Si la verdad murió hace tiempo en Colombia, los pueblos indígenas saben lo que es ser víctimas de una guerra que se libra dentro o alrededor de sus territorios. Sólo entre 2009 y 2011 fueron asesinadas 348 personas de estos pueblos y 15.000 fueron desplazadas con violencia.
Paco Gómez Nadal / Otramérica
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| Los indígenas del Cauca defienden territorio y autonomía |
El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe sabe incendiar a su país. O al menos a las clases medias atemorizadas y henchidas de patriotismo desde que el antioqueño pasara por el Palacio de Nariño. Su cuenta de twitter también hecha fuego y rezuma bilis: «Guerrilla con indígenas y nuestro ejército vejado«; «Esta tragedia del Cauca empezó de nuevo cuando el Gbno cambió la Seguridad Democrática por la postura publicitaria de izquierda de coctel«…
Es el aporte de Uribe a la tranquilidad de Colombia en unas horas en que el racismo, la militarización y la contaminación mediática están alcanzando cotas que se pensaban difíciles de superar. Desde hace 10 días varias localidades del departamento de Cauca están sufriendo las consecuencias de una guerra que no los abandona. L
os choques entre guerrilleros de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], el desplazamiento forzado (al menos 2.500 personas en 15 días), los irresponsables señalamientos de connivencia entre pueblos indígenas y guerrilleros estaban provocando una crisis humanitaria y de seguridad insostenible para las naciones agrupadas en torno a la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Por eso, este lunes las autoridades indígenas informaron a la opinión pública que habían decidido «realizar acciones de armonización del territorio, consistentes en desmontar los campamentos de la guerrilla, las trincheras y las bases del ejército y recuperar nuestro territorio y propiedad». Así, el día 16 los gobernadores Nasa de los Cabildos de Tacueyó, Toribío y San Francisco informaron al general Jorge Jerez que el martes la Guardia Indígena y la comunidad desalojarían a los militares apostados en cerro Las Torres, municipio de Toribio.
La situación ayer [17 de julio] fue de extrema tensión y ha sido utilizada por el establecimiento y los medios oficiales para estigmatizar a los pueblos indígenas en base a
una sola foto en la que se ve a unos militares arrastrados por varios civiles. Por suerte, la ACIN ha construido con paciencia desde hace muchos años, el
Tejido de Comunicación, una eficaz red de comunicadores que les permite contar
lo que los medios masivos ocultan [Por ejemplo, que los soldados del batallón de montaña considerados como ocupantes por las comunidades dispararon sus armas reglamentarias e incluso fingieron un enfrentamiento].
Los indígenas hacen las cosas en comunidad y anunciando sus planes; la élite de Bogotá anuncia sus decisiones cuando ya son hechos y parece adicta a Twitter, ya que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribía ayer en la red de microblogging: «No quiero ver un solo indígena en bases militares». No era un anuncio, sino una constatación de hechos. Horas antes, batallones de la ESMAD [antidisturbios] desalojaban el Cerro Las Torres en Toribío con uso de fuego y violencia. De hecho, en la mañana de hoy jueves, el Ejército reconocía que en otro municipio cercano, Caldono, había asesinato «por error» a un indígena, Fabián Gueito, de 20 años. El cuerpo fue encontrado en la vereda Crucero del Rosario del resguardo indígena de La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Tama Kwe– Caldono.
La reacción de las autoridades tradicionales fue ordenar a la Guardia Indígena que retuviera a los 30 soldados involucrados en los hechos para entregarlos a las autoridades judiciales. Así ha hecho.
La reacción del Gobierno ante este hecho ha sido relevar al general Miguel Pérez, responsable de los operativos en la zona, pero anunciar al mismo tiempo el envío de una fuerza conjunta de 5.000 hombres.
«El Ejército ha manifestado que fue un error. Este es el resultado de la orden que ha dado el Ministro de Defensa, por la defensa propia del Ejército Nacional”, denunciaba Jesús Javier Chávez, Consejero Mayor.
Los argumentos indígenas
Lo que no tiene sitio en los medios es la extensa y detallada argumentación indígena ante los hechos que están ocurriendo en el departamento del Cauca. La ACIN y el CRIC son de las organizaciones más consolidadas y autónomas de los pueblos indígenas de Abya Yala. Tienen un sistema de elección democrático y rotatorio de sus autoridades y gestionan 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. En el Cauca, en total, hay reconocidos legalmente 84 Resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras ( Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos.
El CRIC cuenta con una fuerte Guardia Indígena que es la que hasta hoy ha protegido a las comunidades ante la ausencia o la presencia hostil del Estado. De hecho,
en una carta dirigida hoy jueves 18 de julio por las autoridades indígenas a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a la oficina de la
Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU explican que la militarización por parte del estado no logra darles seguridad: «En primer lugar porque los actores acuden a métodos que no pueden proteger a la población civil y porque los agrupamientos militares generan atracción a los grupos enemigos, incrementando los hostigamientos y enfrentamientos; en segundo lugar porque el Ejército y la Fuerza Aérea en nuestro territorios se han caracterizado por sus abusos, señalamientos, homicidios fuera de combate, la ocupación ilegal de viviendas, los ametrallamientos indiscriminados, todos contra las comunidades indígenas».
De hecho, en la misma carta se recuerda la SentenciaT-769de2009 de la Corte Constitucional, haciendo referencia específica a la presencia militar en territorios indígenas y que señalaba: «De otra parte, deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad. La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada«.
El texto remitido a estas instituciones pone sobre la mesa los argumentos constitucionales y la jurisprudencia que avala la posición de autonomía de los pueblos indígenas del Cauca y termina apelando a las autoridades colombianas y al organismo internacional a actuar con urgencia para pedir «al gobierno nacional que ordene el desmonte de las instalaciones militares que ilegalmente se han establecido en nuestros territorios y propiedades, pues es violatoria de nuestros derechos fundamentales».
Los medios, Uribe y el nacionalismo mal entendido
Los mensajes de Uribe con los que comienza este reportaje no son fruto de la pasión patriótica del ex presidente. Forman parte, de una manera evidente, de su
estrategia política contra su heredero díscolo, el actual mandatario, Juan Manuel Santos. Como
explica La Silla Vacía, la «sensación de humillación [por la expulsión de los militares en La Torre] fue inmediatamente recogida por el expresidente Uribe y sus seguidores, que inmediatamente empezaron a circular esta foto, una y otra vez, para reforzar la idea de que el Gobierno de Santos es un gobierno que le apuesta al ‘apaciguamiento’ y que ha echado por la borda la mano dura de la Seguridad Democrática». Uribe fuerza así a Santos a reaccionar con dureza o a perder popularidad.
Pero
tampoco es nueva la animadversión de Uribe y los suyos hacia el CRIC y la ACIN. Ya en julio de 2009, el mismo portal de
La Silla Vacía evidenciaba la estrategia de división impulsada desde el gobierno de Uribe en el Cauca: «Pocos grupos han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Pues bien, el Gobierno impulsó la creación de la
OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en la zona de resistencia y lucha indígena más tradicional y emblemática en Colombia. La OPIC, una asociación civil indígena sin ánimo de lucro, agrupa a indígenas protestantes o evangélicos sin el aval de ningún Cabildo y desconociendo la autoridad tradicional indígena y sus procedimientos de representación».
De hecho, ayer martes, miembros de esta organización OPIC rodearon la sede del CRIC al grito «
Fuera Indígenas del Cauca» o «Viva Uribe», según relatan las autoridades tradicionales en un
comunicado de denuncia.
Las reacciones racistas y descontextualizadas no se quedan en Uribe y los sectores más cercanos a él. El desalojo inicial del cerro La Torre fue ampliamente fotografiado y difundido por los medios tradicionales ocultando los disparos de los uniformados ni los sucesos de los días anteriores; no hay casi ninguna imagen pública de la violenta entrada de los antidisturbios y el ejército de nuevo a la zona esta madrugada, y los titulares son de una parcialidad abrumadora. Hoy mismo, el diario
El Espectador convierte la petición de un sólo parlamentario,
Guillermo Rivera Flórez ha sugerido que se procese a los indígenas Nasa por «asonada», en un clamor general: «En medio de la indignación nacional que causó la agresión que cometieron un grupo de indígenas del Cauca en contra de varios uniformados del Ejército, han crecido las voces que piden judicializar a los nativos». En la nota no aparece nadie más defendiendo los mismos argumentos que el representante liberal.
La guerra, en Colombia como en cualquier rincón del mundo, se cobra primero la víctima más fácil: la verdad.
Los indígenas en el centro del conflicto
Si la verdad murió hace tiempo en Colombia, los pueblos indígenas saben lo que es ser víctimas de una guerra que se libra dentro o alrededor de sus territorios. Sólo entre 2009 y 2011 fueron asesinadas 348 personas de estos pueblos y 15.000 fueron desplazadas con violencia. De enero a mayo de 2012, ya se registran 24 homicidios de indígenas de los que 14 (el 54%) se han producido en el Cauca. El 14 de marzo de este año, el CRIC denunció una masacre en el municipio de Santander de Quilichao que se saldó con 5 asesinatos.
Los números demuestran que el Estado no ha puesto en marcha los denominados como «planes de salvaguarda» que la Corte Constitucional exigió al Gobierno en 2009 para proteger a 34 pueblos indígenas en grave riesgo en el país, de los cuales varios están en el Cauca.
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