El mayor acto terrorista de la historia

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Sergio Rodríguez Gelfenstein (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

En agosto de 1945, Japón estaba militarmente derrotado, la guerra en Europa había terminado 3 meses antes con la derrota de los aliados del Imperio del Sol Naciente, los fascistas italianos y los nazis alemanes habían sido desplazados del poder ante el empuje de las fuerzas del Ejército Rojo soviético y las tropas de Occidente que habían irrumpido en el continente europeo por Normandía en Francia y por el sur de la bota italiana. La resistencia heroica de los pueblos europeos recibió desde el este, el oeste y el sur el apoyo necesario para su liberación.

Años antes, en 1941, Japón había subestimado la reacción de Estados Unidos ante un ataque a su territorio. El 7 de diciembre había lanzado una gigantesca ofensiva aérea contra la flota estadounidense del Pacífico basificada en Pearl Harbor, en la isla Oahu de Hawai. Aunque algunos historiadores han afirmado que el objetivo de la acción era liberar al imperio nipón del bloqueo económico a que era sometido y crear condiciones para una negociación en mejores condiciones, es difícil suponer eso en el año 1941. Parece más acertado suponer que con la destrucción de la flota estadounidense pretendía reasumir el control y la consiguiente hegemonía sobre el Océano Pacífico y ocupar los territorios coloniales de Estados Unidos y Europa en ese vasto territorio, estratégico para un país insular como Japón.
Desde la otra cara de la moneda, lo que Estados Unidos ha querido presentar como una sorpresa, no lo fue tanto. Desde 1932, había estado preparado para un ataque sorpresa contra Pearl Harbor y había entrenado a sus tropas para esa eventualidad que consideraba como la “mejor manera” de atacar la isla.
En 1939 la Oficina de Inteligencia Naval (ONI) había redactado un informe secreto que contenía ocho medidas para inducir a Japón a atacar a Estados Unidos. El presidente Roosevelt puso en marcha las ocho medidas propuestas por la ONI en su informe. La primera de ellas consistía en situar a la flota en Hawai como cebo dentro del radio de alcance de los portaviones nipones. La implementación de estas medidas produjo resistencias y opiniones contrarias de diversos funcionarios, incluso entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Todos ellos fueron oportunamente removidos de sus cargos y desplazados a otros sin relación con el tema.
A partir de ese momento se comenzó a montar una de las operaciones de inteligencia mejor implementadas de la historia. Una de los argumentos que se ha utilizado es que las fuerzas atacantes mantuvieron un estricto silencio de radio, lo cierto es que desde agosto de 1940 la inteligencia naval de Estados Unidos interceptaba y descifraba los mensajes de los diplomáticos y militares nipones. Estudiosos del tema afirman que “entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre de 1941 Estados Unidos interceptó 663 mensajes por radio entre Tokio y la fuerza de ataque, o sea, aproximadamente uno cada hora, entre ellos uno del almirante Yamamoto, Comandante en Jefe de la Flota Combinada de la Armada Imperial Japonesa, no dejaba ninguna duda de que Pearl Harbor sería el blanco del ataque japonés.
El 27 y 28 de noviembre de 1941, Roosevelt ordenó expresamente al almirante Kimmel y al general Short, los más altos mandos militares de Estados Unidos en Hawái permanecer a la defensiva pues “Estados Unidos desea que Japón cometa el primer acto abierto”.
Inmediatamente después del ataque, Roosevelt anunció que Estados Unidos se lanzaría a la guerra: “Nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses están en grave peligro… He pedido que el Congreso declare que desde que Japón lanzó este cobarde ataque sin provocación alguna el domingo 7 de diciembre, Estados Unidos y el Imperio japonés están en estado de guerra”.
El secretario de Guerra escribió en su diario: “Cuando recibimos la noticia del ataque japonés, mi reacción inicial fue alivio porque la indecisión había terminado y ocurrió de tal manera que podría unificar a todo nuestro pueblo. Ese sentimiento persistió a pesar de las noticias de catástrofes. Este país, si está unido, no tiene nada que temer. Por otro lado, la apatía y las divisiones que fomentaban personas antipatrióticas eran muy desalentadoras”.
Era la guerra que el gobierno de Estados Unidos quería. Como siempre necesitaban argumentos para mostrarse ante su pueblo como víctima de una agresión extranjera. De esa manera, se justificaba su respuesta “en defensa de la integridad de América”. Así se fraguó la entrada de Estados Unidos en la guerra en contra de lo que expresaba su propia opinión pública, adversa a tal decisión. Así, también se comenzó a diseñar la manera en que debía concretarse la peor venganza de la historia. Con ello, el imperio estadounidense quiso sentar las bases de una hegemonía sustentada en el horror y el terror que produce el uso indiscriminado de la fuerza.
Fue el propio Emperador Hirohito quien el 22 de junio de 1945 en una sesión del Consejo Supremo de Guerra, declaró lo que otros altos dignatarios no querían o no se atrevían a insinuar: “el Japón debía hallar un medio para terminar la guerra, porque no hay forma de continuar con este estado de cosas. Oleadas tras oleadas de bombarderos estadounidenses reducen a cenizas las principales ciudades del Japón. El bloqueo se hace sentir en todos los aspectos de la vida. Acecha el hambre y las enfermedades, no hay combustibles, la distribución de agua es intermitente, no hay energía eléctrica, la distribución de alimentos está llegando a niveles trágicos y los servicios de salud atienden sólo casos de gravedad”. No era esta la situación de una potencia fortalecida y desafiante.
Por el contrario, buscaba desesperadamente negociar. Ya lo habían comenzado a hacer con la Unión Soviética. Mientras tanto, se incrementaban los bombardeos de Estados Unidos contra el inerme territorio japonés, destruyendo lo poco que quedaba de su poderío militar y naval. Se trataba de “ablandarlo” antes del golpe decisivo, que nadie imaginaba de tal magnitud. En otro orden, Estados Unidos recelaba de las conversaciones y acuerdos a los que pudiera llegar Japón con la Unión Soviética, los que le podrían hacer quedar en una situación complicada en la región del Pacífico de cara a un escenario mundial distinto en la posguerra.
En este contexto, los triunfadores se reunieron en Potsdam, Alemania, en una reunión cumbre de los mandatarios de las potencias vencedoras en la guerra. El tema de Japón estaba presente como punto sobresaliente de la agenda. Estados Unidos, Gran Bretaña y China (aún no había triunfado la revolución de 1949) proclamaron que la única alternativa era la “rendición incondicional”. Además de ello, se exigía privar a Japón de todas sus ganancias territoriales y posesiones fuera de las islas metropolitanas, y que se ocuparían ciudades del Japón hasta que se hubiese establecido “un gobierno responsable e inclinado a la paz” de acuerdo con los deseos expresados por el pueblo en elecciones libres. Dos días después de publicada la Proclama de Potsdam, Japón rechazó los términos de rendición incondicional.
Aunque existían muchos puntos a resolver, había uno sobre el que los aliados no se habían manifestado y que para Japón era de honor: el status de su Emperador, por el cual los japoneses estaban dispuestos a las últimas consecuencias. El asunto no era difícil de resolver toda vez que ninguna de las potencias se había manifestado reacia a una decisión favorable a la continuidad de la monarquía. La única línea de comunicación de Japón con los aliados era la Unión Soviética, que aunque tenía información de inteligencia acerca de la posesión por Estados unidos del arma atómica, se encontraba al margen de los preparativos bélicos de sus aliados occidentales. Por su parte, Estados Unidos dudaba de las negociaciones soviéticas e incluso suponía que la URSS -en realidad- estaba ganando tiempo para una acción bélica propia que les diera el control futuro sobre Japón. En ese contexto, el nuevo presidente estadounidense Harry Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas.
El resto de la historia es conocida, el 6 de agosto la aviación estadounidense dejó caer la bomba en la indefensa Hiroshima y el 9 del mismo mes se repitió la acción contra Nagasaki. El Emperador japonés se vio obligado a aceptar la rendición incondicional ante la visión apocalíptica de 220 mil muertos en ambas ciudades. Se iniciaba la era nuclear, la era del terror nuclear. El mayor acto terrorista de la historia de la humanidad se había consumado.

Actitud arbitraria de Estados Unidos hacia Cuba

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Miguel Fernández Martínez (PL)

Desde hace tres décadas, el gobierno de Estados Unidos persiste en incluir a Cuba, arbitraria y unilateralmente, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, buscando arreciar el cerco que impone a la Isla hace medio siglo.

Con esta medida, que desde 1982 Washington insiste en mantener, el vecino del Norte demuestra que no renuncia a su vieja política de tratar de estrangular económicamente a la Revolución Cubana.
Esta práctica del Departamento de Estado norteamericano no es nueva y la viene aplicando sistemáticamente, desde el 29 de diciembre de 1979, con un grupo de países que, coincidentemente, no comparten los postulados ideológicos pautados en las tierras del Tío Sam.
Cuba no es la única nación que sufre esta patraña. Libia, Irak, Yemen del Sur, Corea del Norte y Siria también han estado bajo la mirada escrutadora de los “expertos” norteamericanos.
Los argumentos que esgrime Estados Unidos contra Cuba para mantener su acusación de que la mayor de las Antillas patrocina actos terroristas son tan discutibles y carentes de evidencias, que han provocado la crítica de importantes personalidades, incluidos militares, académicos y periodistas, quienes ven al sur con mirada solidaria.
Por tres décadas Cuba ha denunciado las maniobras del gobierno norteamericano y cuenta con el apoyo incondicional de muchos países, agrupaciones e individuos que apoyan la labor internacionalista y humanitaria del pueblo y gobierno cubano con los más necesitados del mundo.
En diciembre de 2011, las organizaciones no gubernamentales norteamericanas Latin American Working Group y The Center for International Policy exigieron al Departamento de Estado que Cuba fuera sacada de la lista de países terroristas.
En marzo pasado, el brigadier general John Adams, exrepresentante militar de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en un articulo firmado junto al cabildero federal David W. Jones, y publicado en el periódico The Hill, pidieron a la Casa Blanca retirar a Cuba de la lista y poner fin a su contraproducente política hacia La Habana.
Adams y Jones consideran, en su comunicado, que esa actitud se convierte en un anacronismo que socava los esfuerzos de Washington en su lucha contra el terrorismo.
A este reclamo se unieron, en mayo, los integrantes del Taller Académico Cuba-Estados Unidos (TACE), integrado por nueve académicos estadounidenses de la American University, y ocho cubanos de la Universidad de La Habana.
En este encuentro, Philip Brenner, profesor de la American University, sugirió que el enfrentamiento al terrorismo resulta un área donde podría haber un abordaje constructivo entre ambos países.
El 31 de julio, el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer su nueva lista de países patrocinadores del terrorismo y una vez más incluyó a Cuba, bajo la acusación de una supuesta falta de medidas en el sistema bancario cubano para enfrentar el lavado de dinero y las transacciones financieras vinculadas al terrorismo. Las reacciones no se hicieron esperar.
El profesor cubanoamericano Arturo López-Levy, investigador asociado de la Escuela de Estudios Internacionales Josef Korbel, de la Universidad de Denver, expresó que incluir a Cuba en la lista es una muestra más de que la política norteamericana hacia La Habana es un cementerio para la ética y las estrategias racionales.
“Cada vez que Estados Unidos afirme que pide colaboración con la guerra contra el terrorismo, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas los avergonzará”, enfatizó el profesor López-Levy.
El académico expresó además que esta acción constituye otro juego politiquero más con la seguridad nacional del país, pues un mecanismo que debe ser no partidista y profesional está manipulado por una minoría recalcitrante de la comunidad cubanoamericana.
López-Levy agregó que el tema de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo es particularmente dañino a las relaciones entre La Habana y Washington.
A tenor de esta manipulación -añadió el profesor cubanoamericano- se han generado juicios impensables en los que se obvia la doctrina del acto del Estado y se asume que Cuba solo tiene inmunidad limitada, lo cual es una violación del derecho internacional y la soberanía cubana.
Desde Miami, corazón de la comunidad cubana emigrada en Estados Unidos, también se expresó Elena Freyre, presidenta de la Fundación pro Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba (FORNORM), quien calificó de vergonzoso e hipócrita incluir a Cuba en esta lista del Departamento de Estado.
“Estados Unidos es el mismo país que permite que los verdaderos terroristas se paseen impunemente por las calles de Miami, mientras persigue, encarcela o mantiene retenido lejos de su familia a cinco hombres cubanos que solo trataron de defender a su país de estos ataques”, afirmó Freyre.
La presidenta de FORNORM recalcó que hace mucho tiempo que se sabe que esta inclusión tiene mucho que ver con satisfacer los intereses de esos “mal llamados” cubanos extremistas de Miami y nada que ver con la realidad cubana.
También se manifestó al respecto Edmundo García, comentarista radial cubanoamericano, quien conduce el espacio vespertino “La tarde se mueve” en la emisora 1450 AM de Miami.
Es una hipocresía más -aseveró García-, una falacia contra Cuba que ni ellos mismos se creen, y solo demuestra la prepotencia y falta de escrúpulos de parte de los Estados Unidos.
Washington tiene un doble rasero cuando se refiere al tema de la lucha contra el terrorismo, pues en tanto acusa públicamente a Cuba con calumnias fabricadas, oculta que La Habana rinde información veraz y exacta periódicamente a los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas sobre estos temas y otros referidos al enfrentamiento al terrorismo, según una reciente declaración emitida por la Cancillería cubana.
El documento, dado a conocer a los medios de prensa después de conocerse la decisión de Estados Unidos de reiterar su acusación contra Cuba, revela que en febrero de 2012 la isla renovó la propuesta de acordar un programa bilateral de enfrentamiento al terrorismo, a la cual la Casa Blanca aún no ha respondido.
Cuba ha sido una víctima del terrorismo de Estado aupado desde Washington y empleado como un arma política que ha costado al pueblo de la isla tres mil 478 muertos y dos mil 99 discapacitados, y muchos de los terroristas que ejecutaron sus criminales acciones contra Cuba, hoy disfrutan de la protección de las leyes norteamericanas.

Rechaza Cuba inclusión en lista de patrocinadores del terrorismo

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miércoles, 1 de agosto de 2012

PL

El gobierno cubano rechazó hoy la acción de Estados Unidos de incluir a la isla en su lista unilateral y arbitraria de patrocinadores del terrorismo internacional, para justificar la política de bloqueo contra ese país.

En una declaración emitida este miércoles, el ministerio de Relaciones Exteriores indicó que con ello Washington busca argumentos para la adopción de nuevas medidas de persecución de las transacciones financieras y comerciales.
De esa forma, la administración estadounidense intenta estrangular a la economía cubana e imponer un régimen que responda a sus intereses.
En esta ocasión, con una nueva y calumniosa acusación sobre la supuesta falta de medidas en el sistema bancario cubano para enfrentar el lavado de dinero y las transacciones financieras vinculadas al terrorismo, Estados Unidos intenta sostener este desprestigiado ejercicio.
Al respecto, cabe recordar que con esta manipulación Washington oculta que Cuba rinde información veraz y exacta periódicamente a los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas sobre estos temas y otros referidos al enfrentamiento al terrorismo.
Ignora también, con toda mala intención, que el gobierno de Cuba, en fecha tan reciente como febrero del 2012, renovó la propuesta de acordar un programa bilateral de enfrentamiento al terrorismo, a la cual Estados Unidos no ha respondido.
La cancillería recordó que el gobierno norteamericano ha utilizado el terrorismo de Estado como un arma de su política contra Cuba, la cual ha provocado tres mil 478 muertos y dos mil 099 discapacitados.
Ademas, ha cobijado a lo largo de la historia a decenas de terroristas, algunos de los cuales aún hoy viven libremente en su territorio, mientras mantiene injustamente encarcelados o retenidos a los Cinco luchadores antiterroristas cubanos.
Unido a ello, dijo, Estados Unidos son también el mayor centro de lavado de dinero del planeta y la falta de regulación de su sistema financiero fue el detonante de la crisis económica global.
En tal sentido, la isla rechaza enérgicamente la utilización de un asunto tan sensible como el terrorismo con fines políticos mezquinos contra Cuba.
Asimismo, demanda que el gobierno de los Estados Unidos deje de mentir y ponga fin a este vergonzoso ejercicio, que ofende al pueblo cubano y desacredita la causa de la lucha internacional contra el terrorismo.

Publicado por ARGENPRESS

Miami: Honran al defensor mafioso de terroristas

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Jean-Guy Allard (especial para ARGENPRESS.info)

Dos semanas después del atentado terrorista perpetrado en Miami contra una agencia de viaje a Cuba, mientras el FBI sigue sin detener a nadie en relación con este crimen, una organización de abogados criminalistas premia al abogado mafioso miamense Arturo Hernández como Defensor del Año por su defensa del terrorista internacional Luis Posada Carriles.

Con Orlando Bosch, Luis Posada Carriles es sin duda unos de los peores terroristas de este país que redacta anualmente una “lista de los patrocinadores del terrorismo” con la cual difama las naciones que se niegan a arrodillarse ante su poder imperial.
Al anunciar su decisión la Asociación de Abogados Penalistas de la Florida (FACDL), dijo atribuir el premio a Hernández por su “prolongada y compleja defensa de Posada desde el 2006”.
Posada estaba acusado por fraude migratorio y perjurio por el gobierno de Estados Unidos quién siempre se negó a enjuiciarlo por terrorista a pesar de su historial de asesino. En abril del 2011, una jueza federal de Texas nombrada por George W. Bush y un jurado complaciente, absolvieron a Posada de los 11 cargos.
Con el anuncio, se reveló que el Departamento de Justicia gastó entre $25 y $40 millones de dólares en esta farsa judicial al final de la cual el agente de la CIA, ex comisario torturador de la DISIP venezolana y responsable de la destrucción en pleno vuelo de un avión cubano, fue absuelto. De hecho, el caso Posada fue ya desde el principio orientado en el aparato judicial corrupto de EEUU por el funcionario federal mafioso Roger Noriega.
La asociación de abogados criminalistas, con sede en Tallahassee, también distinguió a la abogada Ronda Anderson, del mismo bufete de Coconut Grove, y al veterano juez Alan Gold, titular del tribunal federal de Miami.
Los premios fueron otorgados durante una cena de gala, en la propia ciudad de Miami, santuario de prófugos de la justicia, mercenarios y terroristas de toda América Latina.
Como si no era suficiente, Hernández anunció la salida eventual de un libro, redactado por Posada, que contará los pormenores legales del caso que aumentó su fortuna con unos millones recogidos por un ”Fondo de Defensa” presidido por la congresista ultraderechista Ileana Ros-Lehtinen.
En los últimos años Hernández, ha tenido a su cargo la defensa de otras “personalidades” del mundo criminal de la Florida tales como en el caso Habibe, uno de los mayores procesos de narcotráfico y lavado de dinero en la historia judicial norteamericano de Estados Unidos.
Pero desde el 2005, se atribuyó la lucrativa misión de defender a unos de los peores elementos de la fauna terrorista de la Florida, creada, utilizada y tolerada desde décadas por el gobierno estadounidense y sus servicios de inteligencia.
Entre sus clientes figuran el llamado “benefactor” de Posada, el empresario Santiago Álvarez Fernández-Magriñá quién lo acompaño hasta en Panamá, en un fracasado intento del líder cubano Fidel Castro, y Robert Ferro, arrestado con el mayor arsenal de armas en la historia de EEUU y ya liberado por una justicia cómplice y complaciente.
Mercenario de la Brigada 2506 que la CIA desembarcó en Playa Girón en 1961, Álvarez integró los grupos terroristas Alpha 66 y Comandos L. En el momento de su último arresto, se le ocupó 30 ametralladoras, un lanzacohetes, varias granadas, más de 200 libras de dinamita y 14 de explosivo C-4.

El atentado terrorista de Coral Gable: Ros-Lehtinen tan callada que el FBI

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Jean-Guy Allard (especial para ARGENPRESS.info)

Si se podía prever que el FBI iba a dilatar su investigación sobre el atentado contra la agencia de viaje Airline Brokers, ocurrida el día aniversario de la muerte de Orlando Bosch, podría sorprender que la congresista Ileana Ros-Lehtinen, conocida por su histeria, no dijo ni una palabra sobre el tema. Salvo si se considera que es tan ligada al terrorismo contra Cuba que se gano un escaño en Washington gracias a Bosch y aceptó presidir un comité de apoyo a Luis Posada Carriles.

El silencio del Buró Federal de Investigaciones no tiene por qué sorprender; el FBI del Sur de la Florida tiene una larga tradición de colaboración con la mafia cubanoamericana ilustrada por su agente de elite George Kyszinski quien entregaba a Posada Carriles, el 24 de marzo de 1986, el informe secreto de una investigación sobre sus actividades de narcotraficante en El Salvador. Hasta la destrucción en agosto de 2003 del expediente de este mismo personaje, guardado en la caja fuerte del FBI de Miami, cuando la justicia panameña se lo reclamaba.
Los terroristas de Miami “no son una prioridad” para el FBI, afirmaba hace unos años Judy Orihuela, portavoz del FBI en Miami, en una entrevista publicada por el Sun-Sentinel, y todo indica que el actual jefe de la oficina local, John Gillies, nacido en Chicago, la ciudad del mítico gangster Al Capone, se alineó con esa misma orientación.
Nada apareció en la prensa local que pudiera indicar alguna evolución de la investigación de la policía federal en este caso de terrorismo dirigido contra Airline Brokers, una empresa que contrató el Arquidiócesis de Miami para el transporte de 300 personas del sur de la Florida a la isla a finales de marzo, para la visita papal a Cuba.
Más sospechoso aún, en el caso de este incendio fulgurante que transformó las oficinas de la firma en ceniza en cuestión de minutos: aunque se dijo que había sido deliberado y que los perros adiestrados detectaron olores a combustible, ningún órgano de prensa hizo referencia a un acto de terrorismo. Ni se pronunció la palabra. De la misma forma que en Miami no se reconoce el pasado terrorista de Posada Carriles, un agente de la CIA protegido desde las más altas esferas de Washington por elementos mafiosos asociados a los servicios de inteligencia.
En cuanto a la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, eminencia del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, su relación sulfurosa con la mafia terrorista cubanoamericana la condena a callarse la boca.
Ileana Ros-Lehtinen fue la más ruidosa partidaria de la liberación de Orlando Bosch en 1989, cuando el pediatra asesino, después de comprar su liberación en Venezuela, se trancado en las celdas de los servicios de inmigración. Con la asesoría de Otto Reich, uso a fondo la campaña a favor del terrorista más peligroso del continente para lograr su elección ese mismo año al Capitolio.
Ros-Lehtinen también ha defendido al terrorista Valentín Hernández, condenado por asesinar a otro delincuente, Luciano Nieves, de la misma forma que reclama la liberación de Eduardo Arocena, jefe del grupo Omega 7, autor de numerosos asesinatos y atentados.
Pero lo más escandaloso de todo es ciertamente que es presidenta de honor del “Fondo Legal Luis Posada Carriles” que permite al terrorista rodearse de los abogados mafiosos de Miami de más fama.
Ros-Lehtinen es esta misma politiquera que juró inscribir a Venezuela en la lista de “países patrocinadores del terrorismo” del Departamento de Estado a pesar de su vinculación con Alejandro Peña Esclusa, líder fascista enjuiciado por terrorismo en Caracas, y con varios terroristas venezolanos, entre los cuales José Colina, asilados en Miami con la complacencia del Departamento de estado, y Raúl Díaz Peña, condenado por ataques con explosivo C-4 a dos embajadas en el 2003.

Casualidad: el municipio de Miami donde ocurrió la agresión contra una empresa ofreciendo transporte aéreo hacia Cuba a los cubanoamericanos deseosos de viajar a la tierra que los vio nacer, tiene como alcalde desde el año pasado al ex diplomático James Cason, un ex jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana.

Exigen en Estados Unidos retirar a Cuba de lista de países terroristas

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PL

El influyente brigadier general estadounidense John Adams hizo un llamado a que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y ponga fin a su contraproducente e hipócrita política hacia la Isla.

“Mantener a Cuba en la lista del Departamento de Estado, es un anacronismo que socava los propios esfuerzos de Washington en su lucha contra el terrorismo”, aseveró el militar retirado, en un articulo firmado además por el cabildero federal David W. Jones, insertado en The Hill, una publicación del Congreso estadounidense.
Separado del servicio activo desde 2007 y con gran peso en las altas esferas del Pentágono, Adams acumuló más de 35 años de experiencia en misiones militares que incluyen su participación en conflictos internacionales en Irak, Kuwait, Afganistán, y Ruanda, entre otros destinos.
El exrepresentante militar de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguró que después de terminada la Guerra Fría, muchos en la comunidad de inteligencia llegaron a la conclusión de que Cuba no era una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Adams subrayó que el Informe sobre Terrorismo de 2008 declaró que Cuba no apoya activamente la lucha armada en América Latina y otras partes del mundo y que la Casa Blanca no tiene pruebas de actividades de lavado de dinero relacionadas con el terrorismo o del financiamiento de actividades en Cuba.
También señala los pronunciamientos del Departamento de Estado en los informes de 2009 y 2010, donde se reconoce que en la isla no hay evidencia de apoyo financiero directo a organizaciones terroristas, y que el gobierno cubano y los medios oficiales han condenado públicamente los actos de terrorismo de Al Qaeda y sus afiliados.
El exmilitar cuestiona en su artículo las alegaciones del Departamento de Estado acerca de que Cuba ofrece refugio a terroristas españoles, y a rebeldes colombianos, cuando está demostrado que las autoridades isleñas mantienen contactos permanentes y cuentan con el reconocimiento de los gobiernos de España y Colombia, en el tratamiento a estos temas.
“La presencia de Cuba en la lista (de países terroristas) daña la credibilidad de Estados Unidos con casi todos nuestros aliados y nos pone en contradicción con los países de América Latina que ven el listado como caprichoso y políticamente motivado” enfatizó Adams.
El gobierno estadounidense paraliza así los esfuerzos para cooperar con Cuba -argumentó el exgeneral- en importantes asuntos de seguridad nacional para nuestra nación, incluyendo el tráfico transnacional de personas, drogas y armas, así como en los desastres ambientales.
Añadió que la política estadounidense perjudica los intereses de las empresas y trabajadores, al justificar un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba que impide la creación de nuevos empleos.
En diciembre pasado, las organizaciones no gubernamentales Latin America Working Group y The Center for International Policy patrocinaron un encuentro en el Club Nacional de Prensa, de Washington D.C, para exigir que Cuba fuera sacada de la lista de países terroristas.

Nuevamente, el manual de terrorismo global de Estado

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Gilberto López y Rivas (LA JORNADA)

Recordemos que el Manual de Campo 31-20-3, Tácticas, técnicas y procedimientos de defensa interna para las fuerzas especiales en el extranjero, parte de la premisa subyacente de que Estados Unidos tiene una misión que cumplir en el ámbito mundial, que es la salvaguarda de los intereses de ese país frente a las amenazas consideradas de “menor escala” -que las relacionadas con la confrontación Este-Oeste-, como el terrorismo, la subversión, la insurgencia y el tráfico de drogas.

Esta tarea planetaria, heredada de las nociones del “Destino Manifiesto” que otorgan a ese pueblo escogido por la Providencia el derecho de expandirse fuera de sus fronteras, supuestamente en nombre de la libertad y la democracia, hace necesaria la elaboración de incontables manuales destinados al aprendizaje de sus fuerzas especiales para conducir la guerra contrainsurgente a cualquier oscuro rincón del mundo (Bush dixit) donde “el desorden interno sea de tal naturaleza que constituya una amenaza significante a los intereses nacionales de Estados Unidos”.
El manual no se distingue por la profundidad del análisis histórico, sociológico o político, el cual es sustituido por maniqueos recetarios que pretenden pasar por científicos y que conforman, en realidad, un conjunto de categorías clasificatorias de orden práctico que guíen la acción de sus fuerzas armadas. Así, se define a la insurgencia como “un movimiento organizado con el propósito de derrocar un gobierno constituido a través del uso de la subversión y el conflicto armado”. Los politólogos-sociólogos al servicio de la guerra contrainsurgente concluyen sesudamente que hay siete elementos comunes a toda insurgencia: “liderazgo, ideología, objetivos, ambiente y geografía, fases y tiempos (del desarrollo del movimiento), apoyo externo, y patrones operativos y organizativos”. También, se sostiene que hay tres estrategias generales de la insurgencia: el foco o foquismo, la orientada hacia las masas y la tradicional, clasificando a la insurgencia “liderada por Castro y el Che Guevara” en la primera, Vietnam en la segunda, y la rebelión de los huk en Filipinas, en la tercera.
Aprendiendo de sus derrotas militares -como la sufrida en Vietnam-, que por cierto nunca son mencionadas como tales en los manuales estudiados, se insiste en que la misión primordial de las fuerzas especiales en la defensa extranjera externa es organizar, entrenar, aconsejar y desarrollar la capacidad táctica y técnica de las fuerzas militares de la llamada “nación huésped”, de tal manera que éstas puedan derrotar a la insurgencia “sin el involucramiento directo de Estados Unidos.” Esto es, se pretende que los costos humanos, materiales y todo el impacto de la guerra los pague la “nación huésped” y que los ejércitos de nuestros países cumplan con las directrices represivas de Estados Unidos en contra de toda la gama de los movimientos sociales que siempre pueden ser considerados como accesorios o cómplices de los insurgentes. La “guerra contra el narcotráfico” en México, por ejemplo, que contabiliza en cinco años más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y una agresión permanente contra los movimientos populares, ha sido impuesta por Estados Unidos y llevada a cabo por Calderón, presidente espurio de la “nación huésped”, sin que ese país sufra en lo más mínimo las consecuencias de la misma.
El manual especifica que la “nación huésped” siempre puede obtener equipo de Estados Unidos para enfrentar la amenaza interna a su seguridad causada por individuos sin ley, como los narcotraficantes, que en el caso mexicano se plasma en la Iniciativa Mérida. Lo que no se informa en el documento es que el gobierno de ese país también suministra armas a los propios “individuos sin ley”, e incluso lava el dinero de sus operaciones criminales, como se ha venido documentando en nuestro periódico, porque la guerra es instrumental a la estrategia estadounidense de tomar el control de la “nación huésped”.
Coalición es otro de los eufemismos que el manual adopta para encubrir mediáticamente las incursiones neocoloniales de Estados Unidos y sus aliados europeos, como las llevadas a cabo en Irak y Afganistán. Hacer realidad el apoyo a estas coaliciones es una tarea adicional a ser estudiada por las fuerzas especiales estadounidenses, para lo cual se considera muy importante una comprensión profunda del área (a ser invadida) y de la gente que ahí viva, “orientación regional, conciencia cultural y habilidades en el manejo de otras lenguas, son necesarias para cumplir exitosamente la misión”.
El manual cuenta con un apéndice sobre consideraciones legales que especifican que las operaciones de las fuerzas especiales deberán ser conducidas de acuerdo con las leyes internacionales y las que rigen en territorio estadounidense. Se mencionan específicamente las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, que proveen la fuente primaria de derechos y obligaciones de las personas involucradas en conflictos internos, o no internacionales, que demandan un trato humanitario a los prisioneros, heridos y enfermos, y que prohíben el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, en particular, el asesinato, la mutilación, la tortura, los tratos crueles y degradantes, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales y los juicios sin el debido proceso. Estos exhortos resultan retóricos y profundamente contradictorios con las realidades de crasas violaciones a los derechos mencionados en las innumerables guerras contrainsurgentes y operaciones encubiertas llevadas a cabo en el mundo entero por las fuerzas armadas estadounidenses. Además, el apéndice recomienda la búsqueda de un acuerdo internacional que garantice la inmunidad diplomática para sus tropas en los países donde están “estacionadas”. Esto es, impunidad total para el ejercicio efectivo del terrorismo global de Estado.

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