Difusión México D.F., 29 de junio de 2012
Boletin de prensa
CNI,AC-FEDEFAM
El día 28 de junio de 1995 fueron masacrados 17 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, en el Vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. En el lugar, 21 campesinos quedaron gravemente heridos.
Fueron emboscados por cientos de elementos de la Policía Motorizada, por ordenes de Rubén Figueroa Alcocer, ex-gobernador del estado y del General Mario Arturo Acosta Chaparro, cuando se dirigían a Chilpancingo, para exigir la presentación con vida del C. Gilberto Romero Vázquez, dirigente y asesor campesino de la OCSS, quien fue detenido-desaparecido, el 24 de mayo de ese año y que a la fecha sigue desaparecido. Solicitaban también, cumplimiento a compromisos contraídos por las autoridades con ellos: solución a demandas agrarias, introducción de agua potable, construcción de escuelas, clínicas, caminos, protección de recursos naturales de las comunidades y mejores precios a los productos agropecuarios, entre otros.
La brutalidad policiaca fue ilimitada, ya que la mayoría de las víctimas fueron ejecutados con tiro de gracia, de acuerdo a testigos y videos del hecho.
2 años después, a pesar de que la responsabilidad de los funcionarios en mención ha sido comprobada, éstos continúan, impunes, en libertad, mientras que las viudas e hijos viven en condiciones de vida inhumanas, víctimas de trastornos materiales y psicológicos.
El CNI,AC-FEDEFAM, organismo defensor de derechos humanos, eleva su más enérgica protesta por estos hechos y demanda justicia e indemnización para los familiares de las víctimas.
Las demandas campesinas no sólo siguen vigentes sino que están sustentadas en los artículos 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Consideramos de suma gravedad que el gobierno Federal y los Estatales permitan que en Guerrero y en otros estados, se continúen cometiendo asesinatos políticos. Sólo en esa entidad, más de 600 campesinos e indígenas han sido asesinados de 1988 a la fecha. De ellos más de 500 eran militantes del PRD, y más de 100 ciudadanos han corrido la misma suerte a partir de la llegada del Lic. Ángel Aguirre Rivero, actual gobernador del estado, quien se comprometiera a resolver los casos de desaparición forzada.
Los responsables de estos crímenes, son elementos de diversas corporaciones policiacas Federales, Estatales, Ejército Federal y grupos paramilitares.
Con lo anterior se comprueba que existe una guerra no declarada en contra de las organizaciones políticas, campesinas e indígenas, sociales y populares, que sustentadas en los Derechos que otorga la Constitución, exigen solución civilizada a los graves problemas económicos, sociales y políticos por los que atraviesa el país.
Las violación a los Derechos Humanos en México, se agrava con su militarización. Hoy, en vez de resolver civilizadamente, las necesidades de la población, el gobierno implementa medidas anticonstitucionales, intensificando las agresiones y hostigamiento de militares, policías y bandas paramilitares en contra de la población civil indefensa: Más de 45 mil soldados enviados a Guerrero en coordinación con las corporaciones policiacas y bandas paramilitares establecen Bases de Operaciones Mixtas , campamentos, retenes móviles y fijos, introducen la prostitución y drogadicción, envenenan ríos, pozos, animales y alimentos, impiden el libre tránsito, no permitiendo que los campesinos trabajen la tierra, interrogan niños, elaboran listas negras, cercan y hacen incursiones a las comunidades, donde violan mujeres, destruyen casas, implementos de trabajo, cosechas, sembradíos y pertenencias, saqueando los pueblos y estableciendo aldeas estratégicas e implementando la práctica de tierra arrasada, mientras que al mismo tiempo, incrementan la persecución, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas, sin considerar edad, ni genero. Con este clima de terror, causan la muerte por hambre de niños y ancianos, que son forzados a abandonar sus comunidades, desplazándose pueblos enteros hacia, selvas, montañas y ciudades en busca de refugio. Lo anterior se agrava con la expulsión, de observadores internacionales de derechos humanos.
El Estado esta obligado bajo cualquier circunstancia, a garantizar el derecho a la vida, la libertad e integridad física de todos los ciudadanos, a respetar los Acuerdos y Convenios Internacionales que establecen el respeto de los Derechos Humanos y a crear las condiciones necesarias para garantizar una salida o política a la crisis.
Por ello consideramos que las medidas principales esenciales para ello son la desmilitarización inmediata del país, el respeto irrestricto al libre ejercicio democrático y a los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población, restableciendo así el Estado de Derecho.
Nos sumamos a la Demanda de diversas Organizaciones Nacionales e Internacionales exigiendo al gobierno de México, respeto a los Acuerdos Internacionales de protección a los Derechos Humanos que ha firmado, entre ellos La Convención contra la Tortura, de igual manera, exigimos que firme y ratifique La Convención sobre la Protección de toda Persona contra la Desaparición Forzada.
Durante la Jornada de Solidaridad con los Campesinos y Pueblo de Guerrero, se demandó:
Juicio Político y Penal a Rubén Figueroa Alcocer.
Presentación con Vida de más de 1300 Detenidos-Desaparecidos, Juicio y Castigo a los Responsables de este Crimen de Lesa Humanidad, condenado por Todos los Pueblos del Mundo.
- Libertad a todos los Presos Políticos del País.
- Desmilitarización Inmediata del Estado de Guerrero y del País.
- Libertad Inmediata de Benigno Guzmán, Bertoldo Martínez Cruz, Reyna Avelino Huizache y de todos los Presos Políticos de la OCSS.
- Cancelación de las Ordenes de Aprehensión contra Dirigentes y Luchadores Sociales.
- Respeto a los Derechos Humanos en México.
- ¡Alto a la Represión en el Campo y la Ciudad, Por la Vida y la Libertad ni Desaparecidos ni Impunidad!
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A los defensores de los Derechos Humanos
A T E N T A M E N T E
Comité Nacional Independiente Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desaparecidos y Exiliados Políticos miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos con Status Consultivo II ante la Organización de Naciones Unidas
Contacto:
Comité Nacional Independiente
Coordinación Nacional: Joel García Ruiz, Verónica Ibarra Torres, Flavio Carlos Delgado, Julio Mata Montiel. Calle Oriente 166 No. 37 int. 8, Col. Moctezuma 2a Sección, C.P. 15500
Tel-Fax: 785-9756, Apartado Postal: 7-887
Correo electrónico: cniacfedefam@laneta.apc.org
Tlahui-Politic No. 3, I/1997
28 de junio de 2012
23.634501
-102.552784
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