¿Por qué Chávez?

Por Jean-Luc Mélenchon e Ignacio Ramonet

Hugo Chávez es, sin duda, el jefe de Estado más difamado en el mundo. Al acercarse la elección presidencial del 7 de octubre, esas difamaciones se tornan cada vez más infames, tanto en Caracas como en Francia y en otros países. Atestiguan la desesperación de los adversarios de la revolución bolivariana ante la perspectiva (que las encuestas parecen confirmar) de una nueva victoria electoral de Chávez.

Un dirigente político debe ser valorado por sus actos, no por los rumores vehiculados en su contra. Los candidatos hacen promesas para ser elegidos: pocos son los que, una vez en el poder, las cumplen. Desde el principio, la promesa electoral de Chávez fue muy clara: trabajar en beneficio de los pobres, o sea –en aquel entonces–, la mayoría de los venezolanos. Y cumplió su palabra.

Por eso, este es el momento de recordar lo que está verdaderamente en juego en esta elección, ahora cuando el pueblo venezolano se alista para votar. Venezuela es un país muy rico, por los fabulosos tesoros de su subsuelo, en particular sus hidrocarburos. Pero casi todas esas riquezas estaban acaparadas por las elites políticas y las empresas trasnacionales. Hasta 1999, el pueblo sólo recibía migajas. Los gobiernos que se alternaban, democratacristianos o socialdemócratas, corruptos y sometidos a los mercados, privatizaban indiscriminadamente. Más de la mitad de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza (70.8 por ciento en 1996).

Chávez hizo que la voluntad política prevaleciera. Domesticó los mercados, detuvo la ofensiva neoliberal y posteriormente, mediante la implicación popular, hizo que el Estado se reapropiara los sectores estratégicos de la economía. Recuperó la soberanía nacional. Y con ella, ha procedido a la redistribución de la riqueza, en favor de los servicios públicos y de los olvidados.

Políticas sociales, inversión pública, nacionalizaciones, reforma agraria, casi pleno empleo, salario mínimo, imperativos ecológicos, acceso a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, a la jubilación… Chávez también se dedicó a la construcción de un Estado moderno. Ha puesto en marcha una ambiciosa política del ordenamiento del territorio: carreteras, ferrocarriles, puertos, represas, gasoductos, oleoductos.

En materia de política exterior, apostó por la integración latinoamericana y privilegió los ejes sur-sur, al mismo tiempo que imponía a Estados Unidos una relación basada en el respecto mutuo… El impulso de Venezuela ha desencadenado una verdadera ola de revoluciones progresistas en América Latina, convirtiendo este continente en un ejemplar islote de resistencia de izquierdas alzado en contra de los estragos del neoliberalismo.

Tal huracán de cambios ha volteado las estructuras tradicionales del poder y acarreado la refundación de una sociedad que hasta entonces había sido jerárquica, vertical, elitesca. Esto sólo podía desencadenar el odio de las clases dominantes, convencidas de ser los legítimos dueños del país. Son estas clases burguesas las que, con sus amigos protectores de Washington, vienen financiando las grandes campañas de difamación contra Chávez. Hasta llegaron a organizar –en alianza con los grandes medios que les pertenecen– un golpe de Estado, el 11 de abril de 2002.

Estas campañas continúan hoy día y ciertos sectores políticos y mediáticos europeos se encargan de corearlas. Asumiendo –lamentablemente– la repetición como si fuera una demostración, los espíritus simples acaban creyendo que Hugo Chavez estaría encarnando un régimen dictatorial en el que no hay libertad de expresión.

Pero los hechos son tozudos. ¿Alguién ha visto un régimen dictatorial ensanchar los límites de la democracia en vez de restringirlos? ¿Y otorgar el derecho de voto a millones de personas hasta entonces excluidas? Las elecciones en Venezuela sólo ocurrían cada cuatro años, Chávez organiza más de una por año (14 en 13 años), en condiciones de legalidad democrática, reconocidas por la ONU, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, etcétera.

Chávez demuestra que se puede construir el socialismo en libertad y democracia. Y convierte incluso ese carácter democrático en una condición para el proceso de transformación social. Chávez ha probado su respeto al veredicto del pueblo, renunciando a una reforma constitucional rechazada por los electores vía referéndum en 2007. No es casual que la Foundation for Democratic Advancement (FDA), de Canadá, en un estudio publicado en 2011, situara entonces a Venezuela en el primer lugar de los países que respetan la justicia electoral.

El gobierno de Hugo Chávez dedica 43.2 por ciento del presupuesto a las políticas sociales. Resultado: la tasa de mortalidad infantil ha sido dividida por dos. El analfabetismo, erradicado. El número de docentes, multiplicado por cinco (de 65 mil a 350 mil). El país presenta el mejor coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) de América Latina. En su informe de enero de 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, un organismo de la ONU) establece que Venezuela es el país suramericano que –junto con Ecuador–, entre 1996 y 2010, ha logrado la mayor reducción de la tasa de pobreza. Finalmente, el instituto estadunidense de sondeos Gallup ubica al país de Hugo Chávez como la sexta nación más feliz del mundo.

Lo más escandaloso, en la actual campaña de difamación, es pretender que la libertad de expresión esté constreñida en Venezuela. La verdad es que el sector privado, hostil a Chávez, controla allí ampliamente los medios de comunicación. Cada cual puede comprobarlo. De 111 canales de televisión, 61 son privados, 37 comunitarios y 13 públicos. Con la particularidad de que la parte de la audiencia de los canales públicos no pasa de 5.4 por ciento, mientras que la de los privados supera 61 por ciento… Mismo escenario para los medios radiales. Y 80 por ciento de la prensa escrita está en manos de la oposición, siendo los dos diarios más influyentes –El Universal y El Nacional–, adversos al gobierno.

Nada es perfecto, por supuesto, en la Venezuela bolivariana –¿dónde existe un régimen perfecto?–. Pero nada justifica esas campañas de mentiras y de odio. La nueva Venezuela es la punta de lanza de la ola democrática que, en América Latina, ha barrido con los regímenes oligárquicos de nueve países, apenas caído el Muro de Berlín, cuando algunos vaticinaban el fin de la historia y el choque de las civilizaciones como horizontes únicos para la humanidad. La Venezuela bolivariana es una fuente de inspiración de la que nos nutrimos, sin ceguera, sin inocencia. Con el orgullo, sin embargo, de estar del buen lado de la barricada y de reservar los golpes para el malévolo imperio de Estados Unidos, sus tan estrechamente protegidas vitrinas del Cercano Oriente y dondequiera reinen el dinero y los privilegios. ¿Por qué Chávez despierta tanto resentimiento en sus adversarios? Indudablemente porque, tal como lo hizo Bolívar, ha sabido emancipar a su pueblo de la resignación. Y abrirle el apetito por lo imposible.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/10/05/opinion/024a2pol

La ilegitimidad del juicio puramente formal del tribunal electoral

Enrique Dussel *

El acto democrático de sufragarFoto Cristina Rodríguez /Archivo

E

stas reflexiones no son las de un abogado o especialista en leyes, sino de un filósofo que considera el acto del tribunal electoral desde el punto de vista de sus fundamentos. Uno de los miembros del tribunal nombró en su exposición a Aristóteles, que en su Ética a Nicómaco escribió: El justo será observante de la ley y de la equidad (tò ísos) (EN V, 1,1129 a 35). El juez, es de esperarse, es ante todo justo, ya que de no serlo no merece ocupar esa función. Hace más de 3 mil 700 años, en el Código de Hammurabi se estipula: He hecho justicia con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, expresión crítica ejemplar. El acto justo es más que un acto legal. El acto legal es el que cumple la ley, pero la soberanía del pueblo (tema referido por el tribunal al hacer referencia al artículo constitucional al respecto) es más que la constitucionalidad (aunque la pese a Hans Kelsen). La soberanía del pueblo está antes y por sobre la Constitución, porque el pueblo es el que puede convocar desde su poder soberano a una asamblea constituyente para reformar o darse una nueva Constitución. La soberanía es entonces anterior a la constitucionalidad (contra los formalistas del derecho). De la misma manera, el ciudadano o juez justo es más que el que sólo observa la ley. El acto según la ley es legal. El acto según la justicia debe ser legal (objetivamente) y además legítimo (subjetiva, material y realmente). Hay entonces diferencia entre la pura legalidad formal (del leguleyo, en el lenguaje vulgar), del juez justo que busca también la legitimidad. La diferencia la indicó, de pasada (siendo la intervención más interesante en las horas engorrosas formalistas de las exposiciones de los demás miembros) Constancio Carrasco, cuando mostró el dilema (así lo llamó) entre la problemática del debido proceso y la verdad real o material (indicó con precisión), porque aunque formalmente (según las exigencias legales del debido proceso) a) puedan ser descartadas las pruebas, b) la acumulación razonable de indicios (dijo el miembro del tribunal) configuran la presunción, aunque sea hipotética, de un hecho (por ejemplo, el fraude, agrego yo) que debe tomarse seriamente en cuenta dada la complejidad de la cuestión. Para dar certeza pública al juicio el tribunal debería dar prioridad a la verdad material (continuó acertadamente Carrasco). Y es tal su importancia, que de hecho se aceptó, aun hipotéticamente, la existencia del hecho (el fraude) a ser juzgado, que sin afirmarlo como un acontecimiento objetivo se argumentó en contrario, indicando que los efectos de dicho supuesto acto no cambiaría cuantitativamente el resultado (por la imposibilidad de su evaluación, pero que, de todas maneras, el tribunal decidió que era insignificante, contradiciéndose). Debo decir que sin tocar la esencia de la cuestión el tribunal inauguró una doctrina ética novedosa (!): un acto, aunque injusto o malo éticamente (el fraude), no se lo castiga, porque no se lo juzga como digno de pena (aunque intrínsecamente sea injusto, malo éticamente) si el efecto negativo es pequeño; es decir, en el caso del fraude pareciera (!) que no podía llegar a superar la diferencia entre los dos candidatos. Es como si un campesino robara un pollo (causa por la cual muchos han sufrido cárcel por años) y fuera declarado exento de castigo (inocente formalmente), porque el dueño tiene miles de pollos; es decir, es insignificante proporcionalmente a la riqueza de lo robado. Si alguien roba un millón de dólares al señor Slim, como tiene 64 mil millones procedería la misma sentencia. ¡Doctrina ética que pondría en cuestión la historia mundial de esa disciplina!

Pero abordando la sustancia del asunto, todos los jueces acordaron como estrategia argumentativa elegir un camino formalista y desechar todas las pruebas por no ser acordes con la legislación vigente del debido proceso. Es decir, en verdad material y real no juzgaron nada, sino que nulificaron todas las pruebas de las acusaciones y ni entraron en materia. La verdad real o material, la materia de juicio era la gravedad de un fraude generalizado en el sistema político mexicano –ya tradicional, por desgracia– y que habría que erradicar con un castigo ejemplar, para que se hiciera en el futuro más difícil pensar en el fraude para alcanzar una mayoría en cualquier elección (hasta en la de un concejo municipal). Los jueces sólo se atuvieron a la ponderación de la debilidad formal en la presentación de las pruebas de la existencia del hecho (el fraude) sin considerar la situación trágica concreta del país, en el quién, cuándo, cómo, etcétera, real del hecho, que tanto exigían . Eso se llama en el lenguaje cotidiano escaparse por la tangente, o lavarse las manos, del conocido Poncio Pilatos.

¿Cuál es la diferencia entre la legalidad y la legitimidad?³ El mismo Jürgen Habermas explica claramente la diferencia: la legitimidad se funda en la validez. La validez se alcanza cuando en una comunidad los participantes tienen igualdad (de derechos y posibilidades o medios) e intervienen con razones, sin violencia, llegando a un consenso objetivo (porque es público) que se impone a cada uno y a todos los participantes con la fuerza de la convicción subjetiva. La ley da el marco objetivo institucional de la validez. Por ello en política la validez ética se transforma institucionalmente en la legitimidad que indica que se alcanza el consenso por medio de las instituciones, pero al mismo tiempo con la convicción subjetiva de los participantes. Legal, como hemos dicho, es meramente el cumplimiento de la ley (y puede ser sin convicción subjetiva). El acto justo es legal y legítimo (no sólo legal). Es decir, no sólo se ha aceptado el hecho o la verdad en disputa (no efectuar fraude para ganar una elección), sino que cada miembro ha podido asumir ese hecho como verdadero (real o materialmente, como decía Carrasco), dando igualdad a los oponentes y usando medios legales y éticos (no fraudulentos, que quitan convicción subjetiva, aun a los que los cometen). Si el participante es confundido con artimañas formalistas (que sólo son exigencias formales del debido proceso, pero fetichizado el formalismo del proceso legal a tal punto que no se entra a juzgar por indicios el hecho material en cuestión, y que la población en su mayoría admite que existió el fraude, aunque muchos lo justifican por una cultura tradicional que viene imperando desde el porfiriato), la materia del juicio se torna invisible, pero es más: se torna justificada, fundamentada, porque es ahora legalmente permitida. Me explico.

El tribunal, sin proponérselo, ha dado un paso gigantesco hacia atrás. ¡Mejor que no hubiera habido un tal juicio! Que el fraude sea generalizado (hasta con las cotidianas mordidas) es un hecho. Pero dar razones para justificarlo, y esto por parte de un tribunal última instancia, es gravísimo. El tribunal en vez de demostrar su autonomía de los otros poderes (proclamada, pero una vez más conculcada) por medio de la decisión de aplicar un castigo ejemplar, mayor, que sirva de antecedente jurídico y sea un hito en la historia del derecho mexicano (como hubiera sido anular la elección y exigir su repetición, y con ello condenar el fraude como ilícito), simplemente se lavó la mano en la cuestión, en su verdad y materialidad, refutando todas las pruebas que intentaban probarlo (al fraude) desde un formalismo utópico e imposible de cumplimiento en la situación de violencia y peligro para los testimonios y pruebas en el México actual. Con ello no podrán ser atacados los miembros del tribunal legalmente; saben demasiado de las artimañas de la ley. Por esto Aristóteles, ya que fue nombrado, criticaba a los sofistas (formalistas en este caso) por conocer las reglas de la lógica para usarla con injusticia; por el contrario, el recto filósofo ateniense exige al filósofo justo conocer la lógica para descubrir la verdad, y no simplemente para confundir al adversario. Es decir, señores jueces: conocer la ley para usarla en favor de la justicia, es de la mujer y del hombre justo; y en este caso la justicia consiste en convencer subjetivamente a los ciudadanos agraviados que no hubo tal fraude (pero en esto ustedes nunca se ocuparon de demostrar de que no había existido objetivamente: porque destruir las pruebas que se presentaron para demostrar que había fraude no es lo mismo que justificar por parte de ustedes que no lo hubo, en su materialidad de hecho), o de haberlo castigarlo ejemplarmente.

No habiendo creado convicción subjetiva en los ciudadanos (que es objeto de la justa retórica o no del formalismo legalista) de que no hubo fraude, muchos de nosotros juzgamos como ilegítimo ese dictamen, aunque sea formalmente legal; y como consecuencia también juzgamos de ilegítimo al electo.

Sin legitimidad una democracia no tiene fuerza, es formalista. Y el elegido es débil, porque confronta la resistencia de buena parte de la población, que lo juzgará hasta el final de su mandato como ilegítimo. El haiga sido como haiga sido continuará otro sexenio, uno por un fraude electrónico y por maestros adiestrados en el fraude en la base, otro por la iniquidad de la propaganda televisiva bajo el rótulo de noticias de gobierno, por encuestas falseadas (al menos personalmente, hasta el último momento, me llenaban de tristeza al ver en la televisión, en Milenio, por ejemplo, los resultados, y que en muchos con menor convicción les llevó a no votar, ¡total la cosa está decidida! dijo el señor Fox, o simplemente votar por el ganador, así como muchos se hacen partidarios del club Barcelona en el futbol, porque así tendrán al menos la alegría semanal de vencer virtualmente en algo), o simplemente por variadas maneras de fraude por compra de votos. Helmut Köhl, primer ministro de Alemania durante 14 años, desapareció de la política para siempre por haber recibido cientos de miles de marcos para la Democracia Cristiana de un donante ilegal al que él no delató. Aquí se hablan de hecho miles de veces de mayor cuantía y los responsables ni han sido despeinados. Para instaurar una cultura del no-fraude, para instaurar una democracia con la limpieza electoral (que impera ya en la mayor parte de América Latina, con excepciones menores), hubiera sido un acto ejemplar la anulación de la elección y la necesidad de su repetición. En el futuro el riesgo del fraude hubiera sido tan grande que se pensaría dos veces en repetir esa acción fraudulenta, y el Poder Judicial habría procedido como maestro de legalidad y legitimidad, para instaurar en las costumbres un inexistente estado de derecho. Por desgracia, ha sido maestro de la cultura fraudulenta y ha justificado y por ello permitido, por su no condenación y no castigo (que estaba en sus manos material para imponer una pena todavía no explícita en la ley), el poder hacerlo. Es un juicio legal formalista e ilegítimo desde el punto de vista de la verdad material o real del hecho a ser juzgado: la existencia del fraude y la necesidad de extinguirlo definitivamente en la débil democracia mexicana. ¿Y el candidato electo? Corre la misma suerte: es legal formalistamente e ilegítimo, ante las conciencias ético-políticas de aquellos ciudadanos que se sienten agraviados en sus derechos y que no les han sido dados argumentos suficientes y probatorios de que no hubo fraude.

¡Paciencia activa, conciudadanos! ¡Que la virtud de la Esperanza (tan estudiada por Ernst Bloch) nos motive apasionadamente a continuar en la senda de acciones conducentes a una mayor justicia! La historia dura siglos y un sexenio es un instante… claro que no para el que sufre, tiene hambre, sed, está desnudo y sin casa. Por todos ellos habrá que continuar la lucha con convicción insobornable.

* Filósofo

Izquierda mexicana rechaza validar resultados de elección presidencial

martes, 7 de agosto de 2012

XINHUA

La coalición de izquierda, que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, sostuvo hoy en un anuncio que convalidar los resultados de las elecciones del pasado 1 de julio implicará «subastar la elección del 2018».

En un «spot» (anuncio para medios electrónicos), el Movimiento Progresista insistió en que «el destino de México no tiene precio… Validar la elección presidencial es aceptar que se violó nuestra Constitución. Es permitir que los monopolios sigan creciendo».

López Obrador y su Movimiento Progresista impugnaron los resultados de esa elección que dieron por ganador al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, y exigen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar esos comicios.

El aspirante presidencial y sus seguidores consideran que esas elecciones se realizaron de manera fraudulenta, sucia e inequitativa, al sostener que Peña Nieto y su partido gastaron más dinero en campaña del autorizado por la ley electoral mexicana.

Reconocer como válida esa elección implicaría que crezcan los monopolios y queden sin castigo los «gobernadores corruptos», es decir, habría consecuencias encadenadas», por lo que el nuevo mensaje fue llamado «Dominó».

El mensaje, que ya se difunde en las redes sociales, será entregado mañana al Instituto Federal Electoral (IFE) y transmitido en radio y televisión en los tiempos que le corresponden a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, los cuales conforman el Movimiento Progresista.

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México: Leyenda, cantaleta y absolutos

lunes, 6 de agosto de 2012

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Más tardó Ricardo Monreal en presentar la denuncia a los medios de difusión sobre la cuenta utilizada por Luis Videgaray para triangular recursos del gobierno del estado de México a la campaña de Enrique Peña, que el coro mediático de los magnates del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio en desmentirlo. Incluso con el hilarante pretexto de que el zacatecano se coloca los lentes a media nariz para parecer “respetable”, al decir de Rafael Pérez Gay.

Reza el comunicado de Scotiabank: “En relación con la información dada a conocer este mediodía (2-VII) en algunos medios, esta institución bancaria informa lo siguiente: el señor Luis Videgaray no es titular de la cuenta 03800806935 y no está registrado como administrador en el periodo de enero a junio de 2012, como se ha señalado”. (El mismo día, por cierto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que el oligopolio extranjero que domina a los 42 bancos comerciales que operan en México, obtuvo en el primer semestre de este año 43 mil 500 millones de pesos en utilidades, monto 24.2 por ciento superior a los 35 mil millones que ganaron en el mismo periodo de 2011.

Y la tensa calma volvió a la sede del Revolucionario Institucional, donde el vocero Eduardo Sánchez alcanzó a hilvanar “Ésa es una jalada”. Pero Videgaray Caso, estratega consentido de Peña Nieto, no fue más lejos del muy utilizado “Absolutamente falso lo que acaba de declarar Monreal. Lamentable que recurran a la mentira burda para subir el volumen a su cantaleta”.

Entre cantaletas se encuentra sometido el electorado. Los inexistentes absolutos no convencen ni a quienes los profieren, tal y como quedó demostrado en los últimos 35 días, pues la terca realidad los relativiza al demostrarse, por ejemplo, la existencia de las tarjetas Monex Lealtad, que el Instituto Federal Electoral ya solicitó al Tribunal Electoral, y el uso de miles de plásticos con el logotipo de Soriana. La aportación informativa, documentada, sigue en manos de Carmen Aristegui en MVS, Proceso, Reforma y La Jornada, mientras el coro mediático rinde honores a su redituable condición, aunque no faltan quienes lo hacen por convicción.

Por supuesto que aún es oportuna la recomendación hecha por el polémico Víctor Manuel Camacho, consistente en que el PRI y su candidato no sigan cometiendo “el error de negar todo”, que no ocurrieron irregularidades y que, por lo menos, “tengan la habilidad para distanciarse de las posibles violaciones a la ley y remitir el caso a las instancias judiciales”. No es mucho pedir si se pone en juego el más común de los sentidos.

Mas el equipo jurídico de Enrique Peña, coordinado por Jesús Murillo, no se sale del guión y denuncia que “la izquierda crea leyendas urbanas”, pues el caso Monex (presunta triangulación ilegal de recursos en el PRI), así como la entrega de tarjetas Soriana (supuestamente para la compra y coacción del voto), son parte de una novela construida por el Movimiento Progresista.

Ojalá –Alá quiera– que a Karam le asistiera la razón, pero millones de mexicanos movilizados difícilmente son ignorantes, como los percibe el cacique de Hidalgo y prócer del autodenominado nuevo PRI.

Una de las columnas vertebrales de la indignación hecha movimiento, #YoSoy132, documentó 2 mil 700 anomalías en la elección. Se trata de “hechos violentos, delitos electorales técnicamente cualificados, irregularidades en el funcionamiento de las casillas, amenazas y amedrentamiento a observadores electorales”. Hubo “un descomunal rebase a los topes de campaña de todos los partidos, pero de manera desproporcionada por la coalición PRI-PVEM”. Es previsible que respondan: Absolutamente falso.

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México: Soriana cierra filas con EPN

viernes, 3 de agosto de 2012

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Como es del dominio público en política nada es casual. Por ello, no faltan razones a Jesús Zambrano para ironizar: “¡Qué casualidad que entre el domingo (29) y el lunes (30) lanzan bombas molotov en (Guadalupe) Nuevo León y un día después sale Soriana a responsabilizarnos!.

Acusar mediáticamente a tres dirigentes del Movimiento Progresista por la monumental incompetencia del gobernador Rodrigo Medina para brindar mínimos de seguridad a sus gobernados, en alianza con Felipe Calderón, es un despropósito político que el consorcio lagunero pagará con facturas aún más caras en términos de imagen entre la ciudadanía y sus clientes.

Baste un ejemplo. Las instalaciones de una sucursal de El Norte, la edición Sierra Madre, ubicadas en San Pedro, fueron atacadas el mismo 29 de julio por dos desconocidos. Es el tercer atentado en menos de tres semanas que sufre el periódico de los Junco de la Vega. El primero en “condenar enérgicamente” los hechos fue el gobernador de origen priísta, mismo que resultó elegido porque disponía de una “amplia experiencia” en seguridad pública. Es inolvidable que en sus primeras semanas de gobierno convocó a una marcha para condenar la entonces imparable ola de violencia, la que ahora es insoportable. Dicen los enterados que el gobernador Medina de la Cruz pernocta en McAllen, Texas.

Conocedores como pocos del drama que padecen su clientes en la zona metropolitana de Monterrey, los directivos de Soriana, en la voz de Humberto Fayad, exigieron a Andrés Manuel López y a sus colaboradores llamar a sus simpatizantes a “conducirse con legalidad, si no desean ser ligados a los ataques a las tiendas” de esa cadena. Y como juez sentencia a toda velocidad: “se sienten señalados, pues la única forma que no se sientan (…) es que dejen de estar manifestándose como lo hacen públicamente para este tipo de eventos” (sic). El noveno constitucional subordinado a los intereses mercantiles del consorcio y sus acuerdos con el Revolucionario Institucional.

El miércoles 25 Soriana publicó en la prensa un desplegado como inserción pagada en que responsabilizó a López Obrador, Ricardo Monreal y Zambrano “de todos los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones puedan sufrir en ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan (sic)”. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales fue mucho más lejos, solicitó a Calderón la intervención de la Policía Federal “con el fin de frenar la ola de violencia” contra Soriana.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática con justificada razón estimó la desmesura de los dueños de Soriana –defendida a tambor batiente por el coro mediático– como una ruindad, pues crispan los ánimos sociales y el ambiente político. ¿Qué dirán ahora con la explosión de un coche bomba en una gasolinera de Mazatlán, Sinaloa, cercana a la tienda? Todo apunta a un montaje.

El cierre de filas de los dueños de la cadena con Enrique Peña y su partido, pone en relieve la desesperación de los actores involucrados en esta candidatura, llamada triunfante.

Desesperación que no disminuye con el fallo de la sala regional Toluca (¡otra casualidad!) del Tribunal Electoral que otorgó una diputación más al PRI, con lo que obtiene mayoría simple –251 de 500– en la Cámara de Diputados junto con su costoso aliado Verde.

Y menos aún cuando crece la pugna –Templo Mayor del diario Reforma– entre Jesús Murillo y Miguel Osorio, porque éste último fue el presunto autor de la idea de triangular recursos vía Monex.

“El dinero ilícito los desnuda”, revira AMLO. Y bien les recomienda: ¡Serénense¡.

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México: Invalidación e interinato

jueves, 2 de agosto de 2012

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Confieso que me entusiasma la idea de que el conflicto electoral se resuelva mediante la invalidación de las elecciones y el nombramiento de un gobierno interino, no sólo por las razones de justicia que obligan a corregir el cúmulo de violaciones a la letra y el espíritu de la Constitución, sino también por ofrecer la oportunidad histórica de emprender una reforma de fondo al sistema por consenso de las fuerzas políticas, en un marco en que, independientemente del partido al que pertenezca el interino, la concertación política y la negociación honesta puedan y deban prevalecer.

Para comenzar, la designación del presidente interino no podrá ser impuesta por un solo partido, ni siquiera un bloque de partidos, sino que tendrá que ser resultado de una amplia negociación con participación y el acuerdo de todos; esto llevaría al desarrollo de una agenda convenida y a abrir un espacio sin la oposición sistemática capaz de elevar el nivel del debate parlamentario. Es por ello una oportunidad de excelencia para recuperar la institucionalidad dañada por el manoseo irresponsable de los últimos sexenios.

Este es un factor relevante a ser tomado en cuenta en la decisión que adopte el Tribunal Electoral de la Federación y, en especial, por quienes verdaderamente toman las decisiones. La alternativa aparece clara: un gobierno interino de consenso capaz de sanear o, en su defecto, el caos de un gobierno impuesto a contrapelo de la legitimidad y la honestidad. A nadie conviene la segunda alternativa, ni siquiera a los intereses del poderoso vecino; el riesgo del incendio aconseja negociar tanto a tirios como a troyanos.

La agenda central del gobierno interino, que también pudiera considerarse como uno de transición efectiva, giraría en torno a una profunda reforma del estado y del sistema político, ambos tan desfigurados de tan parchados. Es la oportunidad para cuestionar a fondo el sistema de la representación y auspiciar una sustantivamente mayor participación social; corregir el actual régimen de los partidos, incluido su financiamiento; acotar el funcionamiento de los medios masivos de comunicación para conferir equidad a la competencia electoral; actualizar la relación entre los poderes y entre los niveles de gobierno, entre otros temas de la agenda política.

Un aspecto importante a tomar muy en cuenta en la posibilidad de la designación del presidente interino es el garantizar su fortaleza, tanto por el consenso como por su personalidad. No confundir el interinato con un gobierno provisional; el interinato podrá emprender la transición, en tanto que el provisional sólo podría mantener el statu quo. La situación del país reclama una gran responsabilidad patriótica de los actores políticos y, preferencias políticas aparte, creo firmemente que existe una buena medida de tal cualidad.

La prioridad está en la reforma política pero el consenso deberá permitir un combate eficaz contra la violencia y el crimen organizado así como hacer frente a la emergencia económica que, sin lugar a dudas, se avizora en el futuro inmediato. Desde luego que en la concertación de la agenda tendrán que olvidarse de las reformas estructurales del neoliberalismo y atender la corrección de sus más graves implicaciones.

Pero en todo este enjuague lo verdaderamente importante es que se avance en la organización y fortalecimiento de la movilización social para participar en todos los ámbitos. Particularmente habrá que consolidar el Movimiento Progresista mucho más allá de los partidos que lo integran, con especial énfasis en el diseño de una fórmula que incorpore a MORENA, a la insurgencia juvenil y al universo de expresiones populares de participación.

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