Pésimo para Brasil, haber privatizado su empresa petrolera: ingeniero de Petrobras

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Pensarlo muy bien antes de cambiar la legislación que rige a Pemex, pide Siqueira

Las trasnacionales se apoderaron de 100% del crudo que explotaban, y Lula tuvo que frenarlas

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 16 de marzo de 2013, p. 9

El vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, llamó al pueblo de México a pensarlo muy bien antes de modificar la legislación que rige a Pemex, ya que cuando se abre cualquier brecha en la regulación no se tiene más el control.

Durante el foro Mitos y realidades de Petrobras, realizado en el Senado, Siqueira echó abajo la versión propalada por el gobierno mexicano de que la privatización de esa empresa brasileña fue benéfica. Lo que en realidad sucedió –dijo– es que las trasnacionales se apoderaron del cien por ciento del petróleo que explotaban; sólo pagaban 10 por ciento de impuestos y tampoco desarrollaron nuevas tecnologías”.

La privatización de Petrobras fue mala para la empresa y pésima para Brasil, y el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva tuvo que modificar la legislación para frenar a las trasnacionales, insistió.

Destacó que a partir de que la petrolera se abrió al capital privado en toda la cadena productiva –en 1997–, debió someterse a la ley estadunidense Sarbanes Oxley, lo que dificulta su accionar.

Siqueira dijo que es mentira que la tecnología sólo la poseen los capitales privados, ya que tanto Petrobras como Pemex pueden contratar el equipo y las técnicas necesarias para explotar aguas profundas sin la intervención extranjera y sin ceder su renta petrolera.

En el foro, convocado por el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, hubo otras voces que pidieron verse en el espejo de Brasil. Entre ellas la de Javier Jiménez Espriú, integrante de la Asociación de Ingenieros Constitución de 1917, quien advirtió que se requiere despertar la conciencia de los mexicanos y movilizarse antes de que sea demasiado tarde para impedir la entrega del petróleo y la electricidad a consorcios extranjeros.

Miembro del consejo consultivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jiménez Espriú dijo que se cae el mito de que debemos imitar a Petrobras, y queda claro que la intención es entregar la renta petrolera, como ocurrió a la empresa brasileña antes de la intervención de Lula.

Alertó sobre la decisión de Peña Nieto de continuar con el esquema que empezó con la reforma de 2008, cuando por medio de una trampa jurídica de interpretación, con los famosos contratos incentivados, se abrió la participación privada en el sector.

Con este mecanismo –dijo–, ahora se paga 75 por ciento de los costos del trabajo que realizan las empresas extranjeras que ganaron alguna concesión y, además, se les entregan 4, 5, 6 o 9 dólares, según la licitación, por cada barril que se extrae.

Bartlett coincidió en que se debe movilizar a la sociedad en defensa del petróleo y deplegar una amplia campaña de difusión para frenar las mentiras del gobierno federal y de los priístas, quienes insisten en que no se van a privatizar los energéticos.

Al respecto, el analista Alfredo Jalife-Rahme expuso que los priístas van a repetir hasta el cansancio que no habrá privatización, y dirán que es borrego, aunque vuele.

Desmintió luego las afirmaciones de los priístas, durante la discusión de la Estrategia Nacional de Energía –entre David Penchyna– de que no hay recursos para el desarrollo energético y se requieren 100 mil millones de pesos. Eso es falso –dijo–, sólo hay que ver que Pemex ocupa el lugar 34 entre las 500 petroleras más importantes del mundo.

En su turno, el ingeniero Francisco Garaicochea, ex funcionario de Pemex y presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros Constitución de 1917, advirtió que la privatización de Pemex hará que se generen empleos en Estados Unidos, no aquí, porque “nos van a vender equipos, herramientas y el servicio, además de llevarse el petróleo.

A su vez, el economista Lorenzo Carrasco Bazúa aseguró que se tiene que conformar una alianza nacionalista entre Brasil y México y generar un frente nacional parlamentario independiente, porque se enfrentan presiones de potencias estadunidenses para asegurar el control sobre los recursos energéticos.

Radios comunitarias en Brasil piden despenalizar emisoras de baja potencia

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En Brasil, existen actualmente más de 4.000 radios comunitarias en funcionamiento. Si se contabilizaran también las emisoras que operan sin autorización, esa cifra aumentaría drásticamente. El proceso de entrega de licencias, no obstante, es lento: en algunos casos, la espera fue de casi 10 años. Por eso, no son raros los casos como el de José Eduardo Rocha Santos, propietario de una radio comunitaria en el estado de Sergipe, que fue condenado a dos años y medio de prisión por operar de manera ilegal.

De acuerdo con el presidente nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-Brasil), Arthur William, uno de los primeros pasos hacia una legislación que valorice las radios comunitarias en Brasil es la despenalización de la transmisión de emisoras de baja potencia. En entrevista telefónica con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, William explica los principales problemas que enfrentan las radios comunitarias e independientes en el Brasil de hoy y su importancia en el derecho a la comunicación, y algunos ejemplos de otros países del continente.

¿Cómo evalúa la legislación brasileña sobre las radios comunitarias hoy en día?. ¿Ha habido alguna evolución en los últimos años?
La legislación brasileña sobre radios comunitarias es anticuada y conservadora, establecida en 1998, en una época de privatización y debilitamiento de los movimientos sociales. Por esa ley, una radio comunitaria debe tener muy baja potencia (25 vatios) y un alcance no mayor de 1 Km a la redonda. La legislación, tampoco permite la publicidad en las radios comunitarias, ni ofrece alternativas de financiación. En 2011, se aprobó una norma que actualizó los peores apartes de la ley de 1998 (Decreto 462). Pero como dicha Ley es por sí injusta, la actualización de la misma también lo es, pues enfatizó sus peores apartes. Por ejemplo, la legislación descalifica automáticamente cualquier radio que transmita sin licencia y, sin embargo, el proceso de concesión de radios comunitarias es lento y burocrático, llegando a veces a durar más de 10 años. Y si en ese tiempo, la radio sale al aire, es automáticamente descalificada del proceso de legalización.

¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación y hacer que el proceso de legalización sea más eficiente?
Hay una propuesta en el Congreso para despenalizar las transmisión con frecuencias por debajo de los 100 vatios: esto es un ejemplo de mejora, ya que en Brasil, hoy en día, cualquier persona que transmite con una frecuencia por encima de los 25 vatios, incurre en un delito. Otra propuesta que está siendo evaluada por el gobierno, elaborada por la presión de las radios comunitarias, permitiría la publicidad comercial en ellas, pero sin la posibilidad de establecer precios ni condiciones de pago. De aprobarse esa propuesta, también ampliaría su alcance a las radios comunitarias para la extensión de las comunidades, sin una amplitud fija de 1 Km de alcance. Con respecto al financiamiento, es preciso que este sea garantizado con un fondo público o con el porcentaje de algún impuesto.

¿Cómo analiza la posición y el papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) con respecto a las radios comunitarias?
La función de Anatel es supervisar y reglamentar, pero con relación a las radios comunitarias, esto solo se hace por medio de la policía. Anatel no ofrece financiamiento, no orienta, no ayuda en el proceso burocrático de legalización. Un ejemplo de las funciones de Anatel fue cuando trató de cerrar la radio Cúpula dos Povos -Cumbre de los Pueblos- [radio independiente administrada colectivamente por diversos movimientos sociales, incluyendo la Amarc, que se desarrolló durante la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a Río +20, celebrado en el Aterro do Flamengo en la Río de Janeiro]. Anatel intentó cerrar la radio y acabar con la transmisión con ayuda de la policía militar, pero logramos evitarlo. En muchas partes de Brasil, Anatel terminó siendo influenciada por poderes políticos locales que persiguen a las radios comunitarias, especialmente durante los períodos electorales. Muchas de estas radios terminan sirviendo a los intereses de grupos políticos o religiosos.

¿Existen casos exitosos en las Américas que pueden servir de ejemplo para Brasil?
La realidad de la radios comunitarias en América Latina, de manera general, es muy similar a la de Brasil, pero algunos países han modificado sus leyes para que las radios comunitarias e independientes sean valoradas como corresponde. Argentina, por ejemplo, dividió su espectro electromagnético en tres partes: emisoras estatales, emisoras privadas con fines de lucro (a las que llamamos comerciales) y emisoras privadas sin fines de lucro. Entre estas últimas se encuentran las emisoras de las comunidades indígenas, sindicatos, movimientos sociales y las radios comunitarias e independientes. El gobierno argentino también ofrece un porcentaje de la publicidad estatal para esas emisoras. Este tipo de posturas valoriza las radios independientes y comunitarias. Chile también aprobó recientemente una ley que despenaliza la transmisión por frecuencias de baja potencia. Brasil está en contravía de esas iniciativas: hay que estar en sintonía con el resto de las Américas.

¿Cómo define usted una radio comunitaria y cuál es su importancia para Brasil?
Una radio comunitaria, para mí, es un complemento de la comunicación. La radio comercial busca dinero; la radio pública tiene programación cultural y educativa, pero sin mucho contacto con las comunidades. La radio comunitaria, a su vez, está hecho por y para la comunidad, conoce sus problemas, las noticias más importante para ella, divulga su cultura, su música y ayuda a desarrollar la economía local. Es por eso que, dicho sea de paso, queremos contar con permisos para transmitir publicidad por las radios comunitarias. Las radios comunitarias pueden conectarse con su propia comunidad: con campañas de vacunación, de salud, movilizar a la población, etc.

Diez mil súper ricos más en un año: Brasil y los golden boys

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LUNES, 23 DE JULIO DE 2012

Mario Augusto Jakobskind (BRECHA)

El número de millonarios alcanzó el año pasado en Brasil los 165 mil, 10 mil más que en 2010, un crecimiento de 6,2 por ciento, el mayor en términos porcentuales registrado en esta materia en las principales economías del planeta. Los datos están contenidos en un informe de las empresas de consultoría Capgemini y rbc Wealth Management y fueron publicados a fines de junio por el diario O Estado de São Paulo. Fueron consideradas millonarias las personas que disponen de al menos un millón de dólares para invertir. Brasil está en camino de superar, en números absolutos, a Italia, donde en 2011 había 168 mil millonarios, 2 mil menos que el año anterior, aunque la población del país sudamericano es muy superior a la del europeo.

En esta lista de privilegiados, que totalizan alrededor de 11 millones en el mundo, los chinos aparecen en el pelotón de vanguardia con 562 mil (contra 535 mil en 2010), sólo detrás de Estados Unidos, Japón y Alemania. Brasil ocupa el lugar 11 en el ranking, superando a Rusia, Corea del Sur e India. En Estados Unidos, el número de millonarios se retrajo el año pasado, pasando de 3,104 millones a 3,068 millones (1,2 por ciento menos), y en el Reino Unido cayó de 454 mil en 2010 a 441 mil en 2011, un descenso de 2,9 por ciento.
Los millonarios brasileños están por lo general vinculados al negocio de los commodities. Entre ellos destacan Elke Batista, Antônio Ermírio de Moraes (Grupo Votorantim), Abílio Diniz (Grupo Pão de Açúcar) y la familia Moreira Salles (Banco Itaú Unibanco). Liu Ming Chung, brasileño de origen chino, es a su vez dueño de una fortuna superior a los mil millones de dólares. Batista sigue siendo el brasileño más rico entre los ricos, a pesar de que abandonó esta semana la lista de los 20 más poderosos del planeta luego de que las acciones de una de sus empresas, la petrolera OGX, perdieran más de la mitad de su valor en la Bolsa de San Pablo.
Según la consultora Economática, en junio las siete empresas de Batista con acciones negociadas en la bolsa acumularon una pérdida patrimonial de más de 10.000 millones de dólares, y 5.000 millones más en el resto del año. En la lista de millonarios de la agencia Bloomberg, Batista perdió siete lugares en dos días, pasando del lugar 14 al 21. La revista Forbes lo había situado en el séptimo puesto de su escala cuatro meses atrás, en marzo, pero lo pasó ahora al 46, al evaluar que su fortuna se redujo de 30.000 a 15.000 millones de dólares.

Crece 376% tasa de homicidios de niños y jóvenes en Brasil en 30 años

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jueves, 19 de julio de 2012

XINHUA

La tasa de homicidios de niños y jóvenes con edades entre 1 y 19 años creció 376 por ciento en Brasil en las últimas tres décadas, apuntó el Mapa de la Violencia 2012, divulgado ayer con base en datos del ministerio de Salud.

El estudio fue realizado por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (Cebela) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El levantamiento compara los números de 1980 con los de 2010 y apunta que, actualmente, los asesinatos poseen el mayor peso entre los factores externos que provocan las muertes de jóvenes en el país.
En 2010, los factores externos, que incluyen asesinatos, accidentes y suicidios, representaban 26,5 por ciento de las muertes en las personas entre 1 y 19 años, cuando en 1980 eran sólo 6,7 por ciento del total.
Los asesinatos representaban en 2010 un 43,3 por ciento del total, seguidos por los accidentes de transporte, con 27,2 por ciento.
El estudio muestra que las muertes crecieron aún más en la primera década del siglo XXI.
La tasa de asesinatos de personas entre 1 y 19 años, que era de 11,9 por cada 1.000 en el año 2000, subió a 13,8 en 2010.
En el período fueron asesinados más de 84.000 jóvenes, apuntó el Mapa de la Violencia.
Entre los estados, Alagoas y Espirito Santo, ambos en la región noreste, lideraron la tasa de asesinatos de jóvenes en 2010, con 34,8 y 33,8 cada 100.000, respectivamente.

Publicado por ARGENPRESS

La alianza estratégica entre Brasil-Venezuela

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La alianza estratégica tejida bajo el gobierno de Lula busca darle mayor densidad económica, demográfica y política a una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del continente.

 

Raúl Zibechi /  LA JORNADA
Brasil y Venezuela estrecharon lazos estratégicos
desde el primer gobierno de Lula da Silva.
El golpe de Estado en Paraguay puso en evidencia los cambios en la relación de fuerzas en la región sudamericana. La respuesta de Brasil de acelerar el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur es un mensaje a Estados Unidos. Cuando el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva le dijo a Hugo Chávez “tu victoria será nuestra victoria”, estaba siendo fiel al libreto de la mayor y más sólida alianza sudamericana, la alianza estratégica entre Brasil y Venezuela.
Cuando Lula llegó al gobierno en 2003 se produjo un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. En 2005 se definió la Alianza Estratégica Brasil-Venezuela y en 2007 comenzaron los encuentros presidenciales trimestrales, que se prolongaron hasta 2010, para profundizar la alianza que incluye la integración de infraestructura y la complementación productiva que va más allá de las alianzas clásicas, incluyendo la otra alianza estratégica que tiene Brasil en la región, con Argentina.
Uno de los principales resultados es un fuerte aumento del comercio. De los 800 millones de dólares que intercambiaban en 2003 se pasó a 5 mil millones en 2011. Además estrecharon vínculos institucionales con asesorías en políticas públicas, cursos de formación que incluyeron la instalación del prestigioso centro de pensamiento e investigación IPEA (Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas) y Embrapa (empresa estatal de investigación agropecuaria) en Caracas.
La decisión de mayor peso estratégico fue la sustitución de uno de los ejes de integración de la IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana), el Escudo Guyanés, por el Amazonia-Orinoco, donde se implementan proyectos de “desarrollo integral” que son “el paradigma brasileño de cooperación sur-sur”, como señala el IPEA. Entre las acciones definidas figura la integración del sistema de transporte terrestre, fluvial y aéreo, la integración energética eléctrica y la posible construcción del postergado Gasoducto del Sur para interconectar Venezuela, Brasil y Argentina.
La finalidad consiste en establecer la interconexión de las cuencas del Amazonas y el Orinoco y la formación de un “espacio económico común” en el norte de Brasil y el sur de Venezuela, uno de “importancia geoestratégica” según el relatorio del IPEA de mayo de 2011. El análisis destaca “la cantidad y calidad” de los recursos que posee la región, entre los que incluye biodiversidad, cuencas hidrográficas, energía y mineral de hierro, “entre otros”, que “despierta diversos intereses y enfrenta una creciente complejidad de actores”.
Por último, el estudio apunta que el eje Amazonia-Orinoco “crea una nueva frontera de aproximación de Brasil con los países de la cuenca del Caribe en un contexto en que la política externa para la integración regional amplía su área de actuación de América del Sur hacia otras regiones de América Latina y del Caribe”. La “nueva frontera” aparece ligada a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsada por Brasil en el mismo periodo.
En un lenguaje indirecto los estrategas brasileños insinúan las razones de fondo de esta alianza. Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, la tercera de bauxita, la cuarta de oro, la sexta de gas natural y la décima reserva de hierro. En el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía en 2003.
Pero lo más importante es que esa región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, ex Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos por Caracas y Brasilia.
La alianza estratégica tejida bajo el gobierno de Lula busca darle mayor densidad económica, demográfica y política a una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del continente. En primer lugar, se trata de una alianza integral, que aborda desde la integración productiva en agroindustria, construcción civil, minerales y metalmecánica, que pasa por la cooperación entre las zonas francas de Manaos y Puerto Ordaz, hasta la infraestructura y la formación de cuadros.
Brasil está contribuyendo a promover el desarrollo industrial de Venezuela para que disminuya su dependencia de las exportaciones de petróleo, de las importaciones de 70 por ciento de los alimentos que consume y de la mayor parte de los productos industrializados, a través de la articulación de las cadenas productivas de ambos países.
En segundo lugar, fortalecer a Venezuela y “ocupar” la zona fronteriza es una respuesta al Plan Colombia (o sea al Comando Sur), cuya zona de expansión “natural” es precisamente la Amazonia y, de modo particular, la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas, además de la región andina.
En tercer lugar, Venezuela tiene una fuerte relación económica con China y se abastece de armamento ruso, pero ninguno de esos vínculos es excluyente respecto de su alianza con Brasil. Las multinacionales brasileñas de la construcción, como Odebrecht, realizan importantes obras en Venezuela y a través de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se trabaja en proyectos de equipamiento militar.

Se acercan tiempos turbulentos. Una muestra son las declaraciones de Evan Ellis, del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, adjunto al Pentágono, sobre las relaciones sino-venezolanas: “En la era de la globalización, tener como consejeros a banqueros chinos es el equivalente de tener consejeros militares de la Unión Soviética en Cuba y Nicaragua durante la guerra fría” (Miami Herald, 9/7/12). ¿Será por eso que militares brasileños celebran el ingreso de Venezuela al Mercosur, a la que consideran “la primera línea de defensa” de Brasil? (Defesanet, 25/6/12).

Desarrollismo y dependencia en Brasil

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Nildo Ouriques (REVISTA PUEBLOS)

El desarrollismo es la religión de la periferia capitalista. Nace de la promesa del progreso para todas las clases sociales bajo el régimen del capital a escala mundial y no es sencillo escapar de su poder de seducción porque se trata de una ideología que puede, en determinadas fases, presentar cierta base material. Brasil no es una excepción. Pero no puede sostenerse de manera indefinida ni jamás cumplir la promesa de un reino de la felicidad, y mucho menos de la abundancia, en el planeta tierra. De hecho, ni siquiera puede cumplir la promesa de garantizar para las mayorías las condiciones mínimas necesarias para la reproducción digna de la vida, como bien lo demuestra la crisis estructural del sistema capitalista, particularmente intensa en los países centrales.

Se podría pensar que nadie sería capaz de olvidar jamás las enseñanzas históricas pero, más allá de las frustraciones anteriores, suele suceder que las clases bajas vuelven a creer que el crecimiento económico puede ser eterno y que es posible que se mantengan de manera prolongada tasas bajas de desempleo. Es la «amnesia social» que afecta a las grandes mayorías de la periferia capitalista. Más allá del optimismo ingenuo o interesado que actualmente sufrimos, es posible observar que el «nuevo desarrollismo» padece de los mismos males del «viejo desarrollismo», aunque el más antiguo tenía incluso mayor capacidad política y formulación teórica que el actual.
La economía política muestra que el sistema capitalista reserva un papel estratégico para su periferia. Es la responsable de dos mecanismos importantes, decisivos de hecho, para su funcionamiento global: la transferencia de valor de la periferia hacia el centro y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. No fue sencillo identificar estos dos mecanismos básicos de la economía política contemporánea y ni siquiera las corrientes más extendidas del socialismo (reformismo socialdemócrata y comunismo) aceptan la transferencia de valor y la sobreexplotación como leyes inexorables del funcionamiento sistémico.
Tanto es así que una parte de la izquierda apoya decididamente el «nuevo desarrollismo», ya sea porque piensa que no existe una alternativa viable a corto o medio plazo o porque cree que el desarrollismo es la única vía hacia el socialismo. Aunque se presenta como «realista», es evidente que se trata de una falsa alternativa que, precisamente por ello, merece la crítica.
Las ciencias sociales en América Latina cuentan con una larga tradición en la crítica al desarrollismo, especialmente las vertientes marxistas. Ocurre que no pocas veces las corrientes o movimientos sociales abandonan un diagnóstico correcto porque consideran que no existe una correlación de fuerzas favorables para cambiar. Es un error común y fatal: someter nuestro diagnóstico de la dinámica de la crisis actual a las limitaciones de la correlación fuerzas entre las clases sociales no cambiará para mejor nuestra situación. Además, más temprano que tarde llevará al error en las opciones prácticas que todo movimiento social tiene que tomar.
Obstáculos para el nuevo desarrollismo
Es necesario identificar, en primer lugar, la base real del optimismo burgués que impulsa el «nuevo desarrollismo». En los últimos años, y al contrario del comportamiento básico del sistema, los términos de intercambio fueron favorables a la periferia: el alza de los precios de la minería y de los productos agrícolas permitió un ingreso adicional a los países periféricos que no existía en los períodos anteriores.
Sin embargo, hay que resaltar dos aspectos decisivos. dos aspectos decisivos. El primero es que tal fenómeno consolidó una posición notoriamente adversa de los países periféricos en la división internacional del trabajo. Se renunció a avanzar hacia las fases más importantes de la industrialización, es decir, las fases en donde se concentra la disputa científico-técnica y la multiplicación de la capacidad de producir con menor gasto de fuerza de trabajo.
Las pérdidas económico-financieras de esta renuncia son extraordinariamente más importantes que los dólares que entraron gracias a la subida de los precios de las materias primas agrícolas y minerales. Por otro lado, no existe garantía de que los precios mantengan esta tendencia al alza por mucho tiempo. Más allá de la famosa «demanda china», hay buenas razones para suponer que la especulación de precios y su administración monopólica constituyen las razones fundamentales para este comportamiento reciente y, también, para prever que se volverá a la tendencia histórica de precios bajos.
La característica fundamental de la economía dependiente no es, como pensaban los desarrollistas cepalinos [1] de los sesenta y los defensores actuales del orden burgués, el deterioro de los términos de intercambio, sino el intercambio desigual que se debe a la transferencia de valor de la periferia hacia el centro del sistema bajo múltiples conceptos que superan con creces el alza eventual de los precios de las materias primas minerales y agrícolas (commodity). La economía política latinoamericana identificó un fenómeno real, el deterioro de los términos de intercambio, pero no logró establecer que éste no puede compensar, incluso siendo positivo, las transferencias por otros conceptos (royalties, intereses de la deuda externa e interna, administración monopólica de los precios, préstamos inter-firmas, etc.), que son lo que realmente decide la suerte del siempre precario equilibrio del balance de pagos de los países de la periferia.
Es por ello que el llamado «neodesarrollismo» o «nuevo desarrollismo» no puede cumplir la promesa burguesa en la periferia capitalista. Las transferencias de valor de la periferia del sistema hacia el centro son tan importantes que contrarrestan con creces la eventual (y sin duda pasajera) mejoría en cuanto a los términos de intercambio.
Deuda vs. programas sociales
Hay dos indicadores muy sencillos para impedir el paraíso terrenal en la periferia capitalista. El crecimiento de la deuda interna (proceso iniciado en fines de los años ochenta) es, de hecho, el fenómeno más relevante para la acumulación de capital en América Latina: todas las fracciones del capital (financiero, comercial, industrial, agrario) se benefician directamente del gran endeudamiento. En Brasil nada puede ser más expresivo de esta regla básica de la economía política burguesa: precisamente durante la fase «desarrollista», los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (desde 2011) han transferido miles de millones de reales de impuestos al pago de intereses de la deuda interna.
En el último año de su gobierno, Lula destinó el 40 por ciento de la recaudación fiscal a la deuda; Dilma, en su primer año, el 44 por ciento y, en el segundo, el 45,05 por ciento de toda la recaudación. El porcentaje destinado a la vivienda (principal programa del actual gobierno) recibió apenas el 0,16 por ciento de la recaudación y no se invirtió nada en 2011. Doce millones de familias se quedan sin vivienda y no hay razón para suponer que se vaya a reanudar pronto este programa. ¿Puede alguien puede creer que con semejante política económica las gravísimas cuestiones sociales del país se solucionarán?
El segundo indicador es la fuertísima explotación de la fuerza de trabajo, es decir, el hecho de que en Brasil el 76 por ciento de la población económicamente activa gana hasta tres salarios mínimos. El Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) calcula que el salario mínimo necesario es de casi 2.300 reales, pero el gobierno anuncia que será de 6222. Este profundo contraste impide la constitución de un mercado interno de masas, razón por la cual no pasan de ideología los discursos sobre la «nueva clase media» brasileña. Ningún intelectual o periodista de los que todos los días publican textos sobre este supuesto nuevo fenómeno estaría dispuesto a sumarse a la «nueva clase media».
Según el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), el diez por ciento de la población posee el 75,4 por ciento de la riqueza del país. El presidente del IPEA, el economista Márcio Pochmann, afirmó que «más allá de los cambios políticos, las desigualdades estructurales siguen sin cambio» en Brasil. Durante un breve período del segundo gobierno Lula algunos sindicatos lograron aumentos de salario por encima del aumento de la productividad, pero fueron muy modestos y excepcionales. En la actualidad nadie recuerda de este período, marcado una vez más por la «austeridad». En el país no se da un crecimiento permanente del ingreso o, por lo menos, un crecimiento al ritmo del aumento de la productividad de la industria, razón por la cual es imposible suponer que se desarrollará un mercado interno de masas capaz de eliminar la pobreza extrema y la desigualdad de clase que marcan las formaciones sociales latinoamericanas.
Estabilidad y pacto de clases
Es necesario entender que la estabilidad de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff es producto del pacto de clases que sostienen los gobiernos de la República desde 1994, es decir, del pacto que mantuvo ya Fernando Henrique Cardoso. De hecho, el llamado Plan Real (1994- 1998) no solamente dio la victoria electoral a Cardoso frente a Lula ya en la primera vuelta de los comicios presidenciales, sino que estableció el nuevo pacto de clases que gobierna el país desde entonces.
La «magia» de Lula después de dos derrotas de Cardoso consiste, precisamente, en adoptar como programa del Partido dos Trabalhadores (PT) y sus aliados las directrices de política económica emanadas de aquel pacto. Agregó, obviamente, la «dimensión social», es decir, la legitimidad de Lula, del PT y de las organizaciones sociales que lucharon durante más de una década en contra de la política neoliberal. Es necesario decir que Cardoso (su candidato era José Serra) no tenía posibilidad de vencer a Lula en 2002 porque el programa de privatizaciones, de endeudamiento del Estado, de apertura de la economía nacional al capital internacional y de la llamada «precarización de la fuerza de trabajo» ya estaba completo. El desgaste político y social del programa del grande capital era enorme y Lula vencería los comicios incluso sin hacer concesiones estratégicas a las clases que formaban el pacto de 1994.
Cuando Lula asumió aquel programa y tuvo a su favor los vientos favorables de la economía mundial capitalista pre-crisis, fue posible incluir bajo «control electoral» a amplios sectores sociales, que recibieron migajas en la forma de programas sociales más o menos amplios y consistentes. Así, Lula incorporó al pacto a los sectores sociales «desorganizados», es decir, a la amplia masa de trabajadores y trabajadoras. En definitiva, Lula prestó la legitimidad de la «cuestión social» a la política del gran capital. Los precios favorables de las exportaciones permitieron que algo del gran festín burgués también llegara a la mesa de las clases bajas. Admitir esta mejoría relativa no significa reconocer que los cambios estructurales estén finalmente a la vuelta de la esquina como insiste el neodesarrollismo y sus defensores.
Hay que reconocer que el viejo desarrollismo también suponía un pacto de clases, en el que los trabajadores y trabajadoras se sumaban a los intereses de la clase dominante bajo garantías políticas y sociales: tenían fuerza política organizada y se beneficiaban de políticas de empleo e ingreso relativamente amplias. La presión organizada de los sindicatos y las políticas de inspiración keynesianas pretendían, mucho más que las medidas sociales que actualmente existen, políticas basadas en el trabajo formal, reconocimiento de derechos elementales (seguridad social, vivienda y reforma agraria limitada, por ejemplo). Este contraste real no legitima el viejo desarrollismo, pero permite analizar con mucho más sobriedad los resultados pretendidamente mejores del «nuevo» y restar entusiasmo a sus defensores.
Dictaduras, «necesidad histórica»
En los dos casos históricos (el viejo y el nuevo desarrollismo) hay dos obstáculos insuperables para una economía periférica: enfrentar el tema de la soberanía nacional, por una parte, y la llamada «cuestión social», por otra. Estos límites estructurales no impiden el apoyo o la simpatía hacia medidas económicas y sociales orientadas a combatir la pobreza extrema y la indigencia, pero tampoco pueden ocultar que nunca los dueños del poder acumularon tanta riqueza como en la actualidad.
Poco a poco, las clases bajas descubren en América Latina que el recurso a las dictaduras fue una necesidad histórica de las clases dominantes cuando el nivel de conciencia y las protestas crecieron hasta poner el orden dominante en jaque. Descubren, también, que las democracias pueden ser tan útiles como sistema de dominación para las clases dominantes como en su tiempo lo fueron las dictaduras. No se pueden defender las conquistas actuales como si estuviésemos amenazados de volver a la Edad Media por decisión de los poderosos de siempre. Solamente la experiencia de lucha que se desarrolla en cada coyuntura, el acumulado político y la conciencia histórica es la garantía de que están, de hecho, pariendo un mundo nuevo.
Nildo Ouriques es economista, profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina y miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA-UFSC).
Nota:
1] CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ver: http://www.eclac.org

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