Ante falta de pruebas, la Fiscalía General de Chihuahua criminaliza a Israel Arzate y a su familia

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Difusión Cencos México D.F., 6 de junio de 2012

Boletín de prensa
Centro ProDH / Red Mesa de Mujeres / CEJAM

Tal y como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes (CEJAM) han denunciado en reiteradas ocasiones, Israel Arzate Meléndez fue víctima de tortura perpetrada por elementos del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por este medio, obligado a inculparse de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. Las graves violaciones a derechos humanos de las que Israel Arzate ha sido víctima han sido reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la organización Human Rights Watch. Sin embargo, hasta la fecha Israel permanece injustamente detenido.

El día jueves 31 de mayo de este año, agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua detuvieron arbitrariamente a Ignacio Zaid Rosales e intimidaron a Guadalupe Meléndez, hermano y madre respectivamente de Israel Arzate Meléndez, además de allanar sus domicilios y el de otro integrante más de la familia. Luego de sufrir intimidaciones y escuchar amenazas contra su hermano Israel, Ignacio Zaid fue liberado, sin haber recibido nunca una orden judicial que sustentara tales hechos; sin embargo, pudo notar que los agentes buscaban a otro de sus hermanos, a quien acusaban de haber participado en un delito.

Ante estos hechos, el Centro Prodh, la Red Mesa de Mujeres y el CEJAM emitieron una acción urgente por el temor fundado que existe de que el actuar de los agentes ministeriales se deba a una represalia en contra de la familia de Israel Arazate; esto, debido a su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos y la liberación de éste.

Asimismo, cabe informar que el día de hoy Ignacio Zaid Meléndez y Guadalupe Meléndez, víctimas de las acciones violatorias a los derechos humanos perpetradas por los agentes ministeriales, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del estado para deslindar la responsabilidad de los servidores públicos que participaron en los hechos. Esperamos que ésta sea atendida e investigada con exhaustividad y diligencia, de tal forma que se conozca el motivo del actuar de las autoridades y se castigue a los responsables de la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra condena a los intentos de criminalización de la Fiscalía General del estado de Chihuahua hacia la persona de Israel Arzate y su familia, así como a las reiteradas descalificaciones formuladas contra Israel por parte de la Fiscalía. Exigimos que en todo momento se respete y se garantice su vida, su integridad y su seguridad. Asimismo, una vez más nos pronunciamos por la inmediata  liberación de Israel Arzate, pues es una víctima de tortura a todas luces inocente de los delitos que se le imputan. La falta de acceso a la justicia para Israel seguirá alentando la impunidad y la falta de verdad en el caso de Villas de Salvárcar.

Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Centro Juárez de Apoyo a Migrantes

Para visualizar la conferencia grabada en video pueden hacer click en los siguientes enlaces:
http://www.ustream.tv/recorded/23126977

Para escuchar el testimonio de Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate, puedes ir al siguiente enlace:http://bit.ly/KSarir

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El Salvador: Víctimas de torturas durante Guerra Civil presentan denuncias en la Fiscalía

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miércoles 25 de abril de 2012

David Ernesto Pérez (COLATINO)

José Ramón Arita Rosa fue capturado el 16 de septiembre de 1985 por supuestos agentes de la CIA, en coordinación con agentes de seguridad pública de el país. Durante once días recibió violencia física, psicológica, tratos crueles y amenazas.

El caso de Arita Rosa se suma a las denuncias presentadas en la Fiscalía General por Óscar Edmundo Garza, David Córdova Menjívar y Carlos Virgilio Marín Alfaro, quienes se consideran afectados por el accionar estatal en la década de los 80‘s. Garza fue arrestado en 1980, Córdova Menjívar en 1985 y Marín Alfaro en 1988. Todos aseguran haber sufrido torturas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Los denunciantes invocan los tratados internacionales suscritos por El Salvador en materia de Derecho Humanos que persiguen los crímenes de lesa humanidad, figura que además contempla la legislación penal.
Asimismo, dichos delitos no prescriben (vigencia se mantiene en el tiempo), por lo que consideran que el Ministerio Público Fiscal debe dar trámite a las denuncias presentadas.
El común denominador presente en las cuatro denuncias es la privación de libertad arbitraria por parte de agentes de seguridad del Estado, proceder que además habría violentado el debido proceso legal y el derecho de defensa, explicó Silvia Cuéllar, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). El Salvador es firmante de los Tratados de Nuremberg y los Convenios de Ginebra, instrumentos internacionales que tratan sobre el trato a prisioneros de guerra y los delitos que se pueden cometer en estos períodos bélicos.
Tomando en cuenta lo anterior, Benjamín Cuéllar del IDHUCA argumenta que el país no puede omitir sus compromisos al firmar dichos tratados, que después de rubricados forman parte de la legislación nacional. Por lo que, en palabras del defensor de Derechos Humanos, el Estado no puede alegar que los hechos denunciados hayan perdido vigencia.
“Estamos confiados que con una buena Fiscalía se puede avanzar”, y agrega a la vez: “queremos que se establezca la responsabilidad del Estado y en su momento la reparación a las víctimas”.
El 7 de abril de 2010, Rolando González y Carlos Santos hicieron el mismo procedimiento que las personas anteriormente mencionadas, al considerarse afectados por los cuerpos de seguridad del Estado en el marco del Conflicto Armado.
Sin embargo, sus denuncias no prosperaron. En el caso de González este ya acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para demandar al Estado por la falta de acción en las investigaciones.

Publicado por ARGENPRESS