Otra vez el Comando Sur de Estados Unidos: Avanza la militarización subordinada de Panamá

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Marco A. Gandasegui Jr. (especial para ARGENPRESS.info)

Por décimo año consecutivo Estados Unidos ha torcido y hecho añicos la Constitución Política de Panamá y todas sus leyes. Por un lado, insiste en realizar maniobras militares en torno al Canal de Panamá con supuestos “aliados” panameños y de otros 15 países latinoamericanos. Por el otro, asume abiertamente el control territorial del país. En sus “juegos militares”, incluso, delega a terceros países responsabilidades soberanas panameñas.

En la Constitución Política panameña se establece en forma explícita que el país no tiene un ejército. Igualmente, señala que la soberanía es inalienable e intransferible. Desde el 6 de agosto hasta mañana (viernes, 17 de agosto), Panamá ha sido virtualmente ocupada por tropas norteamericanas con el supuesto de que el Canal está en peligro. Según un comunicado de los mandos militares de ese país del norte, “el Ejército Sur de Estados Unidos y las fuerzas armadas y de seguridad de 17 naciones participarán del ejercicio anual Panamax, que cuenta con el patrocinio del Comando Sur”.
El comunicado plantea objetivos contradictorios y sin mayor sentido: “Este ejercicio multinacional reúne a las fuerzas navales, aéreas y terrestres en una operación conjunta y combinada para defender el Canal de Panamá de ataques perpetrados por violentas organizaciones extremistas de carácter ficticio, así como también responder ante los brotes pandémicos y catástrofes naturales en diversas regiones”.
Entre los grupos ficticios “extremistas”, los militares norteamericanos han mezclado en una sola bolsa a campesinos e indígenas panameños, a fuerzas insurgentes de Colombia y a traficantes de drogas ilícitas que operan en los círculos financieros y políticos de Estados Unidos. A pesar del debilitamiento de las relaciones económicas y políticas de Estados Unidos con los países de Sur América, los lazos militares siguen siendo muy fuertes. Washington no sólo pretende mantener una presencia militar física en la región, también quiere conservar su posición como principal proveedor de armamentos.
En el operativo Panamax dirigido por Estados Unidos, tropas colombianas asumieron la dirección del componente terrestre del ejercicio por segundo año consecutivo. El Comando Sur de Estados Unidos también informó que “las fuerzas militares brasileñas dirigen el componente marítimo por primera vez”. Es decir, el territorio nacional y las costas panameñas quedaron bajo la responsabilidad soberana de terceros países. “El comandante de componente marítimo de la Fuerza Multinacional para Panamax 2012 es el contralmirante Wilson Pereira de Lima Filho de Brasil , informaron los militares norteamericanos.
En uno de sus comunicados, los militares norteamericanos se refieren abiertamente al derecho que tiene Estados Unidos de intervenir en forma unilateral en Panamá “cuando se considere necesario por el gobierno de Panamá y otras naciones de la región”. El operativo llamado “Panamax, afirman los militares norteamericanos, proporciona oportunidades para que las naciones participantes, junto con el Ejército del Sur, se unan para contrarrestar las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales”.
El ejercicio incluye “las Fuerzas Marinas del Sur, de Operaciones Especiales del Comando Sur y el Comando de las Fuerzas Navales del Sur con los buques y un contingente de artefactos explosivos, buceo móvil, la logística y el personal de seguridad de las fuerzas”. Todas bajo el mando del general Simeon G. Trombitas, comandante del Ejército Sur de Estados Unidos. La sede el Ejército Sur estuvo por más de 50 años, durante la segunda mitad del siglo XX, en Clayton, donde actualmente se encuentra la Ciudad de Saber, en las afueras de la ciudad de Panamá.
Según un despacho de una agencia de noticias española en Panamá, el subcomisionado del Servicio Aéreo Nacional Aeronaval, Jorge Yanis, aseguró que el ejercicio castrense tendrá un carácter virtual. “Va a ser realizado en Estados Unidos, donde vamos a establecer ejercicios de mesa virtuales con miras al adiestramiento de nuestro personal en prevención de una amenaza que atente contra el libre tránsito en el Canal de Panamá”.
Por su lado, el Comando Sur señaló que el principal objetivo del ejercicio es proveer una variedad de respuestas a las solicitudes del gobierno panameño para “proteger y garantizar el flujo seguro del tráfico a través del Canal de Panamá, garantizar su neutralidad y respetar la soberanía nacional”. En 1989 Estados Unidos invadió militarmente a Panamá alegando objetivos similares. Esta experiencia trágica costó miles de vidas humanas y Estados Unidos la justificó, al igual que ahora, señalando que actuaba en defensa de la democracia, la neutralidad y la soberanía nacional de Panamá.
En esta ocasión, sin embargo, Estados Unidos señala que “los desafíos regionales requieren soluciones regionales. Panamax 2012 está diseñado para responder como una fuerza unificada a una amplia variedad de misiones en el aire, la tierra, el mar, espaciales y la cibernética”, según el Comando Sur.
Estados Unidos compara el ejercicio Panamax a su invasión de Haití después del devastador terremoto de 2010. Estados Unidos delegó su responsabilidad militar en ese país del Caribe a los militares de Brasil y Chile. Todavía hay millones de haitianos que viven en condiciones infrahumanas debido a la política de Estados Unidos y sus aliados militares latinoamericanos. Totalmente fuera de contexto, Estados Unidos dice que Panamax es una “ayuda en operaciones humanitarias y respuestas a desastres, como se manifestó después del terremoto de Haití”.
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Avanza la militarización subordinada de Panamá

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Por décimo año consecutivo EEUU ha torcido y hecho añicos la Constitución Política de Panamá y todas sus leyes. Por un lado, insiste en realizar maniobras militares en torno al Canal de Panamá con supuestos “aliados” panameños y de otros 15 países latinoamericanos. Por el otro, asume abiertamente el control territorial del país. En sus “juegos militares”, incluso, delega a terceros países responsabilidades soberanas panameñas.

 

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
En la Constitución Política panameña se establece en forma explícita que el país no tiene un ejército. Igualmente, señala que la soberanía es inalienable e intransferible. Desde el 6 de agosto hasta mañana (viernes, 17 de agosto), Panamá ha sido virtualmente ocupada por tropas norteamericanas con el supuesto de que el Canal está en peligro.  Según un comunicado de los mandos militares de ese país del norte, “el Ejército Sur de EEUU y las fuerzas armadas y de seguridad de 17 naciones participarán del ejercicio anual Panamax, que cuenta con el patrocinio del Comando Sur”.
El comunicado plantea objetivos contradictorios y sin mayor sentido: “Este ejercicio multinacional reúne a las fuerzas navales, aéreas y terrestres en una operación conjunta y combinada para defender el Canal de Panamá de ataques perpetrados por violentas organizaciones extremistas de carácter ficticio, así como también responder ante los brotes pandémicos y catástrofes naturales en diversas regiones”.
Entre los grupos ficticios “extremistas”, los militares norteamericanos han mezclado en una sola bolsa a campesinos e indígenas panameños, a fuerzas insurgentes de Colombia y a traficantes de drogas ilícitas que operan en los círculos financieros y políticos de EEUU. A pesar del debilitamiento de las relaciones económicas y políticas de EEUU con los países de Sur América, los lazos militares siguen siendo muy fuertes. Washington no sólo pretende mantener una presencia militar física en la región, también quiere conservar su posición como principal proveedor de armamentos.
En el operativo Panamax dirigido por EEUU, tropas colombianas asumieron la dirección del componente terrestre del ejercicio por segundo año consecutivo. El Comando Sur de EEUU también informó que “las fuerzas militares brasileñas dirigen el componente marítimo por primera vez”. Es decir, el territorio nacional y las costas panameñas quedaron bajo la responsabilidad soberana de terceros países. “El comandante de componente marítimo de la Fuerza Multinacional para Panamax 2012 es el contralmirante Wilson Pereira de Lima Filho de Brasil , informaron los militares norteamericanos.
En uno de sus comunicados, los militares norteamericanos se refieren abiertamente al derecho que tiene EEUU de intervenir en forma unilateral en Panamá “cuando se considere necesario por el gobierno de Panamá y otras naciones de la región”. El operativo llamado “Panamax, afirman los militares norteamericanos, proporciona oportunidades para que las naciones participantes, junto con el Ejército del Sur, se unan para contrarrestar las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales”.
El ejercicio incluye “las Fuerzas Marinas del Sur, de Operaciones Especiales del Comando Sur y el Comando de las Fuerzas Navales del Sur con los buques y un contingente de artefactos explosivos, buceo móvil, la logística y el personal de seguridad de las fuerzas”. Todas bajo el mando del general Simeon G. Trombitas, comandante del Ejército Sur de EEUU.  La sede el Ejército Sur estuvo por más de 50 años, durante la segunda mitad del siglo XX, en Clayton, donde actualmente se encuentra la Ciudad de Saber, en las afueras de la ciudad de Panamá.
Según un despacho de una agencia de noticias española en Panamá, el subcomisionado del Servicio Aéreo Nacional Aeronaval, Jorge Yanis, aseguró que el ejercicio castrense tendrá un carácter virtual. “Va a ser realizado en EEUU, donde vamos a establecer ejercicios de mesa virtuales con miras al adiestramiento de nuestro personal en prevención de una amenaza que atente contra el libre tránsito en el Canal de Panamá”.
Por su lado, el Comando Sur señaló que el principal objetivo del ejercicio es proveer una variedad de respuestas a las solicitudes del gobierno panameño para “proteger y garantizar el flujo seguro del tráfico a través del Canal de Panamá, garantizar su neutralidad y respetar la soberanía nacional”. En 1989 EEUU invadió militarmente a Panamá alegando objetivos similares. Esta experiencia trágica costó miles de vidas humanas y EEUU la justificó, al igual que ahora, señalando que actuaba en defensa de la democracia, la neutralidad y la soberanía nacional de Panamá.
En esta ocasión, sin embargo, EEUU señala que “los desafíos regionales requieren soluciones regionales. Panamax 2012 está diseñado para responder como una fuerza unificada a una amplia variedad de misiones en el aire, la tierra, el mar, espaciales y la cibernética”, según el Comando Sur.
EEUU compara el ejercicio Panamax a su invasión de Haití después del devastador terremoto de 2010. EEUU delegó su responsabilidad militar en ese país del Caribe a los militares de Brasil y Chile. Todavía hay millones de haitianos que viven en condiciones infrahumanas debido a la política de EEUU y sus aliados militares latinoamericanos. Totalmente fuera de contexto, EEUU dice que Panamax es una “ayuda en operaciones humanitarias y respuestas a desastres, como se manifestó después del terremoto de Haití”.
 

17 de agosto de 2012.

El neoliberalismo y la amnesia histórica

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martes, 7 de agosto de 2012

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

De todas las medidas antipopulares que está imponiendo, o intentando imponer, el gobierno empresarial de Ricardo Martinelli, una de las más perversas es la pretensión de aplicar una lobotomía masiva a las próximas generaciones de panameños y panameñas con la Ley 407, por la cual se quiere borrar de una vez y para siempre los cursos de “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” de los programas de educación media. Esa ley, prohijada por la diputada Dalia Bernal, del oficialista Cambio Democrático, y con el silencio cómplice de los diputados de “oposición” (PRD incluido), a instancias del Ministerio de Educación, pasó los tres debates de la Asamblea Nacional en el más absoluto secreto, sin consultar opiniones de ningún sector académico, ni de la sociedad civil.

Los más burdos defensores de la Ley 407 alegan que, “ya que el Canal revirtió a manos panameñas y desaparecieron las bases militares y la Zona del Canal, ¿Para qué seguir con el curso de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos?”. Claro, desde el punto de vista de quiénes están sacando provecho privado de una soberanía conseguida con la lucha colectiva y generacional del pueblo panameño: ¿Qué sentido tiene enseñarles a los jóvenes del siglo XXI que, si hoy pueden pasear por Amador o Balboa sin que se los impide un soldado yanqui, es gracias al sacrificio de la juventud que no dudó en ofrecer el pecho descubierto a la metralla imperialista el 9 de Enero de 1964?
¿Qué sentido tiene, para los pelechadores cuyos padres y abuelos soñaban con convertir a Panamá en un “estado asociado” del imperialismo norteamericano, seguir enseñando que el pueblo y la juventud en 1958 y 59 marchó a la Zonal del Canal enarbolando la bandera panameña pese a los arrestos y la represión? ¿Para quienes privatizan y regalan, exoneradas de impuestos, a empresas multinacionales las instalaciones de Clayton, Howard y Albrook, qué lógica va a tener hablarles a las futuras generaciones de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Movimiento Antibases de 1947? ¿Por qué razón la oligarquía financiera panameña, que ha convertido las áreas revertidas y el Canal en una “zona” (sin gringos) pero controlada por ellos, sin que sus presupuestos sean discutidos con la sociedad y de cuyas ganancias sólo se benefician los bancos y empresas constructoras de la “ampliación”, por qué (repito) van a querer que se siga hablando del “Incidente de la Tajada de Sandía” y de las más de cien intervenciones militares norteamericanas en el Istmo, con su saldo de muertos y heridos?
Otros todavía más perversos, intentan enmascarar sus intenciones con alegatos pretendidamente académicos señalando que ese curso es reduccionista y no permite una visión “holística” de la historia de Panamá, por lo cual es mejor encapsular (en un bimestre) sus contenidos dentro de un curso general de historia que abarque desde la época prehispánica, la colonia, el periodo “departamental” (unión a Colombia) y la fase republicana. Todo ello con las tradicionales metodologías memorísticas de nombres y fechas, tan odiosas para los estudiantes que gritan que mejor los torturen con el Teorema de Pitágoras. Así sobrará más tiempo para cursos más importantes desde la epistemología neoliberal, como inglés y computación, salpicados de rudimentos de gramática española y matemáticas elementales. Sin esos molestos profesores con pretensiones subversivas y dirigentes magisteriales, a quienes la ministra del “Opus Dei” se está encargando de botar, con una sonrisa en los labios. Hay que reconocer que la mujer no sabrá un ápice de pedagogía, pero sí de relaciones públicas aprendida en una universidad chilena, bajo el reinado de Pinochet y puesta en práctica por muchos años de trabajo para los dueños de Telemetro y TVN.
Es que, como diría nuestro maestro de epistemología del Doctorado en Humanidades, Jorge Núñez, la epistemología y por extensión la pedagogía, no nacen de la cabeza de ningún genio metodólogo o pedagogo, sino que hunden sus raíces en motivaciones sociales y, por ende, políticas. Por eso es que tanto la Ley 407, como el conjunto de reformas educativas de la ministra Lucinda Molinar, responden a los intereses de los grupos empresariales que controlan el Estado panameño y que gobiernan, no para un proyecto de desarrollo nacional, sino para un proyecto antinacional (diría Ricaurte Soler), de entrega y sometimiento a los intereses del capital transnacional. Proyecto antinacional que se impuso, no por casualidad, con la Invasión de 20 de Diciembre de 1989.
El curso de “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” responde a otra lógica epistemológica. El profesor Luis Navas (cuyo hermano Juan fue uno de los mártires del 9 de Enero, herido por la soldadesca yanqui en Colón, y luego asesinado en 1967 por el DENI y el gobierno oligárquico de Marcos Robles) explicó la historia del curso ante una asamblea de docentes universitarios: propuesto por primera vez en 1951, por el historiador Castillero Pimentel, miembro de Frente Patriótico, organización que dirigió la lucha contra las bases militares en 1947. La idea fue retomada por otro de los dirigentes de aquel movimiento, Carlos Iván Zúñiga, en 1963. Para finalmente, ser aprobada en 1973, cuando el régimen del general Omar Torrijos adoptó su carácter nacionalista y el objetivo de forzar a Estados Unidos a negociar un tratado del canal que suplantara al impuesto en 1903. Durante 20 años el curso fue obligatorio para todos los estudiantes graduandos de educación media y a nivel universitario.
Treinta años de gobiernos neoliberales, que empezaron con el régimen de Manuel A. Noriega, y más de 20 años de “democracia” post invasión norteamericana, no pasan por gusto. Una de las tantas víctimas del neoliberalismo ha sido el curso de “Relaciones de Panamá con Estados Unidos”, el cual ya se había ido eliminando sigilosamente (de 16 bachilleratos vigentes, sólo se da en 4; y en la Universidad de Panamá sólo se da en las carreras que no han modificado sus planes de estudio últimamente; no hablemos de las privadas, donde hace mucho no existe). De manera que, la Ley 407 quiere ser el tiro de gracia que remate el recuerdo de cómo se forjó esta pequeña nación resistiendo las intervenciones extranjeras que han pretendido apoderarse de su principal recurso, la posición geográfica.
Como bien señaló el sociólogo Marco Gandásegui en la referida asamblea de docentes universitarios: la lucha por la defensa del curso de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, es una lucha ideológica. Y como tal lucha ideológica, agregamos nosotros, es una lucha social y política; una lucha entre quienes quieren inducirnos a una amnesia colectiva para imponernos un país sometido a intereses imperialistas, y quienes defendemos un proyecto nacional soberano e independiente, que heredamos de las generaciones que nos precedieron.
Por ello, los gremios docentes que salen a defender a sus dirigentes injustamente despedidos y que enfrentan un modelo de educación neoliberal; junto a los sindicatos, a los indígenas, a los estudiantes, a los campesinos y profesionales que confrontamos la autocracia neoliberal de Martinelli y su gobierno, debemos levantar, al lado de todas las demás demandas económicas, sociales y democráticas, la defensa de nuestra memoria histórica recogida en el curso de “Relaciones de Panamá con Estados Unidos”.

Publicado por ARGENPRESS

Periodistas panameños contra guerra sucia y por libertad de expresión

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PL

Comunicadores sociales de Panamá se pronunciaron ayer contra la guerra sucia y a favor de la libertad de expresión en una reunión en la Curia Metropolitana para evaluar los constantes ataques de que son objeto.

En la reunión, estuvieron presentes Álvaro Alvarado, de Telemetro, Castalia Pascual, de TVN Canal 2, Grisel Bethancourt, presidenta del Consejo Nacional de Periodistas, el representante del sindicato de periodistas, Filemón Medina y Santiago Cumbrera, de La Prensa.
Este último ha recibido algunos ataques a través de YouTube con un video en su contra.
La semana pasada, la reportera y conductora del noticiero matutino de Canal 2 Castalia Pascual, habló en una emisora de la localidad donde denunció que el presidente, Ricardo Martinelli, patrocina programas que denigran a los periodistas.
Por su parte, Medina dijo que “debemos prepararnos para una maratón, para tener mas resistencia, para lo que viene más adelante”. Agregó que esos ataques podíamos entenderlos en la dictadura militar, pero ahora que vivimos en Democracia, no podemos permitirlos.
Los periodistas propusieron un diálogo nacional por la libertad de expresión. Durante la reunión, se acordó enviar un informe al presidente, Ricardo Martinelli, con observaciones sobre ese aspecto. Pidieron que cesen los ataques contra ellos y las campañas sucias.

Panamá: El fraude electoral de 1948

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Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

Un problema estructural de lo que puede denominarse clase capitalista panameña es su gran dependencia del control del aparato del Estado como medio de acumulación de recursos financieros, acceso y control del poder. Ello explica las feroces disputas políticas, las crisis, los fraudes electorales, los golpes de Estado y el control de los medios que se han producido recurrentemente a lo largo de la historia republicana.

Revela un carácter fundamentalmente parasitario desde 1903, cuando el endeudamiento público se convirtió en forma privilegiada de acumular riqueza mediante el financiamiento de obras y concesión de servicios a los políticos de turno, o bien, directamente mediante peculado.
Consecuencias de esta peculiar estructura han sido las desestabilizadoras disputas políticas que emergen en los períodos electorales y cada vez que una crisis económica ha provocado una crisis fiscal interna.
Así puede explicarse el trasfondo del fraude electoral de 1948 contra Arnulfo Arias y de los enfrentamientos callejeros, con saldo de muertos y heridos. Durante la primera mitad de esa década, Panamá vivió una relativa, pero frágil prosperidad por su dependencia de una economía poco más que de “cantinas y burdeles” para servir a los militares estacionados en las docenas de bases que estableció Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El final del conflicto y el rechazo del tratado Filós-Hines (permanencia de las bases) en 1947 habían marcado el fin de la prosperidad y desvelaron la cruda realidad de una crisis económica y fiscal.
En las elecciones de 1948, el control del Gobierno para mitigar la crisis de sus negocios era un resorte acuciante de las facciones liberales, coaligadas en la Unión Liberal o Nacional encabezada por Domingo Díaz contra Arnulfo Arias y su Partido Revolucionario Auténtico (P.R.A.).
No vacilaron en recurrir al fraude ni a la violencia contra sus opositores. Arnulfo Arias contaba con apoyo de sectores sociales agrarios y masivas simpatías de sectores populares, pero no con las facciones económicamente importantes del empresariado ni con la policía.
Los conflictos se iniciaron con el proceso electoral. Las elecciones se realizaron el 9 de mayo de 1948 y, según los primeros indicios, Arnulfo Arias ganó por un margen inferior a 2,000 votos. La coalición de Domingo Díaz alegó fraude e impugnó mesas en San Blas. El Jurado Nacional de Elecciones retardó más de mes y medio el resultado oficial. Se sucedieron múltiples manifestaciones callejeras. Ambos bandos se proclamaron vencedores.
El 1 de julio, los paramilitares del liberalismo, conocidos como “pie de guerra”, atacaron la sede del Jurado Nacional de Elecciones, golpeando con garrotes a los arnulfistas. Ese mismo día hubo enfrentamientos entre ambos bandos en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, con un numeroso saldo de heridos a varillazos. La noche siguiente, el 2 de julio, los “pie de guerra” asaltaron el local del P.R.A., hiriendo a 16 personas. Horas más tarde, cuando los arnulfistas acudían a defender sus oficinas, la Policía los dispersó. Se produjo un tiroteo. Murieron dos civiles y un oficial. Para entonces, el jefe de la Policía, José A. Remón Cantera, primo del liberal Roberto Chiari, ya había empezado a jugar un papel decisivo, no como árbitro, sino como garante del bando oficialista.
El 6 de julio, el presidente interino Enrique A. Jiménez suspendió las garantías constitucionales y prohibió las manifestaciones públicas. Se arrestaron alrededor de 300 opositores.
El 30 de julio, la Junta Electoral anunció que Domingo Díaz había triunfado por margen de 1,116 votos. El 17 de agosto fue proclamado ganador y Arnulfo Arias pasó a refugiarse en la Zona del Canal, repudiando los resultados. Díaz asumió la presidencia en medio de una grave crisis económica y fiscal, y un país con garantías suspendidas y decenas de opositores en las cárceles. Para desgracia de los liberales, Domingo Díaz moriría en menos de un año, lo que daría paso a una disputa entre la facción en el poder y los oficiales de la policía Remón y Vallarino, conflicto en que el control de negocios, como la matanza de reses y ventas de carne a la Zona del Canal, sería factor significativo.

Panamá: Hay esperanza entre el despojo y los conflictos

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La película que estamos presenciando en nuestras pantallas gigantes a escala mundial reproduce un viejo guión ya conocido por los amantes del cine del siglo XX. Los directores y las estrellas – los actores sociales – cambian pero las historias son las mismas.

 

Marco A. Gandásegui, hijo. / ALAI
1. Con relación a los indígenas y campesinos, en la actualidad, los conflictos entre los gobiernos y estas comunidades son el resultado del despojo de sus tierras codiciadas para la explotación minera, hidroeléctrica, turística o de otro tipo. La política de los gobiernos de la región, en esta etapa que yo llamaría “pos-neo-liberal”, es de despojo territorial. Para los inversionistas, la fuerza de trabajo indígena-campesina perdió su valor para producir excedentes (plus-valor). Como consecuencia, ahora privilegian el despojo mediante la especulación y explotación de sus tierras.
2. Los conflictos de alto perfil que caracterizan las luchas campesino-indígenas a principios del siglo XXI (en toda la región) ya no se deben a una política de deprimir el costo de su mano de obra ya de hecho muy barata. Esta última política caracterizó la segunda mitad del siglo XX en que la fuerza de trabajo “marginalizada” indígena y campesina “semi-proletarizada” era súper-explotada (es decir, pagada incluso por debajo de su costo de reproducción, como lo demostró Ruy Mauro Marini).
3. Con relación a los trabajadores, en general, hay que aclarar que el “despojo” aplicado durante el período neoliberal (1980-2005) significó arrancarle a los trabajadores asalariados – mediante la desregulación, flexibilización y privatización – sus ahorros depositados en las instituciones de seguridad social. Igualmente, poniendo fin a la estabilidad laboral, disminuyendo los servicios de salud y la educación. En Panamá esta política se oficializó después de la invasión militar norteamericana en 1989. El gobierno de Pérez Balladares (1994-1999) desarticuló las organizaciones laborales y acabó con las capas medias. Los gobiernos promovieron el “empleo informal” (en la actualidad, el 40 por ciento de los empleados trabajan sin contratos ni seguridad social) y deprimieron los salarios por debajo del costo de la canasta básica, con horarios flexibles ajustables a las necesidades del empleador quienes ignoran las leyes y el derecho laboral.
4. El despojo pos-neo-liberal tiene carácter territorial y se alinea con la llamada “reprimarización” de las economías de la región. Es decir, la re-conversión de las economías en exportadoras agro-mineras para satisfacer las crecientes demandas del cambiante mercado mundial, especialmente del apetito industrial de China. Las demandas de las materias primas han favorecido a muchos países de América latina y sus balanzas comerciales. En el caso de Panamá, como ejemplos de estos despojos territoriales tenemos a Petaquilla y, en una espera nerviosa, a Cerro Colorado. También se destacan Cerro Quema (Los Santos) y Santa Rosa (Veraguas).
5. El oro que se extrae de Petaquilla tiene un precio en el mercado mundial que supera holgadamente los US$1500 la onza. La empresa canadiense dueña de la concesión calcula sus ventas anuales en mil millones de dólares. En el caso del cobre, que tiene un precio que oscila cerca de los US$800 la tonelada, los inversionistas canadienses y coreanos (en combinación con sus agentes gubernamentales nacionales) anuncian la próxima explotación de esa veta en Petaquilla. A su vez, estos mismos grupos están a la espera que se venda CODEMIN, empresa estatal dueña de los derechos de explotación de los ricos yacimientos cupríferos de Cerro Colorado.
6. Las políticas neoliberales colapsaron a escala global en 2008 al estallar la crisis financiera. Aún los países llamados “centrales” no se recuperan. EEUU inyecta los dineros de los demás países que capta mediante su política de endeudamiento (le debe a China cerca de US$ 900 mil millones) en sus bancos en bancarrota. Europa entró en una fase de recesión que obliga a sus 27 países miembros a montar una opereta de falsetes y engaños que pronto se desplomará en una debacle financiera.
7. Panamá ha sobrevivido los estragos económicos que golpean las economías del “centro” sobre la base de un crecimiento financiero artificial generado por la inyección de 5 mil millones de dólares en la ampliación del Canal, la expansión portuaria en ambos extremos de la vía acuática y las operaciones especulativas de su centro bancario. La prosperidad futura no está en manos del país. Depende del crecimiento de la demanda de materias primas de los países asiáticos, especialmente de China y de las exportaciones de este país a EEUU, que éste paga con deuda.

8. La parte final del guión está redactándose. Hay dos alternativas: Primero, en la medida en que se apliquen políticas de desarrollo nacional – mediante un plan cuidadosamente concebido – se puede aprovechar el crecimiento pasajero del sector no productivo de la economía y asegurar que los restos del modelo neoliberal (ya parte de la historia) tengan un aterrizaje suave, que le permita al país invertir en el sector productivo. Segundo, si no hay un plan, el modelo neoliberal se estrellará y entraremos en una fase recesiva de la economía (es decir, crecimiento negativo). No tendremos producción agropecuaria ni industrial. Además, el Canal no generará lo suficiente para arrastrar el resto de la economía, los puertos reducirán drásticamente sus actividades y la especulación bancaria perderá su capacidad de alimentar el espiral consumista de los sectores acomodados del país.

La crisis política panameña de la década de 1940

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martes, 5 de junio de 2012

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

La década de 1940 se caracterizó por una gran inestabilidad política y una lucha a muerte entre las diversas fracciones de la burguesía por el control del aparato del Estado panameño. Esa crisis política es una continuación de un proceso conflictivo iniciado desde la segunda mitad de los años 20, con el fraccionamiento del Partido Liberal (chiaristas y porristas), el Golpe de Acción Comunal y las disputas electorales de 1932, 1936 y 1940.

El telón de fondo de la inestabilidad política, era la transformación profunda de las estructuras económicas de la sociedad panameña. La burguesía comercial – importadora, que había controlado al país desde 1903, y su forma de acumulación rentista, concentrada en extraer plusvalía del alquiler habitacional para los obreros del canal se agotó (Huelga Inquilinaria de 1925). La decadencia de este sector se reforzó con la crisis mundial de 1929, que se extendió hasta los años 30. Esa crisis va a dar origen a un nuevo sector, basado en la producción industrial para el mercado interno impulsado por los Tratados Arias – Roosevelt (1936), que abrieron el mercado de la Zona del Canal a la producción nacional de carne de res y cerveza.
Las disputas sangrientas entre liberales y “arnulfistas” (panameñistas), durante la década del 40, son una disputa entre dos fracciones de la clase dominante y dos modelos de país, pero no se expresaban como proyectos diáfanos, sino que a menudo se entrecruzaban intereses personales y económicos que hacen confuso el panorama.
En el liberalismo, y sus diversas fracciones, se encontraban tanto los viejos sectores comerciales-importadores (oligarquía), como la naciente burguesía industrial, que fue adquiriendo cada vez más peso. Este último sector, estaba representado por el Partido Liberal Nacional de Chiari, que se impondría finalmente; mientras que los sectores decadentes se expresaban a través del Liberal Renovador (Pancho Arias), el Liberal Doctrinario (Domingo Díaz), el liberal Demócrata (Enrique A. Jiménez).
Entorno a Arnulfo Arias, se agrupaban sectores conservadores del interior, con el apoyo de capas medias y populares, que expresaban un imaginario político antinorteamericano (nacionalista) pero defendiendo un país más bien agrario que moderno. En esas disputas, la izquierda panameña, constituida por socialistas (Demetrio Porras), comunistas (Hugo Víctor) y el Frente Patriótico de la Juventud (Jorge Illueca y otros) actuarían en las coyunturas claves como aliados de los liberales contra Arnulfo Arias, en quien veían a un fascista en ciernes.
La lucha entre liberales y arnulfistas se desenvolvió a lo largo de la década en dos momentos: el primer lustro, caracterizado por un auge económico gracias a la guerra y a la proliferación de bases norteamericanas; y un segundo lustro de crisis económica y fiscal.
La primera fase empieza con el Golpe de estado de 1941 contra Arnulfo Arias, en el que coaligaron la oligarquía tradicional (liberal), los norteamericanos y la cúpula de la Policía Nacional (José A. Remón Cantera), la cual empezaba a actuar como árbitro en los conflictos. Pero el golpe no saldó la situación, pues el gobierno de Ricardo Adolfo De la Guardia, se movía entre dos aguas, sufriendo conspiraciones tanto arnulfista como liberales, unos deseando el retorno del Líder y otros exigiendo barrer a los ministros que quedaban de su gobierno.
En una jugada para evitar que la Asamblea Legislativa lo sacara del poder, De la Guardia pactó una Junta de Gobierno compartida con Francisco Arias Paredes y Domingo Díaz, y convocó la Asamblea Constituyente en 1945. Pero la fracción arnulfista de la Asamblea designó a Jeptha B. Duncan como Presidente encargado. La Policía Nacional saldó la situación apoyando a De la Guardia, teniendo que exilarse en la Zona del Canal el Sr. Duncan .
La elección de la Constituyente tampoco canceló la crisis pues la alianza liberal se escindió a la hora de nombrar al Presidente Provisional, entre los que apoyaban a Eduardo Chiari (Liberal Nacional, Conservador y Nacional Revolucionario) y la fracción que se impuso en torno a Enrique Jiménez (Liberal Demócrata y Doctrinario de Domingo Díaz).
Promulgada la Constitución en 1946, la siguiente crisis se produce porque Jiménez se niega a dejar la Presidencia Provisional y convocar elecciones. Hubo un intento de la Asamblea Legislativa de sacarlo, pero nuevamente la Policía Nacional decide a favor de éste, que gobernó hasta las elecciones de 1948.
Las elecciones de 1948 son una continuación de la crisis, quedando marcadas por la violencia y el fraude. Arnulfo Arias vuelve a ser candidato confrontado por una alianza liberal encabezada por Domingo Díaz, Daniel Chanis y Roberto Chiari. Como pasaban semanas y no se proclamaban los resultados electorales se abrió una crisis teñida de movilizaciones callejeras y enfrentamientos sangrientos. En esas circunstancias, la Asamblea Nacional intenta destituir a Enrique Jiménez y suplantarlo por Herique de Obarrio, el 12 de julio. Pero nuevamente, Remón inclina la balanza hacia la fracción gobernante que proclama a Domingo Díaz ganador.
Díaz gobierna un año, hasta que muere en agosto del 49, cuando es reemplazado por el primer vicepresidente Daniel Chanis, quien gobierna en medio de una gran crisis económica. En este momento se rompe la alianza gobernante en medio de la disputa por el control del matadero, que vendía carne a la Zona del Canal,. Se acusa a Remón Cantera y al Partido Liberal Doctrinario de controlar diversos negocios, como el matadero, en desmedro de otros productores.
El 19 de noviembre de 1949, en medio de una gran conmoción nacional, Chanis le exige la renuncia a Remón, pero éste se encierra en el Cuartel Central y, a su vez, exige la renuncia de Chanis bajo a menaza de sacarlo a la fuerza. Pero la Asamblea no aceptó la renuncia de Chanis. Por lo cual, de manera inusitada, Remón pacta con Arnulfo Arias y el 25 de noviembre, la Junta Electoral hace un “recuento de actas” reconociéndolo como Presidente.
Arnulfo Arias gobernó desde noviembre del 49 hasta mayo del 51, aduciendo que cargaba en su bolsillo la renuncia de los comandantes de la Policía, pero nunca la hizo efectiva. El final de su gobierno llegaría acicateado por una gran crisis fiscal, en la que se rumoraba respecto a la crisis de los bancos estatales. Como intento de saldar la situación emitió el 7 de mayo de 1951 un decreto por el cual suspendía la Constitución de 1946 y restituía la del 41, declaraba la suspensión de las garantías individuales, y arrestaba a numerosos opositores.
Las protestas estallaron, hubo violencia en las calles, y una marcha popular terminó en el Cuartel Central pidiéndole a Remón que depusiera a Arias. Pese a que el 9 de mayo el presidente derogó el decreto, no se evitó el sangriento Golpe de Estado del 10 de mayo. Alcibíades Arosemena asumió la presidencia, creándose así las condiciones para que José A. Remón Cantera pasara de árbitro de conflictos por una década a actor central del gobierno panameño, presentando la Coalición Patriótica en las elecciones de 1952.
Aunque el gobierno, autoritario y macartista, de Remón impuso por la fuerza cierta paz social durante tres años, su asesinato y las conmociones políticas posteriores, indican que las diputas no desaparecieron sino que quedaron adormecidas por breve lapso. En este proceso, adquirió un peso cada vez mayor del sector que impulsaba la industrialización sustitutiva, el más modernizante de la burguesía, pues se apoyaba en el modelo de capitalismo impulsado desde Estados Unidos a mediados del siglo. Este sector se expresaba principalmente a través del Partido Liberal Nacional.
Sin embargo, las disputas interburguesasa por el control del Estado panameño persistieron a lo largo de los años sesenta, saliendo a flote en las coyunturas críticas: fraude electoral de 1964 y en la crisis de 1967-68.
Esta última marcó una nueva ruptura de la fracción gobernante, expresada en el rechazo del conjunto de la oligarquía a la reforma tributaria del candidato presidencial David Samudio (del PLN). Razón por la cual, fracasado el intento de deponer a Marcos Robles, padrino electoral de Samudio, la oligarquía optó por pactar con su enemigo histórico, Arnulfo Arias, siguiendo un esquema parecido al de Remón Cantera en 1949. Las disputas interburguesas no se resolverían hasta el Golpe de Estado de octubre de 1968.
Referencias:
1) Pizzurno, P. y Araúz, C. Estudios sobre el Panamá republicano (1903-1989). Manfer, S.A. 1996.
2) Beluche, O., y Quintero, A. I. Los partidos políticos en Panamá, décadas de 1930 y 1940. En: http://www.kaosenlared.net/noticia/partidos-politicos-panama-decadas-1930-1940-parte-i.

Publicado por ARGENPRESS

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