miércoles 16 de junio de 2010

Juan Limachi (XINHUA)

La quiebra de la empresa internacional de seguros British American ha provocado una conmoción entre los clientes panameños, cuyos afectados se estiman en alrededor de 25 mil personas.

Una de las primeras reacciones de los atemorizados usuarios fue convocar a una manifestación ante la sede de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros demandando a las autoridades garantías para sus derechos.
La mayoría de estas personas contaban con pólizas de seguro de salud, rentas vitalicias y seguro de vida, cuyo amparo se desvaneció como en un mal sueño dejándolos en un verdadero infierno.
Para Ernesto González, de 64 años, uno de los afectados por esta quiebra, los aportes de toda su vida se fueron al agua y ahora con todo el peso de la preocupación por su futuro, reclama responsabilidad a las autoridades panameñas.
«No sé que hacer, no sé si las autoridades nos ayudarán a recuperar aunque sea una parte de nuestra inversión», fueron sus palabras de impotencia y rabia ante la dura realidad que enfrenta en medio de la protesta.
Así como él, miles de panameños han comenzado a salir a hablar sobre sus preocupaciones ante el desamparo en que han quedado por acción del actuar delictivo de los altos ejecutivos de British American.
De acuerdo a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, esta empresa transfirió de forma irregular, violando las leyes de este país, alrededor de 10 millones de dólares de bonos del Estado comprados a Panamá hasta su sede principal en Trinidad Tobago.
Los clientes también señalan culpabilidad al ente rector de la actividad de seguros porque no fueron capaces de fiscalizar la situación financiera de la aseguradora, y lo que es peor aún, lo acusan de haber informado equivocadamente de la verdadera situación financiera.
El año pasado, la máxima entidad rectora de seguros certificó niveles de liquidez para la empresa por un monto de 11 millones de dólares, con ganancias mensuales de 200 mil dólares.
Los afectados, como el caso de la señora María Batista, una viuda que ahora enfrenta problemas de salud y se quedó sin seguro médico, consideran que la Superintendencia falló al dar esos informes que no se ajustaban a la verdadera situación financiera.
«Ahora, he perdido mis ahorros de toda una vida que yo había planificado para contar con atención médica asegurada, pero todo se acabó abruptamente, en un abrir y cerrar de ojos», se la mentó al borde del llanto.
La Superintendencia de Seguros indicó que al momento de solicitar la quiebra, el pasado jueves, la aseguradora solo contaba en Panamá con activos líquidos por 3,2 millones de dólares y propiedades por cerca de 700 mil dólares.
Para el titular de esta entidad, Luis Della Togna, esta difícil situación financiera fue una de las causas por las que pidió la solicitud de quiebra, porque no había un respaldo económico para el cumplimiento de sus obligaciones.
Ante el clamor de los clientes, el funcionario alentó una esperanza que si se logra recuperar los 10 millones de dólares en bonos que la empresa transfirió ilegalmente a Trinidad y Tobago los perjudicados podrían recuperar parte de sus dineros invertidos.
Por su parte, la Asociación de Productores de Seguros (Aprosepa) indicó que sin ser muy optimistas los clientes solo podrían recuperar alrededor del 20% de sus inversiones.
La entidad, que agrupa a corredores y especialistas de seguros, también sostuvo que las irregularidades en las que incurrió la British American, como desviar sus fondos a su sede central se debió a una falta de control de las autoridades correspondientes.
Della Togna explicó que para indemnizar a todos los afectados, que inicialmente se dijo que serían alrededor de 10 mil personas, se requiere alrededor de 14 millones de dólares.
La Superintendencia aclaró que los bonos del Estado que había adquirido British American fueron transferidos en el 2007 a Trinidad Tobago, y no en su administración, que inició con el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, en julio del año pasado.
Cuando las autoridades panameñas conocieron de la falta de solvencia de la aseguradora decidieron intervenir el pasado 5 de octubre de 2009, y desde entonces se mantuvo con una junta interventora, hasta que finalmente se decidió pedir su quiebra esta semana.

Ante el inminente cierre, los miles de usuarios salieron a las calles a reclamar sus derechos y la recuperación de sus inversiones, pero, ahora, todo se encuentra en manos de la justicia panameña que deberá decidir qué pasará con las inversiones millonarias de estas personas.