Argentina, Mendoza. Si hay pobreza, que no se note: La crisis social que afecta a la niñez a pesar de la negación oficial

LUNES, 27 DE AGOSTO DE 2012

Pablo Icardi (MDZOL)

Para el Gobierno sólo el 6% de la población vive en la pobreza. Pero la realidad marca otra cosa. Según el Observatorio de la Deuda Social, un cuarto de los niños de Mendoza viven en hogares pobres. Pero la situación de vulnerabilidad ambiental es más grave y no distingue clases sociales: más de la mitad de los niños está expuesto a algún problema ambiental. El caso testigo del Campo Pappa, que se convirtió en un «laboratorio de políticas públicas».

Si hay pobreza, que no se note. La frase puede sonar sínica, pero en Argentina es lo que ocurre. Al menos si se toma en cuenta cómo se manejan los datos oficiales. Y si una información no existe a nivel estadístico, es más fácil borrarlo en lo discursivo. Nadie puede discutir que Argentina está mucho mejor que hace 9 años, y se nota. Pero también es verdad que el Gobierno miente, exagera con las bonanzas y borra intencionalmente las deudas pendientes del “modelo”. Ese quizá sea uno de sus talones de Aquiles.

Ante cualquier situación de vulnerabilidad social los más afectados son los niños y adolescentes. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, un estudio sistemático realizado desde la Universidad Católica Argentina desde el año 2007, tiene un capítulo especial dedicado a medir el grado de vulnerabilidad de la infancia; el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. A diferencia de lo que ocurre con las estadísticas oficiales, esos informes no se discontinuaron y hoy, luego de casi una década de crecimiento económico constante, muchos indicadores han mejorado sensiblemente, pero también surgen datos preocupantes.

Así, por ejemplo, más de un cuarto de los niños de Mendoza son pobres, a pesar de que ese índice se redujo en el último año. Concretamente el 26,4%. A nivel oficial no existen datos precisos, pero sí una referencia: Según el Indec, sólo el 6,2% de las personas de Cuyo son pobres. El dato es tomado de la última Encuesta Permanente de Hogares. Para determinar el índice, desde la UCA toman como referencia la canasta oficial pero con un nivel de precios alternativo (o real, para sacar los eufemismos). Como para tener otro marco de referencia, en Mendoza el Ministerio de Desarrollo Social otorga asistencia directa a cerca de 260 mil personas.

Crisis ambiental

Fuera de las mediciones que toman como referencia al dinero, hay datos que llaman la atención, como el nivel de riesgo ambiental y sanitario al que están expuestos los niños de Mendoza.

Según el informe, más de la mitad de los niños y adolescentes de Mendoza están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental que pueda afectar su salud. La medición se realizó analizando el entorno donde viven los niños y así se estimó la proporción de niños, niñas y adolescentes expuestos a algún problema de contaminación en el medio ambiente, “como la presencia de plagas, basurales y fábricas en las inmediaciones de su vivienda, presencia de incendios en zonas aledañas”.

En Mendoza el 55,6% de los niños están expuestos a algún problema de contaminación ambiental. “A nivel de los aglomerados urbanos considerados, los problemas ambientales afectan a más del 50% de la niñez y adolescencia en Gran Rosario, Gran Mendoza. Sin embargo, en el único aglomerado en el que la situación ha sido regresiva fue en Mendoza, donde se registra un incremento del déficit de 5,6 puntos porcentuales entre 2010 y 2011”, indica el estudio.

El panorama ambiental negativo para los niños del Gran Mendoza se completa con el aumento del déficit habitacional, de los problemas de saneamiento y de acceso al agua potable. El 20,7 de los niños viven con déficit el la calidad de la vivienda (habitan en una pieza, en inquilinatos, casilla o rancho, pieza en hotel, vivienda en lugar de trabajo; y/o en casa de adobe con o sin revoque, madera, chapa y/o cartón) y el 11,7% tiene déficit de saneamiento en su hogar.

El laboratorio del Campo Pappa

Ejemplos extremos no faltan para graficar esa situación, como es el caso de los niños de Lavalle que están condenados a tomar agua con arsénico o los miles que crecen junto a basurales oficiales y clandestinos.

Uno de esos ejemplos es el que ocurre en el llamado Campo Pappa, que hoy se ha transformado también en una especie de laboratorio de políticas públicas. Allí más de 200 familias viven de recolectar material reciclable del basural y en ese entorno hay más de 500 niños y adolescentes. El Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Godoy Cruz han encarado y promocionado una serie de acciones para mejorar la situación de esas familias. Ese programa tiene como desafío, además de la gestión ambiental y social que hace falta, romper barreras que parecen imposibles en Mendoza: que dos gobiernos conducidos por partidos opuestos se pongan de acuerdo y construyan una política pública sostenida en el tiempo.

Entrar al lugar duele. Está a pocos metros del camino que une el Microcentro con las zonas más cotizadas a nivel inmobiliario. Pero el Corredor del Oeste es una vía rápida que da poco tiempo para pensar en cuáles son los problemas de fondo que están escondidos en “El Pozo”, como lo llaman.

En el marco de esa concertación entre Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, se licitó la construcción de 50 casas y la mejora urbana de una parte de la zona. Ahora piensan expropiar todo el terreno para intervenirlo a fondo. El primer paso simbólico de ese camino fue la construcción de una cancha de fútbol sobre lo que era parte del basural, que tiene como dato curioso que hasta allí llevaron los antiguos arcos del estadio Malvinas Argentinas.

Los trabajos de organización tienen varios plazos y se pusieron como fecha límite marzo del año que viene. Pero, claro, hay otra fecha política: vencer la tentación de las elecciones del año que viene y la posibilidad de que las disputas políticas desarmen todo. A la espera quedan situaciones similares o más graves, como las que viven las familias del basural de Puente de Hierro.

Entrevista a Guillermo Almeyra, columnista internacional de La Jornada: Correa ha hecho lo único decente que se podía hacer

LUNES, 27 DE AGOSTO DE 2012

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): Guillermo, quería consultarte por la situación que generó el asilo otorgado por Ecuador a Julian Assange.

Guillermo Almeyra (GA): Assange es una víctima del Departamento de Estado norteamericano que espía en otros países y cuando sus maniobras secretas y de otros

Gobiernos se hacen públicas, como deberían ser, persigue a muerte a quienes las publican como es el caso de Wikileaks, que dio un servicio público al editar todos los materiales secretos de Estados Unidos y de los gobiernos y factores de poder mundiales.

Assange ha tenido que refugiarse. El pretexto con el cual se lo quieren llevar a Suecia, donde ni siquiera lo han juzgado y se niegan a hacerlo, por un problema sexual, es muy endeble.

El gobierno de Correa ha hecho lo único decente que se puede hacer: concederle asilo protegiendo los Derechos Humanos.

La prepotencia de Estados Unidos, que no firma ningún tratado, manda gente a la Corte de La Haya pero no la reconoce, ni los tratados sobre el derecho de asilo, ni la Convención de Viena, nada, igual que Inglaterra, dejándole las manos libres para la piratería, como siempre, pone en peligro la vida de Assange.

El derecho de asilo es una medida excelente del gobierno de Correa, muy justa y que debe ser defendido por todos los que en el mundo nos preocupamos por la democracia.

La amenaza de agresión de Inglaterra a Ecuador tiene la misma validez legal que la continuidad de la ocupación ilegal en Las Malvinas o el envío de naves con armamento nuclear a una zona desmilitarizada como el Atlántico Sur. Pura piratería.

MH: El viernes se reúne la OEA para tratar este tema a pesar que Estados Unidos y Canadá sostuvieron que era un problema bilateral entre Ecuador e Inglaterra y no debía ser tratado por ese organismo. ¿Qué podemos esperar de esta reunión?

GA: Va a haber una fuerte presión sobre los gobiernos más conservadores de la región para que no den la plena solidaridad a Ecuador como lo hizo la UNASUR. Por ejemplo, la derecha peruana a través de El Expreso decía ayer que Perú no tiene nada que ver en esta cuestión, que es puramente entre Ecuador e Inglaterra, que Perú no tiene que intervenir, se tiene que abstener. Van a ir por esa línea, nosotros no tenemos nada que ver, es un asunto bilateral, para debilitar el apoyo a Ecuador. Como Inglaterra solo reconoce una relación de fuerza, cuando más débil sea ésta a favor de Ecuador, se va a sentir autorizada a hacer cualquier cosa. Ese es el objetivo.

Estados Unidos no puede decir abiertamente que quiere llevarse a Assange para matarlo. El delito que le atribuyen tiene la pena de muerte. No puede decirlo, es demasiado, entonces va a tratar que sean sus servidores los que le saquen las papas del fuego.

Las compañías mineras extranjeras son dueñas y señoras de Sudáfrica

MH: Te quiero llevar a otra situación que me hizo recordar los peores momentos del apartheid en Sudáfrica: el asesinato de 42 mineros en ese país.

GA: Con la mayoría negra ha cambiado el gobierno en Sudáfrica, pero no lo ha hecho la composición de clase fundamental. Las compañías mineras extranjeras son dueñas y señoras de Sudáfrica y aplican los mismos métodos y relaciones de producción y el mismo sistema de explotación salvaje que en el pasado. Eso no ha cambiado.

Entre otras cosas, ese es uno de los motivos de la crisis del ANC (National African Congress). Se están aliando con una naciente e importante burguesía negra que está muy diferenciada de la mayoría del pueblo sudafricano. En cuanto a las compañías mineras acostumbradas a un sistema de semiesclavitud y trabajando con emigrados sin papeles de otros países, sobre todo de Mozambique, siguen practicando los mimos métodos salvajes del pasado.

Creo que para que se acabe realmente el apartheid hay que establecer no solo un régimen de libertad política frente a un opresor racista sino también un régimen de igualdad social y eso no existe en Sudáfrica.

La inmensa mayoría de la humanidad está como en la época de Marx

MH: Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de León Trotsky. Vi que mereció un artículo de tu parte. ¿En qué aspectos considerás que se encuentra vigente el pensamiento del revolucionario ruso a 72 años de su muerte?

GA: No se puede ser, no digo revolucionario, ni siquiera culto en el mundo de hoy, sino se conoce, aunque sea críticamente, el pensamiento de Marx y de Trotsky, que son 2 de los puntos más altos del pensamiento del siglo pasado y en lo esencial mantienen su validez en cuestiones fundamentales.

Trotsky como Marx, cometió errores, pero no están ni de lejos superados porque la necesidad de una respuesta internacional a un sistema también mundial como el capitalismo, la necesidad del protagonismo, en primera persona, sin sustitución ninguna, de los trabajadores, que la emancipación de los trabajadores sea obra de ellos mismos, que hay que contar con ellos pero no sustituirlos, como afirman Marx y Trotsky, el partido en última instancia es un instrumento, tienen plena vigencia.

La necesidad de la lucha contra la burocracia en todos los organismos del movimiento obrero infectado por la ideología burguesa en los sindicatos, en los partidos, todo eso es de una gran actualidad. Entonces, es fundamental retomar el hilo de ese pensamiento porque la alternativa está clara: vamos hacia una catástrofe que puede adoptar la forma de una guerra general, de un desastre ecológico espantoso, o las 2 cosas simultáneamente y que está provocando en estos momentos sufrimiento a miles de millones de personas.

La humanidad tiene más de 7000 millones de personas y la inmensa mayoría está como en la época de Marx.

Es momento de poner los derechos humanos por encima de los intereses comerciales

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 29 de agosto de 2012

Boletín de prensa
AI México

El día de hoy, miércoles 29 de agosto, decenas de activistas de Amnistía Internacional (AI) se congregaron a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir a las autoridades mexicanas que muestren su compromiso con los derechos humanos, dando la prioridad que merecen a los tratados internacionales que son fundamentales para poner fin a la pobreza.

Amnistía Internacional llama a las autoridades mexicanas a tomar las acciones necesarias para que el PFPIDESC sea firmado y ratificado

A las afueras de la Secretaría podía observarse un conjunto escultórico constituido por muñecos monumentales y personas que recreaba mediante estas esculturas a un representante del gobierno mexicano respondiendo a los intereses de un empresario al tiempo que ignoraba a un gran número de personas que viven en la pobreza. El empresario tenía en sus manos un documento en el que se podía leer claramente la palabra “ACTA”.

“Parece que cuando se trata de acuerdos comerciales, el gobierno mexicano no quiere hacer esperar a nadie, mientras que para firmar acuerdos que permitan a las millones de personas que viven en la pobreza exigir sus derechos, no hay tiempo.” Declaró una activista presente en la actividad.

El Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés)  es un tratado internacional que busca incrementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas, que fue firmado por México el pasado julio, apenas 9 meses después de su apertura a firma, a pesar de las críticas generalizadas acerca de las graves consecuencias que este tratado podría tener para la libertad de expresión.

En contraste, desde hace casi 3 años organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional, han llamado a las autoridades a que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PFPIDESC), un acuerdo que establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, la educación o la vivienda, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

Sin embargo, pese a los reiterados compromisos de distintos funcionarios, el gobierno mexicano continúa realizando consultas para analizar la firma del Protocolo Facultativo, en una muestra de falta de voluntad política.

Durante el evento, representantes de Amnistía Internacional hicieron entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores de las firmas de más de 9,000 personas exigiendo al gobierno que se comprometa en materia de lucha contra la pobreza, adoptando un enfoque que ponga los derechos de las personas en primer lugar.

“La pobreza es la mayor crisis de derechos humanos en México y es necesario actuar sin demora. Resulta incomprensible, por ello, que el gobierno federal haya decidido firmar el tratado comercial ACTA con sorprendente agilidad, a pesar de las negativas consecuencias que su ratificación implicaría en materia de derechos humanos  y, en contraste,  continúe haciendo esparar a las millones de personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales están en juego, para la firma de un tratado internacional que es fundamental para su defensa. ” Afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso fundamental y necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas que vivimos en México” añadió Alberto Herrera.

Mediante esta actividad pública, las y los activistas de Amnistía Internacional hacen un llamado categórico a las autoridades mexicanas, para que demuestren que las personas que viven en la pobreza también son su prioridad y, de acuerdo con esto, tomen todas las acciones que sean necesarias para que el PFPIDESC sea firmado y ratificado a la brevedad.

Contexto

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PFPIDESC) establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estos derechos, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.

En julio de 2011, el Consejo nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), dio a conocer las cifras oficiales de pobreza en México, que reconocen la existencia de 52 millones de personas viviendo en situación de pobreza en el país. Coincidiendo con la publicación de esas cifras Amnistía Internacional denunció la inacción de las autoridades mexicanas en materia de lucha contra la pobreza, en especial en lo relativo al reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

El 7 de diciembre de 2011 la Campaña Mexicana por la Firma y Ratificación del PFPIDESC, integrada por más de 100 organizaciones, incluida Amnistía Internacional, hicieron entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores de más de 18,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de todo México que exigían la firma de este acuerdo contra la pobreza.

Han pasado casi cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y tres años desde su apertura a firma. Desde entonces 39 países de todo el mundo han firmado este instrumento, 10 de ellos de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Qué se dijo en el Primer Conversatorio ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales?

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Dilo Tú

Difusión Cencos México D.F., 22 de agosto de 2012

Boletín de prensa
OPSDH

La búsqueda y consecución del ejercicio efectivo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y más recientemente Ambientales, ha permeado las discusiones entre los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en los últimos años. Todas estas discusiones se han centrado en analizar las estructuras jurídico-políticas y las acciones de política pública de los Estados en cuanto al respeto, la protección, garantía y promoción de los derechos humanos de las personas dentro de su territorio.

Ve más en la Guía Quién es Quién de la Sociedad Civil Mexicana 

Sin investigar en consulados, México deporta a mujeres migrantes

lunes, 6 de agosto de 2012

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

México viola el derecho al debido proceso de las migrantes centroamericanas al momento de su detención y cuando son repatriadas, pues no notifica a sus consulados y tampoco investiga a fondo si deportarlas las coloca en riesgo o no, ya que muchas de ellas salen de sus países por violencia en sus casas o comunidades.

Lo anterior, lo señaló a Cimacnoticias Berenice Valdez, consultora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien denunció que las autoridades no obedecen las disposiciones relativas a la detención y repatriación planteadas en la nueva Ley de Migración.

Valdez indicó que México incumple con su obligación de notificar al consulado del país de donde provienen las migrantes, las mantiene tiempo indefinido en las estaciones migratorias, y no investiga si las condiciones en las comunidades de origen son apropiadas para que las mujeres regresen.

Lo anterior representa una violación al derecho al debido proceso de las migrantes que ingresan al país, mayoritariamente con la intención de llegar a Estados Unidos.

Ejemplificó que “cuando (las autoridades) retornan sin seguridad a las mujeres, sin ahondar más en las condiciones de su regreso, no sólo en casos de asilo o persecución política, sino en cuestión de violencia en sus casas o comunidades, las expone a un mayor peligro”.

La experta indicó que las autoridades suelen repatriar a las migrantes sin considerar “si podrían ser solicitantes de refugio por violencia de género”, debido a que el personal carece de capacitación.

Algo similar ocurre cuando se trata de identificar a víctimas de trata de personas, delito que “confunden con prostitución”, y por lo tanto no les brindan la protección que necesitan.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 66 mil 764 detenciones en 2011, en ese año deportó hacia Centroamérica a 61 mil migrantes.

En 2007 el 22.9 por ciento de las personas deportadas eran mujeres, para 2010 la proporción se redujo a 13.8 por ciento.

La disminución se debe al subregistro de las migrantes, quienes viajan por una ruta alterna a la utilizada por el grueso de los centroamericanos. Ellas pagan “coyotes” y utilizan documentación falsa para cruzar el país.

Migrantes en detención

Una vez en las estaciones migratorias, sin indagar su situación, “las hacen firmar acuerdos de repatriación voluntaria y son retornadas, no siempre a sus lugares de origen, a veces sólo a Guatemala”.

Tan solo entre enero y junio de 2011, el INM reportó 33 mil 536 personas extranjeras repatriadas voluntariamente a su país.

Las mujeres deportadas deberían gozar de protección por parte de sus consulados, pero las autoridades mexicanas “no siempre les notifican sobre la detención de las migrantes, por eso hay que insistir en que se respete el derecho a la protección consular y a que haya una investigación más profunda acerca de si pueden ser víctimas o no de trata o de violencia”, mencionó la activista.

También sostuvo que hace falta seguir el debido proceso que marca la ley de migración para esta población en detención y capacitar a las autoridades para que investiguen las condiciones en las que se encuentran las migrantes antes de deportarlas.

La situación varía en cada estación migratoria, hay avances en algunas como las ubicadas en el Distrito Federal “hay más capacitación y el espacio está mejor que en otras entidades”, pero al igual que en las demás su personal no investiga a fondo el riesgo que podrían enfrentar las mujeres al volver a sus países, dijo.

Berenice Valdez añadió que en el país hay por lo menos una estación migratoria en cada estado, aunque hay entidades ubicadas en la ruta de tránsito que cuentan con más estaciones como Chiapas, donde en 2011 se realizó el 43 por ciento de las detenciones.

Publicado por ARGENPRESS

México: “Absurda”, la propuesta de “castración química”

miércoles, 1 de agosto de 2012

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

La “castración química” a violadores es “inoperante y absurda”, por lo que las diputadas del Estado de México tendrían que impulsar la legislación existente a nivel federal y estatal sobre violencia contra las mujeres, la cual contempla mecanismos para combatirla y no hacer este tipo de propuestas, advirtió la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde.

Entrevistada sobre la propuesta de las diputadas mexiquenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval, para modificar el Código Penal de la entidad y aplicar la “castración química” a violadores, la catedrática en la UNAM recordó que hay una norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo carece de presupuesto y de una cabal comprensión.

Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”; en el país ocurren cerca de 15 mil denuncias de violación sexual al año.

Tan sólo en 2009 en el Estado de México se recibieron 2 mil 990 denuncias, de acuerdo con el documento realizado por la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados en la 61 Legislatura.

La doctora en Antropología dijo que seguramente las diputadas fueron asesoradas por personas que desconocen que en México desde 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual están especificadas las modalidades y tipos de violencia y se plantean las políticas de intervención para eliminar las causas de estas violencias.

En esa ley se estipula que es preciso eliminar poderes que tienen los hombres para dominar social y económicamente a las mujeres, así como una política de gobierno para lograr el empoderamiento de las mujeres y caminar hacia la igualdad.

En agosto de 2008 se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, y para abril de 2011 el Congreso local avaló que para los casos de violación (en caso de que se provoque la muerte de la víctima), las condenas serán hasta de 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo como multa.

Lagarde conminó a las legisladoras del tricolor para que “profundicen en el conocimiento de lo que se ha avanzado en la materia”, en lugar de hacer “propuestas inconexas”.

“Que revisen la legislación actual y la impulsen para que todas las instancias de gobierno la apliquen y tenga una verdadera transversalidad de género en la gobernabilidad de cualquier entidad federativa del país”, llamó.

La también directora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres señaló que pleno siglo XXI no se debe aplicar la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, y la “castración química” se inscribe en esa mentalidad.

“Es absurda; también quienes delinquen deben tener un marco legal para ser enjuiciados, contar con el respeto de sus garantías y eso no ocurre con esta propuesta”, criticó.

Quien fuera diputada ciudadana postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2003 a 2006, agregó que la violencia contra las mujeres es resultado de condiciones de desigualdad, y para enfrentarla es necesario eliminar aquello que la ocasiona, lo que contribuye a que se reproduzca.

Añadió que eliminar la impunidad enviaría el mensaje a quienes delinquen de que se aplicará la ley, mientras que la “castración química” no sirve para nada, toda vez que no permite se transforme la mentalidad de los violadores, quienes aún con esa castración pueden violar a las mujeres en distintas formas: utilizando objetos u otras partes del cuerpo que no son los genitales.

Marcela Lagarde explicó que esa propuesta corresponde a un enfoque “biologicista” sobre la sexualidad, que no tiene perspectiva de género, ya que desde esta visión concluimos que la violación no es un hecho determinado biológicamente, sino que es producto de una construcción de la sexualidad, y que como lo han demostrado la ONU y las Conferencias Mundiales de la Mujer, la violencia de género es resultado de la desigualdad.

El planteamiento de las legisladoras priistas surge tras la agresión de un grupo armado que asaltó y violó a campistas en el parque El Colibrí, municipio de Chalco, y por el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien en menos de un mes sufrió dos violaciones y luego fue asesinada en el municipio de Ecatepec.

Actualmente el delito es castigado en la entidad mexiquense con una pena que va de entre los 5 y los 15 años de prisión. La iniciativa de reforma del artículo 274 del Código Penal estatal busca duplicar la pena, llevarla de 10 a 30 años de prisión, aunque el acusado podrá solicitar la primera pena (de 5 a 15 años) y someterse a “castración química” por el tiempo restante de la condena.

La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas que disminuyen el deseo sexual, evitan la erección y la eyaculación.

Publicado por ARGENPRESS