en participar en el negocio, lo cual anticipa el incremento de la entrada privada en esa industria.
La gestión particular ya realizaba algunos trabajos de servicios en la producción petrolera del país, aunque hasta el momento no se había involucrado nunca en la extracción.
Esta industria fue nacionalizada en 1938 durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río y desde entonces fue considerada constitucionalmente como patrimonio del pueblo mexicano.
Pero el nuevo esquema neoliberal de contratación que concede a firmas privadas actividades sustantivas de PEMEX es el resultado de la reforma energética aprobada por el Congreso mexicano en octubre del 2008.
Ese polémico acuerdo se tomó después de un debate acalorado en el Poder Legislativo y de diversas protestas por parte de sectores nacionalistas preocupados por ceder esta actividad económica fundamental para el país y también símbolo de la soberanía.
El director general de PEMEX, Juan José Suárez, dijo que la reforma da a esa entidad la posibilidad de asociarse con empresas que la complementen en sus nuevos programas de exploración y extracción.
Las dos firmas privadas que participarán en la producción de reservas del crudo en el sureño estado de Tabasco son la británica Petrofac Facilities Management Limited y la mexicana Administradora de Proyectos de Campo.
Las reservas donde esas empresas van a laborar, llamadas campos maduros, abarcan una superficie de 312 kilómetros cuadrados, con un potencial de 207 mil millones de barriles de petróleo.
De acuerdo con el contrato, se remunerará a la empresa privada con pagos en efectivo a través de un porcentaje de recuperación de los costos en que incurrió más una tarifa fija por barril extraído.
Como limitación fijada por el convenio, las empresas privadas no pueden vender el petróleo que extraen, porque PEMEX seguirá obteniendo los beneficios de la comercialización de esos hidrocarburos.
Según se anunció, las próximas licitaciones serán para terrenos de la región norte, en Chicontepec y en aguas profundas.
Representantes de diversas agrupaciones manifiestan su oposición a que se ceda participación en la industria petrolera del país a empresas extranjeras y nacionales privadas.
El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano significó la oposición de su organización a esas concesiones.
Igualmente reiteró que su partido tiene una demanda en la Cámara de Diputados para que se prohíban.

La enorme importancia que tiene para el Estado mexicano la industria petrolera radica en que es la mayor fuente de ingresos de divisas extranjeras del país y financia aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto anual del gobierno.

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Soberanía energética: El Estado, socio bobo de las multinacionales

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miércoles 24 de agosto de 2011

 

Carlos Saglul (ACTA)

La política energética es inseparable de los lineamientos estratégicos del país en materia de crecimiento. Más allá de algunos discursos que alientan “humanizar al capitalismo”, está fuera de toda discusión que el crecimiento actual sigue pasando por la inserción internacional argentina a través de su rol de país dependiente de la provisión de materias primas.

Soja, minería a cielo abierto, la producción automotriz -cuya gestión también está en mano del capital multinacional- son los motores de la actual bonanza, que hasta ahora no ha sabido ser utilizada para generar una industria alternativa que genere valor agregado y multiplique la mano de obra ocupada.
Consecuentemente, la matriz de la política energética argentina continúa siendo la misma de los noventa, priorizando las necesidades y ganancias de las multinacionales aunque esto signifique por ejemplo, exportar las últimas reservas de crudo para importar al tiempo, casi el 70 por ciento de la nafta que se necesita para satisfacer la demanda interna y ni que hablar de los tendidos eléctricos y de infraestructura en general, para atender los nuevos emprendimientos mineros, con sus puertos y hasta “fronteras privadas”.
José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) y secretario adjunto de la Central se refirió a la magnitud de la crisis del sector y a las posibles salidas.
¿Cuál es la magnitud de la crisis energética?
La crisis energética es profunda y estructural. Cualquier debate sobre el tema, debe tener en cuenta qué modelo de desarrollo nos proponemos. Hay que definir si estamos al servicios de favorecer a determinados sectores que sólo pretenden enriquecerse más y más como las multinacionales que controlan al sector, o pensamos en la Nación en su conjunto.
La matriz energética argentina depende en un 90% o más de los hidrocarburos. Poco cambió desde los años 70, la única diferencia es que en aquella década el petróleo tenía una incidencia del 70% y el gas del 20%, hoy tenemos una dependencia gasífera del 54% y petrolera de más o menos el 36%
¿Cómo se mide esta crisis en lo cotidiano?
Los primeros afectados son los sectores industriales, especialmente en el caso del gas ya que es considerado “barato” como combustible, y eso incide en los costos de producción; lo mismo sucede en las generadoras eléctricas, aunque en este caso los costos sean menores porque aun usando gas la tarifa final eléctrica no baja.
En el caso de los usuarios residenciales, mientras la energía sea considerada una mercancía solo podrá tenerla quien la pueda pagar, porque la política de los subsidios tiene un límite muy claro y corto. No nos olvidemos que el modelo productivo argentino es de exportación. Mientras la energía se importe y se la compremos a las multinacionales no va a faltar, claro que solo para quienes puedan pagarla.
La gravedad de la crisis se mide mejor en las periferias y en particular en el interior del país que es donde generalmente se hacen los cortes programados. Cuando la oscuridad sale de los barrios pobres y llega al centro es porque ya no se puede ocultar. Por eso la ciudad de Buenos Aires tiene una tarifa muy barata comparada con cualquier zona interior del país. En interior no se puede usar electricidad para calefacción por su precio mientras en la capital, la gente lo hace.
Hay que tener en cuenta que cuando se habla de importar energía son las mismas multinacionales que se compran a sí mismas. De aquí se llevan la materia prima. Sus barcos, como el caso de Repsol-YPF hacen cola en los puertos con el gas que nos traen. Exportamos crudo. Compramos nafta. Son los absurdos del país dependiente.
¿Cómo se sale de esta situación?
Sólo cambiando el modelo energético. Se trata además de un mandamiento ético, un país signo es que garantiza para todos gas, electricidad y agua. En el mundo, el 80% de la energía que se produce se la quedan el 20% de la población mundial. Sin dar vuelta esta ecuación no hay solución. Hay que cambiar el modelo consumista por un modelo de uso social de la energía. Por eso mientras la energías este en manos privadas no hay salida.
Romper la dependencia
“El modelo energético basado en la privatización, segmentación de los sectores y extranjerización fracasó. Este Gobierno niega esa realidad. Hace igual que las anteriores administraciones, con el agravante que la actual ha profundizado este cuadro con sus decisiones, la creación de leyes de ampliación de las concesiones, las iniciativas de favor y acuerdos secretos con las empresas multinacionales a través de ENARSA para la exploración y explotación (off-shore) de la plataforma marítima argentina, entre otros territorios nacionales.
El fracaso del modelo, lo pone de manifiesto, la crisis energética que aparece a la luz pública, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hay sequías, incluso cuando crece la demanda.
Argentina tiene un modelo económico que esta reprima rizado, dado que su base es la exportación de alimentos (cereales, soja), minerales, y fundamentalmente energía (petróleo crudo, y gas). Agreguemos, que acá no hay valor agregado, industrialización. Es más exportamos petróleo crudo y ahora estamos importando entre otros productos naftas elaboradas ( Súper, Premium ).
Integración regional
¿Qué pasa es materia de integración y complementación territorial? El MERCOSUR no ha dejado de ser una integración ligado al interés de las multinacionales aún en materia energética
La única integración real que existe en el campo de la energía es la que realiza Venezuela a través de Petroamérica. Ese país entiende que teniendo petróleo y gas en abundancia, no pude haber naciones hermanas sin la energía necesaria para sostener la vida de su poblaciones. Muchos países que no pueden pagar los precios los exorbitantes de las multinacionales son condenados a la indigencia. Las Naciones Unidas tienen en cuenta para medir la longevidad de la población de un país si esa nación tiene acceso o no a la electricidad. De esta forma, con energía, las expectativas de vida pueden ir de 75 años para arriba, sin energía como en muchos países africanos no se vive más allá de los 50 años.
La integración energética debe hacerse en función de los intereses y necesidades de los pueblos, no de los gobiernos, menos aun cuando estos actúan en función de los intereses de las multinacionales. Contradictoriamente, este gobierno que se dice nacional y popular a diferencia de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay no tiene política energética.
Sin exploración y con las reservas al borde del agotamiento, ¿cómo se sale del actual cuadro?
Las reservas descubiertas por las empresas del estado YPF, (había petróleo para 18 años) y gas del Estado (había reservas de gas para 30 años o más) hoy lo que queda, no superan los 8 años de reservas. En el marco de las privatizaciones y las políticas liberales y neoliberales, todo se exporto con claro beneficio de las multinacionales que se adueñaron de la riqueza estratégica de los argentinos. Los hidrocarburos son valores estratégicos, para cualquier país y/o región no son simples comodities, como afirman los liberales.
Las reservas comprobadas de petróleo y gas, vienen cayendo 12% y 45% respectivamente, desde hace años (algunos afirman desde el 2003, otros desde el 2005) así como cae la producción anual de los hidrocarburos. No hubo inversión de capital de riesgo.
Las multinacionales dejaron de explorar alegando que el negocio no es viable, sin embargo están entre las 200 empresas que mas facturan en el país, además cabe preguntarse, ¿si no es viable, alguien puede aportar un nombre de una petrolera que abandono el país en los últimos 30 años por falta de rentabilidad?
En la década del 80 se exploraba (YPF) un promedio de 110 pozos de petróleo por año, después de la privatización, en la década del 90, el promedio bajo a 95 pozos por año. En la década del 2000 ese promedio se redujo a unos 50 pozos por año y en la actualidad, hay quienes afirman que la exploración de pozos está entre 17 a 24 pozos por año.
La importación de energía eléctrica en un 63% confirma la situación crítica de nuestro sistema energético. (Aunque aseguren que fue por la falta de gas). CAMMESA, la Campañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista informó que en junio las adquisiciones externas de electricidad a Brasil, alcanzaron 592,1 Gigawatts/hora (Gw/h) contra los 363,2 Gwh correspondiente al mismo mes de 2010.
¿Cuáles son los principales pasos para revertir este modelo privatizado y extranjerizado, y por lo tanto incapaz de servir a cualquier proyecto de desarrollo nacional?
Cumplir con la Constitución Nacional, leyes y demás disposiciones regulatorias que son desconocidas por el mercado que es sinónimo de “empresas multinacionales”. La energía tiene que plantearse como una cuestión de Estado, estratégico, como un bien social, un derecho humano y como un problema de todos los sectores que componen la sociedad. Se debe dejar atrás el concepto liberal que el petróleo y el gas son comodities.
El abastecimiento de agua y servicios sanitarios, gas, energía eléctrica y la provisión de combustibles deben ser declarados como Servicios Públicos, y no gestionados como simples productos de mercado. El Estado nacional tiene que retomar el control de la actividad, compartir la gestión con las provincias. Es central que los poderes públicos vuelvan a ejercer funciones básicas arrebatadas en el proceso de la privatización que son, planificación, regulación y gestión del sector energético.
Deben anularse los decretos desreguladores de Menem y las prorrogas (violatorias de las leyes vigentes) de las concesiones, basadas en infracciones a la ley 17.319 y la denominada la ley “corta” (Ley 26197), que habilitó la fragmentación del subsuelo y de toda otra legislación que se oponga a la recuperación del dominio útil para el Estado Nacional con la participación de todas las provincias.
Los cortes de servicios se deben a la falta de inversiones de las privadas. Hay que terminar con esto de que en base al cobro de impuestos a los usuarios, el Estado termina haciendo obras de infraestructura necesarias para garantizar las ganancias de las privadas. Hay que cambiar la estructura tarifaría que fue desarrollada en base al valor dólar durante la convertibilidad, y castiga a los que menos consumen (los cargos fijos) que además se ven seriamente perjudicados cuando ahora hay que pagar un impuesto a la importación por falta de gas, encareciendo los valores que enfrentan los consumidores.
Proponemos declarar al gas licuado de petróleo (la garrafa de cocina) como un servicio público, para terminar con la falta de un precio social y que el manejo de las garrafas, no supeditado a las multinacionales como ahora. Es imprescindible cambiar los marcos regulatorios que tienen vigencia desde los 90 cuando se produjo la privatización y por lo tanto sustentan toda la estructura neoliberal en el ámbito de la energía.
Hay que ir cambiando la matriz energética, para dar por finalizada la etapa de la dependencia de los hidrocarburos. Terminar con las leyes de privatización (YPF, GdE, Hidronor, Segba) y derogación de las que presenten ilícitos en su sanción e implementación. Anular los contratos de concesión de operación que hayan sido incumplidos por las empresas
Creemos necesario renegociar las concesiones de exploración/explotación de hidrocarburos, para convertirlas en contratos de obra, eliminando la libre disponibilidad de los hidrocarburos y de las divisas obtenidas por exportación, de que gozan las empresas. Reformar el régimen del mercado mayorista del gas y el de la electricidad.
Replantear también el funcionamiento, las atribuciones y la conformación de las autoridades de los organismos de control, que no existen (no hay designación) y son ineficientes a la hora de la defensa de los intereses de los usuarios.

Terminar con el oligopolio extranjero como paso trascendental en la recuperación de la riqueza del pueblo argentino y la soberanía nacional.

Publicado por ARGENPRESS