México: Intolerancia en el GDF

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Si los ajustes de cuentas entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional están a la orden del día en Nuevo León, utilizando a las 52 víctimas mortales de la corrupción pública y privada en el casino Royale, el Distrito Federal no se puede quedar en la retaguardia y su jefe de Gobierno dio un primer paso.

Después de desempeñarse como secretario de Desarrollo Social durante cuatro años y medio, lapso en el que fue acotado hasta quitarle facultades y recursos a la dependencia –como los programas Mejoramiento Barrial, apoyos a mujeres y grupos vulnerables, además de la entrega de uniformes–, por órdenes de Marcelo Ebrard, éste decidió remover a Martí Batres tras su negativa a renunciar al cargo.

La gota que derramó el vaso de la intolerancia del distinguido con el reconocimiento “El mejor alcalde del mundo”, fue la crítica de Batres Guadarrama por la presencia de aquél en el acto que organizó Felipe Calderón en el Museo Nacional de Antropología para recibir los aplausos del millar de convidados de piedra, así sean los representantes de los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, los amigos, socios y una parte de la plutocracia.

Presencia que Ebrard Casaubon justifica con “Represento a todos los gobernadores del país, no nada más a mi persona y mis posiciones”. Seguramente los ejecutivos acordaron estar sobrerrepresentados pues todos acudieron –excepto Leonel Godoy–, que esbozara su mejor sonrisa y aplaudiera al general de cinco estrellas con el que evitó encontrarse en público, tomarse la foto y al que llegó a calificar de “ilegítimo”. ¿Para qué tanto brinco si al final se impone lo que persiguió con tenacidad el abogado –que denuncia jueces a “lo borras”–, economista y administrador público?

Consumada la decisión a la que institucionalmente tiene pleno derecho, Ebrard subestima el sentido común de los capitalinos y jura “yo respeto todas las opiniones de los servidores públicos”, además de presentar su decisión como resultado de que “no se puede ser secretario de un gobierno y opinar en contra del gobierno”, cuando consta que la crítica de Batres fue a Calderón “por usurpador”, y en un despropósito exige congruencia pese a que el viernes 2 dictó cátedra en sentido contrario.

Lo inaceptable de este capítulo es que, como acostumbran los gobernantes de todos los orígenes partidistas, el aventajado exalumno de Víctor Manuel Camacho no defienda que se trata de un viraje en su relación con Los Pinos y que éste forma parte del camino trazado para arribar a la candidatura presidencial, con alianzas que rebasan y con mucho a lo que se conoce como izquierda electoral, pero también a la social.

Al titular del GDF le resulta indispensable, para lo anterior, presentarse como moderno –cualquier cosa que esto signifique– e incluyente –¿también de Acción Nacional?–, pero el cese de Martí lo muestra en toda su condición facciosa, pues a los imberbes precandidatos Mario Delgado y Alejandro Rojas los arropa con celo paternal y presumiblemente con recursos públicos.

Finalmente, le comparto una vivencia. La tarde del día 6 dormitaba con dificultades y la voz imperativa y grandilocuente de un orador me despertó, supuse que se trataba de un madrugador precandidato al GDF, de los que hacen el ridículo al privilegiar la imagen de su rostro, como estrellas del canal de Emilio Azcárraga Jean, en espectaculares, el metro y paredes de la megalópolis. Al reincorporarme a mi espacio de trabajo quedé sorprendido al comprobar en la contestadora telefónica que se trataba de un mensaje de Calderón Hinojosa sobre educación. Son prácticas ajenas al demócrata que presume ser, pues el sueño para mí es sagrado.

Publicado por ARGENPRESS

Mesoamérica se reúne en Pacuare: VI Encuentro en Defensa de los Ríos y las Comunidades

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Osvaldo Durán Castro

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• Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.

• El evento es la continuación de 5 encuentros mesoamericanos realizados en diferentes países; los 2 últimos en las conflictivas regiones de Lorica, Colombia y Boquete, Panamá, donde los proyectos impuestos originan, igual que en los demás países de Latinoamérica, disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras, juicios, encarcelamientos y hasta el asesinato de personas.

Entre la vida y el mercantilismo

La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el «fin» que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).

En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.

Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.

Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.

Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.

En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.

A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.

En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.

Debate, organización y alternativas energéticas

Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.

Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. http://www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).

Nuevos debates y seguimiento

Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.

En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:

1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.

2. Estrategias de participación social efectivas.

3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.

4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.

5. Ecología de los ríos y naturaleza.

6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.

En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:

En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.

En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.

En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.

El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.

En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.

En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.

En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.

Un panorama global diseñado para el capital

Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.

En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.

Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.

Osvaldo Durán Castro es Coordinador VI REDLAR.

Publicado por ARGENPRESS

Perú: Silencios a los 64 años de educación secundaria gratuita

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Humberto Ramírez Arroyo (especial para ARGENPRESS.info)

Situación del Perú y el Mundo en 1945

Se iniciaba el año 1945, los aliados no cejaban de golpear a la bestia nazi fascista Hitleriana Su derrota era total en todos los campos de batalla en especial en el oriente europeo. Así sucedía en el Pacifico infligiendo derrota tras derrota a las fuerzas armadas fascista del imperio japonés.

La humanidad se mostraba ansiosa de obtener la PAZ, Libertad y Democracia. Se abrían los subterráneos de la clandestinidad, anhelos de los pueblos, en especial de América Latina plagada de dictaduras impuestas por el imperialismo norteamericano y las oligarquías terratenientes .Pueblos que habían contribuido a la gesta de la humanidad con enormes esfuerzos con 12 o 15 horas diarias de trabajo con míseros salarios “producción para la guerra” para derrotar al eje nazi-fascista de ese entonces.

El Perú no era ajeno a las corrientes libertarias, había algunos avances en la producción en especial en la línea blanca, era la expresión de una capa media emergente de la Primera Guerra Mundial. Había capitalizado un mercado dejado momentáneamente por las potencias económicas (léase aliados y del eje nazi fascista) por la producción bélica.

En ese entonces, gobernaba don Manuel Prado Ugarteche, gobierno oligárquico, que terminaba su mandato cargado de persecuciones a sus opositores. Las fuerzas progresistas de nuestro país rebasaban en su lucha por la libertad y democracia. Por primera vez, los obreros ganaron las calles en el Día Internacional de los Trabajadores, un 1º de Mayo Combativo. Nuevamente, salieron a manifestar su alegría ante la rendición de la Alemania nazi, era el prolegómeno de esperanzas.

Las fuerzas subterráneas de la libertad levantaron un programa y un candidato que llevaría a delante sus proyectos, evitando un continuismo. Así se forjo el Frente Democrático Nacional. Eligiendo abrumadoramente a la Presidencia al Dr. José Luis Bustamante y Rivero. En el programa levantado, uno de sus puntos era la Reforma de la Educación Primaria, Secundaria y Universitaria. En lo referente a la Educación Secundaria era el inicio de la gratuidad que comenzaría a partir de 1946. Así como el proyecto de las Grandes Unidades Escolares.

De inmediato las mentes retardatarias de nuestro país pusieron el grito en el cielo, ante el desmedido afán de promover la Educación Secundaria Gratuita. Menos el construir Grandes Unidades Escolares. Se sostenía que los niños salidos de la escuela primaria no estaban preparados. Otros sostenían y decían el hijo de zapatero, zapatero; el hijo de albañil, albañil; el hijo de obrero, obrero; el hijo de guardia civil, guardia civil; el de campesino, campesino; etc., etc. Otros, los más sutiles proponían un pago a la Asociación de Padres de Familia para ayudar “el mantenimiento.” Que hasta ahora perdura. Este coro se escuchaba antes y después de se diera la Ley de la Gratuidad Enseñanza Secundaria

A los Colegios Nacionales por lo general tenían acceso los hijos de los campesinos medios, de comerciantes, de oficiales de las Fuerzas Armadas, empleados públicos. Pagaban bimensualmente, algunos eran becarios. Los colegios grandes tenían internados como el Colegio Guadalupe. La capital Lima contaba en ese entonces con unos 600 mil habitantes.

Ante tamaña provocación, la respuesta estudiantil no se hizo esperar. En 1946 se demandada la generalización de la gratuidad de la Enseñanza Secundaria. Solamente estaban comprendidos Lima y Callao. Que se permitiese la organización estudiantil a través de centros federados .Para los internados que se mejorasen la comida y los dormitorios del colegio Guadalupe. Que se participe en la discusión de los problemas nacionales a través de una educación cívica, democrática y otras demandas.

Conciencia Política del Adolescente

No hay lugar a dudas que se ha sostenido y se mantiene la manipulación existente sobre el adolescente. La mayoría de las veces con argumentos inconsistentes, es un proceso complejo, pero en este caso y en muchos otros se puso de manifiesto la capacidad y aptitudes el conocimiento de la situación. La voluntad de contestar oprobios de una oligarquía retardataria con sus lacayos de turno. Por eso, los adolescentes se sentían en la necesidad de decidir situaciones para el futuro. En uno de los planteamientos de ese entonces era y es: si es prohibitivo la participación en política de los adolescentes, desde el colegio desde la óptica de múltiples actividades propias de la vida. Acaso no se habían inmolado millones de adolescentes en los campos de batalla, con su entrega en su lucha contra el nazi fascismo, el colonialismo, el racismo. Se había impulsado el sentido y el principio de la solidaridad.

Dicha época rica en experiencias en un proceso comunicativo entre los seres humanos. Daba una interacción de conciencias. Por ello, la difusión de los objetivos fue limpia y honesta evitando manipulación externa o de éxtasis. Eran adolescentes conscientes y no con acinesia, era la experiencia de la historia universal recién asimilada.

Al inicio de clases de 1947, en el Colegio Guadalupe se dieron a conocer listas negras de alumnos que no ingresarían a proseguir sus estudios porque habían manifestado sus opiniones en las asambleas de 1946.

En el mensaje presidencial del 28 de julio de 1947, don José Luis Bustamante y Rivero dio como tema trascendente la Reforma de la Educación Secundaria y Técnica. Renacían expectativas a las demandas realizadas, pero parece que fueron mal interpretadas por el director del colegio, provocando más represión al alumnado.

1º de Septiembre.- Los alumnos del Colegio Guadalupe se constituyen en Asamblea General, acuerdan una serie de puntos entre ellos: La generalización La Educación Secundaria Gratuita a Nivel Nacional, mejoras de la alimentación, los baños, los dormitorios y la Toma del Colegio, hasta ver aceptadas sus demandas, previo llenado de la piscina. La exigencia de la renuncia del Director. Ante tales demandas, se constituyen los funcionarios del Ministerio correspondiente, con la amenaza de recesar el colegio e invitando a dejar el colegio. Los estudiantes en forma unánime, la respuesta fue de mantener las demandas, solo salieron los funcionarios, posteriormente los alumnos que así lo deseaban, quedaron más de mil alumnos. Al mediodía el colegio se encontraba rodeado por la Guardia Civil, en especial la de asalto.

2º de Septiembre.- El colegio Nacional Alfonso Ugarte, sito en ese entonces en el ex edificio del Ministerio de Educación, Av. Abancay y Chacarillas, se constituyó en Asamblea General, rechazando la pretendida recesión, demostrando su solidaridad aporto nuevos elementos como el medio pasaje, la Editorial para la impresión de libros al alcance de todos, la organización de los estudiantes en Centros Federados y la creación de la Federación de Estudiantes Secundarios, FES. Declarando la Huelga General y saliendo en apoyo a los de Guadalupe. Es donde se dan las primeras escaramuzas violentas de parte de la policía al no permitir el alcance de alimentos a los atrincherados en el Colegio Guadalupe, con arrestos múltiples y golpizas a los adolescentes.

3 y 4 Septiembre.- Habían alumnos que se dirigían a los diferentes colegios nacionales, todos bloqueados por la policía, pero en todas partes, había las Asambleas Generales, se estaban llevando a cabo, uno de los colegio más reprimido fue el Rosa Santa María de señoritas. La represión fue hasta demás brutal contra los jóvenes que intentaron hacerse presente. Pero el propio alumnado, después de una vibrante Asamblea fracturo el cerco y se constituyó en huelga general, saliendo a las calles. Por igual lo hicieron todos los colegios nacionales, el Eguren, San Marcos, Labarthe, Bartolomé Herrera, Miguel Grau, José Granda y el dos de Mayo del Callao. Volcándose todos al centro de Lima en solidaridad.

5 de Septiembre.- Día infausto, en las correrías de los estudiantes por los gases lacrimógenos y la caballería, un grupo de policías se apearon de sus caballos y comenzaron a disparar criminalmente dejando un saldo de 19 heridos de bala y un muerto, un niño de 15 años, alumno del Colegio Guadalupe del segundo año H. Era Heriberto Avellaneda Beltrán. Por supuesto que el cadáver trataron de desaparecerlo primero, luego negaban la entrega, porque sabían que su madre residía en su tierra de Yauyos.

6 de Septiembre.- Se logra rescatar el cadáver de la morgue central, por supuesto con la ayuda de los estudiantes de medicina, llevándolo provisionalmente a la casona de San Marcos, en donde se le rindió el primer homenaje, de ahí fue trasladado con un mar de estudiantes al Colegio Guadalupe. Con guardia permanente no solo de estudiantes sino también se hicieron presente personalidades de ese entonces. Las coronas y las cruces rodearon todo el colegio, lo resaltante fue que el asesino y cínico General Manuel A. Odría (Ministro de Gobierno y Policía) envío su ofrenda floral, por supuesto rechazada. El 7 de Septiembre continúo el homenaje, desfilando día y noche el adiós al primer mártir de la Educación Secundaria Gratuita.

8 de Septiembre.- Está declarado el Paro de la Clase Trabajadora de Lima, en solidaridad con el adolescente mártir. Desde el Colegio Guadalupe al Cementerio Presbítero Maestro es una sola columna, las amplias avenidas de su recorrido Alfonso Ugarte, Grau, Av. De los Incas son estrechas al mar humano, todo Lima está de duelo y con la ira, bronca contenida. En toda Lima, no se vio un solo policía en los días 6 y 7, menos el día 8, durante el recorrido de los funerales no se registró ningún incidente. Toda Lima se volcó a los funerales, más de la mitad de la población, estuvo presente.

9 de Septiembre.- Se constituye la Dirección de la Federación de Estudiantes Secundarios, FES, recayendo la Presidencia en el joven David Juscamayta, del Colegio Nacional Guadalupe, la vice presidencia en la Srta. Flor de María Saco del Colegio Nacional Rosa Santa María, Secretario de Organización Juan Pablo Chang Navarro del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, Secretario de Prensa y Propaganda Carlos Tizón del Colegio Nacional Dos de Mayo del Callao, Secretaria del Interior Srta. Lidia Fonkén del Colegio Nacional Rosa Santa María, Secretario General Julio Pereda del Colegio Nacional Guadalupe, Secretario de Defensa Carlos Bernales del Colegio Nacional Alfonso Ugarte, Secretaria de Economía Emma Zegarra del Colegio Nacional Miguel Grau, Secretaria de Cultura Alejandro Alonso del Colegio Nacional San Marcos, Secretaria de Deportes Alberto Moreno del Colegio Nacional Pedro Labarthe; gloria y honor a todos ellos por su entrega y sacrificio y al pueblo de Lima, jornada que sigue ocultándose, para el tiempo se encargue de olvidarla o modificarla.

Conclusiones

Demás está afirmar que la Educación Secundaria Gratuita no fue dadiva o buena fe de los gobernantes, es el producto de la lucha y sacrificio. Por ello después de lo relatado, quiero hacer la salvedad, que la educación fue militarizada hasta el 1970 y la entrega a grupos retardatarios y confesionales. A los 64 años de la Gratuidad de la Enseñanza Secundaria, los gobernantes de siempre, se las han ingeniado que exista una educación selectiva, elitista y otra básica residual para abastecer la mano barata en el mercado laboral. Es parte del fracaso escolar, el entorno socio económico sea el gravitante. Se debe tender a nivel educativo comprensivo, motivado no solo por el expediente académico desvirtuado por arcaicos métodos de evaluación. Sin la integración de la familia y los consejos escolares, que debe existir, de lo contrario no sirve.

La inversión en educación se ha ido reduciendo, lo que no garantiza su equidad ni calidad ni mecanismos de selección en el mercado laboral. La atención debe ser r más personalizada y en comprensión de las desigualdades educativas. Reducir el número de alumnos por aula, motivar a los profesores con una vida digna de la actividad magisterial, la participación democrática de la comunidad educativa.

Este planteamiento no es difícil, rechaza la domesticación de las masas, a la inmadurez de la conciencia cultural y de la libertad. Rechaza a las barras bravas manipuladas, con drogas y dinero, la prensa chicha deformante y dirigentes fascistas que pagan a las barras bravas. Rechazar a los adoradores a las máquinas electrónicas, su uso debe ser racional y científico, ya que son incapaces de dar solución, en tomar decisiones, en especial en lo referente a la solidaridad. Debe construirse un ser humano libre sin dañar a la naturaleza. Comenzar a desmontar el gran tinglado lucrativo donde comienza la diferenciación en el ingreso a los centros estudios superiores , que hacen sentirse mal a nuestros hijos, que rechazan los once años de escolaridad perdidos, un futuro para reparar la gran mezquindad que se ha ido generando en los claustros universitarios, en especial en las privadas.

La Patria Grande, nos permite trasmitir nuestras experiencias, así como el pueblo Argentino en 1958 se volcó a las calles en defensa de una enseñanza gratuita, obligatoria y laica la Ley 1420, y contó con la solidaridad de toda América Latina. Hoy los jóvenes adolescentes de Chile se encuentran en combate en defensa de sus derechos inalienables y soberanos, deben estar seguros que cuentan también con nuestro pleno y sólido apoyo.

Publicado por ARGENPRESS

Perú: Temas pendientes para el nuevo presidente Humala

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Cristiano Morsolin (especial para ARGENPRESS.info)

La promoción de los Derechos Humanos constituirá, sin duda, uno de los indicadores con los que se medirá el desempeño del gobierno de Ollanta Humala, nacional e internacionalmente.

El gobierno de Alan García ha avanzado muy poco en materia de derechos humanos, como el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). “Se han dado cien mil soles a las comunidades, pero hay muchas quejas sobre el particular (…) incluso hay denuncias respecto a que alcaldes y autoridades han usado (el dinero) para fines distintos a los que quería la comunidad” ha destacado la secretaria ejecutiva del movimiento ciudadano “Para Que No Se Repita”, Rosario Giraldo. En cuanto al Plan Nacional de Derechos Humanos, Giraldo refirió que la principal medida ha sido ampliar su período de vigencia, casi al final del gobierno de turno, pero es muy poco lo avanzado en términos de ejecución. Del mismo modo, invocó al próximo régimen a respaldar las tareas de exhumación de víctimas de la violencia política para que sus familiares puedan cerrar su duelo. “Esperamos que el nuevo gobierno muestre sensibilidad para tocar estos temas e incluirlos en su agenda, pues han afectado a un grueso sector de peruanos y no podemos ser indiferentes a su dolor”, puntualizó Giraldo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró importante que el presidente Ollanta Humala Tasso haya ratificado el compromiso de su gobierno con el pago de las reparaciones individuales y colectivas a las víctimas de la violencia política. “En términos generales nos parece muy importante que haya mencionado el tema de las reparaciones y de las víctimas del conflicto armado durante su discurso del 29 de julio. Es importante que los deudos cierren las heridas y no hay mejor manera de hacerlo que con la verdad, justicia y memoria”, precisó Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de esta organización.

Según la Defensoría del Pueblo, junio fue un periodo especial de conflictos al sumar 217, la mitad de los cuales se dirimieron de modo violento. Es importante resaltar que del total de protestas, 118 están referidas a temas socio-ambientales y en las regiones más pobres de Perú. El sacerdote católico Marco Arana, experto en temas de relaciones sociales y ambientales, fue uno de los que apuntó a la falta de medidas concretas para superar los problemas socio-económicos, aunque reconoce que Humala mencionó el problema y lo abordó de manera genérica. «Es una gran ausencia no manifestar qué política se va a utilizar frente a los conflictos socio-ambientales, teniendo en cuenta que es un grave problema dejado por García», señaló a IPS el director de la organización no gubernamental Grufides (www.ipsnoticias.net ).

Miguel Palacín, coordinador de la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y fundador de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha subrayado que “Ollanta acumula todo el descontento social, pero no es quien debería estar en ese escenario. Los movimientos indígena, campesino, sindical y ambientalista hemos sido excluidos y derrotados antes de la inscripción de listas. Las reglas están pensadas para eso. Y Ollanta ha girado al centro. Ha tenido que decir que va a conservar el modelo económico, que no va a cambiar la Constitución. Pero los movimientos piden un cambio de modelo, un modelo que persigue y mata dirigentes. Todo el discurso de los medios de comunicación, de los analistas, es que el modelo es excelente y no podemos cambiarlo. Es mejor mantener esta independencia política. Después de la guerra interna atroz [entre Sendero Luminoso y el Estado] que nos dejó desarticulados, el movimiento ha logrado entrar en un proceso de crecimiento”.

El ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Luis Bambarén, señaló que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar con el objetivo del gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, de trabajar por la inclusión social. “En nuestro campo, en el campo social que es lo que nos toca, en colaboración en todo lo que nos corresponda, hay una disposición de colaboración”, subrayó. “Creo que (la inclusión) es un gran compromiso, muy difícil, pero a eso hay que exponerse cuando uno trata de estar cerca de los olvidados por generaciones”, agregó. “No se trata de cuestiones políticas, sino ya de un sentido humanitario, de estar cerca de las respuestas a los más olvidados”, aseveró.

Histórica aprobación de la Ley de Consulta Previa

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Alberto Pizango, manifestó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa, realizada el día martes 25 de agosto, significa un gran adelanto y voluntad mostrado por el Gobierno para seguir con los grandes cambios que el país necesita.“Es una autentica forma de hacer las cosas con respeto y seguir impulsando el verdadero desarrollo armónico del Perú. Los pueblos indígenas solo estuvimos reclamando que se respeten los derechos de una vida digna”, agregó.“Saludo esta forma de ponerse de acuerdo. No les queda más-a los congresistas-que seguir en este criterio” expresó al referirse al voto unánime en el parlamento peruano para aprobar la referida ley (http://www.rpp.com.pe/2011-08-24-pizango-asegura-que-ley-de-consulta-previa-es-adelanto-para-el-pais-noticia_397370.html).

Emma Gómez, subdirectora de la ONG CooperAcción, considera que se requiere garantizar recursos para la implementación de la ley de consulta, dotarla de una reglamentación en la que participen también las organizaciones indígenas y garantizar la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental que aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Frente a quienes consideran que este proceso de consulta dilatará el inicio de una inversión, Gómez señala que lo más importante no es la celeridad de las inversiones sino lograr que estas sean sostenibles. Si bien hay empresas pioneras en establecer mecanismos de responsabilidad social con el entorno, Gómez advierte que estos casos no son una regla general. Las empresas, asegura, deberían cumplir con los estándares de calidad en el manejo del medio ambiente (http://www.larepublica.pe/28-08-2011/la-ley-de-consulta-previa-y-la-voz-de-los-indigenas).

El relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas consideró que la aprobación por el Congreso de Perú de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas constituye un avance importante en el país y en el resto de la región en cuanto a las garantías de esos pueblos. «Espero que esto demuestre un firme compromiso por parte del Estado peruano de atender las exigencias actuales de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que les afecten directamente, y en particular sobre proyectos de industrias extractivas en sus territorios o a su alrededor», subrayó James Anaya. El experto instó al presidente de Perú a que proceda a promulgar la ley, e hizo un llamado al gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de ésta.

Joan Martinez Alier, máximo experto a nivel mundial de ecología política, comenta que” el triunfo con casi el 40 por ciento de los votos en las elecciones municipales en Lima en octubre del 2010 de Susana Villarán, una demócrata defensora de los derechos humanos, feminista, dirigente del pequeño partido descentralista Fuerza Social, fue una sorpresa para muchos porque dos meses antes apenas aparecía en las encuestas de opinión. Pero no lo fue para quienes siguen de cerca la política peruana de fondo, ya que el crecimiento económico tan pregonado por Alan García ha despertado una oleada de conflictos en distintas zonas del país por el abuso que se está haciendo de los recursos naturales. Al expolio de la Amazonía (con más de 100,000 km de líneas sísmicas de exploración de petróleo) se unen conflictos mineros en la Sierra y conflictos por el uso del agua para cultivos de exportación en la Costa. El crecimiento económico está mal medido, al no restarle los daños a la naturaleza, y además está muy mal repartido socialmente. Todo eso se refleja en la población de Lima (una tercera parte de la población total) y más se nota en lo que los limeños llaman “las provincias”. Aumenta la consciencia indígena aunque con retraso respecto a lo ocurrido en Bolivia y Ecuador. Eso se expresa en organizaciones como AIDESEP en la Amazonía (cuyo líder Alberto Pizango tuvo que exiliarse durante más de un año, a partir de junio del 2009, por la violencia desatada en Bagua en las protestas contra las leyes de privatización de la selva al amparo del tratado de libre comercio con Estados Unidos)”.

Reparación y justicia para las víctimas del conflicto interno

El Gobierno evalúa aumentar el presupuesto de las reparaciones de 40 millones a más de 100 millones de nuevos soles anuales, con el aporte del sector privado y la cooperación internacional, informó ayer la secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Isabel Coral Cordero. Precisó que actualmente alrededor de 20 millones de nuevos soles se han destinado para la reparación económica y otra cifra similar para la reparación colectiva, «lo cual resulta insuficiente».

Expresó «la necesidad de dar un aumento significativo al pliego mediante la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones, que llegaría a tener 100 millones de soles para dicho fin».

Asimismo, estimó que la reparación económica individual de 10 mil nuevos soles para las víctimas de la violencia en las décadas de 1980 y 1990, planteada por el gobierno aprista, «es muy pequeña», «una burla» y «no es un acto efectivo de solidaridad». Dijo que se realizarán nuevos cálculos para elevar esa cifra sobre la base de estándares nacionales e internacionales, «que siendo un acto simbólico podría ser más justo y significativo para esta población que ha esperado justicia más de dos décadas».

Explicó además que la CMAN busca profundizar las reparaciones económicas a través de programas y proyectos (http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=lY6vwPao1bM=).

Hay que recordar que en 2003 un grupo de organizaciones de la sociedad civil italiana (con la lidership del Observatorio SELVAS) logró que el parlamento italiano ha votado unánimemente por la Resolución 2737 propuesta por el Congresista y Secretario de la Comisión de DDHH del Senado, Francesco Martone, que compromete al gobierno italiano a “activar todas las sedes oportunas, bilaterales y multilaterales, para hacer que el gobierno peruano adopte y respete las recomendaciones de la CIDH y de la CVR.” En especial, la resolución menciona: la importancia de la independencia de la magistratura, incluyendo a los jueces encargados de investigar las violaciones cometidas y que todos los acuerdos internacionales relevantes sean respetados por el gobierno peruano, particularmente los que mencionan los derechos de las minorías indígenas y la preservación de los recursos naturales. El congresista Francesco Martone ha sido un enlace importante entre América Latina e Italia y apoyó la campaña internacional de apoyo al pueblo de Tambogrande en su lucha contra la explotación minera. Los italianos esperan que si su gobierno asume un compromiso con las recomendaciones de la CVR, esta voluntad será trasmitida al gobierno peruano para su implementación. Además, creen que esta acción fortalecerá las iniciativas de otros gobiernos o instituciones para impulsar el cumplimiento de tan importante trabajo. Asimismo, como declaró el sub secretario Baccini en el debate parlamentario sobre la resolución, el gobierno ha expresado su apoyo al Perú en la negociación de la reducción de la deuda externa del Perú para convertirlo en un Fondo para programas de escolarización en el país, hecho que ayudará en la lucha contra la pobreza y las causas de la violencia vividas en el Perú. También han hecho acuerdos con el Perú sobre extradición que apoya la lucha contra la impunidad y dando mayor impulso a las relaciones bilaterales. La resolución (www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/documentos/parlam_italian.pdf ) ha sido impulsada por un grupo de ONGs italianas (Terra Nuova, Mlal, ASPEm, Observatorio SELVAS, GVC) y varias organizaciones de la sociedad italiana que trabajan desde hace más de 20 años en el Perú en favor de su efectiva democratización como nación pluriétnica y multicultural. Como dicen ellos, su “manera de “hacer cooperación” es entenderla y practicarla como expresión de solidaridad y de un intercambio entre el Norte y el Sur del mundo para que sea un espacio de ciudadanía y opción de justicia,” y desde esta perspectiva han considerado necesario apoyar el proceso post CVR. Señalan que la reconciliación solamente va a estar asegurada con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas que las recomendaciones pretenden promover. Este grupo ha señalado que va a mantenerse vigilante para que el gobierno italiano cumpla con su promesa y utilice todas las herramientas necesarias para promover la memoria histórica, la reconciliación nacional, la dignificación de las víctimas y las reparaciones. Esperan que esta iniciativa del gobierno italiano y el Fondo Italo-Peruano puedan servir para estimular más respuestas de la sociedad peruana (MENSAJERO PERUANO Nº – 62 Fórum Solidaridad Perú, 20 de Julio de 2004).

El presidente Alan García calificó de «exageración judicial» el pedido de arresto de la justicia italiana (diciembre de 2007) del ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), quien es acusado de apoyar un plan represivo que terminó con la desaparición de 25 italianos en una operación coordinada por gobiernos latinoamericanos hace tres décadas. Sería interesante saber si el presidente Humala va a autorizar la extradición del ex presidente Morales Bermúdez…

También el Parlamento Europeo está pendiente del proceso al ex Presidente Fujimori.

El juicio a Fujimori fue comentado por una representación de eurodiputados, encabezada por Mónica Frassoni (www.monicafrassoni.eu ), copresidenta del Grupo de los Verdes (EFA), que dirigió una carta abierta a las autoridades para felicitarlas por la celebración del proceso por delitos de lesa humanidad.

«Los eurodiputados abajo firmantes consideramos que, tanto la extradición de Fujimori de Chile a Perú, como su juicio por corrupción, homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, son pasos importantes en la lucha contra la impunidad y el mejor respeto de los derechos humanos», afirmó la carta firmada también por Helene Flautre, Presidenta de la Comisión Derechos Humanos (Verdes), por Helmuth MARKOV Presidente de la Comisión de Comercio Internacional (Gue-Ngl – http://www.guengl.eu ) y Raul Romeva, vicepresidente de la Comisión sobre derechos de la mujer, difundida por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Cayo Lara y el europarlamentario Willy Meyer (Gue-Ngl – http://www.willymeyer.es ) han felicitado a Ollanta Humala porque «el pueblo peruano haya confiado en vuestro programa que pretende distribuir la riqueza para acabar con las desigualdades sociales e incorporar a Perú en el proceso de integración regional». Para Izquierda Unida IU el apoyo del pueblo peruano demuestra su confianza en Gana Perú para conseguir «una sociedad más justa, más solidaria y en paz». Con esta carta IU reitera su compromiso de colaboración entre ambas organizaciones y su disposición para «cualquier cuestión que se nos demande en relación a los intereses peruanos en España y en Europa» (http://www1.izquierda-unida.es/node/8934 ).

Lucha antidroga

Perú buscará fortalecer la cooperación con los países vecinos para lograr un control más eficiente en la lucha contra el narcotráfico, el nuevo presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón miembro del equipo de Drogas y Democracia del Transnational Institute. Debemos “fortalecer y utilizar todos los instrumentos de cooperación a nivel policial, judicial y administrativo para lograr un eficiente control de las drogas”, sostuvo. Perú, junto a Colombia y Bolivia (ver report “Bolivia lucha en contra del narcotráfico”, publicado por el Observatorio Drug Law Reform – TNI y Wola http://www.druglawreform.info/es/sala-de-prensa/ultimas-noticias/item/1136-bolivia-lucha-en-contra-del-narcotrafico ), es uno de los países de la región andina con mayor área de cultivos de coca, cuya hoja es el insumo principal para la elaboración de cocaína, que aumentó en los últimos años, según organismos internacionales. Soberón destacó además la necesidad de tender puentes con los espacios de cooperación internacional, particularmente con Europa, Estados Unidos y Naciones Unidas.

El asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, consideró que la política antidroga aplicada en el Perú durante los últimos años ha sido un fracaso, y sólo logró que crezca la producción de cocaína y con ello el narcotráfico. “Antes la estrategia trajo muchos muertos, conflicto social permanente, toma de carreteras y puentes. Hay que cambiar para reducir los cultivos de coca, antes no se hizo, solo se logró que crezca la producción de cocaína, nos ha llevado a un gran error que favorece al narcotráfico”, sostuvo en declaraciones a Canal N. Asimismo, respaldo el trabajo que viene realizando hasta la fecha Ricardo Soberón, a quien calificó como una persona “calificada”, destacando su trabajo con las Naciones Unidades para enfrentar la problemática del narcotráfico. Por otro lado, consideró que es un hecho improbable que se vaya a producir una paralización de cocaleros, pues “se va a dar el camino del diálogo y concertación”.

“El Ministerio del Interior está haciendo las labores correspondientes para ver la estrategia que está en curso, que supone erradicación dentro de una concepción integral, distinta a la fracasada en los últimos años. La negociación con los productores de hoja de coca debe incluir un mayor impulso a los cultivos tradicionales, dentro de un marco de paz social”, agregó al diario La República en su edición del 5 de septiembre.

Amira Armenta, experta del Transnational Institute TNI de Ámsterdam, comenta que “la decisión del nuevo Gobierno peruano de suspender provisionalmente las erradicaciones de coca desató la semana pasada una fuerte polémica en el Perú. La medida no fue, sin embargo, sorprendente. Durante su campaña presidencial Ollanta Humala expresó claramente sus dudas respecto a las erradicaciones forzadas de la coca, una estrategia que se viene aplicando desde hace muchos años en el país y que no ha producido resultados positivos. La superficie sembrada de coca ha aumentado considerablemente. Una suspensión y revisión de la política parecía ser lo más obvio. Lamentablemente el tema de las erradicaciones de cultivos de uso ilícito está hoy altamente politizado. No sólo en el Perú sino en todos los países del mundo en donde se produce este tipo de cultivos y se implementa esta estrategia. Esta politización no permite ver los argumentos que sustentan la necesidad de ponerle fin a la erradicación forzada y de comenzar a poner en marcha alternativas de desarrollo que incluyan una erradicación gradual y concertada con las comunidades. No permite ver que la erradicación sólo puede ser exitosa cuando los programas alternativos estén en capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población local. Si este no es el caso, como evidentemente no lo es en las regiones cocaleras del Perú en donde se viene aplicando desde hace años esta política, entonces los Gobiernos están condenados a seguir implementando un fracaso. Con los costos que éste comporta. Esto es lo que ha intentado comenzar a cambiar el nuevo presidente peruano y contra lo cual se han expresado diversos sectores. Muchas de las críticas que recibió Ollanta Humala cuando anunció la suspensión de las erradicaciones señalaron particularmente sus simpatías hacia grupos cocaleros presentándolos como grupos criminales. Aunque es cierto que mucha de la coca se desvía hacia el narcotráfico, lo que de hecho aproxima al cocalero a la delincuencia, antes que con el castigo al campesino cocalero el problema se resolvería ofreciéndole una respuesta que le permita vivir sin tener que recurrir a una actividad ilícita (http://www.tni.org/es/article/per%C3%BA-un-nuevo-gobierno-una-nueva-pol%C3%ADtica-de-drogas).

La asesora principal de Washington Office on Latin America (WOLA), Coletta Youngers, consideró inteligente que en Perú se reevalúe la estrategia de lucha antidrogas, centrada en la erradicación forzada de la hoja de coca, ante el evidente fracaso de esa política. Indicó que a lo largo de la última década esa estrategia no ha permitido obtener resultados positivos en el combate contra el narcotráfico.

“Creo que ha sido una decisión muy inteligente de reevaluar la política de erradicación de coca, porque toda esta política no ha rendido frutos. En la última década, la cantidad de coca sembrada en Perú casi se ha duplicado, no obstante la política de erradicación”, manifestó (http://www.druglawreform.info/es/quienes-somos/en-la-prensa/item/2734-wola-considera-inteligente-reevaluar-estrategia-antidrogas-centrada-en-la-erradicacion).

En el verano de 2005, el Transnational Institute TNI de Amsterdam y la Ong italiana Movimiento Laico para América Latina MLAL editaron y publicaron cuatro ensayos sobre la coca en el Perú realizados por cuatro peruanos expertos en políticas de drogas. El resultado fue el libro «Hablan los diablos», impreso por la editorial Abya Yala, en Quito. Después de más de una década de análisis, evaluación y crítica de la política de drogas del Gobierno peruano -cuyo fracaso volvió a quedar comprobado con los resultados de las últimas estadísticas provistas por Naciones Unidas- cuatro expertos –Hugo Cabieses, Baldomero Cáceres, Róger Rumrill y Ricardo Soberón- terminaron convirtiéndose en verdaderos ‘diablos’ del tema de las drogas para las entidades oficiales antidrogas. La aparición del libro (ver reseña del Observatorio Selvas http://alainet.org/active/9423 ) en aquel momento no debió pasar desapercibida para las autoridades. Buena parte de la edición ‘desapareció’ en los almacenes de la Aduana peruana cuando se intentaba introducirla al Perú… (http://www.tni.org/es/node/65112 ).

Voy a concluir este artículo uniéndome a los muchos merecidos homenajes hechos a Carlos Iván Degregori. Degregori destaca por una mirada lúcida, que valora la democracia como régimen, que propone a la izquierda la tarea de persuadir al pueblo entroncándose con sus tradiciones nacionales, y de deslindar con senderismo. Sus investigaciones fundamentan estas orientaciones, mostrando un país en el cual la modernización y las ansias de progreso son claves, en el cual la población andina opta masivamente por exigir una incorporación plena a la comunidad nacional, donde es central la demanda por reconocimiento tanto de su identidad cultural como de sus derechos económicos, sociales y políticos. Sendero Luminoso aparece como la negación de ese proceso: como un proyecto fundamentalista, totalitario, anticampesino. El camino de un Perú en proceso de democratización queda trunco con el giro autoritario de Alberto Fujimori a pocos meses de llegar al gobierno en 1990, aunque a partir de la captura de Abimael Guzmán Sendero Luminoso se derrumbara rápidamente. Degregori entonces escribió para demostrar la verdadera razón de la derrota de Sendero, gestada desde las rondas campesinas, lo que lo llevó a preocuparse por el tema de la memoria, su construcción, sus usos. Denunció al fujimorismo en sus intentos de presentarse, tergiversando la historia, como salvador de la patria, lo que lo llevó a investigar y denunciar sus arbitrariedades, mentiras, manipulaciones. Todo esto lo preparó para ser protagonista en la redacción del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y luego de ser perito en el juicio contra los crímenes perpetrados durante el gobierno de Fujimori, organizados desde la cúpula del poder.

Hacer memoria y buscar justicia como nos ha enseñado el maestro Carlos Iván Degregori significa exigir al Presidente Humala que cumpla sus compromisos a favor de la defensa de los derechos humanos en Perú.

Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica en el puente con Europa. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.

Publicado por ARGENPRESS

Lecciones para el endeudamiento externo: Perú mejora competividad mundial

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Jorge Zavaleta Alegre (especial para ARGENPRESS.info)

El Informe de Competitividad 2011-2012 del Foro Económico Mundial (World Economic Forum-WEF), señala que el Perú escaló seis puntos en el Ranking Global. Ha pasado del puesto 73 al 67 entre 142 economías, añade el Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Balance positivo en tanto condiciona la eficiencia como elemento clave para la competencia. En esta ruta, el país podría consolidar mejores resultados en el manejo del gravamen para la minería por 3 mil millones de soles y financiar los programas sociales anunciados.

Igual camino si nos referimos para Pensión 65. Aumentos del sueldo mínimo vital y del presupuesto para la Educación. Aplicación de la Ley 29785 que restablece el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio de la OIT. Cumbre Antidrogas 2012, con la anunciada participación de los EEUU y de la Unión Europea, corresponsables del mayor consumo de droga en el planeta.

También se consideran fortalezas del país el crecimiento de la economía, la estabilidad macroeconómica, el sistema bancario y la apertura de mercado. Y entre los aspectos más problemáticos aparecen la corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental, las regulaciones tributarias, la restrictiva legislación laboral y la inadecuada infraestructura.

Para ayudar a corregir el BID, ofrece para este año más de 700 millones de dólares. Respecto a esta oferta, como lo recuerda la SNI, el Perú tiene serios desbalances en cuanto a independencia del Poder Judicial, al ocupar los últimos puestos del ránking, igual que los países africanos.

Esa sola banca multilateral, durante la década del 90 y en menor proporción durante el régimen anterior, endeudó al país en más de mil millones de dólares por año, para desarrollar, entre otros, programas de reconversión laboral, rehabilitación de la Panamericana y otras vías, modernizar el Poder Judicial, Aduanas, Parlamento y otras instituciones.

Una evaluación pública de esos recursos nunca se ha realizado. La transparencia no es tan elocuente entre las multilaterales. Las carreteras de los 90 en muchos tramos ya fueron inservibles antes de terminar el II Milenio. El crédito sindicado para la exportación del gas de Camisea, el apoyo a la modernización de la Justicia y auxilio a dos bancos privados ya desaparecidos, entre otras, son operaciones que deben ser revisadas.

Los módulos de Justicia en las principales capitales departamentales para descentralizar la administración, constituyen lecciones muy ilustrativas. Basta acercarse a uno de esos cómodos edificios, y uno se encuentra con placas inaugurales, en las cuales todos los que suscriben están prófugos, presos o han fallecido. Y en la otra cara, no pocos funcionarios responsables de esa supervisión, ocupan puestos destacados en la sede de la multilateral. En Washington DC, como afirma el Nobel Joseph Stiglitz,”se atiende la misma tradición de gran parte de países latinoamericanos”, en tanto proyectos de educación, como en La Rinconada de Puno, solo han consolidado la informalidad aurífera, la pobreza y hasta la muerte de familias, incluyendo humildes “consultores”.

El endeudamiento público 2011 comprende, según el BID, recursos para proseguir segundas etapas en cambio climático, gestión de riesgos, nueva matriz energética y saneamiento. También productividad y competitividad en general, inversión en Sedapal, desarrollo infantil, ciencia y tecnología, residuos sólidos, seguridad ciudadana y apoyo a gestión de subnacionales. Una línea contingente para emergencias por desastres naturales. Para la empresa privada, figuran los sectores financiero, infraestructura, transporte, energía y pequeñas y medianas empresas.

En palabras del ex canciller uruguayo Enrique Iglesias, ex presidente del BID y ahora representante de la Cumbre Iberoamericana, “las multilaterales no han tenido la capacidad y el coraje para alertar la gran crisis financiera de los EEUU y sus efectos en el planeta”. Todavía es tiempo.

Publicado por ARGENPRESS

Ecuador: Algunas precisiones respecto a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

viernes 9 de septiembre de 2011

 

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

En el foro que sobre la regulación de la competencia empresarial en Ecuador y Latinoamérica, organizara la Pontificia Universidad Católica y la consultora Prófitas, realizado el día de ayer, miércoles 7 del mes y año en curso, ponentes y entrevistados han expuesto una serie de acotaciones al proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, las que merecen atención, sea por su falta de rigurosidad académica, por el desconocimiento del tema o por constituir simples expresiones en defensa de los intereses privados sobre los públicos. Examinemos cuáles son esas posiciones y las precisiones que ameritan.

1. El profesor Pablo Dávalos, según lo difunde el diario El Comercio habría afirmado: «Mis críticas van hacia la forma como se ha estado denominando a la ley. Esta no es antimonopolio porque de ninguna manera se busca restringir los monopolios en el país. El objetivo de la norma es diferente, es decir, busca regular las prácticas de abuso del poder del mercado, las que pueden afectar al consumidor. Lo que hace la ley es controlar las prácticas de los grupos que tienen una alta concentración» . Aseveración crítica totalmente pertinente respecto a la denominación utilizada por los medios de comunicación social y los gremios empresariales o empresarios en particular, los cuales, en el afán de crear una opinión pública adversa al proyecto de ley, hacen uso de tal incorrecta denominación, puesto que la que corresponde es Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Siendo esto así, la tesis del profesor Dávalos es totalmente adecuada, ya que a su conocimiento no escapa que en tanto el proyecto de ley opera a nivel de la política económica, el problema de la monopolización atiende la economía política, esto es que los dos temas se inscriben en niveles de abstracción totalmente diferentes, por lo que en tanto el proyecto hace a acciones volitivas, la monopolización lo es a la esencia, es consubstancial a la formación económica y social capitalista, por lo que, de ninguna manera, pueden inscribirse como sinónimos. Bien por la rigurosidad de Pablo Dávalos. Muy mal por los medios de comunicación social, quienes insisten en este desafuero.

2. La aseveración del profesor Dávalos, tiene un segundo componente con el cual hemos de discrepar. Efectivamente Pablo Dávalos afirma que: » Esta no es antimonopolio porque de ninguna manera se busca restringir los monopolios en el país». Aseveración que no se compadece del contenido del proyecto de Ley si estudiamos con atención lo establecido en la Sección 4 que trata, precisamente sobre la concentración económica. Artículos en los cuales se establece cuales son las operaciones de concentración económica que requerirán de una Resolución previa y obligatoria de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Resoluciones que deben negar las operaciones que posibiliten la creación de una posición de dominio del mercado o el fortalecimiento de posiciones existentes de dominio del mercado. La aseveración de Pablo Dávalos igualmente no procede si se analizan las reformas contenidas en las Disposición Vigésima Quinta, numerales 3, 4 y 5. O en la Disposición Vigésima Sexta. Disposiciones respecto a las cuales han manifestado su desacuerdo los gremios de empresarios, banqueros y medios de comunicación social, precisamente por la afectación que producirá a sus posiciones concentradoras y, en algunos casos, monopólicas.

3. El señor Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, en referencia al poder de mercado y dominio de mercado, sostiene: “A nuestro juicio los dos significan la misma cosa. Pero la distinción que plantea la ley confunde y crea un ámbito de posible discrecionalidad al aplicar la norma, lo que generará un ambiente de inseguridad”. Tesis, en este caso, totalmente errónea. Efectivamente, en tanto la posición de dominio del mercado dice al mayor o menor nivel de monopolización en un sector o actividad de producción o de servicios, el poder de mercado, si bien puede ser generado por ese grado de monopolización, no es única y exclusivamente dependiente de esta condición para ejercer su poder de mercado, el cual, en consecuencia, puede responder a una serie de condicionamientos, como por ejemplo el ser el único demandante, como lo establece el artículo 6 del proyecto de Ley. En consecuencia, el Presidente de la Cámara de Industrias y Producción, por el desconocimiento que manifiesta sobre el tema, debería abstenerse de referirse al mismo, sin un previo estudio de la materia que trata el proyecto de Ley. A meneos que sus expresiones tenga intenciones políticas relacionadas con la mantención del statu quo.

4. La representante de la Tribuna del Consumidor, María Troya, incurre en el mismo error del señor Pablo Dávila, al expresar que: «La Asamblea tiene que explicar de mejor forma el tema de poder de mercado y de posición de dominio. Ambos términos teóricamente existen, pero hay que aclarar si ambas cosas implican lo mismo o son diferentes. Además, hay que revisar mejor los elementos sobre el abuso del poder del mercado y de posición de dominio…». La diferencia respecto a la posición del señor Dávila radica en que otorga el derecho a la duda si son o no iguales esos dos conceptos, lo que parece derivarse más de una falta de conocimiento del tema antes que a deficiencias en el contenido de la Ley. Circunstancia que debe preocupar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, puesto que si quien representa a la Tribuna del Consumidor que ha venido operando desde años atrás no logra discernir los contenidos de la Ley, resulta imperativo desarrollar una campaña pedagógica de explicación conceptual, para un mejor entendimiento de la ciudadanía, lo que, adicionalmente, impedirá que se manipule a la opinión pública, como ya se atisba si se lee con atención las agendas informativas y la esfera de opinión de los medios de comunicación social.

5. Los medios de comunicación social, entre estos el diario El Comercio, igualmente atropella a la teoría económica cuando afirma: «El poder del mercado se define como la capacidad de una empresa para influir dentro de un mercado relevante, mientras que la posición de dominio significa, de acuerdo al Gobierno, el porcentaje del total de ventas de una empresa en el mercado relevante». El error, en este caso, dice a confundir el indicador (venta de productos o prestación de servicios) con el concepto dominio de mercado. Efectivamente como en forma clara lo señala el proyecto de Ley en el artículo 2, último párrafo: «A efectos de la presente Ley, se entiende por volumen de negocios total de uno o varios operadores económicos, los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por los mismos, durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre el valor agregado y de otros impuestos al consumidor final directamente relacionados con el negocio» . Ante errores como el mencionado, sería prudente que los medios revisen acuciosamente los temas que tratan, en cumplimiento de la norma de conducta, deontológica que exige, impone, difundir información veraz, verificada y objetiva.

6. El técnico peruano en competencia, Alejandro Falla ante la pregunta: ¿Cómo se garantiza que la autoridad que controlará los abusos de los monopolios no sea influenciada por intereses políticos o económicos? formulada por el diario El Comercio, responde: «Tiene que ser independiente. La Ley Antimonopolio es un instrumento con armas muy poderosas y un garrote muy fuerte que no puede ser puesto en manos de alguien que dependa de poderes políticos. Los estilos varían de país a país. En algunos casos hay entidades absolutamente autónomas, que incluso no dependen ni del Presupuesto del Estado». Sin embargo de lo terminante de su afirmación a renglón seguido informa que en su país, Perú, la designación de los miembros de la Junta de Regulación la hace el Presidente de la República, lo que igualmente ocurre en Estados Unidos (con ratificación del Senado), que en Chile es el Banco Central el que evalúa a los cuatro miembros. Por cierto omite que en Europa este tipo de organismos dependen del Ejecutivo, por razones claras: se trata de regular y controlar a los operadores económicos privados y públicos, acción que sólo puede desarrollar la Función Ejecutiva, puesto que es esta instancia la que en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 141, segundo párrafo corresponde: la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales. Políticas de las que, innegablemente, formarán parte las establecidas en el proyecto de Ley en estudio.

7. El Asambleísta Rafael Dávila, de acuerdo a la información difundida por el diario El Comercio habría expresado una crítica al artículo 33 del proyecto, coincide, olvidando el contenido del artículo 141 de la Constitución antes citado, con el abogado Alejandro Falla, por lo que habría propuesto: «… que en lugar de la Junta se incluya un cuerpo colegiado, que también sea una instancia de apelación». En este caso a más del desconocimiento manifiesto respecto a la disposición constitucional, y la facultad que se establece en el proyecto de ley para adoptar políticas públicas, vale preguntar al Asambleísta Dávila, cual es el cuerpo colegiado que constitucionalmente está autorizado para emitir políticas públicas. Pero más allá de ello, afirma que: «El tema se vuelve discrecional porque la autoridad reguladora deberá tener la sabiduría para saber cuándo una decisión empresarial atenta o no a la competencia”. Aseveración que resulta insostenible si se reconoce que las conductas que constituyen abusos de poder se hallan establecidas en forma explícita en el artículo 8 (26 casos), que los abusos de posición de dominio se exponen en el artículo 9 (4 casos), los acuerdos y prácticas restrictivas en el artículo 10 (20 casos), en tanto las operaciones de concentración económica se exponen en el artículo 13 (5 casos), y, las relacionadas con prácticas desleales en el artículo 25, lo que elimina el supuesto alto grado de discrecionalidad que el Asambleísta Dávila dice contener el proyecto de ley. Adicionalmente, vale recordar que la «sabiduría» a la que hace referencia el Asambleísta Dávila, deviene de la práctica que es común en el tipo de organismos de: investigar la veracidad de las denuncias que fueren puestas a su consideración, por lo que las decisiones del Superintendente son motivadas, claro está luego del proceso establecido en el Capitulo V, De los Procedimientos.

8. Por lo antes dicho y a forma de conclusión, hemos de mencionar que lo antes expuesto, no sólo tiene la intención de advertir sobre las deficiencias teóricas que luce la oposición y los medios de comunicación social. Tiene por objetivo advertir que este y otro tipo de eventos, que los pronunciamientos de los directivos de los gremios privados y de los intelectuales funcionales al poder económico y financiero, y la información claramente parcializada de los grandes medios de comunicación social, tienen un claro objetivo: conformar una opinión pública contraria a la aprobación del proyecto de Ley, en el objetivo de mantener inalterado el poder económico que detentan o al cual sirven; de impedir el avance de la transformación por la cual se ha manifestado y manifiesta mayoritariamente el pueblo ecuatoriano.

Publicado por ARGENPRESS