Reflexiones en torno al Día Mundial del Agua

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 23 de marzo de 2012

Boletín de prensa
Observatorio Política Social y Derechos Humanos

Con motivo del Día Mundial del Agua, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos se ha encargado de reflexionar en torno a una de las múltiples variables que confluyen en la realización del Derecho Humano al Agua  y Saneamiento. Particularmente, interesa atender el área relacionada con la infraestructura hídrica, que tan solo atiende la dimensión de acceso al agua y saneamiento, pero que permite vislumbrar la compleja relación que existe entre todos los elementos  que integran el derecho y cómo  se encuentran interrelacionados entre sí.

El Derecho Humano al Agua y Saneamiento consiste en “… el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, y asequible para el uso personal y doméstico”1 representa un importante reto para los Estados, considerando que el agua potable es un recurso escaso y se encuentra distribuido en el mundo de manera inequitativa, por lo que su administración es componente indispensable para lograr la realización de este derecho. No obstante, ese aspecto es uno de los temas más sensibles de los últimos años2.

Recientemente,  ha surgido un debate en torno a los medios para garantizar el acceso a este recurso como parte de los derechos fundamentales, pero también respecto de la incapacidad de muchos Estados para solventar este problema dado que no cuentan con los recursos económicos suficientes para invertirlos en la infraestructura necesaria para el logro de una cobertura universal. Lo que ha suscitado una llamada de atención en cuanto a  los recursos financieros disponibles frente a los requeridos, su procedencia y las implicaciones que ello representa para las personas, ya que en ocasiones se suele ver al recurso como un servicio y no como un derecho, por lo que existe una marcada tendencia a atribuirle un precio o bien a otorgarle un valor monetario que puede repercutir en la realización del mismo al estar sujeto a la capacidad de la población para acceder a él en disponibilidad,  cantidad y calidad vía el ingreso.

Las implicaciones en esa materia son sumamente serias desde la perspectiva que plantea el Derecho Humano al Agua, ya que la posible participación de otros actores, primordialmente el sector privado, podría dar lugar a la interferencia en la realización del derecho si es que el Estado como principal responsable de la garantía de los derechos, pero también el principal administrador de los recursos de los países,  no  toma las medidas adecuadas para asegurar el acceso de toda la población y sin discriminación a este vital líquido.

Incluso, se deber hacer énfasis sobre el hecho de que ello no representa un aspecto aislado, sino que tiene repercusiones importantes en la realización de los demás  derechos humanos, pues al formar parte de ellos y al ser  interdependientes, el derecho humano al agua se encuentra ligado por ejemplo, al derecho a la salud mediante el acceso al agua potable de calidad aceptable que no represente riesgos para la salud; o bien al derecho a la alimentación al ser un recurso indispensable para el cultivo de productos agrícolas.

En México recientemente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución donde  se incluye al Derecho Humano al Agua y Saneamiento en nuestra carta magna3. En él se reitera la obligación del Estado mexicano para garantizar el acceso a ese derecho y señala que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades por las que  éste garantizará la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Es de esperarse que esta nueva disposición se incorpore en las leyes generales y secundarias, códigos y reglamentos que refieren al uso y distribución del agua en el país,  a fin de que se definan claramente los términos en los que cada instancia participará.

La cobertura de agua potable en nuestro país ha avanzado sustantivamente en los últimos veinte años; mientras que en 1990 el 78.4% de la población nacional tenía acceso a agua potable, esta cifra se robusteció para el 2010 pues, de acuerdo a datos oficiales, la cobertura se amplió hasta un 90.9%. Sin embargo, sigue sin ser un derecho ejercido por un 9.1% de la población del país distribuida primordialmente en los estados Oaxaca y Coahuila, lo cuales aún se encuentran por debajo del nivel de cobertura nacional  registrado en 1990, ya que cuentan con porcentajes del 76.1 y 77.3 respectivamente.

Dichos indicadores,  lo que reflejan es que si bien se ha incrementado la cobertura a nivel nacional, existen estados de la república donde aún es necesario que se intensifiquen las labores de construcción de infraestructura para llegar a más población, sobre todo en aquellas localidades alejadas de  zonas urbanas. En ese sentido, el Estado nuevamente tendrá que definir los agentes que participarán en esas obras y la manera en la que una vez puestas en marcha, estas obras beneficiarán a la población tomando en consideración los marcos de planificación pertinentes a cada realidad; es decir, incorporando una evaluación y un diagnóstico previo, la fijación de objetivos, la formulación y aplicación de medidas apropiadas; y un seguimiento y evaluación posterior.

Con base en esas disposiciones, en consideraciones de política pública y en la asignación de recursos, es deseable que los planes y programas que se diseñen,  tomen en cuenta  la integración de los derechos humanos en el proceso de gestión y distribución de los recursos; haciendo hincapié, entre otras cosas, en el establecimiento de prioridades en las necesidades humanas básicas para la asignación de los recursos hídricos y en la realización del derecho. De las decisiones que se tomen en torno a ello dependerá que el derecho humano al agua y saneamiento en México sea verdaderamente realizable, pero ante todo justiciable.

1 Observación General No.15. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 20 enero de 2003. . http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/ONU_docs/Observaciones_Comite_DESC/15_derecho_al_agua.pdf

2De hecho es el tema de mayor peso en los Foros Mundiales  del Agua, pero también  representa un área sensible en términos de la inversión que es necesaria para proporcionar el acceso a este recurso

3 Decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF,  08/02/12. Disponible en: http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/PDF/Biblioteca/biblioteca_2010/Gob_federal_docs/dictamen_reforma_const_dh_medio_ambiente_agua.pdf

Contacto:

Sara Eny Curiel Ochoa
Subcoordinadora de Comunicación
scuriel@incidesocial.org
OF 55908754/ 55797413
Cel 0445537083893
Facebook: Observatorio Política Social y Derechos Humanos
Twitter: @incide_social @opsdh

22 de marzo de 2012

Poco que festejar en el Día Mundial del Agua 2012

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 21 de marzo de 2012

Manifiesto
Comda

• Este 22 de marzo de 2012, millones de personas en México no podrán ejercer su derecho humano al agua y al saneamiento a pesar de ser ya un derecho constitucional.

Según las datos del gobierno, aún hay 9.5 millones de personas que no tienen acceso a agua y 10.7 millones al alcantarillado. Si a estas personas, que viven sobre todo en zonas rurales y que carecen totalmente de infraestructura, se suman los hogares que no disponen de agua dentro de su vivienda, la cifra llega a 25 millones de personas. Además, el agua de la red, no necesariamente es apta para el consumo humano ni los datos de cobertura consideran la irregularidad en la provisión del líquido. Es claro que el acceso al agua sigue siendo una asignatura pendiente.

En México, la mayor parte de los cuerpos de agua están contaminados: sólo el 5% de los ríos tiene una calidad aceptable para cualquier tipo de uso, mientras casi el 95% tiene algún grado de contaminación, y el 29% presenta altos niveles de contaminación por sustancias químicas, residuos de medicamentos, narcóticos, heces, arsénico y otros metales pesados. No obstante, todos los días se escuchan denuncias de violación a las normas y leyes que no son atendidas, mostrando una extrema omisión gubernamental que antepone los intereses económicos y políticos a los derechos humanos. Casos como el del Río Santiago en Jalisco, que ha provocado pérdidas humanas, o la contaminación por arsénico en la Comarca Lagunera se repiten a lo largo y ancho del territorio. A las fuentes de contaminación tradicionales como las de la actividad petrolera, las maquilas, los corredores industriales, ahora se suma la actividad minera con severos estragos en el medio ambiente y la salud humana.

Por otro lado, la forma en que se ha procurado la extracción y distribución del agua y la lógica de solucionar problemas de abastecimiento a través de megaproyectos mediante la construcción de presas, ha probado tener grandes consecuencias negativas, tanto sociales como ambientales, ignorando la opinión de las comunidades, como es el caso del proyecto de la Presa La Parota en el estado de Guerrero.

México es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo, lo cual se debe a que la población desconfía de la calidad del agua o, simplemente, no tiene acceso al agua potable. Anualmente en el mundo se desechan alrededor de 8 mil millones de envases de plástico, que tardan hasta 500 años en degradarse.

La paradoja de que sea la gente pobre la que termina pagando más por el agua es resultado de una política hídrica que prioriza la visión del líquido como un bien económico. Esta política atenta contra el derecho al acceso al agua que tradicionalmente han tenido indígenas y campesinos, dejando en grave estado de indefensión a estos sectores de la sociedad, traduciéndose en la práctica en despojo de manantiales, como lo hace la empresa Coca Cola en el estado de Chiapas.

Además, en un número creciente de ciudades existen procesos de privatización de los sistemas de agua y de plantas de tratamiento, cuya evaluación aún está pendiente. En este proceso es evidente que las empresas trasnacionales han sido las beneficiadas. Incluso ya empiezan a presentarse casos de incumplimiento como ocurre actualmente con la empresa “Tratamiento de Agua de Puebla” que ahora ha demandado al gobierno de ese estado sobre la base de un contrato que otorga todas las ventajas al capital privado.

En el medio urbano el abasto tampoco está garantizado, mostrando con ello que la realidad contradice los discursos oficiales sobre los beneficios de las grandes obras. Las grandes ciudades padecen ya estrés hídrico, al mismo tiempo que sufren constantes inundaciones por falta de una adecuada planeación del desarrollo. Decenas de miles de mujeres en la Ciudad de México gestionan la provisión del agua por medio de pipas o almacenando el líquido que llega tandeado durante las madrugadas. Al igual que las indígenas de los Altos de Chiapas, mujeres iztapalapenses llegan a invertir hasta 30 horas a la semana en conseguir el líquido, exacerbando las desigualdades de género. La sobre-explotación de acuíferos (que alcanza a 105 en el país) ocasiona hundimientos y grietas en el suelo, los cuales ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas. En el Valle de México, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provoca el desecamiento de la cuenca, haciendo inviable el suministro de agua para la metrópoli en el mediano plazo.

Es en este contexto, y gracias a la lucha de movimientos mexicanos e internacionales en defensa del agua, que el derecho humano al agua se encuentra expresado ya en el Artículo 4º de nuestra Constitución, estableciendo que “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”. Además establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Sin embargo, para que el derecho humano al agua y al saneamiento se convierta en una realidad y no corra el riesgo de convertirse en letra muerta, o en una herramienta al servicio de las empresas y de los intereses de los poderosos, el Estado mexicano está obligado a emitir una nueva Ley General de Aguas, que priorice el carácter de bien común y público del agua, que incorpore la perspectiva social, cultural y espiritual de este elemento vital para la vida, así como la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.

La nueva Ley General de Aguas debe revertir y prohibir las políticas y programas que privatizan, mercantilizan y convierten el agua en un jugoso negocio para la iniciativa privada antes que en un derecho humano, además de garantizar una gestión democrática, sustentable, justa y equitativa del vital liquido.

Una verdadera gestión pública del agua requiere de vigilancia y mecanismos de contraloría social y de planeación de las políticas hídricas que fomenten la participación social y ciudadana. Por lo que demandamos se abran procesos reales de participación social y ciudadana, en donde la voz, necesidades y propuestas de los movimientos y grupos sociales del país sean incorporadas en la nueva ley, políticas y programas hídricos.

Por lo tanto.

• Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos.
• Nos pronunciamos porque sean las instancias multilaterales las que convoquen a las reuniones mundiales y no los representantes empresariales. Expresamos que las conclusiones y declaraciones que surjan del VI Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia, no representan ni a los gobiernos ni a las organizaciones sociales y civiles de México ni del mundo. Denunciamos que el gobierno mexicano no convocó a ninguna reunión pública y no ha dado a conocer de manera formal su posición frente a este Foro. Nos sumamos a las expresiones y eventos alternativos y manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de las organizaciones sociales y civiles francesas que se enmarquen en los principios que hemos señalado.
• Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley General de Aguas a todo lo largo y ancho del país. Asimismo deberán ser congruentes y aprobar los recursos públicos necesarios para reducir el número de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso al agua.
• Exigimos a las instituciones responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas, a revisar sus programas y reorientarlos con el fin de iniciar un proceso de transformación del modelo de gestión del agua que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional.
• Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable.
• Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes y las altas tarifas, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.
• Llamamos a toda la ciudadanía y a los movimientos por la defensa del agua a exigir que los Congresos locales actúen en el mismo sentido y reformen sus constituciones bajo estos principios.

Contacto:

Brenda Rodríguez Herrera brendtzu27@gmail.com
044 55 29 36 79 85

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Conformada por:

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS); Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”; Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.; Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”; Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, Copevi A.C.; Colectivo Radar; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.); Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota; Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo; Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC); Espacio DESC; Food First Information and Action Network- México; Guardianes de los Volcanes, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Otros Mundos, A.C.; Red de Género y Medio Ambiente; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC); Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

20 de marzo de 2012