«Ni seguridad, ni derechos»; HRW presenta informe sobre abusos militares

Difusión Cencos México D.F., 9 de noviembre de 2011

Extracto de informe
HRW

Han transcurrido casi cinco años desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada en México. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la violencia. Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010. El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico.

Este incremento alarmante de la violencia ha sido consecuencia, en gran parte, de la rivalidad entre poderos carteles que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades lucrativas ilícitas, como la trata de personas, así como de enfrentamientos internos entre sus propios miembros. Estas organizaciones han cometido graves delitos contra integrantes de bandas rivales y también contra miembros de las fuerzas de seguridad. Sus actividades ilícitas también han afectado prácticamente todas las esferas de la vida pública, e incluyen las más variadas modalidades, como extorsión de pequeñas empresas, bloqueos de las principales autopistas, cierre de escuelas, toques de queda nocturnos, secuestros en masa y asesinatos de funcionarios públicos. Han apelado a demostraciones públicas de violencia —desde dejar cabezas de personas decapitadas en plazas públicas hasta colgar cuerpos mutilados de puentes sobre carreteras— con el fin de infundir el terror, no sólo entre sus rivales, sino también en la población general. Han tenido un profundo impacto en la sociedad mexicana.

El gobierno de México tiene el deber de adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos frente al delito; y cuando estos sean víctimas de la delincuencia, el gobierno tiene la obligación de asegurar que el sistema de justicia penal funcione de manera adecuada para brindarles recursos efectivos. Cuando el Presidente Calderón asumió en 2006, heredó un país donde los carteles consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad —militares y civiles— tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función.

En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una “guerra” contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país. Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los carteles mediante el uso de la fuerza.

Actualmente, más de 50.000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México. En los lugares donde se han desplegado estas fuerzas, los soldados han asumido varias de las responsabilidades propias de la Policía y de los agentes del Ministerio Público —como patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre organizaciones delictivas—. A su vez, se ha reducido el control civil de las actuaciones militares. A los operativos de las Fuerzas Armadas se han sumado miles de miembros de la recientemente reconstituida Policía Federal y más de 2.200 fuerzas policiales distintas de los estados y los municipios, si bien la cooperación entre estas fuerzas de seguridad es a menudo limitada o superficial.

¿Cuál ha sido el desempeño de las fuerzas de seguridad? Hace dos años, Human Rights Watch se propuso responder a este interrogante. Para ello, realizamos investigaciones exhaustivas en cinco estados profundamente afectados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Se efectuaron más de 200 entrevistas a un amplio espectro de funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad, víctimas, testigos, defensores de derechos humanos y otros actores. También se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de pedidos de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones de derechos humanos, además de otras pruebas.

Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país.

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Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan formalmente a la PGR y a la PGJM que sus casos sean investigados en el fuero civil

Difusión Cencos México D.F., 28 de julio de 2011

Boletín de prensa
Tlachinollan

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú demandan formalmente a la PGR y a la PGJM que sus casos sean investigados en el fuero civil en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de la reciente determinación de la SCJN.

En conferencia de prensa, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, y Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer las acciones tomadas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú para exigir que las investigaciones abiertas por la violación sexual y tortura perpetrada en contra de ambas por elementos castrenses sea remitida al fuero civil.

Durante la conferencia de prensa, ambas mujeres me’phaa y las organizaciones que acompañan su búsqueda de justicia hicieron públicas diversos documentos presentados el día de hoy.

En primer término, dieron a conocer un escrito dirigido a la Lic. Maricela Morales, Procuradora General de la República (PGR), en el cual, haciendo valer la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandan a dicha dependencia que a la brevedad pida a su homóloga militar la remisión de las averiguaciones previas relacionadas con sus denuncias, señalando que no pueden continuar en el fuero militar.

En segundo lugar, difundieron un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), mediante el cual invocando también la determinación del Máximo Tribunal mexicano, exigen que el órgano castrense de procuración de justicia deje inmediatamente de seguir integrando las averiguaciones previas iniciadas tras la denuncia de las mujeres me’phaa, de modo que éstas sean remitidas al fuero civil inmediatamente.

Durante la conferencia de prensa, se reiteró que la remisión al fuero civil de las investigaciones relacionadas con los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú pone a prueba la trascendencia de la reciente determinación de la SCJN, así como la congruencia del Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acatar las interpretaciones del Máximo Tribunal mexicano.

En ese sentido, se insistió en que a más de 8 meses de que la Corte Interamericana ordenó al Estado Mexicano que las investigaciones fueran trasladas a la PGR, hasta ahora ha prevalecido en el fuero militar.

Por eso, se señaló, connotadas organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), La Organización para el Futuro Mixteco, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red Gro.), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ),la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT, conformada por 72 organizaciones en 23 estados de la República) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), ARTICULO XIX y Amnistía Internacional (AI), suscribieron el posicionamiento dado a conocer, enfatizando que de seguir en el fuero militar los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú quedaría probado que el Ejecutivo elude sus obligaciones internacionales y la determinación de la Suprema Corte para encubrir la impunidad castrense.

Exigimos que el marco del acuerdo del convenio firmado por las autoridades el 15 de marzo, para el cumplimiento de las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, las investigaciones sean remitidas al fuero civil. Recordamos que en dicho evento, la representación estatal estuvo a cargo de, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de J. Zamora Castro del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, quien ha fungido como coordinador de la implementación de las sentencias, así como el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; el Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera; el Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ricardo Celis Aguilar Álvarez.De

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Minuta de la reunión de instalación

Demada presentada ante la Procuraduria General  de la República (PGR)

Demada presentada ante la Procuraduria General de Justicia Militar (PGJM)

Audio de la Conferencia de Prensa

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Román Hernández
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

El Estado mexicano, obligado a castigar a militares por vía civil

martes 19 de julio de 2011

 

Anayeli García Martínez (CIMAC)

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de restringir el fuero de guerra en casos de violaciones a Derechos Humanos (DH) de civiles, es un precedente relevante para los casos que se encuentran en tribunales militares y para el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En entrevista desde Costa Rica, Agustín Martin, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), aseveró que la resolución de la SCJN reafirma que investigaciones como la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cometida por soldados en 2002, debe continuar en la jurisdicción civil y no en la militar.

El abogado de Cejil, organización que litigó ante el sistema interamericano tres de los cuatro casos sentenciados por el tribunal regional, advirtió que no se debe perder de vista que con esta resolución se reafirma que las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio y que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben acatarlas.

“Más allá de cualquier reforma constitucional o decisión de la Suprema Corte o de cualquier órgano, México esta comprometido por los tratados internacionales; no obstante, los actos internos que refuerzan esa obligatoriedad son un paso importante”, afirmó el abogado al referirse a la discusión de los ministros mexicanos.

Dijo que la decisión de la SCJN es importante, aunque aclaró que hubiera sido relevante que también se consideraran obligatorios los criterios del tribunal regional en otros casos, porque “si un Estado se comporta de forma contraria a lo que marca la Convención Americana de Derechos Humanos, compromete sus responsabilidades internacionales”.

Observó que si bien para las organizaciones no había debate sobre la obligatoriedad de las sentencias, fue importante que los ministros aclararan este punto y celebró la decisión que, indicó, aún mantiene a la expectativa a las agrupaciones que acompañan a las víctimas, ya que falta ver su operatividad práctica, es decir, que los casos comiencen a ser juzgados en la jurisdicción civil.

Uno de estos es el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas por militares en marzo y febrero de 2002, respectivamente. A más de nueve años de distancia, ambas mujeres no han encontrado justicia en la jurisdicción castrense.

Agustín Martin agregó que en el actual contexto mexicano, aún quedan pendientes por cumplir la reforma al Código de Justicia Militar y la implementación de políticas de seguridad que prioricen los DH. Recordó que de acuerdo con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, las fuerzas armadas no deben hacer labores de policía civil.

Finalmente explicó que esta resolución y otras medidas que el Estado mexicano adopte, abonaran para que en el futuro los casos sean directamente tratados en el ámbito civil, tal y como lo señalan las sentencias de la CoIDH en dos casos de violación sexual, uno de tortura y detención arbitraria, y otro de desaparición forzada (el caso Rosendo Radilla), el cual fue analizado en particular por el alto tribunal mexicano.

Publicado por ARGENPRESS

México: 17 militares violadores siguen sin castigo. Caso Castaños a punto de ir ante la CIDH

martes 12 de julio de 2011

Sofía Noriega (CIMAC)

A cinco años de ocurrido, el caso Castaños aún no concluye, los inculpados y las víctimas están en espera del fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por quienes recibieron condenas por la violación tumultuaria contra mujeres en condición de explotación sexual comercial.

El 11 de julio del 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar El Golfo Pérsico en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, vivieron una pesadilla al ser atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Sandra de Luna, defensora de las ofendidas, espera a que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades, una de las cuales permitió que el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de mayor rango que participó en la violación, esté prófugo de la justicia.

“Ellas están conscientes de que hubo violación a sus garantías individuales, como lo refleja el caso de Ludivina Hernández, a quien al igual que a sus compañeras, no se le dio la píldora del día siguiente y como resultado del ataque quedó embarazada”, explicó la abogada.

Agregó que desde un inicio, en el trato de los agentes de la Fiscalía General del Estado hacia las víctimas, no hubo perspectiva de género, hicieron comentarios misóginos y sus actitudes fueron despectivas hacia los graves acontecimientos sufridos por las mujeres. “Por ejemplo, a una de las mujeres que denunció violación oral el ministerial le respondió que eso en lugar de un delito era un deleite”.

De Luna indicó que después del abuso, las circunstancias fueron muy ríspidas para las agredidas, no sólo por parte de las autoridades del fuero común, sino también de los medios de comunicación que hacían referencia a ellas en forma humillante y por las amenazas que recibieron de sus agresores.

Ante la CIDH, la defensora dijo que se pretende señalar los abusos, negligencia y omisiones de la Fiscalía General de Coahuila, del Tribunal Superior de Justicia estatal, la Sedena y del gobierno federal.

En lo referente a la Sedena, dijo, ha sido evidente la protección que la dependencia ha brindado a dos elementos que no han sido aprehendidos.

La presunción sobre la protección de la Sedena hacia los miembros que formaron parte de estos hechos, es que de los 20 militares que llegaron al centro nocturno El Golfo Pérsico, se logró la captura de ocho elementos, pero sólo cuatro recibieron condenas.

Sandra de Luna recordó que Omar Alejandro Fuentes Rangel, luego de recibir sentencia de 41 años, obtuvo en segunda instancia una pena de 15 años. Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández obtuvieron la absolución en segunda instancia.

El subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas fue absuelto en primera instancia, debido a que Wendy, una de las mujeres atacadas, se retractó de sus declaraciones que lo implicaban en el asalto sexual, aunque la defensa de las víctimas hizo valer la primera declaración testimonial.

Francisco Vargas fue sentenciado finalmente a 18 años de cárcel aunque no ha sido localizado por las autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión.

“En la segunda instancia, el tribunal de circuito determinó que Vargas era responsable del delito de violación y el beneficio que le había sido otorgado a través de una sentencia absolutoria en primera instancia por el juez Iradier Huerta Medrano fue revocado”, dijo la abogada.

Agregó: “Norberto estaba trabajando en el Ejército, y al momento que se entera de su nueva situación judicial se da a la fuga, por ahora se hace una búsqueda a través de todas las procuradurías en toda la República Mexicana”.

Para Sandra de Luna, a pesar de la supuesta disponibilidad de la Sedena para que sus elementos recibieran todo el peso de la ley, hubo protección hacia los inculpados, al menos en el caso del subteniente Vargas, quien al momento de la agresión en la zona de tolerancia de Castaños, era el de mayor rango.

En tanto, Juan José Gaitán Santiago, con sentencia de 41 años de prisión por haber participado en seis violaciones, espera ser beneficiado para reducir su condena a través de la resolución de un juez federal.

Desparaece la zona de tolerancia

Debido a la presencia del crimen organizado, desde hace un año desaparecieron los dos salones de baile en la zona de tolerancia de Castaños, Las Playitas y El Golfo Pérsico.

Ahora las mujeres de Castaños han tomado diferentes rumbos: dos de ellas se autoemplearon, tres ya están casadas, otras dos fueron capacitadas en computación y dos más trabajan en bares de la ciudad de Monclova. El resto se fue a vivir a otras ciudades con el apoyo de sus familiares.

“De las 14 mujeres que sufrieron violación por parte de los militares, dos continúan en los bares, el resto se negó a seguir en el oficio en el que estaban”, comentó la defensora.

En el caso de Ludivina Hernández, quien tuvo a una hija producto de la violación, declinó iniciar cualquier trámite de pensión alimenticia porque no quiso que se generaran derechos y obligaciones por parte de su agresor.

El daño emocional no se les va a olvidar jamás, por eso la mayoría optaron por alejarse de su anterior vida; quizá lo que aprendieron fue su valía como mujeres y ciudadanas con derecho a la justicia.

“Ellas tenían la creencia que por ser sexo servidoras no las iban a tomar en cuenta, muchos actores sociales se movilizaron como instituciones de gobierno y de la sociedad civil”, destacó.

A su parecer, el de Castaños es el primer caso en América Latina donde se castigó a miembros del Ejército en tribunales civiles, lo cual sienta un precedente. Indicó que las afectadas no quedaron del todo satisfechas debido a que los inculpados no recibieron las penas máximas y no se tomaron en cuenta todas las agravantes.

Retrocesos

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que el caso Castaños haya sido la excepción, con respecto a aplicar la justicia civil a militares que cometen faltas y abusos contra la población.

El reclamo y la defensa que hicieran diversas organizaciones a nivel nacional, entre las que destaca la Diócesis de Saltillo, que encabeza Vera, puso en la palestra la necesidad de que los militares fueran juzgados por lo civil.

Para el obispo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón.

El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia, dijo, es el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles. “Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”, indicó el obispo.

Añadió: “Bajo el régimen político anterior hubo una respuesta bastante seria y positiva de que pusieran a los militares violadores y torturadores de estas mujeres en manos de la justicia civil”.

Pero en cuanto llega Calderón, señaló el obispo, todo se fue para atrás, el juez Hiradier Huerta “acabó haciendo una caricatura de juicio”.

Publicado por ARGENPRESS

Gobierno Federal instala mesas de trabajo para cumplir las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina

Dilo

Difusión Cencos México D.F., 17 de marzo de 2011

Boletín de prensa
Kambaxo Xuaji Guini Mepha·a / Tlachinollan

El día de hoy a las a las 10:30 se llevó a cabo en el Salón Juárez, de la Secretaría de Gobernación el acto protocolario de instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En el acto estuvieron presentes la Señora Inés Fernández Ortega y la Señora Valentina Rosendo Cantú, acompañadas por integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La representación estatal estuvo a cargo de, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de J. Zamora Castro del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; el Subprocurador Jurídico y de Proyectos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara Rivera; el Consejero Jurídico Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ricardo Celis Aguilar Álvarez. Como testigo de honor firmó el Representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia. Asimismo, acudieron al evento representantes de Embajadas y organizaciones de la sociedad civil.

El evento comenzó con un recuento por parte del Embajador Gómez Robledo respecto de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en su conjunto al reconocer libre y voluntariamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, la Titular de la Unidad para la Promoción dio lectura de los resolutivos de ambas sentencias.

Por su parte, las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú recordaron el largo camino que han recorrido buscando la justicia que en México les ha sido negada, por lo que demandaron que el cumplimiento de las sentencias se realice sin contratiempos, en condiciones que no supongan una exposición a nuevos y mayores riesgos para ellas y sus familias, priorizando el acceso a la justicia y el reconocimiento público de responsabilidad. Asimismo, solicitaron que las investigaciones sean remitidas al fuero civil de conformidad con lo ordenado por la Corte Interamericana, pues el fuero militar únicamente les ha significado incremento de riesgos e impunidad.

Como parte de la instalación de las mesas con las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, el Subsecretario Zamora detalló el plan de trabajo elaborado, de manera coordinada entre las partes, para cumplir las sentencias en todos sus extremos, poniendo al centro sus necesidades como víctimas, el cual fue asumido como propio por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores como las instancias coordinadoras del proceso. Dicha metodología de trabajo, según se expuso, regirá el desarrollo de las mesas de trabajo.

De este modo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores suscribieron una agenda según la cual las mesas de trabajo se dividirán conforme a los siguientes ejes temáticos: Justicia; Reconocimiento de Responsabilidad; Políticas Públicas y Reparaciones de Alcance Comunitario; Reformas Legislativas; Educación, Atención Médica y Salud; Indemnización y Capacitación. En el evento se informó que la primera mesa temática será convocada en un plazo no mayor a los quince días posteriores al evento.

Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la OPIM y Abel Barrera, Director de Tlachinollan recalcaron que después de nueve años de inquebrantable búsqueda de justicia, la emisión de las sentencias reconoce la veracidad y fuerza de la palabra de Inés y de Valentina, y obliga a que los responsables sean juzgados y sancionados. Al ordenar medidas de reparación de carácter estructural, señalaron, las sentencias también marcan pautas claras para que hechos similares nunca más vuelvan a repetirse en perjuicio de otras mujeres. Así, destacaron que en el contexto actual, el cumplimiento de las sentencias permitirá atender algunas cuestiones de suma importancia en la agenda de derechos humanos a nivel nacional, relacionados con aspectos como la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; la falta de acceso a servicios de salud para las mujeres indígenas; la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres; los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas; el fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos y los obstáculos que enfrentan quienes de manera organizada defienden los derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, el Subsecretario Zamora, responsable de la coordinación de las mesas de trabajo y del proceso de implementación de las sentencias, manifestó que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana se cumplirán sin demora y en su totalidad, y que se continuará implementando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú, así como de sus familiares y las organizaciones que las acompañan.

Para las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, el acto celebrado el día de hoy constituye la formalización del inicio de los trabajos relativos al acatamiento del fallo, cuya vinculatoriedad no está a debate. En ese sentido, afirman su esperanza en que el Estado no escatimará en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Para las organizaciones que han acompañado a Inés y a Valentina en su proceso es fundamental que, tras la instalación formal de las mesas, el proceso de implementación sea puntualmente monitoreado por la sociedad civil y la opinión pública, así como por otros actores políticos y sociales comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en México.

15 de Marzo del 2011

México incumple sentencias: El gobierno de Calderón continúa negando ante Corte Interamericana que dos tlapanecas fueron violadas por militares

jueves 24 de febrero de 2011

Anayeli García Martínez (FORUM)

Representantes legales de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas violadas por militares en 2002, alertaron que ambos casos pueden quedar impunes toda vez que el Estado mexicano «ha dado a entender» que existen altas posibilidades de que los presuntos responsables no sean sancionados.

La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron, en un comunicado difundido el día 10 a los medios, que en la solicitud de interpretación que el Estado mexicano presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el pasado 27 de diciembre, se plantea la posibilidad de que ambos casos queden impunes.

En entrevista con Cimacnoticias, Alejandra Nuño, abogada de Cejil, explicó que en dicha solicitud –a la que los peticionarios tuvieron acceso– el Estado mexicano vuelve a cuestionar los hechos ocurridos en 2002.

Además pone en duda la palabra de Inés y Valentina y aclara que en México una averiguación previa puede concluir de tres formas: no acreditar la comisión de un delito, no encontrar elementos suficientes y reservar la investigación, o bien, probar los hechos y ejercer la acción penal.

Al respecto cabe recordar que en el caso de Valentina, el 8 de abril de 2002, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero declinó su competencia a la justicia militar y ésta última archivó el caso en 2004 por «no acreditar» la violación sexual.

Durante la audiencia ante la CIDH realizada en octubre de 2007, el Estado mexicano argumentó que no se comprobó la violación puesto que Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó e insistió en que los militares no incurrieron en faltas a su disciplina.

Por otra parte, el caso de Inés se turnó a la jurisdicción militar el 17 de mayo de 2002.

Después de cuatro años de permanecer ahí, el 15 de septiembre de 2006, se archivó debido a que los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia Militar «concluyeron» que «no se acreditó la violación».

La decisión se basó, dice el expediente de la CIDH, en las declaraciones de los militares, en los testigos de «oídas» y debido a que Inés no se presentó a declarar.

De acuerdo con Alejandra Nuño, al enumerar esos tres supuestos, el Estado mexicano anticipa la probabilidad de que los casos no sean juzgados ni sancionados, tal y como ocurrió con las violaciones sexuales de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González (nombres ficticios), indígenas tzeltales violadas por soldados durante un retén militar en Chiapas, en 1994.

En opinión de la abogada, que el Estado mexicano cuestione la participación de militares en la violación y tortura de Inés y Valentina, y que pretenda utilizar esta interpretación como un mecanismo de impugnación de las sentencias, es una muestra de la falta de voluntad para cumplirlas.

Ante esta situación, la OPIM, Cejil y Tlachinollan informaron que hoy presentaron sus observaciones ante el máximo tribunal, en las cuales pidieron a la Coidh que deseche la solicitud de interpretación y reitere al Estado mexicano su obligación de cumplir con los fallos.

Cabe recordar que las sentencias –que tienen un carácter definitivo e inapelable según la Convención Americana ratificada por México– ordenaron al Estado mexicano conducir en el fuero civil las investigaciones sobre los hechos de los casos, a fin de sancionar penalmente a los responsables de las violaciones sexuales de las indígenas tlapanecas del estado de Guerrero.

Por otro lado, las organizaciones cuestionaron que a cuatro meses de que se notificaran las sentencias condenatorias (el 1 de octubre de octubre de 2010) no se hayan implementado acciones efectivas para cumplirlas, lo cual «evidencia el nulo compromiso con el que Estado mexicano se aproxima al cumplimiento de sus obligaciones internacionales», advirtieron.

En el comunicado también señalan que hasta este momento ambas investigaciones siguen siendo conocidas por la Procuraduría General de Justicia Militar, lo que constituye una muestra clara de las reticencias a cumplir cabalmente con los fallos y una muestra clara de «preservar la impunidad» de que gozan los elementos de las fuerzas armadas.

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Publicado por ARGENPRESS